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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Vuelve, en silencio, el fascismo digital

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La Asociación de Internautas, a la que pertenezco, fue objeto a su vez de una completa campaña de descrédito por negociar con el Gobierno para limar los aspectos más controvertidos de la ley, esfuerzo en el que obtuvimos ciertos éxitos, y ciertos fracasos. El PSOE se apuntó a la campaña, llegando a afirmar el senador Félix Lavilla que "garantizaba" que " que cuando los socialistas gobernemos, suprimiremos esta ley tan nefasta para los intereses generales de nuestro país". Sí, por supuesto; sigue siendo senador.

Ahora el PSOE ha propuesto una nueva ley, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que hasta en el nombre parece imitar lo peor de la anterior. La Asociación de Internautas, por boca de su presidente, ha denunciado ya que "entra en el terreno de la Inquisición" y se lamenta de que los socialistas parecen creerse "demócratas de fábrica" que lo son porque sí y hagan lo que hagan. Es más, recuerda que pese a ser miembro del Consejo Asesor de la Telecomunicaciones se ha enterado de este proyecto por la prensa, suponemos que por aquello del Gobierno transparente y con talante. Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, considera que con esta nueva ley "podemos caer en situaciones como las recientemente acontecidas en China".

¿Y a qué se debe tanto revuelo? Básicamente a dos puntos de esta ley. El primero, y menor, es que hace responsable a los motores de búsqueda y creadores de páginas web en general por el contenido de los enlaces que hagan, aunque siempre y cuando esos enlaces sean a sitios web bajo su "dirección, autoridad o control". El problema es que no se especifica qué se considera dirección, autoridad o control. ¿Es por ejemplo Google culpable de los enlaces que haga a las bitácoras alojadas en su servicio Blogspot? Pues quedará al arbitrio del juez. ¿Seré yo culpable por lo que se ponga en los blogs alojados en Red Liberal? Pues me da que también eso quedará al arbitrio del juez.

Pero el segundo punto conflictivo es que se faculta a "órganos competentes" sin especificar a cerrar y bloquear el acceso a páginas web, una función que la denostada LSSI dejó finalmente en las exclusivas manos de los jueces. Ya puedo ver a Moraleda frotándose las manos; ya no sólo estará "vigilante con los periodistas para ver hasta dónde llega el veneno del PP" sino que podrá hacer algo al respecto. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más competente para cerrar un periódico digital que la Secretaría de Estado de Comunicación?

Por supuesto, los que se dedicaron a organizar una campaña contra el Gobierno del PP a cuenta de la LSSI ahora están callados. Las asociaciones que denigraban están, como entonces, al servicio de los internautas. En aquel entonces muchos se sumaron a esa campaña porque les parecía mejor que el Estado no metiera sus narices en Internet, algo de lo más saludable. Pero da la sensación de que, a cuenta de la nueva LISI, va a terminar sucediendo lo que pasó en Galicia: el Prestige es muy malo, pero los incendios son estupendos y, si no lo son, entonces son culpa del PP también. De hecho, siguen una trayectoria casi calcada: mientras quienes se preocupan por los derechos de los internautas discuten sobre la amenaza que supone esta nueva ley, los que sólo querían atacar al maligno Gobierno de la derecha se dedican a hablar del cuarto aniversario de la anterior. Si es que son tan previsibles…

Usted, ciudadano, es un terrorista potencial

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Desde principios del mes de noviembre, el Estado, en su afán y denostado esfuerzo por garantizar la seguridad de sus frágiles y desamparados ciudadanos, ha vuelto a hacer uso de su omnipotencia regulatoria para, en este caso, impedir la entrada de sustancias altamente peligrosas en los aviones que, diariamente, sobrevuelan el espacio aéreo europeo: perfumes, geles de baño, champús, pastas de dientes, máscaras de pestañas, cremas, lociones, aceites corporales y demás líquidos de similar naturaleza son las nuevas armas de destrucción masiva, a los ojos de nuestra inepta clase política.

De este modo, todas aquellas personas que se preocupen mínimamente por su aseo e higiene personal se convierten, de facto, en un potencial terrorista químico dispuesto a volar por los aires el medio de transporte de larga distancia más empleado hoy en día en los países desarrollados. Su neceser es susceptible de ser revisado hasta el más mínimo detalle por las autoridades competentes para que todas aquellas sustancias que no se ajusten a los parámetros y criterios contenidos en la nueva normativa comunitaria puedan serle incautados automáticamente… eso sí, ¡por su propio bien!

Ya puede viajar tranquilo y exento de preocupaciones, pues ahí está el Estado, poniendo nuevamente a pleno rendimiento su arsenal regulatorio, confiscatorio y coercitivo al servicio de la defensa y protección de la integridad física de sus resignados súbditos, ante la amenaza plausible de que algún desalmado haga uso de la pasta dentrífica fluorada e, incluso, del esmalte de uñas, para articular un complejo y sofisticado explosivo con el macabro fin de ser detonado en pleno vuelo.

Esta brillante medida fue propuesta a iniciativa de la Comisión Europea a raíz de un plan terrorista, frustrado por las autoridades policiales británicas el pasado verano, que tenía por objetivo atentar contra, al menos, diez aviones que, preferentemente, realizaran trayectos entre Reino Unido y EEUU. No es algo nuevo. Desde los atentados del 11-S, los servicios de seguridad occidentales recomiendan la adopción de este tipo de medidas cautelares, de forma progresiva, en función de los nuevos ingenios destructores que diseñan las mentes terroristas islámicas.

Primero fue la prohibición de transportar tijeras u objetos punzantes a bordo de los aparatos aéreos, al tiempo que se extremaban los cacheos y registros individualizados de prendas y maletas en los controles de seguridad aeroportuarios de EEUU y Europa, llegando incluso a desvestir completamente a ciertos pasajeros escogidos al azar, es decir, de forma aleatoria. A ello, hay que sumarle los rígidos sistemas de verificación identitaria puestos en marcha por las autoridades norteamericanas a fin de comprobar hasta los más íntimos datos personales de los viajeros con destino a su país. Pero, lejos de quedar satisfechos, la paranoia burocrática, en su afán de alertar a la población del inminente riesgo de sufrir nuevos ataques, ha servido de excusa para que el Estado extienda su manto protector a ámbitos de la esfera personal hasta ahora excluidos de la intervención gubernamental, con el correspondiente detrimento de la libertad individual que, lógicamente, ello supone.

La siempre atenta progresía europea no tardó en denunciar a viva voz el recorte de las libertades civiles que se estaba produciendo en EEUU como consecuencia de la puesta en práctica de determinadas medidas de seguridad. Sin embargo, curiosamente, en cuanto Europa fue azotada por la furia islamista radical, la burocracia europea de todo signo y condición corrió a imitar sin miramientos las políticas allí adoptadas, llegando a superar, en algunos casos, las restricciones impuestas por la Casa Blanca a la siempre denostada e infravalorada sociedad estadounidense. Entonces, las críticas acallaron de golpe para que, a continuación, la UE se hiciera cargo de la situación.

Las directivas europeas emergieron, así, cual chaleco antibalas o salvavidas, para implementar toda una serie de instrumentos legislativos que, en la práctica, al tiempo que coartan y restringen nuestras libertades, consiguen tan sólo matar moscas, pero eso sí, a cañonazos. En los próximos meses, dicha batería normativa empezará a entrar en vigor a pleno rendimiento: la Ley de Retención de Datos, próxima a ser aprobada por el Gobierno, obligará a los operadores de telefonía (fija y móvil) e Internet a conservar durante, al menos, un año, todos los datos relativos a nuestras comunicaciones, con un coste aproximado de entre veinte y treinta millones de euros anuales por compañía; el anteproyecto de ley de la Sociedad de la Información dotará a las autoridades competentes (es, decir, estatales) de competencia plena para clausurar cualquier página web cuyos contenidos sean considerados inconvenientes, sin necesidad de intervención judicial alguna (tal y como ocurre hoy en día en la tan democrática República Popular China, o en la también comunista Cuba de Fidel).

La prohibición de llevar en nuestro equipaje de mano líquidos de todo tipo es tan sólo un capítulo más, aunque, por desgracia, no el último, de la inefable y caótica política de nuestra clase dirigente que, con la excusa de protegernos, nos convierte a todos en potenciales e hipotéticos terroristas capaces de perpetrar los más terribles y sanguinarios actos, por lo que debemos someternos irremediablemente al exhaustivo control estatal. No se extrañe usted si en el futuro, nuestro Gobierno protector le obliga a subir en el avión desprovisto de toda prenda de vestir, cual nudistas en una playa, pues tan sólo hace falta que un ingenioso y desvergonzado terrorista invente los calzones explosivos… El error de origen, estriba en la complacencia ciudadana a la hora de depositar nuestra seguridad personal en manos de la clase política al rezo colectivo de… Oh, Estado, líbranos de todo mal.

Los decretos de la elegida Salgado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El gobierno jamás ha tenido autoridad moral en nada, pues la moral es algo que sólo concierne al hombre libre, al ciudadano individual; pero Salgado sí que tiene la capacidad de aplicar la fuerza contra sus enemigos, Burger King y el consumidor, olvidando totalmente la libertad de elección de la gente a meterse en el cuerpo lo que le venga en gana, elegir si quiere estar gordo o no, llevar o no una vida sana. No necesitamos a ninguna ministra socialista para decirnos lo "malo" que es Burger King o McDonalds; otros como Morgan Spurlock, el de Super Size Me, ya lo han hecho con mayor éxito y, de paso, se han forrado. Sí, sí, uno de esos anticapitalistas a los que tanto les gusta el dinero.

Para justificar el acto totalitario de la ministra los defensores de la omnipotencia estatal han apuntado, como siempre, al corazón de la gente para provocar el miedo, diciendo que las hamburguesas inducen a la obesidad y a morir prematuramente, y que además esto representa un coste para la Seguridad Social. Según un informe de FUNCAS publicado en 2005, España tiene una de las tasas de longevidad más altas de Europa y el de las mujeres, concretamente, es el más alto del continente. Realmente no nos hace falta ningún informe para demostrar algo tan obvio, y es que, a pesar de la aparición de Burger King, por más que les duela a los socialistas y otros dictadores de la vida sana, cada vez somos más y vivimos más: si a comienzos del siglo XX el número de personas que alcanzaban cada mes en España los 65 años era de 10.000, en el siglo XXI la cifra se ha triplicado y el futuro pinta mucho mejor. No encontrará ningún informe que afirme que en el futuro moriremos antes. Pero es que incluso nuestra calidad de vida ha mejorado también: los jóvenes son más altos, sanos y robustos que sus padres y llegamos a la vejez en mejores condiciones que nuestros bisabuelos. Esta situación no sólo se debe a los increíbles avances médicos que nos ha proporcionado el capitalismo sino también a la diversidad alimenticia y reducción de costes en la estructura productiva de la alimentación, a la que Burger King y su competencia han contribuido. Hoy pocos alimentos nos resultan prohibitivos por su precio. A principios del siglo XX era exactamente al revés.

Lo que también llama la atención es ver como aquellos que se proclaman anti-materialistas ahora se preocupen por el estado financiero de la Seguridad Social. La Seguridad Social no la pagamos porque queramos, sino porque el Estado nos obliga bajo amenazas de tomar represalias contra nosotros. A pesar de los socialistas, tenemos el derecho de ir al médico estatal cada vez que nos encontremos mal por cualquier causa, y no sólo eso, sino que el médico está obligado a sanarnos. Si lo que quiere la ministra es que cada uno sea responsable de sus actos, algo aberrante para un fanático igualitarista ya que eso implicaría tener libertad, lo que tendría que hacer es privatizar totalmente la medicina y desregular parte del mercado financiero para que aflorase la oferta sanitaria en todas sus ramas y formas de financiación; así no pagaríamos las enfermedades de personas "irresponsables" o de aquellas a las que ni conocemos y a cuyos gastos concurrimos por el miedo a la venganza gubernamental. Pagaríamos no sólo por nuestro consumo sanitario sino también por el de nuestros allegados, pero por amor, no por temor.

Burger King tiene más de 11.000 restaurante en todo el mundo, de los cuales 400 están en España. Mantiene sólo en nuestro país casi 10.000 empleos directos y eso sí que es saludable para nuestro tejido económico a pesar de las intenciones de Salgado. Además, la voluntad de servir a la gente lo señala perfectamente la estrategia de Burger King: "Poner al Servicio del Consumidor lo que le Apetece", que es lo contrario a lo que hace Salgado. Asimismo, Burger King tiene infinitos controles de calidad de los que carece el "Bar Manolo" donde usted va a comer en su hora de descanso laboral, y la compañía facturó en el año 2004 en España 268 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior.

Esto significa que la gente quiere consumir productos Burger King y no leyes totalitarias Salgado. Siéntase libre de comerse un Whopper XXL, un Big King XXL o cualquier otro delicioso manjar de 1.000 Kilocalorías made in King, y mejor aún si lo acompaña de una o varias cervezas y termina con uno o más cigarrillos. La libertad de elegir es nuestra, no de fanáticos prohibicionistas, y eso significa que, aunque naturalmente siempre se puede no consumir lo que no apetece, no se le puede negar a los demás con amenazas el mismo derecho. Quién sabe, podría ocurrir que esta moda de la prohibición indiscriminada le acabe rebotando a esos fanáticos sobre algo que sí aprecien y que, al igual que comer hamburguesas, no sea un acto criminal.

El multiculturalista Bill Gates

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

En distintos grados y medidas, tanto Google como Yahoo como Microsoft han pasado por el aro del totalitarismo comunista, lo que ha sido duramente criticado por Reporteros sin Fronteras.

Ante esta realidad, las empresas podrían adoptar una defensa utilitarista. Como ya argumenté en otra ocasión, en muchas ocasiones tendemos a mirar la realidad de otros países con la perspectiva del nuestro. Como estamos acostumbrados a nuestras jornadas de 8 horas, de lunes a viernes, nos parece inaceptable que haya multinacionales que monten factorías en países atrasados donde los jornaleros trabajen 14 ó 16 horas diarias, sin preguntarnos en ningún momento si esos empleos no son la mejor alternativa que tiene esa gente. Porque resulta que así es; tanto los sueldos como las condiciones de trabajo son mucho mejores en las multinacionales que en las empresas y explotaciones locales. En cuestión de libertades en Internet, lo que cabría preguntarse es si los chinos disponen de una ventana más abierta al mundo gracias a Google, Yahoo y Microsoft que si estas empresas no operaran en China.

Es posible que eso fuera lo que quisiera decir el renuente Bill Gates cuando le preguntaron por la persecución que las autoridades chinas llevan a cabo contra usuarios de Internet y contestó que, al fin y al cabo, interesaba que Internet posibilitara "un mayor acceso a la información disponible en ese país". Sin embargo, se equivoca de cabo a rabo cuando criticó la "tendencia a exportar a otros países las prioridades de Occidente". No es ningún error querer "exportar" la libertad de expresión o las jornadas de trabajo llevaderas con un buen sueldo. Puede serlo, en todo caso, querer imponerlas a toda costa sin tener en cuenta la realidad política o económica de esos países, que puede provocar que esos intentos resulten contraproducentes, pero incluso en ese caso hay que medir nuestras acciones siempre con el objetivo último en mente. Así, la mejora de las condiciones laborales debe ser precedida por un incremento de la prosperidad que la permita. Y la libertad de expresión en Internet en los países comunistas no pasa por sancionar o boicotear a las empresas de Internet, sino en minar la legitimidad de los gobiernos que imponen la censura. En ambos casos, el camino directo que es el que nos haría sentirnos mejor con nosotros mismos puede ser perjudicial.

Esa frase de Bill Gates recuerda demasiado a los mantras multiculturales, esos que aseguran que ninguna cultura es superior a otra y que no se debe juzgar a las demás según los parámetros de la occidental. Es una postura ridícula; las culturas tienen un propósito objetivo, que es servir a las personas, y serán mejores cuanto mejor realicen esa labor. Y si queremos una prueba irrefutable de la superioridad de la cultura occidental la tenemos en el sentido de las migraciones: son personas de otras culturas las que vienen a Occidente y no al revés. Y eso sin tener en cuenta que solemos llamar "occidental" prácticamente a cualquier cosa mínimamente civilizada. La cultura japonesa actual, por ejemplo, tiene poco de occidental, pero como respeta las libertades y la propiedad la colocamos dentro del club. Sin duda porque ha adoptado "las prioridades de Occidente".

Gracias por fumar

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Así que los fumadores son de derechas. Pues ni siquiera ese disparate es lo que mueve la ley del tabaco socialista. Se supone que se escribió para mejorar nuestra salud, pero sustituyendo nuestra capacidad de tomar decisiones por las prohibiciones del Gobierno. Al final, a lo que lleva es a que hasta los hechos más cotidianos nos pueden dejar fuera de la ley. Si van a prohibir hasta a los gordos. Si nuestros comportamientos más íntimos y habituales nos convierten poco menos que en criminales, perdemos nuestra condición de ciudadanos. Todo lo que hagamos está bajo sospecha, con el gran hermano socialista observándonos.

Una sociedad libre tiene soluciones para el conflicto entre quienes quieren fumar y quienes no quieren compartir con ellos el humo del tabaco. Es tan sencillo como que cada dueño decida en su empresa, organización o en su casa (que si nos descuidamos este Gobierno llegará hasta nuestra alcoba) decida dónde y cuándo se permite o prohíbe fumar. Si, pongo por caso, un restaurante está interesado en recibir al mayor número de clientes, fumen o no, intentará ingeniárselas para que pueda quemarse los pulmones a gusto quien quiera sin molestar al vecino. Y si resulta complicado, este deseo está abierto a la carrera de la innovación tecnológica.

Afortunadamente, ante el frenopático afán de controlarlo todo, hay empresarios que se amparan de la libertad que nos queda para ganar dinero, permitiéndonos hacer lo que nos sale del bolo. Como ejemplo, Alexander Schoppmann. Este alemán ha creado la aerolínea Smintair, que recibirá a sus clientes con el mensaje: "recordamos a nuestros pasajeros que fumar está permitido en este vuelo". Además, en lugar de las 559 personas que caben habitualmente en un Boeing 747, ensanchará el espacio hasta estrechar la lista de pasajeros a 138, que irán de Düsseldorf a Tokio y Shanghai. Schoppmann dice que "ya hay personas que dicen querer volar con nosotros, aunque no tienen nada que hacer en China o Japón".

Ahora bien, más que nunca, fumar saldrá muy caro.

Masoquismo socialista

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Tras apreciar que en el mundo actual, el Islam predica la ablación, la tortura a las mujeres y la jihad, no podíamos esperar que el PSOE se lanzara con frenesí a la difusión de la religión de Mahoma, creando "el Grupo Federal Árabe Socialista con la intención de abrir un espacio de reflexión sobre la realidad de esta cultura y de fomentar el entendimiento y el conocimiento mutuo".

Semejante descubrimiento ha hecho dudar de la erudición del gran Kuenhelt-Leddhin, quien halló que el padre del socialismo actual es el Marqués de Sade, porque, más que sadismo, que fue la forma de actuar del comunismo mundial, ahora, lo que parece caracterizar a la izquierda es el masoquismo.

Sobre todo, cuando Zapatero se ha definido como feminista radical avant la lettre. Seguro que cuando lo dijo, no tenía en mente la Azora IV, versículo 3 del Corán que reza así: "Los hombres están por encima de las mujeres. A aquellas cuya desobediencia temáis, amonestadlas, golpeadlas."

Lo trágico del caso no es que este Partido, aun sosteniendo que el 11-M fue cosa de islamistas radicales, cobije a la religión genocida, sino que para hacerlo asegure, a través de Zerolo, que a su partido "le preocupan igual los condenados a muerte en Estados Unidos que las lapidaciones de mujeres en Irán". Si a alguien le quedaba alguna duda de que todavía hay gente que dice llamarse demócrata pero que desprecia los derechos individuales, aquí tiene una buena prueba de este tipo de pensamiento testicular.

Es preocupante que los Estados Unidos sean para el partido del Gobierno un país más infame que el propio Irán, al que, por cierto, el representante especial de Rodríguez Zapatero en la "Alianza de Civilizaciones" ha tenido a bien apoyar en su carrera nuclear.

Con esta revolución de los valores, la lectura del Corán tiene que ser un verdadero placer para los homosexuales, a los que el mismo Zerolo parece despreciar cuando dice tener empatía por los "reclusos gays de El Cairo" igual que "por los presos de Guantánamo". Este símil es tan asqueroso como mostrar la misma tristeza por la muerte de un etarra cuando estaba colocando una bomba que por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Aún más grave que estas depravadas comparaciones se encuentra el inmenso desprecio con que Zerolo trata a los que, por ser homosexuales como él, son castigados en los países musulmanes con penas que van desde los 100 latigazos a la lapidación.

En un reportaje sensacional, Libertad Digital cuenta este y otros detalles que seguro que serán obviados por el ricitos de ébano de la izquierda caviar, aunque cite copiosamente un informe de Amnistía Internacional que reconoce que en los 24 países de la Liga Árabe, los homosexuales son continuamente mancillados y vejados, cuando no abiertamente asesinados por sus Gobiernos.

Para estos "hermanos", no existe "entendimiento". Para estas personas, el olvido es la moneda de cambio.

Este el socialismo que, al margen de sus injerencias en la propiedad y en la libertad empresarial, ha optado por bendecir el salvajismo sin pudor. ¿Seguirá llamándose socialismo con rostro humano?

La Rule of Law adulterada

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La Rule of Law es uno de los logros más importantes del sistema político anglosajón para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, y muy especialmente del gobierno.

Se podría traducir como el imperio o la soberanía de la Ley frente a las arbitrariedades o caprichos del gobernante y fue, en sus inicios, una conquista de la tradición jurídica y política británica en su esforzada lucha contra las prerrogativas del Parlamento y de la Corona. La filosofía inspiradora de la Rule of Law se propagó por la Commonwealth y se trasvasó luego al continente europeo mediante el concepto del “Estado de Derecho” (Rechtsstaat o état de droit).

Podríamos diseccionar la Rule of Law, en cuatro conceptos o principios básicos interrelacionados que permiten hablar de la grandeza del imperio de la ley, sin los cuales no podría hablarse de la existencia de la misma en un ordenamiento jurídico:

  1. Principio de generalidad: La ley no debe saber de antemano a quién va a afectar. Si se supiera, no sería garantía de objetividad. La ley debe, ante todo, ser neutral.
  2. Principio de igualdad: Todos somos iguales ante la ley y, por tanto, esperamos un tratamiento de las normas igual para todos sin que se tome en consideración nuestras posesiones, alcurnia, poder, facultades o cualquier otra circunstancia personal.
  3. Principio de certeza: Debe haber una uniformidad de las leyes a lo largo del tiempo (esto es así, sobre todo, con las leyes no escritas del Common law) para que sean conocidas e interiorizadas. La interpretación de los jueces reforzaría su certeza y sus destinatarios preverían con bastante exactitud las consecuencias futuras de su aplicación. El “Estado de Derecho” continental se separa radicalmente en este punto de la Rule of Law anglosajona en que la certeza es atributo exclusivo de ley escrita y publicada. En los estados europeos continentales la certeza de la ley es sinónima de norma publicada en un diario o boletín oficial.
  4. Principio de que la acción de gobierno puede ser recurrida ante tribunales independientes: toda acción de gobierno que afecte a los derechos fundamentales del hombre (incluida su propiedad) estaría sometida a juicio independiente en caso de ser recurrida por los afectados (el barón de Montesquieu quedó fascinado por este contrapeso de poderes propio de la Rule of Law durante sus tres años de estancia en Inglaterra).

Me es difícil resaltar el grado de importancia de la Rule of Law y de su mantenimiento para evitar que los gobiernos de las modernas democracias occidentales no sigan perdiendo legitimidad a manos llenas, ante una permanente y sutil adulteración de dichos principios conformadores de la Rule of Law o del Estado de Derecho con la justificación de existir un baluarte seguro “protector”: una mayoría democrática legitimadora de toda acción por parte del gobierno. Veamos las adulteraciones que se han producido:

  1. Principio adulterado de generalidad: Es una pena ver en los boletines oficiales repetidas leyes y decretos pensados para favorecer o impedir situaciones concretas y contingentes que destilan intereses partidistas.
  2. Principio adulterado de igualdad: Hay evidentes situaciones de discriminación gravosa ante la ley como la aberrante progresividad de los impuestos directos. También conocemos las pretensiones exitosas de minorías de todo tipo por imponer su diferencia como fuente de derecho (discriminaciones “positivas”, reconocimiento de “multiculturalismos” “derechos históricos”…); el apetito diferenciador produce, en estos casos, buenos réditos a sus beneficiarios en detrimento del principio de igualdad frente a la ley.
  3. Principio adulterado de certeza: la inflación legislativa, que acertadamente denunciaba el turinés Bruno Leoni, implica que lo que hoy es válido, no tendrá validez en un corto (a veces cortísimo) plazo. El poder legislativo y ejecutivo actual todo lo quiere regular y a todas horas en su afán intervencionista y arrogante pretensión de “corregir” el mercado. Ello es, a la postre, fuente de inseguridad jurídica, agravado con los cambios y derogaciones normativos de la mano del gobierno tras las contiendas electorales y sus consabidos bandazos legislativos.
  4. Principio adulterado de que la acción de gobierno puede ser recurrida ante tribunales independientes: El establecimiento de descaradas cuotas políticas para el nombramiento de altos cargos de la magistratura y de otros organismos públicos de control hace que el juicio contra las acciones del gobierno sea llevado a cabo, en última instancia, por personas dependientes del poder legislativo y/o ejecutivo. ¿Qué clase de control es ese?

Esta tendencia a desvirtuar los principios de la Rule of Law también ha alcanzado de lleno, por desgracia, a las democracias anglosajonas, no sólo a las europeas continentales. Los principios de la Rule of Law se han vaciado de contenido. Podríamos muy bien designarla ahora como la “Rule of many” y al Estado de Derecho continental como el “Estado de Permanente Legislación”; eso sí, todo ello muy exquisita y apisonadoramente democrático.

Nuestras actuales democracias son meramente formales; nuestra seguridad jurídica y la protección de nuestras libertades son más aparentes que reales.

¡Socorro, que nos regulan!

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Tampoco debemos culpar en exceso a los culos que calientan las sillas del CAC; toda agencia gubernamental está hecha para servir a su amo y no a los fines, siempre prístinos y ejemplares, que declara perseguir.

La excusa más habitual para justificar que el Estado se dedique a regular, es decir, restringir, un derecho tan esencial como es el de la libertad de expresión se encuentra en que es él quien otorga las licencias de emisión y, por tanto, debe cuidar que sean usadas con respeto para el "bien común". El espectro radioeléctrico es un bien escaso y, por tanto, ha de ser el Estado quien lo reparta y cuide de que se use adecuadamente. Sin embargo, es precisamente la escasez de un recurso lo que hace necesaria la propiedad privada para un uso adecuado y beneficioso para la sociedad del mismo. El espacio radioeléctrico debiera haberse otorgado por usufructo, limitándose el Estado a registrar la propiedad de las frecuencias y garantizar que se respeten, por ejemplo, persiguiendo a quienes provoquen interferencias. Pero aún sabiendo que no se ha hecho así, no existe razón para justificar que el Estado vigile el buen uso de las frecuencias después de concederlas al modo arbitrario tradicional. Atenta contra la libre expresión de ideas, algo mucho más importante para la existencia de democracia que la introducción de papeles en una urna.

Además, el poder político tiene una regla que conviene que los ciudadanos, a la hora de apoyar o rechazar cualquier medida legislativa o de Gobierno, debieran grabar a fuego en sus mentes: toda intromisión estatal tiende a aumentar con el tiempo. Así está sucediendo en la Unión Europea con la regulación televisiva, la famosa directiva de "Televisión sin fronteras", que extiende la definición de televisión a servicios como los fragmentos de vídeo para móviles o el vídeo bajo demanda como puede ser el disponible en la web en páginas como YouTube, Google Video, Daily Motion y tantas otras. ¿Existe en este caso la excusa de las licencias y la escasez del espacio radioeléctrico? Por supuesto que no. Pero si con esa excusa regularon las emisiones televisivas tradicionales, ahora ya hemos asumido todos (políticos y ciudadanos) que la autoridad tiene potestad para intervenir en la televisión y se asume como algo natural que regulen todas sus formas, incluyendo aquellas que incumplen las excusas que se dieron en un primer momento para justificar la regulación.

Se prevé así un escenario dantesco en el que poner un vídeo en tu web personal con algún anuncio de Google te obligaría a registrarte como emisor de televisión y tener que cumplir con una costosísima regulación. Esa es la aportación euroburócrata a Internet. Y no sólo eso, claro. Como denuncia el ministro del ramo en el Reino Unido, "el verdadero riesgo es si impide la aparición del próximo MySpace debido al coste de cumplir con regulaciones innecesarias. Estas empresas pueden operar sin trabas fuera de la Unión Europea".

¿Cuántos productos de la libre iniciativa y la libre empresa han sido ahogados antes de su nacimiento por culpa de la bota del Estado? Como diría Bastiat, esa es la parte que "no se ve" de la acción del Estado. Pero deberíamos tenerla siempre en cuenta cuando una nueva propuesta nace de las zahúrdas del poder.

La “guerra” de los sexos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El socialismo discrimina a los individuos por razón de sexo. Este hecho irrefutable no constituiría por sí solo una amenaza, siempre y cuando tal precepto afectara única y exclusivamente al selecto club de los progresistas y allegados al PSOE. Al fin y al cabo, la discriminación es una herramienta que el individuo emplea de forma natural como consecuencia de su capacidad de decisión. Actuar en libertad implica elegir y, por lo tanto, descartar. El problema surge, sin embargo, cuando la legítima subjetividad del individuo es sustituida por una falsa objetividad del Gobierno, impuesta a golpe de decreto.

La Ley de Igualdad, que entrará en vigor en enero del próximo año, es un claro ejemplo de ello. La normativa, ideada por el Ejecutivo con la intención de “hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres” (art.1), establece la denominada discriminación positiva como fundamento básico de nuestro ordenamiento jurídico. Dicho concepto nace en el seno de la teoría de género, que concibe al colectivo femenino como una “minoría” que se encuentra en una situación de desventaja con respecto a los hombres y, por ello, conforme a sus criterios de justicia, debería ser susceptible de ayuda y protección institucional para poder corregir tales desigualdades. De este modo, legitiman la aplicación de políticas sociolaborales ventajosas en favor de un grupo de individuos por razón de sexo.

Sin embargo, dicha argumentación adolece de una contradicción insuperable: ¿cómo es posible implementar un modelo en el que para mejorar la situación de los más, en teoría, desfavorecidos (en este caso las mujeres) es necesario vulnerar la posición y derechos individuales de los más aventajados (hombres)? De esta forma, se llegaría al establecimiento de una vulneración institucionalizada de derechos individuales inalienables que pertenecen a terceros, lo cual implica una violación en toda regla del fundamental principio de igualdad ante la ley.

La igualdad jurídica formal,propia de la tradición liberal, queda así en el más absoluto de los olvidos: “Todos los hombres son iguales y deben ser considerados y tratados por igual” y “la ley es igual para todos”, base jurídica sobre la que se edifica la concepción del Derecho y del Estado modernos. Según esta misma argumentación teórica, ¿qué impediría a otros colectivos que se perciban a sí mismos como marginados o discriminados, aduciendo simplemente una situación de desigualdad frente a otros, la aplicación legítima de este tipo de medidas? Desigualdad que, por cierto, se configura como elemento intrínseco de la sociedad y de la propia naturaleza humana, y cuya argumentación podría estar basada en una infinidad de criterios: desigualdad económica, social, biológica, física, personal, intelectual, etc.

Se trata, por tanto, de una intervención directa por parte del Estado en el mercado de trabajo, cuyos efectos y consecuencias generan más problemas que beneficios. Y es que, ¿acaso no parece ilógico tratar de imponer a un empresario el tipo o clase de individuos que debe incorporar a su plantilla? ¿No se tiene en cuenta que dicho empresario, en su búsqueda constante de beneficios, tratará de contratar al personal que estime más conveniente y competente para el desempeño de determinadas tareas independientemente del sexo, la raza o la religión a la que pertenezca?

Evidentemente, existen prejuicios a nivel individual que afectan a la hora de tomar este tipo de decisiones, pero ¿de qué legitimidad y superioridad moral goza nadie para poder decidir por otro en aspectos de la vida semejantes? ¿Es que acaso está legitimado el Estado para recomendar o decidir por mí la clase de coche que debo comprar, o el tipo de personas que deben entrar en mi casa, con quién me debo casar, con quién debo hacer negocios? ¿No son éstas decisiones que pertenecen también al ámbito de lo privado? ¿Por qué entonces siendo yo el dueño de mi empresa puede intervenir el Estado a la hora decidir a quién debo ascender o contratar para un determinado puesto?

El papel de la mujer como directiva y empresaria es cada vez mayor, algo impensable hasta hace bien poco; los empleadores son cada vez más conscientes del enorme valor y alta competencia de la mujer en el ámbito laboral, lo cual posibilita el debilitamiento y eliminación de estereotipos de carácter sexista; las empresas son cada vez más conscientes en cuanto a la mejora de las condiciones laborales, como la creación de guarderías en los centros de trabajo, seguros médicos y escolares, bajas por maternidad, etc. Los avances a este respecto son claros y han sido posibilitados por la propia dinámica del mercado y no mediante la puesta en práctica de medidas discriminatorias implementadas por el Gobierno.

El mercado desempeña una esencial función de coordinación social, el único capaz de proporcionar un eficaz equilibrio entre los innumerables deseos individuales (demanda) y la diversa y variada gama de productos, bienes y servicios (oferta), y tal sistema descansa sobre los principios básicos de libertad de acción y establecimiento de acuerdos voluntarios por parte de los individuos. Sin embargo, libertad y voluntariedad no son compatibles con los conceptos de imposición y obligatoriedad por parte del Estado a través de sus políticas a nivel económico y social. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se ha encargado de desenterrar el hacha… La guerra de los sexos comienza, precisamente, ahora.

Corren tiempos de censura

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Una de las palabras que últimamente se han puesto de moda es crispación. Los intelectuales recurren constantemente a ella para acallar a todo aquel no piensa como él o no defiende unos modelos concretos de sociedad perfecta e igualitaria. Creen ingenuamente que, acallando a una persona (¡el demagogo!) o a un grupo de inconformistas, la sociedad quedará sin ideas y los individuos que la componen se verán obligados a seguir el pensamiento único de la autoridad.

La restricción de la libertad de expresión por parte del gobierno lo tenemos en los órganos de censura como el ALM de Alemania, la FCC de Estados Unidos o el CAC y el Consejo Audiovisual de Navarra de España, entre muchos otros. Los intelectuales, siempre defensores de su mecenas y guardián, el Estado, no dudan en apoyar este tipo de restricción tomando como excusa la salvaguarda de la salud moral e ideológica de la sociedad, de la que que de alguna forma surrealista creen sentirse protectores. Opinan alegremente que, acallando al demagogo, al activista o a grupos inconformistas con el establishment, eliminarán la voluntad de las personas para así poder introducir sus valores morales mediante leyes y el uso de la fuerza. Esta forma de razonar implica que la libertad es un mal innecesario y que los hombres han de ser guiados como robots en su forma de pensar y comportamiento.

Curiosamente, los que así discurren, los que creen que la sociedad como conjunto es idiota e incapaz de asumir responsabilidades propias pretenden colocar como jerarca supremo a otro idiota según su racionamiento, esto es, a un componente de la propia sociedad (que, por definición, consideran idiota). La consecuencia lógica no es más que un dictador idiota que gobierna a otros idiotas, pero mientras que la primera parte es cierta, puesto que al tomar responsabilidades globales que no recaen sobre uno mismo se genera corrupción y compra de intereses y, por lo tanto, inhibición de responsabilidades, la segunda es falsa ya que la responsabilidad es lo que hace al hombre sabio en sus acciones buscando siempre la felicidad moral, material e individual. Y es que la felicidad sólo puede ser un concepto individual, nunca un resultado de agregados sociales tal y como pretenden los intelectuales y el gobierno. No puede existir visión más irrealista, utópica y dañina que imponer la felicidad a base de prohibiciones y leyes.

Pretender hacer ver que la existencia del inconformista, del demagogo, del crítico con el establishment o de cualquier figura contracorriente es el creador de la crispación es precisamente la inversa a la real: ha de existir cierto espacio popular ideológico que permita este tipo de opinión crítica; si no, muere. Siempre y cuando esta voz no sea introducida por los medios políticos, esto es, los medios de la agresión unilateral y la represión.

Por otra parte, la censura en manos del estado e intelectuales pretende abolir las responsabilidades individuales para transferirlas a la elite dominante. La prohibición de contenidos a ciertas horas para proteger la "delicada" mentalidad de los menores es considerar que los padres no aprecian ni sienten amor suficiente a sus hijos como para que ellos puedan elegir qué han de ver y qué no han de ver, siendo además una labor totalmente vana y absurda. El claro ejemplo de no usar palabras malsonantes en horario infantil es un claro ejemplo; son precisamente los niños los que más insultos usan en su vida cotidiana. También es absurdo creer que el burócrata puede sentir más amor por los hijos de los demás que los propios padres. El alto burócrata no es más que un dictador (de la moral y la producción) que sólo sirve sus intereses.

La lobotomización mediática de la sociedad es un intento de imponer el pensamiento único, crear una sociedad de esclavos y sirvientes a los intereses del intelectual y del Estado. En la diversidad más pura y en la libertad está la armonía –que no significa felicidad– porque así cada uno puede expresar aquello en lo cree de forma abierta. Permitir tal armonía es precisamente lo que no quieren hacer ni los intelectuales ni el Estado, ya que de existir plena libertad individual, se quedarían sin poder ni dinero.