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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Yo, el empollón aburrido y asocial

El caso es que la mandamás ha puesto el dedo en una llaga bien dolorosa para los de mi gremio, el informático: el escaso porcentaje de féminas entre nuestras filas. Pero lo ha hecho con la delicadeza de un dinosaurio en una pista de baile.

Resulta que, para la comisaria, las mujeres no estudian carreras de informática o telecomunicaciones porque éstas tienen una imagen de ser "aburridas y demasiado técnicas" y quienes las estudian y trabajan en el sector la de ser "empollones aburridos y asociales". Es decir, que las mujeres, a la hora de escoger una carrera, lo que miran es si se van a divertir estudiándola o la imagen social que tengan quienes están en el sector. La idea que tiene la comisaria de, recordémoslo, Sociedad de la Información de los ingenieros y técnicos del ramo es extraordinariamente positiva si la comparamos con la que tiene de las mujeres, que para Reding escogen carreras que parezcan guays y no supongan esfuerzo.

Pero dejando aparte la metedura de pata, que dudo que provoque ningún auto de fe como el que le montaron a Buttiglione en su día los laicistas de todo a cien, los problemas de este personaje para encontrar razones de peso para la poca presencia de mujeres en el gremio de la informática resultan sintomáticos de la escasa capacidad del pensamiento políticamente correcto para explicar hechos que escapen a su alicorta versión de la realidad. Las palabras de Reding son patéticas formas de intentar explicar una situación que de otra forma resultaría inexplicable para quienes consideran que la igualdad entre hombres y mujeres se basa en que son realmente iguales en todo, incluyendo aptitudes e intereses. Eso le pasa por ser de Luxemburgo y no francesa; en tal caso conocería aquello de Vive la différence!

Una diferencia crucial entre hombres y mujeres es la maternidad; por más que se diga eso de que "vamos a tener un hijo" quienes lo tienen son las mujeres, si exceptuamos a Schwartzenegger en Junior. Y sea por una suerte de rol impuesto por la sociedad o porque, simplemente, la evolución ha concedido a las mujeres una mayor dedicación a los suyos, lo cierto es que ellas son mucho más proclives a interrumpir sus carreras para cuidar a sus hijos y a trabajar a tiempo parcial para dedicarles más tiempo. En España, el 78,5% de los contratados a tiempo parcial en 2006 eran mujeres. Además, a lo largo de 2004, se retiraron del mercado laboral 379.500 mujeres frente a 14.500 hombres, es decir, el 96% del total.

El caso es que en informática y telecomunicaciones no es necesario pasar muchos años fuera del mercado para convertirse en un trabajador completamente obsoleto y difícilmente empleable. Es posible que ahí esté una de las razones por las que hay menos chicas en el gremio. También hay estudios que indican que las mujeres suelen preferir vías profesionales con más trato humano y menos con máquinas y cosas técnicas. En cualquier caso, son opciones personales. No creo que sean tan tontas como para necesitar que la UE les convenza para que "se preparen para conseguir un trabajo en el sector de TI", como ha dicho la comisaria Reding que va a hacer. Aunque puede que piense eso sólo porque soy un empollón aburrido y asocial, quién sabe.

Maldita UNESCO

Me costaba admitir que esta organización participara en algo así. No en vano esta agencia de la ONU se opuso durante la Guerra Fría a lo que entonces se llamaba libre flujo de información. Esto es, su postura era contraria a que los ciudadanos de cualquier país pudieran acceder a los contenidos informativos producidos en cualquier lugar del mundo. Simplemente, apoyaba la censura que entonces practicaban decenas de gobiernos dictatoriales de distinto signo.

Además, la UNESCO ya tenía al menos un antecedente de fobia a la red. En noviembre de 2005 acusó a Internet de ser culpable de la futura desaparición de 3.000 lenguas. Algo que resulta un absurdo absoluto. Y no es esta agencia el único apéndice de la ONU con antecedentes liberticidas referidos a la web. La Unión Internacional de Telecomunicaciones organizó una Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información que sirvió de púlpito a dictaduras para que clamaran contra la libertad de expresión en general y en la red en particular. Por todo ello, no me sorprendió que a última hora la UNESCO anunciara que no iba a apoyar la iniciativa de RSF.

Una vez más, un organismo de la ONU se pliega ante las dictaduras, ante los enemigos de la libertad. Nada nuevo en esta organización o en cualquiera de sus agencias. La UNESCO prefiere ser cómplice de los gobiernos de los quince países incluidos en la lista de RSF (en alguno de ellos, como Cuba, se ha llegado a condenar a 20 años de cárcel a una persona bajo la única acusación de buscar un lugar donde conectarse a Internet) a ponerse de lado de quienes acusan a los liberticidas. Y lo hace con fondos procedentes en buena medida de los impuestos de los países democráticos.

Basta un breve repaso a algunas prácticas de estos países para comprender lo indecente de la espantada de la UNESCO. Los saudíes tienen bloqueado el acceso a 400.000 sitios web por su contenido "inmoral". En Bielorrusia, el Gobierno no ha dudado en impedir el acceso a los sitios web de la oposición. En Cuba está prohibido acceder a la red sin permiso oficial y en los cibercafés existentes para cubanos tan sólo se accede a una intranet nacional. En China encontramos una cifra contundente: 48. Es el número de ciberdisidentes encarcelados en el país, la mayor cárcel de internautas del mundo.

Estas prácticas y muchas otras son las que no quiere denunciar la UNESCO. Prefiere, agarrándose a la excusa de que no puede apoyar manifestaciones virtuales, tener contentos a los dictadores y despreciar, mediante el silencio, a sus víctimas. Maldita UNESCO.

La compensación lingüística

El comunismo y el nacionalismo colectivista se han sentido perfectamente representados en la figura de ZP, que ha logrado convertir el voto a IU y a Esquerra en una especie de frikada transgresora para la izquierda elitista, que no quiere aparentar que sigue a las masas. Pero, por lo demás, existe un fuerte solapamiento en las agendas de todos estos partidos, que pasan por someter totalmente el individuo y las asociaciones privadas al poder político. En buena medida, el nacionalismo ya ha logrado allí donde gobierna subordinar la identidad y la libertad de cada individuo a una cultura cuyo contenido queda cristalizado por la discrecionalidad del Gobierno autonómico de turno.

Los nacionalistas asocian la liberalización lingüística con una agresión no sólo al vasco o al catalán, sino a los vascos o a los catalanes. Cuando Rajoy criticó que se sancionara a un catalán por rotular su comercio sólo en español estaba, a ojos del nacionalismo, persiguiendo tanto al pueblo catalán como al destino histórico de éste, que ha de autorrealizarse, excepción cultural mediante, como paso previo a la independencia. Zapatero entendió perfectamente este punto, por eso aprobó que se multara al comerciante que rotulara sólo en castellano. Al fin y al cabo, en su opinión, la coacción resulta necesaria para compensar la discriminación y persecución del catalán en décadas pasadas.

La penetración política y social del argumento de la compensación lingüística es un ejemplo claro de cómo la retórica nacionalista ha logrado sustituir como sujeto de derecho al individuo por  una concepción abstracta de la lengua. Muchos liberales suelen replicar que la lengua es un instrumento al servicio de los individuos, y no al revés. Sin embargo, esta afirmación ya supone una cesión peligrosa al discurso nacionalista. La lengua no es una realidad objetiva y universal, sino un código concreto y particular que es recibido por los individuos y que evoluciona con ellos.

Cuando se habla de que hay que proteger el catalán y restaurar su estatus de lengua mayoritaria hay que preguntarse, primero, qué catalán quiere restaurarse y, segundo, qué se entiende por ámbito mayoritario.

En cuanto a lo primero, el Gobierno catalán ha decidido conceder el monopolio lingüístico al pompeufabrense Institut d’Estudis Catalans. Se trata de una decisión tan arbitraria como la contraria, pero que pretende vestirse con aires de cientificidad para legitimar la implantación compulsiva.

Las lenguas no nacen del diseño académico; las academias sólo recopilan códigos de comunicación históricos y, en todo caso, realizan propuestas para facilitar la comunicación. Los estándares lingüísticos (al igual que los comerciales, los tecnológicos o los monetarios) no deberían imponerse a la sociedad, sino que deberían competir entre ellos, para que se sepa cuáles son más útiles y eficientes en cada momento. Al fin y al cabo, escapa al conocimiento humano las innumerables circunstancias personales y sociales que influyen en ese resultado, así como los efectos disruptivos que podría provocar.

En cuanto a qué debe entenderse por ámbito mayoritario, no queda claro cuál es la herramienta que nos permita verificar su consecución. ¿El tiempo? ¿La importancia relativa de cada uso? Si el castellano se empleara en exclusiva en los lugares públicos y el catalán en exclusiva en el ámbito familiar, ¿cuál de los dos usos sería mayoritario en términos agregados? Si el catalán se utilizara en todos los ámbitos públicos y familiares y el castellano en los consejos de administración y las juntas de accionistas, ¿sería mayoritario el primero, aunque el grueso de la riqueza de Cataluña se moviera a través del castellano?

Al final, la ausencia de un criterio objetivo para medir qué lengua es más usada sólo puede llevar al nacionalismo a aspirar a la erradicación completa del castellano para compensar la discriminación histórica del catalán: sólo así la confrontación artificial que existe entre ambas lenguas llegará a su fin, y la identidad y la libertad del pueblo catalán quedará a salvo.

Pero esta compensación de agravios históricos, a la que aludió Zapatero para justificar el uso de la fuerza y la hostilidad lingüística hacia el castellano, no es más que otro criterio vacío y desnudo, como el emperador en el cuento de Andersen.

La discriminación del catalán no fue, en todo caso, un ataque contra una lengua, sino contra la libertad de unos individuos concretos que querían utilizar una lengua. En la medida en que la gente va adaptándose al entorno, es perfectamente posible que una política de marginación lingüística tenga como efecto que la lengua marginada caiga en desuso, tanto entre aquellos que pretendían utilizarla en el pasado como, sobre todo, entre las nuevas generaciones.

Llegados a este punto, la cuestión es: ¿basta con poner fin a la represión lingüística, o hay que articular otra represión de signo contrario para compensar la registrada en el pasado? El nacionalismo antiliberal lo tiene claro: las lenguas tienen derechos propios que justifican la concesión de privilegios compensatorios aun cuando atenten contra la libertad de los individuos.

Sin embargo, las sociedades no son una masa que pueda moldearse al gusto de un planificador central. Las injusticias pasadas no pueden solucionarse con nuevas injusticias. Es absurdo pretender que la represión de la libertad de los ciudadanos de hoy repara la represión de la libertad de los ciudadanos de ayer. Es absurdo creer que hoy debe reprimirse a individuo para compensarle por la represión que sufrió en el pasado.

La política estatal con respecto a una lengua debería consistir, simplemente, en permitir cualquier manifestación, sin persecuciones ni discriminaciones. Si existen individuos preocupados por el uso y la difusión de una lengua, tan sólo tienen que montar campañas publicitarias y culturales destinadas a fomentarla. Si ni siquiera de este modo consiguen que su número de hablantes se incremente, o bien son unos inútiles integrales o bien los destinatarios de la campaña no desean volver a utilizarla. Ninguno de los dos casos justificaría el uso de la violencia estatal para reimplantarla.

La teoría de la compensación lingüística no es más que una excrecencia de una concepción holista de la sociedad, de la cultura y de la lengua que pretende reforzar el intervencionismo del Estado a costa de la libertad de los individuos y de la cultura y las lenguas que evolucionan de manera espontánea.

No es casualidad que el PSOE haya asumido sin dificultades este discurso: existe una suerte de atracción entre los distintos pretextos que sirven para justificar el intervencionismo. La hostilidad lingüística no es distinta a la racial, la económica, la sexual, que han sido aprovechadas por la izquierda de medio mundo para implantar sistemas públicos de segregación social y de dependencia estatal.

Se trata, en definitiva, de sustituir mediante la coacción y el clientelismo instituciones privadas y espontáneas, como la lengua, el dinero o la familia, por otras planificadas y dimanantes del Estado, para así consolidar las posiciones de la casta política.

El poder y las normas

Trasladémonos a febrero de 1983. Mes y medio antes acababa de tomar el poder el primer Gobierno socialista de la democracia. Había cierto recelo hacia la clase empresarial y no creían que el indudable atractivo de Felipe González fuera suficiente para metérsela en el bolsillo.

De modo que tomaron una medida de legalidad más que dudosa, pero que dejaba claro quién mandaba aquí. Fue un acto de poder, ya que no de autoridad. El mensaje era obvio y llegó al último rincón de la clase empresarial. Fuera bromas. Usted ya sabe con quién está hablando.

La situación no es exactamente la misma con Endesa, ya que para cuando llegó Zapatero al poder no existía ese recelo mutuo. Pero no quiere ello decir que el Gobierno no quisiera hacer valer su mensaje de que nadie se le puede enfrentar desde la empresa sin consecuencias. Un editorial de un diario afín se refería a E.On hablándole de "el daño que les puede causar" el Gobierno.

Desde entonces hasta ahora hemos tenido una clase empresarial con una valentía y un arrojo por demostrar, limpios como una patena por no haberse tenido que emplear en la batalla. Una virtud que se le supone, como al soldado, pero que no llega a dar la última batalla. Como las eternas promesas del deporte.

No es que no haya excepciones, claro está. Pero lo cierto es que la independencia es un bello ideal cuando la ley que te protege puede cambiar en cualquier momento, a merced de los humores del Ejecutivo. Si un cambio en las subvenciones puede descuadrar el mejor balance, si el cambio más sutil en la prolija regulación puede hundirte o encumbrarte, si la única regularidad de las normas fiscales es el cambio, hay que poner una vela al consumidor y otra al Gobierno.

Quizás aquella idea de que imperen normas abstractas, iguales y predecibles no sea tan mala.

Cuatro años de lucha

Todos hemos podido ver que Zapatero ha dignificado a un grupo criminal a la categoría de representante político, al sentarse a negociar con ETA. Todos hemos sido testigos de la imprudente confianza del Gobierno en la marcha de la economía, negándose a hacer las reformas necesarias. Todos sabemos que el PSOE quiere adoctrinarnos desde las urnas y expulsar a una parte de la sociedad española de la vida pública.

En estos cuatro años el Gobierno intentará cerrar la COPE, cambiará las relaciones del Estado con la Iglesia e introducirá nueva legislación para lograr una "sociedad laica", como dice Zapatero. No una separación entre Estado e Iglesia, sino la proscripción pública de la institución bimilenaria. Compartirá mesa de negociación con los asesinos de Isaías Carrasco. Y comparecerá a la renovación en 2012 con una economía saliendo a duras penas de la ola antipatriótica en forma de paro y recesión de los próximos años y con un nuevo atentado terrorista que marque el resultado final.

No importa. La España de hoy no es la de hace cuatro años. Esa media España que no se resiste a ser atropellada está reaccionando. Es consciente de sus derechos y libertades y está dispuesta a defenderlos hasta el final. El mejor legado de los ocho u doce años de socialismo desde el poder será la estructuración de un entramado de asociaciones, instituciones y grupos sociales activos, exigentes y conscientes.

Hagan lo que hagan el Partido Popular o Unión Progreso y Democracia, parte de la sociedad española está ya pensando en que tienen por delante cuatro años de lucha contra la imposición, contra el adoctrinamiento, contra el cambio institucional con los terroristas como agentes y una parte de los españoles como un bulto sospechoso.

Por lo que a mí se refiere, renuevo el voto de Alexis de Toqueville: "Creo que en cualquier época habría adorado la libertad; pero en los tiempos que corren me inclino a adorarla."

¿Sin casa? Ni falta que hace

En primer lugar quiero dejar constancia de que estoy convencido de que la gran mayoría de ellos sí podrá hacerlo en algún momento. Pero, en cualquier caso, también quiero dejar claro que si no lo hacen no pasa absolutamente nada. Sé que en esta España amante del ladrillo en propiedad, cerril y obtusa en las finanzas personales, se identifica mayoritariamente a la vivienda con el patrimonio. Pero en absoluto son lo mismo y cualquiera puede tener una vida próspera y feliz sin necesidad de firmar el último plazo de una hipoteca.

Esto es relativamente sencillo: invertir es convertir la renta en riqueza. Y durante la mayor parte de nuestra vida nos dedicamos a trabajar para obtener una renta. Lo suyo es ir detrayendo una parte de ésta para convertirla en riqueza, en un patrimonio con que afrontar los últimos años de nuestra vida con plena seguridad económica. La vivienda es una opción, claro está. Pero no es la única ni necesariamente la mejor. Veamos.

Por un lado el servicio que nos presta una vivienda en propiedad, el hecho de poder vivir en ella, nos lo daría igualmente el alquiler. Y por otro hay otras formas de crear un patrimonio, como la inversión en Bolsa a largo plazo o en fondos de inversión o de pensiones. Una persona podría vivir alquilado toda su vida y ganarse la seguridad económica destinando lo que no le cuesta una hipoteca a invertir en empresas, ya sea comprando acciones en Bolsa, ya en fondos de todo tipo. Cuando compramos una casa adquirimos un servicio (poder vivir en ella) y creamos un patrimonio. Hacemos esas dos cosas. Pero podemos hacerlas por separado.

Cómo se puede crear un patrimonio personal y las ventajas que éste puede tener para cada uno de nosotros y para el conjunto de los españoles quedará para otro artículo, pero por lo que se a vivir en una casa, el alquiler ofrece una flexibilidad única, que permite adaptarnos más fácilmente a nuestros gustos o hace más barato cambiar de lugar buscando mejores oportunidades profesionales y económicas. Perdemos mucho dinero por no querer o no poder movernos de donde vivimos.

Si usted nunca compra una casa, nada le impide ser plenamente feliz y tener una vida próspera y plena de satisfacciones.

Profesores franceses contra la libertad

Pero todo esto sólo funciona, claro, cuando la sociedad no se inventa "derechos" y "libertades" que bien poco tienen de tales y cuyo objetivo es simplemente coartar las verdaderamente esenciales, como la de expresión. Eso es lo que acaba de suceder, cómo no, en nuestra vecina Francia, esa supuesta patria de los derechos humanos que en la práctica funciona como una dictadura de burócratas graduados en la Escuela Nacional de Administración y de sindicalistas, como demostrara Philippe Nemo.

A finales de enero nació una página web llamada Note2be, en la que los usuarios podían puntuar a sus profesores y hablar sobre ellos en un foro. Fíjense qué cosa más sencilla y más tonta. Sin embargo, los sindicatos no podían tolerar que quedaran expuestas a la luz las vergüenzas de sus miembros, así que han planteado y ganado una batalla legal para evitarlo. El juez les ha dado la razón con el peregrino argumento de que "el ejercicio de la libertad de información y expresión tiene como límite que no se atente contra las libertades docentes". Es decir, nos inventamos un engendro denominado "libertades docentes", que supongo que significa que nadie tiene derecho a fiscalizar si el dinero público que cobran los profesores está bien empleado o si habría que darles una patada en el culo, y ese engendro nos sirve para prohibir la libertad de expresión. Pues eso, y no otra cosa, es poder puntuar a los profesores y discutir sobre ellos. Libertad de expresión, pura y simple.

Al ministro de Educación le parece muy bien que se anteponga "la vida privada" a la libertad de expresión. El problema es que el desempeño profesional de alguien es cualquier cosa menos vida privada, sobre todo si ese alguien resulta ser funcionario público, al que pagan a la fuerza todos los franceses. Si no puede existir libertad sin responsabilidad, los profesores no pueden tener la libertad de impartir la clase como les dé la gana sin enfrentarse a las consecuencias si lo hacen mal. Dado que Francia es un país aún más esclerotizado que España, entre esas consecuencias no estará, desgraciadamente, la posibilidad de ser despedido. Pero debería estar al menos la de ser criticado por quienes lo sufren.

Sin duda, un sitio web donde se permite el anonimato a la hora de censurar a los profesores es proclive a ciertos abusos. Pero son esos abusos los que, en un momento dado, pueden perseguirse, no el derecho a exponer una opinión sobre el desempeño profesional de un docente. El juez, sin embargo, no lo ha visto así, convirtiéndose de esta manera en una pieza más del engranaje que hace de Francia, y de buena parte de Europa, un lugar donde hablar de derechos humanos es hablar de los privilegios que unos grupos de presión han logrado a costa de los demás ciudadanos.

El refugio de los despreciables

La líder tory recibía un país arruinado económica y moralmente y ella le arrancó de un camino a la deriva gracias a un liderazgo que volvió a situar a su país en su lugar en la historia, hizo que sus compatriotas recuperaran la fe en el propio país y finalmente enderezó una economía que hacía aguas.

La política de Margaret Thatcher se identificó con las privatizaciones. Yo me acuerdo de que, por entonces, todos los medios de comunicación españoles con contadísimas excepciones pronunciaban la palabra "privatización" con esa mezcla de escándalo, odio e ignorancia tan propios del periodismo cañí y que no llamarían la atención en el Salem de las brujas ahorcadas. Luego resultó que las privatizaciones fueron un éxito.

Luego, lo que resultó fue que el hecho de que se le vendieran a muchos trabajadores las casas públicas en que vivían, tan miserables como el alquiler que pagaban, hizo que se convirtiesen de la noche a la mañana en viviendas dignas. Luego, lo que ocurrió fue que las empresas esclerotizadas por la gestión pública, que no atendían al público pero que le costaban montones de dinero en impuestos, se convirtieron, una vez privatizadas, en empresas competitivas. Y que los británicos pasaron de ser paganinis de empresas que no funcionaban a accionistas de fórmulas de éxito. Capitalismo popular se llamó a aquello, como si el capitalismo hubiese sido otra cosa que popular desde siempre. Luego se dio el caso de que todos, menos los más irredentos, acabaron reconociendo que las privatizaciones de Margaret Thatcher, su política de devolver a la sociedad la gestión económica de las empresas, fue un éxito.

John Major echó a Thatcher del poder, desde su mismo partido, y casi se puede decir que fue rehabilitada por el laborista Tony Blair. Ninguno de los dos osó deshacer lo andado por la de Lincolnshire. Brown sí. En el mercado la empresa que aporta valor obtiene beneficios y crece. Y la que lo destruye, recoge pérdidas hasta desaparecer. Brown ha caído en la trampa de socializar las pérdidas y mantener lo insostenible. Si el nacionalismo es el refugio de los miserables, la nacionalización es el refugio de los despreciables.

Exxon Mobil le moja la oreja al gorila

Primero un rey que no suele destacarse por su audacia interceptó una de las chácharas prepotentes del militar golpista lanzándole aquel famoso "por qué no te callas". Luego vendría el revés en el referéndum para terminar de instaurar el socialismo real. Chávez no contó con que el movimiento estudiantil pudiera forzar su derrota usando la fuerza de las ideas frente al totalitarismo disfrazado de demagogia bananera.

Ahora ha sido Exxon Mobil, la gran petrolera capitalista, la que le ha estropeado la digestión al líder de esta "hermosa experiencia democrática" que tanto gusta a los titiriteros españoles. Hace casi un año el inagotable apetito de propiedades ajenas del líder socialista venezolano se concretó en la nacionalización de gran parte de las explotaciones petrolíferas de la Faja del Orinoco. El 1 de mayo dio comienzo el festín expropiador y, como de costumbre, la mayoría de las empresas extranjeras así como los gobiernos de sus países de origen se plegaron al latrocinio chavista que, de la noche a la mañana, suspendía unilateralmente los contratos firmados entre Venezuela y las empresas y se quedaba, a través de la empresa estatal PDVSA, con un mínimo del 60% de las acciones de las empresas mixtas que operaban en la Faja.

Sin embargo, Exxon Mobil es una multinacional petrolera que se caracteriza por plantar cara al socialismo –tenga color verde o rojo intenso–, de modo que no aceptó continuar operando bajo las condiciones impuestas y presentó demandas en diversos países para recuperar el valor de la propiedad que el Gobierno de Chávez le había arrebatado. Desde entonces, tribunales de Reino Unido, Holanda y Estados Unidos le han dado la razón a la empresa norteamericana ordenando la congelación de algo más de 12.500 millones de dólares en activos en esos países de PDVSA.

Al Gobierno venezolano no le gusta que haya jueces que se aparten de su concepto de justicia social que en la práctica se traduce en darle siempre la razón a quien trate de actuar con el objetivo de establecer el socialismo en la tierra o, de manera más específica, a quién actúe según los designios del dictador bolivariano. Por eso, a este noble ejercicio de restitución el ministro de Energía y Petróleo Venezolano lo calificó de "uso terrorista de la justicia". Vamos, que les duele que todavía haya quienes crean en el concepto clásico de justicia y pongan coto a sus latrocinios.

Claro que pronto podremos asistir a conferencias de Stiglitz y otros aduladores de cuanto político intervencionista se cruce en su camino hablándonos de la valentía que ha tenido Chávez al rescatar los recursos de la madre tierra y explotarlos a través de una empresa "del pueblo". No faltarán empresas o fundaciones españolas que financien sus parlanchinerías. Algunas, incluso, dirán que son liberales.

Otros dirán que todo el que se ponga de parte de la petrolera expropiada debe estar a sueldo de la multinacional y que esa presunción contra la que no cabe rechistar invalida sus opiniones y argumentos en una nueva versión del polilogismo marxista. Jueces, académicos y columnistas quedaremos condenados a la hoguera por el mero hecho de discrepar y defender la propiedad de unas empresas que se dedican al terrible negocio de producir energía y ayudar a prosperar las sociedades.

El arzobispo de Canterbury y la sharia

El reverendo Rowan Williams, líder de la comunidad anglicana, ha sido acusado de defender la aplicación de la sharia en el Reino Unido. Desde los medios conservadores, y también desde varios blogs liberales, se ha criticado duramente al arzobispo por capitular ante el islamismo y reivindicar la importación de sus tiránicas leyes. No han faltado llamamientos a su dimisión y voces de alarma sobre lo peligroso de semejante actitud rendicionista. Tengo serias dudas, sin embargo, de que quienes están tan escandalizados se hayan molestado en leer la transcripción de lo que en realidad dijo el arzobispo en la conferencia y en la entrevista en la BBC. Si lo hubieran hecho, o sus declaraciones hubieran sido honestamente presentadas por los medios, esta polémica no habría surgido.

En su conferencia, titulada Derecho civil y religioso en Inglaterra, el arzobispo reflexionó en torno a la conveniencia de acomodar en las leyes inglesas ciertos elementos de la sharia, ofreciendo a los miembros de la comunidad islámica la opción de escoger la jurisdicción por la regirse en determinados ámbitos del derecho civil. Williams, que hizo extensible su propuesta al resto de comunidades religiosas, puso como ejemplos el derecho matrimonial, las transacciones financieras, y la mediación y resolución de disputas. Fue explícito en cuanto a los límites de esta pluralidad legal: la sharia solo podría formar parte del sistema legal en la medida en que fuera compatible con las libertadas básicas que deben garantizarse a todos los ciudadanos, y los miembros de la comunidad religiosa deberían tener siempre la posibilidad de escindirse de la jurisdicción de la sharia para recurrir a la legislación secular. "Si algún tipo de pluralidad jurisdiccional fuera reconocida, presumiblemente debería serlo bajo la rúbrica de que ninguna jurisdicción ‘suplementaria’ tenga el poder para denegar el acceso a los derechos garantizados a otros ciudadanos o castigar a sus miembros por reclamar esos derechos."

El arzobispo en ningún momento se refirió al derecho penal en sus intervenciones (salvando una mención al castigo por apostasía, como ejemplo de lo que sería irreconciliable con su propuesta). En sus declaraciones a la BBC señaló: "Nadie en su sano juicio, creo, querría ver en este país el tipo de barbarie que a veces parece estar asociada con la práctica de la ley en algunos estados islámicos [con] castigos extremos, y también las actitudes con respecto a las mujeres."

El planteamiento del arzobispo es, en buena medida, una realidad en la sociedad multicultural inglesa (de ahí su referencia a la "inevitabilidad" de la sharia). En el ámbito de las finanzas, las prescripciones de la sharia han sido adoptadas por múltiples bancos y fondos de inversión en atención a las sensibilidades de sus clientes musulmanes. La City de Londres, uno de los centros de finanzas más importantes del mundo, está a la cabeza en servicios financieros islámicos. En el ámbito de la familia, los tribunales islámicos ya operan informalmente satisfaciendo una importante demanda de servicios de resolución de disputas. Sugerir, como hizo el arzobispo, que podrían reconocerse legalmente las resoluciones de estos tribunales dista mucho de ser revolucionario. En Canadá las comunidades nativas tienen acceso a esta jurisdicción legal supletoria, y en el Reino Unido los tribunales ortodoxos judíos operan legalmente resolviendo disputas de acuerdo con las enseñanzas del Talmud.

Según Eugene Volokh, el arzobispo está defendiendo básicamente acuerdos de arbitraje, incluyendo acuerdos prematrimoniales. "Si tú y yo firmamos un contrato (relacionado, por ejemplo, con las transacciones financieras) en los Estados Unidos, podemos ponernos de acuerdo en que nuestras disputas sean resueltas por un árbitro (normalmente secular, pero nada nos impide escoger uno religioso). También podríamos ponernos de acuerdo en que nuestras disputas se resolvieran de acuerdo con cualquier normal legal que eligiéramos, ya sea la ley de Dakota del Norte, la ley de Suiza, unas normas legales esbozadas por nosotros, o la ley judía o islámica". En Texas y en Minnesota, por ejemplo, los tribunales ejecutaron la resolución de un arbitraje basado en la sharia. En Nueva Jersey los tribunales aplicaron las leyes saudíes en el caso de dos empresas que acordaron resolver sus disputas según la legislación de Arabia Saudí.

Desde un punto liberal, el problema que plantea esta pluralidad legal es que tendría un componente estatal. ¿No es preferible que los tribunales islámicos, por ejemplo, permanezcan por entero en el ámbito privado (aunque no sean legalmente vinculantes)? Pero por otro lado sería doblemente injusto que el Estado se arrogara el monopolio en la ejecución de los contratos y luego no ejecutara ninguno (o que no fueran vinculantes aquellos que están basados en la sharia y han sido aceptados voluntariamente). La pluralidad en el ámbito público tampoco es un concepto nuevo: la defienden quienes proponen que los padres puedan elegir la lengua en la que se escolarizará a sus hijos en los colegios públicos. La pluralidad legal, además, introduce una idea atractiva que destaca el arzobispo: "[las distintas jurisdicciones] se verán forzadas a competir por la lealtad de sus miembros" (y menciona la introducción de un "elemento de mercado" en esta área).

Es lamentablemente cierto que en el ámbito familiar la aplicación de la sharia en el Reino Unido no siempre es consentida por parte de la mujer o de las hijas. En las comunidades islámicas inglesas también se dan casos de abuso y de coerción. Pero este hecho me parece un motivo para destapar y perseguir estos casos de abuso, no un motivo para asumir que la adhesión a la sharia no es voluntaria o que la pluralidad legal no puede ser explorada. El argumento de que nos encontramos ante una slippery slope (la aceptación de una parte de la sharia conducirá a la aplicación integral de la sharia) no es convincente, pues como apunta Volokh no nos hallamos en ninguna slippery slope si lo que estamos aceptando es la simple ejecución de contratos donde las partes se someten voluntariamente a la autoridad de la sharia. La pendiente empieza con la ejecución de unos contratos y acaba con la ejecución de todos los contratos.

El arzobispo de Canterbury no es ningún liberal, como lo demuestran sus opiniones favorables a censurar la blasfemia o a poner más trabas legales al juego. En esta ocasión, sin embargo, ha planteado una propuesta sensata que no merece el desprecio y los descalificativos que ha recibido. Nos quejamos de que los musulmanes tienen la piel demasiado fina cuando bromeamos sobre Mahoma, pero luego alguien propone un debate serio y razonable sobre cómo compatibilizar ciertas normas religiosas con las libertades básicas y la reacción es "si quieren la sharia, que se vayan a Arabia Saudí".