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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Cómo evitar el cambio de régimen en España

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Intranquiliza pensar en la instrumentalización política del Tribunal Constitucional para que sus sentencias otorguen una patina de legalidad a cambios legislativos, redactados en contra de los artículos de la Constitución Española de 1978 que protegen los derechos individuales. La irresponsabilidad de los políticos y la maleabilidad de ciertos jueces están sustentando un cambio de régimen político hacia el confederalismo, la nación asociada o el secesionismo radical que surja de la actual deriva nacionalista.

Aunque solemos desconfiar de la justicia por su politización, se podía pensar que el artículo 53 impediría a la máxima instancia judicial en temas constitucionales intervenir sobre los derechos a la vida (artículo 15), a la libertad (artículos 17) y a la igualdad ante la ley (artículo 14).

Sin embargo, precisamente, el último párrafo del apartado primero del artículo 53 permite cualquier atropello de derechos sea certificado legalmente por el Tribunal Constitucional, para gozo de los políticos que legislan leyes intervencionistas en los Parlamentos autonómicos y/o en el Parlamento nacional, para realizar ingeniería social y alcanzar utopías pisoteando los derechos de millones de ciudadanos.

Hace unos meses comentábamos la necesidad de lograr la independencia del Tribunal Constitucional (TC) y se proponía una nueva redacción del artículo 159 de nuestra Constitución Española de 1978 (CE). La falta de independencia del TC se comprueba al observar que, aplicando el apartado primero del actual artículo 159, hasta 8 miembros son elegidos por los políticos del Parlamento y no tienen necesariamente que haber sido jueces de carrera, pudiendo ser abogados, profesores universitarios o, incluso, funcionarios.

Debidamente cocinadas, las sentencias del TC obedecen a los designios de sus amos y dan legalidad oficial a leyes que serían inconstitucionales si las dictaminasen jueces que no debiesen sus cargos a favores pasados, presentes o futuros.

Ingenuamente, no imaginábamos que la plasticidad de los miembros del TC ante las exigencias de los políticos que los han elegido diera lugar a una sentencia favorable a la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género que, permite al Gobierno introducir discriminación "positiva" a favor de la mujer y, con ello, vulnerar claramente el artículo 14, según el cual "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer alguna razón de nacimiento, raza, sexo…".

Con estos antecedentes y con los procedimientos empleados por la presidenta del TC, ya vislumbramos que dicha institución dará visos de legalidad a la reforma encubierta de la Constitución que se introduce por medio de la ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Poco importa que el Consejo General del Poder Judicial haya informado acerca de su inconstitucionalidad, que se opriman los derechos individuales de cientos de miles de ciudadanos no nacionalistas, que haya sido aprobado por una minoría de los catalanes con derecho a voto, que se vaya a iniciar un régimen político confederal o, que se ataque la existencia de España como nación.

Poner freno al secesionismo totalitario va a ser prácticamente imposible con el actual Tribunal Constitucional, ya que no ejercerá la tutela judicial redactada en el artículo 53 para defender los derechos individuales de los ciudadanos no nacionalistas sino para certificar su defunción.

En lo que respecta a la tutela judicial efectiva, una reforma necesaria sería garantizar la independencia de los jueces que alcancen el Tribunal Constitucional (artículo 159), el Tribunal Supremo (artículo 123) y/o el Consejo General del Poder Judicial (artículo 122).

Quizás, en aras a garantizar la independencia judicial respecto del poder legislativo y el poder ejecutivo, los ciudadanos deberían elegir periódicamente los fiscales (artículo 124) y los jueces (artículo 122) que deberían tutelar sus derechos en cada jurisdicción judicial, sin el concurso de instancias superiores. O, como mínimo, deberían elegirse los altos cargos que administrarán los cuerpos de jueces y de fiscales, en vez de hacerlo los políticos del Parlamento.

Y, adicionalmente, el Tribunal Constitucional (artículo 159) tendría más sentido judicial integrado como sala quinta del Tribunal Supremo (artículo 123), encargado de los asuntos constitucionales pero estando formado exclusivamente por jueces de carrera, profesionales y experimentados.

En estos momentos, aunque desearía equivocarme, sólo existe una única posibilidad de proteger eficientemente los derechos y libertades individuales en todas las regiones de España frente a la ofensiva nacionalista.

La primera mitad de la solución, es ardua y compleja, ya que sería convencer a los dirigentes de los principales partidos nacionales sobre las indudables ventajas de un cambio en la ley electoral para que sean favorecidos por la instauración de doble vuelta y circunscripción electoral nacional.

La otra mitad de la solución pasa por lograr que, dicha nueva ley electoral, vaya acompañada de una propuesta de reforma constitucional que proteja los derechos individuales de todos los ciudadanos y corrija las enormes fisuras normativas de nuestra ley básica como, entre otras, el infame Tribunal Constitucional.

Armas y redes P2P

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

El caso es que ha sido demandado precisamente por emplear su capacidad en desarrollar nuevas redes P2P que, como es natural, han sido empleadas masivamente para la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor. Pablo Soto se ha defendido argumentando que Promusicae intentó primero "plantear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha decidido cargar contra una herramienta de comunicación neutral como es la tecnología P2P". Es decir, que el P2P es una tecnología extraordinariamente efectiva para el intercambio de archivos; esa es su función. Los ficheros que realmente se intercambien mediante P2P son responsabilidad de los usuarios, no de los creadores de la herramienta.

El incordiante Javier Cuchí, compañero en la Asociación de Internautas, se ha sumado a ese argumento, pero poniendo un mal ejemplo. Afirma que Seat no tendría la culpa si empleara su coche, fabricado por esa empresa, para cometer alguna locura, como empotrarlo contra la sede de Microsoft cargado de explosivos. La empresa no puede ser responsable de que hagamos un mal uso, incluso un uso criminal, de sus productos. Sin embargo, argumentarán las discográficas, lo cierto es que en general los coches no se emplean para hacer atentados terroristas y por eso no se le puede hacer responsable al fabricante. En cambio, intercambiar ficheros protegidos no es un uso marginal de las redes P2P, sino el habitual, de modo que en ese caso sí que se puede demandar a los creadores de estas aplicaciones por la millonada que se crea oportuna.

Es el mismo principio bajo el que se rigen quienes defienden la prohibición de la libertad de vender y poseer armas de fuego. Se supone que su principal función es disparar contra otra gente, de modo que debe evitarse que llegue a manos de ciudadanos honrados. En realidad, la función para la que fue creado es disparar: que se haga contra una diana, unas cuantas latas, un ladrón o la víctima de un intento de violación es resultado de las circunstancias y, sobre todo, de la voluntad del dueño. De hecho, la mayor parte de las veces se emplea de forma defensiva y sin ni siquiera llegar a disparar. Pero supongamos que, efectivamente, su principal uso, el habitual, fuera hacer daño a otras personas. ¿Debería eso darnos derecho a pedir responsabilidad a sus fabricantes? Pues no. Sigue siendo un artilugio que puede usarse para bien o para mal, dependiendo de para qué se utilice. Es el usuario el responsable de las consecuencias de sus actos.

Lo mismo sucede con el P2P. Sin embargo, un razonamiento tan sencillo con el que todo el mundo –y seguramente las discográficas también, pese a sus demandas– está de acuerdo, cuando se aplica a las armas de fuego, parece pasar a segundo plano. Sospecho que en realidad la única diferencia es el status quo; estamos acostumbrados a poder usar el eMule pero no a disparar un arma, de modo que nos parece natural que una cosa esté permitida y la otra no. Pero ese no es un argumento defendible. Ni unas ni otras deberían estar prohibidos. Deberíamos evitar que el Estado coarte nuestras libertades mientras no cuente con razones muy poderosas para ello, y aun así.

Allons enfants de la sharia

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Malas noticias al norte de los Pirineos. La República Francesa, ese régimen que presume de laico, ha dado carta de legalidad a uno de los aspectos más retrógrados y machistas de la sharia. Haciendo una pirueta para hacerlo pasar por una aplicación de la legislación civil gala, un tribunal de Lille ha anulado un matrimonio civil por el increíble motivo de que la esposa no llegó virgen a la noche de bodas. La sentencia no lo dice así, claro. El fallo judicial alega que la mujer había mentido a su futuro marido sobre algo esencial, lo que justifica la anulación.

Sin embargo, la supuesta mentira no es la clave. Eso lo dejó claro el padre del marido a la hora de "devolver" a la joven a su familia: "No es virgen. La repudiamos. El matrimonio no es válido". Los tribunales han cedido ante el derecho islámico, que debería (como toda legislación religiosa) estar separado de la legislación civil, máxime cuando en este caso el matrimonio en cuestión no se había celebrado según el rito musulmán sino por lo civil. La denuncia de la presidenta de la asociación Ni Putas Ni Sumisas, formada por francesas musulmanas que no quieren verse sometidas a la sharia, de que se trata de una "fatua contra la libertad de las mujeres" no es del todo cierta debido a que este tipo de dictámenes jurídicos sólo pueden ser emitidos por especialistas en derecho islámico. Pero tiene también su parte de verdad.

No es la primera vez que en Francia se cede a la presión islamista (no resulta creíble el argumento del marido de que él es un musulmán moderado). Algunas piscinas municipales han impuesto horarios separados para hombres y mujeres. Autoridades locales y ministros atacaron sin piedad al filósofo Robert Redeker después de que una fatua le condenara a muerte por denunciar el islamismo en Francia. Son sólo un par de ejemplos. La necesaria separación entre Estado e Iglesia, en especial en cuestiones de derecho, se pierde ante el miedo a la presión de quienes tienen una visión del islam más radical y contraria a la libertad individual.

En el caso de este matrimonio no habría nada que objetar si hubiera un acuerdo previo en el que las partes contemplaran la nulidad en el caso de que ella no llegara virgen a la noche de bodas. Sería igual de retrógrado, pero aceptado de forma libre y sin intromisión de poderes coactivos. De hecho, el Estado debería mantenerse al margen del matrimonio. La Administración no debería inmiscuirse en lo que en realidad debería ser un contrato privado entre dos personas, en el cual las partes ponen las condiciones del mismo. Si esto fuera así, los contrayentes podrían ceñirse si lo desearan a las normas católicas, calvinistas, judías, musulmanas o de la religión que desearan. O podrían, si fuera su deseo, incluir cláusulas que no tuvieran nada que ver con ellas.

Pero los Estados no respetan esa parcela de la libertad de los ciudadanos. Mientras eso sea así, la ley debe ser igual para todos, lo que imposibilita que se ajuste a las normas de una religión concreta.

El Tribunal Supremo y el eMule

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero, por más que se han hecho todo tipo de intentos para precisar cuáles sean las “necesidades básicas”, siempre han tropezado, metidos en faena, que la lista se les escapaba de las manos como la arena de la playa. Pero si hay una marca de la pobreza clásica y en la que podemos coincidir, esa es la del hambre.

En los 30’, el liberalismo cayó en desgracia y con él todos sus logros, vistos entonces como maldiciones: el laissez faire y la cooperación económica internacional. Las botas del socialismo y del nacionalismo pisotearon las libertades de millones de personas. Se desintegró la división del trabajo internacional y se revivió el mercantilismo del Antiguo Régimen, presentado como último logro de la humanidad. Pero, tras la II Guerra Mundial, se comenzó a desandar lo andado, a recuperar la fe en el comercio internacional, en la cooperación involuntaria pero virtuosa y feraz. A partir de los 70’, con la incorporación de Asia a ese mercado que rompe las fronteras, se aceleró esa integración que hemos llamado globalización.

El crecimiento es caprichoso, sí, pero siempre se acompaña de la división del trabajo, y cuanto más profunda y compleja sea, mejor. Por eso la globalización ha regado de bendiciones económicas áreas inmensas de la tierra, en las que la pobreza y sus marcas han ido remitiendo. Y, entre ellas, está el hambre. En 1970, un 37 por ciento de la población de los países en desarrollo padecían hambre. Dos décadas después, un 20 por ciento, y en 2010, las previsiones apuntaban a un 12. Los visionarios hablaban ya de la erradicación de la pobreza, y los miserables creaban grandes planes desde los gobiernos, para apuntarse un tanto al que en nada han contribuido. Robar y matar, las dos tareas clásicas de los Gobiernos, no dan de comer a los pobres. Producir y comerciar, sí.

Resulta dramático, pero los más débiles tienen más enemigos que los poderosos. Entre los muchos y muy prestigiosos enemigos de los pobres sobresalen los ecologistas, que ven a los hombres no como seres creativos y racionales, sino como depredadores de la naturaleza, ante la cual hay que sacrificar el bienestar de las personas, cuando no su misma supervivencia. ¿Qué hay que encontrar una alternativa al petróleo? Vengan los biocombustibles, esa comida robada a los platos para quemarla en los coches. Como el mercado sale en defensa de los hambrientos, expulsando a los biocombustibles por sus precios desmesurados, ha salido el Estado en su rescate con subvenciones de dimensiones planetarias.

El resultado lo podría haber predicho un niño: escasez de alimentos, desabastecimiento, precios altos… y el retorno del hambre. El ecologismo tiene hambre de hambre, y es insaciable. No sabemos qué será lo próximo.

El Pangloss antropológico

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El IPC se dispara cinco décimas en mayo y los precios de los bienes que compramos habitualmente, los que de verdad entran en la cesta de la compra, crecen casi el doble. No hay problema. No se preocupe, hombre, que hay que ser optimista; como Zapatero, el optimista antropológico, el Pangloss impenitente, el alucinado, el friki.

Ya puede hundirse el sector inmobiliario, multiplicarse el precio del depósito de combustible o venirse abajo la confianza de los consumidores a simas jamás vistas. El optimismo de Zapatero lo puede todo. Él rompe con los viejos prejuicios de mirar a la realidad tal como es. ¿Que se tuerce? Una sonrisa estereotipada, un dedo en la ceja, un gesto, un lugar común dicho a tiempo y todo arreglado. Mienten las estadísticas, mienten los despidos y los precios, mienten los carteles de "se vende" y las cuentas de resultados de los grandes almacenes. La realidad es la mentira y la ilusión es la verdad.

Esa idea de que los ciudadanos somos medio lelos y estamos a la espera de que nos guíe el presidente con sus palabras está bien para caudillos y liderzuelos tropicales, no de un político de talla. Es esa vieja idea protofascista de que hay que robarle al pueblo cierta información porque el vulgo, ya se sabe, es incapaz de digerirla. Nada que ver con la concepción liberal del ciudadano como una persona responsable y que es buen juez de sus propios asuntos; especialmente, aunque no sólo, los que le tocan el bolsillo.

Zapatero nos está llamando tontos a cada ocasión. Lo peor no es que además nos pida el voto, sino que son legión los que se lo dan. Ni el pesimismo ni el optimismo determinan los avatares del ciclo económico, y la alucinación de Zapatero con nuestras expectativas sólo le aleja de la realidad de nuestra economía. Ha anunciado nuevas medidas, pero no sabemos si están escritas en las crónicas de Narnia, para el Señor de los Anillos o desde los Mundos de Yupi. La economía de los lunnis es lo único que nos ofrece el presidente. ¡Qué cuatro años nos esperan!

Quieren regular la moral

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

La BBFC era en principio una organización privada encargada de la autorregulación de ambos sectores, algo a lo que nada habría que objetar. Sin embargo, la trampa radica en que el Estado le otorgó en 1984, no podía ser otro año, el monopolio en esta actividad y decretó la obligación de someterse a su dictamen a cualquier título que vaya a ser proyectado en tierras británicas. Dicho de otro modo, es el brazo del poder político para decidir sobre la moral privada. Algo totalmente ilegítimo.

Este terrorífico organismo pretende ahora meter mano en la red. La BBFC pretende tener poder para clasificar los contenidos audiovisuales (incluyendo juegos) de entretenimiento por Internet. Los proveedores sujetos a su regulación estarían obligados a establecer un sistema de bloqueo que impidiera que los menores accedieran a contenidos inadecuados para su edad. Esto, que en principio parece simple, tiene riesgos añadidos. Para que esos sistemas funcionaran de forma adecuada, los proveedores deberían tener constancia de cada persona que se conecta a la red en cada momento, y no sólo del ordenador, como sucedía hasta ahora. De este modo se dañaría todavía más la muy maltrecha intimidad del usuario ante las autoridades a la hora de conectarse a la Red.

Los argumentos que dan los de la BBFC para justificar sus pretensiones son para ponerse a temblar. Dicen que si ellos no lo hacen lo harían sus equivalentes de otros países. Y eso para ellos sería muy grave, puesto que los estadounidenses son más permisivos con los contenidos que muestran violencia y los franceses con el sexo. Conmovedora su preocupación por la salud moral de los niños de Gran Bretaña. Es cierto que, por el momento, lo que piden es que los proveedores se sumen de forma voluntaria. Pero tiempo al tiempo; en cuanto vean que muchos usuarios se pasan a operadoras que no aplican la censura conseguirán que el Parlamento apruebe una ley que haga obligatorio someterse a su dictamen.

Estamos ante un nuevo ataque contra la esfera de lo privado. La única autoridad que debería admitirse a la hora de decidir qué contenidos son aptos para menores y cuáles no son los propios padres. Bien está que las empresas se autorregulen, porque eso no supone más que una suerte de guía sobre cómo actuar, no un poder real. La potestad paterna (o materna) resulta fácil de aplicar en internet. Existen numerosos programas que cualquiera puede descargarse e instalar en su ordenador para filtrar contenidos. Dar poder a otros organismos y autoridades no es más que pretender regular la moral.

Esperemos que España no salgan imitadores de la BBFC que pretendan regular los contenidos a los que se puede y no se puede acceder a través de la Red en nombre de los derechos de la infancia o cualquier excusa torticera. No destruyamos un poco más nuestra libertad en aras de imponer una moral oficial, sea del signo que sea.

Las diez consecuencias de ilegalizar la prostitución

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Las diez consecuencias de ilegalizar la prostitución

Si de algo nos advirtió el gran Frédéric Bastiat fue de la necesidad de tener en cuenta las consecuencias no previstas de las acciones humanas y en particular de las políticas. La experiencia de la ilegalización de la prostitución es instructiva porque muestra claramente los resultados desastrosos de tratar de suprimir una actividad pacífica y voluntaria mediante una ley coactiva (e ilegítima).

1) Abandono institucional: las deja sin derechos ni protección

Éste es el punto más importante. En el anterior artículo comentamos que la prostitución no dejaba de ser una profesión como cualquier otra en la que dos personas efectúan una transacción voluntaria. Ahora habría que añadir que sin instituciones adecuadas una verdadera economía de mercado no es posible (Coase). Lo cual significa que sin el apoyo del Estado de Derecho, la prostitución no puede ejercerse sin inseguridad jurídica y social.

La ilegalización hace que dejen de ser sujetos éticos. No están regulados ni sus derechos ni sus obligaciones. Las prostitutas están desprotegidas y se les puede maltratar. Se les puede secuestrar, pegar, violar, robar y forzar a prostituirse. Están en una situación discriminada y sin derechos. Se ha demostrado que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que hacen es empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres que seguirán ejerciendo. Trabajan en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad.

Sabemos que no vivimos en un mundo ideal y que siempre se seguirán produciendo injusticias y abusos aunque se legalice la profesión. Sobre todo conociendo la nula eficacia e ineptitud de quién tiene que protegernos (véase Papá Estado). Pero lo que se debe buscar es lo siguiente: garantizar los derechos a aquellas mujeres que deciden trabajar en la prostitución y limitar los abusos que hoy ejercen sobre ellas en los burdeles.

Una vez legalizada la prostitución, las que quieran continuar en la clandestinidad (para no pagar impuestos) lo harán voluntariamente y bajo su responsabilidad. Deberán asumir los riesgos.

2) La ley no funciona, no consigue lo que se propone (reducir la prostitución)

Es bien conocido que la prostitución es tan antigua como la humanidad. Y todo parece indicar que la humanidad no está para muchos cambios, porque la prostitución sigue siendo demandada enormemente pese a su ilegalización. Atendiendo a la gran cantidad de dinero que mueve, podemos asegurar que el mercado más antiguo de la historia no parece que vaya a desaparecer. Y sin embargo, pese a no violar los derechos de nadie, está ilegalizada.

¿Cómo puede el Estado decidir si se tiene que reducir una determinar profesión? ¿En base a qué? ¿En base a que a los políticos les parece una actividad denigrante? ¿Intrínsecamente perversa? ¿Deshumanizante? Quizá debieran entonces reflexionar un poco sobre su propia profesión.

El objetivo que hay que proponerse no es reducir la prostitución, sino reducir las víctimas del tráfico de blancas y personas. Y eso se consigue legalizando la profesión para establecer claramente la distinción entre prostitución voluntaria (decisión propia) y prostitución coactiva (esclavitud), y persiguiendo fuertemente la segunda.

3) Convierten a gente honesta y pacífica en criminales

La ilegalización produce la estigmatización social y persecución de una trabajadora honesta y pacífica. Muchas veces los bancos son reticentes a concederles préstamos y las aseguradoras prefieren evitarlas. Sufren el menosprecio y la discriminación que todos conocemos.

4) Crea "mercados" en donde la competencia es violenta y no pacífica como en los legales

No están basados en el contrato y la cooperación. Aumenta la violencia y la inseguridad ciudadana.

5) El precio del servicio es mucho mayor en un mercado negro que en un mercado legal competitivo

Todo producto en un mercado negro tiene un precio más alto porque la falta de oferta y falta de competencia provocan la escasez de los servicios que la gente considera indispensables. Llega al mercado una menor cantidad que la demandada. Existe más demanda que oferta y los clientes están dispuestos a pagar un precio más alto por el servicio que se les prohíbe. Además hay que pagar al intermediario clandestino.

6) Los servicios en los mercados ilegales son de una calidad menor que en los mercados legales competitivos

La falta de competencia y de legalidad hace que no haya ni el control ni las exigencias que se darían en un mercado legal.

7) Provoca una delincuencia asociada

Los enormes beneficios del mercado negro incentivan que los criminales violentos entren. Provoca una delincuencia asociada, a menudo muy violenta. Existe un submundo ilegal en el que se da inmigración ilegal, extorsión, tráfico de drogas, falsificación de documentos y delitos económicos que aumentan la delincuencia y la violencia. La legalización ayudaría a luchar contra el resto de actividades.

8) Hace que el sistema de justicia sea más corrupto

La legalización acabaría con un foco importante de corrupción que aumenta en todos los niveles del Estado debido a la gran cantidad de policías, jueces y demás autoridades que han sido comprados, sobornados o extorsionados por las mafias, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.

9) El Estado convierte actividades pacíficas en criminales

Este punto es importante. Hay que derogar el artículo 188 del Código Penal, que prohíbe el proxenetismo, es decir, el dedicarse a la prostitución como empresario. Prohíbe que se establezcan relaciones laborales entre prostitutas y empresarios. Impide al empresario establecer tratos comerciales entre la prostituta y otra persona, aun con el consentimiento de las mismas. Hay que derogarlo porque hay que reconocer a la prostitución como profesión. Debe tener los mismos derechos laborales que las demás profesiones.

La prostitución se tendría que poder ejercer de forma autónoma o en contrato con algún empresario. Tienen que tener la posibilidad de establecer sus propios negocios.

10) Provoca un aumento de poder y gasto estatal

Supone un gran recorte de libertades (impuestos, intervenciones, vigilancia) porque una enorme cantidad de recursos van destinados a prohibir y perseguir actividades pacíficas consensuadas en vez de perseguir a los verdaderos criminales y delincuentes.

Hay gente que defiende la legalización sólo por los elevados impuestos que recaudaría el Estado. A mí me parece que ésta sería precisamente una gran razón para no legalizarla. Además está demostrado que incentiva el que muchas prostitutas que ejercen por decisión propia lo hagan en la clandestinidad para no pagar impuestos.

La (in)justicia penal postmoderna

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Creo que una buena izquierda es aquélla que siempre piensa en el futuro y no se preocupa mucho de nuestros pecados del pasado.

Richard Rorty. 1998

Con motivo del secuestro y asesinato de una niña en Huelva a principios de año, se desató un gran revuelo sobre los estrepitosos fracasos de la administración de justicia penal en España. De repente, casi todos los comentaristas repararon en que ese crimen atroz podría haberse evitado si la burocracia judicial hubiera funcionado debidamente. Para sorpresa de muchos, se supo que, cuando cometieron presuntamente esos delitos, este individuo tenía que cumplir una pena de prisión por abusar sexualmente de su propia hija menor, pero que la ejecución se había demorado durante años en un juzgado sevillano. Para colmo de males, el mismo individuo comparecía quincenalmente en un juzgado contiguo al anterior, porque así lo había decidido un juez de instrucción que le había imputado un delito similar contra otra niña.

Todo esto ocurría en plena campaña electoral, de manera que los políticos de los dos grandes partidos consideraron que era su obligación opinar sobre el asunto, como si no fueran directos responsables del calamitoso estado de los tribunales. La supuesta obsolescencia y falta de conexión de los programas informáticos con que cuentan los juzgados comenzó a ser una cuestión conocida para el público no especializado. El órgano de gobierno de los jueces abrió un expediente disciplinario al juez de lo penal por su posible falta de diligencia, el Ministerio de Justicia a la secretaria que servía en el mismo y la Junta de Andalucía a los empleados de ese juzgado encargados de la tramitación de la ejecutoria.

Pasada la tormenta inicial, y llegada, al parecer, una época de nuevo consenso, los nuevos portavoces de los grupos parlamentarios socialista y popular coincidieron en señalar que, si ellos se ponen de acuerdo, "modernizarán" la Justicia. Ahora bien, ¿qué entienden por modernización de la justicia? Mi hipótesis es que, aprovechando la situación de marasmo judicial que ellos mismos han generado, los políticos actuales quieren dar un paso más en el proceso de someter al poder judicial a un férreo control del Ejecutivo. Sobre todo en el ámbito que lo convierte en un auténtico contrapeso frente a las arbitrariedades más graves de los gobernantes: el orden penal. Lo demás es secundario para ellos.

El actual modelo de control político del poder judicial nació con la ley orgánica de 1985, auspiciada por el primer Gobierno socialista después de la promulgación de la Constitución de 1978. Contradiciendo las previsiones de ésta al respecto, en una línea de garantizar cierta independencia de la justicia mediante un sistema mixto de elección de su órgano de gobierno frente al régimen autoritario anterior, los socialistas cambiaron el sistema que regía hasta ese momento y optaron por la elección parlamentaria de todos los vocales del consejo general del poder judicial. Téngase en cuenta que ese órgano de gobierno tiene encomendadas funciones como la selección, formación y promoción profesional de los jueces, así como la imposición de sanciones a los mismos por infracciones en el desempeño de sus cargos. A este respecto, no parece necesario extenderse en las luchas que los vocales elegidos desde entonces han librado.

Por otro lado, los legisladores atribuyeron al Ministerio de Justicia la provisión de medios materiales y humanos de los juzgados y el régimen disciplinario directo de los secretarios judiciales y demás personal a su servicio. Si se trataba de perfilar una organización más eficiente, hubiera sido más acertado que la ejecución del presupuesto destinado a la administración de justicia correspondiera al órgano de gobierno de los jueces y que todo el personal a su servicio se pusiera bajo la responsabilidad y la dirección de los jueces y tribunales concretos. Al mismo tiempo que esa organización configuraría un baluarte para la independencia de los jueces, sería más fácil determinar las responsabilidades internas y externas de todos los que sirven en los juzgados.

Paralelamente, los gobiernos socialistas nombraron a individuos destacados por su fidelidad al partido en la Fiscalía General del Estado. Su papel fue crucial para controlar los daños que los famosos escándalos del GAL y de corrupción ocasionaron a los sucesivos gobiernos, siempre según su propia perspectiva.

Antes de su "dulce derrota" de 1996, los socialistas, dirigidos en esa materia por un trío de estrategas postmodernos, impulsaron la aprobación de un nuevo Código Penal y la ley del jurado. La aprobación del primero provocó la revisión de oficio de decenas de miles de sentencias firmes para adecuarlas a su sistema de penas. Esa pauta de asignación de tareas redundantes a la burocracia judicial marcó estilo y se siguió en muchas de las dieciséis reformas aprobadas con posterioridad. Simultáneamente se transfirieron las competencias sobre el personal al servicio de los juzgados y la provisión de sus medios materiales a las comunidades autónomas.

La estancia del PP en el Gobierno no supuso modificaciones sustanciales en la organización de la justicia penal. Antes al contrario, en el año 2001 el último gobierno de Aznar acordó con el PSOE un "pacto por la reforma de la Justicia" cuya traducción legislativa fue la consolidación del modelo de elección parlamentaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) con leves matices y una desigual reforma procesal que ratificó un procedimiento especial que deja totalmente en manos de la policía la instrucción y la celebración de juicios en el caso de delitos menores.

A todos los anteriores desaguisados contra la justicia, se sumó la ejecución de parte del programa postmoderno socialista durante la pasada legislatura. De sendos plumazos, con el aplauso de una mayoría aterida por la retórica a la sazón desplegada, se liquidó el clásico postulado liberal de la igualdad de todos los individuos ante la Ley. Me refiero a esos dos textos, redactados como si se tratara de proyectos de ingeniería social autosuficientes, llamados por sus promotores ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La primera de esas leyes ha introducido juzgados de excepción y un procedimiento penal sin garantías para los denunciados. El enjuiciamiento en función del sexo de las personas y la imposición de penas siguiendo el mismo patrón nos retrotrae a tiempos premodernos. La segunda tiene pretensiones de conseguir transversalmente (palabra de moda) la igualdad mediante la ley y rebasa con mucho el objeto de este breve comentario. Su aprobación reciente, sin embargo, no permite todavía analizar el alcance de todos los agravios y conflictos que ambas van a desplegar.

En el medio plazo, otros mecanismos que han contribuido a salvar espacios de libertad en el ámbito de la justicia, dadas las características del caso español, están en el punto de mira de las pretensiones de los socialistas. La primera de ellas es la acción popular en el procedimiento penal, cuyo ejercicio ante los tribunales puso en aprietos a los gobiernos socialistas por los escándalos mencionados anteriormente y podría ponerle al actual en el futuro próximo. En consonancia con ello, una apretada mayoría de magistrados del Tribunal Supremo abrió la vía de denegar la legitimación de la acusación popular para sostener la acción penal en el juicio del proceso abreviado. La segunda es el acceso a la judicatura por medio de oposiciones objetivas, que, en una situación de intensa politización de la justicia, garantiza que el Gobierno no pueda nombrar directamente a los jueces de su gusto. En este sentido, el actual ministro de Justicia anunció el impulso de una reforma del sistema que permitiera a los licenciados con "mejores expedientes académicos" acceder a la carrera judicial sin necesidad de opositar. De cualquier modo, la perla mejor guardada para esa modernización de la Justicia es el apartamiento de los jueces de la instrucción de los procedimientos penales y su atribución al fiscal (recuérdese dependiente del Gobierno). Esa función del fiscal ha sido ensayada sólo en la ley de responsabilidad penal de los menores –con catastróficos efectos no del todo explicados al gran público–, pero su extrapolación se atisba con una subrepticia ampliación del tiempo (entre seis y doce meses) que el fiscal puede dedicar a practicar diligencias preprocesales sin dar cuenta al juez, según una reciente reforma del artículo 5 de su estatuto orgánico.

En conclusión, creo haber demostrado que la evolución del régimen político español posterior a la constitución de 1978 ha laminado las expectativas de conseguir una justicia penal propia de un Estado de Derecho. Utilizando como coartadas los efectos que han surtido anteriores medidas para controlar al poder judicial y una agenda antiliberal, los políticos socialistas, aliados a otros grupos colectivistas, tienen en marcha un programa de ocupación ilimitado de ese poder. La pusilanimidad, o, como parece ahora, la complicidad de una parte de la oposición con ese proyecto puede dejar tambaleantes a los pocos valladares de la libertad y la defensa de los derechos individuales que quedan en España.

La vigilancia continua y universal ha llegado

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre todos los esquemas de planificación central que los socialistas de todos los partidos han exhibido durante los últimos días destaca el que aboga por el incremento del gasto público en obras públicas e infraestructuras. El dogma keynesiano de que la demanda agregada es insuficiente para absorber toda la población activa parece encontrar cierta aceptación tanto en la izquierda como en la derecha.

Por errónea que sea, esta teoría parece tener un ápice de certeza, debido a la desafortunada analogía que suele establecerse entre la economía y la mecánica. Si el sistema productivo es como una máquina, hará falta inyectar combustible al motor para que se revolucione y ponga en funcionamiento el resto de las piezas (los trabajadores). Desde esta perspectiva, la demanda genera la oferta, no a la inversa.

Sin embargo, no es más que un puro disparate, que oculta las relaciones más elementales que se dan en una economía. Tanto desde un punto de vista financiero como desde una perspectiva real, el incremento de la obra pública no puede ser sino pernicioso para los intereses de los españoles.

La obra pública se financia con los impuestos, y si éstos suben los contibuyentes ven mermada la renta de que disponen para atender al pago de sus deudas (hipotecas, obligaciones empresariales, etcétera). La única manera de limitar el alcance destructor de la crisis pasa por limitar el número de impagos de la deuda española (que en la actualidad es tres veces superior al PIB). Si los acreedores quiebran, el crédito se restringirá aún más y los impagos se multiplicarán, con lo que se hunidrán los valores patrimoniales de familias y empresas (¿cuánto vale un paquete de acciones de una empresa quebrada?). Por este motivo, que el Estado capte una mayor parte de recursos vía impuestos (o vía déficit público) sólo reduce la capacidad de los españoles para atender periódicamente sus obligaciones.

Por otro lado, y como pone de manifiesto la teoría austriaca del ciclo económico, la actual crisis se produce por un desajuste entre las distintas estructuras de bienes de consumo y capital. Durante años, en España y en otros países occidentales se ha estado invirtiendo masivamente en el sector inmobiliario, al tiempo que ha confiado la producción de manufacturas a los países asiáticos, singularmente a China y la India.

Dado que en Occidente se producía demasiada vivienda y en Oriente manufacturas, la única manera de mantener el elevado ritmo de consumo de los países desarrollados era pagando con deuda a China y la India (de ahí los elevadísimos déficit comerciales). Todo esto ha permitido incrementar la riqueza de estos países exportadores tanto en términos de renta per cápita como de capacidad productiva. Y es aquí donde encontramos el cuello de botella que ha disparado el precio de las materias primas agrícolas e industriales.

La expansión crediticia occidental permitió aumentar desproporcionadamente la renta de chinos e indios, que de este modo empezaron a demandar masivamente mejoras  en su nivel de vida. Uno de los cambios más trascendentales ha sido la creciente presencia de carne en la dieta de aquéllos, lo que ha obligado a incrementar la cabaña ganadera y la demanda de cereales para alimentar a los animales.

La expansión crediticia facilitó asimismo un extraordinario incremento del capital fijo en China y la India, destinado a producir más manufacturas para Occidente. La mayor dotación de capital fijo requiere ahora de una enorme cantidad de materias primas industriales. Dado que el capital fijo en estas áreas se incrementó muy por encima del capital en otras industrias (como las relacionadas con las materias primas), la oferta no ha seguido a la demanda y los precios de las materias primas se han disparado. Hay un desequilibrio entre determinadas estructuras productivas (capital fijo en manufacturas y capital fijo en materias primas) que debe corregirse mediante reorientaciones de la inversión.

Pero para invertir es necesario ahorrar y canalizar ese ahorro hacia las industrias que  son ahora más rentables (materias primas), de modo que se pueda reestablecer una cierta armonía entre sectores productivos. La obra pública, lejos de canalizar los recursos escasos hacia las materias primas, los retiene en la construcción de infraestructuras, mucho menos necesarias que, por ejemplo, el petróleo, los cereales o el cobre.

Después de las brutales y omnipresentes obras públicas que ha padecido España (y especialmente Madrid) durante los últimos años, parece del todo absurdo que los intervencionistas sostengan que hemos entrado en crisis porque no hemos construido los suficientes edificios públicos, monumentos, túneles y carreteras.

Lo que necesitamos ahora es más ahorro, ya sea para amortizar la deuda viva o para invertir en los bienes de capital complementarios (materias primas) que se han quedado atrofiados durante los últimos años. Para ello resulta imprescindible bajar los impuestos, a poder ser en aquellas partidas que incentivan el ahorro; es decir, habría que eliminar la tributación de las ganancias del capital (como en Alemania), e incrementar al 100% las deducciones por reinversión de los beneficios empresariales.

Desde luego, la solución no pasa por echar mano de más deuda y más ladrillo, es decir, de lo que nos ha llevado adonde estamos.

Las favelas de Thatcher

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La ciudad es uno de los hallazgos más felices de la humanidad, máxima creación de ese vivir enlazados por relaciones voluntarias y abstractas que es característico de las sociedades libres y complejas. La ciudad es el nudo de la división del trabajo, y como ésta es una de las condiciones del desarrollo, ciudad y avance social siempre han ido de la mano.

Nadie lo diría si uno visita los bustíes indios, los katchi abadis de la vecina Pakistán, o las favelas brasileñas. Según los cálculos de Naciones Unidas en 2001, unos 1.000 millones de personas vivían en estos barrios de miseria, y el número se doblaría para 2030. Las políticas seguidas habitualmente por los políticos son los desahucios forzosos y masivos. Es una forma de actuar típica de los políticos, pero que no soluciona nada. Quien se fue a buscarse la vida a un barrio bajo es porque lo necesitaba, de modo que si echan abajo las cuatro miserables paredes en que se ha refugiado, las volverá a construir ahí o en cualquier otro sitio válido.

Hay otro camino; otro sendero, como titularon su seminal libro Enrique Ghersi, Mario Ghibellini, y Hernando de Soto. Ese sendero es el de los derechos de propiedad, y lo ha puesto en marcha el que prometía ser uno de los líderes de la nueva oleada socialista en Iberoamérica: Luiz Inacio Lula da Silva. En una de sus medidas primeras y más señeras, Lula puso en marcha un plan para reconocer derechos de propiedad sobre las favelas.

"Bueno, la diferencia es que ahora habrá un papelito que, simplemente, dice que es suyo", me rebatió un amigo mío a mi entusiasmo por la medida del líder brasileño. La diferencia es un papel, sí, pero también el proceso social que se desencadena con el reconocimiento de ese derecho. ¿Quién invertiría en una casa, por muy miserable que fuese, si no tiene el respaldo del derecho para hacerla suya? ¿Para qué mejorarla si cualquiera más fuerte que yo puede quedársela?

Es más, con todo lo pequeña y miserable que pueda ser una favela, una vez reconocida por el derecho, se puede comprar y vender con seguridad. Adquiere un valor de mercado. Y contra ese valor se puede pedir un crédito al banco, un dinero modesto pero quizás suficiente para hacer mejoras en ella, o para financiar un pequeño negocio; una furgoneta, un local…

Los que sólo se fíen de lo que ven, como Santo Tomás, que acudan al ejemplo de la Gran Bretaña salvada por Margaret Thatcher. Decenas y decenas de miles de trabajadores británicos vivían desde hacía años en unas casas que, a los ojos de todos, eran absolutamente indignas. No costaban apenas nada, un pequeño alquiler a cambio de vivir en estas viviendas, que eran de titularidad pública. Por un poco más de dinero el Gobierno de Thatcher les ofreció la posibilidad de comprarlas. Lo hicieron en masa. Y, como por ensalmo, aquellas casas parecieron revivir, mejoradas y acicaladas por sus nuevos propietarios.

Claro, que también los hay a quienes no les vale ni lo que está ante sus ojos. Esos no tienen remedio.