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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

La recesión sacudirá España en 2009

Sin embargo, la realidad, al igual que la basura, siempre acaba saliendo a la luz por mucho que se pretenda ocultar bajo la alfombra. Y si no, que se lo pregunten a los casi 2,4 millones de trabajadores que engordan las listas públicas de desempleo y que apenas cuentan con opciones para reincorporarse al mercado laboral a medio plazo. El deterioro económico se acelera por momentos y, pese al riesgo de que me tilden de antipatriota y agorero, es imparable.

La cuenta atrás está en marcha. En poco más de seis meses, España vivirá su primera recesión económica en 15 años. Es decir, lo peor está por llegar. El aumento del paro, la elevada inflación, el encarecimiento de las hipotecas, el incremento de las quiebras empresariales o la restricción del crédito tan sólo han sido meros coletazos que, a modo de advertencia, avecinan la recesión que se cierne sobre España al final del túnel.

Una crisis que, dadas sus dimensiones y características, amenaza con superar incluso la de 1993. El propio ministro de Economía, Pedro Solbes, ha aventurado dicho pronóstico. En concreto, avanza que el crecimiento del PIB español en el segundo trimestre será inferior al 0,3% y que lo "peor" llegará a finales de 2008 y principios de 2009. Así, Solbes, con su habitual sutileza, ha terminado por reconocer que la recesión (dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo) está al caer.

No obstante, el ritmo de afiliación a la Seguridad Social, uno de los principales indicadores para medir la salud de la economía, cayó un 0,9% interanual el pasado mes de junio, la primera vez desde 1993. Sin embargo, lo peor del actual proceso consiste en que la producción española ha demostrado su incapacidad para afrontar el desplome inmobiliario. La cultura del ladrillo, basada en el endeudamiento masivo gracias a la expansión del crédito facilitada por los bancos centrales, ha llegado a su fin, y con ella la época de una bonanza económica, en gran medida artificial.

La industria y el sector servicios muestran ya las primeras señales de recesión. Con una escasa productividad y un nivel de innovación tecnológica que casi se sitúa a la cola de la UE, España se ha quedado, de un día para otro, sin motores económicos alternativos capaces de mantener el PIB a flote. No se trata de una mera crisis coyuntural y transitoria, tal y como reitera el Gobierno. La crisis española es estructural y, por ello, precisa, de reformas de calado, no de meras pinceladas superficiales a fin de mejorar su imagen.

A partir de ahora, la clave del debate económico girará en torno a las soluciones y recetas a aplicar, puesto que el diagnóstico es evidente desde hace meses. No obstante, el problema es que de momento el Ejecutivo yerra en ambos puntos: en primer lugar falla en el diagnóstico, ya que no reconoce la crisis y culpa a factores exógenos de las deficiencias que presenta la economía española; y lo que es peor, se equivoca en la solución al insistir en políticas de gasto público y medidas para animar la demanda, cuando lo que realmente precisa el país es una reforma en profundidad encaminada a reducir y eliminar impuestos, fomentar el ahorro, suprimir trabas administrativas a los empresarios y flexibilizar al máximo el mercado laboral.

Conclusión. De seguir por esta senda, España se enfrentará a una larga y dolorosa travesía por el desierto, ya sea a modo de recesión o estancamiento económico. En este sentido, cabe recordar que España es incapaz de generar empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2,5 o, como mucho, al 2% interanual.

La balada del especulador

Para explicar qué hace un especulador, pongamos el ejemplo de un comprador de grano. El especulador considera que el año que viene habrá una mayor necesidad de grano y que el precio del mismo será mayor que el de este. Entonces, compra una cantidad de grano, la retira del mercado y la guarda para el siguiente ejercicio, cuando la venderá. ¿Ha subido el especulador los precios futuros? Al contrario. Por un lado ha subido los precios de este año, porque ha retirado del mercado parte de la oferta. Y contribuye a que los precios del año siguiente sean más bajos.

Si su apreciación del futuro es adecuada, si los precios futuros iban a ser muy superiores a los de este año, el especulador obtiene beneficios. Pero esos beneficios están asociados a una gran labor social: al aumentar los precios actuales contribuye a lanzar la señal de que el bien es más escaso de lo que parecía en un principio, y que es conveniente conservarlo, quizás no consumirlo tan alegremente. Y por otro lo ofrece cuando más necesario es, como muestra los altos precios del año por venir. Si su apreciación es errónea, en lugar de contribuir al bienestar de la sociedad, la han empeorado. Ahora bien, lo que reciben a cambio son pérdidas. Beneficios y pérdidas son a la vez signo de la contribución privada al bienestar de la sociedad en la que viven, y premio o castigo por ello.

Todos somos especuladores, pues la función del especulador es la de mirar al futuro y plantearse qué evolución tomarán las cosas. Especulador es el que se plantea si elegir uno u otro trabajo en función del sueldo, las posibilidades de promoción, el capital humano que adquirirá, etc. Especulador es el que apuesta por comprar una casa cuyo valor futuro es incierto. Todos somos especuladores, aunque la mayoría critiquemos privadamente a los especuladores y les pongamos como causantes de todos los males.

Internet en la Edad Media

El régimen de Teherán está preparando una ley para, entre otras cosas, llevar a la horca o amputarle una mano y una pierna por la "creación de blogs y sitios de Internet que hagan apología de la corrupción, la prostitución y la apostasía". ¿Qué harán si el que comete tal delito es además homosexual (les ahorcan con independencia de lo que hagan en Internet) o una mujer adultera (destinada en Irán a la lapidación)? ¿Arrancarles la piel a tiras antes de ponerles el cuello en la soga? Mejor no pensarlo.

Hasta ahora la situación de la libertad en Internet en Irán era lamentable, con bloqueos de sitios de alojamiento de blogs, cierre de periódicos digitales y detención de autores de bitácoras como algunas prácticas comunes. Pero siendo terrible, no va más allá de lo que ocurre en otros países como China, Vietnam, Cuba, Egipto o su vecina Siria, país que este año ha batido un triste record en el mundo árabe al tener detenidos a cinco bloggers y ciberdisidentes. Sin embargo de aprobarse la nueva ley, lo cual es muy probable al ser diputados de la corriente (aunque allí a las diferentes corrientes del “movimiento” se les llame partidos) próximas al Gobierno, se habrá dado un importante paso cualitativo hasta ahora sin precedentes.

En la actualidad, Internet en Irán se encuentra en una situación típica de cualquier sistema dictatorial del signo que sea. Está vigilada, limitada y quien osa a expresarse en ella puede acabar en la cárcel. Por desgracia, nada nuevo. Sin embargo, que el usarla con según que fines pueda costarle a uno ser condenado a muerte es una terrible novedad. Y los motivos que pueden llevar a la horca hacen retroceder a la Red en ese país a la Edad Media. En realidad, algo muy propio de la antigua Persia desde que se acabara la dictadura de los Pahlevi y comenzara la de los ayatolás. Un sistema medieval con tecnología del siglo XXI.

Diversidad, no igualdad impuesta

Estudios de este tipo pueden hacer chirriar los oídos de cualquier político y amante de la imposición moral socialista como los de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que no ha dudado en mentir sobre la realidad de nuestro mercado laboral al afirmar que las mujeres son más precarias que los hombres cuando ocurre lo contrario según el INE. La sociedad es diversidad, no todo el mundo aspira a ser igual y si se impone la igualdad no puede haber diversidad. La igualdad es un concepto restrictivo sólo aplicable a la justicia. Ante la ley todos hemos de ser iguales, pero algo así no significa que tengamos que serlo en nuestras vidas personales y mucho que nos lo tengan que imponer. Ahí, nosotros elegimos, no un puñado de burócratas que se creen con legitimidad para opinar sobre nuestras vidas. Curiosamente, las cosas van al revés hoy día.

Políticos y socialistas siempre han mantenido un discurso contradictorio en el tema de la igualdad y discriminación laboral. Por una parte, siempre nos dicen que el capitalismo es un sistema que sólo prima la productividad y no atiende a los valores morales. El empresario siempre es presentado como un hombre avaro que sólo piensa en dinero comerciando con cualquier cosa, lo único importante es el beneficio. Por eso el sistema capitalista siempre es salvaje.

Pero cuando tocamos el tema de la igualdad laboral, las cosas dan un giro radical. Ese empresario avaro que sólo piensa en el beneficio económico, ahora se vuelve un firme defensor de la moral conservadora olvidando sus tan preciadas rentas. Cuando se trata de contratar a un hombre o a una mujer, ahora el egoísta empresario no piensa en la productividad, ni en el coste de oportunidad que hay entre esa mujer y un hombre. El empresario, ahora prefiere perder dinero contratando a un hombre hedonista que no a una mujer trabajadora. O también, prefiere subir el salario a un mal trabajador para bajárselo a una productiva trabajadora aún a riesgo que ésta se vaya a la competencia. Bueno, en qué quedamos. ¿Qué es el empresario? ¿Un defensor de la moral o alguien obsesionado con el beneficio económico?

El empleador que discrimina por razones morales corre el serio riesgo de perder productividad, competitividad y dinero. Ningún empresario hace algo así de forma masiva y constante. El que lo hace, acaba siendo expulsado del mercado. Fíjese, en cambio, que no ocurre lo mismo en el mundo de la política ya que la responsabilidad no existe. Uno de los ejemplos más sonados fue la ratificación de la ministra Magdalena Álvarez, que tras sólo causar desastres en su ministerio de Fomento (socavones, desconfianza empresarial, retrasos, desidia, averías, más retrasos…), fue reelegida en su puesto.

El lema, “hombres y mujeres han de cobrar lo mismo por el mismo trabajo”, tiene tanto sentido como “las chicas de 16 años y mujeres de 40, han de cobrar lo mismo”, o “a los hombres y a las mujeres han de gustarles las mismas cosas”. Si expandimos el igualitarismo a toda la economía ¿también hemos de imponer que enfermeras y camioneros cobren lo mismo porque sino las primeras se sentirán discriminadas respecto a los segundos?

Un buen jefe, no lo es por una ley ni porque lo diga un papel enviado a Recursos Humanos, sino por el respeto que infunde a sus trabajadores, pares y jefes así como los aciertos que consigue para la empresa. Si el jefe vale, los que estén con él medrarán a la vez. En el momento que una ley impone responsabilidades a una persona por haber nacido mujer, ser latinoamericano, negro o pertenecer a una minoría –aunque no haya hecho nada para conseguirlo–, la empresa sólo logrará que sus trabajadores boicoteen al jefe–cuota, le pierdan el respeto, baje la productividad de todos e incluso que le abandonen dejando marginado, además, a la persona productiva y trabajadora.

Un estatuto para gobernarlos a todos

Y llevarlos a las tinieblas. Reaparece el proyecto de ley del Estatuto del Periodista. Retornando a los tiempos en los que gobernaba España un general gallego llamado Francisco Franco, una norma jurídica pretende entre otras cosas decir quién es periodista y quién no lo es. No es una cuestión menor, puesto que para poder ocupar ciertos puestos en los medios de comunicación será obligatorio estar reconocido como tal por el Estado o por aquellas organizaciones a las que el Estado les otorgue la potestad de hacerlo.

Y por supuesto, como ocurría en aquellos años de dictadura, el carné de periodista podrá ser retirado a aquel que no se comporte como un "chico bueno". Parece ser que los propulsores del estatuto de marras quieren copiar la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, derogada en algunos de sus aspectos pero vigente en otros. Cierto es que la conocida como "Ley Fraga" (por ese otro gallego de nombre Manuel que hoy va de reformista de la derecha y que por aquel entonces era el ministro de Información y Turismo que impulsó la norma) en su momento pudo ser un avance por eliminar la censura previa, pero contiene aspectos que supondrían un serio paso atrás para la libertad en una democracia.

Y son precisamente algunos de estos aspectos los que están presentes en el Estatuto cuya tramitación parlamentaria llevaba varios años congelada y que ahora parece comienza de nuevo a caminar. Uno de ellos es el ya citado reconocimiento oficial como periodista para poder ejercer ciertas funciones. Es posible que tal poder se la vaya a otorgar, como durante la dictadura, a las asociaciones de la prensa. Eso explicaría que el mismo presidente de la organización de Madrid, Fernando González Urbaneja, que en 2004 dijera que el proyecto de Estatuto era un disparate e inadmisible por devolvernos al franquismo, actualmente que también ocupa la presidencia de la Federación de Asociaciones de la Prensa no lo vea tan mal.

También en aquel entonces se establecía entre las limitaciones a la libertad de expresión faltar a la "verdad" o a la "moral". El Estatuto que quieren imponer desde IU, ERC, PSOE, sindicatos de periodistas, Colegio de Periodistas de Cataluña y alguno más utiliza otras palabras para decir lo mismo. Se sancionarán las faltas de deontológicas. Es incluso peor, pues por aquel entonces quien juzgaba y sancionaba eran los tribunales, mientras que ahora pretenden que sea un nuevo órgano no judicial llamado Consejo de la Información Estatal, junto al que existirían otros autonómicos con iguales competencias en su ámbito territorial.

Ese Estatuto del Periodista que nos puede caer a los españoles (sus víctimas directas serían los profesionales de los medios, pero sus efectos perjudicarían a todos los ciudadanos) puede se un terrible paso atrás para la libertad. Conjuga lo peor de ese corporativismo profesional que no es otra cosa que una actualización de los gremios medievales con el control de los medios y, por tanto, de la información y la opinión.

Interior quiere censurar

A la absurda petición de cinco años de prisión por enlazar a una página que enlaza a otra con contenidos de pornografía infantil, se suma ahora la pretensión del Ministerio del Interior de que la policía pueda bloquear el acceso a sitios web de esa naturaleza.

El sistema en sí es relativamente simple. Se establece una lista negra de sitios web de pornografía infantil y los proveedores de Internet no sólo bloquean el acceso a los mismos; además redirigen al usuario a una página de la Policía en la que se le informa de que los contenidos que iba a visitar son ilegales. La complicación llega del terreno legal y de las libertades. Quienes establecen qué sitios web deben ser sometidos a esta medida son las fuerzas de seguridad. No suena muy prudente eso de dar a unos funcionarios policiales, ni de cualquier otro tipo, esa capacidad censora.

Que uno o varios policías puedan incluir en un listado de ese tipo a las páginas que consideren que se lo merecen sin requerir un mandato judicial previo (que por lo que se ha informado parece que no es necesario) es bastante imprudente. Cuando se otorga a unas personas un poder excesivo, el riesgo de que alguno abuse de él siempre está presente y casi siempre el abuso terminará teniendo lugar. Con este sistema, el peligro de que páginas que no tienen contenidos ilegales terminen siendo bloqueadas –bien por un exceso de celo al considerar que es pornografía infantil algo que está cerca pero no lo es, bien debido a que alguien caiga en la tentación de usar el sistema contra contenidos que no tienen nada que ver con la pedofilia– es muy alto.

Existen además riesgos añadidos. Si se acepta que se elimine la intervención judicial para declarar ilegales unos contenidos en un determinado supuesto, en este caso la presunta presencia de pornografía infantil, antes o después se aceptará en otros casos. De esta manera, la libertad se iría viendo progresivamente recortada al disminuir las garantías ante posibles abusos de las fuerzas de seguridad o el Ministerio del Interior. Y cuando se entra en una espiral de este tipo resulta cada vez más complicado pararla.

Sólo con estos más que evidentes riesgos para la libertad debería ser suficiente para rechazar una medida de este tipo. Pero es que, además, esta no resultaría muy efectiva. Al depender del acuerdo de los proveedores, quienes quieran acceder a pornografía infantil tan sólo tendrán que contratar los servicios de alguno que no haya pactado con la Policía su inclusión en el sistema. Y en el caso de que todos lo hicieran, siempre existen formas de engañar al servicio de acceso a internet para que no detecte las páginas que uno visita, con lo que el mecanismo resultaría inútil.

Dejó dicho Benjamín Franklin que "quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". El problema es que con la nueva propuesta del Ministerio del Interior quienes perdemos una y otra somos el conjunto de los ciudadanos.

Los serviles Reporteros sin Fronteras

Sin embargo, es una ONG que obtiene sus cuatro millones de euros anuales de presupuesto principalmente de las arcas del Estado francés y, sobre todo, de la Unión Europea, lo cual debería hacernos dudar de su imparcialidad. Y, efectivamente, empieza a haber razones de peso para desconfiar.

La primera de ellas es su índice de libertad de prensa. RSF no publica la metodología por la que obtiene su índice numérico ni las razones concretas por las que unos países están mejor situados que otros. Pues bien, resulta que los catorce países mejor situados son todos europeos; de los 35 primeros, 25 son europeos. Canadá, país donde Mark Steyn y la revista Maclean’s se enfrentan a sanciones por "herir los sentimientos", está en el puesto número 18 mientras Estados Unidos, donde ser condenado por decir o escribir las mayores barbaridades es prácticamente imposible, obtiene un mediocre puesto 48. Incluso España, con sus CAC, sus juicios contra la libertad de expresión y sus amenazas terroristas contra periodistas, está mejor colocada que el gigante norteamericano.

No obstante, un caso reciente pone en tela de juicio los aciertos de esta organización en lo referente a internet. Se trata del caso Al Dura. Supongo que todos ustedes recuerdan las imágenes, emitidas primero por la televisión pública francesa France 2 y luego reproducidas una y otra vez por todo el mundo, del padre y el niño palestinos atrapados por el fuego cruzado entre israelíes y palestinos. La voz de Charles Enderlin, periodista de France 2, explicaba que ambos fueron "objetivo" de los israelíes (es decir, que fue algo deliberado). Las imágenes fueron ampliamente utilizadas por la propaganda propalestina, que calló cuando se empezó a denunciar que por las posiciones de los soldados israelíes y los terroristas palestinos, sólo podían habían muerto por disparos de estos últimos.

Pero hubo más. Las imágenes emitidas por France 2 y distribuidas al resto de televisiones eran sólo una fracción de 50 segundos de la media hora que se grabó de aquel incidente. Pese a las negativas de la cadena a facilitar la grabación completa, las imágenes de otros cámaras no hicieron sino incrementar las dudas sobre la autenticidad del incidente, como puede verse en los documentales de Pallywood. Los responsables de la televisión estatal francesa demandaron entonces al blogger Philippe Karsenty por haber difamado al periodista responsable de la información y a la misma cadena al afirmar que había sido un montaje. Los tribunales le dieron la razón a los liberticidas, pero Karsenty no se amilanó y recurrió el fallo. Ahora, una instancia superior, sin entrar en quién tiene razón sobre los hechos, ha dictaminado que hay indicios suficientes como para que Karsenty tenga todo el derecho del mundo a opinar que France 2 mintió sobre el caso Al Dura.

El caso es que los periodistas franceses han publicado un manifiesto de apoyo a Charles Enderin y France 2 en Le Nouvel Observateur. ¿Adivinan quién está entre los firmantes? Pues el fundador y secretario general de Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard. Tenemos una cadena propiedad del Estado demandando a un blogger por haber expresado una opinión, un claro abuso de poder y una forma de intimidación contraria a la libertad de expresión que RSF dice defender. Karsenty es, a todos los efectos, un ciberdisidente puro. Pero claro, es que el Estado francés es uno de los que paga las facturas. Y por ahí no pasamos.

Violencia

Violencia es una de las palabras que mejor definirían la situación actual. El parón de cierto sector de los transportistas está causando estragos, afectando al conjunto de la economía española y generando violencia en muchos aspectos.

Ya ha habido un miembro de un piquete muerto tras ser atropellado por otro camionero y un herido en trágicas circunstancias, que sufrió quemaduras importantes por el incendio de su camión, presuntamente provocado por compañeros suyos mientras él dormía. Personas que probablemente tengan comportamientos diarios pacíficos y normales, pero que en circunstancias como éstas, en las que el efecto arrastre de la masa tiene mucha relevancia, manifiestan lo peor de ellas mismas; algo similar a lo que podría ocurrir en los campos de fútbol. Estos hechos serían lo más visible del brote de violencia que estamos padeciendo, pero no los únicos.

En segundo lugar tenemos la violencia que los huelguistas están ejerciendo hacia los que no quieren parar. Como era de esperar en una huelga, no se conforman con no trabajar (perjudicando a otros sectores e individuos no relacionados directamente con ellos) y reivindicar lo que crean oportuno, sino que se dedican a coaccionar ilegítimamente a los que sí quieren trabajar. Y el gobierno, supuesto garante de nuestros derechos y libertades, tardando en reaccionar y mirándolas venir durante los primeros días; una actitud que debería extrañar a muy pocos a estas alturas.

Además, como nos enseñó el fantástico economista francés del siglo XIX Bastiat, debemos mirar más allá de los efectos que se ven a primera vista, y prestar atención a lo que permanece más oculto. Este parón, con todas sus implicaciones, también puede causar sentimientos violentos en parte de la población hacia los transportistas, hayan participado o no de la huelga. Algo que contribuye a caldear el panorama social en tiempos no excesivamente tranquilos.

Por último, habría que tener en cuenta las exigencias de los huelguistas, que como decía Juan Morillo, consisten básicamente en "sacar dinero del bolsillo de los contribuyentes en beneficio de unos pocos privilegiados… socializar las pérdidas y vulnerar derechos". Es decir, piden más violencia y coacción institucionalizadas a través del estado, produciendo más tiranteces y conflictos sociales entre distintos agentes, ya que si el gobierno les concede lo que piden, ¿por qué no protestamos todos? Quizá haya suerte y consigamos algo, siempre a expensas de los demás, pero eso importa poco con tal de conseguir lo que queremos. Y es que así es como funciona el intervencionismo, generando incentivos inadecuados que hacen que unos se beneficien a costa de otros, algo que no sucede mediante el intercambio voluntario característico del sistema de libre mercado. Cuanto mayor sea el peso y tamaño del estado, mayores posibilidades habrá de que un grupo o sector de la sociedad presione al gobierno para conseguir ciertos privilegios por encima del resto de la sociedad.

Mientras tanto, se culpa al "neoliberalismo radical" (estaría bien que nos explicara la vicepresidenta en qué consiste eso exactamente) de los problemas de nuestra economía. Algo totalmente absurdo, pero que no sorprende en absoluto viniendo de quien viene.

Sin embargo, ya no hay razón por la que preocuparse: el Gobierno se ha puesto manos a la obra. Rubalcaba acaba de invitar a los transportistas a salir a trabajar "porque no existe ningún riesgo", y si tienen alguna duda o problema, que llamen a la policía. Y Zapatero advirtió que "el Gobierno tendrá tolerancia cero con cualquier acto de coacción o de violencia". ¿Se refiere también a todos los actos coactivos que realiza el Estado coartando la libertad y los derechos de los individuos? Me temo que no.

Voces de la libertad

La mayor parte de quienes lean esta columna saben de sobra quién es Carlos Alberto Montaner, ese admirable escritor, periodista y activista por la libertad para la isla con quien tengo el privilegio de compartir páginas virtuales.

Además de ser los dos cubanos (uno en el interior, otro en el exilio), ambos comparten el honor de ser objeto de una dura campaña de difamación del régimen comunista y sus palmeros en el resto del mundo. De hecho la última oleada de ataques a la imagen de Montaner desde La Habana tenía como uno de sus objetivos iniciales tratar de desprestigiar a la bloggera, como el propio escritor señala en un reciente artículo. Resulta totalmente surrealista pretender, como hacen los secuaces de los hermanos Castro, que un colaborador de Libertad Digital, el que sea, tiene la capacidad de hacer que El País le otorgue un premio a alguien, en este caso Yoani Sánchez.

En el caso de Montaner, el odio que le tiene el castrismo viene de muy lejos y parece inextinguible, como demuestra que todo lo referido a su persona siga molestándole tanto. Parece que no se esperaban el manifiesto de apoyo firmado inicialmente por ciento cuarenta personas –entre las que figuran personalidades del nivel de Mario y Álvaro Vargas Llosa, Havel, Aznar o Lacalle, y que ya suma más de trescientos firmantes, algunos de la talla de André Glucksmann o Adam Michnik– y que tan mal les ha sentado. Al menos eso es lo que se desprende de la nueva arremetida escrita en Granma por un franco-canadiense entregado al régimen de La Habana.

Lo de Yoani Sánchez es diferente. Les ha empezado a molestar hace poco tiempo. Posiblemente al principio el Gobierno de La Habana no intentara actuar contra ella y permitiera acceder a Generación Y desde la Isla para aparentar un aperturismo que pudieran vender esos medios occidentales siempre tan ansiosos de poder hablar bien de los hermanos Castro. Sin embargo, una vez que la prensa extranjera habló de ella, bloquearon el acceso a la bitácora desde Cuba. Pero no fue suficiente. El País le concedió el Premio Ortega y Gasset, y la respuesta de las autoridades comunistas fue impedirle salir de su país para venir a España a recogerlo.

Pero ni así lograron que se dejara de hablar de ella. Crearon un blog escrito por un supuesto Yohandry (un nombre que trata de llevar a la confusión) para tratar de contrarrestar la influencia de Yoani Sánchez, pero no lograron su objetivo. Por eso inventaron una fantástica y demencial historia de conspiraciones, espías y grandes corporaciones (¡Prisa como un tentáculo de la CIA!) en la que metieron con calzador a Montaner. Es posible que si no encarcelan a la bloggera, tan incómoda para ellos, se deba tan sólo al daño que haría eso a la falsa imagen de aperturismo que trata de mostrar Raúl Castro.

Carlos Alberto Montaner y Yoani Sánchez son dos dignos ejemplos de lo que más odia la dictadura comunista: cubanos que fuera o dentro de la mayor de las Antillas no aceptan que sus compatriotas y ellos mismos no puedan ser libres. Dos auténticas voces de la libertad.

Cuando los camiones se incendian solos

El chofer que ahora mismo se recupera de graves quemaduras, sufridas mientras dormía en la cabina de su camión en un polígono de la provincia de Alicante, encontrará sin duda un gran alivio espiritual al saber que fue el camión el que se incendió, él solito, y por tanto, sus heridas no son consecuencia del acto vandálico de un "piquete informativo" formado por compañeros de profesión. Pero tras el bálsamo proporcionado por los presentadores del telediario, vendrá la angustia de pensar si acaso no fue él mismo quien, en un rapto de locura transitoria, prendió fuego a la cabina, porque en ese caso se va a ver obligado a dar abundantes explicaciones a su empresa y a los investigadores del seguro.

Ocurre en este caso como en los libros de Historia de la LOGSE cuando relatan el incendio de iglesias y conventos ya en los albores de la Segunda República, paraíso de derechos y libertades, de tolerancia y progreso. "Ardió", es la explicación que suelen ofrecer al lector sus autores, como si todos los sacristanes de las iglesias madrileñas hubieran olvidado el mismo día apagar las velas del retablo de la patrona. "Ardió". Igual que el camión de este trabajador. Con él dentro.

Está mal quemar a una persona para lograr una subvención estatal para el gasóleo o una nueva coacción institucional hacia el resto de ciudadanos para premiar a un grupo organizado, pero peor aún es insultarle de esta manera mientras intenta recuperarse en una habitación de hospital. Cuatro camiones más, aparcados junto al del herido, "ardieron" también esa noche. Espontáneamente, por supuesto. Algún chispazo eléctrico de una bujía defectuosa que, asombrosamente, se produjo con el contacto apagado y el ocupante durmiendo en la cabina.

Los miembros de ese "piquete informativo" seguramente estarán durmiendo a pierna suelta con la satisfacción del deber cumplido. Sorprendente lo que el ser humano puede llegar a degenerar por trincar una subvención.