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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

El error de Telma Ortiz

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Como parece mantener la compostura, le insultan, a ver si un mal gesto les permite sacar esa instantánea que se gane la portada. ¿Tiene derecho a seleccionar en qué portadas puede aparecer y en cuáles no, a evitar que su vida privada sea compartida por millones de españoles?

Ha querido proteger su intimidad haciendo que la juez ordenada a más de medio centenar de medios de comunicación, alguno inexistente, que no publiquen ninguna imagen de la hermana de la Princesa, a excepción de sus comparecencias junto a los Príncipes o la Familia Real. Es decir, lo que quería Telma Ortiz Rocasolano era, ni más ni menos que la vuelta a la censura previa. Últimamente ha habido en España varios grandes intentos de censurar a los medios desde los tribunales y dos vienen de la Familia Real. ¿No falla algo en esa Casa?

La cuestión de fondo no se ha llegado a dilucidar en el fallo. ¿Tenemos un derecho a la intimidad? Si existe, ¿en qué medida se puede exigir su protección frente a la libertad de expresión? ¿Tenemos derecho a impedir que los demás hagan lo que quieran de nuestra imagen?

Se puede pensar que nuestra imagen física es también parte de nosotros y, por tanto, nos pertenece. Así, nosotros decidimos qué uso se puede hacer de ella, si se puede reproducir o no. El hecho de ser una "personalidad pública" no altera ese derecho, ya que si nos pertenece podemos disponer de él como queramos; vendiéndolo en un momento, cediéndolo a continuación y prohibiendo su uso en una ocasión distinta. ¿Acaso una mujer ha perdido el derecho sobre su sexualidad por el hecho de que se haya prostituido? Ese derecho a la imagen propia debería ser protección suficiente y, hasta cierto punto, está recogido en nuestra legislación. Por otro lado, si las calles fuesen privadas, los transeúntes sabrían qué normas tienen que respetar. Como son públicas, los límites de lo que podemos hacer no están claros.

A Telma le hubiese bastado con llevar a los medios que hubiesen violado su derecho a la propia imagen a los tribunales. Si hubiese combinado esa estrategia con unas cuantas conversaciones con los responsables de los medios se habría quedado al margen de los focos. Que haya querido reinstaurar la censura previa demuestra que no tiene las ideas claras y que tampoco cuenta con quien se las aclare.

Derecho de propiedad y libertad de empresa

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Observando los países con mayor grado de desarrollo, cualquier persona con cierta capacidad de raciocinio, comprueba cómo sus leyes, usos y costumbres han permitido durante décadas el respeto de ciertas instituciones morales, independientemente del Gobierno circunstancial que legisle en cada momento.

Respecto del desarrollo socioeconómico de cada nación, son esenciales los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos por parte de los ciudadanos y de sus políticos. Con un marco normativo adecuado, la libertad de interacción de miles de empresas y trabajadores permite el libre intercambio de bienes y servicios que impulsan la sociedad hacia las mayores cotas de progreso. Cuando se ataca este ámbito de libertad de las personas, se perjudica la creación de riqueza. Por eso resulta de especial interés analizar el nivel de protección de la propiedad privada y de la libertad de empresa en la legislación española.

En el apartado primero del artículo 33 de la Constitución Española de 1978 (CE) “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Pero al analizar su segundo apartado, comprobamos como esos derechos no se protegen suficientemente, ya que quedan supeditados al arbitrio político al afirmar que “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. Para rematar la faena de legislación intervencionista, el apartado tercero permite que se pueda privar a un individuo de la propiedad de sus bienes “por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”.

Con la anterior redacción, la Constitución permite que se perpetúen leyes como la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) que fue aprobada el 16 de diciembre de 1954. Gracias a ella, por ejemplo, una Comunidad Autónoma o un Municipio pueden expropiar una propiedad privada por su “interés social” (Art.71 LEF) para desarrollar un proyecto urbanístico que beneficie a los empresarios cercanos al partido en el poder. Más de cuatro quintas partes de las expropiaciones forzosas se realizan aplicando el “procedimiento especial” (Art. 59 LEF) por el que se tramitan administrativamente con carácter de urgencia. El ciudadano sólo puede acudir a los tribunales ordinarios cuando ya esté agotada la vía administrativa y, por tanto, haya sido ejecutada la expropiación.

Por tanto, una reforma del artículo 33 tendría que excluir estos derechos del ámbito del derecho administrativo, así como evitar generalidades que supediten su ejercicio a la “función social”, a la “utilidad pública” o al “interés general”.

Pero si defender el derecho de propiedad es esencial para fomentar la riqueza de las naciones evitando derivas intervencionistas por parte de los políticos, no lo es menos defender la libertad de empresa, que queda reconocida en el artículo 38 de la CE “en el marco de la economía de mercado”. Sin embargo, al igual que el derecho de propiedad, se supedita a la tutela de los políticos “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”, en vez de quedar bajo tutela exclusivamente judicial. Así pues, resulta necesaria una reforma similar a la planteada con respecto al derecho de propiedad, que evite la intervención estatal en la economía para favorecer a grupos sociales y empresarios cercanos al poder político, con las manidas excusas del “interés general”, la “función social”, la “ayuda al desarrollo” de sectores económicos, el fomento de la “productividad” o, incluso, la “planificación” de la producción.

Pero estas dos propuestas de protección constitucional de ciertos derechos y libertades sólo serán efectivas si existe una adecuada tutela judicial de los mismos, al quedar expresados en el apartado segundo del artículo 53 CE, que quedaría de esta forma:

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14, 30, 33, 38 y, en la Sección 1ª del Capítulo II, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Adicionalmente, habría que suprimir el apartado tercero de dicho artículo, dado que ofrece cierta tutela legal al Capítulo III que abarca los artículos 39 a 52 de la Constitución mediante “legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. Dichos artículos permiten la tutela gubernamental de derechos que quedan ya suficientemente protegidos al garantizar la propiedad privada en el artículo 33 y, la libertad de empresa y el libre intercambio entre los ciudadanos en el artículo 38.

Supongo que, para la actual clase política que redactó la Constitución y ha dado origen a la crisis institucional que padecemos, sería un sacrilegio constitucional suprimir dicho Capítulo III. Sin embargo, muchos ciudadanos nos conformaríamos con una reforma constitucional que permita garantizar en todo el territorio español los derechos de los artículos 14, 33 y 38, de modo que los derechos y libertades individuales quedaran tutelados sólo por jueces en el ámbito del derecho privado y, por ello, deben ser expresamente excluidos del derecho administrativo.

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Falsas reformas en Cuba

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La maquinaria propagandística del régimen comunista de Cuba funciona a toda máquina bajo el mando de Raúl Castro. El Gobierno totalitario anuncia poco a poco reformas que son recogidas por alborozo por sectores del periodismo occidental, siempre tan atentos a cualquier cosa que les sirva para tratar de lavar la imagen de los dirigentes de la Isla-cárcel. Sin embargo, todo sigue igual en la mayor de las Antillas.

En primer lugar, la sombra del mayor de los Castro Ruz sigue siendo alargada y, contra lo que parecen querer olvidar muchos, no ha renunciado del todo al poder. Fidel sigue al frente del Partido Comunista de Cuba, columna vertebral del sistema, con el cargo de primer secretario. Además, Raúl fue claro en su intervención al asumir la presidencia del país al decir que las principales decisiones deberían tener el beneplácito de su hermano.

Tal vez algo ha cambiado el reparto de poder entre ambos, pero entre los dos siguen rigiendo con mano de hierro, sangre y represión el destino de once millones de cubanos. Pero más importante aún es que un cambio de rostro, aunque el retiro de Fidel Castro hubiera sido total, no significa variación alguna del régimen. El sistema totalitario de partido único, el comunista, sigue vigente y las libertades siguen siendo en la Isla algo tan desconocido como lo eran antes de que el tirano barbudo cambiara el uniforme verde oliva por el chándal.

En cuanto a las reformas concretas, no se tratan más que de mero maquillaje y de un intento de obtener más dinero por parte del Estado. Primero se anunció que los cubanos podrían comprar ordenadores sin necesitar para ello un permiso del Gobierno. Se trata de un cambio vacío de contenido real. Para empezar, estos equipos informáticos deben adquirirse en tiendas en las que hay que pagar con pesos convertibles, una moneda a la que no tienen acceso la mayor parte de los cubanos, que cobran por su trabajo en la conocida como “moneda nacional”, 24 veces menos valiosa que la usada por los turistas. Además, de poco sirve un ordenador si no es posible conectarse a Internet (algo prohibido para los cubanos). Como decía hace unos días la opositora exiliada Bertha Antúnez Peret, en realidad tan sólo sirven como máquinas de escribir modernas.

A los ordenadores les siguieron los teléfonos móviles. También han de pagarse en pesos convertibles, con lo que se repite la dificultad para adquirirlos. Además, su precio es desorbitado para un cubano, en torno a los 600 euros, y el consumo mínimo exigido también es altísimo incluso para los estándares europeos o norteamericanos. Hay que tener en cuenta que, hasta ahora, quien dispusiera del dinero suficiente ya podía adquirir uno de estos aparatos en el mercado negro. Lo que ha hecho el régimen es asegurarse el monopolio en este sector para obtener los beneficios que antes conseguían quienes se atrevían a actuar a sus espaldas. Los cubanos siguen teniendo prohibido vender estos terminales, al igual que los ordenadores y muchos otros productos.

Y sobre el levantamiento de la prohibición a los autóctonos para entrar en hoteles, tampoco cambian mucho las cosas. Hasta ahora, el turista que quisiera subirse a su habitación a un cubano tan sólo tenía que pagar un pequeño soborno al personal que controla las puertas del establecimiento. Los principales beneficiaros de estas medidas serán los extranjeros que viajan al país para practicar turismo sexual y comprar los servicios de “jineteras” y “jineteros”.

Pero existe algo mucho más profundo. Las supuestas mejoras que podrían llegar a suponer estos cambios no suponen una reforma real. No sólo no se establece un mercado libre y sigue vigente el sistema de economía centralizada. Tampoco se avanza en otras libertades. No se podrá hablar de cambios mientras se siga reprimiendo la expresión de opiniones contrarias al Gobierno y varios cientos de presos políticos sigan encerrados en las innumerables prisiones dispersas por toda la Isla-cárcel.

Prisión

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Los miembros de esta organización parecen tener una mente maquiavélica. Para ellos, el fin justifica los medios. Así, da igual que la información sobre estas cuentas se haya conseguido pagando a unos criminales para robar los datos, da igual que se haya vulnerando el derecho internacional y da igual que ciudadanos españoles vayan a la cárcel. Todo está justificado si se logra ejemplarizar al resto de la población para que no trate de proteger sus ahorros frente al infinito apetito estatal.

Estos señores ni siquiera se plantean por qué "gente normal", como definían fuentes de la Agencia Tributaria a las personas denunciadas, se ve en la tesitura de convertirse en ciudadanos al margen de la ley. No se plantean que cuando la presión fiscal no para de aumentar, el ciudadano corriente tiene que realizar la dura elección entre dejar que el estado confisque sus ahorros o esconderlos para poder mejorar las condiciones de vida futuras de sus seres queridos. La perversión es máxima cuando el ciudadano no puede actuar conforme a la más elemental norma moral y al mandato legal al mismo tiempo.

Las grandes fortunas, a quienes algunos incautos esperaban encontrar detrás de estas cuentas, no tienen estos dilemas. Ojalá el resto podamos decir algún día lo mismo. Los sucesivos gobiernos han preparado nuestro sistema legal para que los millonarios tengan instrumentos de ahorro e inversión que les evitan los elevados impuestos a los que estamos condenados el resto de los ciudadanos. Ellos pueden proteger sus ahorros montando una SICAV o, si son tipos sin escrúpulos, lograr rentas subvencionadas pagadas por el Estado con cargo a la cartera del hombre corriente, por montar huertos solares y otros chiringuitos parecidos.

Los escolásticos españoles del Siglo de Oro mantenían que si el Rey no quería convertirse en Tirano tenía que mantener los impuestos dentro de los límites de lo aceptado por los legítimos dueños. Ya en nuestro siglo John Train ha defendido que si aceptamos que la posesión pacífica de la propiedad, el derecho a obtener y conservar lo producido y el derecho a la legítima defensa frente al robo son derechos humanos en el sentido que son consustanciales a la existencia de una sociedad que podamos considerar civilizada, en el momento que los impuestos pasan de ser un pago para soportar los asuntos estrictamente comunes a convertirse en confiscatorios, lo único que están haciendo los evasores es ejercer sus derechos naturales y preservar la civilización de los atropellos de gobernantes que han perdido cualquier legitimidad. Nuestras autoridades no tienen que meter a la "gente normal" en la cárcel sino ganarse la legitimidad que tienen las autoridades de países como Liechtenstein.

Los cercamientos y las revoluciones económicas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando el XVI no se había desplegado plenamente, con los Tudor en el trono, comenzaron a practicarse los cercamientos (“enclosures”), es decir, el cierre de los terrenos comunales y su conversión en tierras privadas puestas a la venta en pública subasta. Estos terrenos fueron reviviendo a medida que iban perdiendo su carácter comunal para pasar a formar parte de la propiedad de un particular. ¿Por qué es esto así?

La razón es lo que se ha llamado “La tragedia de los bienes comunales”, en feliz expresión de Garret Hardin. “Lo que es del común es del ningún”, que dice sabiamente nuestro refranero. Lo que ocurre en los bienes comunes es sencillo. Cualquier esfuerzo, cualquier coste por mejorar su rendimiento recae al ciento por ciento en quien lo realiza, mientras que el beneficio de esa mejora no va a él por completo, sino que sólo se llevará una fracción, ya que se divide entre todos. Mientras que si uno toma de ese recurso común, el beneficio para él de aprovecharse es del ciento por ciento, mientras que el perjuicio de ese comportamiento para el futuro no es todo para él, sino que se diluye entre todos.

En estas condiciones, llevarse todo fruto y no aportar nada para que éste madure o se acreciente es el comportamiento más lógico. Puesto que todos tienen los mismos incentivos, los bienes comunales se quedan esperando eternamente a que alguien dé el primer paso para trabajar en ellos, mientras que todo lo que den de provechoso se sobreexplota sin consideración alguna hacia el futuro, como ocurre con las pesquerías.

Ocurre todo lo contrario en los bienes privados. Todo coste o aporte para la mejora recae en quien las realiza, pero éste se lleva todo el premio, no tiene que compartirlo con otros. Y los costes futuros de la sobre explotación recaen enteramente sobre él, por lo que le interesará evitarla. Así las cosas, cuando un bien comunal pasa a manos privadas, como ocurrió cuando los cercamientos en Inglaterra y Gales (y con las desamortizaciones civiles en la España del XIX), éste parece revivir, adquiere de súbito todo su poder creador que es, en realidad, el de la mano de su nuevo y exclusivo dueño.

En Inglaterra los cercamientos se aceleraron en el XVIII y, paralelo a este desarrollo, se produjo lo que luego se ha llamado por los historiadores “Revolución agrícola inglesa”. Ya en manos privadas, esas tierras se beneficiaron del deseo de sus nuevos dueños de explotarlas de un modo cada vez más provechoso. Pusieron a su servicio la ciencia y la técnica, la mecanización y la rotación de cultivos. Y llevaron sus cosechas a un mercado cada vez más desarrollado y perfeccionado. La producción agrícola se multiplicó, y ello permitió un aumento de la población absolutamente sin precedentes en aquellas islas. A su vez, esta nueva población fue la mano de obra que puso en marcha las nuevas industrias del XVIII y XIX.

Fue así como los cercamientos dieron lugar a la revolución agrícola y esta a la industrial. La envidiable posición económica de Gran Bretaña y la paulatina pero imparable mejora económica del pueblo británico en aquellas décadas, que asombraron al mundo y le mostraron el camino, tienen una deuda con la disolución de las tierras comunales y la incorporación de estos terrenos a la red de bienes privados.

Cuando éramos clandestinos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En esa época, cuando la voz de Antonio tronaba relatando los escándalos de corrupción que el felipismo nos regalaba a diario y los socialistas comenzaron a ver su hegemonía en peligro, no era infrecuente asistir a casos de hostigamiento político contra quien se atrevía a sintonizar la maldita Antena 3 de Radio en la administración entre las ocho y las doce de la mañana. Yo he visto a un jefe de sección arrancar el auricular de un funcionario para comprobar si estaba escuchando a Antonio en lugar de a Sor Iñaki, la única voz radiofónica autorizada por el régimen. Con otros no se atrevían, claro, pero porque nos consideraban sencillamente irrecuperables (curiosamente éramos los que más y mejor trabajábamos, si me disculpan la inmodestia), así que se limitaban a postergarnos en todos los concursos de méritos con la ayuda inestimable de la mafia sindical, cuya meta no era defender los derechos de los trabajadores por igual sino contribuir a la preservación del régimen socialista, aunque en el proceso tuvieran que revolcarse en las heces hasta límites indecorosos incluso para la UGT de la época.

La principal aportación de Antonio Herrero a la España de la época no fue contribuir al cambio de régimen que el país necesitaba, ni siquiera la denuncia valiente de los escándalos del felipismo que acabaron en el procesamiento de muchos de sus protagonistas. Antonio hizo algo mucho más importante. Consiguió que la masa silenciosa de votantes de Aznar no se sintiera huérfana, en una época en que la derecha, anulada su presencia en los medios de comunicación de masas, estaba prácticamente en la clandestinidad. Su voz en las mañanas radiofónicas nos convencía de que luchar por unas ideas y llamar a las cosas por su nombre, además de una obligación, era la única actitud aceptable para un hombre libre. En los primeros noventa, muchos comenzaron a tener el valor suficiente para defender sus principios en público, sin tener en cuenta las represalias de una sociedad acojonada por el poder socialista, prácticamente omnímodo en esa época. Eso también lo hizo Antonio, aunque nunca tuvo el menor interés de convertirse en el líder espiritual de esa media España que no se resignaba a ser aplastada por Alfonso Guerra.

En al menos una delegación de una radio perfectamente reconocible se brindó al conocerse la muerte de Antonio Herrero (además, con sidra de a veinte duros la botella; eran y son así de cutres). Un trabajador presente ese día me lo contó, como también me relató que, acabado el brindis, algunos de sus compañeros fueron al inodoro a vomitar. Antonio no necesitaba ese homenaje póstumo, pero ya que lo hicieron, sirva como un mérito añadido a su trayectoria: jamás esa vasta pandilla de hijos de puta odió tanto a un hombre íntegro como él.

Que el primer Gobierno de Aznar iba a tener problemas con Herrero era algo que dábamos por supuesto todos sus oyentes. La tragedia de su muerte prematura evitó la fractura de la derecha social española, porque muchos de los votantes del PP, puestos ante la tesitura, nos hubiéramos ido con Antonio a donde quisiera llevarnos. A diferencia de los políticos, él siempre nos dijo la verdad. La verdad, ahí es nada.

Un juego violento

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

El título, según dicen muchos de quienes ya lo han probado, puede entrar en la categoría de obra de arte. Pero tiene otra característica notable: es muy violento. Y ya se sabe, en cuanto aparece un juego que destaca en este aspecto saltan por todas partes voces exigiendo la censura en el sector. Si, además, se da el caso de que en una cola de ansiosos compradores se produce una reyerta a navajazos, la excusa está servida para los neopuritanos en su cruzada contra este entretenimiento.

Al igual que hace décadas se acusaba al cine de las cosas más increíbles –recuerdo que en mi infancia llegué a escuchar que los niños se tiraban por las ventanas con una sábana puesta a modo de capa para imitar a Superman–, ahora se dirá que los navajazos son producto de la violencia del videojuego. Es la misma lógica que se aplicó con el tristemente célebre "asesino de la katana". No escuchamos entonces demasiadas voces que dijeran que este es un desequilibrado sin más (que podría haber actuado de similar manera influido por una película o un tebeo) y que los de las navajas seguramente sean unos macarras agresivos con independencia de que jueguen con consolas o no lo hagan.

Entre los que van a reclamar que se censure la industria de los videojuegos, aunque esperen al próximo diciembre o enero para hacerlo, estará Amnistía Internacional. Esta organización lleva media década usando las navidades para atacar al sector y exigir un mayor control sobre el mismo, mostrando en muchas de esas ocasiones un total desprecio hacia los padres. Con el argumento de la defensa de los derechos de los menores pretende recortar el papel paterno en la educación en los hijos y poner límites a la libertad de creación.

Aunque muchos no quieran verlo, estamos ante una cuestión que afecta a los derechos más básicos de las personas. Censurar los videojuegos, que cada vez se acercan más al género cinematográfico, es imponer controles estatales a la creatividad y recortar el libre comercio. Es un absoluto ataque a la sociedad civil, a un elemento tan importante como la familia. Quien lo hace demuestra que cree que los padres no tienen capacidad para educar a sus vástagos. Si admitimos que unos padres están capacitados para impedir que sus hijos vean una película de Nacho Vidal o un título tan violento como La Naranja Mecánica, deberíamos reconocer que también pueden hacerlo con los videojuegos violentos.

Al igual que se admite, porque es así, que un ciudadano adulto tiene capacidad para decidir qué libro le conviene leer, qué película ver o qué música escuchar, se debe aceptar que es perfectamente capaz de hacer lo mismo con los videojuegos. Y el mismo principio funciona a la hora de elegir cuáles son los productos de entretenimiento a los que acceden sus hijos. Pretender que esa tarea la acometa el Estado tan sólo demuestra miedo a la tecnología y a los cambios y una desconfianza profunda hacia la libertad individual.

Mujercitas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Camille Paglia, una de las líderes del movimiento feminista de los años 90, mantiene una campaña particular contra la candidata a presidente de los Estados Unidos Hillary Clinton. Esta actitud que, en un principio, pudiera resultar paradójica, tiene su explicación en la penosa utilización de su sexo que está haciendo la ex primera dama estadounidense.

Cierto que para decir las cosas tan claras como Camille Paglia hay que ser honesta como ella: bisexual que defiende al hombre masculino frente a la versión metrosexual tan de moda, feminista contra la acción afirmativa, atea que respeta la religión, piensa que el yihadismo es un peligro real e inminente para Occidente y, a pesar de ser demócrata, no le gusta su partido.

¿A qué se debe esta actitud hacia Hillary? Al falso feminismo que defiende, a que utiliza su condición de mujer para conseguir votos y a que esa obsesión le lleva a emprender una campaña anti-hombre que es liberticida e injusta. Hillary no convence a la mujer con formación que no acepta sus ataques a las amas de casa.

Pues no está mal. Pero Camille Paglia no está sola. Wendy McElroy, otra feminista individualista, en su libro Sexual Correctness: The Gender-Feminist Attack on Women, estudia la injusticia de la acción afirmativa y los argumentos de quienes la defienden. A pesar de que las barreras legales cayeron hace tiempo y hombres y mujeres somos iguales ante la ley, se supone que aún no se ejerce esa igualdad, especialmente en el ámbito del mercado, donde continuamente se infravalora a la mujer. Y dado que la explotación continúa, es necesario promulgar leyes protectoras: hay que preferir la mujer al hombre por ley para compensar la explotación a la que el mercado nos somete.

Pero, para McElroy, estas medidas hacen más mal que bien. En primer lugar, porque limitan la libertad al obligar al empresario a contratar a mujeres, arrebatándoles la capacidad de decidir sobre su propiedad. La libertad tiene riesgos. Toda elección entraña discriminación, eliminas una opción para quedarte con otra. Y cuando la elección del empresario no cuadra con los objetivos de los políticos, algo hay que hacer, aunque para ello haya que pisotear la libertad del empresario.

Tampoco el argumento de la justicia compensatoria es válido. No se trata de que aquel que inflija un daño lo repare, sino que las feministas totalitarias defienden que son los hombres descendientes de quienes siglos atrás no trataron a las mujeres de entonces como iguales ante la ley, quienes cargan con la responsabilidad de resarcir a las mujeres de hoy, incluso si ya existe la tan ansiada igualdad.

Otros autores como el economista Thomas Sowell, en el artículo The Grand Fallacy: Equating Male-Female Differences in Salary with Discrimination, apunta que las capacidades potenciales de diferentes grupos no tienen por qué ser iguales, y que incluso si lo fueran, cada uno de ellos podrían no tener interés en desarrollarlos completamente, o de la misma manera que otros. También explica Sowell que la discriminación positiva, tal y como sucedió con la discriminación racial, solamente va a servir para que se vea cuestionado el trabajo de cualquier mujer y para que, al exigirles menos para poder cumplir la cuota, se convierta en una profecía autocumplidora.

A pesar de este movimiento feminista anti-totalitario, en nuestro país caminamos en sentido opuesto. El Instituto de la Mujer  parece asumir las palabras de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista cuando afirmaban:

El burgués, que no ve en su mujer más que un simple instrumento de producción, al oírnos proclamar la necesidad de que los instrumentos de producción sean explotados colectivamente, no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se hará extensivo igualmente a la mujer. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer como mero instrumento de producción.

En la Guía de Sensibilización y Formación en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se establece como punto de partida que la igualdad ante la ley ya no es suficiente para conseguir la igualdad de oportunidades. No solamente se financian programas informativos que abarcan aspectos educativos, sanitarios y de empleo sino que se ponen en marcha con fondos europeos, nacionales, autonómicos y locales costosísimos programas de colaboración en los que se premian a las empresas que se distingan como “colaboradoras”, para lo cual, como requisito principal e indispensable, se requiere compromiso y responsabilidad por parte de la dirección de la empresa en apoyar y sostener una política de igualdad de oportunidades, implicándose positivamente tanto dentro como fuera del ámbito empresarial.

El panorama que se nos presenta es desolador, si nos atenemos, no solamente a la creación de un nuevo Ministerio de Igualdad, sino también al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) en el que se premia y promociona la feminización de la sociedad y se acaba por victimizar y denostar a los hombres. No tiene desperdicio el Manual para Elaborar un Plan de Igualdad en las Empresas que recuerda a los cuestionarios de cualquier comisariado político.

La igualdad mal entendida (porque los hombres y las mujeres somos diferentes) se está implementando por ley, es decir, coactivamente, con fondos públicos que son derrochados y, sobre todo, a costa de pisotear la libertad individual.

El machismo de la cadena de los terroristas suicidas

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde hace algunas semanas la orientación general de la cadena radiofónica tiende más a lo artístico y a lo literario. Las fotos trucadas de Aznar con George Bush y Blair o el artículo de su director con graves insultos a unos cuantos columnistas de la competencia son la confirmación de este cambio de rumbo.

El último texto del descubridor de los terroristas suicidas "confirmado por tres fuentes distintas" acusa a quienes han criticado la idoneidad de personajes como Carmen Chacón para convertirse en ministras de cosas muy feas, incluida cierta afición a realizar groseras actividades privadas que reblandecen la columna y te dejan ciego como efecto colateral. Y todo porque para el pijoprogresismo a las mujeres no se les debe criticar aunque sean tan incompetentes como sus colegas varones. Si las mujeres de izquierdas se respetaran a sí mismas un poquito más denunciarían esa actitud como ejemplo de machismo, pues la igualdad supone que todos, hombres y mujeres, también están sujetos a la crítica en la misma medida.

El rechazo del nombramiento de Carmen Chacón como ministra de Defensa no tienen nada que ver con su condición de mujer, y mucho menos de mujer saludablemente embarazada, Dios la bendiga. Se trata simplemente de que alguien que se declara pacifista, antimilitarista y "verde por fuera y roja por dentro" no es la mejor elección posible para dirigir el ejército de un país integrado en la OTAN. Es como si designaran a Brigitte Bardot o a cualquier otra militante antitaurina para presidir las corridas de la Feria de San Isidro en Las Ventas. Un despropósito.

Los jaleadores de Zapatero exaltan su figura como el personaje histórico que ha dignificado la figura de la mujer gracias a sus recientes nombramientos. Sin embargo, las mujeres han estado perfectamente preparadas para asumir estas y mayores responsabilidades mucho antes de que ZP iniciara su cruzada feminista a través del establecimiento de cuotas. En todo caso el argumento se les vuelve en su contra, pues si hasta que llegó Zapo la mujer no podía acceder en igualdad de condiciones a las altas magistraturas de la política, resultaría que las ministras y presidentas de las cámaras nombradas en su día por Aznar y González tuvieron que serlo necesariamente en función de su preparación y solvencia, no de su sexo, lo que situaría a estas pioneras muy por encima de sus colegas actuales en términos de mérito personal.

El establecimiento de cuotas, sean las que sean, son un insulto a quienes no necesitan estos favores amañados para labrarse un lugar preeminente en el mundo de la política, la empresa o la sociedad. Los más brillantes rechazan este juego sucio, aunque sea en su favor. En cambio, las agraciadas por la pedrea ministerial del Feministo se declaran encantadas de "hacer Historia" gracias al macho alfa del Consejo de Ministros. Pueden estar seguras de algo: ninguna mujer consciente de sus capacidades va a sentir jamás envidia de ellas.

Las y los idiotas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Que una o un particular quiere comprárselo es problema de quien decide utilizar su dinero así. Lo mismo si se trata de una empresa, tras la correspondiente decisión de la directiva o el directivo correspondiente.

Pero la cosa cambia cuando quien compra el programa informático es una administración pública. Y más si se tiene en cuenta que cada licencia de la herramienta en cuestión cuesta 1.950 más un mantenimiento anual de otros 320 (hay rebajas en caso de comprar varias de golpe). Pues ya ha habido quien ha decido malgastar el dinero de las y los contribuyentes en algo destinado a ser políticamente correcto e incorrecto lingüísticamente. Las y los responsables del Ayuntamiento de Getafe, puede que aconsejados por alguna funcionaria o algún funcionario, han decidido que dicha corporación municipal adquiera la aplicación en cuestión.

Las y los habitantes de la localidad madrileña no sólo van a tener que aguantar como los textos escritos por las y los funcionarios del Ayuntamiento, o por las o los altos cargos municipales, sean tan engorrosos como difíciles de leer. También tendrán que sufragar el feminismo irracional (no he encontrado a mujer u hombre alguna o alguno capaz de argumentar racionalmente que este ataque al idioma propicie la igualdad entre las personas) de sus políticas y políticos. El dinero con el que estas y estos idiotas metidos en la cosa pública van a pagar el programa ha salido de las y los contribuyentes.

Este tipo de absurdo no es nuevo. El autor (que no autora) del presente artículo todavía recuerda un cartel en un departamento de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid: "Todas y todos las alumnas y alumnos y profesoras y profesores están invitadas e invitados a la reunión". La diferencia con el asunto (o la cuestión, no vaya alguna o alguno a acusarme de sexista por utilizar una palabra terminada en o existiendo otra que lo hace en a y que podría emplear de igual manera) de Getafe radica en que la chica o el chico que escribió aquello lo hizo ella o él solita o solito y sin ayuda de un carísimo programa pagado con los impuestos de las españolas y los españoles.

Aquellas y aquellos que quieran caer en la estupidez de escribir o hablar como está redactado este artículo están en su perfecto derecho de hacerlo. Lo que en ningún caso resulta legítimo es imponerlo desde la Administración y gastar el dinero de las y los ciudadanos en ello. Eso sí, tras escribir este texto comprendo que las funcionarias y funcionarios necesiten una ayuda para hacerlo; resulta agotador redactar así de mal.