Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Dado que las hipotecas empaquetadas que vendía Fannie Mae contaban con la garantía del Estado (si el hipotecado no pagaba, lo hacía el Gobierno), la compañía podía venderlas ofreciendo una remuneración más baja que el resto de sus competidores. Dicho de otra manera: si Chiringuito SA quería que le prestasen dinero, tenía que pagar un tipo de interés más elevado que Fannie Mae por la mera razón de que, a diferencia de ésta, podía quebrar.

En principio, todas las partes salían ganando: los bancos comerciales recuperaban de inmediato el dinero recién prestado (de modo que podían conceder otra hipoteca), los inversores privados contaban con la garantía del Estado de que las hipotecas que compraban no resultarían impagas y los estadounidenses veían reducir los tipos de la deuda hipotecaria. Sólo había un pequeño perjudicado: el sufrido contribuyente, que era en última instancia quien subvencionaba la compra de las viviendas. Al fin y al cabo, Fannie Mae podía pagar tipos más bajos por su deuda porque el Gobierno le había concedido el privilegio de poder desplumar al contribuyente en caso de necesidad.

A finales de los 60 el Gobierno quiso dejar de consolidar las actividades de Fannie Mae en los Presupuestos y privatizarla. Dos años después, y ante la posición de dominio que había logrado la firma –a golpe de privilegios–, decidió introducir competencia en el mercado y creó Freddie Mac.

Por supuesto, ya la terminología empleada resulta venenosa. Fannie Mae nunca fue privatizada, dado que, implícitamente, el Gobierno seguía respaldando su deuda. Era un secreto a voces que si quebraba, el Tesoro se haría cargo de sus obligaciones, que es lo que de hecho ha sucedido. Por otro lado, Freddie Mac no suponía una genuina competencia, pues se trataba de una empresa diseñada por los políticos y, al igual que su hermana, por ellos privilegiada.

Así las cosas, en las últimas décadas Freddie Mac y Fannie Mae acapararon más de 5 billones de dólares en hipotecas (el mercado estadounidense apenas llega a los 12). Se trata de 5 billones (3,5 veces el PIB español) que nunca se habrían concertado de no ser por los tipos de interés subvencionados que ofrecían esas dos firmas.

A nadie debe extrañar que la reciente crisis financiera haya abocado a la quiebra de ambas. Al fin y al cabo, Fannie y Freddie siempre se han encontrado, gracias a sus privilegios políticos, en la vanguardia del negocio hipotecario. Estaban en el epicentro del terremoto. Su quiebra estaba cantada desde que la Reserva Federal comenzó a gestar la actual burbuja inmobiliaria con sus rebajas de los tipos de interés. Nadie le hizo caso, y ahora hay que lamentar las consecuencias. Ante la amenaza de quiebra, la mayoría de los economistas ha aplaudido sin disensión alguna la nacionalización, es decir, que finalmente el contribuyente estadounidense se haga cargo de las deudas de esas entidades teóricamente privadas.

Para defender semejante intervención se ha aducido, no sin razón, que su quiebra podría derribar el sistema financiero. Al fin y al cabo, los principales acreedores de Fannie y Freddie son los bancos comerciales y de inversión, que acaparan la mayor parte de los ahorros de los ciudadanos de EEUU.

La justificación de la intervención, sin embargo, dista de estar clara. Un primer problema que surge es que, con los antecedentes de Bear Stearns, Freddie y Fannie, se genera un enorme riesgo moral en el sistema financiero. En la práctica, los acreedores de los bancos (incluidos los depositantes) saben que tienen carta blanca porque el Gobierno (léase los contribuyentes) terminará respondiendo.

Al margen de estos malos incentivos a largo plazo, existe otro problema –a medio– no menos preocupante. La deuda de Freddie y Fannie supera los 5 billones de dólares, y el Gobierno apenas ha inyectado 200.000 millones (es decir, el 4% de la misma), lo que significa que apenas repunten los impagos deberá proceder a nuevas inyecciones de capital. Es más, después de Freddie y Fannie vendrán otras muchas instituciones financieras que ya se encuentran al borde del colapso: las agencias monoline (Ambac y MBIA) o los bancos Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de EEUU con tal de que no quiebre banco alguno? ¿Tendrá capacidad de garantizar que los deudores de todas esas entidades van a cobrar? Mucho me temo que la respuesta es negativa: estamos ante una crisis de solvencia, y se han de producir fuertes ajustes en las valoraciones de los activos reales y financieros de los ciudadanos y las empresas. El Gobierno está intentando evitarlo a toda costa, pero su función no es refinanciar la deuda de las entidades privadas.

Esto último también incumbe a la Reserva Federal. Con los últimos acontecimientos se ha demostrado una vez más que su política monetaria inflacionista es un rotundo fracaso. Pese a envilecer con saña el dólar y empobrecer a los estadounidenses, no ha logrado evitar la quiebra de Bear Stearns, Freddie y Fannie. Quienes proponen recortar los tipos de manera salvaje y alocada se olvidan de que los orígenes de esta crisis no están en una falta de liquidez, sino en un aumento de la insolvencia que provoca una restricción de liquidez.

Eso sí, por favor, que nadie insista en que esta merienda de negros es un mercado libre. La crisis la provocó la Fed manipulando el crédito; la elevada exposición de Freddie Mac y Fannie Mae se debió a sus privilegios políticos; y la nacionalización de estas dos compañías ha sido orquestada por el Gobierno y van a pagarla todos los estadounidenses.

En un mercado libre no debería haber un banco central inflacionista (sino una moneda estable y de calidad respaldada por oro), prebendas intervencionistas ni rescates de empresas fracasadas. El sistema financiero actual es un atentado sistemático a los derechos de propiedad, perpetrado por los políticos y los gestores de ciertas empresas y bendecido por unos economistas –la mayoría– que perdieron hace mucho tiempo el norte (si es que alguna vez lo encontraron).

Los que amamos, aunque sea para dolernos de ella, nuestra reciente historia, sólo le podemos estar agradecidos. Dentro del último esfuerzo editorial, El Mundo ha preguntado primero al conjunto de los españoles y luego a sus más destacados protagonistas por nuestra ejecutoria en las últimas tres décadas. La última entrevista ha sido con el último en ocupar la tercera magistratura del Estado, la presidencia del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ha compartido sus posiciones sobre su propio gobierno y los anteriores, sobre el papel del PSOE y del PP (a quien sigue considerando ilegítimo por ser de derechas), sobre el Rey y la Constitución.

Entre todas las respuestas que ha dado ha habido una que a mí me ha llamado especialmente la atención y que, sin embargo, parece haber pasado desapercibida. Quizá sea tan obvia que los lectores han pasado a la siguiente pregunta sin mayor inquietud. Acaso mi perspicacia sobre la importancia de los asuntos me haya vuelto a abandonar como en otras ocasiones. Y, sin embargo, no puedo evitar incrustar esa precisa respuesta dentro de los cuatro años de historia de nuestro país, y temer por los que, en la medida en que la sociedad se lo permita, guíe el Gobierno en La Moncloa.

Esther Esteban, que ha hecho de la entrevista el más puro ejercicio de mayéutica, preguntaba a Rodríguez Zapatero por nuestra Constitución, y el presidente le respondía distinguiendo entre la "Constitución escrita" y una "Constitución material" que sería la precipitación histórica de "las características de nuestro país". Vuelve la idea de la "Constitución histórica", pero no desde los nostálgicos del Antiguo Régimen sino desde el despacho de una persona que, con total honestidad, cree que tiene la misión de cambiar esa "constitución material", esa realidad histórica, sociológica y moral de España, desde el Gobierno. Una vez ha planteado esa dicotomía, achaca a la primera Constitución las materias "jurídicas" y a la segunda, las "políticas". La distinción es artificiosa, pero le permite colocar la política y la Constitución, con todo el Ordenamiento Jurídico que de ella deriva en planos distintos. Y puesto que lo que necesitamos, según él mismo cree, es el cambio, la política tiene, al final, una preeminencia en su pensamiento sobre la Ley. La Ley es sólo una plasmación positiva de un momento histórico, mientras que el Gobierno es quien debe dirigir la corriente histórica para adecuar a esa nueva realidad, a posteriori, el Derecho y la Constitución.

Bien entendido, el de Zapatero es un proyecto de poder. Él cree que los políticos progresistas tienen el derecho y el deber de marcar con los exhorbitantes poderes que tiene el Estado el camino que debe seguir la sociedad. Y las instituciones son un marco provisional sin valor en sí mismas. Son puramente contingentes y han de adecuarse a la revolución permanente, a la corriente histórica que moralmente solo pertenece a la izquierda. Zapatero pastorea la sociedad, a la cual sólo le queda balar alegremente y pastar la hierba que nos encontremos a cada paso. Acaso no sea mala idea recordar que hay una alternativa. Quizá no venga mal traer a la memoria que hay verdades eternas, como decía Jefferson, tales como que cada uno de nosotros tiene ciertos derechos que son inalienables a las personas, y que las Constituciones, en su origen, no eran más que torpes intentos de reconocer nuestros derechos y nuestras libertades. Y que ninguna pretensión de encarnar el futuro y el progreso es suficiente para tratar esos derechos y esas libertades como reaccionarios valores del pasado y para saltar sobre ellos con la pesada maquinaria del Estado. Puede que tengamos que recordar, una vez más, que tenemos el derecho a elegir nuestra vida y que ello incluye, contra los expresos deseos del Gobierno, e derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Es posible que sea conveniente recordar todo eso, no sea que Zapatero nos arrolle con su "Constitución material" y su política del poder, desnudo, irredento e irrefrenable.

Llena de orgullo, la Efe china informó de que el 15 de agosto se subastó la antorcha olímpica y que su precio, 42.000 dólares, superó ampliamente el de la que se prendió en 1936, por la que se han dado 25.000.

Pero más acertada hubiera sido la comparación con los Juegos de Moscú de 1980, ya que de la Unión Soviética han importado un sistema de promoción de las figuras del deporte al que han puesto por nombre juguo, que literalmente se traduciría como "la nación entera". Consiste en localizar en todo el territorio a aquellos jóvenes que tienen un talento especial y ponerse a explotarlos hasta sus límites. ¿Que se lesiona? ¡Será por chinos! Se le reemplaza por cualquier otro y santas pascuas. El juguo es una fábrica de sueños rotos, un almacén de infancias por estrenar.

La competición deportiva es un lugar para el desarrollo de las capacidades individuales, una forma no violenta de medirse con los demás y superarse a sí mismo. Fomenta los valores propios de una sociedad extensa y libre: el afán por mejorar, el trabajo duro y constante, el compañerismo, la igual sujeción de todos a unas normas comunes… China no se limita, como otros países, a facilitar los medios a colegios y universidades para que el que quiera seguir el duro camino del atletismo pueda hacerlo, sino que convierte a cualquier buen deportista en potencia en una pieza de su maquinaria propagandística. 

Sé que a estas alturas resulta ñoño referirse al "espíritu olímpico", pero si alguna vez existió, no hay ya medium que pueda contactar con él después de las puñaladas que China, como antes Rusia, le ha clavado. China, en deporte, ha llegado más lejos, más alto y más fuerte. Pero no más libre.