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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

SGAE y CNT

No cejan, ni desaprovechan ocasión alguna para tapar las críticas contra ellos. El último episodio tiene que ver con la CNT. He de reconocer que tengo una simpatía enorme por la CNT, ya que comparto sus objetivos anti estatistas, aunque recurra para ello a las ideas más abrumadoramente falsas.

El anarquismo de la CNT no podía dejar inmune a una rémora del Estado, a uno de sus tentáculos más poderosos, como es la SGAE. Y le dedicó un breve apunte con el simpático título “Por la desaparición de la SGAE, a las barricadas”, y que es una defensa valiente de la libertad de expresión de un portal, alasbarricadas.org, al que la sociedad de autores quiere sangrar 6.000 euros del ala, por haber atentado contra el derecho al honor de Ramoncín. Creo que le llamaron el “rey del pollo frito” o algo por el estilo. Y, claro, aquello no lo podía permitir.

La razón de ser de la SGAE parece consistir en tapar bocas. Las de algunos de sus socios, que parece feroz a la hora de ingerir dinero. La de algunos políticos, que no pondrán jamás en duda las cuentas de esta sociedad. Unas cuentas que se merecerían una campaña como la de los autobuses ateos: “Probablemente las cuentas auditadas de la SGAE no existen. Que Teddy Bautista deje de preocuparse y disfrute de la vida”. El Tribunal de Cuentas, que acaba de juzgar a Julián Muñoz, no ha movido un dedo por conocer las cuentas de la SGAE, que vive de los impuestos. Y de un impuesto especial, creado para ella y otras sociedades de gestión, y que se llama canon digital. Los políticos podrían decir algo al respecto, pero la SGAE sabe como hacerles enmudecer.

Y, por último, están sus críticos, a los que incluso espía. A ellos les quiere callar la boca a golpe de denuncias. Eso sí, tiene que toparse con algún juez que no se haya leído la Constitución, una especie de juez de la LOGSE, o uno de esos que quiere crear Bermejo a dedo. ¿Lo lograrán?

Dios no viaja en autobús

Richard Dawkins ha promovido una campaña que, antes de comenzar estrictamente, es ya todo un éxito. Consiste en ocupar el espacio de autobuses de medio mundo con el mensaje “Probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte y goza de la vida”. En un principio, el autor de The God Delusion se había propuesto recaudar 5.500 libras esterlinas, y cuando iba por 135.000 se dio cuenta de que contaba con más apoyo del que creía. Los creyentes no podían cruzarse de brazos, claro está, y ya hay una campaña en marcha de signo contrario promovida por E-Cristians, pero que por el momento no se ha concretado.

Hay algo que siempre me ha llamado la atención de muchos ateos, y me sorprende más con el paso del tiempo, y es la virulencia con que inciden en algo cuya existencia, precisamente, niegan. No tiene porqué ser el caso de los partidarios de esta campaña, pero los hay que quieren acabar, apoyados en el poder de la política, con las manifestaciones religiosas de los demás, un comportamiento paradójico para quien se define como “librepensador”.

Con todo, desde diversos lugares, incluso amables con el liberalismo, se está viendo la campaña ateísta como un ataque. Las opiniones de los demás pueden provocar indignación, igual que las propias pueden encender los peores sentimientos en los demás, pero en ningún caso constituyen, verdaderamente, un ataque a las personas que no piensan del mismo modo. La suscripción del dinero es voluntaria, y si alguien quiere responder a la campaña debe hacerlo también con las fuerzas que sepa concitar voluntariamente.

Se toma esta campaña, asimismo, como un ataque contra nuestra civilización que, al fin, tiene raíces cristianas. Pero lo que se destaca es que esas raíces han creado la visión del hombre que incide en los valores de la vida, la propiedad y la libertad, el valor del individuo, su capacidad creadora y su responsabilidad. Bien está. Pero cuando aparece un ejercicio de la libertad de expresión, no podemos atacarla… en nombre precisamente de esos valores, sino en todo caso ponerlo como ejemplo de hasta dónde hemos llegado.

Todo ello es claro, en principio. Pero estamos tan acostumbrados al control político de las opiniones que nos encontramos con que el hecho de que un alcalde permita que en los autobuses exhiban este mensaje se convierte en noticia. ¿No debería ser noticia sólo que lo prohibiera? Si no queremos que los políticos controlen nuestras opiniones, no deberíamos mirarles a ellos cuando no lo hacen.

Autocontrol y las web ateas

Si acaso, lo único particular es que dicha entidad no tiene tanto de autocontrol del sector como quiere hacernos creer su nombre –¿conseguiría, por tanto, su propia publicidad un dictamen positivo de ellos mismos?– debido a que uno de los dos órganos encargados de nombrar a los miembros del jurado que decide sobre la idoneidad o no de los anuncios es el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Consumo.

Pero lo que desde luego sí resulta sorprendente es que este órgano de supuesto autocontrol vaya a analizar los sitios web de los promotores de la campaña de autobuses. Se supone que su función consiste en decidir si la publicidad es engañosa o no, pero no acerca de las páginas de internet de quien encarga una campaña. ¿Se imagina alguien que estos señores se pusieran a analizar los sites de los evangélicos que han puesto publicidad diciendo que Dios sí existe? ¿O de los partidos políticos ante cada campaña electoral? ¿O los de la Conferencia Episcopal cada vez que ésta coloca anuncios pidiendo que se marque la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta? ¿O la web corporativa de cada compañía privada que contrata spots en radio, televisión, prensa de papel o en la red? Es más que dudoso que lo hagan.

Autocontrol lo único que debería analizar (en realidad ni eso, puesto que el hecho de que el Estado se encargue de nombrar a parte de los miembros del jurado supone un ataque político contra la libertad de expresión) es la campaña en sí. Además, los señores del supuesto Autocontrol deberían explicar qué van a inspeccionar en dichas web. Si lo que quieren es comprobar que sus argumentos no son engañosos lo tienen difícil: tan imposible es demostrar la existencia de Dios como su no existencia. La fe religiosa o la ausencia de ella poco tienen que ver con la verdad comprobable de forma empírica. Además, no pueden pretender que estos sitios web se ajusten a los contenidos de los diferentes códigos deontológicos de la publicidad, puesto que no pertenecen a este sector.

Eso sí, con independencia del resultado de estos análisis y de la decisión que tome Autocontrol, los promotores del Bus Ateo deben estarles muy agradecidos a todos aquellos que han montado en cólera por su campaña. Gracias a estos últimos –que en muchos casos no parecen entender que la libertad religiosa también implica creer que Dios no existe y proclamarlo a los cuatro vientos– miles o millones de españoles que jamás habrían visto esos anuncios se han enterado de su existencia. Si tan terrible les parece ese mensaje, deberían haber respondido como lo han hecho parte de los evangélicos españoles: con publicidad en sentido contrario. Y, eso sí, tampoco a ellos los de Autocontrol deberían mirarles sus web.

¿Necesitamos a este PP?

El PP. Su todavía jefa de comunicación. Carmen Martínez Castro. Ella se ha querellado contra Víctor Gago porque él ha contado lo que le dijeron sus fuentes: que ella se sirvió de los medios de comunicación para minar la imagen de José María Aznar, ya saben, ese apestado de Génova.

Valiente, la todavía jefa de comunicación. ¿Quién coño es ese Víctor Gago? Colaborador de Libertad Digital, el refugio de los neocones, hombre para la prensa de Hazte Oír, ese puñado de meapilas activistas. Una presa fácil. ¿Va a salir la prensa de izquierdas en su defensa? ¿Los actores y artistas? ¿Teddy Bautista? Nah. Le defenderá la propia Libertad Digital, que es un caso perdido, los liberalotes de Red Liberal y cuatro más. Si, total, ya sabemos que la grey centroderechista nos votará. ¿Qué otra cosa puede hacer, ante la avalancha del zapaterismo?

Valiente, la todavía jefa de comunicación, con quien puede serlo. Porque frente a esa prensa que le reconoce el derecho a presentarse a las elecciones, pero le niega el derecho a ganarlas, frente a quienes apuran su ingenio, mucho o poco, para insultarles, ante quienes les insultan y les atacan, ante ellos, todo es centrismo genuflexo. ¿Libertad de expresión? ¡Quiá! La de Víctor Gago, a los tribunales. Es una pulsión censora, pero cobarde.

¿Es el PP de la todavía jefa de comunicación el partido que defenderá nuestras libertades? Esa es la pregunta. Rajoy, el todavía Rajoy, está demasiado ocupado en hacer cábalas con la crisis y en limpiar su partido de cualquier resto de las ideas de Aznar como para hacer suya una defensa de la libertad.

Sí hay una alternativa a Zapatero que es alternativa al PP. Se llama Rosa Díez. Ha creado un discurso con ramas podridas, pero con el tronco enraizado en nuestros derechos y nuestras libertades. Si las cosas siguen como hoy, ¿para qué necesitamos un PP?

Normas, propiedad y contratos

El derecho de propiedad de una persona sobre un objeto significa que el dueño controla legítimamente ese recurso, que tiene el derecho a decidir qué hacer o no hacer con ello sin intromisiones violentas de otras personas. La propiedad es el ámbito de control legítimo de cada individuo, y tiene como límite la propiedad formalmente equivalente de los demás seres humanos: el propietario decide, los no propietarios no. Los derechos de propiedad bien definidos constituyen una partición del conjunto de las posibles entidades respecto a las cuales puede existir algún conflicto sobre su utilización: todas las entidades de usos potencialmente conflictivos tienen un solo propietario (no hay entidades sin propietario y no hay entidades con más de un propietario). Si el propietario es una persona individual, la propiedad sobre sus posesiones es plena o completa; si el propietario es un conjunto de personas, la propiedad es compartida.

El derecho de propiedad, el derecho a decidir sobre la realización de acciones con los objetos poseídos, es la norma fundamental de una sociedad libre, la regla básica por defecto, pero no es la única norma relevante posible. El derecho de propiedad puede considerarse como una metanorma (una norma de alto nivel de abstracción que indica cómo construir o generar otras normas más concretas): el propietario decide las reglas de uso de sus posesiones, expresadas mediante obligaciones o prohibiciones, que pueden ser absolutas (incondicionadas) o dependientes de alguna condición.

El derecho de propiedad es la norma primitiva a partir de la cual se generan otras normas derivadas. Es una norma abstracta universal, simétrica y funcional: se aplica por igual a todas las personas y sirve para la convivencia en sociedad. A partir de esta norma universal (y sus instanciaciones en individuos y objetos concretos) es posible construir normas particulares mediante contratos entre personas.

Un solo propietario puede establecer de forma unilateral normas de uso sobre su propiedad que sus invitados deben cumplir en dicho ámbito. También es posible establecer normas de forma bilateral o multilateral si un conjunto de propietarios establecen acuerdos sobre restricciones mutuas respecto a sus conductas y sus propiedades; estas restricciones pueden ser simétricas (si todos se obligan a lo mismo o se prohíben lo mismo) o asimétricas (se negocian unas restricciones para unos a cambio de otras limitaciones diferentes para otros).

En un lenguaje normativo adecuado es necesario referirse de forma completa a agentes, acciones y medios de acción. El derecho de propiedad parece referirse solamente a personas (dueños) y posesiones (objetos como medios de acción) ignorando las acciones, pero está implícito que la propiedad significa que el dueño puede hacer lo que quiera (actuar conforme a su voluntad) con sus posesiones (en el ámbito de su propiedad, sin agredir la propiedad ajena). La propiedad enfatiza la relación entre la persona y las cosas poseídas; la libertad enfatiza la relación entre la persona y sus acciones.

Los derechos de propiedad pueden transferirse plenamente y de forma definitiva (una compraventa) pero también pueden modificarse de forma parcial mediante acuerdos contractuales en los que dos o más partes pactan algo respecto a sus posesiones. Los contratos legítimos se basan en derechos de propiedad legítimos: pueden mencionar a otras personas o entidades, pero sólo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes. Los contratos son compromisos formales exigibles mediante el uso de la fuerza (lo cual es comprendido y aceptado voluntaria y libremente por las partes contratantes porque en eso consiste un contrato, no es una promesa informal o una mera declaración de intenciones no exigible). Los contratos generan de forma recíproca derechos positivos (a exigir lo pactado a la otra parte) y deberes (a cumplir con lo acordado).

Las compraventas son actos generalmente simples, puntuales y directos; son mucho más interesantes y complejos los contratos que se extienden en el tiempo y que se refieren a acciones de los contratantes en función de diversas cláusulas o condiciones. Aunque la propiedad es la norma fundamental de una ética de la libertad, es un error considerar que los contratos son simplemente transferencias completas de derechos de propiedad y que el único delito posible es el robo; en una sociedad compleja pueden ser mucho más importantes los problemas de incumplimientos contractuales.

Melchor, Gaspar, Baltasar… y Bibiana

Aunque parezca que las tradiciones de una confesión religiosa determinada no son algo sustancial para el proyecto revolucionario de los socialistas posmodernos, el asunto tiene su importancia puesto que la principal misión de los socialistas cuando gobiernan es precisamente ejercer de reyes magos, trayendo regalos a los que se portan bien según el canon marxista y carbón contaminante a los rebeldes irrecuperables.

La ministra de Igualdad, de hecho, ha acabado este año repartiendo subvenciones en función de las aptitudes y vocación de quienes las solicitaron, aunque sea a costa del procedimiento administrativo y de un elemental sentido de la equidad.

En primer lugar hay que destacar la inmoralidad de regalar dinero público a entidades particulares, sea cual sea el objetivo perseguido con ese trasvase de fondos. La socialdemocracia es así un combate permanente entre los grupos organizados contra el común de los contribuyentes, en el que los primeros salen siempre ganando sin que la sociedad en su conjunto reciba ningún beneficio a cambio. ¿Alguien piensa seriamente que regalando subvenciones se va a acabar con el asesinato de mujeres a manos de sus "parejas"? Si es así, sólo tiene que echar un vistazo a las estadísticas de violencia doméstica, cuyas cifras no dejan de aumentar año tras año, casi al mismo ritmo que el montante anual de dinero público dedicado a la materia.

Pero la realidad no es algo que interpele la conciencia de los socialistas, porque lo suyo es la farfolla ideológica en pos de un ideal, tan abstracto que siempre resultará imposible determinar si se ha alcanzado o no. En el caso de la igualdad, el PSOE y sus voceros se limitan a ofrecer a los contribuyentes los datos del dinero invertido en "programas", "acciones" y "campañas" de toda índole, organizadas, eso sí, por la miríada de organizaciones-sanguijuela próximas al partido, expertas en detectar dónde hay una arteria presupuestaria lista para succionar.

Las mujeres siguen muriendo asesinadas, pero ni siquiera a los votantes parece importarles. Lo sustantivo es que tenemos un Gobierno que lucha por ellas y hasta ha creado un ministerio de Igualdad. Y todos contentos, especialmente las asociaciones de mujeres progresistas, que están viviendo unas navidades de dulce gracias a la epifanía laica organizada por la camarada Aído.

Tampoco parece muy disgustado el PP, que en lugar de impugnar en su totalidad la existencia de ese ministerio y el latrocinio constante hacia nuestros bolsillos bajo el chantaje del igualitarismo, se limita a presentar una batería de preguntas parlamentarias para saber por qué a las asociaciones de mujeres conservadoras no les ha dejado la Reina Bibiana la casita de muñecas que pidieron en su carta. Y aún hay quien se extraña de que sigan por debajo de bibianas y pajines en las encuestas de intención de voto.

Cuba desconectada

Han sido cinco décadas de tiranía comunista, de un régimen totalitario plagado de represión, exilio y propaganda que merece ser contestada. No vamos aquí a hablar sobre el castrismo en general, para eso hay maestros. Pero tan triste aniversario es buena ocasión para repasar cómo la autodenominada Revolución (¿desde cuándo un régimen estancado que se prolonga tanto en el tiempo debería llamarse así?) ha robado a los cubanos otra revolución, que sí es auténtica y liberadora, de la que se disfruta en la mayor parte del resto del mundo: internet.

La aparición de la red ha revolucionado el modo de comunicarse, informarse o incluso de entretenerse, comprar y vender en todo el mundo. Tan sólo hay algunas excepciones y una de ellas es Cuba. Con la excusa de los problemas de infraestructuras, el régimen de los hermanos Castro mantiene desconectados a la inmensa mayoría de los isleños. Internet es un privilegio al alcance de unos pocos que gozan del necesario permiso del Gobierno para poder conectarse, e incluso para la mayor parte de estos se trata de una red capada, con tan sólo una pequeña cantidad de contenidos autorizados a los que poder acceder. Contra esta situación luchó, por desgracia sin éxito, Guillermo Fariñas. Apodado "Coco" por sus amigos, este valiente periodista independiente mantuvo una heroica huelga de hambre para pedir el fin de esta situación. Cuando Luis Margol y yo tuvimos la suerte de conocerlo en La Habana, todavía estaba recuperándose de los estragos que la protesta había causado en su cuerpo.

Es el mundo sin Google. Nada excepcional en un país en el que te miran con asombro cuando, tras preguntarte cuánto tiempo tarda el Estado en autorizarte a poner teléfono en casa, explicas que aquí no hace falta ese trámite para contratar una línea.

El embargo norteamericano es en esta cuestión, como en tantas otras, una excusa del régimen de los hermanos Castro para reprimir la libertad. Por una parte, la conexión a la red no tiene por qué pasar necesariamente a través de Estados Unidos. Por otra, este país ofreció al Gobierno de Cuba tender un cable para asegurarle a la isla un buen acceso a internet. Ofrecimiento que fue rechazado debido a que la Casa Blanca pedía a cambio reformas políticas. Al final, La Habana anunció que se conectará a través de la Venezuela de Hugo Chávez, lo que facilitará el control de los contenidos accesibles desde la mayor de las Antillas.

No quiere el régimen comunista que los cubanos sepan a través de internet cómo es el mundo exterior, pero tampoco quiere que desde la isla nos cuenten por esa vía al resto de la humanidad cómo se vive en ella. Sin embargo, ante esto también hay valientes. Entre ellos está un creciente número de blogueros independientes, que a pesar de las dificultades consigue mantener bitácoras no controladas desde el poder. La más conocida es Generación Y, de Yoani Sánchez, una valerosa habanera que destaca entre las voces de la libertad que desde el interior o desde el exilio tanto molestan al castrismo.

He leído con emoción el bello 1 de enero en La Habana anhelado por Federico Jiménez Losantos. Deseo de corazón que pueda cumplirlo. Yo sueño con uno similar, en el cual aparecen incluso algunos protagonistas compartidos (a pesar de no gozar del privilegio que él tiene de su amistad). Ese día de Año Nuevo estará un poco más cerca cuando Guillermo Fariñas, Yoani Sánchez y tantos otro cubanos puedan leer sin problemas un artículo como éste o escribir al mundo lo que les plazca a través de internet.

Azpeitia y el camino de servidumbre

En una sociedad que se puede decir está ya transitando el "camino de servidumbre" al totalitarismo, se pueden aplicar las refinadas reflexiones de Hayek y, especialmente, cuando se observa cómo dentro del nacionalismo "la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder".

Hoy en día, en la España de comienzos del siglo XXI, es prácticamente nula la protección de los derechos de los ciudadanos en muchas regiones. Así podemos observar cómo, en vez de aplicarse el Estado de Derecho y las instituciones, en vez de operar con toda contundencia política, policial y judicial contra los amorales actos administrativos nacionalistas o contra las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos del entorno nacional-socialista, nuestra casta de políticos prefiere seguir un lento proceso de rendición (negociación), sin percatarse que así se solucionaría en falso el problema debido al espíritu expansivo e insaciable del nacionalismo.

Si la actual inacción política se sostiene en el tiempo, nuestra democracia quedará herida de muerte y tan débil ante los terroristas que su chantaje a las personas de bien se producirá a perpetuidad. Por ello, es esencial aplicar el Estado de Derecho, pues sería un grave error ceder ante la presión terrorista, ya que significaría pagar un precio político a la violencia, mostrando una peligrosa hoja de ruta a las ideologías extremistas.

Más de 250.000 personas del País Vasco han huido hacia otras regiones de España para poder vivir sin estar permanentemente amenazados. Pero muchos otros ciudadanos soportan a diario la presión nacional-socialista, aprietan los dientes, luchan y resisten sobre el terreno. La violencia de los independentistas nacionalistas es implacable con ellos y se ejerce tanto en forma de actos administrativos de mandatarios intervencionistas como en actos terroristas contra sus negocios, familias y vidas.

Visto desde la distancia nos olvidamos de que el miedo y las sospechas atenazan a la población en aquellas regiones donde arraiga el terror nacionalista en actos tan cotidianos como caminar por la calle, estudiar en el colegio o la universidad, trabajar o, simplemente, realizar la compra. Es por ello que los ciudadanos con menor fuerza moral acaban cediendo a la coerción, optan por un silencio cómplice frente al colectivo totalitario y eligen arrastrar su vida sin libertad frente a los nacionalistas. Y, al no aplicarse correctamente el Estado de Derecho y las leyes, los peores acaban apoyando impunemente los atentados terroristas y las prebendas del nacionalismo separatista.

Sin duda, Hayek es absolutamente descriptivo al analizar cómo un colectivo totalitario alcanza el poder en un municipio, en una región o en una nación:

Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio, buscar la fuerza, no en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor, pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto.

Hemos tenido un ejemplo reciente en la localidad de Azpeitiacon el asesinato de Ignacio Uría, justo antes de producirse el 30 aniversario de la Constitución Española de 1978, ya que permite retratar la grave enfermedad moral que provoca el sometimiento a la violencia sostenida en el tiempo. En la cafetería a donde se dirigía para su partida habitual, el tapete siguió sobre la mesa y los jugadores que lo esperaban no suspendieron la sesión, ni siquiera quedaron compungidos y apesadumbrados, simplemente miraron hacia otro lado y buscaron otro jugador que lo sustituyese, con una frialdad que refleja la renuncia moral que aqueja a una sociedad que ha descendido a los infiernos de la servidumbre al terrorismo y al colectivo nacionalista.

La inacción del Estado central, la propaganda y el control de los medios de información, así como la presión y el desgaste moral del nacionalismo han permitido que el ayuntamiento de Azpeitia esté gobernado por ANV (Acción Nacionalista Vasca); a pesar de ser un partido político ilegalizado y disuelto por el Tribunal Supremo por su "relación de sucesión o continuación" con el entorno nacional-socialista del País Vasco y por "constituir la candidatura" del grupo de asesinos terroristas ETA (Euskadi Ta Askatasuna), de ideología nacionalista y marxista-leninista.

Hayek se preguntaba por qué los peores se colocan a la cabeza de la sociedad, cómo ascienden políticamente las gentes con los principios intelectuales y morales más bajos, cómo las personas más dóciles y crédulas, sin firmes convicciones propias, se dejan embaucar por la utopía y por el nuevo sistema de valores morales colectivistas, repetido por la propaganda totalitaria. Y nos previene contra el hábil demagogo que busca un enemigo común en el "judío", el "kulak" o el "español", para aglutinar en torno suyo el odio tribal y captar la visceralidad más primitiva del colectivo. Y acierta de pleno cuando considera que existe una "tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista… al servicio de un grupo limitado,… como alguna especie de particularismo, sea nacionalismo, racismo o clasismo".

Al funeral por la víctima del terrorismo asistieron los principales líderes de esa casta política que, ante los constantes ataques de terroristas y de políticos nacionalistas, no defiende con contundencia los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

El silencio amoral de los ciudadanos de Azpeitia es sólo un síntoma de la grave enfermedad moral que padece nuestra sociedad. Y la renuncia moral del Gobierno y de los partidos de la oposición, con la única excepción de una diputada, retratan un régimen político corrupto que sólo piensa en medrar electoralmente, en mantener cargos y en intentar aparentar la moral y la dignidad que perdieron en el momento que dejaron de aplicarse la Constitución y las leyes que deben garantizar los derechos y la libertad de los ciudadanos no nacionalistas en muchas regiones de España.

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Lotería, arena entre los dedos

Es claro que si la razón guiara nuestro comportamiento habría cosas que no llegaríamos ni a conocer, como la lotería. Y, sin embargo, jugamos todos, año tras año, y participamos en una fiesta que, en realidad, sólo tienen razones para celebrar unos pocos centenares de personas. Y el Estado, claro, que gana siempre.

No es fácil que un premio cambie una vida. 300.000 euros, ¿le retirarían a usted de trabajar? En absoluto. ¿Acaso el doble? No es fácil que así sea. Además, el dinero no le hace a uno inmediatamente rico, pues a ese dinero hay que ponerle a trabajar. De otro modo, puede evaporarse a velocidades vertiginosas. No hay aficionado al “puenting” que haya sentido el vértigo de un tonto adinerado.

Esto es lo que explica que la lotería haya arruinado la vida de muchas personas. Estoy totalmente seguro de que más de uno de los que estos días creen que todos sus problemas (o al menos los económicos) se han solucionado, maldecirán el día en que compraron el décimo premiado, porque entonces su vida se truncó y cayó por un desfiladero que, ahora, se ve incapaz de remontar.

Y es lógico. Porque muy pocos de los premiados están habituados a escalar. Los socialistas, que no tienen la más remota idea, se han creído que la riqueza es el dinero. Confunden causa y efecto. Hasta el punto, fíjense, de que la solución que proponen a la pobreza, y a lo que llaman “justicia” es el dinero. Y luego son ellos, los socialistas, los que llaman a los demás economicistas. Ese error es crucial, porque la riqueza se crea y se destruye. Y si no se entiende esto, no se entenderá absolutamente nada.

En la lotería esa riqueza se concentra y se sortea. Pero el premiado no ha pasado por el proceso de crearla, de modo que le viene encima, como una avalancha, sin haber adquirido el know how, el saber hacer propio de la creación de riqueza. Para crear riqueza hay que producir, y para producir hay que seguir determinado comportamiento. Es la acción, el comportamiento, el hacer, el elegir y actuar lo que crea o destruye la riqueza. Y por tanto, sea cual sea la clave de la riqueza, está en nuestra forma de actuar, no en una forma que puede tomar la riqueza, como es el dinero. Si éste acude en masa, de forma inesperada y sin haber adquirido el saber hacer que lleva a la creación y acumulación de riqueza, puede durar lo que un puñado de fina arena entre los dedos.

Doy mi enhorabuena a algunos premiados, y mi pésame a otros.

Derecho a ofender

Caer ocasionalmente en la tentación, dado que la carne es débil y todo eso, es ser incoherente, sí, pero no necesariamente hipócrita. Es necesaria, por tanto, una violación más a fondo de los principios que se proclaman para tildar a una persona o una organización de hipócrita. Como la que comete Google.

Por más que algunos defensores de la neutralidad en la red como Enrique Dans aseguren que Google lleva este concepto integrado en su ADN y que el comunicado de la empresa en respuesta a las acusaciones del Wall Street Journal supone un desmentido en toda regla, lo cierto es que el gigante de las búsquedas no ha hecho sino confirmar punto por punto las acusaciones del diario neoyorquino. Lo único que viene a decir es que lo que está haciendo no viola la sacrosanta "neutralidad en la red". Y eso, lamento decirlo, es sumamente hipócrita.

No estoy para nada en contra de lo que está planeando hacer Google, como tampoco lo estoy de que una empresa como Akamai (que cualquiera puede contratar para que sus usuarios vean sus páginas más rápido) lleve ya tiempo haciendo lo mismo. Alojar servidores caché propios en los centros de datos de los proveedores de internet acelerará algunos servicios de Google, principalmente la descarga de vídeos de YouTube, y aligerará de peso el tráfico en las redes. Todos nos beneficiaremos de ello, incluso quienes no usen productos de Google, porque aumentará la velocidad de internet y reducirá la necesidad de inversiones de las operadoras; inversiones que al final terminamos pagando sus clientes.

Como recuerda Richard Bennet, la propia Google reconoce que quiere prohibir a los proveedores de internet "cobrar un recargo a los proveedores de contenidos que no sean clientes suyos", "priorizar el envío de paquetes de datos basándose en la propiedad o afiliación del contenido, o la fuente o destino del mismo" y "construir un ‘carril rápido’ que confine las aplicaciones y contenidos de internet a una porción de ancho de banda relativamente escasa y lenta". Si en los acuerdos de Google el dinero cambia de manos, se incumplirán los tres principios; si no, "sólo" los dos últimos. Y es que los servidores caché de Google supondrán un "carril rápido" que provocará que las aplicaciones y contenidos de internet que no le pertenezcan vayan relativamente más despacio y priorizarán su tráfico con respecto a los de los demás proveedores de contenidos de la red.

El lobbista de Google, Richard Whitt, se defiende con el argumento de que el acuerdo no impide a otras empresas llegar a convenios similares. ¡Sólo faltaría! Pero es que las hipotéticas violaciones de la neutralidad en la red por parte de los proveedores de internet que Google quiere prohibir tampoco tendrían por qué estar cerradas sólo a unos proveedores de contenidos. Whitt añade que el miedo es que las empresas de telecomunicaciones "cobraran por el envío rápido de ciertos contenidos a los usuarios y, al hacerlo, se pusieran a sí mismas en el negocio de qué contenido logra esa velocidad extra". ¿Y qué suponen estos acuerdos sino una forma de lograr el envío rápido de ciertos contenidos a los usuarios?

La única defensa real de que estos acuerdos no violan la neutralidad en la red es técnica: ciertamente todos los bits seguirán siendo "tratados iguales" en las redes. Pero los efectos prácticos para la competencia en internet son exactamente los mismos que si se concediera mayor prioridad a los bits de Google sobre los de los demás. Excepto para quienes apoyen la neutralidad sólo por defender una suerte de "pureza ingenieril" en la gestión de las redes, que igual hay alguno, y no porque teman ciertas consecuencias prácticas de violar ese principio, la postura de Google es una ruptura en toda regla de aquello que dice defender y por lo que ha creado un lobby en Washington. La empresa de Palo Alto ha generado una doctrina en la que violar la neutralidad en la red es admisible sólo cuando ella misma lo hace. Y su patética defensa no supone más que meras excusas de mal pagador.