Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Jugando al mercado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Es cierto que en un sistema socialista no existía la propiedad privada sobre los medios de producción, es evidente que no había seguridad jurídica, es indudable que era imposible ejercer de empresario y es innegable que la competencia estaba ausente, pero si podía aparentarse que todo lo anterior funcionaba, tal vez el comunismo pudiera desarrollarse y prosperar.

Mises les reprochaba que la economía no es un juego de tablero. La existencia de precios de mercado, planes empresariales y competencia era indisociable de la propiedad privada de los medios de producción, esto es, de un sistema donde los agentes económicos pudieran implementar sus iniciativas, apropiarse de los beneficios que lograran y padecer las consecuencias de los errores en los que incurrieran. No se puede instruir a un burócrata para que actúe como si se jugara su patrimonio o como si hubiera descubierto una oportunidad de ganancia que pudiera aprovechar. Cuando el Estado lo controla todo, las pérdidas y ganancias las genera ese propio Estado desligadas de las necesidades del resto de individuos. La sociedad no se coordina mediante relaciones voluntarias (compra o no de bienes de consumo, compra o no de acciones y bonos, prestación o no de servicios laborales…) sino mediante mandatos políticos que son los que imponen un esquema artificial de división del trabajo.

Pese a su fiasco intelectual, parece que la Administración Obama está empeñada a proseguir con estos programas ideológicos. El nuevo plan presentado por el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, para rescatar al sistema financiero del país adolece exactamente de los mismos defectos que criticaba Mises a los socialistas.

Quienes desde un comienzo hemos criticado los planes de recapitalización forzosa de los bancos lo hacíamos aduciendo un argumento económico esencial y bastante sencillo de comprender: los errores de inversión tienen que corregirse sí o sí antes de encauzar la recuperación. El mercado tiene un procedimiento bastante común para reparar esos errores: quien se ha equivocado vende con pérdidas sus activos hasta que recupera aliento o termina quebrando. Lo importante, en todo caso, es que quien está utilizando los recursos productivos del mercado no los retenga en usos inapropiados: si no sabe emplearlos, que se los ofrezca a otro empresario para que les dé un mejor uso.

¿Pero por qué los bancos se negaban a vender sus activos con pérdidas? Básicamente porque habrían reconocido que algo por lo que pagaron 100 pasaba a valer 10, lo que les habría abocado a la quiebra. Resultaba más fácil mantener esa "basura" (o activo tóxico) en balance y esperar a que el plan de rescate público lo comprara por 80 ó 90.

Claro que esto equivalía a salvar a los bancos socavando el resto de la economía. Pagar precios inflados por unos activos depreciados no resuelve el problema de las malas inversiones; de hecho lo apuntala y lo recompensa. Si resultaba necesario que quienes han hecho mal uso de esos recursos los enajenaran para que otros asumieran su control, los planes de rescate permiten que los retengan a costa del erario público.

Lo lógico y deseable, por consiguiente, era que los bancos se desprendieran de esos activos a precios de mercado. ¿Pero cuáles son los precios de mercado si no existe el mercado? Con el nuevo programa, Obama ha intentado instaurarlo: se subvencionará y protegerá a los inversores privados para que pujen por esos activos y ofrezcan un precio que, con más ganas que rigor, llamarán de mercado.

Pero aquí el problema sigue siendo el mismo que con el socialismo competitivo o de mercado que denunciaba Mises. No pueden reproducirse de manera artificial las condiciones del capitalismo. El mercado no es un laboratorio de pruebas, sino un espacio de interacción voluntaria entre sus participantes.

Háganse una idea: por cada 5 dólares que aporte un inversor privado, el Tesoro añadirá otros 5 y la Agencia Federal de Seguro de Depósitos garantizará hasta 60 dólares de la deuda que pueda emitir. O dicho de otra manera, por cada cinco dólares que aporte un inversor privado de su propio capital obtendrá financiación pública directa o indirecta por otros 65. ¡Y con esto pretenden ofrecer algo de realismo de mercado a los planes de rescate! La fatal arrogancia de siempre con el nuevo léxico mesiánico.

La muralla de mierda, con perdón

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero no todo es positivo en la Península itálica y sus islas. Es el lugar de nacimiento de algunas de las organizaciones criminales más conocidas, como la camorra siciliana y las demás ramas de todo ese entramado conocido como la mafia. Y por fin, también en el lado negativo y muy vinculado a lo anterior, es famosa lo corrupta que resulta su clase política.

Esa corrupción se extiende a buena parte de quienes se dedican a la "cosa pública", con independencia de que sean de derechas o de izquierdas. Es, como se suele decir, algo transversal. Y esto último se puede aplicar también a una característica de la que no se suele hablar pero que es terrible y peligrosamente real. Los políticos italianos están resultando los mayores enemigos de la libertad de entre quienes se sientan en parlamentos o consejos de ministros de Europa y, posiblemente, de todo el mundo democrático. Se trata de un dudoso honor difícil de alcanzar, pero ellos lo han logrado.

Ya el anterior Gobierno de izquierdas intentó colar una demencial regulación de páginas de internet que, por los requisitos exigidos, habría llevado al cierre de la inmensa mayoría de las web (bitácoras y otros) de Italia. Se pretendía que cada sitio tuviera como responsable a un periodista registrado ­­–una figura existente en Italia y felizmente desaparecida en España al acabar el franquismo–, que funcionara al amparo de una compañía editora y que además estuviera registrada en el equivalente italiano de la CMT. Por si todo lo anterior no fuera poco, se exigía que por tener esa web se pagaran impuestos, con independencia de que fuera comercial o no.

El actual Ejecutivo de Berlusconi, o al menos sus socios parlamentarios, no son mejores. Lo único que les diferencia es que son menos torticeros a la hora de intentar conseguir recortar la libertad de expresión en la red. El Senado italiano ha aprobado una propuesta del democristiano Gianpero D’Alia para dar al Ministerio del Interior la autoridad de ordenar a los proveedores de internet el bloqueo de sitios web o redes sociales por "crímenes de opinión" (por ejemplo, llamamientos a incumplir una ley considerada injusta). Todo ello, por supuesto, sin sentencia judicial ni otro tipo de intervención de los tribunales.

Beppe Grillo, autor de un muy popular blog y crítico con el poder con independencia de quien lo ostente, ha acertado al denunciar que se quiere levantar un "Shit Wall", en referencia al Golden Wall chino (sistema con el que las autoridades comunistas limitan y controlan la información accesible por internet). Pero Grillo no se limita a denunciar. Hace un llamamiento a los bloggers de todo el mundo a participar en una campaña de derribe el muro cibernético que se quiere erigir. Nos va mucho en ello. Si en un solo país europeo sale adelante con una norma así, el resto de Gobiernos correrá a imitarla.

Cría radicales y te correrán a palos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo siento por los chavales que tienen ahora mismo el lomo de color púrpura y las nalgas granate de tanto estacazo, pero lo que le ocurre a los dirigentes catalanes es un acto de justicia histórica que le reconcilia a uno con la Providencia.

Llevan tantos lustros educando a los niños en el radicalismo violento que al final han acabado convenciéndolos de que la mejor forma de mejorar el mundo es enfrentarse a palos con la policía, para lo que cualquier excusa resulta válida.

Por supuesto, los dirigentes del nacionalismo radical de izquierdas nunca han creído en lo que pregonaban, entre otras cosas porque durante la dictadura, más que correr delante de los grises corrían detrás de "los verdes" (los billetes de mil), cómodamente instalados en los aledaños del Régimen. Pero como la única forma de que un incompetente estructural se encarame al poder es exacerbando todo tipo de radicalismos, tenemos ahora la gratificante situación de unos responsables políticos acojonados por la forma en que la juventud se les enfrenta. Quizás pensaban que las masas sólo iban a echarse a la calle en contra de la derecha, pero los jóvenes atacan al poder establecido, como les han enseñado en las escuelas y las universidades; y ahora mismo, en Cataluña, el poder lo detenta la izquierda nacionalista.

Me divierto mucho viendo a un Joan Saura desnortado, balbuceando excusas para justificar la brutalidad de los agentes a su servicio que han dado, forzoso es decirlo, una imagen de contundencia injustificada sin parangón en los países "de nuestro entorno". Hay un mosso en concreto que es un portento. No sé si será siempre el mismo, pero hay un agente a las órdenes de Saura, zurdo por más señas, que hace todo tipo de filigranas con el bastón sacudiendo a ambos lados ¡Y no falla ni un solo leñazo! Se lo juro; el tipo es un virtuoso de la porra que además se gusta en los lances como los buenos toreros, lo que denota la existencia de un entrenamiento de lo más exigente.

La situación es de una esquizofrenia total, como corresponde al Oasis (A.K.A Matrix). Es lo que ocurre cuando se pone de responsable de la policía a un político de extrema izquierda que lleva media vida propagando "la revolución". Luego le hacen a él "la revolución" y no puede irse a las barricadas a luchar contra el poder establecido. Porque el poder es, ay, él y su señora. No me digan que no es divertido.

Torquemada en Nueva Zelanda

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Al fin y al cabo, los jóvenes de todo el mundo que todavía no han llegado a la mayoría de edad comparten una amplia gama de aficiones y gustos. Y entre todos ellos están, que duda cabe, consumir productos de entretenimiento destinados a adultos.

La mayor parte de los adolescentes de todo el mundo comparten varias pasiones: las escenas ficticias de violencia (sobre todo los chicos); la imagen de señoritas o mozalbetes, depende del sexo y los gustos de cada uno, de buen ver con la mayor superficie posible de piel a la vista; las conversaciones subidas de tono… En definitiva, todo lo que se suele clasificar como apto sólo para mayores de edad. Y la cuestión de estas clasificaciones, a pesar de que estemos acostumbrados a ellas, resulta más peliaguda de lo que podría pensarse en un principio.

No hay nada que objetar cuando se limitan a recomendaciones, sobre todo si surgen de la iniciativa privada, o se trata de autolimitaciones impuestas por el propio sector en cuestión (el cinematográfico, el de los videojuegos, etc.). Otra cosa muy diferente es cuando el Estado se mete por medio e impone prohibiciones. En estos casos se trata de una intromisión directa en el ámbito del hogar. Son los padres, y no un funcionario, los que deben considerar si unos contenidos audiovisuales, fotográficos, electrónicos o de cualquier otro tipo son los adecuados para sus hijos.

Tan sólo por eso resulta demencial la pretensión del censor jefe del Gobierno neocelandés (de hecho, resulta demencial el hecho de que en un país democrático exista ese cargo) de meter en la cárcel a los padres de menores que se entretengan con videojuegos para adultos. Lo que pretende este señor es que aquellos progenitores que no eduquen, o no puedan hacerlo, a sus hijos como los políticos creen que deben hacerlo terminen con sus huesos en prisión. Pero hay más. Bill Hasting, que es como se llama este moderno Torquemada austral, justifica su pretensión con la excusa de que la cárcel es una buena manera de obligar a los padres a aprender lo suficiente sobre tecnología para poder controlar a sus retoños.

Tal vez debería preocuparse menos por la moral ajena y más por desarrollar su propia inteligencia y sentido común. ¿Se le ocurriría a Hasting meter en la cárcel a un padre analfabeto por el hecho de que un hijo suyo que sí ha estudiado lea una novela erótica? ¿Y encarcelar a una madre que no sabe bloquear el DVD para que no reproduzca contenidos pornográficos o violentos, suponiendo que el aparato lo permita? O, incluso, ¿condenaría a un ciego por no saber cómo impedir que su hijo mire fotos de chicas desnudas? Porque la argumentación en la que basa su propuesta, aunque la aplique sólo a los videojuegos, justificaría todas esas tropelías.

Contra la cibercensura

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Soy bastante reacio, por lo general, a los "días oficiales de" puesto que no suelen servir de gran cosa excepto para que unas cuantas organizaciones de distinto tipo consigan subvenciones para organizar actos vistosos pero inútiles y los políticos de turno logren arañar unos segundos de informativos televisivos y alguna foto en prensa.

Algunas de estas jornadas, de hecho, me resultan especialmente irritantes. Una de ellas es el llamado Día Mundial de Internet, que año tras año se sigue celebrando pese a que no hay razón para hacerlo. Setenta nombres son la prueba:

Cincuenta chinos: Kunchok Tsephel Gopey, Du Daobin, Huang Qi, Hu Jia (Premio Sajarov 2008), Zhu Yufu, Ablikim Abdiriyim, Chen Shuqing, Zhang Jianhong (Li Hong), Yang Maodong (Guo Feixiong), Guo Qizhen, Yang Tianshui, Li Jianping , Ren Zhiyuan, Zhang Lin, Zheng Yichun , Liao Yunhua, Kong Youping, Huang Jinqiu (Qing Shuijun), Li Zhi, Tao Haidong, Luo Yongzhong, Zheng ("Sini"), Lu Zengqi, Chen Shumin, Yin Yan, Li Jian, Yan Qiuyan, Jiang Lijun, He Depu, Liang Changying, Wang Xiaoning, Li Dawei, Tan Qiu, Fang Guokun, Li Hongmin, Wang Sen, Zhang Honghai, Xu Wei, Jin Haike, Yang Zili, Zhang Yuhui, Li Yanfang, Jiang Yuxia, Li Chunyan, Huang Kui, Ma Yan, Lin Yang, Zhang Haitao, Wu Yilong, y Mao Qingxiang.

Dos birmanos: Zarganar y Nay Phone Latt.

Un egipcio: Abdel Kareem Nabil Suleiman (Kareem Amer).

Cuatro iraníes: Omidreza Mirsayafi, Esmail Jafari, Rah Mardom, Mojtaba Lotfi y Hossein Derakhshan.

Cinco sirios: Habib Saleh, Firas Saad, Tariq Omar Biasi, Kareem Arabji y Muhened Abdulrahman.

Siete vietnamitas: Dieu Cay, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Tran Quoc Hien, Truong Quoc Huy, Le Nguyen Sang ("Nguyen Hoang Long") y Nguyen Bac Truyen.

Todos ellos son personas que sufren prisión en estos momentos por haber utilizado internet para criticar a sus gobiernos o hablar de temas prohibidos en sus países. La lista sería mucho más larga si incluyéramos otros que ya salieron de la cárcel, como el tunecino Zouhair Yahayaoui (Premio Ciberlibertad 2003, concedido por Reporteros Sin Fronteras), el cubano Mario Enrique Mayo (en la actualidad con "licencia extrapenal", por lo que puede ser encarcelado en cualquier momento, y condenado a 20 años de prisión bajo la única acusación de conectarse a internet) y muchas docenas más de diversos países. Aunque son las principales víctimas de la falta de libertad en la red, no son las únicas. Millones de seres humanos tienen prohibido el acceso a internet o sólo pueden conectarse a una red muy censurada.

Por ello no apoyo el Día Mundial de Internet, pero sí otra jornada que se celebra el 12 de marzo: el Día Mundial contra la Cibercensura (iniciativa creada el año pasado por RSF con el nombre de Día Internacional por la Libertad de Expresión en Internet). Además me sumo al llamamiento que Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional hacen a Google, Yahoo y Microsoft para que al menos durante esa fecha no colaboren con la censura online que existe en veinte países. Cumplir la normativa legal de un país no es excusa para violar la libertad de expresión. Cuando la legislación atenta con los más elementales derechos de los seres humanos, acatarla y dañar a terceros es algo ilegítimo y criminal. Puesto que estos tres gigantes de internet han decido seguir esa vía, conminémosles a que al menos por un día se comporten de otra manera.

La proscripción de la violencia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La violencia es uno de los hechos sociales más antiguos, si no el primero, y también uno de los más importantes. No es el momento de hacer taxonomía y etiología de la violencia, pero sí parece plausible que a medida que la sociedad se ha ido haciendo más compleja, la violencia ha perdido protagonismo. La violencia como método de adquisición es inmediata y eficaz, pero tiene mucho riesgo y es inestable. Además sólo puede adquirir lo que ya se ha producido, no es un método de producción a no ser que sea defensiva. Es más, la producción requiere procesos carentes de violencia, y el intercambio se interrumpe con ella, por lo que la división del trabajo, suelo fértil del desarrollo, sólo puede florecer en un ambiente pacífico.

El derecho es la solución de la violencia por otros medios más feraces a largo plazo y más abiertos. Dos familias romanas enfrentadas por una disputa podían atenerse a lo que aconsejaba el jurisconsulto o resolverlo por el viejo método del enfrentamiento violento. Pero saben de los grandes costes de hacerlo; y saben que el final de ese camino es imprevisible. Las sociedades basadas en el comercio han triunfado sobre las que han recalado en la violencia. Sólo una institución violenta se hace cada vez más poderosa: el Estado. Pero no es parte del desarrollo social, sino un parásito que se hace más fuerte cuanto más compleja y desarrollada es esa sociedad, dicho sea en términos generales.

Las relaciones voluntarias y pacíficas se han reforzado por una moral que las valora y que condena el recurso a la violencia. Pero nuestra sociedad tiende a estereotipar los valores, a convertirlos en ideales puros, desasidos de la experiencia que les ha ido moldeando, y han alcanzado formas extremas y en ocasiones peligrosas. Es el caso de la violencia, que de ser condenada en términos generales y para ciertos fines ha pasado a quedar proscrita en cualquier manifestación, real o simulada, simbólica y casi imaginada.

La violencia es un medio, y hay un caso en que ese medio no sólo es defendible, sino que merece el pleno respaldo del derecho y de la moral: la violencia para la defensa propia. Puesto que la autodefensa pasa por el uso o la amenaza del uso de la violencia física. La proscripción moral de la violencia, de cualquier violencia, no deja huella en quienes están dispuestos a saltarse las normas de convivencia; por ejemplo, en los violentos. Pero sí en el ciudadano medio, el que puede ser víctima de esa violencia, pero que se ve moralmente desarmado para recurrir también a ella, con el fin de anularla.

No es ya que la autodefensa quede deslegitimada, es que la defensa del vecino frente a una agresión se convierte en un crimen. Se acordarán de Sergi Xavier, el chaval que pateó la cara de una ecuatoriana en el tren “por puta inmigrante”. Pero no les dirá nada el nombre de Jesús Prieto. Es el argentino que hizo honor a su apellido y se quedó clavado a su asiento, sin desviar siquiera la mirada. La prensa local no podía acusarle de ser un cobarde, porque hacerlo supondría sugerir que tendría que haber recurrido a la violencia para parar la agresión, de modo que le convirtió en “otra víctima”. La proscripción de la violencia tiene como consecuencia el reinado de los violentos.

Prepotencia legislativa

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Un ejemplo es la prohibición, vía artículo 69.7 de la Ley Electoral, de publicar encuestas de intención de votos los cinco días previos a la celebración de unos comicios. Quienes sí pueden, en cambio, acceder durante esas jornadas a estos sondeos son los partidos políticos. De esta manera, se establecen dos categorías de españoles con diferentes derechos. Por una parte, los electores, que ven recortada su libertad de acceso a información, y, por otra, aquellos que aspiran a ser elegidos.

En la actualidad, como sostienen desde la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública, internet ha convertido la citada prohibición en obsoleta y discriminatoria. Antes ya era lo último, al negar a los electores un derecho que sí tienen los elegibles, pero ahora lo es de manera diferente y con menos perjudicados. A través de la red, como ya ocurrió en las últimas elecciones generales, cualquiera puede visitar los periódicos y otros sitios informativos extranjeros en los que se publiquen encuestas de intención de voto en España. En la actualidad, por tanto, los discriminados son aquellos ciudadanos que no tienen acceso a internet frente a los que sí se conectan, así como los medios de comunicación españoles frente a los foráneos, al competir los de aquí con unas restricciones legales a las que no están sujetos los de fuera.

La prohibición se fundamenta en una gran prepotencia por parte de los legisladores. Se considera que la publicación de los sondeos durante los últimos días puede afectar a la decisión de a quién votar o incluso a la de si acudir a hacerlo o no. Puede ser cierto, pero también lo es que influye el cómo se desarrolle la campaña durante sus últimas jornadas, y los datos de las encuestas escatimadas a los ciudadanos son claves a la hora de que cada partido decida su estrategia para esos momentos finales tan importantes. Así, desde el Estado se selecciona qué elementos debe tener en cuenta el elector y cuáles no a la hora de decidir su voto.

Por mucho que les disguste a los legisladores, todos los elementos que influyan en el voto son legítimos mientras no exista coacción. Algunos pueden ser equivocados, pero eso no justificaría que a través de la Ley se tratara de impedir su influencia. A nadie se le ocurriría prohibir sacar fotos o imágenes televisivas de los candidatos para evitar que algunas personas votaran al que consideran más guapo o que viste mejor. Tampoco hay nadie tan loco como para proscribir las intervenciones radiofónicas de políticos por el hecho de que ciertos votantes pudieran elegir a aquellos que tienen una voz más cálida o transmitan una mayor confianza. Por tanto, tan sólo la prepotencia de los legisladores puede explicar su prohibición.

El artículo 69.7 de la Ley Electoral es un atentado contra la libertad de información y comunicación desde el momento mismo en el que se redactó, pero en la actualidad se nota mucho más. Por lo tanto, si esta mayor visibilidad del recorte de tan fundamentales derechos sirve para que se derogue, otra cosa buena que habremos sacado los españoles de internet.

El origen de las subprime

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La explicación reside en que las famosas hipotecas basura no eran la causa sino el primer síntoma evidente del estallido de la burbuja crediticia que, durante más de una década, fue alentada desde los organismos financieros de planificación central.

Curiosamente, la mayoría de políticos y analistas culpan a la avaricia y la desregulación de todos los males que aquejan hoy en día al sistema financiero y económico del mundo desarrollado. Sin embargo, más allá de las falacias y la demagogia que rodean dicho discurso, la visión políticamente correcta (la mayoritaria) ni siquiera atisba el origen real del problema. Esto es, la intervención del Estado en materia monetaria, mediante la fijación arbitraria de tipos de interés, así como la estrategia bancaria de endeudarse a corto plazo e invertir a largo, propio del actual sistema basado en la reserva fraccionaria y el dinero fiduciario sin soporte real (patrón oro).

El edificio se sustenta sobre cimientos endebles y el terremoto subprime marcó el inicio del fin de la burbuja crediticia. Ahora bien, lejos de las explicaciones que se exponen en las aulas universitarias y llenan las páginas de los medios de comunicación, la intervención estatal juega un papel clave y decisivo en todo este entramado. Basta con observar cómo y por qué nacen las famosas hipotecas subprime para desvelar este monumental engaño al que estamos siendo sometidos.

Para ello, hay que retroceder a la época del New Deal. En 1938 nace Fannie Mae de manos del presidente de Estados Unidos F. D. Roosevelt. Su nombre proviene de la siglas FNMA (Federal National Mortgage Association). Dicha entidad nace con el objetivo de expandir el crédito para la compra de vivienda ante la restricción de préstamos de aquel tiempo (credit crunch). Y ello, gracias a que sus hipotecas y bonos (emisión de deuda) contaban con el respaldo público del Gobierno. Es decir, Fannie Mae ejercía una función de banco público mediante la concesión de préstamos subvencionados. Algo similar, para entendernos, al Instituto de Crédito Oficial (ICO) presente en España.

En 1968, el presidente Lyndon Jonson procede a la privatización de la compañía, pero conservando el privilegio del respaldo gubernamental (GSE, Government Sponsered Enterprise). Poco después, en 1970, nace su hermano gemelo Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corp.), también bajo el patrocinio estatal (GSE), con el fin de extender aún más el mercado hipotecario en Estados Unidos.

Además, Richard Nixon, no contento con la función crediticia desempeñada hasta el momento por sendos bancos pseudoestatales, decide permitir a Fannie y Freddie la compra de hipotecas que conceden los bancos comerciales. Nace el mercado secundario de las hipotecas (titulización) respaldadas por el Gobierno. Pero aún hay más. Los demócratas, en sus aspiraciones de igualdad social y económica, se marcaron como objetivo político facilitar una vivienda en propiedad a cada norteamericano.

Jimmy Carter promulga en 1977 la Community Reinvestment Act (CRA). En un primer momento, dicha norma obligaba a las entidades financieras privadas, bajo amenaza de sanción, a conceder hipotecas a aquellos ciudadanos que, por su situación económica o en ausencia de avales, no alcanzaban los requisitos de solvencia exigidos para acceder a un préstamo privado.

Tras años de funcionamiento, el presidente Bill Clinton modificó la CRA para que las hipotecas de bajo coste (subprime) se ampliaran a las minorías raciales, con independencia de sus ingresos económicos e historial crediticio. La ley permitía denunciar ante los tribunales a los bancos que denegaran crédito a minorías étnicas o barrios marginales. Una especie de discriminación positiva, pero a nivel bancario. Para facilitar su extensión, este tipo de hipotecas eran adquiridas por Fannie y Freddie ya que, al fin y al cabo, contaban con el aval del Gobierno.

Como resultado, entre 1999 y 2005, los GSE lograron que amplias capas de la sociedad estadounidense abandonaran el mercado del alquiler para embarcarse en la fabulosa aventura de la propiedad inmobiliaria. Durante ese período la compra de vivienda creció un 87,2% entre los hispanos, un 71,9% entre los afroamericanos y un 46,3% entre los asiático-americanos, frente a un aumento próximo del 31% entre la población no minoritaria. Todo ello, impulsado, por supuesto, gracias a la fijación de unos tipos de interés oficiales muy bajos (entre el 1% y el 2%) por parte de la Reserva Federal (FED) que entonces dirigía el maestro Alan Greenspan.

Al grito de más madera, los directivos del GSE aún fueron más allá y, en su búsqueda de nuevos beneficios, comienzan a empaquetar hipotecas de alto riesgo para vendarlas como MBS (mortgage-backed securities). Dichas titulizaciones son colocadas a los inversores, garantizando además el pago de las mismas independientemente de la solvencia de los deudores (familias con escasos recursos). De este modo, proveen a los bancos comerciales de inyecciones de capital extra para la concesión de nuevas hipotecas.

Por otra parte, Fannie y Freddie contaban con privilegiadas líneas de crédito con el Tesoro de Estados Unidos a tipos inferiores a los del mercado. Esto les permite pagar más por las hipotecas que pretendían adquirir sus competidores. Su deuda también estaba avalada por el Estado, así que se podían financiar en el interbancario con mayor facilidad y menor coste que la banca privada; estaban exentas del pago de impuestos; las autoridades financieras les exigen menos fondos propios sobre el activo que a empresas privadas similares. Es decir, podían emitir más crédito con el mismo volumen de capital. Estos y otros privilegios gubernamentales permitieron a Fannie Mae y Freddie Mac ostentar el liderazgo del mercado hipotecario estadounidense durante años. En el segundo trimestre de 2008, ambas compañías emitieron el 84% de las hipotecas nuevas de la primera potencia mundial.

El crédito fácil y la financiación barata agrandó hasta el extremo la burbuja inmobiliaria que se había iniciado 30 años antes y empujó a las entidades financieras a una estrategia suicida basada en endeudarse a corto plazo (mercado interbancario) e invertir a largo (concesión de hipotecas a 20, 30 ó 40 años). Y todo ello, bajo la falacia de que el precio de la vivienda nunca baja y el coste del crédito (interés) siempre sería barato. No obstante, Greenspan alegaba por entonces que el aumento de la productividad en Estados Unidos propiciaba la permanencia de tipos bajos, al tiempo que permitía mantener a raya la inflación. Un negocio redondo, ¿verdad? El summum de la ingeniería financiera al fin se había alcanzado.

Sin embargo, la fiesta llegó a su fin. La burbuja estalló. La inflación (de bienes de consumo, que no de activos) comenzó a aumentar, obligando a una subida de tipos que, finalmente, descubrió el pastel de las hipotecas subprime. El precio de la vivienda se desmoronó, los impagos hipotecarios se dispararon, los embargos se sucedieron. Como resultado, se produce la quiebra de los fondos del banco de inversión Bear Stearns en el verano de 2007. El grifo de la financiación interbancaria se cerró. La imposibilidad de hacer frente a la deuda comprometida a corto plazo inició la sucesión de bancarrotas que se extiende hasta hoy en día.

Fannie y Freddie quebraron y volvieron a sus orígenes tras ser nacionalizadas. La factura que dejan detrás los gigantes hipotecarios tendrá ahora que ser sufragada por los contribuyentes y los hijos de los contribuyentes de Estados Unidos. ¿Desregulación? ¿Culpa del mercado? ¿Avaricia? Más bien todo lo contrario, ¿no creen? El Gobierno y la banca central, no el mercado, impulsaron, extendieron y facilitaron las famosas hipotecas subprime.

Cuando los burócratas se pelean

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

El intento de unas partes de la Administración Pública por meterse en el campo de acción de otras puede derivar en una pelea de la que, en ocasiones, salen beneficiados los ciudadanos. Y así ha ocurrido con la televisión por internet.

Hace unos años, de escondidas y sin que casi nadie se diera cuenta, el Ministerio de Industria se otorgó a sí mismo la capacidad de conceder o denegar licencias de retransmisión televisiva en páginas web. Lo hizo a través de ocho aparentemente inocentes palabras incluidas en un reglamento: "con independencia de la forma de acceso previo". Por algún extraño motivo no han utilizado hasta ahora dicho poder, pero no debe descartarse que pretendieran hacerlo en el futuro. De hecho, casi seguro que antes o después lo habrían empleado para impedir la transmisión online de contenidos incómodos para el poder político.

Por fortuna, alguien llevó ante los tribunales este artículo y el Supremo ha eliminado del reglamento las ocho palabras en cuestión. Quien se dio cuenta no fueron otros que unos burócratas diferentes, igual de celosos por su capacidad de control y tan ansiosos por poder intervenir en la sociedad como los del Ministerio de Industria: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La reclamación de la CMT, no nos engañemos, no está causada por una repentina preocupación por la libertad de expresión o una inesperada conversión al rechazo al intervencionismo administrativo en la sociedad. En absoluto. Se trata de una mera lucha de poder entre organismos de la Administración de la que, sin que seguramente ninguno de ellos lo previera, quienes han salido beneficiados son los ciudadanos.

Tal como estaba redactado el reglamento del Ministerio de Industria, cualquier página que incluyera vídeos –desde YouTube al videoblog– de un particular podría necesitar la autorización de dicho departamento para funcionar. Ahora, gracias a los celos de los responsables de la CMT, no va a ser así. Al menos por el momento, puesto que no se debe descartar que se prepare una nueva legislación en ese sentido en la que se equipare a las web con contenidos audiovisuales a las televisiones por cable. De hecho, dicha norma podría ser promovida tanto a nivel ministerial como desde la propia comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La CMT no está en contra de las licencias, puesto que éstas justifican la existencia de dicho organismo. En su reclamación no pedía, por ejemplo, que no hiciera falta autorización para emitir televisión por cable. Al contrario, reclamaba ser ella quien las gestionara cuando la cadena en cuestión tuviera una difusión mayor un territorio que el de una comunidad autónoma (algo que no le ha concedido el Tribunal Supremo). Es cierto que con la web no puede agarrarse la Administración a la mala excusa de los límites del espacio radioeléctrico, pero tampoco lo pueden hacer con la televisión por cable y sin embargo el Ministerio de Industria es el encargado de conceder licencias para este tipo de emisiones. En este caso los ciudadanos hemos salido ganando de la pelea entre burócratas, pero no siempre ocurre así.

Garzón, polvo de estrellas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El primero de ellos habla del choque, a 788 kilómetros de la tierra, de dos satélites, con un tamaño menor que el de cualquier persona. ¿Cómo habrán ido al mismo punto, en el mismo instante, dos criaturas tan pequeñas que surcan un espacio tan descomunal? El choque ha esparcido basura espacial en todos los sentidos imaginables, mientras científicos y técnicos vuelven al punto de partida de sus conjeturas para explicarse lo ocurrido.

788 kilómetros más acá, pero mucho más acá, se producía otro episodio al que la prensa seria, formal, socialdemócrata, se refería prácticamente en los mismos términos. Se trata del "encuentro" del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real. Tal coincidencia es de lo más extraordinaria, pues de toda la geografía nacional han ido a toparse en un mismo punto geográfico de las Españas, y de sus atribuladas vidas, el acaecimiento se produce en el mismo instante, aquél en que Garzón ha atizado un sumario al partido rival del Gobierno al que pertenece Bermejo.

Por si fuera poca la serentipidad del caso, ambos, Garzón y Bermejo, dedicaban sus horas en común a la misma actividad: la caza. De animales, se entiende. Otrosí, al hecho fortuito vino a sumarse Juan Antonio González, jefe de la Policía Judicial, encargado de investigar la supuesta trama de corrupción del PP. Todo ello a un mes escaso de producirse dos elecciones que son más importantes para el PP que para cualquier otro partido, excepto el PNV. Como en el choque en el espacio, el encuentro cinegético entre Bermejo y Garzón ha producido polvo de estrellas, como no podía ser menos dada la condición de eadem del juez que veía amanecer.

Claro que, quizás, eso a lo que la prensa socialdemócrata llama "encuentro" sea más bien la primera escena de corrupsoe segunda parte, la vuelta de aquel reino de la corrupción de las instituciones que se extendió hasta ocuparlo prácticamente todo porque se sabía impune. La reunión es una demostración obscena de poderío, de podrerío. Cuando las instituciones no son el freno de los políticos sino su instrumento, la democracia se desvanece.