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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Declaración Universal de los Derechos de los Políticos

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 10 de diciembre se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto escrito tras la Segunda Guerra Mundial y que recoge dos tradiciones distintas de pensamiento sobre los derechos de las personas. La primera, que se refleja esencialmente en los artículos primero a 20, es la tradición individualista que reconoce en cada persona al portador de derechos inalienables que le son inherentes y que se derivan del derecho a la vida y a la propiedad. Es la tradición que se reflejó en la famosa Declaración de Derechos de Virginia o en las diez primeras Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos.

El artículo 21 marca ya el cambio de tono, y proclama el derecho de todos de participar en el proceso político. A partir de ahí se lista un conjunto de derechos “positivos”, como el “derecho” a la seguridad social, a “una remuneración satisfactoria”, a “un nivel de vida adecuado” a la “educación gratuita” y demás.

El de los derechos positivos es un capítulo sin límite. Mientras que los negativos nacen del mismo ser de la persona, los otros son una lista de la compra que se puede ampliar a medida que la sociedad es más próspera y puede sostener las promesas de los políticos. No son, en realidad, derechos, sino la promesa de que el proceso político pondrá a una parte de la sociedad, o a toda ella, bajo una servidumbre involuntaria que resultará en la provisión por el Estado de ciertos bienes y servicios. Los derechos positivos son un programa político.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no parte del reconocimiento de ciertos derechos propios de cada individuo, sino que es ella quien los otorga, quien los crea. E, igual que los ha proclamado, los puede cambiar en cualquier momento. De hecho, en su artículo 29 dice que “estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”, y como éstos dependen de lo que decidan los dirigentes, la carta de derechos de 1948 es una concesión, limitada y siempre provisional, de los políticos. Es una Declaración Universal de los Derechos de los Políticos. Siempre nos están salvando… menos de ellos mismos.

No a la Declaración Universal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No lo es. No hablamos de las Tablas de Moisés ni de las Leyes de Solón, ni de la codificación del Derecho Romano por Justiniano, ni de la Carta Magna Libertatum, ni nada que se asemeje. El texto de 1948 es un programa político sin voluntad de cumplirse en todo lo que tiene de bueno, y manipulable hasta el punto de justificar los ataques más directos a los Derechos Humanos.

El origen de la fe en que la persona tiene derechos inalienables está en el pueblo judío y aquello de que “El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios”. Esto supone reconocer una dignidad esencial en cada individuo. El cristianismo heredó ese valor supremo de la persona y lo hizo universal al extenderlo a los gentiles. Santo Tomás hizo suya la idea de Derecho Natural de Aristóteles y los estoicos y lo incardinó en la tradición de pensamiento cristiano, para que los profesores españoles de la Escuela de Salamanca la perfeccionaran para dar lugar al Derecho de gentes. Construyeron un pensamiento que, como dice Luis Suárez en un reciente libro, basaba los derechos de la persona en “vida, libertad y propiedad, con todos sus derivados”.

Esa tradición la recogió, engarzada con las libertades inglesas, la Constitución de los Estados Unidos con sus diez primeras enmiendas, y la Declaración de Derechos de Virginia. La de Francia bebe de las mismas fuentes, pero con un cariz muy distinto. Los derechos no le pertenecen a cada individuo en cuanto tal; no le son inalienables, propios e innatos, sino que le son otorgados en cuanto ciudadano, en cuanto sujeto de una Soberanía popular, luego nacional, que como se los otorgó se los puede retirar de nuevo o redefinir en cualquier sentido. Esta visión positivista y transformadora de los derechos es la que se rescribe, y muy mal, en la Declaración de 1948.

Pues lo que recoje no es ese poder exclusivo e inviolable que nace con cada persona y se dereva de su derecho exclusivo sobre sí mismo, no es esa breve lista de derechos del individuo en cuanto tal y que tiene un carácter eminentemente negativo. No. La Declaración Universal pretende ser fundamento de los derechos, y no mero reconocimiento de los que nos pertenecen esencialmente. E incluye derechos positivos, es decir, derecho a que el proceso político robe a unos para dar a otros ciertos bienes o servicios. La esclavitud frente al Estado y el robo son la clave del texto. E impone a los individuos el deber de obedecer al Estado. Si no me creen, lean el artículo 29: "Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas". Esto es lo que celebra todo el mundo.

Que no cuenten conmigo.

Triángulo rosa sobre uniforme a rayas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Para aquellas ideologías que tienen soluciones totales para los problemas de la sociedad, la homosexualidad consentida ha de ser combatida. Es más, en casi todas las sociedades ha habido generalmente un sentimiento (y una legislación) hostil hacia dichas prácticas voluntarias. Nada es comparable a la opresión ejercida por los regímenes totalitarios al imponer coactivamente una moral al conjunto de sus subordinados.

Desde que Stalin promoviera la moral de la "familia socialista" y criminalizara la homosexualidad en 1933, la ortodoxia comunista dictaminó que ésta era fruto del vicioso capitalismo. Se tipificó como delito en el código penal soviético. El testimonio de dos o más vecinos contra alguien que vivía sin compañía femenina y que acogía por las noches sólo a hombres podía acarrearle hasta cinco años de prisión por tan "peligroso" delito. En enero de 1936, Nikolai Krylenko, comisario del pueblo para la Justicia, anunció que la homosexualidad era subversiva y propia de las clases explotadoras; no habría lugar para ese tipo de conducta en la "sana" sociedad comunista. Se vinculó, pues, a la contrarrevolución (Yagoda, un mujeriego jefe de la NKVD, la relacionó incluso con el espionaje y Gorki, pluma del realismo socialista, con el fascismo). Más tarde, las autoridades médicas y judiciales soviéticas corroborarían en multitud de ocasiones ese punto de vista moral ejercido desde el poder.

Durante el nazismo se endurecieron exponencialmente las penas ya existentes contra los homosexuales que acabaron por engrosar las listas de los colectivos que la GESTAPO pretendió exterminar (no menos de 10.000 personas fueron asesinadas por dicho motivo). En los campos de concentración se les identificaba, según el marcador nazi de prisioneros, con un triángulo rosa invertido y bordado en su uniforme-pijama. Su trato hacia ellos en dichos campos fue brutal. Eran, de entre todos los presos, los que menores posibilidades tenían de sobrevivir. Himmler fue un fanático perseguidor de homosexuales por considerarlos degenerados genéticos de la raza a los que había que erradicar completamente de la sociedad. Los experimentos hormonales y químicos llevados a cabo en 1944 por el médico de la SS Karl Vaernet en el campo de Buchenwald para la "cura" de la homosexualidad fueron viles y criminales.

En la China de Mao, por su parte, se les persiguió de manera inclemente especialmente a lo largo de la Revolución cultural. Se les encarcelaba durante años y, a veces, se les castraba o ejecutaba. En 1997 se descriminalizó la homosexualidad y sólo recientemente se ha eliminado de la lista oficial que recogía los desórdenes mentales (Rusia lo haría en 1999).

Fidel Castro la combatió tenazmente en su isla. Durante algún tiempo fue ilegal en Cuba y estaba penalizada con cuatro años de encarcelamiento. Se requirió a los padres para informar a las autoridades cuando observaran a un hijo "desviado"; el no hacerlo era un crimen contra la revolución. A mediados de los años sesenta hubo detenciones en masa de homosexuales, sin cargos ni procesos. Muchos fueron internados en campos de trabajos forzados (las UMAP) con el objeto de ser reeducados, para "hacerse hombres" según pontificaban los agentes del Gobierno cubano (los catetos revolucionarios siempre idealizando la vida rural). A pesar de que el código penal cubano de 1979 la despenalizó formalmente, su situación legal en Cuba sigue siendo hoy delicada. La conducta homosexual "causante de escándalo público" puede ser castigada con hasta doce meses de cárcel y esta sanción se utiliza caprichosamente para arrestar a hombres afeminados o travestidos. Periódicos u organizaciones de homosexuales están completamente prohibidos en el paraíso progre caribeño.

Incluso hoy día en los países del antiguo bloque comunista persiste aún mucho prejuicio e intolerancia hacia los vínculos homosexuales fruto de la estela de la antigua moral colectivista e inquisitorial.

En las complejas y civilizadas sociedades de hoy la homosexualidad ha dejado de ser, por fortuna, un problema comunitario. En este contexto, el actual socialismo desdentado defiende el "otorgamiento" de derechos a los homosexuales como mero señuelo para ganarse el voto de dicho colectivo, que es lo que verdaderamente interesa. Por el contrario, en su programa político la defensa de las libertades individuales, en general, no parece ser una prioridad. Las ideologías colectivistas son "maravillosas" pues les resulta sorprendentemente fácil apoyar una cosa y la contraria en su estrategia hacia la toma o permanencia del codiciado poder.

Es siempre amenazador aleccionar en asuntos morales desde el Estado. El liberalismo, pese a renunciar al "punto de vista privilegiado sobre el mundo", reconoce que la moral constituye un factor humano relevante, si bien recela que su difusión sea ejercida desde el poder. Se sabe que el ser humano es hipersocial y, al tiempo, que su conocimiento es falible. Su aspecto práctico se encuentra diseminado y tácito entre todos los millones de personas vivas. El ejercicio efectivo de la libertad del individuo amparado por reglas generales y no discriminatorias se torna, pues, imprescindible para el progresivo aumento pacífico de medios y fines del hombre. Sólo así se evidencia realmente un respeto integral por la persona, inquietud primera del liberalismo.

Al Papa que vas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Claro, eso de que vaya un político a quejarse al Papa de que haya un periodista que le critica con insistencia puede parecer un poquito fuera de lugar. Al fin y al cabo, ¿no es misión de los periodistas criticar a los políticos? ¿No le va a éstos en el cargo aguantar el chaparrón? Que la emisora es propiedad de la Conferencia Episcopal. ¿Es que es tan mala la idea que la Iglesia de amparo a un cacho de libertad de expresión?

Y, sobre todo, ¿Qué diablos le puede importar al Papa la intolerancia de Gallardón a la crítica?

Si todavía creen que el Papa tiene asuntos más importantes en que pensar que las miserias de un político de lo más mundano, es que no están en la mente de nuestro hombre. Federico Jiménez Losantos puede meterse con quien le dé la real gana. Pero es que se está metiendo ¡con él! Que se trata de él, señores, no de cualquier mindundi como los que pueblan este apretado mundo a millones. Además, si él le ha concedido su tiempo a Benedicto XVI, lo menos que puede esperarse del Santo Padre es un poco de atención. Y es obvio que, en cuanto le exponga los hechos, si es que Ratzinger tiene un mínimo de sentido de la justicia, aunque sea por ósmosis tras la audiencia, sentirá un profundo sentimiento de injusticia y actuará en consecuencia despidiendo al periodista. A la mente de Gallardón le hace falta un buen amueblado.

La traición es una tara de fábrica de los humanos, como hay otras. Judas es uno de los grandes personajes de la historia, pero no hace falta ir lejos para desgarrarnos, mucho o poco, por una lealtad quebrada. Ahora bien, en ocasiones no es necesario más de uno para que haya traición. A veces una y la misma persona es el traicionado y el traidor. Albero Ruiz Gallardón es víctima y malhechor, todo al tiempo, al haber permitido que uno de sus grandes pecados, acaso el capitán de todos los suyos, le haya llevado al ridículo. Él, que cuida como un recién enamorado, como un idólatra devoto, su propia imagen.

El pecado es la soberbia, no hará falta que se diga. Una soberbia desmedida, incontrolable y rebelde, que le aparta de su camino incluso a sus colaboradores; o a los nuestros. Una soberbia que le lleva a verse como instrumento de grandes proyectos que le granjearán el admirado y justo recuerdo de los historiadores de los siglos por venir. La soberbia le ha hecho pensar que la cabeza de la Iglesia podía tener entre sus preocupaciones sus querellas con la libertad de expresión.

Rouco Varela le ha salvado, con una piedad que el alcalde de Madrid no tiene por sí mismo, se hacer un ridículo mayúsculo, fenomenal, gallardoniano.

Balance (provisional) de las leyes de excepción feministas

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, durante el pasado año 2007 murieron en España 1148 personas por causa de homicidio o asesinato. De esa relación luctuosa, setenta y cuatro fueron mujeres etiquetadas como víctimas de la violencia de sus parejas o antiguas parejas.

Sirvan esas cifras sobre la criminalidad como punto de partida para situar cuantitativamente lo que, de otra forma, se presenta de manera insistente en los medios políticos y de comunicación como una lacra que causa el pánico de la sociedad. A despecho de esa cobertura, los ciudadanos españoles distan clamorosamente de compartir esa percepción. Así lo han apuntado los resultados de una reciente encuesta publicada por el CIS, según la cual el 95 por ciento de los ciudadanos conoce el problema de la violencia de género a través de los medios de comunicación y el 2,7 por ciento lo consideran un problema "grave".

Sea como fuere, transcurridos varios años desde que la espiral de reformas legislativas comenzada con la ley de 2003 que introdujo la orden de protección –agravada con la disparatada ley de medidas de protección integral contra la violencia de género del año siguiente– cabe preguntarse si los medios legales y materiales desplegados por los poderes públicos durante ese tiempo están justificados y contrastarlo con los objetivos que sus propios promotores se trazaron.

El problema de la "violencia doméstica", se peroraba, debía abordarse desde una perspectiva integral para abordar sus múltiples aspectos. La respuesta de la sociedad (léase "del Estado") había adolecido hasta ese momento de parcialidad, ya que el fenómeno debía afrontarse con medidas penales, sociales (apoyo económico, psicológico a las víctimas, etc.). Los legisladores no consideraron que la defensa de las víctimas de los malos tratos –una violencia dispersa ubicada por lo general en ámbitos muy íntimos– tenga que partir principalmente de las propias afectadas –autodefensa– y de la ayuda de sus familiares y amigos.

De cualquier modo, el principal puntal de la primera Ley consistió en centralizar la adopción de todas las medidas protectoras (penales y civiles) en los juzgados de instrucción penal. Previa denuncia, los jueces de esta clase otorgarían, tras una breve audiencia, una orden de protección "integral" a las víctimas de delitos o faltas contra su vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o su seguridad. El contenido de esa resolución añadía a las medidas cautelares penales otras, aunque de duración limitada, cuya adopción correspondía a los tribunales civiles en los procesos matrimoniales. Por ejemplo, la atribución del uso de la vivienda familiar, la determinación del régimen de visitas de los hijos o la prestación de alimentos. Asimismo, la obligación para el juez de comunicar esa orden de protección a los servicios sociales de las distintas administraciones, convertiría a la denunciante en potencial receptora de subsidios y prestaciones públicas.

Un riesgo inherente al ofrecimiento de una protección judicial idéntica para casos tan distintos, consiste en que la tramitación burocrática de los casos más numerosos y menos graves obstaculiza la persecución efectiva de los más graves y menos frecuentes. Desde otra perspectiva, en situaciones de ruptura de una pareja concurre el riesgo moral de una utilización torticera de la denuncia falsa para conseguir la posición de ventaja que se anuncia a la víctima real en los procesos matrimoniales. La ausencia, en muchos casos, de testigos ajenos a la relación afectiva y la propia dinámica del sistema judicial español garantiza la práctica impunidad de esas conductas.

Unos datos del observatorio de violencia doméstica corroboran esas hipótesis. De los 21.002 casos tramitados en el último trimestre de 2007 por los juzgados de violencia sobre la mujer, la mitad fueron archivados por sobreseimiento, sin que llegaran a juzgarse. No existen, sin embargo, datos publicados sobre procedimientos penales por denuncias falsas derivadas de esos casos.

Así las cosas, a finales de 2004, las Cortes dominadas por el gobierno neosocialista aprobaron la citada ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. En su defensa se esgrimió que no solo constituía el remedio integral para atajar los homicidios de mujeres, sino un instrumento para cambiar la mentalidad machista que supuestamente es la causante de esas muertes. Tal cual.

A grandes rasgos, esta nueva intervención introdujo unos juzgados de excepción (llamados de "violencia sobre la mujer") a los que se atribuyó las competencias vistas de los juzgados de instrucción, ampliadas a la decisión definitiva de las cuestiones civiles. El procedimiento penal sin garantías para los denunciados se mantuvo y se añadió al código penal un delito especial que solo puede cometer un hombre sobre una mujer o "personas vulnerables". Ese nuevo delito consiste en causar "por cualquier medio o procedimiento" menoscabo psíquico o lesión no definida como delito en otro apartado del código penal. El Tribunal Constitucional español (STC 59/2008) ha convalidado ese aspecto de la ley con el argumento de que la distinción punitiva es razonable. Pero ello sólo pone de manifiesto que se puede tergiversar el sentido del principio de igualdad ante la Ley si se asume la teoría de que la histórica dominación "machista" justifica la penalización de unas conductas tan arbitrariamente definidas en función del sexo de su autor. Al mismo tiempo se crearon nuevos órganos administrativos encargados del seguimiento de estas cuestiones y se programaron planes educativos que inculquen la bondad de la discriminación positiva.

El paso del tiempo ha revelado que las razones que sirvieron originalmente para aprobar estas leyes de excepción son secundarias para este proyecto de ingeniería social que se proclama autosuficiente. El hecho de que las promesas de acabar con la violencia doméstica se vean desmentidas por el incremento de las muertes causadas en ese ámbito no amilana a los entusiastas promotores de ese estado de excepción. Antes al contrario, voces disidentes dentro de la judicatura, más o menos atinadas, son objeto de linchamiento mediático y se les amenaza con expedientes disciplinarios. Mientras tanto, los funcionarios judiciales denuncian que los juzgados especiales se encuentran desbordados y los policías que faltan medios materiales y humanos para atender la avalancha de órdenes de protección.

El factor Y

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En los 80 se pusieron de moda las violaciones. Luego virtualmente, y a excepción de algún que otro reincidente, los medios han dejado de recrearse en ellas. Hoy el foco se cierne sobre otra violencia, también de hombres, también hacia mujeres. Pero en lugar de en la frialdad de la calle o de un portal, en el calor de una casa. Como violencia doméstica resulta demasiado ambiguo (las víctimas más frecuentes son los hijos), se le ha rebautizado como violencia de género o, directamente, violencia machista.

El discurso político, que los medios de comunicación, en ese recreo, aceptan y adornan, tiene siempre una relación ambigua con la realidad. No son perfectamente paralelos. La política se alimenta de la realidad o, por ser más precisos, de lo que comúnmente se piensa sobre ella. Es el entendido lo que cuenta, no el hecho. Esta segunda derivada desde lo que acaece alimenta el discurso, y éste regurgita nuevos entendimientos, nuevos factoides, nuevas derivadas de segundo grado. Discurso para-lelos. Democracia.tv.

No hay que tener miedo a llamar a las cosas por su nombre. Tampoco hay que caer en crear las cosas por un nombre. Se le llama violencia machista y se juega ambiguamente de que los hombres son culpables y las mujeres víctimas por un quítame allá un cromosoma y. El machismo consiste en ver un factor x en las debilidades de los varones. ¿Es más aceptable hablar de un factor y? Este martes (de martirio informativo) los medios han confabulado sobre la violencia de este género.

Radios y televisiones han llenado sus horas hablando de crímenes entre parejas, su etiología y las soluciones. Los niños son el futuro, no hay rival pequeño y todas esas monadas. Pero que yo sepa nadie se ha atrevido a decir aspectos básicos extraídos de la estadística, como que tal violencia ha aumentado en España a medida que lo ha hecho la inmigración, y a su compás. Sólo hay que desplazar el discurso de un culpable a otro, de “los hombres” a “los inmigrantes” para que una y la misma lógica sea progresista en un caso y ultraderechista en el otro.

Y los medios, los remedios de la política para “combatir” el problema. Todos encomiables. Lo curioso es que aquí sí que se olvidan todos, políticos y periodistas, de las víctimas. Al parecer a nadie se le ha ocurrido que si una víctima recibe una agresión, tiene pleno derecho a defenderse. Y a hacerlo con los medios más adecuados para hacerlo. “Tolerancia cero” con el agresor en un mundo que ha proscrito la intolerancia. Pero tolerancia cero, también, con la víctima y su derecho a la autodefensa.

Camino de servidumbre al nacionalismo totalitario

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La represión de las libertades ciudadanas y el proceso de sometimiento de toda la sociedad a los designios de una clase política en su pretensión de alcanzar una utopía fueron perfectamente diseccionados en la obra Camino de Servidumbre, donde Hayek señalaba cómo "el partido nacional socialista alemán dedicó sus esfuerzos a desgastar los cimientos de la democracia para aprovechar su decadencia y, en un momento crítico, obtener el apoyo de muchos que, aunque detestaban a Hitler, le creyeron el único hombre lo bastante fuerte para hacer marchar las cosas".

En la actual España democrática, el abandono del camino de la sociedad civilizada comienza cuando se logran imponer políticas de discriminación nacionalista en ayuntamientos y en regiones, sin que actúe el Estado de Derecho ni funcionen instituciones democráticas como la separación de poderes o la independencia judicial.

Las graves fisuras normativas que contiene nuestra ley básica han permitido que los nacionalistas dominen las fuerzas de la sociedad libre para "guiar" a los ciudadanos hacia una supuesta "nueva libertad" que se alcanzaría en arcadias como las históricamente inexistentes: Euskal Herria, Paisos Catalans o Galiza.

Hayek acierta al afirmar que "la libertad (nacionalista) no es más que otro nombre para el poder o la riqueza" de ciertos grupos sociales organizados. Hoy en día se emplean el idioma y la cultura regional, o simplemente la territorialidad, para alcanzar cotas de poder local cada vez mayores por parte de los dirigentes nacionalistas, adoctrinando a la población en el sentimentalismo rupturista en contra de las regiones vecinas y aglutinando ciudadanos desencantados entorno al pensamiento único que busca el enfrentamiento visceral en vez de la reflexión, la cooperación y la tolerancia.

Tanto socialistas como nacionalistas están intentando conducir "todas las actividades del individuo, desde la cuna hasta la tumba", mediante la imposición de legislación positiva que invade el ámbito privado de decisión y, poco a poco, destruye las garantías jurídicas sobre los derechos individuales que establece la Constitución.

Los recursos de las regiones y del país se utilizan al servicio del partido para lograr la utopía hacia donde se quiere llevar al pueblo. Pero, tal y como lo expresa Hayek, la utopía colectivista exige por parte de la población "la general aceptación de un Weltanschauung común, de un conjunto definido de (nuevos) valores".

Como indicaba Hayek, la propaganda es un elemento clave ya que sirve para la consecución del Gleichschaltung, del pensamiento único de todas las mentes:

Ni las personas más inteligentes e independientes pueden escapar por entero a aquella influencia si quedan por mucho tiempo aisladas de todas las demás fuentes informativas.

De ahí, la importancia que otorgan los "colectivistas" a lograr el férreo control de las fuentes de información. Así, en España, muchos pretenden denominar "libertad periodística" a la pantomima de conceder licencias, contratar publicidad institucional y otorgar concesiones administrativas a grupos empresariales bien conectados con los mismos políticos a los que deberían controlar en su ejercicio del poder.

El invierno mediático queda organizado en torno a una concertación de cuatro grandes grupos periodísticos privados (Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta), dos cadenas públicas nacionales y, con escasa cuota de pantalla, las cadenas autonómicas también públicas.

Y es curioso observar como todas las grandes cadenas generalistas centran sus informaciones en sucesos, noticias impactantes, deportes y el tiempo, dedicando apenas cinco minutos diarios a titulares de noticias verdaderamente relevantes y, poco más. Prácticamente se emplean cero minutos en contrastar análisis opuestos de los hechos que tienen verdadera trascendencia para el futuro del país.

Por supuesto, mediocridad y uniformidad extienden su influjo a los noticieros y programas radiofónicos y, en menor medida, a los editoriales y artículos de análisis de los periódicos. La mayoría de la población apenas puede vislumbrar ligeros matices y leves diferencias sobre el acontecer esencial para el devenir de la nación española.

Las consecuencias morales de la propaganda controlada por un gobierno socialista o, aún peor, por el nacionalismo con el que se alía, son la destrucción de toda moral social y de la esperanza por recuperar las instituciones democráticas porque "minan uno de sus fundamentos: el sentido de la verdad y su respeto hacia ella".

Cuando una región o un país son conducidos a los infiernos del totalitarismo, resulta paradójico como la palabra verdad pierde su significado real, para pasar a designar el pensamiento único establecido por la autoridad.

Surgen tribunales políticos, como el CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña), que sirven para proteger la propaganda del régimen nacionalista al que sirven, con la inmoral aquiescencia de los representantes y tribunales ordinarios, ya sea cerrando emisoras de radio opositoras al régimen, otorgando licencias administrativas a grupos periodísticos afines al nacionalismo o actuando como censores en internet. No en vano, ya en 1946 nuestro perspicaz Hayek advirtió:

Todo el aparato (colectivista) para difundir conocimientos: las escuelas y la prensa, la radio y el cine se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones.

Sólo con medios de comunicación libres y críticos con el poder, existe alguna esperanza para la reconstrucción de las instituciones democráticas, la defensa de los ciudadanos frente a la ofensiva excluyente, y el rescate de nuestra precaria democracia del camino de servidumbre al nacionalismo totalitario.

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Frecuencias que interfieren en el mercado

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Las últimas declaraciones del miembro propuesto por el PP para el CAC, Fernando Rodríguez Madero, insultando a los dos locutores más conocidos de La Cope y Punto Radio ante el Parlamento catalán, después de que se les retirara sendas licencias en Lérida y Gerona, son bastante elocuentes: el CAC pretende silenciar a las dos emisoras por motivos políticos. Pero el CAC y su excesiva politización son sólo la expresión depurada de otro problema más de fondo: las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado, que tiene capacidad para decidir quién, cómo y por cuánto tiempo pueden utilizarse.

La razón que se aduce en defensa de la esta nacionalización es que las frecuencias son un bien escaso y alguien tiene que adjudicarlas y velar por su uso. La razón que se aduce en defensa de la esta nacionalización es que las frecuencias son un bien escaso y alguien tiene que adjudicarlas y velar por su uso. Esta justificación es un sinsentido desde un punto de vista económico, pues los bienes escasos son los únicos susceptibles de apropiación privada y los únicos a los que cabe asignar precios en el mercado. La escasez no exige la nacionalización, la escasez es la condición sine qua non para que un recurso sea privado.

El aire o los rayos del sol no son bienes escasos, no son bienes de uso excluyente sobre los que pueda haber un conflicto. El hecho de que yo tome el sol o respire no impide que otros hagan lo mismo. Por eso los rayos del sol y el aire no son de nadie. En cambio, si emito por una frecuencia los demás no pueden emitir por ella sin estorbarme. Lo mismo con cualquier recurso o bien producido en cantidad limitada: dos personas pueden querer darle un uso distinto, solo una de ellas puede controlar el recurso en exclusiva. De ahí que el bien en cuestión tenga un precio en el mercado y sea adquirido por aquél que lo paga.

Si las frecuencias fuesen privadas sus propietarios podrían hacer con ellas lo que quisieran: ofertar otro servicio o cambiar de tecnología, planificar a largo plazo, vender o comprar frecuencias destinándolas a usos más productivos etc. También podrían criticar a quien quisieran sin miedo a que no les renovaran la licencia. Hoy en día el titular de una licencia tiene derechos temporales, condicionados y limitados con respecto al uso que puede hacer de la frecuencia. No puede darle un uso más productivo del que tiene ni venderlo o arrendarlo a un tercero para que le saque un mayor provecho.

El problema de las interferencias tampoco exige la nacionalización. Interferir una frecuencia previamente ocupada por otro equivale a una invasión de la propiedad ajena. Si alguien allana tu morada, la policía lo echa. De un modo similar, si una interferencia ocurriera, el perjudicado podría interponer una demanda y los tribunales obligarían al invasor a respetar la frecuencia. Así es como se resolvían los casos de interferencias en Estados Unidos antes de que se nacionalizara el espectro por motivos políticos.

Los poderes establecidos (incluidos algunos medios establecidos) se resisten a la idea de la privatización, ávidos por conservar su poder sobre las ondas y limitar la entrada de competidores. Pero desde que Ronald Coase defendiera esta idea en los años cincuenta, la privatización cada vez es más popular entre los economistas. La mayoría coinciden en que una gestión eficiente de las frecuencias exige avanzar hacia un escenario en el que el Estado tenga menos poder de decisión sobre el uso del espectro.

Los incrédulos replicarán que esto de la compra-venta de ondas está muy bien en teoría, ¿pero hay algún país que lo practique? En realidad sí. El modelo que más se aproxima a esta descripción es Guatemala, donde la influencia de los economistas de la Universidad Francisco Marroquín se materializó en una reforma de la ley de telecomunicaciones que liberalizó casi completamente el mercado de frecuencias.

En Guatemala cualquier persona puede reclamar una frecuencia que está desocupada. Si no hay más reclamaciones, la frecuencia se adjudica gratis de forma automática. Si hay más reclamaciones se adjudica por subasta. El usufructuario es en este caso un propietario de facto, puede hacer con la frecuencia lo que quiera: determinar y cambiar el uso, la tecnología y el servicio a ofertar en esa frecuencia; arrendar, vender, subdividir o consolidar la frecuencia; utilizarla como colateral o activo etc. La licencia de usufructo dura 15 años y se renueva automáticamente con sólo pedirlo, sin ningún gasto adicional. El resultado de esta reforma liberal ha sido un auge espectacular de la industria de las telecomunicaciones en Guatemala, superior al de otros países latinoamericanos más ricos. Hay más bandas aprovechadas y más competencia, lo que beneficia a los consumidores en forma de más productos y precios más bajos (por ejemplo, en telefonía móvil).

En definitiva, la propiedad privada de las frecuencias es posible y deseable. El CAC es una deplorable manifestación de un sistema que está viciado de origen. Si las frecuencias fueran de propiedad privada no presenciaríamos este tipo de cacicadas políticas destinadas a silenciar a las voces discrepantes. Por ello, hay que atacar la raíz del problema: las frecuencias están nacionalizadas y sólo podemos usarlas si el Estado nos concede su permiso.

Privaticemos las frecuencias

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

El Instituto de la Mujer se creó en época de UCD, cuando llegó la primera ministra al Gobierno, aunque ésta por méritos propios.

Lo cierto es que hay mucho que mejorar, aunque yo no creo que la acción política sea el mejor camino. El objetivo de tanta legislación de apoyo a la mujer es encomiable. Además de ser injusto, es una pérdida de talento no aprovechar el de la mitad de la población. Pero en la carrera de los talentos, igualdad ante la ley y plena libertad son los campos más feraces.

Yo creo en la sociedad, en su desarrollo autónomo, espontáneo. No creo que éste lleve a la solución óptima en cada segundo, porque estamos muy lejos de ser perfectos y porque somos abigarrados y contingentes, estamos aferrados a usos enraizados en la sociedad en que vivimos y somos más reacios al cambio que al error. Pero también creo que en una sociedad libre unos cuantos pueden ver oportunidades de beneficio en otra forma de hacer las cosas, y que si tienen suerte y les va bien, su ejemplo servirá para un número creciente de personas.

Digo todo esto porque veo que se recorre las oficinas patrias un virus resistente a cualquier razonamiento y del que tiempo ha que se inmunizaron nuestros vecinos. Es como si conviviésemos con la peste bubónica mientras franceses, alemanes, italianos y demás la tuviesen que estudiar en los libros de historia medieval. Se trata de las horas-fachada. Esas horas que uno pasa en el trabajo por no salir antes que el jefe, por justificar con la mera presencia el sueldo, o por evitar llegar a casa y echar una mano en las labores domésticas.

Se puede ser una gran empresa eléctrica en España y mandar a casa a sus trabajadores a las tres de la tarde, y no me estoy inventando nada. Se puede exigir a los trabajadores que sean productivos en las horas que están en el trabajo, y es legítimo sospechar de quien no ha terminado su labor en las horas que tiene para sacarle adelante.

Todo ello es posible y creo que, en general, sería beneficioso para ambas partes. Además, los hombres y las mujeres pueden compartir más fácilmente las tareas de casa si están antes en ella. Y si echar más horas en el trabajo pasa de ser un expediente a motivo de una sospecha de incompetencia, se comprenderá mejor a muchas mujeres que desean trabajar en el mercado y también en casa, sin que por ello tengan que frenar su carrera profesional. Menos horas en el trabajo y más aprovechadas; esa es la gran revolución laboral pendiente en España, y lo que más servicio haría a la situación de las mujeres. Apuesto lo que quieran a que en menos de cinco años este asunto forma parte del debate nacional.

Abdel Karim y la hipocresía occidental

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Casi nadie de entre quienes en estos momentos están visitando las pirámides o admirando los templos de Luxor ha oido hablar de Abdel Karim Soleiman. Sin embargo, su historia es una versión moderna de la que habría vivido alguien que hubiera osado alzar su voz contra la de algún faraón.

Abdel Karim es un hombre joven (tiene veinticuatro años) y valiente que se atrevió a criticar en su bitácora tanto el autoritarismo de Hosni Mubarak como a la intocable universidad islámica de Al Azhar. El alto precio que pagó por ello fue una sentencia de tres años de prisión por "insultos al presidente" e "insultos al islam". Al menos no se le impuso condena por el resto de cargos que se le imputaban, que no eran menos liberticidas. Abdel Karim ya ha cumplido dos terceras partes de su pena. A principios de mes cumplió dos años en la cárcel y lo hizo en unas condiciones que han deteriorado gravemente su salud.

Pero el tiránico régimen de Egipto, el país árabe más poblado del mundo, no se ha contentado con la prisión. Para la dictadura (a pesar de tener elecciones, éstas no son realmente libres y el presidente dispone de un poder desorbitado) no era suficiente con robarle a Abdel Karim su libertad. También le ha robado su familia, que no ha podido visitar al blogger encarcelado en ninguna ocasión durante los dos años de presidio; y tan sólo la existencia de amenazas podrían explicar que sus padres hayan llegado a criticarle en público o incluso a pedir que se le condene a muerte.

Docenas de ciberdisidentes, así como de opositores a dictaduras y periodistas que no utilizan internet, viven situaciones similares a las de Abdel Karim en el mundo. Y no hace falta irse a Egipto o a la lejana China para encontrarlos. Casos parecidos se dan o se han dado, por ejemplo, en países más cercanos como Marruecos o Túnez. Sin embargo sus dirigentes se sientan en foros internacionales o participan en cumbres bilaterales con gobiernos democráticos en pie de igualdad. Hosni Mubarak, Ma Ying-jeou, Mohamed VI y Ben Ali, entre otros muchos dictadores, son tratados como gobernantes legítimos y respetables en la ONU y numerosas capitales europeas y americanas.

La permanencia en prisión de Abdel Karim, Hu Jia y muchos otros chinos, cientos de cubanos y numerosos vietnamitas es motivo más que suficiente para que nuestros dirigentes no concedan legitimidad alguna a sus dictadores. Son los encarcelados –o quienes callan para no acabar como ellos– quienes pagan el precio de la hipocresía de los Estados occidentales.