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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

ERE que ERE

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Por desgracia, la conflictividad laboral será la norma y no la excepción. La caída de las ventas y la restricción del crédito se está materializando ya en la aprobación de un creciente número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por parte de las empresas con el fin de recortar gastos y evitar así o, al menos posponer en la medida de lo posible, la avalancha de quiebras que se cierne sobre el tejido productivo español.

Los despidos masivos nunca son del agrado de nadie. Los trabajadores pierden un puesto de trabajo que, en muchas ocasiones, venían ocupando desde hacía años, mientras que los empresarios se ven obligados a reducir la producción, lo cual evidencia un recorte en los beneficios de la compañía o, lo que aún es peor, la entrada en pérdidas.

Por el momento, la construcción y la industria del automóvil han sido los sectores más afectados por la crisis económica que vive España. Precisamente, las actividades que más crecieron durante el auge crediticio de la última década. Sin embargo, el desplome de ventas que están sufriendo ambos mercados está batiendo récords a nivel nacional.

Así, las matriculaciones de vehículos comerciales se han desplomado un 52,1% en octubre respecto al mismo mes de 2007, mientras que la compraventa de viviendas libres descendieron, un 37,2% interanual, el pasado mes de agosto. De hecho, hoy se venden casi la mitad de los pisos de segunda mano (usados) que hace doce meses.

Como consecuencia, es lógico que los ERE hayan afectado, sobre todo, a las grandes compañías ubicadas en ambos sectores. Las fábricas de automóviles paran máquinas y paralizan los pedidos a sus proveedores. Asimismo, un total de 167 empresas del sector de la construcción se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) durante el tercer trimestre del año, lo que supone multiplicar por más de cinco el número de afectados por este tipo de procesos respecto al mismo periodo de 2007, según los datos de la firma de información financiera y comercial Asesor.

Ante tales ajustes, los sindicatos se han puesto en pie de guerra, sobre todo, en el ámbito de la automoción, y ni cortos ni perezosos cargan ahora contra los directivos de las multinacionales afectadas por la dura contracción económica, como es el caso de Nissan en Cataluña.

Los líderes sindicales han atacado las sedes comerciales que, curiosamente, hasta ahora daban de comer a los trabajadores cuyos intereses teóricamente representan. Además, reivindican, cómo no, la intervención de los poderes públicos para paralizar los expedientes de despido, al tiempo que solicitan la concesión de ayudas públicas al sector.

Tal actitud no sólo es contraproducente sino que carece de toda moralidad. Los sindicatos abogan por castigar administrativamente a las empresas en dificultades económicas, cuando éstas son los únicos y auténticos agentes generadores de empleo en una economía de mercado. Sería una muy mala imagen la que ofrecería España al resto de compañías interesadas en establecerse en este país si ante la llegada de una crisis se defiende la imposición de trabas en lugar de facilitar en la medida de lo posible el desarrollo libre de la actividad empresarial. Desde luego, se lo pensarán dos veces antes de volver a poner un pie aquí.

La concesión de subvenciones públicas es igualmente condenable, puesto que los contribuyentes no tienen por qué pagar de su bolsillo los problemas por los que atraviesan sectores que, de una u otra forma, tendrán que ajustarse a la nueva coyuntura. Bastante tienen los ciudadanos con mantenerse a flote ante la marea para tener que sufragar a mayores los platos rotos de actividades infladas al calor de la burbuja crediticia, como es el caso del ladrillo o la automoción.

Además, estos trabajadores sectoriales no son los únicos. El pasado octubre, un total de 192.658 personas se fueron al paro (7,3% más respecto a septiembre), mientras que 2008 acabará con cerca de un millón más de trabajadores en las listas del desempleo, muchos de ellos pertenecientes al sector servicios. Por ello, se precisa justo lo contrario. Desarrollar políticas que atraigan la inversión y la ubicación de nuevas empresas a nuestro país, en lugar de cargar con furia contra las escasas multinacionales que operan en España.

¿Acaso observan ustedes protestas de este calibre en Luxemburgo o Suiza, en donde se ubican algunas de las mayores compañías del mundo? La clave no está en el despido en sí, sino en desarrollar políticas que permitan la reubicación de los trabajadores en paro en el menor tiempo posible. Mientras esto no se aplique, los sindicatos, que por cierto sostenemos con nuestros impuestos, ERE que ERE, seguirán apostando por la peor política social: ahuyentar y cargar contra los empresarios, al tiempo que con la otra mano ruegan por el rescate del Estado (esto es, de los contribuyentes).

El PSOE contra la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Ambas causaron ciertos niveles de malestar en el mundo internauta español, pero por distintos motivos. La disposición por la que más se atacó a la primera de ellas se incluyó en la segunda sin que generara tanto malestar y además de forma más sangrante: nos referimos a la posibilidad de que alguna autoridad no judicial pueda ordenar el cierre de una página web.

El debate que se produjo en relación con la ley aprobada por los socialistas y sus socios parlamentarios se centró, sin embargo, en torno al canon digital. Un debate que además se acrecentó por culpa de la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones cuando dijo que la posición en contra del mismo por parte de los senadores de su partido se había debido a una equivocación a la hora de votar. Esto no era cierto, puesto que los populares ya habían votado con anterioridad en el mismo sentido en la Cámara Alta y terminaron votando de la misma manera en el Congreso.

Además de empeorar la imagen de su grupo al mostrar una falta de unidad profunda, Rodríguez Salmones hizo dos grandes favores al PSOE al permitir, por una parte, que muchos medios de izquierdas se centraran en la posición del PP y así no tuvieran que hablar del voto socialista y de IU y, por otra, crear una cortina de humo sobre una cuestión todavía más grave existente en la LISI. Esta norma permite lo que los populares eliminaron de la LSSI antes de aprobarla, y por lo que senadores socialistas como Félix Lavilla habían protestado con contundencia: que autoridades no judiciales puedan cerrar páginas web. Ahora el PP ha intentado que también se elimine esta liberticida potestad concedida a organismos administrativos.

Lo ha hecho en el Senado mediante una proposición de Ley para modificar la norma de manera que tan sólo un juez pudiera ordenar este tipo de medidas. Ha sido rechazada gracias a la oposición de los socialistas. Estos senadores del PSOE han mostrado un gran desprecio por la libertad de expresión y un cinismo profundo. Lavilla, que sigue en el Senado, y sus compañeros de grupo deben explicar a los ciudadanos por qué un recorte de la libertad es malo si está contemplado en un proyecto del PP –aunque después se elimine en la norma que se aprueba– y no lo es cuando la ley es aprobada por el PSOE. Y puestos a dar explicaciones, también deberían hacerlo todos esos ciberactivistas y periodistas de izquierdas que protestaron contra la LSSI y callan ante este atropello perpetrado por Zapatero y los suyos.

El derecho natural y la Constitución

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Es imprescindible proteger de forma precisa el derecho natural dentro de la Constitución de un país para preservar una sociedad libre, con tutelas judiciales y barreras civiles enérgicas frente a las decisiones arbitrarias de los políticos. Y resulta esencial que se garantice con una separación de poderes "real" y con independencia judicial "verdadera", de modo que se protejan eficientemente los derechos individuales de los ciudadanos.

La concepción iusnaturalista del Derecho debería ser la base legal que guíe una reforma constitucional ya que para la existencia de una sociedad civilizada formada por millones de personas interactuando en libertad, tanto desde una perspectiva creyente como desde un planteamiento agnóstico, se requiere la protección efectiva de una serie de derechos individuales consustanciales al propio ser humano y, por tanto, por encima del derecho positivo que legisle el Parlamento de una nación o de una comunidad autónoma.

Bajo la influencia de la filosofía griega, los juristas romanos afirmaban la existencia de un derecho superior al positivo, común a todos los pueblos y épocas. Paulatinamente, la moral cristiana fue perfeccionando ese concepto durante la Edad Media, estableciendo la necesidad de liberar a la persona de la tutela absorbente del Estado, de modo que un sistema jurídico no fuera sólo la expresión de la voluntad de los gobernantes.

En el siglo XIII, el pensador escolástico Santo Tomás de Aquino estableció la doctrina del derecho natural según la cual la ley natural es universal, inmutable y superior a las leyes de los hombres y, por tanto, existen principios superiores a la voluntad humana. Argumentaba que pertenecían al derecho natural aquellas normas que permitían conservar la vida del hombre y su libertad (se establecía la defensa de lo que la naturaleza enseñó al hombre como la unión de los sexos, la educación de los hijos, la inclinación a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad).

En los siglos XVI y XVII los escolásticos españoles de la Escuela de Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luís de León,…) también fueron iusnaturalistas. Es decir, creían en la existencia de derechos propios del hombre como los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la igualdad ante la ley, que le corresponden por el mismo hecho de existir como ser humano y, por encima de cualquier legislación de un Estado. En esa misma época, el jurista Hugo Grocio intentó separar el derecho natural de su fundamento religioso y moral, al considerarlo "una regla dictada por la razón" y entender que "existía aunque no hubiera Dios o no se ocupara de los asuntos humanos".

Un planteamiento similar fue realizado por Friedrich A. Hayek desde su agnosticismo dentro de la Escuela Austriaca ya en el siglo XX, planteando la existencia de una lenta evolución socio cultural y una serie de instituciones morales (o patrones de comportamiento adquiridos por la sociedad civilizada) como, entre otros, el respeto por la vida y por la familia, el respeto por la libertad, el respeto por la propiedad, los contratos, el dinero o la banca o el respeto por la igualdad ante la ley. Esas instituciones morales (o patrones de comportamiento adquiridos) son responsables de que se desarrolle la sociedad civilizada y son atacados por los cientismos constructivistas (como el comunismo, el socialismo, el nazismo, el nacionalismo,…) para perseguir utopías políticas que sólo traen hambre, muerte y destrucción.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se publicó la obra Camino de Servidumbre en donde el autor austriaco fue el primero en reflejar claramente el proceso político de restricción de derechos individuales por medio de legislación y actos administrativos que conducen hacia la servidumbre del ciudadano frente al Estado hasta desembocar en el totalitarismo.

Este repaso histórico del derecho natural, sucinto y no exhaustivo, nos permite afirmar que una Constitución es papel mojado en manos de los políticos si no logra instaurar un sistema legal que garantice la separación "real" de poderes, la independencia "efectiva" de los jueces y otros mecanismos legales que protejan de modo espontáneo y automático los derechos inalienables del ser humano.

Es decir, para evitar el totalitarismo es esencial que exista un derecho natural superior a cualquier derecho positivo legislado por un Parlamento nacional o internacional y es imprescindible que una Constitución establezca la tutela judicial efectiva sobre los derechos inmanentes al hombre, simplemente por el hecho de existir como ser humano.

Sólo se conseguirá lo anterior cuando el derecho natural fije los grandes principios y las líneas rectoras de la organización social en una Constitución, protegiendo los derechos individuales de modo inmutable y universal frente a las soluciones políticas que intentan realizar ingeniería social y alienan la naturaleza del derecho con la excusa de adaptarlo a las épocas o de salvar a los pueblos.

Para conseguir lo anterior se precisaría que toda determinación humana quedase sujeta por medio del derecho privado. El derecho público surgido como soporte del Estado con privilegios y potestades frente al derecho privado, faculta a los políticos a realizar leyes y actos administrativos arbitrarios sin un control judicial previo, lo que les autoriza a restringir libertades e imponer decisiones sin el concurso de jueces independientes.

Por tanto, si queremos proteger el derecho natural de la acción depredadora de los políticos, también es esencial que la Administración funcione dentro del ámbito del derecho privado, sin privilegios de ningún tipo y sometida a una constante vigilancia por parte del poder judicial.

En esta época de buenismo intelectual y de relativismo moral, la razón de Estado se impone por encima del pensamiento libre y se predica el ideario estatista entre la población. Todavía existen demasiados políticos que pretenden decidir por nosotros: cuándo debemos nacer, cómo debemos vivir y en qué momento debemos morir. Por ello, se legisla sobre el ámbito de decisión individual de cada persona con la imposición de un idioma, una cultura o una Educación para la Ciudadanía. Y se introduce la familia sin derecho de filiación, el ateísmo rabiosamente antirreligioso, la eugenesia o, incluso, la eutanasia tutelada por médicos de partido.

Pero también existe una vía para cambiar el rumbo intervencionista en nuestras democracias y es la reforma constitucional, realizada justo en el sentido opuesto al adoptado por los actuales líderes intervencionistas "de todos los partidos", como diría el preclaro Friedrich A. Hayek.

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Sajarov para un ciberdisidente

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Hu Jia es un destacado activista por los derechos humanos en su país y ningún marginado por el régimen comunista queda fuera de su acción. Defiende la libertad de expresión y se pone del lado de los presos de conciencia, categoría de la que forma parte en la actualidad; denuncia la violación de los derechos de quienes padecen enfermedades como la hepatitis o el sida y es un cercano colaborador del principal activista gay de su país, Wan Yanhai (la represión de los homosexuales antes de los Juegos Olímpicos de Pequín fue brutal). No está sólo en su lucha, le acompaña su mujer Zeng Jinyan. A estas causas menos conocidas en Occidente, suma su actividad por otras con mayor difusión como, el medio ambiente (en mucho peor estado en los países comunistas que en los capitalistas), los derechos de los tibetanos y la libertad religiosa.

Su principal instrumento a la hora de combatir al régimen chino es Internet. De hecho, forma parte del medio centenar de ciberdisidentes presos en China, la mayor cárcel de internautas del mundo. Hu Jia fue detenido en diciembre de 2007 y condenado en abril de 2008 a tres meses y medio de cárcel por publicar en sitios webs extranjeros contenidos que son considerados por su Gobierno como revelación de asuntos de Estado (delito consistente en hablar, por ejemplo, de la represión en el Tibet o la gravedad del sida en su país).

Es una pena que en la mayor parte de las informaciones y perfiles del galardonado que se publican en todos los medios se olvide este detalle. Es positivo que se dé a conocer todas las áreas de actividad en las que se ocupa Hu Jia, pero olvidar cuál es su instrumento principal de trabajo y el precio que muchos otros han pagado por utilizar esa misma vía es un error. No tiene más mérito un disidente que utiliza Internet que otro, en absoluto. Pero el hecho de que se encarcele a tantos que la usan demuestra que es una poderosa arma contra las tiranías. Todas las dictaduras temen la red. Por eso algunas, como la China, la tienen bajo constante vigilancia y encarcelan a quienes se atreven a expresarse on line y otras, como la cubana, directamente la prohíben para la mayor parte de la población.

Defender a quienes sufren la represión por usar Internet es defender la causa de la libertad en general. Cuando un Gobierno dictatorial rebaja el control de la red, disminuye su capacidad para defenderse de los movimientos democratizadores y pro derechos humanos. Las páginas web, el correo electrónico, la mensajería instantánea y todas las demás herramientas disponibles para la comunicación on line otorgan al más modesto disidente la oportunidad de llegar a una cantidad de personas, en su país y en el extranjero, que de otra manera sería impensable. El activismo contra las tiranías se convierte así en más efectivo de lo que nunca había sido antes. Hu Jia lo ha demostrado y paga el precio por haberlo hecho.

La libertad, el camino hacia la moral

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos que más ha interesado a los lectores de mi libro Bajo el Signo de Fidel. Miradas sobre La Habana ha sido la degradación moral que vive Cuba y el obstáculo que esto va a suponer para la recuperación del país cuando se vea liberado de la dictadura. Lo han destacado algunos autores al publicar sus reseñas, al recomendarlo por la radio o incluso al entrevistarme. Pero hubo alguien, Fonseca, que me lanzó hace ya un tiempo la pregunta del millón de dólares: "¿Cómo se reconstruye la moral de una sociedad?"

No había respondido hasta ahora, pero lo voy a hacer. Le he dado muchas vueltas al asunto desde entonces, pero la clave me la ha dado un maestro en asuntos cubanos, liberalismo e incluso en calidad humana y caballerosidad: Carlos Alberto Montaner. En su estupendo libro recopilatorio de artículos, conferencias y papeles varios Cuba. La batalla de las ideas, este autor trata la cuestión en diversas ocasiones. Señala Montaner que "la conducta (una de las pocas cosas en las que Marx acertó) es un modo racional de adaptación a la situación en la que se vive (…) A ninguna persona normal –exceptuados los psicópatas– le gusta mentir, fingir, prostituirse o robar". Efectivamente, la degradación moral es producto de una situación en la que se convierte en algo heroico el ser sincero (conduce a la cárcel), no cometer algún hurto o estafa o entregar el cuerpo a cambio de dinero (de ello depende el tener algo para comer).

Además, y también de eso habla Montaner, cuando no existe propiedad no se respeta lo ajeno. En el momento en que alguien posee algo, respeta lo que pertenece de las demás personas. Ser inmoral es producto, por tanto, de falta de libertad, de una eliminación antinatural de la propiedad y de la miseria. Cuando estos factores desaparecen comienza la recuperación moral de los individuos que forman parte de una sociedad; el abandono de unas reglas de convivencia que permiten una relación basada en la confianza y el respeto tanto hacia uno mismo como hacia los otros deja de ser necesario para salir adelante.

El caso extremo de degradación moral causada por la necesidad lo cuenta Primo Levi en Los hundidos y los salvados, donde narra como él mismo ocultó a sus compañeros del campo de la muerte donde le recluyeron los nazis la existencia de un grifo que goteaba para poder así beber alguna gota más de agua. Sin embargo, los supervivientes volvieron a ser personas morales tras ser liberadas de los campos nazis. Miserias ha habido entre las víctimas los más brutales sistemas represivos, pero, cuando se sale de éstos, esas mismas personas vuelven a ser buenos ciudadanos.

La recuperación moral de Cuba, como de la cualquier otra sociedad azotada por la miseria o el terror, será producto de la libertad. Cuando el cubano no tenga miedo de decir lo que piensa, dejará de fingir que cree en lo que no cree; cuando vea que puede ganarse la vida de forma honrada, lo hará. Cuando comprenda que el respeto a la propiedad es bueno para él, respetará la propiedad ajena. Para que todo ello ocurra es necesario que las leyes de una Cuba liberada del castro-comunismo sean iguales para todos y destinadas a garantizar la libertad y la propiedad de todos y cada uno de los cubanos. No será un proceso corto.

El daño hecho tras décadas de dictadura tardará años en corregirse, como se ha visto en muchos países del antiguo bloque soviético, pero se logrará si se instaura una auténtica democracia con igualdad ante la ley y respeto por la propiedad privada. Siempre habrá quienes mantengan conductas inmorales, pero serán la excepción y no la norma. Aquellas que dañan a un tercero deberán ser perseguidas, como el robo o el asesinato; y las que tan sólo causen daño (si es que lo hacen) a quienes las cometen, como la prostitución, deberán ser respetadas.

¿Llamará a declarar a Su Majestad?

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Será interesante comprobar el celo real del juez de la audiencia cuando ordene abrir algunas fosas comunes en Cataluña (hay varias asociaciones catalanas personadas en la causa) y descubra que los asesinos de los anarquistas y republicanos allí enterrados no son las tropas franquistas sino los aguerridos escuadrones de la muerte del bando frentepopulista, cuyos sucesores ideológicos aparecen precisamente como denunciantes. ¿Abrirá una causa separada para encausarles o se trata sólo de ajustar cuentas con Franco más de treinta años después de su muerte? Porque si bien as organizaciones de izquierda mataron a mansalva a católicos, curas y burgueses, entre ellas se asesinaron incluso con mayor saña, especialmente en la Barcelona de Mayo de 1937. Hay abundante bibliografía, obra no precisamente de franquistas, que relata pormenorizadamente todo lo que ocurrió en ese periodo sin que se sepa dónde están enterradas muchas de las víctimas. Es una pena que Garzón no haya incluido en su auto, como documento probatorio, algún libro de anarquistas y trostkistas, que los hay, en los que se relata con todo lujo de detalles cómo fueron reprimidos, encarcelados y asesinados sus compañeros por tropas de la Generalidad y del NKVD al alimón. En su lugar, el juez cita al periodista Jay Allen, grotesco farsante, totalmente desacreditado después de mentir groseramente respecto a los sucesos de la toma de Badajoz por las tropas franquistas, que relataba en primera persona a pesar de que escribía sus crónicas desde Portugal.

Por otra parte, el actual Jefe del Estado, sucesor de Franco a título de Rey, llegó a España dentro del periodo de tiempo objeto del escrutinio garzonita. ¿Se cuestionará también la legitimidad de su nombramiento, realizado ex novo por Franco, un criminal, tras haber sido despojado Alfonso XIII de sus derechos dinásticos por decreto de la II República? El mismo Rey de España, en su discurso de proclamación como jefe del Estado dijo de Franco:

Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí, una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria.

Si Franco, como afirma Garzón, cometió crímenes contra la humanidad, el párrafo podría interpretarse como una justificación de esos graves delitos e incluso como apología del genocidio, por lo que sería necesario incoar el preceptivo expediente a despecho de lo que diga la Constitución sobre la figura del soberano. Ahí te queremos ver Garzón. Salud y República.

Conde-Pumpido amenaza de nuevo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Va ya para veinte años que se propagó en los círculos más totalitarios de los profesionales del Derecho español el mantra de reformar, en un sentido muy determinado, el proceso de instrucción criminal basado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

El apremio para poner en marcha esa "modernización" comenzó con las incompletas investigaciones judiciales sobre los asesinatos y robos de estado de los años ochenta del pasado siglo. El hecho de que unos jueces de instrucción decretaran la prisión provisional de un par de jerifaltes se antojó intolerable para la incipiente nomenclatura. Sus terminales ideológicas acuñaron la letanía de que el procedimiento penal dirigido por un órgano casi independiente –como es el juez de instrucción– adolecía de vicios inquisitoriales. Poco importaba que esa falacia fuera de una grosería poco común y que se encargase para uso del Gobierno que tenía responsabilidades directas o indirectas por los delitos investigados. A renglón seguido, los inspiradores de esa doctrina aducían que esos defectos solo podrían subsanarse si se encomendaba la función instructora al fiscal. Soslayando admitir que esa preparación del juicio penal implica concatenar juicios preliminares al tiempo que se investigan los hechos con apariencia delictiva, sus planes dejaban al juez la misión de autorizar, en su caso, las medidas cautelares que comportaran una intromisión en los derechos fundamentales del imputado. Sería "un juez de garantías".

No obstante, un somero análisis del marco institucional del llamado "ministerio fiscal" en España bastaba para evidenciar que tal cambio buscaba principalmente tres objetivos entrelazados: laminar la separación de poderes, socavar el control judicial sobre el Gobierno en el ámbito penal, donde las desviaciones y abusos son más graves, y conceder al Ejecutivo el desiderátum de todos los déspotas: el poder de autocontrol.

A este respecto, la constitución confirma un modelo de fiscal –derivado del francés original– propenso a ser manipulado por el Gobierno. Dependiente de éste, por cuanto nombra al Fiscal General del Estado, el artículo 124 de la constitución predica que actuará bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. En román paladino, el seguimiento de esas prescripciones significa que los fiscales actúan indistintamente –lo cual les confiere una práctica inmunidad en su actuación individual, más allá de la responsabilidad disciplinaria individual interna– y están sometidos a las órdenes e instrucciones de sus superiores, con el fiscal general en la cúspide de su pirámide jerárquica. Su organización tiene evidentes semejanzas con la cadena de mando militar. El perfil de los miembros de la carrera fiscal resulta equiparable al de los funcionarios de alto nivel de la administración, aunque el recurso a los "fiscales sustitutos" no sólo ha rebajado el umbral de exigencia y el rigor del proceso de selección, sino que alienta la sospecha de reclutamiento de entusiastas del Gobierno de turno.

De cualquier modo, la intervención de los fiscales en los procedimientos penales –aunque no solo en éstos– para "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" ha venido ampliándose sin pausa como consecuencia de reformas parciales de las leyes procesales. Frente a su inicial papel de promotor y supervisor de la instrucción judicial y defensor de un inasible interés público, se fue abriendo paso una atribución de potestades para realizar investigaciones preprocesales. La ley del Jurado les permitió compartir la función instructora con el juez en ese proceso especial y, en un paso más allá a modo de catastrófico ensayo, la ley de responsabilidad penal del menor –promovida por un gobierno del PP– les encomendó la instrucción de las causas por delitos donde participen menores de edad. Desde hace poco tiempo, una reforma de su estatuto orgánico permite a los fiscales practicar esas diligencias preprocesales sin dar cuenta al juez, durante un plazo de entre seis y doce meses. La influencia de los fiscales en todos los procesos donde intervienen va más allá de su competencia técnica.

Dentro de ese contexto, el actual Fiscal General del Estado anunció en el acto de apertura del año judicial la intención del Gobierno que lo nombró de promover el golpe definitivo en la legislación. Llama la atención la doblez de su actuación al respecto. Aunque en la memoria oficial de la fiscalía los detalles del asunto quedaron sobreentendidos, es evidente que Conde-Pumpido hizo llegar a los medios de comunicación –especialmente a sus turiferarios– el auténtico sentido de sus propuestas.

Un factor material influye a la contra de esta reforma. La virulencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria va a traer un incremento de las obligaciones del Estado y el hundimiento simultáneo de su recaudación. Dado que la atribución a los fiscales de la instrucción de los procedimientos penales exigiría multiplicar su plantilla y aumentar exponencialmente su presupuesto de gastos, las dificultades económicas para ejecutar esos planes no son menores.

Sin embargo, las ansias infinitas del Gobierno actual por apuntalar un poder omnímodo para moldear y controlar a la sociedad no pueden subestimarse. Sin ir más lejos, el Fiscal General del Estado dejó entrever en la memoria citada que los cambios en marcha para implantar una organización del fiscal "tentacular" tienen como objetivo replicar la plantilla de los juzgados de instrucción, para luego sustituirla o fagocitarla.

La actual mayoría parlamentaria ha dado pasos muy firmes para subvertir la Constitución y sustraerse del tímido control judicial del Ejecutivo y el Legislativo perfilado en ésta. Si el reparto de los puestos del CGPJ con el otrora partido de la oposición tiene un efecto devastador, la asunción por el Gobierno –a través del fiscal y con la policía a sus órdenes– de la tarea de decidir qué delitos se investigan y persiguen tendría unas consecuencias letales para la libertad y los derechos individuales. Algunos ejemplos sobre sus actuaciones preprocesales pueden ayudar a comprender este hecho.

En conclusión, aunque son necesarias algunas reformas en la organización del proceso penal y la propia burocracia judicial, la consumación de la propuesta del señor Conde Pumpido conduciría a un Estado de Derecho en descomposición hacia una vulgar dictadura.

Peor el remedio…

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El plan Paulson apoyado por demócratas y republicanos en contra de la opinión de un 93% de los ciudadanos estadounidenses no es la panacea que venden Bush, Obama y McCain. La crisis de las subprimes no es la de un mercado libre falto de intervención sino todo lo contrario. En efecto, la Community Reinvestment Act de Jimmy Carter por la que los políticos forzaron la existencia de las hipotecas subprime para "facilitar" a todos el acceso a una vivienda, la garantía pública a Fannie y Freddie para que apoyaran ese experimento de ingeniería social y los tipos de interés que la monopolista Reserva Federal mantuvo por los suelos durante 5 años fueron el caldo público de cultivo de la actual crisis.

La tentación de los políticos suele ser tapar las negativas consecuencias de anteriores intervenciones sobre el libre mercado con nuevas intervenciones que desafortunadamente nos dejan nuevos problemas y rara vez solucionan completamente los viejos. En este caso resulta más que dudoso que la compra de activos de mala calidad por valor de 700.000 millones de dólares pueda resolver la crisis subprime y, sin embargo, parece muy probable que el enorme endeudamiento con el que se financiará el plan hunda el valor de la deuda pública norteamericana y del propio dólar. Al final lo previsible es que el ciudadano estadounidense termine pagando a un precio desorbitado las disparatadas políticas intervencionistas de sus políticos, de algunos financieros y de los dirigentes de la FED.

Si el acuerdo tiene poco sentido al otro lado del Atlántico, aquí no tiene ninguno. Y es que nuestra crisis no es la de las hipotecas subprime; es mucho peor. El PER de la vivienda, el ratio que ayuda a medir la sobrevaloración de los precios de los inmuebles indicando los años que es necesario esperar para recuperar la inversión en vivienda, ha llegado aquí a 35 frente a los 23 que alcanzó en EEUU. En España se construían casi un millón de viviendas en el punto álgido de la burbuja mientras que en EEUU, para una población de 300 millones de habitantes, se construían 1,6 millones. En nuestro país se ha producido una enorme distorsión de la estructura productiva de la que sólo nos recuperaremos para crecer de manera sana tras un doloroso reajuste. Las malas inversiones tendrán que ser liquidadas y tendremos que recolocar los factores de producción donde más se los necesita para comenzar un crecimiento armónico.

Además de provocar todos los efectos negativos del Plan Paulson, un plan español similar impediría la imprescindible reestructuración y alentaría a las instituciones rescatadas a continuar con las malas prácticas que inflaron la burbuja. Necesitamos aislar los activos infectados y no esparcirlos contaminando el resto de la economía. Para colmo, un acuerdo político de estas características dirigiría el escaso ahorro que necesitamos para capitalizar los proyectos viables hacia proyectos que no tienen futuro y deben ser liquidados cuanto antes.

Sin embargo, un gran acuerdo entre el líder socialista y el popular podría ayudarnos a hacer más llevadera la travesía por el desierto si girara en torno a otros principios. Ese trato necesariamente requeriría incentivar el maltratado ahorro de los españoles, recortar al máximo el despilfarro público –tratando de bajar impuestos si fuera posible– y flexibilizar el mercado de trabajo y demás factores de producción para que la reestructuración sea más rápida y menos dolorosa. Esperar un trato como este de dos alérgicos al liberalismo es pedirle peras al olmo. Pero la esperanza debe ser lo último que perdamos cuando nos jugamos tanto.

La libertad, en crisis

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El plan original preveía un presupuesto que superaría el de los Departamentos de Defensa, Educación y Sanidad juntos. El nuevo acuerdo fija el límite en los 0,7 billones de dólares originales, pero como ese límite lo pondrá el Congreso, en cualquier momento puede cambiarlo para ampliar la socialización del sistema financiero hasta donde deseen. Abierta la veda, no habrá libertad financiera que no sea automáticamente sospechosa y merezca el asfixiante abrazo del Congreso.

Pero hay un aspecto del plan original que resulta especialmente preocupante y es el que describe los poderes del Secretario del Teroso:

Las decisiones del Secretario tomadas bajo la autoridad de esta Ley no son revisables y no podrán ser revisadas por ningún tribunal ni por agencia administrativa alguna.

Es decir, que se coloca como un dictador, sin ley ni tribunal que se pueda interponer en su camino. Podría incluso decidir sobre sus propios poderes y ampliarlos sin más límite que la conveniencia política. El nuevo acuerdo devuelve los poderes del secretario del Tesoro al control del ordenamiento jurídico. Y así seguirá hasta que se produzca una nueva crisis y se decida que su actuación es tan urgente que no puede verse frenada por pequeñeces formales, como aquello del respeto al Derecho.

Hay una ley histórica que, a diferencia de casi cualquier otra, se cumple. Y lo hace con singular regularidad. Es la que observa que cuando hay una crisis de cualquier tipo, los políticos deciden ampliar el poder del Estado, aún a costa de las libertades de los ciudadanos, aduciendo que la medida es pasajera, temporal, aplicable sólo a las presentes circunstancias, para las que no valen los viejos instrumentos, cercenados por el respeto al Estado de Derecho.

Luego, cuando la crisis ya ha pasado, esos nuevos poderes no sólo no desaparecen, sino que se amplían para aplicarse a ámbitos de la sociedad para los que no estaban pensados originalmente. No mueren jamás. Lo transitorio, lo pasajero, se hace eterno. Y el respeto a las libertades y a los derechos del ciudadano, eso que debiera permanecer sin cambios, sí es un estado transitorio hasta la llegada de la nueva crisis.

Valga como ejemplo el Impuesto sobre la Renta, que se justificó en los Estados Unidos como medida transitoria para afrontar los gastos de la I Guerra Mundial, y son hoy el principal sustento de aquel Estado.

Las consecuencias políticas y económicas del último acto de fascismo por parte de la Administración Bush tienen largo alcance… al tiempo.

Victoria parcial de la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Con la asesoría de individuos tan solventes como el inefableJames Hansen y el soporte de instituciones tan independientes como el IPCC de la ONU, los chicos de Lehman Brothers abrieron en canal una oca sagrada para escrutar en sus vísceras la situación del clima y del planeta a cien años vista.

Hace unos días Lehman Brothers, con veinticinco mil empleados y más de ciento cincuenta años de historia, se declaró en situación de quiebra. Ninguno de sus ejecutivos, los mismos que "saben" cómo va a ser el clima terrestre en el 2100, pudo sospechar que tan sólo un año después de evacuado el famoso informe su empresa se iría al garete con ellos en lugar preferente (este blog descubrió la curiosa coincidencia). Dedicados como estaban a calcular el derretimiento de los hielos árticos, no supieron ver que la empresa que les da de comer se estaba licuando a mucha mayor velocidad. Imaginen la situación: una de las mayores instituciones financieras del mundo en graves dificultades económicas y con el negocio yéndose a pique, mientras sus ejecutivos se rodean durante meses de botarates ecolojetas y se ponen a estudiar el clima del año 2100. No es extraño que hayan acabado así.

Y este informe de Lehman Brothers pasa por ser uno de los documentos más serios elaborados hasta el momento sobre las consecuencias económicas y financieras provocadas por el llamado cambio climático, así que ya podemos hacernos una idea de cuál es el nivel general de los documentos promovidos por la Iglesia de la Calentología.

Nadie sabe cómo va a ser el clima en el año 2100, aunque las proyecciones más optimistas (es decir, catastrofistas) de los calentólogos hablan de una variación porcentual de la temperatura bastante ridícula. Sin embargo hay problemas reales y acuciantes a los que ni siquiera sus víctimas potenciales prestan atención, sumidos en la vorágine histérica de lo "climáticamente correcto". Estoy seguro de que, en estos momentos, a los más de veinte mil empleados de Lehman Brothers que se han ido a la calle la temperatura media terrestre en el año 2100 se la trae al pairo. Igualito que a usted y a mí.