Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Carta de un preso cubano

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Se corta de forma intermitente el servicio de telefonía móvil y de SMS. Las fuerzas del régimen llaman a los ciudadanos díscolos a sus casas para decirles "sabemos que ayer te conectaste con la IP equis a estas páginas…", la amenaza directa forma parte del sistema. Y, a pesar de todo, no lo logran. Los descontentos siguen encontrando maneras de convocar protestas e informarse sobre ellas y, además, contarle al resto de la humanidad lo que ocurre en la vieja Persia.

Twitter se convierte en un arma fundamental de la nueva revolución contra los teócratas. Y la empresa responsable de este servicio de micro-blogging se une a la revolución retrasando a la madrugada en Irán el corte del servicio previsto por motivos de mantenimiento para que no afecte de forma negativa a las protestas. Dicen que lo hace a instancias del Departamento de Estado de EEUU, pero es una empresa privada. Si no quiere, no tiene por qué obedecer. También aportan su grano de arena a la movilización internautas de todo el mundo.

Cuando los gobiernos democráticos se negaron a ayudar a quienes se alzaron contra el imperio soviético en Hungría en el 1956 y en Checoslovaquia en el 68, el mismo abandono al que sometieron a los estudiantes serbios que se enfrentaron pacíficamente a Milosevic durante unos meses del bienio 1996-1997, los ciudadanos occidentales no tenían medios para participar en el levantamiento contra los tiranos. Eso sin tener en cuenta que muchos periodistas e "intelectuales" tomaron partido contra quienes luchaban por la libertad. Algo, esto último, que también ocurre ahora.

Sin embargo, algunas cosas son diferentes. Internet, gracias al ingenio de quienes buscan vías para sortear el bloqueo al que les someten los teócratas, sirve para informar al mundo. Y también para formar parte de manera efectiva en las protestas. Pinchando en este enlace y manteniendo la ventana abierta se participa en un ataque de denegación de servicio contra las redes, webs oficiales incluidas, del régimen iraní. Así, entre otras cosas, se dificulta la labor de monitorización de las conexiones de los ciudadanos.

Las revoluciones de colores en la antigua URSS demostraron la utilidad de las nuevas tecnologías a la hora de enfrentarse a los gobiernos liberticidas. La marea verde iraní supone un nuevo paso en este terreno. La red moviliza, permite informar al mundo y, además, se convierte en un vehículo de colaboración para quienes, desde Madrid, Nueva York, El Cairo, Tel Aviv, Buenos Aires y cientos de ciudades más en todo el mundo, deciden aportar su grano de arena en ayuda de quienes se juegan el tipo frente a los tiranos.

Las rentables excusas del Poder

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Aunque el principio es totalmente cierto, parece que el socialismo y el colectivismo han hondado tanto en nuestra sociedad que olvidan algo más importante. ¿Qué pasa con la libertad individual?

Zapatero dijo ayer que subía los impuestos para "luchar contra el tabaquismo". Aunque nadie razonable puede tomarse tal aseveración en serio teniendo en cuenta cómo van las cuentas del Estado, la pregunta es: ¿quién es él para decidir mediante la imposición qué estilos de vida son correctos o incorrectos? ¿Es acaso un político más bueno, sensato y moralmente superior que cualquier ciudadano honrado? ¿Somos todos sólo engranajes de un gran plan estatal para conseguir la perfección humana donde todos pensemos igual, seamos iguales y nos comportemos igual? Si así lo creen, un camino fácil para tan deseado igualitarismo sería lobotomizar a toda persona nada más nacer.

Una sociedad virtuosa sólo se consigue con diversidad. Esto es, aceptar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Los liberales creemos firmemente en el principio de "vive y deja vivir". Los movimientos de izquierda –lo que significa todo el abanico político– han divido a las personas en buenas y malas criminalizando a las últimas. Es lo que entendemos como el principio de "crimen sin víctima". No se castiga al individuo por el daño causado a otros (hoy día es casi al contrario), sino por tener estilos de vida propios. El hombre adinerado siempre es malo y se le ha castigar por destacar de entre los demás. El que no recicla es un inadaptado al que también se le ha de castigar o desincentivar de alguna forma, pero siempre usando el robo (impuestos o multas) y la fuerza. Lo mismo con el que fuma, el que quiere ser él quien decida en lugar de la administración en qué lengua se educa a su hijo, el que bebe alcohol, el que se desplaza con vehículo privado en lugar de público…

Toda esta epidemia de pensamiento único, de creer que el bien común es un monopolio estatal y que la solidaridad a punta de pistola es equivalente a amor, y las continuas imposiciones del igualitarismo –que sólo incentivan la mediocridad en lugar de la búsqueda del conocimiento, aptitudes y desempeño– no son más que excusas de una oligarquía política para conseguir más dinero y poder.

Ni la bondad, ni la felicidad, ni el bienestar ni cualquier otro valor moral pueden ser impuestos por la fuerza. Hacerlo supone un atentado contra la libertad y quien así actúa es un tirano. Los valores morales, en política, no son fines, sino que siempre son medios, es decir, excusas, para conseguir beneficios partidistas. Esta es la razón por la cual un Gobierno jamás dará al hombre la auténtica llave para desarrollar su creatividad, alta producción, responsabilidad y bienestar: la libertad individual plena.

Si queremos salir de la crisis no hemos de castigar al que no tiene nada que ver y culparle por tener un estilo de vida propio. Tampoco subvencionar al inútil para que siga viviendo de los demás, ya sea una empresa o un particular. Mucho menos, destrozar con más regulación e impuestos a una frágil clase media. Probemos algo nuevo. Hagamos que cada uno haga lo que quiera, que se responsabilice de sus actos sin que un papá Estado salga al rescate y, muy especialmente, que seamos nosotros quienes tengamos el control de nuestras vidas y futuro en lugar de depender de las arbitrarias decisiones de un manojo de políticos que no buscan mayor bienestar que el suyo propio.

Garzón y la prescripción

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

No es para menos. Debe recordarse que la inadmisión de la querella formulada por estos hechos, decidida por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, fue acompañada, sin embargo, de una deducción de testimonio para que el CGPJ tramitara el correspondiente expediente disciplinario.

Los cinco magistrados, que suscribieron el auto de 2 de febrero pasado dentro de lo que se denomina el antejuicio, no apreciaron indicios de la comisión de los delitos de cohecho y prevaricación. No obstante, en su esfuerzo por deslindar la responsabilidad penal de la disciplinaria del querellado, aquilataron los presupuestos objetivos para que se le sancionara al menos por dos infracciones, calificadas como muy graves por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Concretamente, las tipificadas como faltar a la verdad en la solicitud de obtención de permisos, autorizaciones, declaraciones de compatibilidad, dietas y ayudas económicas (Art. 417.11 LOPJ) e inobservancia del deber de abstención en una causa que instruía, a sabiendas de que concurrían alguna de las causas legalmente previstas (Art. 417.8 LOPJ).

Resulta aun más chocante esa noticia si se repara en que se produce tan solo dos días después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del mismo tribunal dictara una sentencia que ordenaba a la Comisión disciplinaria del CGPJ que, una vez practicadas las pruebas pertinentes, resolviera el fondo del mismo asunto.

Sin entrar a valorar en profundidad los propios hechos, sorprende que esta vez se justifique un nuevo archivo con el argumento de que las infracciones cometidas, en su caso, por Garzón habrían prescrito. La resolución que no admitió a trámite la querella dejó constancia de su presentación el 10 de junio de 2008. Por su parte, la sentencia ordenando la resolución del fondo del asunto al CGPJ, previa práctica de las pruebas pertinentes, consigna que la denuncia del abogado Panea dirigida al jefe de inspección se presentó el 22 de febrero de 2008 y, asimismo, alude a que la deducción de testimonio por la Sala penal del Tribunal Supremo equivale a una denuncia muy cualificada de los mismos hechos.

En consecuencia, los plazos de dos años de prescripción (Art. 416.2 LOPJ) de las posibles infracciones muy graves quedaron interrumpidos con esos actos y no se volvieron a reanudar hasta que la Sala de lo penal del Tribunal Supremo notificase el auto de inadmisión de la querella a los interesados.

Luego, si se toma, como hace el propio instructor, el 11de julio de 2006 –día en el que se tuvo por presentada la memoria y la solicitud de prórroga de Garzón al CGPJ– como la fecha a partir de la cual comenzarían a computarse los plazos de prescripción, los denunciantes evitaron que se produjera la extinción de la responsabilidad disciplinaria por ese motivo.

Las peculiares circunstancias del caso permiten llegar a la conclusión de que se está librando una lucha, cada vez menos soterrada, entre algunos jueces y un CGPJ que se muestra tan comprensivo con la conducta de un juez con buenas relaciones con el Gobierno.

Las drogas han ganado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Más que eso, ocurre que la pretensión de ganar contra el consumo de drogas no tiene ningún sentido. Estas sustancias forman parte de la naturaleza, y el hombre ha recurrido a ellas desde siempre. Siempre habrá una parte de la población que recurrirá a ellas por varias razones. Si la demanda está ahí, la oferta le seguirá inexorablemente. Poner los recursos del Estado al servicio de la prohibición de su consumo, producción y distribución no acaba con la raíz del asunto, que es su demanda. Y no sólo no resuelve la cuestión, sino que añade otros problemas que son, al menos, tan graves.

El primero de ellos es que convierte un comportamiento legítimo, como es el consumo o la producción de drogas, en un crimen. Pero no puede haber un crimen sin víctima, y no hay víctima cuando las decisiones se toman sobre lo que a uno le pertenece, como es su propio cuerpo. Si el Estado criminaliza comportamientos legítimos y que, por tanto deberían ser libres, ya no hay límite a su intervención. En los crímenes de verdad, hay un hecho contingente que delimita la criminalidad, que es la acción sobre la víctima. Puesto que ahora lo único que le limita al Estado es su propia consideración de lo que debe ser o no un crimen, y ese criterio es arbitrario e interesado, ya no hay límite real.

Convertir la producción de drogas, que no desaparecerá jamás, en un crimen, supone ampliar el ámbito criminal por decreto. El hecho de estar fuera de la ley ampara y fomenta que se adopten otros comportamientos que sí son delictivos. Además, todos los recursos del Estado que se dedican a luchar contra el tráfico no se destinan a los verdaderos crímenes. Por si ello fuera poco, la propia actuación del Estado se parece más, efectivamente, a una guerra, en la que todo vale, que a la actuación de la policía sometida a la ley. Un informe de Naciones Unidas de 1988 reconocía que la lucha contra las drogas se está "alejando de los principios generales del Derecho". El propio Estado se convierte en un criminal en la lucha contra un crimen que no es tal. Esa es la guerra contra las drogas.

No hay lugar para Sopranos

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Está claro. Los Soprano, a pesar de arrasar en los Emmys, a pesar de ser considerada por la crítica internacional como una de las mejores series de la historia de la televisión, no triunfa en nuestro país.

Relegadas a la televisión de pago, fuera del prime time en las generalistas, las andanzas de unos mafiosos italoamericanos de Nueva Jersey no parecen haber calado en los gustos de los televidentes españoles. En su lugar, series más cercanas a la idiosincrasia española, a nuestra forma de ser, como Los Hombres de Paco o Cuéntame, así como programas de entretenimiento como Mira quién Baila en los que famosos como Ortega Cano despliegan sus habilidades danzantes, copan la pequeña pantalla.

Aquí no hay nada que decir. Como buen liberal, me parece que sobre gustos no hay nada escrito y que cada espectador debe poder elegir sus programas favoritos (otra cosa es que las televisiones públicas habría que cerrarlas mañana mismo).

Pero este artículo no va de modelos de televisión, ni de series. Aquí lo que me interesa es la razón de que en nuestro país, el modelo de familia mafiosa, como los Soprano en la ficción o los Gotti o Genovese en la vida real, no tengan la gran presencia que tienen en otros países, muy especialmente en Estados Unidos.

Efectivamente, excepto clanes muy localizados y vinculados a actividades ilícitas muy concretas, como los famosos Charlines del narcotráfico gallego, el modelo Soprano brilla por su ausencia en España. Y otro modelo de familia, de clan, como los Chaves, encabezados por "la persona más honrada de Andalucía", ZP dixit, es perfectamente legal y en ningún modo puede ser considerado mafioso como ha quedado perfectamente claro después de la sesión de control en el Congreso sobre el particular.

Así, actividades que en otros países son infestadas por la mafia, como el sindicalismo, las contratas de basuras, la explotación de locales nocturnos o la concesión de licencias urbanísticas, aquí se han podido ver libres de dicha plaga.

Y creo que la razón es la existencia de partidos políticos y sindicatos que gracias a su estructura, a su fuerte imbricación en la sociedad y a su omnipresencia en casi todas las actividades económicas no han permitido que mafias privadas al estilo sopranil se desarrollen.

Un ejemplo. Un sindicalismo independiente puede ser fácilmente penetrado por la mafia. En cambio, UGT o Comisiones Obreras, apoyadas por el estado y subvencionadas con dinero público, no dejan lugar a que las mafias convencionales entren. La competencia es demasiado fuerte.

Otro. Un bar estilo Bada Bing en Madrid hubiese tenido que pasar por la criba que representa la concesión de licencias por parte del ayuntamiento y posiblemente operase en un local de propiedad municipal, como el caso del tristemente famoso Balcón de Rosales. En estas condiciones, la mafia clásica lo tiene muy difícil.

Otro más. Como vemos en Los Soprano, los intereses de la famiglia también abarcan el terreno de la construcción y la especulación urbanística, corrompiendo a cargos municipales y sobornando a políticos. Esto aquí no sucede. Como representantes de partidos políticos que son, en España es prácticamente imposible sobornar de forma individual a un concejal o a un alcalde, pues están metidos en una férrea estructura de partido que hace que los casos de corrupción individual que empiecen y acaben en el propio individuo corrupto sean muy limitados.

Está claro. Cuanto más consiga el poder político, a través de sindicatos y partidos, meterse en todos los ámbitos de la sociedad, cuanto más consiga el Estado controlar y dominar la vida de las personas, menos sitio tendrán las mafias tradicionales. Así, con los nazis, con Mussolini, en la Unión Soviética o en la Cuba de Fidel, las mafias privadas brillaban por su ausencia… el Estado era la única y todopoderosa mafia.

Y aunque algún malpensado pudiera creer que en nuestra Nación de Naciones pudiese darse el mismo caso, esto no va a pasar. Efectivamente, las mafias tradicionales como Los Soprano lo tienen difícil aquí, lo cual es una gran noticia para el ciudadano de a pie, pero, afortunadamente, no corremos el riesgo de que el Estado español con sus partidos y sindicatos omnipresentes, se convierta en una supermafia única y todo poderosa.

Gracias al Estado de Derecho en el que vivimos, a la independencia del Poder Judicial y a la labor de control que se lleva a cabo en el Senado y el Congreso, así como a las elecciones que cada cuatro años se celebran y en las que el pueblo español puede expresarse democráticamente, y, por supuesto, a la gran labor de la Corona, ese peligro está muy, pero que muy lejano.

Nota del autor: Si os gustan Los Soprano, tenéis que descargaros, legalmente y previo pago del canon, The Wire No tengo palabras.

La dispersión pluralista del poder

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Para impulsar el crecimiento socioeconómico de modo duradero y compatible con las libertades políticas, una condición adicional a la aparición de las democracias representativas es la dispersión pluralista del poder.

En estos momentos, el pueblo puede elegir a los dirigentes políticos en democracias, de un modo más o menos justo en función de que sus elecciones se produzcan de forma directa o indirecta, con listas abiertas o cerradas, con primera o segunda vuelta, con circunscripción local o nacional o, incluso, con una valoración igualitaria del voto o bien proporcional en función de la región donde se resida.

Sin embargo, la característica que permite distinguir una estructura institucional pluralista de una cleptocracia (y también de un Estado dividido en mini-autocracias) es la existencia de contrapesos de poder, que fragmenten, acoten e independicen con eficacia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Influido por el parlamentarismo inglés, el barón de Montesquieu publicó en 1748 su célebre obra El espíritu de las leyes en donde se resaltaba con acierto la necesidad de contrapesos de poder que eviten su concentración en pocas manos:

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona… entonces no hay libertad porque es de temer que hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y sobre la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo el poder sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la misma fuerza que un agresor. En un Estado en que un hombre o una corporación [por ejemplo, la actual casta política con sus diferentes franquicias intervencionistas] administrasen los tres poderes… todo se perdería enteramente.

Pues bien, es fácil identificar los anteriores males dentro de la partitocracia de España dado que, después de más de treinta años de democracia, tal y como afirma el profesor Pedro Schwartz, todavía seguimos buscando a Montesquieu. La clase dirigente española ha logrado degenerar la estructura institucional, con un crecimiento exponencial del tamaño del Estado y su legislación en la última mitad del siglo XX y a comienzos del XXI. Si lo anterior ya es grave, la falta de independencia de los órganos de gobierno de los jueces y de sus altos tribunales hace imposible la existencia de un Estado de Derecho digno de llamarse así.

Por ello, resulta evidente preguntase qué posibilidades existen de limitar la coacción de los políticos si vivimos sin separación de poderes, sin independencia judicial, con escasos medios de comunicación independientes y, en general, con pleitesía de las instituciones ante los poderes ejecutivos de un Gobierno central y de 17 mini-autocracias autonómicas, en permanente lucha intervencionista por más financiación y mayores competencias.

La legislación conjunta de múltiples parlamentos, controlados por sus respectivos gobiernos regionales, llena el mercado de regulaciones, funcionarios, burocracia y barreras al comercio. Adicionalmente, la impunidad judicial de las autonomías permite la imposición de leyes liberticidas, sin que los ciudadanos queden protegidos por la tutela de jueces ordinarios o por la acción decidida y contundente de los tribunales superiores de justicia.

Separar el poder y ralentizar la actual inflación legislativa son reformas esenciales para limitar la acción de los políticos y así lograr defender los derechos individuales por encima de los actos administrativos del poder ejecutivo y más allá del alcance de las leyes del poder legislativo. Y es que sólo una democracia duradera y correctamente evolucionada, garantiza de modo eficiente las propiedades, los contratos y las libertades ciudadanas, con una estructura institucional que permita un buen control ciudadano sobre las decisiones más trascendentales, la limitación del tamaño del Estado y la dispersión pluralista del poder.

Leer más

Códigos que cuestan vidas

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Ya en la primera entrega de los Piratas del Caribe, se hacen constantes menciones a un misterioso código que regula, si es que eso es posible, la conducta de los piratas. Pero es en la tercera en la que por fin se nos muestra el grueso libro que le da soporte, así como donde descubrimos a su custodio, que resulta ser el padre de Jack Sparrow.

Una de las frases que llama la atención del vigilante es la referencia a que el Código de los Piratas hay que respetarlo, porque mucha gente, en este caso, piratas, ha dado su vida por él. Desde un punto de vista liberal, esta frase es bastante llamativa, sobre todo si equiparamos ese código a alguna de nuestras normas. ¿Quién daría la vida por custodiar nuestras leyes y reglamentos? No creo que lo hiciera ningún funcionario o político, ni siquiera por la Constitución; así que mucho menos un ciudadano normal, a los que dichas leyes limitan la libertad, innecesariamente en la mayoría de los casos.

La cuestión es: ¿qué significa dar la vida por un código? Como nos describe Bruno Leoni en su imprescindible La Libertad y la Ley, las normas que nos damos los ciudadanos para regular nuestra interacción se han creado durante la mayor parte de nuestra historia mediante un proceso consuetudinario, de prueba y error, un proceso espontáneo de descubrimiento, que diría Hayek. Es por ello que los jurisconsultos romanos no trataban de crear la ley, se limitaban a descubrirla estudiando la conducta humana.

Es en esta concepción evolutiva y consuetudinaria de los códigos donde sí tiene razón de ser la afirmación del custodio del Código de los Piratas. De acuerdo a esta visión, los códigos resultan verdaderos depósitos de experiencia, en los que se atesoran circunstancias y sucesos vividos, y la forma de resolverlos e incluso prevenirlos. En ocasiones, la formulación del código y sus razones de ser, dejan de ser claras para los individuos de generaciones sucesivas. Esto no implica que necesariamente que hayan perdido vigencia; simplemente que el paso del tiempo y la ausencia de estudio, nubla dichas raíces hasta hacerlas incomprensibles. Cobra en estas circunstancias especial relevancia la figura del custodio y el respeto espontáneo por parte de todos los afectados de ese código, que dice lo que dice, y por algo lo dirá, aunque no sepamos por qué.

Quizá un ejemplo sencillo ayude a comprender mejor el párrafo anterior. Piénsese en el código de circulación vial. Lógicamente, es una creación hasta cierto punto moderna, pues el automóvil tiene poco más de un siglo. ¿Cómo se gestaría de dicho Código? Parece evidente que no se juntaron unos cuantos conductores y fabricantes y, en un ejercicio de imaginación omni-comprensivo, previeron todas las posibilidades de la conducción y la regularon. Más bien, lo que pasaría es que conforme avanzaba la experiencia de la conducción se producían problemas y conflictos que exigían algún tipo de solución. Esta solución, una vez se iba aceptando tácitamente como la mejor en conflictos similares, se incorporaría al código (que tampoco tendría que estar necesariamente escrito).

Por ejemplo, en la actualidad está prohibido aparcar en un túnel. Cabe suponer que esta prohibición se incorporaría al código tras ocurrir algunas desgracias por hacerlo. Aunque a posteriori parece fácil explicar la necesidad de dicha prohibición, es más difícil que se le ocurra al primer constructor de túneles que si se aparca dentro, se puede producir un accidente con más facilidad. Es más, aunque se le hubiera ocurrido, tal vez hubiera asumido que era tan obvio que no hacía falta prohibirlo. ¿Quién podía tener la idea de dejar el coche parado en un sitio oscuro por el que pueden pasar otros coches?

Así pues, lo normal es que antes de esa prohibición explícita, que beneficia a todos los conductores, se produjeran algunos accidentes e incluso muertes de personas. En este sentido, la incorporación de esta línea al código sí habría costado vidas humanas, y sería muy importante defenderlo ante cambios.

Siguiendo con el ejemplo, puede que el paso del tiempo haga olvidar las causas originales de la incorporación de esta prohibición al código. Tal vez no ha vuelto a haber accidentes, o tal vez los túneles están iluminados. Las razones de la prohibición son olvidadas, y se puede caer en la tentación de eliminarla. Quizá tal eliminación pueda estar justificada, o a lo mejor no, no lo sabemos. Pero debería ser una decisión completamente técnica, basada en la nueva experiencia, y en ningún caso política. No se requieren mayorías para esta eliminación, solo conocimientos.

En definitiva, las normas han provenido históricamente un proceso de creación imbricado en la acción humana. Como tales, son cúmulos de experiencia. Y no se debería poder jugar con ellas. Si un político decide, sin base en la experiencia, que se puede aparcar en los túneles, lo único que va a conseguir es que muera gente en accidentes.

Por eso, es tan importante la labor del custodio del código pirata. Por momentos, parece que manda más que los diez grandes Señores Piratas. Pero no hace falta que ejerza su poder, puesto los Señores Piratas (ni más ni menos, ¿quién puede ser menos respetuoso con las normas que un pirata?) saben que es en su interés respetar el código, y lo respetan. Ni mucho menos se les ocurre utilizar su autoridad para cambiarlo.

Casi igual que nuestros políticos y gobernantes, casi igual.

¿Funciona? No

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora resulta que el Ejecutivo ha conseguido darle la vuelta a la irresistible tendencia de destrucción de empleo en nuestro país y ya parece que estamos a punto de terminar una crisis que hasta hace nada se nos aseguraba que no habíamos comenzado. Poco importa que para dejar de añadir centenares de miles de parados a una población activa casi desempleada en un 20% haya sido necesario invertir varios miles de millones de euros en cualesquiera proyectos públicos.

Si de lo que trataba todo era de esto, de tener ocupados a los españoles –y no de que generen riqueza– mientras la crisis seguía carcomiendo lo que erróneamente creímos que era una economía sólida y competitiva, Zapatero bien habría podido dar empleo no a apenas 25.000 ciudadanos, sino a 60 veces más. Es sencillo, basta con el dinero presupuestado en fondos de inversión local (13.000 millones de euros) se destine a contratar a 1,5 millones de españoles, pagarles durante un año un salario mensual de 700 euros y dedicarlos a las tareas más elementales que podamos imaginar: vigilar que la población de cabras salvajes no descienda, replantar árboles para que las ardillas puedan volver a circular por España y avisar a los servicios meteorológicos de que las nubes adelantan tormenta.

Cierto, sería un modelo productivo bastante empobrecedor, ¡pero habríamos creado un millón y medio de empleos! El Gobierno no sólo le habría ganado la partida al paro, sino que lo habría devuelto durante un año a sus mínimos históricos. Qué maravilla.

Alguien debería explicarles a los socialistas y a su comparsa mediática la diferencia entre crear puestos de trabajo y crear riqueza. Lo primero es relativamente sencillo, basta con tener un saco lleno de dinero y desparramarlo entre la población; es la versión adulta del ir a dar vueltas al patio en la escuela, el sujeto no hace nada productivo pero se lo mantiene ocupado. Lo segundo es lo realmente complicado y lo que no parece que el PSOE esté logrando. Consiste en que las industrias nacionales generen año tras año más bienes y servicios de los que demandan los españoles (o los extranjeros, en el caso de intercambios internacionales). La diferencia es esencial: crear empleo sin crear riqueza implica que ese empleo se mantendrá en tanto en cuanto quede algo de riqueza ajena por rapiñar; es como devorar poco a poco la gallina de los huevos de oro. De hecho, el empleo sólo es sostenible cuando constituye una manifestación de una creación previa de riqueza, no al revés.

Sin embargo, con las monsergas de nuevos modelos productivos (que en realidad no son más que los modelos productivos del Paleolítico: someterse a la naturaleza y malvivir al borde de la inanición), el Ejecutivo sólo está financiando puestos de trabajo sin otro uso y finalidad que el puesto de trabajo en sí mismo. Y así, claro, hasta un analfabeto económico como el presidente del Gobierno puede reducir el paro; cuestión distinta es que salgamos de la crisis y no nos estemos empantanando más en ella.

Y es que convendría no confundirse. Precisamente porque esos puestos de trabajo dependen de los fondos públicos que perciben, en cuanto estos terminen –y en algún momento terminarán– el paro volverá a sus niveles anteriores y, lo que es peor, la recuperación será todavía más lenta y complicada por haber despilfarrado los escasos recursos con los que contábamos.

Ahora bien, no deja de haber una cierta justicia poética en que el paro haya comenzado a remitir justo unos días antes de las elecciones europeas. Cuando el único discurso del principal partido de la oposición ha consistido –Falcon aparte– en repetir hasta la saciedad la cifra de cuatro millones de parados sin dotarla de contenido ideológico alguno, pues pasa lo que pasa. Ahora tendrán que comerse con patatas el discursito de que la economía empieza a recuperarse, y ello a pesar de que Zapatero sólo se la esté cargando con el creciente endeudamiento público. Bien merecido se lo tienen; nosotros, los ciudadanos, no tanto.

Derribos Robles

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace poco esta mandarina del poder escribía en El Mundo una breve pieza almibarada titulada El Poder Judicial abre sus puertas, dentro de la que nos topamos con la siguiente perla: "La justicia es un servicio público que se debe a los ciudadanos y su órgano de gobierno tiene la responsabilidad de explicar lo que hace a los representantes de la soberanía popular".

Nótese el burdo silogismo que pretende hacer colar la ex viceministra sobre una premisa falsa. La Constitución no menciona la justicia como un servicio público, sino como el fin de un poder (judicial) encargado de impartirla. Los integrantes de este poder son unos jueces y magistrados dispersos, cuya intendencia corresponde a un órgano de gobierno del que Robles forma parte como vocal.

De cualquier modo, los defensores de esa atrabiliaria identificación soslayan que el concepto de servicio público exige un requisito negativo. Para ser encuadrada dentro de esa categoría, la actividad en cuestión no puede ser una función esencial a la soberanía del Estado, ya que en ese caso huelga toda consideración ulterior. Aunque no cabe negar la dificultad de distinguir cuáles deban ser las funciones del Estado, en un plano descriptivo sí cabe afirmar que la justicia –o, más exactamente, la jurisdicción– se concibe unánimemente por todos los Estados del planeta como una manifestación de su soberanía. Sirva de ejemplo la previsible pugna entre las jurisdicciones norteamericana y española que vamos a presenciar con motivo de la causa abierta por un juez de instrucción de la Audiencia Nacional contra unos militares de esa nacionalidad por el homicidio del periodista Couso en un escenario de guerra.

Por otro lado, el concepto de servicio público no parece más que una interesada sublimación de todo servicio que puede prestar un individuo a sus semejantes para dejarlo en manos del Estado. Si repasamos las actividades que han merecido ese calificativo en España –banca, sanidad, educación, energía, transportes, radio y televisión, abastecimiento de agua, correos, telecomunicaciones, lotería (¡!)– observaremos que, dentro de su heterogeneidad, comparten la nota común de estar sometidas a una intensa regulación y supervisión del Ejecutivo del Estado. La experiencia acumulada respecto a esos servicios públicos cuya prestación se reserva el Estado directamente o mediante concesiones monopolísticas a particulares, demuestra que los gobernantes más que servir al público se sirven del público. Con el pretexto de declarar determinados servicios indispensables para la vida de la sociedad, el Leviatán no para de crecer y acaparar funciones.

Que la justicia estatal se deba o se imponga a los ciudadanos (parece más descriptiva esta segunda opción, sin entrar en cuestiones sobre su legitimidad) no permite concluir que su órgano de gobierno tenga que explicar (léase rendir cuentas) lo que hace a los representantes de la soberanía popular. A no ser que se pretenda controlarlo y derribar la escasa independencia que mantiene, utilizando esa pantalla. Nada de esto tiene el más mínimo apoyo en la Constitución de 1978, sino en una ideología que va imponiendo por deslizamiento sus designios de controlar el poder judicial por quien debería estar controlado por él.

En este sentido, el proyecto del PSOE para controlar todo contrapeso al poder por antonomasia muestra, por encima de retiradas y fintas tácticas, una pavorosa y sorprendente continuidad desde los albores de la Transición. Para conseguirlo sus distintas piezas se especializan en las tareas encomendadas y modulan sus discursos según aconseje la jugada (como en inigualable confesión declaró un ministro cesado). El fragor de las noticias diarias puede hacer perder de vista que muchas declaraciones de intenciones son menos ñoñas de lo que aparentan.

En los primeros años noventa esta señora y sus compañeros de jefatura en el Ministerio recibieron la encomienda de "controlar los daños" que a su Gobierno causaron los crímenes y latrocinios de Estado de los años ochenta. Desde la Secretaría de Estado se encargó de cortar las "atenciones" con las que se obsequiaba el silencio de los célebres Amedo y Domingo. Después de una prolongada hibernación, durante la cual consiguió una notable promoción en la carrera judicial, vuelve al candelero con un estilo menos bronco, pero no menos peligroso que el sin par Bermejo. Ha nacido un nuevo servicio público del Gobierno: Derribos Robles. No me sorprendería que sustituyera pronto a Caamaño.

El Tribunal Supremo, aliado del Gobierno federal

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Los medios de comunicación se afanan en describir a la verdadera Sonia Sotomayor, la mujer propuesta por Barack H. Obama para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Los españoles, con acendrado racismo, tan acostumbrados a él que son incapaces de olerlo, han destacado de ella que es hispana. Los medios locales se preguntan si pertenece a la extrema izquierda, si es centrista, si es la anti-Roberts y demás. Es decir, no su color sino sus ideas. Ello tendrá relevancia para la historia de las próximas décadas, las que la juez Sotomayor ejerza su magistratura. Pero su última renovación es ocasión tan propicia como cualquier otra para valorar la función del Tribunal Supremo en la historia de la democracia americana.

La Constitución estadounidense no es un sistema cerrado, sino que otorga cierta libertad a las instituciones para su ulterior desarrollo. El Tribunal Supremo es, claro está, el que ejerce la última instancia. Esa función le lleva, naturalmente, a ser intérprete de la Constitución. Pero ello no quiere decir que sea el único. De hecho, las declaraciones de Kentucky y Virginia, escritas en 1798 por Jefferson y Madison, recordaban que los Estados son, cada uno de ellos, legítimos intérpretes de la Constitución de los Estados Unidos. Pero sólo cinco años más tarde, en la decisión del Juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison, el Tribunal Supremo se posicionó a sí mismo como intérprete último de la Constitución. Esta decisión, más la Guerra de Secesión, acabaron con la capacidad de los Estados, al menos en la práctica, de juzgar la constitucionalidad de las normas.

El Supremo se ha opuesto valientemente a ciertos abusos por parte de alguno de los peores presidentes de los Estados Unidos, como cuando Roger Taney le recordó a Lincoln que él no tenía derecho de suspender el habeas corpus, o la oposición de Charles Evans Hughes al New Deal.

Pero en conjunto, el Supremo, merced a convertirse en la única institución que interpreta la puridad constitucional de las normas, ha ido sancionando los crecientes poderes del Gobierno Federal, que han ido mucho más allá de lo permitido por la norma suprema. No es ya que la función del presidente de los Estados Unidos haya cambiado hasta hacerse irreconocible. Ya no es la persona encargada de que se cumplan las leyes, sino el principal impulsor de la política y de la legislación. Y la institución que se ha dado a sí misma el monopolio del control constitucional del orden jurídico poco a poco, con pasos adelante y atrás, ha ido sancionando esa transformación.

Sotomayor pasará a la pequeña historia de esta institución, pero su gran historia se escribirá desde el poder.