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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

¿TDT de pago o gratuita?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Ahora resulta claro por qué ni siquiera la sustitución de cinco ministros, con dos vicepresidentes incluidos, fue capaz de acallarla: los informadores son parte interesada.

En el fondo de la cuestión está, una vez más, el espectro radioeléctrico, el recurso escaso por definición. Como es escaso, entonces es necesario que una entidad de planificación central, el Estado, decida de qué forma se va a utilizar. Planificación y escasez siempre van de la mano y siempre se invierte la relación causal.

El espectro es un recurso valioso porque permite la prestación de determinados servicios por los que hay gente dispuesta a pagar. Utilizando espectro se pueden suministrar servicios de telefonía móvil, radio y televisión, por citar los más importantes.

Como todos los recursos, lo óptimo para la sociedad es que se utilicen para aquello que son más demandados. Y la única forma de averiguar esto es a través del precio que los ciudadanos están dispuestos a pagar por el servicio. Como las preferencias de aquéllos cambian, es lógico que los recursos puedan dedicarse a cosas distintas. Hasta hace poco, los campos de Castilla se dedicaban al cultivo de cereales; ahora, están plagados de placas solares.

Esta flexibilidad se dificulta enormemente cuando es el Gobierno el que tiene que andar decidiendo a qué se dedica cada recurso. Y eso es precisamente lo que pasa con el espectro: en un momento dado se decide qué porción se va a dedicar a radio, cuál a la telefonía móvil y cuál a la televisión digital gratuita. Además, esto limita de forma automática el número de agentes que podrán prestar cada servicio, pues se necesita un mínimo de espectro para cada uno.

En definitiva, si un agente del mercado es capaz de anticipar las necesidades de los usuarios y dedicar sus recursos a servirles mejor, su actuación debe ser bienvenida. Por ello, que La Sexta pretenda dedicar sus recursos de espectro a ofrecer TDT de pago en vez de gratuita, como venía haciendo, es algo positivo para el mercado. El Gobierno no debería poner ningún impedimento, sino todo lo contrario. Y que sea el consumidor soberano quien le muestre a La Sexta si acertó o no con su apuesta. No olvide la cadena de Mediapro que hace poco Sogecable hizo el movimiento inverso, al pasar su Canal+, la TV de pago que detentó en monopolio el grupo Prisa durante casi diez años, a la actual Cuatro.

Lo que pasa es que el Ejecutivo parece facilitar esta flexibilidad sólo a determinados agentes y no es capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias el enfoque anterior. La consistencia en este enfoque supondría, por supuesto, el fin de la planificación del espectro… y el fin de su escasez.

¿Quiere invertir en oro?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Como se sabe, la injusta imputación al patrón oro de haber sido una de las principales causas de la depresión económica de los años treinta del pasado siglo, allanó el camino hacia la total desligazón del dinero fiduciario del metal amarillo. La decisión del presidente americano Nixon en 1971 de suspender la convertibilidad del dólar, que había sido establecida en los acuerdos de Bretton-Woods para sustentar un mecanismo de tipos de cambio fijos, hizo saltar por los aires el engarce indirecto con el patrón oro del resto de divisas. Asimismo, abrió paso a la desbocada expansión crediticia fomentada por la FED y los principales bancos centrales del mundo, que no ha sido corregida por los recurrentes estallidos de las burbujas surgidas en distintos sectores de la estructura productiva y las subsiguientes recesiones.

Dado el grave cariz que está adquiriendo la recesión actual, las crecientes dudas sobre el porvenir del dinero fiduciario emitido por los bancos centrales monopolísticos han alimentado, asimismo, el interés por invertir en oro entre particulares que buscan un depósito de valor seguro. Recordemos, por otro lado, que según acordaron los gobiernos del G-20 reunidos en la Cumbre de Londres, uno de los medios para "financiar a los países pobres" será la venta de una cantidad imprecisa de las reservas de oro del FMI, ya acordada en su seno. Que traten, además, de devaluar este mercado, queda como cuestión abierta, aunque hasta ahora el Fondo haya sostenido que sigue un criterio de prudencia que le permite mantener una cantidad "relativamente elevada" de oro entre sus activos y evitar graves perturbaciones en ese mercado. En todo caso, parece indudable que esa medida aumentará la oferta.

De cualquier modo, las inversiones están tan condicionadas por el tratamiento fiscal que reciba la transmisión o tenencia de su objeto, que un conocimiento de esa regulación, siquiera sea somero, ayuda a tomar una decisión al respecto. En este sentido, cabe destacar el cambio favorable que introdujo en la Unión Europea, la Directiva 1998/80/CE del Consejo, relativa al régimen especial aplicable al oro, cuyo contenido ha pasado sin apenas modificaciones a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de refundición de textos sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Por lo que respecta a España, la primera directiva no se traspuso al derecho interno hasta que las Cortes, agotando el plazo conferido a los Estados miembros para hacerlo, aprobaron la Ley 55/1999, de acompañamiento de los presupuestos del año 2000. La nueva regulación reformó la Ley del IVA en esta materia.

Para evitar sorpresas, todo inversor que no sea sujeto pasivo del impuesto (es decir, que no ejerza una actividad empresarial o profesional relacionada) debe tener presente que esta legislación restringe el concepto de oro para poder considerar exenta su entrega, adquisición intracomunitaria o importación. Así, los lingotes o láminas de oro de ley deben tener una pureza igual o superior a 995 milésimas y su peso debe ajustarse a alguno de los aceptados por los mercados. El apartado noveno del anexo de la Ley ofrece la lista completa de pesos.

En cuanto a las monedas de oro, se establece un criterio doble para considerarlas de inversión. Por una parte, se define como tales a las que reúnan los requisitos de contar con una pureza igual o superior a 900 milésimas de ley; haber sido acuñadas con posterioridad al año 1800; ser o haber sido moneda de curso legal en su país de origen y ser comercializadas habitualmente por un precio que no supere en un 80% el valor de mercado del oro contenido en ellas. No obstante, con independencia de lo anterior, se publica en el diario oficial de la Unión Europea una lista con vigencia anual de monedas de oro de ley que se benefician del mismo tratamiento fiscal, resultado de la información que proporcionan los Estados miembros. Como puede verse, la seguridad jurídica no casa con la Unión Europea.

Por último, no es necesario que el comprador o importador reciba el oro materialmente para que la exención surta efecto. A estos efectos impositivos, se equiparan a la entrega, los préstamos y las operaciones de permuta financiera, así como las operaciones derivadas de contratos de futuro o a plazo, siempre que tengan por objeto, en todos los casos, oro de inversión y siempre que impliquen la transmisión del poder de disposición sobre dicho oro.

¿Legalización de las drogas duras?

Escrito por Daniel Ballesteros en . Publicado en Análisis diario.

Las drogas "duras" son aquellas cuyo consumo genera siempre una fuerte adicción, de forma que a pesar de que el consumidor es incapaz de abandonar este hábito a pesar de ser consciente de los daños que ocasiona a su bienestar físico y psíquico. En consecuencia y dado que la adicción impide el ejercicio de la libertad (más allá del primer acto más o menos libre de consumo), daña la vida del consumidor y además ocasiona gravísimas externalidades negativas con pocas posibilidades de compensación (asesinatos, violaciones, mutilaciones, robos, enfermedades crónicas entre otras), su tráfico y consumo son reprobables, pero ¿debiera ser perseguido legalmente su tráfico?

En mi opinión sí. Y no debiera escandalizarnos esta idea puesto que una prohibición legal no es mala "per se" (por ejemplo, se prohíbe matar y todos estamos de acuerdo): una prohibición sólo es mala a la luz de sus consecuencias netas, muy difíciles de calcular salvo excepciones evidentes y puntuales. La prohibición del libre comercio y restricción del consumo de drogas "duras" parece a todas luces una de esas excepciones que todos podemos llegar a considerar evidentemente adecuadas, como pueden serlo también la prohibición legal del comercio libre de sustancias radiactivas, altamente explosivas o gases nerviosos.

Para comenzar, respecto a esta medida concreta (la prohibición del tráfico de drogas "duras") sabemos que sí origina el surgimiento de mafias y corrupción pública, además del encarecimiento y baja calidad de los estupefacientes; pero también que tiende a hacer descender su consumo y calidad gracias a los elevados costes de puesta en el mercado y escasa producción; además de minimizar los daños derivados de la adicción.

Los detractores del prohibicionismo suelen aducir que dicha medida, referida a bebidas alcohólicas, fracasó en el caso de EEUU, puesto que tuvo todas las consecuencias negativas expuestas pero ninguna de las positivas. A este respecto cabe hacer tres observaciones:

La primera es que la ilegalización del alcohol tiende a retraer su consumo, lo cual no significa que eso suceda necesariamente, debido a la existencia de circunstancias de tiempo y lugar que pueden conducir a resultados inesperados. Por ejemplo, la ilegalización puede suponer que la nula carga impositiva abarate el producto tanto que su consumo se dispare; pero también puede erradicar su consumo y/o producción, como sucede por ejemplo, en los países musulmanes más rigurosos, que un día fueron grandes productores y consumidores de alcoholes y que hoy apenas lo son.

La segunda es que alcohol, por un lado, y la heroína o cocaína por el otro son sustancias tan diferentes que las implicaciones de su consumo son totalmente distintas. Por ejemplo, mientras que el consumo periódico de cantidades moderadas de alcohol no tiene por qué generar adicción, la misma conducta genera una fuerte adicción en el caso de la heroína o la cocaína.

La tercera es que el argumento de la "Ley Seca" resulta contraproducente cuando quien lo emplea es un liberal (en sentido europeo) opuesto a la intervención pública en asuntos privados dado que dificulta la producción y consumo de un producto. Quien pone a la "Ley Seca" como ejemplo paradigmático de lo que pasa cuando se prohíbe algo, presenta el prohibicionismo del Estado como algo que fomenta la producción y consumo de un bien. Resulta evidente que hay un error en la argumentación y sonroja el hecho de que aún se siga empleando.

Años más tarde de este antecedente de referencia, algunos legisladores de ciertos países obviaron las dos primeras observaciones, atendiendo al error indicado en la tercera. En consecuencia, despenalizaron el tráfico y consumo de ciertas drogas altamente adictivas, esperando que la situación que se produjo con el alcohol en EEUU se reprodujera con las drogas "duras". Como era previsible, no ha sucedido tal cosa, en palabras de Gerardo Ochoa Vargas:

Los experimentos de legalizar o despenalizar han terminado por regresar a la prohibición: en 1975, la corte en Alaska aumentó la permisividad para poseer más mariguana. Para 1988, entre los jóvenes de 12 a 17 años, el consumo aumentó hasta alcanzar más del doble que el promedio nacional de Estados Unidos. Finalmente, en 1990, se volvió al antiguo esquema de prohibición y el consumo empezó a disminuir lentamente.

En Inglaterra, entre 1960 y 1970, los adictos a la heroína se multiplicaron por 30 y, durante los 80, el número creció cerca de 40 por ciento anual; ahora, arrepentida, enfrenta el enorme costo de tratar miles de adictos. En comparación, en todo ese tiempo el número de adictos a la heroína en Estados Unidos se mantuvo en cifras de alrededor de 500 mil usuarios.

En Suiza, un parque llamado Platzpitz, se definió como lugar de tolerancia para usar drogas. En 1987 tenía 300 visitantes permanentes. Para 1992, eran 20.000. En 1992 tuvieron que cerrar el parque, como única forma de acabar con el lastimoso espectáculo de gente inyectándose y drogándose a toda hora.

Holanda es el único país que no ha dado marcha atrás a la despenalización del uso de las llamadas "drogas blandas", que no son tan blandas: cuando se despenalizó el uso de la marihuana, en 1976, su contenido de tetrahidrocanabinol –el ingrediente activo– era de 3 a 5 por ciento; actualmente es de 35 por ciento, cantidad que produce problemas notables de salud –pérdida de memoria, daños cognitivos, y una falta de energía crónica que convierte al usuario en un ser apático y pasivo–. Los resultados de la despenalización: el número de expendedurías de estas drogas aumentó, en 10 años, de 30 a 1.500 y el uso de marihuana en el grupo de edad de 18 a 25 años creció 200 por ciento. De tal forma que tan sólo en 1997, hubo un incremento de 25 por ciento en el número de adictos a la mariguana en tratamiento, comparado con un incremento de 3 por ciento en los casos de abuso de alcohol. De 1984 a 1996, el uso de drogas en adolescentes holandeses aumentó 200 por ciento, mientras que en Estados Unidos, en ese mismo periodo, la tasa se redujo en más del 50 por ciento. Las mismas autoridades atribuyen el 65 por ciento del aumento en el crimen juvenil al uso de estas drogas, y el uso de "drogas duras" como la heroína se ha triplicado desde la despenalización de la mariguana, pero Holanda no desea cambiar de rumbo.

También hemos de tener en cuenta otras circunstancias asociadas a la legalización de las drogas, y es el hecho de que ya bajo una situación de ilegalidad su consumo se ha extendido hacia los niños (también ha sucedido con otras drogas blandas como el alcohol o el tabaco), por lo que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad de una eventual legalización. Esto por no hablar de un Estado convertido en el garante del derecho a consumir drogas, algo que a mí personalmente me aterra profundamente.

En definitiva, esta cuestión sitúa a los liberales ante un dilema moral de grandes proporciones. Nos fuerza a elegir entre la libertad de un individuo en un momento dado y la vida, libertad y propiedad de todo individuo que integra una sociedad en todo plano temporal presente y futuro. Puede que en nuestros análisis del derecho debamos ser más cuidadosos con el modelo de hombre aislado que usualmente empleamos, de forma que evitemos caer en el hiperracionalismo que criticamos en nuestros adversarios políticos e intelectuales.

Puritanismo censor progresista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Siempre se reconoció que los Estados, que formaron un acuerdo de unión, se podían desasir con la misma libertad con que se entrelazaron. El Norte, especialmente, apeló a aquél derecho en 1803, en 1809, en 1812, en 1848… El sur tomó el testigo de los movimientos secesionistas a medida que iba perdiendo peso en el conjunto del país. La Guerra entre los Estados, librada por Lincoln, acabó con todo ello.

Pero como la historia es tozuda y los hombres más, las razones que llevaron a Massachussets, Carolina del Sur o Texas, entre otros, a proclamar su secesión reaparecen de cuando en cuando. Estos días conviven las palabras “tea party” y “secesión” en un giro de los acontecimientos ciertamente interesante. En todo el país se han celebrado “tea parties” para exigirle a los políticos que se arreglen sus componendas con menos impuestos. En Texas, esas exigencias las ha hecho el propio gobernador, Rick Perry, quien ante los periodistas recordó lo siguiente:

Texas es un sitio único. Cuando pasamos a formar parte de la unión en 1845, una de las condiciones fue que tendríamos el derecho de abandonar si decidíamos hacerlo. Mi esperanza es que America y Washington en particular, presten atención. Tenemos una gran unión. No hay absolutamente ninguna razón para disolverla. Pero si Washington continúa metiendo sus narices en (la vida de) los americanos, quién sabe qué resultado podría tener ello”.

Perry se refirió a la décima enmienda, interpretada en el sentido de que cualquiera de los Estados tiene la capacidad de rechazar la legislación federal que considere que no está acorde con los derechos de sus ciudadanos. Una mención que recuerda la teoría de la “anulación” que alegó Carolina del Sur para desasirse de la Unión.

La separación de poderes, que ha sido más efectiva en Estados Unidos que en ningún otro país, muere año a año para dar lugar a una pastosa concentración de poderes en manos del Ejecutivo, de modo que no resulta efectiva para frenar el poder. Sólo la verdadera amenaza de la secesión por parte de los Estados podría contribuir a frenar la tendencia secular a que el Gobierno Federal se convierta en todopoderoso.

Lo más probable es que todo se quede en un gesto retórico. Pero las fuerzas sociales que hay detrás de esas palabras son poderosas. Y pueden cambiar la historia de aquél país.

Eso es tener vista

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero no crean que se trata de una afección padecida sólo por la cúpula del gran partido de la derecha española. Ojalá fuera así, pero lo cierto es que el Partido Popular actúa en todos los sitios exactamente igual, sobre todo en aquellos que gobierna.

Lo ocurrido estos días con el comunicador de referencia de los votantes del PP pasa continuamente en otros muchos lugares. Actualmente no hay televisión regional en feudo pepero, tal vez con la excepción de Telemadrid, que no tenga proscrita en su nómina de colaboradores a los columnistas, periodistas e intelectuales que defienden las ideas liberales en los medios de comunicación. Créanme, lo digo por larga y muy divertida experiencia.

Los dirigentes del PP te llenan de babas en privado, pero a la hora de la verdad, con ellos sólo trincan los defensores del socialismo de todo pelaje y condición, cuanto más extremo mejor. Joder con los progres, gane quien gane ellos triunfan siempre. Pero no seré yo quien los critique. Si les llenan de dinero y gabelas por insultar diariamente a sus jefes, felices de dar esa imagen de "pluralismo", hacen muy bien de explotar el chollo mientras les dure.

En todo caso, el PP debería cuidar un poquito más a quienes defienden el ideario de sus votantes (los dirigentes, a fecha de hoy, no sabemos qué piensan), no ya por una cuestión elemental de lealtad sino por inteligencia política. La gente normal, la que madruga por las mañanas y saca adelante el país, tiene ciertos principios y no encaja bien verlos pisoteados por aquellos a quienes votan. Lo digo porque todavía esperamos a que un dirigente de la calle Génova se pronuncie sobre el cese del principal comunicador de la derecha española. Las únicas voces de ese entorno manifiestan su absoluta satisfacción con la decisión de los heresiarcas episcopales, como un pintoresco representante del aznarato, cuya empresa ha participado en sonados pelotazos urbanísticos al socaire del poder (por ejemplo en Murcia), y estos días acusa a la víctima de Bertone y Rajoy de ¡beneficiarse privadamente de su relación con la COPE!

¿Usted se imagina a Pepiño Blanco querellándose contra Gabilondo o a Zapatero exigiendo la marcha de Wyoming de La Secta? Yo tampoco, por grande que fuera la supuesta ofensa padecida por los primeros. La izquierda no tiene moral, pero sabe cómo ganar las elecciones. Con la derecha española ocurre lo contrario en ambos casos y no le importa dejar tras de sí un reguero de víctimas cada vez más nutrido. Aquí, o nos hacemos todos progres o habrá que ir pensando en pasar a la clandestinidad. La diferencia con la situación que vivimos ya no puede ser tan grande.

¡Homófobo!

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Tertulianos profesionales del estilo de María Antonia Iglesias conocen el truco y lo usan con maestría para triunfar sin tener razón, y además sabiendo que no la tienen.

Eso no significa que se deba crear un índice de palabras prohibidas, o que no deban emplearse cuando se debe. Resulta ridículo, por ejemplo, el empeño de la BBC en no llamar "terroristas" a los terroristas. No obstante, son palabras que deberían ser usadas con cuidado, pues el abuso puede llevar a que pierdan para la mayoría su significado original y, con él, su fuerza. Llamar "holocausto" a una operación militar podrá resultar efectivo en términos inmediatos, pero letal a largo plazo, pues banaliza tanto la palabra como aquello que define, el asesinato de seis millones de judíos por el hecho de serlo. Claro que seguramente sea eso lo que quieren quienes así la emplean. "Fascismo" o "facha" ya han hecho ese recorrido por completo, y su significado ha pasado a ser "yo soy de izquierdas y tú de derechas", aunque en plan insultante y tinelliano.

Otra palabra que va camino de perder completamente su fuerza y significado original es "homófobo". Su definición es clara: se trata de una persona con una fobia, es decir, un odio irracional, hacia los homosexuales. Su abuso la está transformando poco a poco en "persona que no está de acuerdo con el lobby gay en tal o cual tema".

El último en ser acusado de ese pecado ha sido Amazon. Durante este fin de semana, fiesta en Estados Unidos como en tantos otros lugares, 57.310 libros han desaparecido de sus ránking. ¿Qué significa eso dentro de la tienda virtual? Pues que no aparecen en listados de éxitos ni en el sistema de recomendaciones ni en la búsqueda de productos. Es decir, que las ventas pueden bajar en picado. Dado que los libros eran en su mayoría, aunque no exclusivamente, de temática homosexual, el escándalo se propagó como un incendio por todo internet. La explicación: que por homofobia Amazon había decidido ganar menos dinero con las ventas de esos libros a cambio de no promocionarlos.

La explicación es tan absurda que no resiste ni el más mínimo análisis. Amazon es el mejor, sí, pero en un mercado altamente competitivo, en el que cualquier tropezón puede provocar una rápida huida de clientes. Los homosexuales, se los quiera discriminar o no, son parte de ese mercado, y una parte que evidentemente empezaría a comprar en Barnes & Noble y otras librerías virtuales. Además, mucha gente que no es homosexual encontraría ofensiva esa exclusión y harían algo parecido. En definitiva, Amazon no tenía ninguna posibilidad de perjudicar a los gays como colectivo (que digo yo que sería el objetivo de un homófobo) y todas las de dispararse en el pie.

En cualquier caso, como empresa privada, Amazon tiene todo el derecho del mundo a perjudicarse a sí misma y los demás a criticarla por ello. Pero no deja de ser contraproducente que cualquier cosa que afecte a los homosexuales sea tachado inmediatamente de "homófobo" y se busquen peregrinas explicaciones para justificar esa acusación. En este caso, suena mucho más razonable, sea cierta o no, la del abuso del sistema de Amazon para denunciar material "para adultos". Un blogger incluso se ha adjudicado la paternidad del ataque, ofreciendo explicaciones técnicas convincentes; es decir, que si bien puede no ser el culpable, se podría haber hecho tal y como lo cuenta, aunque su móvil para actuar suena bastante ridículo. Amazon, por su parte, ha entonado el mea culpa, atribuyendo a su propia torpeza el problema y anunciando que tomará medidas, y un antiguo trabajador de la empresa que dice contar con fuentes internas atribuye el problema a un técnico en Francia.

Cualquiera de las dos explicaciones tiene mucha más lógica que la de la homofobia. Pero parece que la gente está encantada de ejercer de nueva inquisición. No entienden que, así, van haciendo perder poco a poco el estatus que actualmente disfruta la acusación.

Sana desconfianza

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya nadie parece creer en la cantinela según la cual en unos meses la situación empezará a mejorar visiblemente. De hecho, un 90% piensan que a mediados de año la situación será igual o peor.

Parece que el grueso de la ciudadanía española ha roto el idilio que mantenía con Zapatero y ha pasado a desconfiar de lo que este señor hace con el poder político que detenta. Es una pena que haya hecho falta una crisis de esta magnitud para que se adopte una sana postura tan sana como la desconfianza ante la acción de los políticos, sean estos del partido que sean.

Si lo pensamos, es increíble que el desengaño no haya llegado hasta ahora. Hablamos, recuerden, de un presidente que hace apenas un año aseguraba que España no entraría en crisis, que estábamos equipados de la mejor nave posible para conducirnos por la marejada de las finanzas internacionales y que no había nadie como nuestro ministro de Economía para capitanear el barco.

La crisis, por supuesto, nos tocó de lleno y el propio Gobierno se ha encargado de desdecirse. Nuestro barco no parece ser el Nautilus y, de existir, se parecería más bien a un antiguo galeón que zozobra nada más se le sobrecarga un poco. Sin embargo, la idea misma de que la economía es algo así como un barco es un enorme equívoco. Los navíos se caracterizan porque precisan de un capitán que lleve el timón y por que todos los que vamos dentro tenemos que trabajar para un mismo fin. La sociedad puede necesitar gestores de asuntos públicos pero nunca un capitán que dirija nuestras vidas y los puertos a los que arribar. Pero más falaz aún es la idea de que el mercado es una única nave social porque ni nos dirigimos todos al mismo puerto ni usamos el mismo barco.

Así que ya era hora de que la desconfianza se impusiera sobre la exaltación del ejercicio de Gobierno. Para mediados de año la encuesta probablemente sumará nuevas dosis de escepticismo. Y no es para menos. Desde que se llevó a cabo el sondeo al que se refiere ABC, Zapatero ha hecho saltar por la borda a quien nos vendía como el capitán mejor preparado. Ahora que los tiburones dan buena cuenta de Solbes, Zapatero le ha sustituido por un grumete dispuesto a incrementar la velocidad del la flota española haciendo agujeros en los cascos del los barcos (eso sí, con cargo a nuestras carteras).

Quizá la lección nos sirva para recordar que los gobiernos difícilmente pueden traer el bienestar a la población y mucho menos conducirnos a islas paradisiacas. Como mucho los gobernantes podrán quitar trabas establecidas por otros políticos para que los individuos nos podamos ocupar de nuestro propio bienestar y busquemos puertos más soleados.

Eurolenguaje contra las personas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 13 de febrero el denominado Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de la Eurocámara aprobó un Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo. La primera parte del texto está dedicada a todas las lenguas en general donde se repiten todos los topicazos del feminismo más rancio y menos conocedor de la lengua, aunque al menos se intenta dotarlo de cierta "elegancia". La segunda está más elaborada y adaptada a cada idioma en particular. Y es aquí, en este anexo de "Orientaciones específicas para el español" donde se presentan unas propuestas que superan con creces la cursilería e incultura propia de quienes dicen eso de "jóvenas" o "miembras" para entrar en terrenos mucho más peligrosos.

Algunas de las estupideces contenidas en las "orientaciones" para el español (desconocemos cuales son las destinadas a otras lenguas) son las habituales de la radicalización de una incultura propia de algunas ministras españolas (y también de algunos ministros, pero estos no suelen meterse en estos temas). Así, nos encontramos con que los europarlamentarios consideran que la distinción de tratamiento entre "señora" y "señorita" según el estado civil de una mujer es sexista al no existir algo similar para los hombres. Sin embargo, otras propuestas entran en la anulación del individuo frente al colectivo o de la confusión siempre peligrosa entre persona y cargo.

El segundo caso se refleja en propuestas-modelo como "la dirección" o "la Presidencia de la Comisión" en vez de "los directores" y "el Presidente de la Comisión". Toda persona es responsable de lo que hace en el ejercicio de su cargo, pero la confusión entre una y otra tiende a limitar este hecho al socializar dicha responsabilidad.

Pero es peor aún la anulación de la persona ante al grupo. El informe en cuestión propone directamente la utilización "de sustantivos genéricos y colectivos" y pone como ejemplos de lo segundo "el pueblo andaluz" o "el profesorado" frente a los menos feministas (sostienen que "invisibiliza" a las mujeres) pero mucho más correctos "los andaluces" y "los profesores". El texto también ataca el uso del término "hombre" con "valor genérico". Alguna de las sustituciones propuestas (como "las personas corrientes" en vez de "el hombre medio") no caen en lo señalado, pero otras sí. Así, el Parlamento europeo pretende que se diga "la gente de negocios, la clase empresarial" en lugar de "hombre de negocios" o "la gente de letras" como sustitutivo de "hombre de letras" o incluso "los derechos de la infancia" ante el tradicional "los derechos del niño".

Si quieren atacar por motivos políticos el lenguaje, una institución que debería mantenerse al margen de la acción del poder al ser configurada día a día a través del uso de los hablantes, podrían haber optado por propuestas que no implican colectivización. Así, para algunos de los casos anteriores podrían haber elegido, por ejemplo, "persona de negocios" o "persona de letras" e incluso haber caído en la cursilería común de "los derechos del niño y la niña". No es una cuestión baladí.

No es lo mismo los ciudadanos que el pueblo, o las personas que se sitúan dentro de un grupo social que la clase, ni tan siquiera los niños son lo mismo que la infancia. En todos estos casos, y hay muchos más, estamos ante un sujeto individual frente a supuesto sujeto colectivo. Si se apela a lo segundo, se corre el riesgo de crear inexistentes derechos y libertades colectivas que suponen siempre una conculcación de los derechos y libertades individuales. En España tenemos sobradas muestras de ello. Es, por ejemplo, en nombre de un supuesto derecho de "Cataluña" o el "pueblo catalán" por lo que se viola la lógica libertad de cada catalán a elegir en cuál de las dos lenguas quiere relacionarse con la Administración o incluso educar a sus hijos. Con lo referido a los menores de edad podría llegar a ocurrir lo mismo. Si es la "infancia" y no todos y cada uno de los niños quien tiene derechos, un infante podría verse privado de ellos en aras de proteger los que supuestamente existen para el conjunto de ellos como grupo.

Tal vez los miembros del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad del Parlamento Europeo tan sólo pecan de una absoluta falta de conocimientos lingüísticos y un exceso de corrección política. Pero también pudiera ser que no y que sean conscientes, o al menos una parte de ellos, de las implicaciones reales de lo que proponen. Un motivo más para aplaudir al presidente checo, Vaclav Klaus, por su desconfianza hacia las instituciones de la Unión Europea y denunciar su tendencia al totalitarismo.

Infiernos fiscales

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El Príncipe Rainiero solía replicar cuando le preguntaban al respecto que no existen paraísos, sino infiernos fiscales, definición que me parece muy ajustada a la realidad dada la voracidad estatal de los países socialdemócratas.

Salvo que el dinero provenga de la comisión de un delito, no hay ninguna razón para perseguir a los que quieran poner su patrimonio a salvo del Fisco de su país de origen. Pero es que la cumbre del G-20 no quiere acabar con los paraísos para evitar el lavado de dinero del tráfico de drogas o de armas, sino para que los políticos puedan controlar exhaustivamente todos los flujos financieros que se generan en sus territorios. Denunciar a los países que respetan la privacidad de los depositantes extranjeros por la posibilidad de que sean delincuentes, es tanto como prohibir las comunicaciones telefónicas privadas para acabar con las estafas de algunas líneas de pago: un despropósito y un ataque injustificable a la libertad individual, que sin embargo la masa adocenada aplaude, espoleada por la envidia igualitaria que la socialdemocracia estimula con todos los medios a su alcance.

Personalmente lamento no disponer de una paletada de millones con los que crear una sociedad opaca en cualquier paraíso fiscal de los que salpican el mapamundi. Algunas de estas reservas libertarias tienen unos nombres tan sugestivos (Vírgenes Británicas, Monserrat, Aruba, Dominica, Seychelles, Maldivas o Marianas del Norte) que intentar acabar con ellos resulta hasta un acto de mal gusto.

Los líderes mundiales quieren que todo el planeta sea un infierno fiscal, como lo definió Rainiero, motivo suficiente para que la gente decente sospeche de sus verdaderas motivaciones. No les basta con acelerar la máquina de producir dinero y multiplicar exponencialmente el gasto público –la mejor receta para que las crisis se reproduzcan cíclicamente– sino que quieren acabar con los únicos reductos de privacidad que todavía escapan a sus manejos. Son el rostro siniestro de la nueva Inquisición, aunque se oculten tras la tersura de ébano y el encanto cosmopolita de la espléndida Michelle.

Los efectos colaterales de la “lucha contra la droga”

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

No voy a insistir demasiado en los principios que aconsejan la legalización del consumo y el comercio de drogas. Con independencia de la calificación moral o ética que merezcan estas conductas autodestructivas o quiénes las "promuevan, favorezcan o faciliten" (tal como se describe el delito de tráfico de drogas en el Código Penal español) ninguna de las razones argüidas para defender su criminalización son compatibles con el respeto a la libertad y el derecho del individuo adulto a disponer de su cuerpo siempre que no cause un daño objetivo a otro.

Del vicio original de la prohibición, con la excusa de proteger la "salud pública", derivan unas consecuencias indeseadas y, sin embargo, previsibles, si se repara en las fuerzas descomunales que desata la persecución de toda acción que incite al consumo ilegal de estupefacientes. En última instancia, la ponderación de esos elementos se añade al argumento principal de los partidarios de la libertad.

Sucede que, al prohibirse la transmisión de unas sustancias tan apreciadas por ciertos consumidores, se restringe su oferta y, por tanto, se incrementan los ingresos de los relativamente escasos individuos que están dispuestos a correr el riesgo de dar con sus huesos en la cárcel. No obstante, en un momento posterior, las suculentas ganancias que esa actividad reporta estimulan a más personas para unirse a cualquiera de los eslabones de su cadena de distribución, bien sea de forma estable, o bien eventual. Por mucho que insistan sus promotores, incluso la cabal persecución del tráfico de drogas solo puede traer como consecuencia una aleatoria y beneficiosa eliminación de competidores para los que continúan lucrándose dentro del negocio.

En este punto, sin embargo, debe resaltarse la peculiaridad del sistema español de represión del consumo de drogas. A diferencia de otros países, la tenencia de droga para consumo propio no se considera delito, si bien merece la calificación de infracción administrativa, sancionable con multa y la incautación de los estupefacientes. Nunca con una pena de prisión. Obviamente, las disputas sobre como distinguir esa posesión de la destinada al tráfico (y dentro de ésta cual sea una cantidad de "notoria importancia") ocupan el tiempo de fiscales y abogados en las decenas de miles de procedimientos penales en materia de drogas que se tramitan en los juzgados españoles.

Como, precisamente, el ánimo tendencial hacia el tráfico es difícil de probar en muchos casos, el Tribunal Supremo ha establecido unos criterios que asumen la cuantía como principal indicio para apreciar el sentido de una posesión. De esta manera, si se detiene a un consumidor habitual con menos de 50 gramos de hachís o marihuana; 7 de cocaína y 3 de heroína –dependiendo en el caso de las dos últimas de su pureza– es probable que sea absuelto, excepto si concurren otros indicios que manifiesten una preordenación para el tráfico. Las elucubraciones que la jurisprudencia reciente ha elaborado sobre el "consumo compartido" de sustancias estupefacientes también han relajado extraordinariamente el rigor punitivo. Me pregunto si han primado razones implícitas. Ambas doctrinas parecen dar por supuesto que una interpretación estricta del precepto penal enviaría a pandillas enteras de jóvenes consumidores a las cárceles, dadas las elevadas penas previstas para estos delitos cuando se trata de sustancias que "causan grave daño a la salud". Es decir, todas, menos el hachis y la marihuana. Aún así, casi un 30 por ciento de los reclusos que cumplían su pena en las cárceles españolas a finales del año pasado fueron condenados por su participación en delitos de este tipo.

Por otro lado, si alguien pensó que los pingües beneficios que genera la prohibición solo corrompen a las autoridades de los países exportadores (México, Colombia, Marruecos etc) debería repasar casos más cercanos. Nos hemos topado con que un subinspector de policía y varios empleados del aeropuerto de Madrid-Barajas eran detenidos bajo la imputación de formar parte de una banda de narcotraficantes. Hace dos años desaparecieron dos kilos de cocaína en una comisaría de Valencia, pero ese caso palidece ante el más reciente –y no aclarado transcurrido casi un año– ocurrido en el depósito de la jefatura de policía de Sevilla. Nada menos que 100 kilos de cocaína y heroína allí custodiados (¿?) fueron progresivamente sustituidos por sustancias más prosaicas, para alborozo de los acusados en distintos juicios por tráfico de drogas. Las dificultades de descubrir las tramas de delincuentes que actúan con cobertura oficial u oficiosa se hacen evidentes en estos casos y apuntan a una situación mucho más grave de lo que nadie está dispuesto a reconocer.

Una vez creadas organizaciones de cierta complejidad para eludir los golpes de la represión, se abren otros campos delictivos donde pueden aprovecharse esas estructuras para obtener ingresos complementarios. Y viceversa. Después de todo, sus integrantes ya han dado el salto para situarse fuera de lo que se entiende por legalidad. En este sentido, la revitalización de viejas organizaciones mafiosas que provocó la prohibición de las bebidas alcohólicas en EEUU durante los años 30 resulta paradigmática. En la actualidad abundan ejemplos de estados, bandas internacionales y grupos terroristas dedicados a una diversificada lista de delitos adicionales. Algunos son inducidos por la penalización y la legislación fiscal, como la venta ilegal de los llamados precursores de las drogas o el blanqueo de capitales. Otros tienen una naturaleza real –perjudican a alguien– como el robo y el asesinato.

Como vemos, la "lucha contra la droga" ocasiona un ingente despilfarro de esfuerzos y recursos que se detraen de la sociedad y causa problemas que no existirían si desapareciera. Una línea de pensamiento en boga a lo largo y ancho de los países occidentales, congruente con los postulados del Estado del Bienestar, propugna el suministro de drogas a las personas adictas con cargo a los presupuestos públicos. Sin cuestionar el fondo de la prohibición, se argumenta que, de esta manera, los consumidores no tendrán que mezclarse con los circuitos de la delincuencia. Pero este tipo de medidas contradice abiertamente la justificación de la penalización: ¿cómo se explica que los estados proporcionen la misma droga que si se distribuye por un particular constituye un grave delito? ¿Por el hecho de que ofrecen un control médico? En realidad, más bien parece que se pretende eliminar la responsabilidad de los individuos que asumen comportamientos arriesgados y fomentar su dependencia a costa de otras personas, forzadas a pagar los gastos.

Recientemente se han alzado voces defendiendo la legalización de las drogas. Sánchez Dragó propone que el Estado constituya un monopolio para su explotación durante una temporada. Por mi parte, me limito a pedir que, de momento, la regulación de las bebidas alcohólicas de alta graduación se extienda a las drogas.