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No se trata de un objetivo fácil de lograr, entre otras cosas porque a los políticos les gusta juguetear con el crédito a través de sus bancos centrales y una divisa única supone acabar con la sacrosanta "soberanía monetaria" de cada país: se acabaron las orgías crediticias locales para ganar elecciones y para financiar un gasto público desbocado. Si crear la unión monetaria europea fue complicado y requirió de muchos enjuagues y componendas, imaginémonos cuánto costaría fraguar una "divisa planetaria".

Sin embargo, en los últimos meses se están dando ciertas condiciones económicas y políticas que pueden terminar por derribar estos impedimentos y abocarnos hacia la moneda única.

Primero, desde hace unos 20 años los bancos centrales internacionales han ido ganando cada vez más autonomía frente al poder político. Es cierto que si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que los banqueros centrales siguen, en última instancia, los dictados de los gobernantes de turno y que no dudan en bajar tipos de interés siempre que la ocasión lo requiera, pero también es verdad que el banco central ha dejado de actuar como una Secretaría de Estado y que los políticos ya no lo tienen tan fácil como para manipularlo a su antojo. Por consiguiente, los costes de renunciar a la soberanía monetaria son cada vez menores.

Segundo, en la época de la globalización de capitales hablar de soberanía monetaria carece de bastante sentido. Por un lado, aunque un banco central expanda el crédito dentro de sus fronteras, bien puede suceder que ese crédito artificial se traslade a otros países (el caso más célebre es el carry-trade japonés) sin que tenga demasiado efecto interno. Por otro, y por motivos simétricos, aunque un banco central nacional siga una política monetaria ortodoxa y no infle su moneda, bien puede ser receptor de flujos de capitales extranjeros que distorsionen su aparato productivo en cuanto se cortocircuiten (el caso de Islandia o de los países de Europa del Este durante este crisis muestra parcialmente este supuesto). Además, con la extensión y crecimiento del mercado de las titulizaciones, los activos de mala calidad de un país pueden transmitirse a otro sin mediar inversiones directas en el aparato productivo (como dramáticamente han descubierto muchos europeos con las "hipotecas subprime"). Otro flanco por el que la soberanía monetaria se difumina.

Tercero, de momento la política monetaria ha dejado de funcionar durante la crisis. Aunque los friedmanitas se empeñen en no ver la realidad, ahora mismo los bancos centrales no están logrando reinflar el crédito: la economía sigue paralizada y sólo se está reanimando tímidamente gracias a la liquidación de las malas inversiones. Pero lo cierto es que los agentes económicos –salvo el Estado manirroto– están tratando de reducir su endeudamiento y no de incrementarlo. Otra razón más por la que los políticos mundiales pueden renunciar sin demasiado quebranto a su soberanía monetaria.

Cuarto, aunque ahora mismo la tendencia económica sea hacia la deflación (es decir, a la contracción del crédito, el hundimiento de los precios de los activos, la reducción de las rentas y la moderación del consumo), muchos países occidentales están llegando a un punto de endeudamiento peligroso y probablemente insostenible. Sin ir más lejos, Estados Unidos piensa en aprobar otro plan de estímulo que, como el anterior, sólo empeoraría su situación económica. La conjunción de una mayor deuda pública con una economía estancada (y por tanto con unos ingresos fiscales decrecientes) auguran dificultades para amortizar toda esa deuda e incluso no es descabellado pensar en eventuales suspensiones de pago. Si el sistema monetario actual quiebra, será por ahí: hoy el valor del dinero fiduciario que nos han impuesto los políticos está basado en la deuda pública. Si esa deuda pública se impaga, corremos el riesgo de padecer una hiperinflación y una manera de enmascarar tanto el impago primero como después la hiperinflación es unificando las distintas divisas: por un lado permite redistribuir pérdidas y ganancias entre las distintas regiones del planeta (como acontece hoy con la zona euro) y, por otro, permite redefinir la unidad monetaria quitando ceros si los precios comenzaran a dispararse (véase Zimbabwe).

Quinto, y probablemente esta sea la razón principal, el motivo anterior nos traslada a una situación profundamente incómoda para los políticos nacionales: los ahorradores están siendo reticentes a la hora de comprar más deuda pública. Nuestros despilfarradores gobernantes no pueden seguir gastando a destajo, mientras que monetizar cantidades masivas de deuda pública no es una opción: imprimir dinero para comprar deuda nueva nos conduciría con toda probabilidad al hundimiento del valor de la moneda, a la hiperinflación (como atestigua la experiencia alemana) y al aislamiento internacional del país (Islandia muestra cómo el hundimiento de una divisa equivale a una autarquía económica). Sin embargo, en caso de existir una divisa mundial de curso forzoso, los ciudadanos no dispondrían de monedas alternativas en las que refugiarse; como parapeto sólo les quedarían los activos financieros y reales, pero éstos suelen ser complejos de utilizar en el tráfico diario por la población. Por consiguiente, los ciudadanos serían menos libres para protegerse de las políticas inflacionistas de los Estados, quienes tendrían así las manos desatadas para financiarse devaluando el valor de la divisa mundial; una estrategia que parece ir en consonancia con otras ocurrencias que hemos podido leer en los últimos días.

Lo más sarcástico de todo este asunto es que el mundo dispuso durante siglos de una moneda internacional que protegía a los consumidores y ahorradores de los desmanes del gobierno y, precisamente por ello, los políticos se la cargaron: el patrón oro.

La gran mayoría de economistas de la época defendían el patrón oro por un motivo esencial: constituía una divisa mundial. Su gran preocupación era que la implantación de diversas divisas estatales modificara los flujos comerciales no por cambios en la economía real, sino por cambios en los sistemas monetarios internos. Y en efecto, desde su abandono el mundo se ha sumido en un sistema de divisas fiduciarias que fluctúan de valor unas con respecto a las otras (más bien unas se hunden más rápido que otras), que dejan la prosperidad de los ciudadanos al arbitrio de la cordura del mandatario de turno.

En principio, por tanto, una divisa mundial podría parecer una gran solución –incluso liberal– que impulsara el comercio internacional. Pero no conviene confundirse: las dificultades para unificar divisas fiduciarias son innumerables (sólo hace falta observar las tensiones actuales en la zona del euro) y, de hecho, sólo resultan mínimamente sostenibles en países que cuenten con gobiernos austeros y sistemas financieros análogos. Obviamente, ni Occidente es homogéneo ni, sobre todo, Occidente se parece en nada al resto de satrapías internacionales.

No, unificar las divisas de papel ni es posible ni deseable. Si quieren crear una divisa mundial lo tienen fácil: que regresen al patrón oro. Pero eso no, porque su finalidad no es unificar la moneda, sino expandir el poder del Estado. Ese quizá sea el argumento definitivo para que este delirante proyecto termine saliendo adelante.

Pero no serviría de mucho, porque es dudoso que los sustitutos rompieran con la más arraigada tradición de nuestra democracia, en la que la única forma de hacer negocios con la administración es "llevarse bien" con el poderoso.

Lo que llama la atención en el caso de Francisco Camps es que haya sido tan ingenuo como para provocar él mismo la decisión del tribunal de llevarlo ante un jurado popular. El presidente de la Generalidad Valenciana no dijo la verdad cuando fue interrogado por la autoridad judicial, y ningún juez acepta de buen grado que le mientan a la cara. Camps ha sostenido todo este tiempo que él personalmente pagó los famosos trajes de corte italiano, pero hasta la fecha no ha podido demostrarlo. Al contrario, las evidencias recogidas en el sumario indican que jamás lo hizo. Si le hubiera dicho al juez "mire, Señoría, estos trajes me los regalaron, sí, pero esta mañana los he pagado (aquí tiene el recibo) y he ordenado al comercio que devuelva el importe a quien fuera que los pagase, que por cierto no sé quién pudo ser". Todo se hubiera saldado con una multa y Camps se habría dado un baño de multitudes a las puertas del juzgado, con miles de votantes emocionados y agradecidos al primer político de la Historia de España que reconoce un trinque y, además, lo devuelve. Coste económico siete mil euros incluyendo la multa; coste político cero.

Pero como ningún partido político admite que en sus filas haya personajes "regalados", es difícil que el PP, en última instancia una maquinaria de votos como el resto de formaciones, le hubiera permitido semejante acto de honestidad que hubiera evitado el pequeño calvario al que ahora se enfrenta su líder valenciano. Y además con estas temperaturas, bajo las cuales ni la más fina seda italiana te evita el sofocón.

En todo caso, lo más interesante de este asunto es que no se ha producido un trato de favor a cambio del regalo, como el mismo juez reconoce en el auto, por lo que no ha habido cohecho activo ni, en consecuencia, perjuicio para los contribuyentes. Por eso sorprende que en otros casos en los que las arcas públicas sí han sido saqueadas, las fiscalías sean tan remolonas y los jueces tan pacatos. España sigue siendo diferente. Si te regalan cuatro trajes vas a juicio, en cambio si regalas tú una televisión en abierto a los amigos o diez millonazos a la empresa de tu hija ganas las elecciones. Cosas de nuestro hecho diferencial, qué le vamos a hacer.

Las autoridades del régimen de Pekín se han encargado de dejar claro que "es sólo cuestión de tiempo".

La relación de los dirigentes chinos con internet es tortuosa. Por una parte son conscientes de las grandes oportunidades que ofrece para el desarrollo económico del país, han seguido una línea radicalmente contraria a la de otras dictaduras comunistas y no vetan su uso a los ciudadanos. Sin embargo, son conscientes de que la red es un maravilloso vehículo para comunicar opiniones y acceder a informaciones que no son del gusto del gobierno, por lo que tratan de buscar distintas vías para controlar la web sin tener que prohibir que los chinos se conecten.

Fruto de esa peculiar situación son las docenas de ciberdisidentes que han pasado por las prisiones del gigante asiático, que de forma permanente desde hace varios años acogen a una media de unos cincuenta de ellos. También es producto de esta política las sucesivas cruzadas que contra los cibercafés han emprendido las autoridades comunistas, puesto que estos locales eran en el pasado un buen vehículo para obtener mayor intimidad a la hora de conectarse que si se hacía desde casa. Lo mismo ocurre con la censura en los resultados de búsqueda y otros servicios online de los distintos gigantes de internet, como Yahoo, Google o Microsoft. Y ahora, aunque se postergue su puesta en marcha, le ha llegado el turno a la obligación de que todos los ordenadores se vendan con el sistema de filtrado llamado "Dique verde – Acompañante de la juventud".

La excusa para esta nueva medida es, una vez más, proteger la moral de los chinos. El Gobierno del PCCh casi siempre recurre a ella. Aunque fuera cierta habría que denunciarla. Los Estados no tienen ninguna autoridad, más allá de su poder coactivo, para imponer prohibiciones en esta materia. Pero hay más. Desde el mismo momento en el que el filtro viene incorporado de fábrica y son las autoridades las que tienen capacidad de configurarlo sin control de los ciudadanos, del mismo modo en que se puede bloquear el acceso a un sitio pornográfico se tiene capacidad para impedir que los internautas visiten páginas con contenidos "sensibles" desde un punto de vista político. Algo que sin duda ocurrirá en un país sometido al poder de un régimen como el que sufre China.

A lo anterior se suma los excesos moralistas de los censores, que suelen tener una mente más calenturienta que el resto de los ciudadanos y pueden animar la imaginación del público. Es común en España escuchar que, al cortar la escena de Gilda en la que Rita Hayworth se quitaba el guante, los encargados de la censura franquista consiguieron que corriera el rumor de que en la película sin cortes la actriz se desnudaba del todo. Algo parecido ha debido pasar con quienes han configurado el "Dique verde". Este prohíbe entrar o elimina las fotos de sitios turísticos helvéticos, incluidas las imágenes de pacíficos animales pastando. En el título de la novela llevada al cine con nombre de Blade Runner, Philip K. Dick se planteaba: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Tal vez debamos preguntarnos ahora: ¿Se excitan los censores chinos con vacas suizas?

Zapatero está consternado, Obama algo afligido y al presidente venezolano se le han quitado las ganas de canturrear, lo que demuestra que algo bien han tenido que hacer en ese país centroamericano para producir tal unanimidad.

Este aparente golpe de estado está resultando tan confuso como nuestro 23-F, de tal forma que, a día de hoy, todavía hay discrepancias sobre su carácter. Lo que está fuera de toda duda es que Zelaya, títere de Chávez (que ya hay que caer bajo en términos intelectuales), estaba iniciando el camino que lleva a la instauración de un régimen idéntico al venezolano. En países con instituciones poco sólidas y sin una larga tradición del Estado de Derecho, la izquierda lo tiene muy fácil para eliminar la alternancia política e instaurar el socialismo que, recordemos, nunca fue democrático. El proceso consiste en formar escuadras de afines pagadas con dinero estatal y, una vez tomada la calle, iniciar las reformas constitucionales para eliminar cualquier posibilidad de que los rivales políticos puedan alcanzar alguna vez el poder.

Zelaya, que debe ser algo menos inteligente de lo que sus enemigos suponen, no ha medido bien los tiempos y ha acelerado la transición al socialismo bolivariano con la convocatoria de una consulta declarada ilegal por la corte suprema hondureña. Este detalle, que en otros países no tendría mayor repercusión, en Honduras ha precipitado que las instituciones políticas contraatacaran de la peor forma posible, esto es, vulnerando también la constitución aunque en sentido contrario.

La vuelta al orden constitucional requiere, en efecto, el retorno del presidente depuesto, pero también la exigencia de que su gobierno respete los principios democráticos básicos y el Estado de Derecho. Zelaya tiene en estos días de exilio la oportunidad de reflexionar al respecto y volver dispuesto a respetar el orden constitucional. En otras palabras, tiene que elegir entre servir lealmente al pueblo hondureño o seguir siendo un mequetrefe a las órdenes de un histrión totalitario. La decisión es suya.

Salvando esa nimiedad, todos actuamos igual cuando nuestros niños nos piden algo. ¡Qué no hará un padre por sus criaturas! (y las madres no digamos).

El fortalecimiento de los lazos familiares es el marchamo de los socialistas cuando están en el poder. Al tiempo que promueven una legislación dirigida a destruir la familia como institución, es enternecedor comprobar cómo, en lo que respecta a la suya propia, siguen perviviendo los valores cristianos de unidad y amor. Y es que no hay persona más querida ni apoyada en este mundo que el familiar de un alto cargo socialista, especialmente si no sabe hacer la o con un canuto, en cuyo caso toda protección se antoja insuficiente.

Por eso resulta hiriente ver al vicepresidente tercero del Gobierno de ZP negar en el Parlamento que haya hecho todo lo que estuvo en su mano para ayudar a su hija Paula, ejemplo de cariño paternofilial del que debería jactarse en lugar de traicionarlo con absurdas declaraciones de inocencia administrativa.

La hija de Chaves no sólo tiene derecho a trabajar, como defendió su padre con gran racanería, sino a trincar subvenciones de la junta de Andalucía en las mismas condiciones que cualquier alcalde o diputado socialista con una empresa a nombre de su cónyuge. Y si hay que cambiar la legislación se modifica con urgencia y a otra cosa. Lo importante es que la familia permanezca unida, como ha entendido perfectamente el ciudadano medio andaluz a juzgar por la reacción general ante el supuesto escandalazo de Chaves. Y dado que los andaluces siguen votando mayoritariamente al partido de D. Manuel desde hace tres décadas, los socialistas no sólo deberán abstenerse de regalar dinero público a sus familiares sino incidir en esa línea que es, al parecer, lo que sus votantes les exigen.

La familia, amigos, es lo primero, también, y muy especialmente, para la Iglesia Católica. Con muchos menos méritos que los Chaves hay quien forma parte del Consejo Pontificio instituido por el Vaticano, organismo romano en el que el vicepresidente tercero haría un gran papel (sus hermanos y demás parentela ni les cuento). Si la nueva COPE decide promover su candidatura, mi firma irá entre las primeras.