Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Se le consideró responsable de una falta grave de desconsideración a los ciudadanos que se derivaría de unas declaraciones hechas a la edición cántabra de El Mundo el verano pasado. La multa impuesta agotaba la sanción máxima posible para las infracciones calificadas como graves, según las propias normas disciplinarias del Poder Judicial.

Las manifestaciones objeto de esta multa fueron realizadas cuando esta mujer dirigía un juzgado especial de violencia sobre la mujer de Santander. En su día tuvieron una gran resonancia en los medios de comunicación. En ellas la juez criticaba con dureza la llamada ley de violencia de género, que reputaba inconstitucional; dudaba de la eficacia de las órdenes de protección y de los juzgados como el que ella misma ocupaba y, además, salpicaba sus comentarios con anécdotas que decía vivir en su juzgado, sin identificar a sus protagonistas.

Varios aspectos llaman la atención de este episodio que podemos enmarcar dentro de la meticulosa e implacable imposición de la "corrección política" desde los poderes del Estado, dominados por el Ejecutivo del PSOE. El primero es que la apertura del expediente disciplinario se produjera por la denuncia presentada por la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Monserrat Comas D’Argerit, quién debió entender que podía sustituir a los "ofendidos" por las declaraciones de la juez. Que se sepa, ninguno presentó queja. El segundo, que las observaciones de la juez plasmadas en la entrevista aludían a su experiencia con términos discutibles, pero no identificaban un caso o una persona concreta. El tercero que el mismo órgano decisorio de la sanción devolviera al instructor del expediente una primera propuesta de resolución sancionadora que no agotaba la extensión de la multa prevista para las infracciones graves. Y el cuarto, escandaloso donde los haya, que el derecho fundamental a la libertad de expresión de una integrante de un poder supuestamente independiente, se relegase sin contemplaciones ante la hoguera de la "corrección política".

Conviene recordar que la expresión "corrección política" no tiene un significado tan amplio como su denominación hace pensar. No equivale a cualquier opinión que sustente una abrumadora mayoría. Esta acepción desenfoca totalmente la perspectiva finalista que imprimieron sus ideólogos acuñando un término deliberadamente ambiguo. Antes al contrario, los postulados de esta ortodoxia política han ganado un increíble favor en los medios de comunicación y la casta política desde que se importara de Estados Unidos, pero no están asimilados por la opinión pública mayoritaria. Cuestión diferente es que existan suficientes opositores dispuestos a plantar batalla intelectual a esta amenaza contra la libertad.

Para entendernos, pues, mediante ese término se define a una ideología que pretende un vasto cambio social, político y educativo que compense las "injusticias históricas" cometidas contra ciertas minorías: sea por motivos raciales, de clase social, sexo u orientación sexual, pero siempre desde una perspectiva que permita culpar a la civilización occidental. Con esos mimbres, los propagadores de esta virulenta mojigatería compusieron la necesidad de imponer medidas de "discriminación positiva". Y como nos cuenta Stephen R.C. Hicks del movimiento postmoderno, donde las huestes políticamente correctas acampan, aunque al principio claman por el subjetivismo y el relativismo, cuando alcanzan el poder instauran el dogmatismo absoluto. Esto es, persiguen furibundamente a los disidentes de las doctrinas así destiladas.

No cabe duda de que la juez censurada tiene a su disposición los cauces del recurso contencioso administrativo para impugnar la sanción que le han impuesto. Pero el mero hecho de que se emprendan de oficio expedientes disciplinarios por emitir opiniones discrepantes de la legislación positiva y de los análisis de los "observatorios" oficiales debe hacer saltar todas las alarmas. En este caso se ha producido un salto cualitativo en relación a otros ataques a la libertad de expresión. Tiemblen ahora, por ejemplo, los profesores que esgriman la libertad de cátedra ante los comités feministas de salud pública. La desfachatez del neosocialismo local no repara en barras para adjudicarse un halo de respetabilidad. La exposición de motivos de otro de sus "instrumentos jurídicos", la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, acude al argumento de autoridad de John Stuart Mill. Sí, querido lector, el mismo que escribiera el clásico capítulo sobre la libertad de pensamiento y discusión en Sobre la libertad.

Ese control se sustenta sobre la elección parlamentaria de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para calibrar en qué medida esa elección partidaria influye en el poder judicial, debe tenerse en cuenta que su órgano de gobierno tiene encomendadas funciones de selección, formación y promoción profesional de los jueces, así como el ejercicio de su régimen disciplinario por infracciones que no constituyan delito.

Se repara menos, empero, en otros factores que contribuyen a esa situación. Para empezar, tenemos una incoherente organización de los juzgados y tribunales. Vemos que, aunque la Constitución proclama que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley, así como que les corresponde en exclusiva la potestad jurisdiccional (Art. 117) se les priva de tener bajo un control directo a su personal de apoyo, sin interferencias administrativas. Esa jefatura inmediata además de configurar un baluarte para su independencia, haría más fácil determinar la responsabilidades de los funcionarios asignados a un tribunal concreto, incluidos los propios jueces.

Por el contrario, en un principio, los legisladores atribuyeron al Ejecutivo (a través del Ministerio de Justicia) tanto la iniciativa para la creación de nuevos juzgados, la provisión material de medios y una concurrente potestad disciplinaria sobre sus funcionarios. En un paso más estrafalario si cabe, se abrió la posibilidad de que las CCAA gestionaran las dos últimas competencias, excepto la potestad disciplinaria sobre los secretarios judiciales.

Una distribución de competencias más congruente con los fines propuestos al Poder Judicial exigiría que su órgano de gobierno asumiera la ejecución del presupuesto destinado a la administración de justicia, con los límites fijados por las Cortes, así como la inspección y el régimen disciplinario último sobre todo el personal de los juzgados.

Lo dicho hasta ahora tiene consecuencias directas para los ciudadanos que buscan justicia. Someter a la inspección de tres autoridades a los funcionarios provoca disfuncionalidades frecuentes, como se observó en la cadena de omisiones que permitieron que un condenado, cuya pena de prisión estaba pendiente de ejecutar, asesinara a la niña Mari Luz en Huelva. En la mayoría de los casos, no obstante, la responsabilidad por errores, omisiones o negligencias graves queda diluida entre todos los participantes.

En segundo lugar, suele decirse por parte los funcionarios que prestan sus servicios en la administración de justicia que el marasmo judicial se debe a la creciente carga de trabajo que soportan, la cual superaría con mucho los medios de que disponen.

Esta queja es parcialmente cierta, pero tiene más relación con la judicialización de demasiados conflictos que comporta la inflación de leyes sustantivas y procesales. Ambos tipos de normas sufren constantes cambios –a veces contradictorios, otras redundantes– lo cual complica la tramitación de los asuntos jurisdiccionales por parte de funcionarios falibles. Una poda urgente de todas las normas que conducen irremediablemente al incremento de la litigiosidad se hace necesaria.

Aun con todo, no es menos cierto que la planta judicial ha crecido notablemente durante estos años y que, al mismo tiempo, se ha reducido el tiempo previsto para la actividad judicial. Bajo la premisa de que las actuaciones judiciales sólo pueden realizarse en tiempo hábil, tradicionalmente se consideraban inhábiles los domingos y festivos, el mes de agosto y las horas nocturnas. A partir del año 2004, se añadieron los sábados, si bien esas limitaciones no rigen para la instrucción de las causas criminales y cabe la habilitación de días y horas para las actuaciones que se declaren urgentes por las leyes procesales o por el juez.

En la práctica, sin embargo, los horarios y la jornada laboral del personal de las oficinas judiciales se solapan absurdamente con el previsto para los juicios, en un horario que se prolonga desde las diez de la mañana a las dos de la tarde, en general. De esta manera, la atención al público queda limitada a un breve espacio de tiempo.

En consecuencia, si realmente se quiere acabar con la acumulación de asuntos en los juzgados, deberían habilitarse legalmente el mes de agosto y los sábados para las actuaciones judiciales y aumentar el horario de atención al público.