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La Ley del Cine avanza irremisiblemente hasta aparecer próximamente en el BOE, generando, en medio de su tramitación, críticas por todos los lados. Los amigos de la extorsión al contribuyente, los del séptimo arte español que sólo se refieren a su país para mantener el negocio del subsidio se quejan porque no cumple con sus expectativas. Mientras tanto, las salas de cine se lanzan a la huelga como muestra de su negativa a aceptar lo inaceptable: exponer películas españolas por decreto.

Con una frase propia de dictadorzuelo de república bananera, la Ministra Clavo explicó que no tendría que promulgar esta Ley si los españoles fuéramos "a ver nuestro cine". De nuevo, un Gobierno impone lo que se debe ver, como antes hizo con el tabaco, al prohibirnos fumar porque no sabemos ser libres.

Además del cinismo moral de gobernar por nuestro bien y obligarnos a que veamos cine que no queremos ver (ni, por cierto, pagar con nuestros impuestos), lo que esconde esta decisión es un atentado al derecho de propiedad. Mejor dicho, otro más en la larga e interminable sucesión de políticas que vulneran este derecho.

A casi nadie parece chocarle que se impongan cuotas al cine español porque la cultura está por encima de cualquier cosa; como sucediera antaño la religión, funciona como justificación última para cualquier atropello a la libertad. Sin embargo, a todos les repugnaría si el Gobierno les dijera con quien deben emparejarse, casarse o relacionarse. Al fin y al cabo, en su cuerpo manda cada cual, ¿o no?

Siendo coherentes, si somos dueños de nuestras vidas, también lo somos de lo que pensamos, por eso, la ministra lucha denodadamente contra los piratas informáticos que vulneran la propiedad intelectual. Pero la pregunta siguiente es por qué lo "intelectual" tiene validez jurídica mientras que lo material, una sala de cine, no.

La lógica no entiende de políticas o, más bien, no es de izquierdas, porque si lo fuera no haría prevalecer un derecho de propiedad sobre otro, vulnerándolo flagrantemente. Los dueños de las salas de cine deberían proyectar lo que les viniera en gana y los cineastas españoles, producir lo que decidieran pero sin que lo pagáramos los ciudadanos bajo coacción. La obsesión por fijar cuotas es propia de un Gobierno que ama tanto la libertad como los cineastas españoles el libre mercado. Lo uno no se entiende sin lo otro.

En cualquier caso, lo que está claro es que la inquisición cultural ha vuelto a resurgir. Tenemos un Gobierno reaccionario al que hemos de dar gracias por retornar a prácticas tradicionales sacrosantas y claramente higiénicas para la salud mental del país. ¿Para cuándo un nuevo NODO?

Sólo imaginarse a la Calvo, a ZP y a sus ministros hablando del país de las maravillas, debería colmarnos de alegría. Un país donde el cine se ve, porque así lo quiere el Gobierno, en contra del sentir popular, que no sabe sentir nada de lo que debe sentir, como debería cualquier pueblo progre. En ese país multicultural, reinaría la felicidad… ¿Por qué entonces, tanto ruido? ¡Alabemos la Ley del Cine y nada de The end sino Fin, que ya vale de tanta americanada!

La relación entre la libertad y la democracia, es sumamente compleja. Es evidente que cada vez que el pueblo vota decide quien gobierna, lo cual evita que los políticos se atornillen a sus sillones de por vida. Y esto supone, como indicó Popper, un método para cambiar de Gobierno evitando el derramamiento de sangre. No tener que aguantar a tiranos de cualquier signo, ya se llamen Franco o Castro, Hitler o Stalin, es un argumento incontestable a favor de la democracia. Pero ¿es acaso el único?

Esta pregunta nos obliga a plantear bajo qué presupuestos podemos juzgar la democracia. La premisa del liberal sería la libertad. Con la democracia, todos votan y prima la opinión de la mayoría. Si un porcentaje considerable de la población vota a un político que quiere prohibir trabajar más de 35 horas semanales, por mucho que el resto se oponga a que decidan por él cómo debe utilizar su tiempo y cuánto quiere trabajar, nada podrá hacer contra la voluntad popular. Supuestamente, los derechos individuales tendrían que ser los límites al ejercicio de la soberanía, pero estos derechos han sido constantemente restringidos y tergiversados, como cuando se constitucionaliza que el derecho de propiedad tiene un fin social o se define al Estado con adjetivos como social, o sea, socialista, es decir, contrario a los derechos individuales.

Los impuestos son otro de los asuntos donde se aprecia que la mayoría desea pagar pocos tributos pero defiende que los ricos soporten la mayor carga fiscal porque, al fin y al cabo, son los que más tienen. Por tanto, a esos se les debe exigir mucho más. Para hacernos una idea, ahora que estamos en plena campaña de la renta, recordemos que el IRPF es un impuesto progresivo que supone que un incremento de renta provoca un salto en el tipo impositivo de forma que se penaliza el esfuerzo. Luego, una vez más, la mayoría decide sobre nuestro tiempo, bien porque tenemos que trabajar más meses para el Estado o bien porque nos anima a que tengamos más ocio (para evitar que se disipe el dinero que podríamos haber cobrado por trabajar más).

Y qué decir de los servicios sociales, desde la Policía hasta la Sanidad, pasando por la educación. Se nos impone una seguridad insegura, una sanidad masificada y una educación lamentable que no prepara a los alumnos para desarrollar un trabajo. El coste es claramente brutal, no sólo en eficiencia sino también en libertades. Como decía irónicamente un economista argentino, sobre otra de las medidas propias del Estado Providencia, el "seguro de desempleo" equivale a "desempleo seguro".

Lamentablemente, no podemos escapar a esta telaraña que nos atrapa como moscas. La agonía no se percibe pues nos invade una especie de letargo en el que vivimos pensando en que este es el mejor de los mundos. Nuestro voto nunca puede contrarrestar semejante situación.

El sistema democrático establece un mecanismo de rotación de oligarquías que ofrecen demagogia y promesas tan vanas e imposibles, como las del PP y el PSOE en Madrid: hacer del Manzanares una playa, propuesta que recuerda a aquella con la que soñaba el socialista utópico Fourier, convertir los océanos en limonada. La idea sin duda, sería refrescante pero estúpida. Como otras tantas que los charlatanes nos han estado repitiendo. Alguna, como la que ha expresado Simancas de que si se vota al PP este partido privatizará el aire, es tan increíble como propia de quien se comió la rosquilla tonta de San Isidro.

Por otro lado, no podemos desdeñar el hecho de que la gente desconoce el funcionamiento mínimo de los impuestos, la distribución de las competencias entre las autonomías y el Gobierno central, el cupo vasco, la financiación de la sanidad y de la UE o qué son las aduanas. Es decir, la gente no invierte tiempo en controlar a los políticos que ha designado. Es más, desconoce la teoría económica básica por lo que acaba creyendo que los salarios mínimos, los controles de precios y la redistribución de la renta son los medios para alcanzar el bienestar social. Está claro que no todos pueden ser expertos en todo pero quizás tengamos cierta responsabilidad en la medida en que votamos, porque con nuestros votos podemos estar apoyando políticas dañinas para la sociedad. ¿Hasta qué punto recapacitamos? ¿Presionamos a nuestros políticos para que cejen en sus perniciosos empeños? La respuesta es un flagrante no. Ahora bien, seguro que a muchos se le ocurre que los grupos de presión son la manifestación de ese sentir. Desgraciadamente, se dedican a expandir ideas catastróficas y se esfuerzan en recabar más fondos, como sucede con los artistas, verdaderas plañideras a la caza de un canon más expoliador que cubra unas imaginarias ventas potenciales.

Si la democracia no consiste en un sistema apoyado en votantes conscientes que conocen, al menos en teoría, el funcionamiento del Gobierno y que dedican tiempo a informarse y analizar la realidad de forma sosegada, sino que más bien se dejan guiar por lo que sus padres les han dicho, lo que parece más moderno o progresista, entonces quizá lo que argumenta Bryan Caplan en su apasionante libro The myth of the rational voter sea cierto: la democracia es "un concurso de popularidad".

Probablemente este juicio sea erróneo porque hay mucha gente que se esfuerza en seguir la actualidad y estar al día de lo que pasa en el mundo, pero el peso marginal de un voto en unas elecciones es irrelevante. Deprime pensar que ningún político sea 100% liberal, aunque compre una de nuestras camisetas. Nuevamente, citando a Caplan, cabe sostener que "en elecciones con millones de votantes, los beneficios personales de aprender más sobre política son insignificantes porque un voto difícilmente cambiará el resultado. Entonces ¿por qué aprender?"

La solución a este drama sería aumentar los ámbitos en los que prime la libertad individual y no la política, es decir, que sean las personas las que puedan tomar decisiones sobre su vida, libertad y propiedad de forma que, aunque envidiemos a nuestro vecino por tener dos coches o a nuestros jefes por cobrar más que nosotros no podamos utilizar la política para satisfacer nuestra sed de venganza, haciendo que el Estado les expropie más y más. Tampoco, cabría ampararse en la democracia para censurar o para promover la virginidad, como ha hecho Bush, gastándose a tal efecto 740 millones de dólares del erario público.

Por mucho que nos repitan, la solución no pasa por más democracia sino por una mejor democracia, aquella en la que la libertad no pueda ser destruida, por nadie, sea mayoría o no. Más importante que la democracia es una Constitución mínima que impida que el Estado se expanda, lo cual, siendo realistas, podemos calificar como una utopía porque el poder tiende a crecer, como la nariz de los políticos al mentir.

Sin embargo, estamos ante otro sueño porque ¿desde cuándo alguien que recibe un subsidio por desempleo, que tiene acceso a la sanidad pública y que no paga demasiados impuestos va a renunciar a estos "derechos"? Aunque se arguya que esa persona ganaría más en un mercado libre, mucha gente no desea más que la falsa seguridad de un Estado que desde la cuna a la tumba le ha cuidado como a un indefenso bebé.

Cambiar las cosas parece tan difícil que a veces el único voto que funciona es el votar con los pies, un voto efectivo para que cuando todo lo que uno ama, como cantaba Sabina, se llena de cenizas y quepa escapar de las democracias tiránicas. Así que para quienes se quejaban de que mis postulados resultaban poco prácticos cuando aconsejaba no votar por nadie, les planteo otra solución, como es votar con los pies. Eso si, compren calzado cómodo porque no podrán dejar de moverse.