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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Vota a nadie

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En un muro leí una vez un lema que jamás se me borrará de la mente: "Vota a nadie porque nadie arreglará tus problemas". Cada vez que llegan unas elecciones, me acuerdo de aquella leyenda porque, no nos engañemos, todos los políticos buscan una única cosa, el poder. Necesitan que les satisfagamos sus ansias de dominio, que les hagamos sentir que son importantes, que mandan, que pueden dirigir a la sociedad en conjunto. Su esencia es claramente parasitaria. Nos necesitan para ser. Su autoestima depende de nuestros aplausos.

A pesar de ello, oímos a unos y a otros y evidentemente hay algunos que parecen defender valores similares a los que se sostienen en este Instituto. Incluso hay veces en los que, escuchando a un político, creemos haber encontrado un nuevo Jefferson que nos deleita con bellas palabras hasta embriagarnos… Lo malo de ello es que, cuando llega la resaca, nos percatamos de cuán equivocados estábamos.

En todo momento, no hay que perder de vista que si el político necesita, cual vampiro, la sangre de sus víctimas, perdón, votantes, hará lo imposible para contentarlos. Por tanto, quienes mejor se organicen y expresen sus demandas como una necesidad del colectivo conseguirán captar la atención del político, que les dará lo que pidan porque, al fin y al cabo, lo que demanden nunca será pagado de su bolsillo.

Limitarse a defender la propiedad privada, la libertad económica y política y el Estado mínimo, es una quimera para un político porque con ese programa no le votaríamos más que unos pocos liberales. Ese político acabaría por transigir un poco… y de un poco a un poco más, tampoco hay demasiado trecho y ya que nos ponemos a ampliar el Estado, ¿por qué no dejarlo como está y, si acaso, proponer medidas "más realistas" como cambiarlo todo para que todo siga tal cual?

Además, no existen partidos liberales. Por mucho que alguien les diga que el PP o el Partido Republicano norteamericano son liberales, no se lo acabe por creer o cualquier día acabará por dejar sus calcetines el día de reyes y esperará nervioso a que el famoso trío llegue desde muy lejos con su saca de regalos.

Lo mismo sucede con la pasión que ha embargado a algunos con Sarkozy. Agapito Maestre señala en Libertad Digital que el francés es "el político que busca Europa desde la caída del Muro de Berlín. Es la única esperanza" (sic). Pensar que un ególatra lenguaraz salvará el mundo es como confiar en que Batman salga de su cueva para proteger a Gotham del malvado Joker.

Más bien, la actitud razonable es la del escéptico al que nunca ningún político acaba por convencer y menos seducir, aquel que pone en solfa lo que escucha porque no cree que nadie que quiera poder será capaz de limitar sus atribuciones por principio. Este es el caso de José García Domínguez, quien, con su habitual brillantez, nos recuerda frente a los Agapitos, Arísteguis y demás entusiastas fervorosos de Sarkozy que "la derecha española, siempre tan fiel a esa tradición suya de comprar cualquier burra ciega que huela a perfume francés, bien haría en releer a Revel antes de echar las campanas al vuelo por el candidato favorito de Giscard d´Estaing. Es más, hoy no debería abrir la boca sin haber memorizado aquella advertencia con que el viejo Jean-François nos previno contra los tipos como ese falso vaquero de Marlboro: ‘Hablan de Tocqueville pero, no te engañes, sólo es por buscar en sus páginas el rostro de Luis XV’."

Si un político está llamado a algo es a seguir el ejemplo que nos brindó Mises cuando fue preguntado por lo que haría si llegara a la presidencia y respondió que no le cabía ninguna duda: dimitir.

Cuando no lo hacen siquiera tras reducir sin pausa el Estado hasta su mínima expresión, entonces, ese político será otro más de la larga lista de mentirosos que nos llevan explotando día a día, año a año, esquilmando de nuestros salarios lo que precisan para seguir encaramándose a la cumbre, desde la que mirarnos como a súbditos.

Llegue o no Sarkozy al poder, Francia seguirá siendo un país carcomido por el socialismo, podrido por la corrupción a que conduce la teoría de "cada quien según sus necesidades a cada cual según sus capacidades".

Y en España, no se equivoquen, probablemente sin Zapatero estaríamos mejor, incluso muchísimo mejor, pero sólo porque no tendríamos a un tipo cuyas palabras rechinan al oído y cuyos actos producen vergüenza ajena… no porque Rajoy fuera a aparecer con una capa negra en su batmóvil para defendernos de los malignos.

Por eso, en las próximas elecciones, ya sé a quién votaré. A nadie porque nadie me solucionará mis problemas, salvo, claro está, yo mismo. Por tanto, ¿qué necesidad tendré de votar?

El diccionario de Bob Geldof

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Para la mayoría de los treintañeros, el nombre de Bob Geldof estará siempre asociado a uno de los mayores éxitos del brit pop de los ochenta, el inolvidable tema Do they know it’s Christmas? lanzado para paliar el hambre que por aquellos tiempos diezmaba a la población de Etiopía. Que todas esas calamidades habían sido causadas por un régimen pro soviético, uno de esos que tanto parecen añorar los intelectuales españoles, es algo que algunos averiguamos más tarde. Ni Bob ni sus amigos se molestaron entonces en explicarnos que las penurias de los negritos se debían en gran parte a la mano del hombre. Ahora pasa lo contrario, cualquier racha de lluvia, temporal o verano caluroso es achacado a la economía de mercado, a las compañías petroleras y a los presidentes Bush y Aznar, convertidos en el dios Júpiter por la nueva checa del Círculo de Bellas Artes.

Sin embargo, para todo el que no se puede permitir una visita al quirófano o unos pinchazos de Botox, los años pasan, y Geldof, quien a juzgar por su aspecto debe de estar más retocado que el Alcázar de Toledo, también se ha puesto al día. Del silencio cómplice, la estrella ha pasado a la asesoría de David Cameron, líder del Partido Conservador británico, en asuntos de pobreza mundial. La mala noticia es que Cameron tiene de liberal lo que servidor de cura. La buena es que tras el ínclito Edward Heath y el incompetente Callaghan llegó Margaret Thatcher. A veces la historia se repite.

La última de este gran empresario político, activista incansable de la causa de su cuenta corriente –nada que objetar si no fuera por lo mucho que se esfuerza en ocultarlo con su look de filmotequero y sus continuas peticiones de dinero y de trabajo gratuito, tan habituales que me obligan a sugerir que la Academia Española acuñe la expresión "pedir más que Geldof"– es la creación del Diccionario del Hombre. El proyecto, recién presentado en Cannes con motivo de la celebración de la feria de televisión MIPTV y patrocinado por la empresa estatal BBC, consiste en crear un archivo de idiomas, músicas, filosofías e incluso bromas de todas las culturas antes de que desaparezcan. Nada se dijo del cómo o el porqué de esta nueva versión del pensamiento apocalíptico que nos invade, aunque por los comentarios de muchos de los asistentes al evento mi conclusión es que a buen entendedor progre pocas palabras bastan. Son el calentamiento global, las petroleras, Bush, Aznar y, si el espíritu de Lenin no lo remedia, también Sarkozy.

"Será como el álbum de fotos de familia del mundo", y entre otras cosas contará con 900 cortometrajes de media hora filmados especialmente para el proyecto. Me pregunto si la entrada "Vascos" incluirá, por eso de preservar las culturas antes de que desaparezcan, algún comunicado de ETA, si en "Palestinos" el internauta curioso se topará con imágenes de los niños aprendiendo a colocarse explosivos alrededor del cuerpo, o si en "Mujeres" figurará alguna ablación. Después de todo, ¿quién tiene autoridad para dictaminar qué es cultura y qué no?

El Diccionario del Hombre será puesto en marcha por la BBC, es decir, por los contribuyentes británicos, y por Ten Alps Digital, la empresa de Geldof, que ya se ha buscado un socio capitalista estatal en caso de que la cosa no funcione. A eso algunos le llaman privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Y cuidadito con quejarse, no vaya a ser que lo tachen de insolidario, fascista o cualquier otra lindeza salida del Gabinete de Estudios de La Moncloa o de la Fundación Alternativas.

Huelga decir que la página tendrá publicidad, y como los estatutos de la BBC le impiden cobrar, todos los ingresos irán a parar directamente al rostro de Geldof, que a este paso será el primer humano en alcanzar la eterna juventud. El Diccionario del Hombre permitirá a sus usuarios buscar, añadir y editar contenidos además de trazar su propio linaje. Vamos, que el señor Geldof pretende que la humanidad entera se convierta en empleada de su empresa sin pagar una sola nómina. O en sus propias palabras, "Ten Alps no invierte nada, nosotros sólo ponemos expertos administrativos", y añade "y si no ganamos diez céntimos, no me importa". Y los cerdos vuelan. Volviendo al párrafo anterior, si la BBC pone la pasta y encima puedes cobrar lo que quieras por la publicidad, hay que ser muy bruto para que el asunto no proporcione beneficios. Y si así fuera, siempre queda el recurso a una gira humanitaria por las principales capitales europeas para que las Leires Pajín te abran su corazón… y las carteras ajenas.

En fin, que tras la caída de la mal llamada utopía marxista, la reconstrucción arbitraria del pasado y el terror colectivo se han convertido en los nuevos opios del pueblo. En el mejor de los casos, la moda de la recuperación de la memoria está estimulando a un número nada desdeñable de historiadores, arqueólogos y artistas empeñados en investigar el pasado y de paso derribar algunos de los mitos que han intoxicado a docenas de generaciones. El escritor Charles C. Mann, autor del imprescindible 1491, y el cineasta Mel Gibson son dos ejemplos de esto. En la parte tenebrosa tenemos a todos esos cabecillas fascistoides que, envueltos en las banderas del progresismo y la justicia social, se dedican a embaucar al pueblo reemplazando la política por la estética. Y en medio, oportunistas como Bob Geldof, a los que les basta un líder político acomplejado y un par de empresarios del sector público –disculpen el oxímoron– para dar un pelotazo, hacerse una nueva cirugía estética y encima no pagar un duro de impuestos, ya que la empresa está registrada como "fundación de interés social" o su equivalente en la legislación británica. Como concluiría la poeta manchega, o sea.

El crecimiento del poder en la democracia

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El crecimiento del poder en la democracia

El Estado contemporáneo actual se encuentra caracterizado por un indudable crecimiento y ampliación del poder político, puesto que la esfera de intervención pública se ha expandido de forma exponencial a poco que lo comparemos con las funciones encomendadas al Estado liberal moderno (laissez-faire) e, incluso, en relación con los regímenes monárquicos absolutistas.

Bertrand de Jouvenel señaló ya hacia 1945 que la instauración de la democracia moderna incrementó de modo exponencial los dos recursos y símbolos centrales del poder en el Estado-nación, los recursos militares y los fiscales, debido a una particular relación causalmente asociada.

En democracia se produce paulatinamente la extensión del derecho de sufragio a toda la ciudadanía mientras entran en escena tanto los partidos de masas como diversos movimientos sociales tendentes a reclamar una mayor participación y mayores cuotas de igualdad material. Esto produce una expansión significativa del papel del Estado en la sociedad civil, con el objetivo de llevar a cabo su cumplimiento e implementación. Además, y a diferencia de la monarquía, en un Estado democrático el soberano ya no es el antiguo señorial de corte aristocrático y claramente diferenciado del resto, sino de carácter popular. Tal cambio, en cuanto al sujeto soberano, resulta trascendental, puesto que facilitó enormemente la disposición y aceptación general de políticas y decisiones que respondían a las nuevas necesidades estatales.

Sin embargo, el Estado no crece sólo como respuesta desinteresada a las demandas de la sociedad, sino también por la dinámica de unas burocracias dispuestas siempre a extender su particular ámbito de competencias. La administración, por el hecho de no estar sometida a la implacable vigilancia del mercado, se vuelve lenta, poco ágil, ineficiente y, por tanto, excesivamente costosa. Además, si se acepta el axioma apriorístico consistente en que el ser humano es egoísta por naturaleza, no habrá dificultad en reconocer entonces como un hecho autoevidente que los políticos utilizarán instintivamente el poder en beneficio propio.

A fin de constatar de modo fehaciente la hegemonía y preeminencia del poder político estatal, tan sólo se precisa centrar nuestra atención sobre el retroceso que el pleno ejercicio de los derechos individuales ha experimentado en el último siglo. El concepto mismo de libertad ha sido objeto de un evidente cambio interpretativo, pues frente a los derechos naturales de vida, libertad y propiedad, se contraponen ahora los recursos estatales referidos a la enorme capacidad de guerra, legislación y fiscalidad, cuyo desarrollo y preeminencia trae como consecuencia lógica la limitación y reducción de los primeros.

Finalmente, cabe señalar el particular fenómeno en torno a la crisis del Estado-nación como consecuencia de la progresiva cesión de competencias en favor de la conformación y configuración de superestructuras estatales. Tal proceso parece indicar que el único medio de asegurar la existencia humana sobre la base de la hegemonía estatal consiste en formar un Estado mundial. La creación de una superestructura de tal tamaño y entidad no puede hacer otra cosa que continuar el progresivo e imparable avance a favor de la concentración de poder, que tendría dos efectos: en primer lugar, una mayor autonomía, autoridad y potestad por parte de la elite política supraestatal gobernante (véase la UE); pero, por otro, y de modo paralelo, una tendencia contraria en el sentido de transferencia hacia abajo en la forma de un paulatino proceso de descentralización política y administrativa.

Es evidente que, en función de cuál sea el movimiento que salga victorioso de esta pugna política contrapuesta, ello acabará por determinar una nueva dinámica que transformará de modo sustancial las bases, prácticas y fundamentación del sistema político vigente a lo largo del siglo XXI.

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La descentralización como estrategia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los nacionalistas substituyen la palabra España por la de "Estado", acaso como ejercicio de "memoria histórica", ya que era una forma en que al régimen de Franco gustaba referirse a nuestra nación. "Estado". Qué duda cabe que forma parte de España, pero no es ni de lejos lo más importante. De hecho lo único que importa son los españoles y su sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo. Y con ellos, las instituciones que han recibido y que son fruto del avatar histórico de otros que también se sentían parte integrante de la misma realidad histórica, que también lo es social. España es eso. No es ni la Renfe ni el Ministerio de Educación.

Los nacionalistas construyen un discurso colectivista, con un alma totalitaria, construyendo una historia y una mitología plañidera con un único objetivo: el poder; el poder absoluto. Y utilizan el armazón nostálgico nacionalista (mucho decir sería que es ideológico) para saciar ese deseo y para engañar a los ciudadanos. Se les dice que quitan el poder al gobierno central, cuando los robados en realidad son ellos. Así las cosas, ¿no debiéramos replantearnos esta descentralización? ¿No sería buena idea echar marcha atrás?

Yo no lo creo. Antes al contrario lo conveniente sería dejar para el Estado central poco más que aquello que represente al país y lo defienda: la Corona, las relaciones exteriores, la defensa… Todo lo que sea posible ha de cederse a las comunidades autónomas o, mejor aún, a los ayuntamientos. Lejos de aumentar el poder de los nacionalistas, lo que tendría lugar es una competencia institucional entre regiones españolas que daría al traste con sus pretensiones más totalitarias.

La decisión política de Esperanza Aguirre de reducir o eliminar los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones ha llevado incluso al tripartito a seguir el mismo camino. ¿Adivinan a quién acudieron para evitar tener que tomar esa medida? Al Estado central, como me hizo ver recientemente Manuel Llamas. Como las competencias estaban cedidas y el Estado central no pudo acudir en su ayuda, al final tuvieron que ceder. Los españoles de todos los sitios, si ven que la presión que ejerce su gobierno regional es muy asfixiante, huirán a otras regiones españolas a trabajar o implantarán allí sus negocios e invertirán allí sus capitales.

Una España descentralizada no dejará de serlo, por el simple hecho de que su ser no desaparece con el Estado central. Dejemos ese error a los mismos nacionalistas, a quienes llaman "Estado" a España. España es una realidad bimilenaria reconocida y querida por los españoles. Pero esa España descentralizada permitirá que las regiones que más apuesten por la libertad de los suyos sean el freno más eficaz a la voluntad totalitaria de los nacionalismos. Y el partido nacional más favorable a la libertad de los españoles, el Partido Popular, es quien debe liderar ese esfuerzo de descentralización administrativa. No deja de ser significativo que sea la presidenta más reformista del PP, Esperanza Aguirre, quien recupere la idea de que su partido necesita recuperar el diálogo con los nacionalistas. Espero que el PP siga por ese camino.

Neoliberalismo y fascismo económico en el PSOE

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde que el PSOE tomó el poder no hemos parado de ver este tipo de prácticas. Aumento de la persecución fiscal, continuos favores a los constructores, aumento de la corrupción política, leyes totalitarias como las de sanidad, cesión total a grupos como la SGAE o Prisa, raudales de nuestros impuestos destinados a los ociosos actores o el caso Endesa, entre muchos más ejemplos.

Los "razonables desplazamientos de las estructuras económicas libres" que mencionaba el profesor Krüsselberg se han vuelto irracionales fenómenos de expulsión del orden espontáneo de la económica privada para convertirse en decretos y órdenes del Gobierno. Las buenas intenciones en manos de los políticos se han convertido en degeneración y manipulación. Como decía José Carlos Rodríguez sobre el caso de Endesa, la política económica del PSOE es fascismo puro y duro.

Y es que la historia se repite. La economía del fascismo es la unión entre grandes grupos privados y el Gobierno para conseguir unos fines "sociales", nunca liberales, donde sólo una élite se beneficia a expensas de la sociedad. La mejor forma de conseguir saquear con facilidad es prometer de todo poniéndole el adjetivo "social" y, con esta excusa, el ciudadano medio se deja manipular y robar.

Ya lo dijo Bernard Baruch, asesor del Gobierno norteamericano en la primera mitad del siglo XX, "vota al que menos prometa; será el menos decepcionante". El Gobierno del PSOE no para de prometer. Y cuando el Gobierno promete algo, se lo quitará a otro mediante la fuerza. En el momento que el Gobierno lo promete todo, el saqueo y caos es absoluto. Demasiadas deudas tiene que pagar este Gobierno. Deudas que estamos pagando nosotros.

Coartadas teóricas para el fascismo económico

Escrito por José Ignacio del Castillo en . Publicado en Análisis diario.

Sin entrar a hablar de su utilización como arma arrojadiza de cómodo recurso en intercambios dialécticos, ante la falta de argumentos o ganas de pensar, “fascismo” es uno de esos vocablos que, a fuerza de ser mal y sobre-utilizado, ha acabado por convertirse en equivalente de todo lo execrable y desagradable del mundo. Sin embargo, es un peligroso proceder agrupar bajo la denominación de fascismo todas las prácticas despreciables de los totalitarismos. No sólo se pasan por alto las particularidades propias de cada uno, sino que se hace más sencillo exonerar a otros totalitarismos –casi siempre el comunista– de sus esencias criminales.

El fascismo es, efectivamente, una ideología y una forma política execrable. Y lo es tanto por sus métodos para alcanzar, ejercer y expandir su poder, como por la forma de organización social y económica que aspira a establecer. Por lo que respecta a los métodos, realmente existen pocas prácticas en las que los fascistas hayan sido innovadores, casi todo está ya en el leninismo: el partido ultra-disciplinado, la agitación y la propaganda, las milicias destinadas a dominar la calle, los campos de concentración, la persecución y la eliminación de los disidentes, la omnipresencia de la policía política, la desaparición de la vida privada y la generalización de las delaciones… La única creación fascista –nacional-socialista, para ser más exacto– es la purga a gran escala dentro de las propias filas. Una práctica que, por cierto, los comunistas tardaron bien poco en adoptar. Poco más de dos años transcurrió entre la Noche de los Cuchillos Largos y los Procesos de Moscú.

Algunos dirán que lo que hace característico al fascismo es su política racial. En Alemania, y tal vez en Japón, sí. Pero, desde luego, no en la Italia de Mussolini o en la España falangista inmediata a la posguerra. Existe en un punto mucho más esencial, común a todos los fascismos: la forma de organización de la vida económica que se establece y cuyas principales características podríamos resumir así:

  1. La producción y distribución de los bienes y la vida económica en general se planifica –bajo la supervisión del estado– a través de la integración en federaciones sectoriales de productores y sindicatos de trabajadores. Tal organización puede recibir diversos nombres: Estado Corporativo en la Italia de Mussolini; democracia orgánica en la España falangista; National Recovery Act en la pretendida transformación rooseveltiana. En ellos recae la función nominal de asignar cuotas de producción, fijar precios y condiciones laborales o conceder licencias. Simultáneamente, queda nacionalizado el comercio exterior, así como una serie de sectores denominados como estratégicos.
  2. Al mismo tiempo, el estado –que presume graves fallas en el funcionamiento del sistema de laissez faire– asume la responsabilidad del pleno empleo, utilizando para ello el recurso inflacionista de sufragar un formidable volumen de gasto público (obras públicas, gastos militares…) a través de los déficit públicos y la política monetaria expansiva.
  3. Se mantiene, al menos en nombre, el statu quo de la propiedad de los medios de producción. Es fundamentalmente de este punto del que deriva su aceptación, en tiempos de crisis, entre sectores conservadores y del establishment, que lo ven como una “tercera vía” para superar la lucha de clases y evitar los baños de sangre antiburgueses y anticapitalistas y la destrucción de capital humano asociados al socialismo de corte marxista.
  4. La puesta en marcha de políticas sociales de amplio alcance: educación, cultura y deporte públicos, fijación de salarios no referidos a la productividad, seguros sociales, etc. Se trata de una nota característica de los partidos de masas fundados y liderados, además, por personajes vinculados al sindicalismo y/o procedentes del socialismo: Benito Mussolini, Georg Strasser, Ramiro Ledesma, Juan Domingo Perón.
  5. Puesto que el poder estatal no es extensible más allá de las fronteras, el sistema económico aspira a la autarquía. Se sustituye el comercio internacional entre particulares por el militarismo expansionista (espacio vital) para la obtención de recursos no disponibles en el interior, por la política de sustitución de importaciones (sucedáneos –Ersätze–, el estructuralismo latinoamericano que tantas dictaduras populistas ha inspirado) o, en su defecto, por el trueque (clearing) llevado a cabo directamente a nivel intergubernamental.

El presente artículo lleva por título “Las coartadas teóricas del fascismo económico”, y es que siempre me ha parecido irritante que un adepto confeso de las políticas económicas fascistas como J. K. Galbraith –aunque él bien se guardara de reconocerlas como tales y hasta llegó a titular, con escasa vergüenza, su libro de memorias “Anales de un liberal impenitente” (Annals of an abiding liberal)– no sea estudiado como corresponde. Por motivos de espacio sólo reproduciré unas pocas citas para la reflexión:

“El mecanismo adecuado, al que casi inevitablemente llegaremos algún día, es una especie de tribunal público en el que estén representados el trabajo, las empresas y el público. Su jurisdicción debería estar limitada a los sindicatos y a las empresas más grandes: al sector organizado”. J. K. Galbraith, La Sociedad Opulenta, pág. 283

“No puedes tener a la vez una política fiscal dinámica y un presupuesto equilibrado. Para reabsorber la capacidad de producción inutilizada y el paro, los poderes públicos deben gastar más allá de sus entradas fiscales. Entonces han de financiar el relanzamiento mediante el déficit presupuestario”. J. K. Galbraith, Introducción a la economía, pág. 143

“La tercera etapa necesaria es algún tipo de control sobre salarios y los precios para impedir que se produzca la espiral alcista que tendría lugar, de otro modo, a medida que llegase el pleno empleo. (…) De hecho, el problema del control una vez que se han conseguido superar los obstáculos morales no es demasiado difícil“. J. K. Galbraith, La Sociedad Opulenta, pág. 282.

“También hay productos y servicios, algunos de la mayor utilidad o necesidad, que no pueden nacer por obra del mercado. (…) Ni siquiera se descubren ni suministran, en esos casos, todos los requisitos de una planificación eficaz. Por ello esas tareas se cumplen mal, con incomodidad, o cosas peores, para el público. Si se reconociera que son tareas que requieren planificación, pero se han dejado sin planificar en el contexto de una economía ampliamente planificada, no habría vacilaciones ni disculpas vergonzantes en el uso de todos los instrumentos necesarios para planificar. El rendimiento sería muy superior“. (J. K. Galbraith, El Nuevo Estado Industrial, págs. 385-386).

¿Puede el Estado calcular?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El cálculo económico es un recurso imprescindible para asignar los recursos escasos hacia sus usos prioritarios en los órdenes sociales extensos. Sin cálculo no existe coste de oportunidad y tan "racional" resulta construir vías de oro como cultivar arroz mientras parte de la población muere de sed.

La condición indispensable para que el cálculo económico sea posible son los precios de mercado. Los precios de mercado tienen la virtud de transformar las escalas de fines de los individuos (que sólo son órdenes de preferencias) en magnitudes concretas y cognoscibles. Pasamos del reino ordinal (preferencias) al cardinal (precios) mediante el intercambio voluntario mutuamente beneficioso.

Por ejemplo, yo desconozco cuáles son las prioridades de los individuos, pero si algunos compran un televisor por 200 euros, sé que al menos en ese momento preferían el televisor a sus 200 euros. Por tanto, puedo tratar de lograr 200 euros vendiendo televisores, para lo cual tendré que contratar factores productivos a cambio de una remuneración. Si esa remuneración es inferior a las ventas de televisores de 200 euros que espero lograr, emprenderé la producción.

Si los factores productivos, por el contrario, están percibiendo sumas superiores a las que yo les puedo pagar, significará que están siendo empleados en actividades que se espera que sean más remunerativas; esto es, se estarán emprendiendo en cada momento aquellas tareas que los consumidores más urgentemente demandan.

Los errores de cálculo se resolverán indefectiblemente en la desaparición de la actividad del mercado y en la liberación de los factores de producción.

En definitiva, los precios de mercado son esenciales para la asignación de recursos. La crítica resultaba enteramente aplicable a las economías comunistas, donde toda la actividad se hallaba socializada y se carecía de precios. La cuestión es si ese mismo problema sigue siendo aplicable a los Estados occidentales actuales donde sólo una parte de la producción está socializada y donde además existen precios de mercado para factores productivos análogos (las pistolas tienen precios, el salario de agente de seguridad puede fijarse copiando el de agencias privadas como Prosegur…).

Aunque un análisis simplista podría llevarnos a afirmar lo contrario, el Estado sigue de lleno afectado por la imposibilidad del cálculo económico, en especial porque carece de un precio fundamental: el coste del capital.

Toda empresa que quiere comenzar o ampliar sus actividades necesita captar el capital con el que funcionar. Hay que adquirir o alquilar el equipo, hay que adelantar los salarios a los trabajadores, comprar materias primas… Este capital puede ser aportado por completo o en parte por el propio empresario o bien puede recurrir a los mercados financieros.

Los inversores aceptan proporcionar el capital a la empresa (adquiriendo parte de sus acciones) a cambio de los beneficios futuros que espera obtener. Del mismo modo, los prestamistas se desprenden temporalmente de sus fondos a cambio del repago futuro de principal e intereses por parte de la empresa.

En ambos casos, los agentes confrontan un riesgo derivado de que la incertidumbre sobre los flujos futuros de caja (los beneficios): nadie asegura a los inversores que la empresa ganará tanto dinero como esperan ni a los prestamistas que la empresa será capaz de abonar con puntualidad los intereses y el principal.

Cuanto mayor sea esa incertidumbre mayores deberán ser los beneficios y los intereses que los accionistas y los prestamistas esperan obtener. Si la empresa no cumple con las expectativas de los inversores, estos liquidarán sus acciones al descuento (el valor de mercado de la empresa caerá por debajo de su valor contable) y si no cumple con su compromiso con los prestamistas, o bien se liquidará parte de la compañía o bien se renegociarán las condiciones de la deuda, con el consiguiente incremento en la prima de riesgo futura para la empresa.

En cualquier caso, cualquier empresa debe lograr una rentabilidad mínima anual derivada del riesgo subjetivo que perciben sus accionistas y prestamistas. Esta rentabilidad mínima suele ser denominada coste ponderado del capital.

Las actividades del Estado carecen por completo de coste ponderado del capital. El Estado obtiene los fondos que necesita o bien mediante la confiscación (impuestos) o bien mediante el endeudamiento público. En ambos casos, no existe ninguna rentabilidad mínima exigible a la actividad del Estado que quepa incluir en su cálculo económico.

En el caso del contribuyente porque éste no tiene opción de retirar su capital del Estado y por tanto no puede exigir unos beneficios mínimos por sus recursos. En el caso de los prestamistas, aunque es cierto que soportan el llamado "riesgo país", lo cierto es que éste está asociado a consideraciones de índole política (capacidad para robar lo suficiente como para atender el servicio de la deuda) y no económica (capacidad para satisfacer con acierto las necesidades de los consumidores y obtener los ingresos con los que pagar principal e intereses).

La ausencia de un auténtico coste de oportunidad del capital –ausencia que es consustancial a la naturaleza del Estado y de su sistema impositivo– imposibilita el cálculo económico y en definitiva la satisfacción de las necesidades prioritarias de los individuos. En otras palabras, todo el capital que acapare el Estado será distribuido de manera aleatoria entre sus estructuras productivas y además en proyectos que tenderán a ser útiles, no para los consumidores, sino para la subsistencia de los políticos.

La única solución pasa por que todo el capital sea captado en los mercados financieros para negocios donde los ingresos sean obtenidos por contratos voluntarios entre la empresa y el cliente, de modo que los inversores confronten una variabilidad de los beneficios derivada de la mejor o peor satisfacción de las necesidades de los consumidores. En otras palabras, la única solución al despilfarro sistemático de recursos pasa por extender la propiedad privada a todos los ámbitos de la sociedad.

¿Qué pasaría si…?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña con el lema "¿Qué pasaría si no pasara nada?". Así formulada la pregunta, resulta lo suficientemente estúpida como para merecer ser una campaña institucional. Pero lo que quiere sugerir es otra cosa: ¿Qué pasaría si el ayuntamiento no hiciera nada? Pues que todo lo necesario quedaría por hacer, viene a decirnos.

El actual equipo de gobierno municipal, liderado por el sin par Alberto Ruiz-Gallardón, está sometiendo a la ciudad a un volumen de obras públicas sin parangón histórico, de las cuales, oportunamente, las principales se están concluyendo pocos meses antes de las elecciones locales. Como parte de su campaña, el ayuntamiento ha enviado a los medios de comunicación una nota en la que dice cosas como estas: Con su programa de obras, el gobierno local ha creado 60.000 empleos y creará otros 23.000; los 3.742 millones de euros invertidos (el 82 por ciento de los cuales están destinados a la vía de circunvalación M-30) generarán a corto plazo un valor añadido bruto de 2.814 millones de euros, más otros 3.925 a largo plazo (suponemos que es el valor descontado de las rentas futuras que generarían las infraestructuras). Es decir, que por cada euro invertido por el consistorio se producen 1,8 euros en valor añadido.

Los datos son espectaculares. Literalmente fabulosos; es decir, de fábula. Pues ¿cómo saben cuánto valor aportará la mejora de la infraestructura? Es imposible, especialmente si tenemos en cuenta que sus servicios no generan ningún ingreso, ya que no se pide un precio por ellos. Pero supongamos que, como dice el ayuntamiento, la rentabilidad de la inversión (expresada en los términos de la nota) es de un 80 por ciento. ¿No estaría cualquier empresa interesada en obtener esa extraordinaria rentabilidad? Por supuesto que sí. De modo que lo que pasaría si no tuviéramos ayuntamiento es que las obras se acometerían de todos modos, pero por parte de empresas privadas, movidas sola y exclusivamente por su afán de generar beneficios.

Solo que lo más seguro es que los datos de beneficios inmediatos y futuros, ya que son completamente arbitrarios, estén hinchados por parte del ayuntamiento. Por lo que se refiere a los costes, sólo ha tenido en cuenta la evolución de sus ricas arcas, pero no los costes generados por la propia ejecución de las obras sobre los madrileños. En definitiva, no está nada claro que la mejora de la M-30 y el resto de intervenciones haya resultado en una mejora neta de los sufridos madrileños, aunque no puede descartarse.

Por otro lado, ¿qué quiere decir con que las obras generan 83.000 puestos de trabajo? En todo caso lo que ha hecho el ayuntamiento es detraer de otros usos productivos esos 83.000 empleos. Y la cuestión, desde el punto de vista económico, es si el uso final, el dedicado a las obras del ayuntamiento, es más productivo que los que se hubieran podido realizar con esos trabajadores, pero quedaron sin efecto porque el consistorio pujó más por sus servicios.

Si Ruiz Gallardón contratara a Bill Gates para abrir una zanja y luego cerrarla, ¿habría creado un puesto de trabajo? Si comparamos la aportación de Gates durante su trabajo en la zanja pasajera y lo que podría haber aportado en Microsoft, ¿no puede ser que lo que hubiera generado el ayuntamiento fuera una pérdida? Claro es que el ejemplo es extremo, pero nos ayuda a ver que eso de que ha generado empleo y riqueza no está nada claro.

El desarrollo del Estado Autonómico: ¿una transición liberal?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En la actualidad, el sistema político español está viviendo un proceso de transformación y profundo cambio que, en la práctica, modifica de forma sustancial el funcionamiento del Estado. Las recientes reformas estatutarias acaecidas a lo largo de la presente legislatura han de ser entendidas como una gran oportunidad para la extensión y desarrollo del liberalismo en el ámbito de las políticas públicas, pudiendo demostrar así su superioridad moral, práctica y teórica frente a los preceptos socialistas.

Más allá del mero debate acerca de los diversos tipos de nacionalismo que conviven en nuestro país, incluido el español, los nuevos estatutos (Valencia, Cataluña, Andalucía y Baleares), junto a los que aún quedan por llegar, propugnan un nuevo marco de relaciones a nivel institucional y político, cuya principal consecuencia radica en la profundización de la autonomía normativa y regulatoria propia de los gobiernos regionales. Este nuevo modelo implica, en realidad, el establecimiento de un sistema de contrapesos en el que un mayor protagonismo autonómico corre en detrimento del siempre peligroso poder central.

No por casualidad, la descentralización política y administrativa constituye un principio comúnmente asumido por las distintas corrientes del pensamiento liberal. Tanto la derecha francesa como la italiana y la estadounidense son ejemplos claros del apoyo firme y consciente hacia la asunción de un mayor poder por parte de las entidades locales y regionales. De hecho, cabe recordar aquí que la revolución norteamericana, madre de la Constitución liberal por excelencia en el ámbito de la praxis política, nace de la oposición al control imperial británico en materia fiscal y comercial. Es más, el movimiento secesionista sureño se contrapone a las ansias expansionistas y estatalistas de la Unión, lideradas con mano férrea por la polémica figura del presidente Abraham Lincoln. Es más, el virtuoso jacobinismo fue el precursor de la centralización administrativa en Francia, que hoy impera en gran parte del continente europeo.

Si algo caracteriza de modo indiscutible al totalitarismo, de toda clase, tipo y color ideológico, es, precisamente, eso: las ansias de poder absoluto en manos de un ente único y central, como bien explica en sus diversas obras Bertrand de Jouvenel. Y para lograrlo, el Estado, en su misión coercitiva y acaparadora de poder político, no duda en aplastar y neutralizar cualquier atisbo de autonomía e independencia regulatoria propias del resto de instituciones competidoras en materia de control e, incluso, influencia social. De ahí que tanto el comunismo como el fascismo, en su negación de la libertad individual, han de desprenderse primero del resto de actores sociales capaces de ofrecer una vía de escape y discernimiento al margen de la voluntad y directrices dictadas desde el único poder legítimo: entes territoriales (autonomías y municipios), partidos políticos, medios de comunicación, Iglesia, sindicatos, asociaciones independientes, bancos, empresas y, finalmente, individuos… todo, absolutamente todo, ha de girar bajo el núcleo gravitacional del líder supremo que ostenta la cúspide del organigrama estatalista.

No existe otro modo de alcanzar el poder absoluto que a través de la eliminación sistemática del resto de poderes, tanto a nivel vertical como horizontal, insertos en el ámbito social y político. Moscú fue en su día el centro de control del vasto imperio comunista, al igual que Berlín lo fue, en el oscuro lado fascista, para gran parte de Europa. Por ello, en la actualidad, Hugo Chávez, en Venezuela, Fidel Castro, en Cuba, o Evo Morales, en Bolivia, combaten enérgicamente las aspiraciones autonomistas de las regiones que se encuentran bajo su dominio territorial. De este modo, tratan de impedir el surgimiento de entidades políticas competidoras cuya estructura, al posibilitar el desarrollo de una mayor libertad individual, atraiga de forma masiva, como no puede ser menos, a sus esclavos y súbditos. Y es que, de no existir tal competencia, los muros levantados por el totalitarismo para impedir la salida al exterior de sus nacionales carecerían de todo sentido y utilidad, pues, el individuo, por mucho que se alejase del citado núcleo gravitacional, no lograría nunca escapar del control estatal, alcanzando así su ansiada libertad. Rusos, lituanos, rumanos, checos… todos vivían por igual sometidos bajo las órdenes del supremo líder soviético. Pero su influencia era limitada, ya que tras el Muro de Acero, se encontraba otro mundo, el occidental, y otro sistema, el capitalista, al que muchos deseaban cruzar, llegando para ello, incluso, a poner en riesgo su propia vida.

Sin embargo, la descentralización conlleva el auge de entidades locales y regionales con capacidad autónoma, aunque de momento limitada, para establecer sus propios marcos y normas regulatorias dentro del propio Estado nacional, fomentando con ello la competencia fiscal y económica entre los diversos territorios que lo constituyen y, al mismo tiempo, dificultando en gran medida el intervencionismo homogeneizador del Gobierno central. En el caso concreto de España, no por casualidad, nuevamente, las regiones forales del País Vasco y Navarra lideran el crecimiento económico y empresarial del país, erigiéndose en las comunidades cuyos habitantes gozan de un mayor bienestar, riqueza y renta per cápita. Sus respectivos gobiernos autonómicos recaudan y gestionan sus propios recursos financieros e impositivos al margen del resto de comunidades, ofreciendo así políticas diferenciadas, tendentes en muchos casos al liberalismo, que sirven de incentivos a empresarios y trabajadores. El propio Rothbard, al igual que expone Hoppe en su obra con respecto al modelo monárquico, reconoce que dicho foralismo ha sido la mayor aportación española a la teoría política.

Así pues, la descentralización política y administrativa, que tantos insisten en criticar, lejos de suponer un peligro o riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, lo cual implica el acercamiento de la administración a los ciudadanos, en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Pero también, en cuanto a la posibilidad de ejercer un control más férreo y directo de la gestión pública por parte de los individuos (la decisión de aumentar impuestos es mucho más visible).

Por otro, al competir más estrechamente, con entes descentralizados similares, el Gobierno regional pondrá énfasis y esfuerzo en el desarrollo y mantenimiento de políticas públicas claramente tendentes a mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico puesto que, de no seguir tal dinámica, su población emigraría a contextos más favorables para sus intereses particulares. Es el denominado voto con los pies.

Tal argumentación teórica ya está demostrando algunos de sus efectos: el impuesto de sucesiones y donaciones, en manos de las autonomías, tiende a desaparecer; algunos gobiernos, como el de Madrid, ha anunciado rebajas tributarias notables en las rentas individuales, mientras que otras, como el País Vasco o Navarra, aspiran a bajar aún más el impuesto de Sociedades (por debajo del 30%). La España de las Autonomías ofrece así un escenario político favorable para el desarrollo y puesta en práctica de medidas liberales… Y todo ello, gracias a un principio económico básico: la libre competencia. Sólo que, en este caso, no se aplica sobre empresas o individuos, sino sobre entes administrativos, cuyo fin, no olvidemos, es igual al del resto: la mayor obtención de beneficios (impuestos) a través de la captación de clientes (contribuyentes). Luxemburgo, Mónaco, Irlanda, Andorra o Gibraltar constituyen hoy en día claros ejemplos de las premisas aquí expuestas.

A pesar de todo, cabe recordar también que la tan recurrente redistribución económica, igualmente aplicable al mercado interterritorial (Fondo de Suficiencia, subvenciones de la UE, etc.) configura un marco de competencia desleal y elevada intervención política que, sin duda, desvirtúa en gran medida los numerosos logros y avances propios de la descentralización administrativa que propugna y defiende el pensamiento liberal.

Contra la esclavitud del siglo XXI

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Cuando empezó a aflorar el movimiento antiesclavista a finales del siglo XVIII muchos lo vieron como el principio del fin. Hubo dudas de todo tipo, desde económicas hasta morales pasando por las políticas o las referidas a la estabilidad del sistema. Se llegó a decir incluso que los esclavos tenían que compensar a sus amos por la productividad que no realizarían al dejar de trabajar gratis para ellos. Algunos creían que al ser unos "salvajes" sembrarían el caos entre ellos y eso desestabilizaría la sociedad. No sólo los esclavistas pensaban así, sino que incluso algunos esclavos también lo creían. Preferían vivir en la falsa seguridad de la tiranía que descubrir el huracán de la libertad y la capacidad de tomar decisiones por si mismo siendo siempre responsable de sus propios actos.

Todos estos miedos nos parecen absurdos ahora que ya conocemos la historia. Nos cuesta entender incluso cómo una enorme parte de la sociedad podía tener miedo al abolicionismo. La esclavitud en Europa fue abolida con la llegada del capitalismo y fue uno de los más grandes pasos hacia la libertad individual.

Ahora estamos en el siglo XXI y la esclavitud aún existe. Esclavitud es la posesión de un ser humano en manos de otra contra la voluntad del primero. Es la explotación del trabajo de una persona contra su voluntad y eso implica el robo también de su propiedad privada, esto es, de su producción. El esclavo no tiene opciones, sólo ha de trabajar para su amo, de no ser así, el amo tiene la capacidad de aplicar la fuerza, la violencia física contra el esclavo pudiéndolo incluso matar. El que trabaja de forma voluntaria jamás puede ser un esclavo, por más mal pagado o explotado que se considere. En el momento que podemos abandonar de forma libre y sin represalias nuestro trabajo, somos hombres libres no esclavos.

Todo y así, la esclavitud no sólo sigue existiendo, sino que es masiva y afecta a todos los sistemas occidentales. Sólo hay una organización que nos haga rendirle por medio de la fuerza nuestra producción y libertad contra nuestra voluntad: el estado.

A igual que ocurría en los siglos XVIII y XIX, la actual esclavitud del estado se mantiene por las mismas excusas: el esclavo (usted) no puede vivir en libertad porque es un ser antisocial, se rinde ante sus pasiones, o también, en libertad sólo haría que generar costes sociales que llevarían a la extinción de la humanidad. Posiblemente, de aquí a doscientos años nuestros descendientes vean estas excusas tan ridículas como nosotros vemos las de los esclavistas de siglos pasados. En ese momento futuro, es de desear que el hombre haya llegado a la cúspide de la civilización y por fin podrá desarrollar su potencial sin obstáculos ni extorsión.

El estado no ha de ser responsable de nuestras vidas ni actos. Cuando lo hace, sólo es para podernos expropiar por medio de la coacción nuestra propiedad privada y nuestro trabajo. Los impuestos, por ejemplo, no tienen ninguna justificación individual ni por lo tanto social, más bien al revés. Sólo sirven para mantener a una oligarquía: gobernantes, políticos, grupos de presión, sindicatos, patronales, monopolios… que en una sociedad libre sería minoritaria y menos parasitaría que en la actualidad.

Al rendir nuestra producción o dinero al estado tenemos, de hecho, un socio pasivo e impuesto que cada día, semana, mes, año y durante toda nuestra vida vamos a tener que alimentar sin que nos aporte nada en balance general, aunque sólo sea por la suma de todos los costes de transacción o la restricción a la diversidad de la estructura productiva y de precios que el estado impide. Pero lo que es más importante, con los impuestos cedemos nuestra producción realizada contra nuestra voluntad. A eso siempre se le ha llamado robo, no hay ningún contrato ni negociación posible, es "la bolsa o la vida", y sólo bajo esta amenazada el esclavo paga. No es un acto humanitario, sino antisocial e incivilizado.

De igual forma, el estado abarca cada vez más el control en nuestras vidas. ¿Por qué necesita un permiso del gobierno para conducir, abrir una empresa, comprar un arma para defendernos o por qué la ley, ordenanzas municipales o los políticos en general le han de decir dónde aparcar su vehículo, cuándo regar las plantas o a qué hora o cómo ha de sacar la basura todo ello bajo la amenaza de multas? Rápidamente el esclavista y prohibicionista le responderán, al igual que decían en el S. XIX: "porque el hombre es un salvaje, necesita leyes que le coarten su libre albedrío, sino la sociedad sería un caos y todos desapareceríamos".

La burda apología del esclavismo concibe que el hombre no son responsable de sus propios actos, y cómo solución nos plantea una contradicción: un grupo de hombres, oligarcas, que dirijan y manden sobre el resto. Si el hombre es salvaje por esencia ningún sentido tiene poner al mando a uno de su misma especie. No sólo eso, sino que además los incentivos son diferentes. El político, al ser un hombre con control supremo y sin nadie que le supervise –todo lo contrario que nosotros– toma decisiones que sólo apoyan su interés sin necesidad que a usted le puedan ser beneficiosas. Más bien al revés, como el político y el gobierno son los dueños monopolísticos de la fuerza y la ley pueden usarla en único beneficio de ellos mismos y los suyos. Si lee la prensa o mira las noticias encontrará tantos casos como quiera: corrupción por todas partes, leyes favorables a una sola empresa o grupo de presión, o leyes que sólo favorecen al propio gobierno como la actual Ley del Suelo que abarata las expropiaciones y puede impulsar la corrupción política aún más.

Los controles sociales pueden existir sin una represión continua del estado hacia todo, es más, la represión y derecho positivo en el que se basa el estado del bienestar no son la mejor forma de potenciar la responsabilidad individual. Curiosamente es a la inversa, fomentan el caos y el grado de inicialización del hombre. El continuo aumento de la delincuencia en España es debido a leyes que consideran al criminal una víctima, esto es, lo exoneran de sus actos. El alto grado de desempleo es debido a leyes que fomentan la irresponsabilidad individual como el subsidio de desempleo o leyes contra el despido, que además, se basan en la extorsión. Para garantizar una sociedad puramente responsable sólo hay un camino, avanzar hacia una libertad total donde todo sea responsabilidad privada e alguien. Fíjese por ejemplo, que las calles siempre están sucias, su "responsable" es el estado. Por el contrario, los grandes almacenes privados siempre están limpios. Sus dueños se encargan de que así sea sin que le cueste nada a la sociedad.

Los pensadores liberales y la entrada del capitalismo abolieron la esclavitud privada. Ahora que hemos consolidado este hito de la civilización vamos a tener que ir más allá y abolir la esclavitud del estado. La entrada de lo que conocemos como Globalización nos lo permite y corre de nuestro lado, es una potente arma para la descentralización estatal. La tecnología, con Internet por ejemplo, también nos permite difundir las ideas sin la censura del gobierno, al menos por el momento.

Es la obligación de cualquier hombre libre luchar contra la esclavitud, no importa que fuese en el siglo XVIII o en el XXI.