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Sobre el anarcocapitalismo (VIII): ¿mejor sin gobierno?

Ya hemos señalado en un artículo anterior que el gobierno, entendido como el poder ejecutivo, no es más que una parte del estado, y no siempre la más importante. Existen otros grupos dentro del estado que funcionan de forma autónoma, incluso cuando el ejecutivo está paralizado. Paralizado no es exactamente lo mismo que desaparecido.

Desde que existe el Estado, se han dado periodos temporales de interinidad entre gobiernos. Estos pueden ser regencias, como la del Cardenal Cisneros en el siglo XVI, o interregnos, en los que la sucesión en el gobierno no está del todo clara. Sin embargo, en todos esos periodos el Estado no desapareció. Pueden ser épocas tensas, con guerras civiles, o periodos de paz, pero siempre con una capacidad limitada de toma de decisiones, ya que el regente o el gobierno interino sabe que su permanencia en el cargo es temporal.

Este fenómeno es incluso más frecuente en las democracias, ya que siempre hay un lapso entre el día de las elecciones y el de la toma de posesión. En regímenes parlamentarios como el español, la elección del presidente del gobierno depende de obtener una mayoría de investidura. El tiempo que puede transcurrir hasta que un candidato la consiga no está tasado y podría durar uno o dos años, ya que, incluso si se repiten las elecciones, los resultados no tienen por qué variar sustancialmente.

En este caso, una de las partes del Estado, que en nuestro caso es quizá la más importante, quedaría inoperativa o funcionando a medias. Lo que se trata de discutir es si esta situación puede afectar al desempeño económico y social de un país. Obviamente, si el estado se ve privado de uno de sus principales pilares, sigue funcionando con mayor o menor normalidad, pero no lo hace a plena capacidad. Lo mismo ocurriría si fallara parcialmente su subsistema administrativo, económico o de seguridad: el Estado perdería fuerza y su operatividad se resentiría.

Lo que podríamos debatir es si esta circunstancia podría ser beneficiosa para los ciudadanos de un país. Yo entiendo que sí, que un Estado con un gobierno limitado en sus funciones podría ser casi una bendición. Veamos lo que acontece en el caso español.

Hace dos años que se inició la actual legislatura con Pedro Sánchez en el gobierno. Aparte de la aprobación de algunas leyes como la de la amnistía (que todavía no ha surtido efectos plenos, pues el presidente Puigdemont y sus colaboradores más próximos siguen residiendo en Waterloo) y la convalidación de algunos decretos con mucha dificultad (y medidas de presión a la oposición, como en el caso del famoso “decreto ómnibus” que combinaba medidas políticas con la subida de las pensiones), el gobierno ha tenido poca actividad y ninguna de relevancia concreta. Eso sí, ha hecho muchas promesas que, de forma extraña, muchos medios de comunicación han dado por consumadas, cuando no son más que palabras para dar bazas mediáticas a sus socios. Cuanto más se asustan los medios de la oposición, más contentos quedan los socios. En alguna ocasión, habría que analizar cómo los medios opositores, al exagerar la capacidad de Sánchez para llevar a cabo medidas políticas, contribuyen a reforzar su coalición.

La capacidad de actuación del gobierno actual

Es normal que el gobierno no tenga capacidad de actuación, porque cualquier reforma o propuesta política necesita, en última instancia, la aprobación del Congreso para adquirir vigencia. A día de hoy, no cuenta con los votos para hacerlo, salvo en medidas de trámite o traspasos de directivas europeas. De ahí también que muchas de las promesas que ha hecho a sus socios no puedan ser cumplidas, pues contentar a unos implica enfadar a otros y la suma no da. Este es el caso del incremento de los gastos en defensa, que podría contentar a Junts y al PNV, pero no a Podemos, Bildu y el BNG, y se necesitan a todos para sacarlo adelante.

Tampoco parece que vaya a poder cumplir las promesas de un concierto fiscal con Cataluña (ya se está hablando de 2028 en el caso de que siga en el gobierno). Pero en este caso es el propio gobierno el que no quiere. Una cosa es otorgar medidas simbólicas, como indultos o amnistías, y otra es renunciar a la capacidad de recaudar tributos, uno de los principales atributos de un Estado, al que ninguno está dispuesto a renunciar si puede evitarlo. Además, el tiempo corre a favor de Sánchez, y cuanto más se acerque el fin de la legislatura, más probable será que ni siquiera llegue a debatirse en las cámaras.

Esto es lo que sucede al conformar mayorías negativas, en este caso contra la posibilidad de un hipotético gobierno de las derechas: un presidente puede ser investido, pero no gobernar de forma efectiva, lo que limita severamente su capacidad de actuación.

¿Es beneficioso un gobierno paralizado?

Esto es lo que está pasando en España: hay un gobierno paralizado e incapaz de llevar a cabo sus promesas, tanto a sus electores como a sus socios. Se ve imposibilitado incluso de aprobar unos presupuestos en lo que va de legislatura, y me atrevería a decir que también en los dos años que le restan. Todo apunta a que intentará acabar la legislatura, o al menos esperará a las elecciones de Castilla y León con la expectativa de que se visualice un pacto entre PP y VOX. Estar sin presupuestos durante tanto tiempo es algo sin precedentes en la España constitucional.

Pero, por otro lado, los datos económicos que se ofrecen no son del todo malos (aunque esto merecería un análisis más detallado), pues llevan tiempo marcando tasas positivas de crecimiento económico y de reducción del desempleo. Son buenos, sobre todo si los ponemos en contexto con la Unión Europea, cuyos principales países llevan años estancados o en recesión. Aunque los datos puedan tener algún sesgo, dado que se han cambiado los parámetros de medición, no cabe duda de que las cifras de empleo españolas están entre las mejores de su serie histórica. En otros ámbitos, el gobierno tampoco ha sido capaz de legislar, como ocurre con el cupo catalán o la transferencia de competencias en migraciones.

El país funciona relativamente bien a pesar de no tener un gobierno plenamente operativo, o, mejor dicho, funciona bien precisamente por no tenerlo. Nuestros vecinos del norte sí que lo tienen, y quizás precisamente por eso no les va tan bien. Podría decirse que es una mera casualidad, pero algo semejante ocurrió en la época en que Rajoy estuvo en funciones y se tuvieron que repetir las elecciones. Bélgica también obtuvo excelentes resultados económicos en el año y medio que tardaron los partidos en ponerse de acuerdo y formar un gobierno, que, por cierto, también era bastante débil.

Las consecuencias de un gobierno limitado

Esto se debe a que es mejor estar sin un gobierno plenamente operativo, como ahora, porque mientras perdura esta situación, la capacidad de intervenir en la vida política y social de la comunidad está muy limitada. Las energías del gobierno se centran más en resistir los ataques de la oposición que en idear nuevas propuestas políticas que, dado el sesgo ideológico de la coalición de gobierno, todo indica que reforzarían aún más el intervencionismo, sobre todo en políticas sociales.

El hecho de no presentar los presupuestos podría tener consecuencias perjudiciales para muchos sectores, pero podrían ser peores si se presentaran e incluyeran aumentos desmesurados en el gasto, que implicaran más regulaciones o más impuestos para financiarlos. Solo tenemos que imaginar qué presupuestos podría presentar el gobierno actual, en la perspectiva de un adelanto electoral y teniendo que contentar a tantos grupos. Con bastante probabilidad, el gobierno presentaría unas cuentas expansivas para intentar contentar a grandes grupos de electores, como pensionistas o funcionarios, al tiempo que haría promesas, probablemente contradictorias entre sí, a sus socios para que se los aprobasen. Una vez conseguido este fin, podría disolver las cámaras en el momento que considerase más conveniente, lo que intuyo que sería después de las elecciones castellano-leonesas, como antes señalé.

De ser así, las promesas decaerían, pero bien pudieran volver a prometerse de nuevo en la siguiente legislatura en el caso de que volviera a obtener los apoyos necesarios. El mero hecho de conseguir aprobar las cuentas reforzaría mucho su postura y volvería a aparecer como una alternativa a la derecha y las ultraderechas, por usar su lenguaje.

En este caso, ¿estaríamos mejor con gobierno o sin él? Si entendemos que las políticas que va a desarrollar un gobierno pueden ser perjudiciales para el buen discurrir económico o social, lo normal sería preferir un gobierno lo más atado posible. Por lo menos así no haría tanto daño. A los que no les gusta un gobierno tan limitado supongo que son los que sí apoyan las medidas que llevaría a cabo un gobierno socialista. Pero intuyo que entre los lectores de esta página no hay muchos.

La alternativa deseable sería un gobierno de otro color que pudiera legislar en la línea de lo que defendemos, al estilo de Milei, por ejemplo. Pero siempre y cuando sus leyes fueran mejores que las actuales, algo de lo que no existen ni pueden existir garantías. Porque si no, no se está tan mal sin un gobierno fuerte. No hay garantías porque, una vez investido un gobierno con mayoría suficiente, puede hacer lo que quiera dentro de la Constitución, y a veces incluso fuera de ella. No sería la primera vez que un gobierno traiciona a su electorado haciendo lo contrario de lo que había prometido, y podría hacerlo esta vez con mayoría para legislar. Y no existe nada que se pueda hacer al respecto, salvo esperar a las próximas elecciones.

El viejo Benjamin Ginsberg, uno de los pocos politólogos libertarios, ya lo advirtió hace años en su obra The Consequences of Consent. La democracia cambia la limitación del tiempo de mandato por la posibilidad de hacer prácticamente lo que se quiera durante ese tiempo. La democracia lo que hace es deslegitimar la protesta popular, que es lo que más teme cualquier dirigente político.

No es tan malo de momento estar sin un gobierno plenamente operativo, a menos que existiera alguna garantía de que la situación fuera a mejorar. Habrá que ver si la hay o si la puede haber.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’

Los miles de millones esfumados de la economía española

Por Mark Nayler. El artículo Los miles de millones esfumados de la economía española fue publicado originalmente por FEE.

A finales de 2021, el presidente del Gobierno socialista de España, Pedro Sánchez, presentó con gran fanfarria el presupuesto del año siguiente. El más grande en la historia de España, ascendía a casi 200 mil millones de euros, de los cuales 27 mil millones procedían de un nuevo esquema de financiación europeo llamado NextGenerationEU (NGEU). Supuestamente diseñado para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de los efectos ruinosos del confinamiento, el principal instrumento del NGEU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través del cual se pidieron prestados un total de 650 mil millones de euros en los mercados globales y se distribuyeron entre los 27 Estados miembros de la UE. La parte de España fue de 163 mil millones de euros, una cantidad que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que sería suficiente para asegurar que la “recuperación llegue a todos”.

Casi cuatro años después, la economía española está en auge, pero no debido al despliegue efectivo de los fondos del MRR. Recientemente se supo que España ha solicitado solo 47.96 mil millones de euros, o el 30%, de su dinero asignado del NGEU, apenas suficiente para cumplir las promesas hechas en el histórico presupuesto de 2022. En contraste, Italia, que recibió la mayor parte de los fondos de la UE, ya ha recibido el 72% de sus 196 mil millones de euros. La cifra más baja de España se debe en parte a sus limitadas solicitudes de préstamos —340 millones de euros, en comparación con los 76 mil millones de euros de Italia—; en su lugar, ha optado principalmente por subvenciones que a menudo se describen engañosamente como “no reembolsables”. Pero los fallos del propio esquema, junto con problemas políticos específicos de España, también han impedido que los fondos tengan el impacto que Sánchez prometió.

Cohesión Social y Territorial: Una Prioridad Cuestionable

La única parte del plan NGEU que parece diseñada explícitamente para “mitigar el impacto social de la crisis” es su componente de “Cohesión Social y Territorial”. En esta área, España ha desbloqueado 8.76 mil millones de euros al alcanzar el 27% de sus objetivos asignados, justo por debajo del promedio de cumplimiento de la UE del 29%. Aparte de eso, el MRR parece más un instrumento para avanzar en la agenda medioambiental de la UE que un fondo para la recuperación pospandémica (Bruselas, por supuesto, afirma que lo segundo se logra mejor persiguiendo lo primero, pero la conexión está lejos de ser obvia).

Para recibir pagos del esquema, los miembros de la UE deben asignar el 37% de sus fondos del MRR a la transición verde y el 20% a las reformas digitales. Los pagos solo se desbloquean con el cumplimiento de docenas de hitos, todos los cuales son impuestos por Bruselas. La incapacidad de Sánchez para aprobar una subida del impuesto al diésel exigida por la UE está actualmente bloqueando el acceso de España a una quinta partida de fondos por valor de 24 mil millones de euros. Mientras tanto, Bruselas está presionando a Madrid para que presente sus solicitudes restantes del MRR antes de la fecha límite de agosto de 2026, pero la situación no cambiará. Sánchez carece de mayoría parlamentaria y no ha podido aprobar un presupuesto desde 2023, lo que en sí mismo ha contribuido al despliegue ineficaz de los fondos de la UE en España. Un informe publicado el pasado julio por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el organismo de control fiscal del bloque, identificó a España como el país que menos eficazmente gasta el dinero de Bruselas y le instó a devolver los fondos mal utilizados o no gastados.

Preocupaciones del Tribunal de Cuentas Europeo y Falta de Transparencia

Lejos de señalar únicamente a España, el TCE ha sido muy crítico con el esquema NGEU. En otro informe publicado este mayo, afirmó que el MRR está operando con un “enfoque limitado en los resultados [y] sin información sobre los costos reales”, añadiendo: “No está claro qué obtuvimos por el dinero”. El TCE también ha expresado su preocupación por la “ausencia de una fuente dedicada de financiación de la UE” para respaldar los bonos de deuda de la UE, emitidos en los mercados globales para financiar el NGEU y que vencerán entre 2028 y 2058. Aunque los Estados miembros reembolsan a Bruselas sus préstamos individuales, las subvenciones “no reembolsables” se absorberán en futuros presupuestos de la UE, es decir, se devolverán mediante contribuciones de los Estados miembros, proporcionalmente basadas en su renta nacional bruta. En otras palabras, los países del norte, más ricos, pagarán la cuenta de los miles de millones entregados a los países del sur, más pobres.

Como señaló el TCE, la falta de transparencia ha sido un problema recurrente dentro del esquema NGEU, especialmente en España. El sistema informático diseñado para registrar los desembolsos de fondos del MRR por parte de Madrid a entidades privadas y gobiernos regionales debía estar operativo a finales de 2021. Un año después, todavía no estaba listo, lo que sin querer puso de manifiesto la necesidad de una reforma digital en un país donde aún se requieren montones de papel para la mayoría de los procedimientos burocráticos. A finales de 2022, el FMI informó que “la falta de información sistemática y completa sobre la ejecución, incluso en términos de contabilidad nacional, dificulta la evaluación del grado en que [los fondos del NGEU] están llegando a la economía [española]”.

La preocupación del FMI fue compartida por Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento de la UE. A principios de 2023, Hohlmeier declaró al diario español ABC que estaba “muy preocupada” por la opacidad en torno a la gestión de los pagos del NGEU por parte de España. En febrero (con el sistema informático aún inoperativo), Hohlmeier viajó a Madrid para investigar: “Iremos a España”, dijo, “porque el gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación [Next Gen]”. Eva Poptcheva, entonces representante de España en la UE por el ahora desaparecido partido Ciudadanos y parte de la delegación, dijo que no se les informó “cuánto dinero ha fluido a la economía”, pero “tuvieron acceso a informes independientes que hablan de cifras más bajas que las dadas por el gobierno”. (Ella no especificó fuentes ni estadísticas).

El Caso Koldo y el Futuro de los Fondos

España también está bajo el escrutinio de la Fiscalía Europea por el llamado caso Koldo de corrupción, que lleva el nombre de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos. Ambos son sospechosos de recibir sobornos en contratos de mascarillas. A finales de junio, Santos Cerdán León, exsecretario de organización del partido socialista y aliado cercano de Sánchez, fue arrestado después de que un juez encontrara “pruebas firmes” de su implicación en tales esquemas. Sánchez pidió disculpas a la nación por haber confiado en Cerdán León, pero hasta ahora ha resistido las peticiones de la oposición de unas elecciones anticipadas.

España no fue la única en creer en su momento que el programa NGEU podría transformar la sociedad: dinero mágico disponible, con el poder de revertir el estancamiento de la era de la pandemia. Pero la realidad no ha estado a la altura de la bonanza sin condiciones que muchos gobiernos imaginaron. Obstaculizados por la opacidad y la burocracia, y vinculados a la agenda verde de la UE, los fondos han tenido un impacto económico limitado. En el caso de España, su eficacia también se ha visto disminuida por un gobierno incapaz de aprobar presupuestos y supuestamente inmerso en la corrupción. Queda por ver cuál será su legado para la próxima generación, además de una carga financiera que tardará 30 años en descargarse.

Sobre el anarcocapitalismo (IV): sobre la defensa europea centralizada

Hace algunas semanas (10/03/2025) se publicó un elaborado informe en El País, un periódico de gran difusión en España, sobre las carencias en el poder defensivo de Europa, comparándolas con las del que se entiende que sería el enemigo a confrontar, presumiblemente Rusia, y que justificaría tanto un sustancial aumento en la cantidad gastada en armamento como cambios en la forma en que están diseñados los servicios públicos de defensa de nuestro territorio.

Aparte de que no entiendo la necesidad de tamaño rearme, cuando los países europeos ya gastan mucho más en este rubro que Rusia, su población es varias veces mayor y su PIB supera diez veces al de la potencia eslava, sí que me gustaría manifestar mi desacuerdo con algunas de las afirmaciones realizadas en el informe y que se centran más en la forma en que se quiere plantear el desafío de una agresión rusa que en discutir si es o no este país el enemigo a afrontar, pues esto queda para expertos en geopolítica y yo para nada lo soy. Pero el texto da pie a debates muy interesantes.

En primer lugar, el informe señala el problema de las duplicaciones y de la interoperabilidad de los sistemas de armas europeos debido a su fragmentación política. Para mí, no solo no son problemas, sino que pueden ser ventajas, sobre todo en caso de una guerra defensiva. Evitar la duplicación de servicios es uno de los grandes principios rectores de la administración cartesiana, pero si se analiza con calma, como lo ha hecho uno de los líderes de la escuela de Bloomington, tan querida en algunos círculos libera-libertarios, Vincent Ostrom en su clásico The Intellectual Crisis of American Public Administration, observaremos que ningún sistema de administración, sea pública o privada, puede funcionar sin duplicidades y redundancias.

Simplemente, porque una administración sin duplicidades es mucho más vulnerable a un fallo. Si no hay alternativa y el sistema central falla por algún motivo, la organización puede colapsar. Es el mismo principio por el que un avión comercial tiene dos motores, pudiendo volar con uno solo, o un tren de alta velocidad, con tres sistemas de freno en vez de uno muy eficiente. También es lo que explica que el sistema de transportes de una gran ciudad no se centre en solo un modo de transporte; así hay autobuses, metro, taxis, circulando al mismo tiempo, de tal forma que si uno falla o está en huelga, no se pare toda la ciudad. Un sistema de defensa sin duplicidades puede dar lugar a que un fallo en el mando central deje a todo el sistema inoperativo. Una derrota en un sistema bélico centralizado, como ocurrió en Francia en 1940, que colapsó en días a pesar de contar con un ejército comparable en cantidad y calidad al alemán (véase La extraña derrota de Marc Bloch), precisamente por no estar duplicado.

Si un ejército único europeo colapsase por cualquier motivo, incluida la traición o la rendición, no habría otro preparado para tomar el relevo. Un sistema con muchos ejércitos puede no ser el mejor para atacar, pero garantiza mejor que continúe la resistencia por parte de uno o varios de los ejércitos nacionales en caso de derrota de algunos de ellos. No solo eso, es más invulnerable a la traición o a un mando incompetente, puesto que la posibilidad de estos eventos se reduciría mucho y, en cualquier caso de suceder, sus consecuencias serían mucho más limitadas.

No solo eso, al concurrir con doctrinas militares distintas y con especialidades distintas, los distintos ejércitos mostrarán una mayor variación a la hora de combatir, dificultando el aprendizaje por parte del enemigo de nuestra forma de combatir. Recurramos a un ejemplo histórico para ilustrar este punto. Como relata Walter Scheidel en su genial, pero discutido libro Escape from Rome, los mongoles de Gengis Khan no tuvieron gran problema en derrotar a los grandes ejércitos de los imperios de las estepas, pero fracasaron al llegar a Hungría.

Acostumbrados a combatir en campo abierto con fuerzas a caballo de gran movilidad, se vieron frenados al enfrentarse con plazas fortificadas, propias de los pueblos de montaña, con soldados nativos que combatían de forma totalmente distinta a la que ellos conocían y frente a los cuales no disponían de experiencia militar. Unos pocos miles de soldados centroeuropeos, habitantes de pequeños reinos, fueron capaces de frenar a las tropas del gran emperador del mundo que había derrotado al imperio chino y a Rusia, y cuyos descendientes hicieron polvo, unas décadas después, al gran imperio persa, que, por excesivamente centralizado y unificado, cayó en muy poco tiempo.

Simplemente, los mongoles no conocían y no estaban preparados para la forma de guerra de húngaros y austríacos. Si estos hubiesen combatido de forma conjunta con los rusos, poco habría quedado de ellos y los mongoles hubiesen penetrado aún más en Europa, aunque dudo que consiguiesen conquistarla por completo, debido principalmente a su fragmentación. Como tampoco pudieron los turcos cinco siglos después.

Algo semejante ocurre con la interoperabilidad de los sistemas de armamento, aunque quizás aquí no sea tan obvio. Es cierto que compartir sistemas de armamento y munición equiparables sea una gran ventaja, no lo dudo, pero también la capacidad de adaptación del enemigo a este único sistema es mucho mayor, y de no ser adecuados estos al tipo de combate del enemigo, quedaríamos inermes frente a él y sin capacidad rápida de respuesta.

Además, en el caso de que se apropien de armamento nuestro, le es más fácil de descifrar e incluso se le facilitaría que volviesen estas armas contra nosotros al disponer en abundancia de repuestos y pertrechos. Disponer de varios sistemas permite testar cuál de ellos se adapta mejor al combate o incluso establecer sinergias entre ellos, difíciles de imitar, por el contrario.

La propia guerra de Ucrania lo podría ilustrar bien. El ejército ucraniano que resistió e incluso ganó terreno en los primeros meses del conflicto estaba compuesto por los desechos de los arsenales occidentales, con armas de todo tipo combinadas, frente a las cuales los rusos estaban casi siempre desprevenidos. Si los ucranianos hubiesen combatido solo con sus viejos sistemas de armas soviéticos, bien conocidos por el enemigo, los rusos no tendrían que haber adaptado sus procedimientos operativos tantas veces como lo han hecho, ralentizando sus ofensivas, hasta el punto de que sus logros en los tres años que han discurrido de guerra han sido relativamente moderados.

Otra cuestión que se plantea es la de configurar un ejército europeo bajo mando único, supongo que a las órdenes de un comisario europeo con competencias en la materia, aunque eso es algo que no está aún definido. La primera objeción que cabe hacer es obvia, y es la de cómo garantizar que ese hipotético ejército no se vuelva contra sus ciudadanos o contra alguno de los estados de la Unión en el caso de que decidiese no acatar alguna directiva o bien decidiese, como los británicos, abandonarla.

El precedente de la guerra de secesión norteamericana es claro. El ejército federal se usó para evitar la secesión de estados, que en principio deberían tener derecho a hacerlo, por lo menos en los términos en los que los Estados Unidos se configuraron en sus inicios. Por cierto, Europa ya quiere imitarlos con sus mutualizaciones de deuda, eficaz sistema ya ideado por algunos de los padres fundadores, para así hacer a las antiguas colonias federadas dependientes del aún incipiente estado federal.

No existe garantía alguna de que una vez establecido ese ejército no vaya a ser usado contra sus propios ciudadanos, pues esta garantía no existe con ningún ejército permanente del mundo. En segundo lugar, cabría discutir su definición operativa. Un ejército se diseña normalmente de acuerdo con los enemigos potenciales que se presupone que deben ser confrontados, esto es, un ejército se diseña prioritariamente contra alguien.

La cuestión a discutir es quién podría ser ese alguien. En principio, todo apunta a que ese enemigo potencial sería la agresiva Rusia. Los principales beneficiados serían los países del este y el centro de Europa, potencialmente amenazados por el expansionismo de la potencia eslava. Otros países podrían, en cambio, desear unas fuerzas armadas pensadas para afrontar los riesgos potenciales que podrían venir del norte de África, sean estos propiamente militares, sean estos los que podrían derivarse del uso de la inmigración como arma de guerra.

Sin contar con que alguna potencia neocolonial, como Francia, podría querer hacer uso del euroejército para mantener su dominio, ahora cuestionado por los rusos, en el Sahel. También sería conveniente discutir si el nuevo ejército es meramente defensivo o si tendría capacidades operativas para operar en territorios distintos del europeo, con la posibilidad latente, de darse este último caso, de que pudiese ser empleado en aventuras neoimperiales de la reforzada Comisión Europea.

Esta última estaría encantada de financiar, a través de emisiones de deuda convenientemente adquiridas o avaladas por el Banco Central Europeo, el despliegue de la nueva fuerza, que conseguiría al fin su sueño, siempre fallido, de contar con una fuerza armada que esté a su servicio y no depender de las veleidades de los estados nacionales actuales, con los que siempre cabe la posibilidad de tener algún susto y que salga algún gobierno euroescéptico.

Entiendo que antes de proponer experimentos centralistas y no contratados en el espacio plurinacional europeo, no estaría de más observar las ventajas con que cuentan los actuales sistemas de defensa e intentar profundizar en sus aciertos, que son muchos más de los que aparentan. Detrás de los temores inducidos desde los medios de comunicación atlantistas, supuestamente asustados por el temor a que los americanos retiren su apoyo militar, no deja de estar presente la intención expresada en la, gracias a dios, fallida Constitución europea de una unión cada vez más profunda.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’

USAID, J.D. Vance y la segunda ley de Robert Conquest

Desde que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, intervino en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se desató una controversia que fue rápidamente eclipsada por las negociaciones en Ucrania, primero, y por los aranceles de Trump después.

No deja de ser frustrante que tal cantidad de información comprometedora sea sepultada en cuestión de semanas, y su destino sea ser analizada por un puñado de expertos que escribirán libros que leeremos unos pocos miles. Pero así funcionan las cosas desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Y va a ser difícil de cambiar.

La semana pasada el primer ministro de Singapur hizo una declaración pública con motivo de los aranceles anunciados por Trump. Es un buen discurso de principio a fin, pero hay una parte que me gustaría remarcar:

For decades, the US was the bedrock for the free market economies of the world and led efforts to build a multilateral trading system. To be clear, the system is not perfect. Singapur and others have long called for reform. But what the US is doing now is not reform. It is abandoning the entire system it had created.

Al escuchar esto, uno no puede dejar de recordar el Brexit. Reino Unido también abandonó una organización que necesitaba ser reformada, simplemente porque parecía el camino más sencillo para resolver algo que, de otra forma, requeriría de demasiado tiempo. Un tiempo que parece que la derecha nunca tiene.

Nassim Nicholas Taleb también hizo alusión al tiempo en su crítica a la política de Trump:

The argument that increasing tarrifs will cause adaptation by local industry assumes all parties consider the tariffs PERMANENT (even if we ignore the immediate impoverishment from decline in trade, the clumsiness in the abruptness).

The problem is that everyone w/ a functioning brain (including people on the traditional “right”) by now realizes that Trump is a bit deranged, erratic, & these moves are likely to be transitory. He could be booted out; the 4 year mortality of an unfit 78 y.o. is >20%. A huge discount ratr.

Heavy investments take > 5 years, more than the political cycle & initially require more imports. Huge capital commitments require a bit of certainty. Some products s.a. wine may take >10 years, olive oil >12 years.

Estoy bastante de acuerdo. Nadie puede saber si la política de Trump va a sobrevivir a Trump. Pero curiosamente esto no se aplicó a las políticas ESG (environmental, social, and governance) en las que las empresas occidentales han dilapidado cantidades ingentes de dinero. Una vez más, parece que la izquierda cuenta con todo el tiempo del mundo para desarrollar sus programas, y la derecha solo puede aspirar a romper la baraja de vez en cuando, con la esperanza de que eso retrase los planes del enemigo durante unos años.

Esto nos lleva a la segunda ley de Robert Conquest:

Toda organización que no es explícitamente de derechas antes o después acabará siendo de izquierdas

Mencionar esta ley siempre es incómodo. La izquierda piensa que eres un conspiranoico, y parte de la derecha que eres un sectario. Pero lo cierto es que describe bastante bien la realidad. Y no hay nada de conspiración en ello.

A la derecha tradicional se le dan mal los juegos de suma cero. No hay más misterio. Como dice Naval Ravikant:

Wealth creation is an evolutionarily recent positive-sum game. Status is an old zero-sum game. Those attacking wealth creation are often just seeking status

En un mundo donde se crea más riqueza que nunca gracias al capitalismo, los buscadores de estatus anticapitalistas tienen una ventaja clara.

Creo que buena parte de la visión del vicepresidente de Estados Unidos nace de ser consciente de esto. Vance basa cada discurso en varios puntos que articulan una forma coherente de competir en estatus con la izquierda:

  • Definir de forma clara al principal enemigo: el globalismo. En su forma nacional (izquierda woke) y en la internacional (países y organizaciones que han parasitado a Estados Unidos, con especial énfasis en la Unión Europea).
  • Abandonar la tradicional táctica republicana de querer llegar a compromisos, adoptando otra que se basa en ganar sin hacer concesiones. Esto lo definió muy bien Thomas Sowell cuando dijo:

Sometimes it looks as if the Democrats are out to win at all costs, while the Republicans are out to compromise at all costs.

  • Sustituir la visión liberal de la economía (que se basa en el libre mercado) y la conservadora (que se basa en comprar la visión socialdemócrata en su versión descafeinada) por un nuevo enfoque con dos patas:
  • Recuperar a una (romantizada) clase media basada en el trabajo industrial, energía barata e inteligencia artificial.
  • Crear una sensación de urgencia a causa del auge de China como antagonista, que facilite romper ciertos consensos que surgieron en la segunda mitad del siglo XX.

Como táctica, no es la peor que hemos visto en la derecha. Pero van a tener que afinar mucho su política económica para compaginar el proteccionismo con el crecimiento. Porque es difícil ganar a la izquierda en un juego de suma cero, pero lo que Vance no va a conseguir nunca es que su filosofía cuaje si no va acompañada de prosperidad económica. Algo así solo está al alcance de la izquierda.

Ver también

Por qué acabar con USAID es enorme, aunque sea una pequeña parte del presupuesto. (Peter Jackson).

España y el bumerán de la corrupción

Por Mark Nayler. El artículo España y el bumerán de la corrupción fue publicado originalmente en FEE.

Hasta finales del año pasado, el partido de derechas español Vox podía presumir de una rara distinción: ser el único partido importante del país sin una acusación de corrupción a su nombre. Eso cambió en diciembre, cuando los socialistas, liderados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaron una denuncia acusando a Vox de financiación ilegal.

Los socialistas alegan que Vox ha recaudado hasta 5 millones de euros a través de cajas de donativos y venta de artículos en puestos callejeros, dos prácticas que vulnerarían la normativa sobre financiación política. El partido de Sánchez también ha señalado un préstamo de 6,5 millones de euros supuestamente concedido a Vox por un banco húngaro vinculado al primer ministro derechista del país, Viktor Orbán. El 10 de marzo, el fiscal anticorrupción de España (seguramente la institución más ocupada del país) abrió una investigación sobre Vox basándose en la denuncia de los socialistas.

Cabe preguntarse cuánto tiempo y dinero han dedicado los socialistas a investigar las finanzas de Vox. Este tipo de investigaciones suelen estar en manos de la policía o la judicatura, y no de los políticos, pero no en España, donde las acusaciones de corrupción son una valiosa moneda política. Los tres principales partidos del país -los socialistas, el conservador Partido Popular (PP) y Vox- dedican más tiempo a acusarse mutuamente de corrupción que a debatir políticas. Al final, es un juego en el que todos pierden.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, afirma que los socialistas están «rodeados de corrupción» e intentan desviar la atención de sus propios presuntos delitos. Se refiere al caso Koldo, llamado así por Koldo García Izaguirre, ex asesor del exministro de Transportes del Gobierno, José Luis Ábalos. Durante la pandemia, Izaguirre cobró presuntamente comisiones ilegales por contratos adjudicados a empresas públicas para la fabricación de mascarillas. (Ábalos mantiene su inocencia, pero fue expulsado del Partido Socialista).

Las palabras de Millán se hacen eco de las del exlíder conservador Mariano Rajoy, que en junio de 2018 fue el primer presidente del Gobierno español destituido por una moción de censura. La moción fue presentada y ganada por Sánchez después de que el PP fuera declarado culpable en la mayor investigación de corrupción de la historia de España. En el llamado caso Gürtel, 29 acusados, muchos de ellos altos cargos del PP, fueron condenados por delitos como tráfico de influencias, malversación, cohecho y blanqueo de capitales. El ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, fue condenado a 33 años de cárcel. Un indignado Sánchez acusó a Rajoy de introducir la «enfermedad crónica» de la corrupción en la sociedad española, un comentario que le salió por la culata. «¿Es usted la [Madre] Teresa de Calcuta?». replicó Rajoy: «Hay corrupción en todas partes, como usted bien sabe porque está cerca de ella».

Fue un ejemplo clásico de cómo, en España, las acusaciones de corrupción suelen volverse en contra del acusador. Rajoy aludía al escándalo de los ERE, en el que están implicados políticos socialistas de la región meridional de Andalucía. Los fiscales del caso de los ERE sostuvieron que, entre 2001 y 2010, dos administraciones socialistas sucesivas canalizaron 680 millones de euros destinados a prestaciones de desempleo y a empresas en dificultades hacia personas físicas y jurídicas próximas al partido. Diecinueve antiguos cargos socialistas fueron declarados culpables de mala conducta, malversación de fondos públicos o ambas cosas. Entre ellos había dos presidentes andaluces, incluido José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel. Aunque el escándalo de los ERE fue anterior al liderazgo de Sánchez al frente del Partido Socialista, que comenzó en 2014, no dejó de dañar la credibilidad de su postura anticorrupción.

Cuando se dictaron las sentencias de los ERE en noviembre de 2019, el diario de centroizquierda El País publicó un artículo en el que comparaba el caso con Gürtel. Concluía que el de los ERE era el menor de los dos escándalos, porque ninguno de los principales implicados se había enriquecido personalmente y solo se habían dilapidado 680 millones de euros de dinero público, no los «miles de millones» que afirmaba la derecha española. Pero otra conclusión del artículo era clara: que el único debate real se refiere al grado de corrupción de los principales partidos españoles. La corrupción en sí es un hecho.

Las familias de los políticos también son vulnerables a los ataques. Isabel Díaz Ayuso, presidenta conservadora de Madrid, afirmó el pasado mes de marzo que su pareja sentimental, Alberto González Amador, había sido «asediado» por el Gobierno cuando se supo que estaba siendo investigado por fraude fiscal. Ayuso alegó que las acusaciones eran un intento de forzar su salida, lo cual no era inverosímil. La vida de Sánchez sería mucho más fácil si no controlara la capital. Desde que asumió el cargo en 2019, Ayuso se ha convertido en la crítica más feroz del presidente del Gobierno. Ha sido reelegida dos veces con una plataforma libertaria y de libre mercado y fue la única política que desafió las políticas de bloqueo de Sánchez durante la pandemia.

Sánchez pidió al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que destituyera a Ayuso «para empezar a ser un poco más creíbles en vuestra lucha contra la corrupción». (Feijóo se negó, recordando a Sánchez que su propio Gobierno también estaba siendo investigado). Ayuso afirmó, como hace ahora Vox, que las acusaciones eran una distracción de Koldo. «Lo más sospechoso, lo más turbio», dijo, «es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos sobre un individuo… para intentar destruir a un político». Como descripción de la táctica favorita de los políticos españoles, sería difícil de mejorar.

El hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, también fue acusado de fraude fiscal en 2022. Esta vez, en lugar de culpar a Sánchez, Ayuso acusó a la dirección nacional de su propio partido de intentar «destruirla» «personal y políticamente». Cuando Sánchez se refirió a las acusaciones contra el hermano de Ayuso en el Congreso al año siguiente, las cámaras captaron su reacción en la tribuna del público: pareció pronunciar las palabras hijo de puta.

Sánchez también se ha hecho la víctima. El pasado mes de abril, la organización cívica Manos Limpias, cuyo líder está vinculado a la derecha española, denunció a su esposa, Begoña Gómez, por corrupción. Feijóo, deseoso de venganza, exigió rápidamente la dimisión de Sánchez (aunque las acusaciones contra Gómez estaban poco fundamentadas). De forma un tanto extraña, el presidente del Gobierno se tomó cinco días libres para «considerar» sus opciones y finalmente decidió quedarse, declarando: “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos. Hemos dejado que el fango ensucie nuestra vida pública durante demasiado tiempo”, una condena de las tácticas de fango que él mismo había utilizado contra Ayuso.

Si las acusaciones contra Vox se demuestran ciertas, los tres partidos más grandes de España tendrán corrupción en su historial. La clasificación actual, de más a menos corruptos, sería la siguiente: PP en primer lugar con Gürtel; los socialistas en segundo con los ERE (y posiblemente Koldo); y Vox en tercero, con sus chapas y huchas ilícitas. Ninguno de estos partidos podría acusar a los demás de corrupción sin hipocresía. Pero quizá eso no importe; podrían seguir discutiendo sobre quién es el más corrupto.

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Te mintieron. Los impuestos no son para sanidad y educación, son para USAID

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito era la frase predilecta de Ludwig von Mises. Los impuestos son un robo y, como tal, un mal (innecesario) y más que nunca, debemos repetir esta verdad y luchar contra ellos. El asunto de la USAID vino a destapar una cuestión subterránea. Un asunto que afronta cada vez más debate, y que la sociedad debe tratarlo con urgencia. Los impuestos.

La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) creada en su momento por la administración Kennedy en 1961, fue el centro de atención días atrás debido al destape propiciado por Musk como cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El escándalo, para nada, es su cierre (que de hecho no sucedió), como quieren hacernos creer determinados sectores del más rancio estatismo. Tampoco lo es el despido de casi diez mil empleados públicos. El verdadero escándalo es cómo es que se permitió durante tanto tiempo un funcionamiento tan absurdo como fraudulento. La toma de conocimiento sobre el destino de los fondos y verdaderos programas que se financiaban salieron a la luz luego de la auditoría de Elon Musk.

Muchos medios de comunicación se rasgaban las vestiduras con titulares amarillistas con frases como que el recorte de fondos “sacude a Latinoamérica” o “deja importantes programas sociales” afuera, etc. (nótese como siempre la palabra -social- aparece cuando los buenistas intervienen).

Muchos programas tenían nombres pomposos, altruistas o de aparente importancia. Y muchos otros nombres directamente lo que realmente eran, sin ningún tipo de reparo o pudor alguno. La realidad era que muchos de esos programas a los que se les destinaba millones de dólares que las familias estadounidenses pagaban con el sudor de su frente eran:

Programas que financiaba la USAID con los dólares de los ciudadanos estadounidenses

Circuncisiones “gratis” alrededor del mundo (no era gratis, la estaba financiando un trabajador en el estado de Iowa o un granjero en Minnesota). Programas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión, por sus siglas en inglés) que ya todos saben lo perniciosos que son y cómo atentan contra el verdadero mérito. De estos últimos estaba lleno. 20 millones para emitir “Plaza Sésamo” en Iraq. Musicales DEI en Irlanda. Una ópera transgénero en Colombia. Entrenamiento de género a periodistas en Sri Lanka. Cirugías de cambio de sexo en Guatemala. Programas LGTB en Serbia. 4 millones de dólares para que Ben Stiller se saque fotos con Zelenski (muy importante para el desarrollo). 50 millones de dólares para el envío de condones a Mozambique. La lista es casi interminable, y la mayoría de los programas, basura ideológica.

En conclusión: se usaban millones de dólares, dinero de los estadounidenses, para financiar agendas ideológicas en el extranjero. Nadie puede explicar, de manera razonable, por qué un trabajador o empresario estadounidense tiene que pagarle los profilácticos a un sujeto del otro lado del mundo. (Aplica para cualquier país de origen y destino del recurso).

Irwin Schiff, activista y escritor estadounidense, expresaba que, si quieres que los políticos irresponsables gasten menos, entonces debes darles menos para que gasten. Le asiste la razón.

Pero yendo un poco más allá, incluso si aquellos programas de asistencia para el desarrollo internacional fuesen más coherentes con el pretendido desarrollo, como podría ser la obra de infraestructura hídrica en algún país de África (cuestión que también es rechazable). Así y todo, no deja de ser totalmente injusto. No es justo para el pagador de impuestos y al mismo tiempo no es efectivo para el país receptor de esas supuestas ayudas. A mayor abundamiento, cabe remitirse al artículo de Peter Bauer titulado Ayudas que Matan. Tema que puede quedar para otro artículo.

No se trata de corrupción. El problema son los impuestos en sí mismos.

Muchas veces solemos leer o escuchar que el problema no son los impuestos, sino el mal uso del dinero de los ciudadanos (el dinero público no existe) o la corrupción de los gobernantes. Esto es también un error.

El problema raíz de todo esto es que parece que olvidamos la definición de los impuestos. Exacción pecuniaria -sin contraprestación alguna-. Es decir, si nos basamos estrictamente en la definición, es: te robo dinero a cambio de nada. Luego podrá venir otro sin fin de justificaciones más o menos altruistas y que tengan mayor o menor aceptación en la ciudadanía. Pero esa es otra historia. La realidad es que estas justificaciones se usan para que el robo sea más sencillo y menos resistido.

Todo va a una gran bolsa de dinero que discrecional y arbitrariamente el gobierno de turno hace uso de esos fondos para lo que se le antoja. Esto es indistinto de si se vota o no el presupuesto estatal.

A diferencia del precio que se paga por un bien o un servicio, en el caso de los impuestos, no es posible establecer de manera alguna un nexo causal preciso entre el impuesto pagado y el bien público recibido. Tal es así, y esto es tan cierto, que gobernantes y estatistas de todos los colores se esfuerzan permanentemente en repetir y repetir que los impuestos los pagamos para tener salud, educación, carreteras, y seguridad. Curioso es que estos conceptos representan los menores porcentajes de gastos en los presupuestos públicos.

Frank Chodorov lo dice muy claro: “No es verdad que los servicios serían imposibles sin los impuestos. Esa afirmación viene negada por el hecho de que los servicios aparecen antes de que se introduzcan los impuestos … No es el costo de los servicios lo que obliga a los impuestos, es el costo del mantenimiento del poder político”.

Es el hecho de mantener una casta política, y un enorme ejército de funcionarios y agentes en tareas y funciones que, de vivir en una sociedad sin coacción, basada en relaciones y vínculos voluntarios (proceso de mercado) no existirían en esos roles, o no tendrían tales tareas. En definitiva, observamos en la sociedad una enorme cantidad de gente que vive del fruto y esfuerzo de otros.

La inexistencia de ese nexo causal es el segundo grado de injusticia e ineficiencia de los impuestos. Sin embargo, en círculos de tributaristas, la pregunta salvadora y solucionadora de problemas siempre gira en torno a lo mismo: ¿y si ahora gravamos a los superricos? ¿Y si inventamos el IVA personalizado así, el sistema es más “justo”? ¿Y si establecemos otro impuesto verde? Siempre es igual porque lo observan desde el paradigma equivocado.

Sucede muchas veces también que los “académicos” que más propugnan estas cuestiones son de estirpe de funcionarios. Entonces, resulta lógico, según su perspectiva, que defiendan la existencia de impuestos a capa y espada porque constituyen su fuente de vida y se desgarran las vestiduras cuando detectan evasión fiscal, porque para ellos, es lo peor que puede pasar en una sociedad.

Afirmar hoy en pleno 2025 -con el alcance al conocimiento que tenemos- la dañina frase Wendelliana “Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada” Puede ser porque se es muy ignorante, o muy estúpido, o bien por conveniencia (vivir de lo que producen otros, es decir de impuestos) Muchas veces es una combinación de las tres.

Volviendo a la cuestión de la USAID, de las ayudas y el financiamiento de programas en el exterior, siempre es muy sencillo ser generoso y solidario con el dinero ajeno. Son siempre los mismos quienes se suben al pedestal moral para hacer filantropía con los dólares del vecino. Eso sí, el dinero propio es sagrado.

Zona especial Elon

Ante el éxito de DOGE en controlar el despilfarro en el gasto público, el Partido Demócrata ha lanzado una campaña centrada en el lema I didn’t vote for Elon Musk. No ha tenido el éxito que esperaban, ya que ha sido aprovechada por multitud de personas, que no eran votantes tradicionales del Partido Republicano, para remarcar que su voto sí ha sido motivado por la promesa de Trump de dar a Elon un papel principal en su administración.

Y es que Elon Musk no es un empresario convencional. Mucha gente ya se está percatando de ello, pero seguramente estemos lejos de ser conscientes del papel trascendental que puede interpretar en los próximos años. Y no solo en su influencia en el actual gobierno de Estado Unidos, sino por proyectos tan interesantes como Starbase. El proyecto de ciudad del espacio de SpaceX en Texas, que busca establecer un municipio autosuficiente cerca de Boca Chica para empleados y familias, enfocado en el desarrollo del cohete Starship, con viviendas, escuelas y servicios esenciales, respaldado por una gran inversión en infraestructura tecnológica.

Fundar una ciudad vinculada a una empresa no es algo nuevo. De hecho, era habitual en otros tiempos, donde la industria era intensiva en mano de obra, y era común que una sola empresa necesitará un ejército de obreros lo suficientemente grande como para formar su propia población. Pero Starbase no solo va a ser una ciudad para albergar a los trabajadores de SpaceX, sino que va a ser una población donde la filosofía del mejor empresario del mundo va a estar presente en cada detalle.

Por desgracia, esto no quiere decir que vaya a escapar de la regulación estatal y federal. Starbase estará supeditada a los burocratas de Texas y de Washington, así que habrá que ver si la filosofía que ha hecho que sus empresas sean exitosas sobrevive a su filtro. Como dijo una vez Ronald Reagan:

Me he preguntado muchas veces cómo serían los Diez Mandamientos si Moisés hubiera tenido que pasarlos por el Congreso de los Estados Unidos.

Para evitar esto, Balaji Srinivasan propuso hace unos días crear la Special Elon Zone (SEZ). Consistiría en dotar a Starbase (o un territorio mayor) de soberanía plena respecto a su regulación. ¿Por qué iba a hacer Texas o Estados Unidos algo así? Por China. El país asiatico está aventajando a Estados Unidos en varios campos. Es una tendencia clara que todos podemos ver, pero que nadie sabe muy bien cómo revertir. La administración Trump está desplegando una política que ataca por dos frentes: guerra comercial y desregulación de sectores claves como la inteligencia artificial, los cripto activos y la energía.

La estrategia tiene dos problemas:

El primero es claro: una guerra comercial puede ser atractiva cuando eres un país tan poderoso como Estados Unidos y compras la filosofía de ser una República, no un Imperio. Incluso puede salir bien a corto plazo cuando te enfrentas a unos líderes mundiales tan mediocres como los canadienses, mexicanos o europeos. Pero no deja de ser una guerra, y en ellas todo el mundo pierde. Por no hablar de las consecuencias imprevisibles que puede traer.

El segundo problema es que aún cuando tus medidas vayan en la buena dirección, si tu enemigo te saca demasiada ventaja, no va a ser suficiente. La capacidad de producción de China no tiene rival. Occidente hace mucho que perdió la batalla, como Alemania va a demostrar en los próximos años. La única forma de revertir la situación es tomar medidas excepcionales. ¿Y qué hay más excepcional que dotar a tus mejores empresarios de libertad plena para hacer aquello que mejor saben hacer?

A mucha gente le puede parecer ciencia ficción, pero cada vez hay más movimientos que apuntan a crear este tipo de zonas. En 2019 se inició el proyecto de Regulación Cero en el estado de Idaho, bajo la dirección del gobernador Brad Little, con el objetivo de reducir la carga regulatoria y fomentar un entorno más favorable para los negocios y los ciudadanos. De momento está siendo un éxito a la hora de atraer población y negocios a su territorio. Si nos vamos un poco más lejos, en Egipto se está impulsando con fondos privados el proyecto Ras el-Hekma, que busca transformar la costa norte de Egipto en una ciudad moderna, con hoteles, resorts, escuelas, hospitales y un aeropuerto internacional.

Nótese que aquí estamos ante algo más excepcional: un país (Emiratos Árabes Unidos) al que le sobra liquidez, acordando con otro país con problemas financieros, el alquiler de un territorio con una inmejorable localización para crear una zona especial de negocios. Egipto mantiene la soberanía, pero Emiratos podrá tener una gran fuente de ingresos explotando la privilegiada costa mediterránea egipcia al estilo de Abu Dabi.

A muchas personas esto les parecerá horrible. Para los estados nación la soberanía de su territorio no es negociable, pero la realidad se empeña en dejar obsoletos los sistemas rígidos que el hombre edifica. Y esta no va a ser una excepción. Adaptarse o desaparecer. Esa ha sido siempre la regla que la naturaleza nos impone. Y, como le gusta decir a Elon Musk: la única regla son las leyes de la física. Todo lo demás es una recomendación.

Sobre el anarcocapitalismo (II): tamaño y grupos de presión

En varias ocasiones me he referido en esta sección a la anarquía dentro del gobierno y a cómo esta es indispensable para el funcionamiento de un organismo complejo y de gran alcance como la Unión Europea. Basta con observar la gestión de la llamada transición energética para darnos cuenta de la falta de coherencia en las medidas adoptadas y de cómo cada unidad político-administrativa actúa por su cuenta y de acuerdo con sus propios intereses. No debería sorprendernos, dado que, desde el principio, los miembros de la Comisión son nombrados a propuesta de los gobiernos de cada país, los cuales representan una gran diversidad de colores políticos. Además, la presidencia de la Comisión funciona más como un primus inter pares que como un poder efectivo en sí mismo, pues el poder de los grandes Estados sigue siendo determinante.

Hay que reconocer, sin embargo, que la actual presidenta ha aprendido con el tiempo y ha desarrollado una gran capacidad de maniobra, logrando en muchas ocasiones que sus criterios sean tomados en cuenta.

Si volvemos a la transición energética, podemos observar un conjunto de medidas encaminadas a ese fin, como los impuestos a las emisiones de carbono en la industria, las restricciones a la movilidad o la fijación de fechas para la electrificación del parque automovilístico y el consiguiente abandono de los combustibles fósiles para dicho propósito. También vemos cuantiosas subvenciones a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y desde plantas nucleares, dado que esta última forma de generación ha sido considerada “verde”.

Sin embargo, al mismo tiempo, se están reabriendo minas de carbón en Alemania para su uso en plantas de generación eléctrica, debido a la suspensión de las compras de gas a Rusia tras su invasión de Ucrania.

Ahora se está discutiendo la suspensión de algunas de las medidas más polémicas, como las multas a las empresas automovilísticas por el exceso de emisiones, que podrían eludirse comprando derechos de emisión a empresas como Tesla. Esto último permitiría a la compañía amortiguar el daño causado por la pérdida de ventas en Europa, derivada en gran parte de la mala prensa de Elon Musk y del descenso en el interés por la movilidad eléctrica que se ha registrado en los últimos meses.

Pero es obvio que muchas de estas medidas son contradictorias entre sí. Mientras algunos comisarios perseveran en su implementación, otros hablan abiertamente de modificarlas o incluso de suspenderlas ad calendas graecas.

El papel de los lobbies en la transición energética

Parece evidente que la presión de los lobbies asociados a la industria automovilística europea está detrás de este cambio de postura, dado que los resultados económicos del sector dejan mucho que desear. Se habla de recortes salariales, despidos e incluso cierres de plantas en empresas líderes del sector. La industria automovilística europea ha sido empujada a una transición para la cual no estaba preparada, mientras que la industria china, adaptada desde el principio a la producción de autos eléctricos, ha resultado ser mucho más competitiva en este segmento, tanto en precio como en calidad.

Este era un escenario previsible para los legisladores europeos, ya que la producción de autos de combustión no es la misma que la de vehículos eléctricos. Rediseñar plantas y cadenas de suministro y logística es más costoso que crear nuevas infraestructuras diseñadas desde el principio para esa finalidad. Se requieren plantas de producción distintas y personal especializado, lo que implica tiempo de reciclaje o formación de nuevos cuadros adaptados.

El resultado ha sido que las fábricas europeas han abandonado un producto en el que eran líderes mundiales en calidad para apostar por otro en el que no son capaces de competir adecuadamente. Todo ello, además, por seguir las directrices de la burocracia de Bruselas.

Buena parte de los problemas actuales derivan de la fatal arrogancia de la tecnocracia europea, que pensó que con unas cuantas leyes y decretos podía modificar en un breve plazo una industria tan compleja como la automotriz y sus sectores auxiliares, incluyendo refinerías y distribución de combustibles.

La centralización europea y la captura de políticas por grupos de interés

La cuestión central que queremos plantear en este escrito es: ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué tienen que peligrar miles de puestos de trabajo y la viabilidad de una industria consolidada y competitiva solo por las decisiones de un grupo de políticos y burócratas? La respuesta parece simple: la UE es un esquema centralizado que opera sobre una población muy grande, lo que la convierte en una presa fácil para los grupos de interés organizados.

Si Europa estuviera fragmentada políticamente, pero mantuviera relaciones económicas libres entre sus distintas unidades políticas, los lobbistas tendrían que convencer a cada legislador de cada país sobre la conveniencia de las medidas de transición ecológica, por seguir con el ejemplo. Y, en caso de éxito, sus beneficios serían mucho más reducidos, pues afectarían a una población menor en cada caso.

Coordinar las mismas normas en todos los países sería extremadamente difícil, ya que los lobbies verdes pueden ser poderosos en algunos Estados, pero no en otros. Pensemos en un país pequeño con una fuerte industria renovable y en otro cuyo principal activo sea la fabricación de autos de combustión. En el primer caso, la legislación ecológica podría salir adelante, pero difícilmente en el segundo.

El resto de los países podrían esperar a tomar partido, observando cuál de las soluciones es más efectiva antes de implementarla. Si una regulación fracasa, no la adoptan o la abandonan; si funciona, la copian, tratando de mejorarla. Este proceso, que históricamente ha funcionado en Europa como un laboratorio de innovación, minimiza el daño potencial de cualquier ocurrencia política.

En cambio, en un sistema centralizado como la UE, basta con convencer a unas pocas docenas de actores clave para aprobar leyes absurdas que benefician a ciertos grupos bien organizados, muchas veces situados fuera del espacio de la Unión. Esto también explica la persistencia en el tiempo de medidas que han demostrado ser ineficaces o contraproducentes. Con unos cuantos políticos y técnicos estratégicamente situados, es suficiente para seguir perpetuando los errores, hasta que la realidad termine por liquidarlas. Pero en ese intervalo de tiempo, el daño al tejido industrial europeo puede ser enorme… e incluso irreversible.

Contradicciones estructurales y el estancamiento de la transición energética

La facilidad para hacer lobby en sistemas centralizados también explica la divergencia de políticas y sus notorias contradicciones. Si cada lobby logra capturar a una agencia europea e influir en sus decisiones, el resultado será la formulación de políticas contradictorias entre sí, conllevando un sustancioso desembolso de recursos y generando confusión en la población.

No se puede, por un lado, condicionar la movilidad estableciendo un plazo estricto para el abandono del automóvil de combustión y, al mismo tiempo, imponer elevados aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos, mucho más baratos a igual calidad.

Si la prioridad es la descarbonización de Europa, lo lógico sería fomentar la importación de autos eléctricos asequibles para acelerar la transición. Por otro lado, si el objetivo es proteger a la industria automovilística europea, lo más lógico sería suspender las políticas de transición o, en su defecto, otorgar plazos más largos para permitir la adaptación gradual de las empresas a las dinámicas del mercado.

Pero se mantienen ambas medidas al mismo tiempo, lo cual es un sinsentido, pues cumplir ambos objetivos a la vez no parece factible.

Si estas políticas contradictorias se sostienen es porque los grupos de presión asociados a las energías renovables y al sector eléctrico presionan para continuar con la transición, pues ya han invertido enormes sumas de dinero en ella (costes hundidos), mientras que el poderoso lobby automovilístico solicita protección ante la competencia externa.

El resultado es claro: ni una ni otra política logran avanzar, y el costo lo paga la industria y la sociedad europea. Pero pocos parecen darse cuenta de que el verdadero problema no es la falta de regulación o la mala planificación… sino la centralización política a gran escala.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’

No, primer ministro: los políticos nunca reformarán Whitehall

Por Tim Knox. El artículo No, primer ministro: los políticos nunca reformarán Whitewall fue publicado originalmente en CapX.

¿Quién está al mando de la Administración Pública? Una pregunta sencilla, con una respuesta supuestamente sencilla: es el Jefe de la Administración Pública Interior, que es también el secretario del gabinete. Los secretarios permanentes de todos los departamentos gubernamentales y de los gobiernos escocés y galés son responsables ante él de la gestión diaria de sus organizaciones.

El actual secretario del gabinete es Sir Chris Wormald, funcionario de carrera que dirigía el Departamento de Sanidad y Asistencia Social desde 2016, al frente del cual estuvo durante la pandemia de Covid, momento desde el que ha tenido que defenderlo de las acusaciones de que era «caótico».

Efectivamente, vivimos una época en la que las críticas a Whitehall en general son cada vez más fuertes. Tras sólo seis meses en el cargo, el primer ministro se quejó de que «demasiada gente en Whitehall se siente cómoda en el tibio baño de la decadencia gestionada». Su jefe de campaña, Pat McFadden, se ha quejado: Trabajo con funcionarios todos los días… La gente es buena, pero los sistemas y estructuras en los que trabajan son a menudo anticuados y les dificultan el trabajo».

La productividad del sector público

El director de la Oficina Nacional de Auditoría también acaba de anunciar que «hemos conseguido el truco de un gran aumento del coste del sistema, pero ningún signo de mejora de los resultados». Como reconoce el propio primer ministro: «La productividad del sector público es un 2,6% inferior a la del año pasado por estas fechas, y un 8,5% inferior a la de justo antes de la pandemia. Esto no se aceptaría en ningún otro sector o ámbito de la vida».

Los políticos son conscientes de que la máquina Rolls Royce del gobierno se ha estropeado. Se podría pensar que ha llegado el momento de arreglarla. Se equivocan. En realidad, no están al mando.

Desde 1968, ha habido 17 grandes intentos de reformar la maquinaria del gobierno. Prácticamente, todos los primeros ministros han puesto en marcha una investigación para averiguar por qué las cosas no funcionan correctamente y por qué los resortes del poder no conectan con nada. Estas investigaciones, en las que suelen participar altos funcionarios, políticos y personalidades del momento, han dedicado incontables años-hombre a entrevistar a todos los interesados en el sistema, analizar los problemas de la Administración y presentar firmes recomendaciones de reforma. Y, sin embargo, nunca ocurre nada, absolutamente nada.

La filosofía del aficionado

Si quieren una prueba de ello, recuerden cómo concluyó la primera de estas 17 investigaciones sobre la Administración (el Informe Fulton de 1968): La función pública sigue basándose demasiado en la filosofía del aficionado (o «generalista» o «polifacético»)». Sin embargo, la semana pasada, el Institute for Government organizó un acto para altos funcionarios. ¿Su título? El futuro de la profesión política en la Administración Pública: ¿El fin del generalista?

Una idea de reforma que, cuando se propuso hace 57 años, ya se consideraba anticuada, sigue debatiéndose en la Administración Pública. Se debate, pero no se aplica. Y si duda de la profunda resistencia a la reforma, considere estos comentarios hechos en el evento de IfG por Tamara Finkelstein, secretaria permanente de Defra: «La profesión política tiene un ambicioso plan para construir la capacidad individual y organizativa en la Administración Pública que ya ha comenzado, pero que puede tardar una década en completarse». Ojalá Nigel Hawthorne siguiera con nosotros…

Las graves deficiencias de Whitehall y las atroces ineficiencias de muchos de los servicios públicos son cada vez más evidentes para todos. Excepto para las personas que deberían encargarse de poner las cosas en su sitio. Pero no tienen motivos para enfrentarse al statu quo.

Un experimento mental

Sin duda, ha llegado el momento de buscar en el sector privado lecciones sobre cómo adoptar los principios de la buena gestión en la Administración. Atraer a los mejores talentos al gobierno, donde tendrían el poder y los incentivos personales para hacer que el sistema funcione en beneficio del país, donde el sector público finalmente igualara los logros de productividad del sector privado. Si así fuera, los beneficios económicos ascenderían rápidamente a cientos de miles de millones de libras.

Por último, hagamos un experimento mental. Imaginemos un país en el que se hace esto, en el que hay un nuevo líder político, un líder además que disfruta con la oportunidad de desafiar la sabiduría imperante. Este líder está dispuesto a nombrar al hombre de negocios más exitoso de la historia para intentar lo que antes se consideraba imposible: un hombre de negocios con autoridad para poner patas arriba la administración del gobierno.

¿Aprenderíamos entonces que el statu quo no es sagrado? ¿Se daría cuenta entonces la Administración Pública de que necesita reformarse a sí misma? ¿O sería entonces más realista aceptar que la Administración Pública ha perdido su derecho a seguir retrasando y obstruyendo, y que aquí es necesaria una transformación del gobierno similar a la del país imaginario?

El proyecto de Javier Milei para la DOGE: Una motosierra para la burocracia

«¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? El éxito». Esa frase inicial marcó el tono de la entrevista de dos horas de Javier Milei con Lex Fridman. En ella, el presidente libertario de Argentina reflexionó sobre los primeros meses de su gobierno tras su histórica victoria electoral del 19 de noviembre de 2023.

A Milei se le han llamado muchas cosas, pero sus métodos y su filosofía prosperan bajo escrutinio. En una sociedad libre, ser cuestionado es a la vez un reto y una oportunidad. Lo que distingue a Milei es su capacidad para responder a preguntas difíciles con lógica, pruebas y, lo que es más importante, resultados.

Su retórica anarquista está -como él dice- enraizada en un libertarismo que tiene un «respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás basado en el principio de no agresión y en la defensa de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad», una definición defendida por Alberto Benegas Lynch, Jr. y que sigue las ideas de John Locke.

Un modelo exportado

Las reformas de Milei no han pasado desapercibidas en Estados Unidos, especialmente tras el anuncio del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirigirán Elon Musk y Vivek Ramaswamy. En la entrevista, Milei destacó cómo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, dirigido por Federico Sturzenegger, está desmantelando sistemáticamente el proteccionismo y los privilegios, eliminando de 1 a 5 restricciones económicas diarias.

Este enfoque está llamando la atención en todo el mundo, ya que Musk y Ramaswamy han insinuado la posibilidad de adaptar esta estrategia de «motosierra». Ramaswamy publicó recientemente en X: «Una fórmula razonable para arreglar el gobierno estadounidense: Recortes al estilo Milei, con esteroides».

Una fórmula razonable para arreglar el gobierno estadounidense: Recortes al estilo Milei, con esteroides.

Cuando Milei asumió el cargo, la inflación estaba fuera de control y subía casi un 1% diario. Arreglar el déficit fiscal se convirtió en su principal prioridad, sabiendo que nada más funcionaría sin una solución en ese frente. En sólo unos meses, introdujo cambios drásticos: suprimió más de 50.000 empleos públicos, cerró más de la mitad de los ministerios, recortó las normativas y eliminó las subvenciones.

¿Los resultados? La inflación bajó del 211% interanual en diciembre de 2023 al 107,4% en noviembre de 2024, según los últimos datos de inflación del INDEC. Según Daniel Fernández, de UFM Reform Watch, el gobierno de Javier Milei ha logrado 10 meses consecutivos de superávit fiscal primario: «Entre enero y octubre de 2024, el gobierno argentino acumuló un superávit fiscal primario equivalente a casi el 1,7% del PIB», un cambio notable.

Milei: un ex académico

Como antiguo profesor de economía, Milei destaca en el desglose de conceptos económicos complejos. Al principio de la entrevista, proporcionó una hoja de ruta para los interesados en comprender la economía austriaca con grandes referencias: La acción humana de Ludwig von Mises y Principios de economía de Carl Menger, dos puntos de partida para él. También mencionó a otros pensadores, como Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Hans-Hermann Hoppe, Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rallo, Philipp Bagus y Walter Block, una guía rápida de las perspectivas anglosajonas e hispanas del pensamiento libertario.

Cuando Fridman profundizó y le preguntó por su filosofía económica, Milei respondió: «Idealmente, anarcocapitalista; en realidad, minarquista». Esto resume su enfoque pragmático para reducir el tamaño del Estado a través de lo que él llama «la mayor reforma estructural de la historia de Argentina», siendo realista sobre lo que es posible. Aquí Milei también abordó las críticas de algunos libertarios, diciendo que a menudo caen en la «falacia del nirvana», esperando soluciones perfectas en un mundo imperfecto.

Principales conclusiones

De la entrevista de Milei con Fridman se pueden extraer dos conclusiones principales. En primer lugar, Milei sabe de lo que habla. Demasiados políticos no entienden realmente de economía, pero Milei claramente sí. No se limita a memorizar cifras; explica el razonamiento que subyace a sus decisiones, y tiene sentido. En segundo lugar, las reformas impulsadas por el mercado pueden dar resultados. Contrariamente a la creencia popular o a los consejos de los expertos, estos cambios no necesitan décadas para mostrar su impacto.

¿Llegarán estas reformas hasta la Casa Blanca? Sólo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, está claro que el planteamiento de Milei está llamando la atención en todo el mundo. Recomiendo encarecidamente ver o escuchar la conversación completa. Es un debate increíblemente estimulante, especialmente para los entusiastas de la economía deseosos de ver cómo la teoría se traduce en acciones políticas en el mundo real.

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