Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Se viene hablando mucho últimamente de los años 70, a raíz de factores tanto económicos como políticos. Una de las correlaciones que más comúnmente se establece en los medios de comunicación es la referente a la actual crisis energética con la ocurrida durante la década de 1970, incidiendo especialmente en el descontento social surgido a raíz de la misma y sus efectos directos sobre las demandas y tendencias políticas. El shock acaecido entre 1973 y 1974, a raíz del embargo petrolero a manos de la OPEP, causó que las principales economías del mundo se paralizasen y generó enormes revueltas sociales que duraron hasta que se encontró una solución al problema. Esta vez la situación es algo distinta, ya que los problemas derivan de una transición energética con claros costes colaterales que, además, parecen no tener solución en el corto plazo. Pueden ser precisamente estos costes y, más en concreto, su distribución, lo que genere grandes consecuencias geopolíticas, pudiendo llegar incluso a variar algunas de las más importantes correlaciones de poder globales. Veamos. 

En primer lugar, es muy relevante tener en mente los costes de la transición energética si realmente queremos realizar un análisis serio sobre sus presentes y futuras consecuencias. Al respecto, el economista Jean-Pisani Ferry elaboró un valioso informe para el Peterson Institute for International Economics en el que estimaba que -acorde a los cálculos elaborados previamente por Stern y Stiglitz- la transición ecológica podría tener un efecto de pérdida de PIB potencial en la economía mundial del 3,7%. En la actualidad estamos observando que puede que dichas predicciones se queden incluso cortas, pudiendo generar una inestabilidad política dentro de los países mayor incluso que la de los años 70, ya que en este caso se trataría de factores internos (apoyo político a la transición ecológica) y no externos (embargo Opep) los que estarían causando dicha crisis energética. De hecho, si no se buscan e implementan soluciones efectivas que eviten que los costes de la transición energética recaigan en su conjunto sobre los más desfavorecidos, esto podría conllevar a dinámicas políticas que aúpen -aún más- ciertos discursos reaccionarios hoy en boga. 

Hoy por hoy parece ser que dicha solución aún no se ha encontrado. Los días 21 y 22 de octubre se reunió el Consejo Europeo para tratar con prioridad la propuesta del Gobierno de España de diseñar conjuntamente una reforma del mercado energético mayorista a nivel europeo. Algunos países como Francia, Grecia, Rumanía o la República Checa ampararon dicha petición, pero frente a la negativa de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Estonia y los Países Bajos, no se llegó a concretar nada. Ursula von Der Leyen anunció que pronto se convocaría un Consejo formal sobre el almacenamiento de energía y las reservas estratégicas, pero parece ser que esto no va a llevar a grandes cambios en el corto o medio plazo, mientras el problema sigue creciendo. Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos europeos insisten en tratar de paliar la crisis energética con subvenciones o tratando de recortar la factura energética vía rebajas de impuestos, lo cual no soluciona ni mínimamente el verdadero problema: la gran revalorización del gas y de los derechos de emisión de CO2. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del precio de los derechos de emisión de CO2 en la Eurozona desde el año 2005. 

Mientras es probable que el precio del gas vuelva a estabilizarse una vez solventados determinados cuellos de botella relacionados con el transporte, parece que el elevado -y creciente- precio de los derechos de emisión de CO2 no se trata de un factor coyuntural. Esto puede ser una de las principales causas de que el impacto económico de la transición energética se prolongue más en el tiempo que la crisis de 1973-1974, con efectos lógicamente heterogéneos entre países, dependiendo de sus estructuras productivas y de su dependencia de unas fuentes u otras de energía. Para el caso de Europa se puede afirmar que, en cualquier caso, el efecto económico de la transición será intenso, con notables efectos sobre la inflación (como ya estamos viendo), al menos en el corto y medio plazo. Al respecto, conviene recordar que la inflación de la Eurozona solo ha superado el 4% en una ocasión previa a la actualidad, siendo esta durante la Gran Recesión. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la tasa de inflación en la Eurozona desde finales de la década de los 90. 

Mirando hacia la Unión Europea, en caso de que la situación continúe como en la actualidad, podríamos pasar de un escenario en el cual las demandas políticas de la ciudadanía se dirigen casi en exclusiva a los gobiernos nacionales a uno en el que el hastío de los ciudadanos y sus reclamaciones se comiencen a dirigir hacia Bruselas. Esto último generaría un innegable rechazo a la Unión Europea como proyecto político, incidiendo en mensajes euroescépticos con mucha acogida a lo largo de los últimos años. Además, dichas demandas y protestas políticas se asentarían sobre una sólida base material y objetiva, siendo esta la incapacidad de Bruselas de proponer soluciones a nivel europeo a un problema conjunto que está empobreciendo a la ciudadanía de la UE y privando de acceso a un bien básico como la energía a los ciudadanos más desfavorecidos de la Unión. 

De hecho, va en el interés de la propia UE resolver el problema del creciente precio de la energía, ya que si el discurso euroescéptico cala más hondo agarrándose a la crisis energética, en último término esto podría conducir incluso a una reversión casi total de la agenda para la transición energética, suponiendo un fracaso estrepitoso para la UE. Incluso podríamos vivir en el corto plazo escenarios de confrontación directa entre determinados gobiernos nacionales y altas esferas de la UE, al atar esta última de manos a los ejecutivos nacionales a la hora de tomar medidas para paliar el encarecimiento de la energía. Ningún gobierno nacional va a aceptar la aparición de sus Gilets Jaunes particulares sin poner todos los medios para tratar de evitarlo previamente. 

Por otro lado, dejando de lado el asunto de los derechos de emisión de CO2, hay otros factores que pueden contribuir a paliar la crisis energética o, en su defecto, a incidir en ella. Este es el caso del gasoducto Nord Stream 2, que hasta ahora Rusia ha mantenido bloqueado en Alemania hasta que considere oportuno, en base a los precios internacionales del gas y el suministro nacional. Mientras tanto, EE. UU. ha acusado a Rusia de manipular el mercado, lo cual podría llevar el debate sobre la crisis energética a una escala mayor. En dicho escenario, las principales potencias globales se verían obligadas a medir sus fuerzas y, en base al resultado de dichas disputas diplomáticas, algunas correlaciones de poder podrían verse afectadas. Por supuesto, a todo esto, no nos podemos olvidar de China, que ni siquiera ha hecho acto de presencia en la COP26, mostrando su rechazo frontal a la transición energética global, aumentando las fricciones ya existentes con las principales potencias occidentales. 

Vemos que la crisis energética toma mayor importancia de la que en un principio parecía tener. Sus repercusiones ya no se limitan únicamente al plano económico, sino que tocan de lleno la política internacional y lo referente a las relaciones comerciales y diplomáticas entre las principales potencias globales. No le quiten ojo a lo largo de los próximos meses.

Desde hace ya algunos meses venimos observando en el conjunto de la UE un incremento constante de los precios de la energía, reflejados en los medios a través del notable incremento del precio de la luz y sus dañinos efectos sobre las economías familiares. Este asunto no ha sido desperdiciado por los diversos partidos políticos que componen el arco parlamentario español, lanzando cada uno sus propuestas -a cada cual más inverosímil-, con las única intención de arrimar el ascua a su sardina. Unos han vuelto con su propuesta de constituir una eléctrica pública, mientras otros reclamaban soberanía energética para España, reforzando su discurso nacionalpopulista con un nuevo toque de idiocia, simplificación y desconocimiento.

Yo no soy ningún experto en la materia, pero a lo largo de los últimos meses he puesto algo de empeño en leer ciertos informes, artículos y documentos informativos escritos por aquellos que sí lo son. Son precisamente las conclusiones o indicios de dichos documentos lo que vengo a reseñar en este artículo.

En primer lugar, hemos de tener presente que el principal problema del aumento del precio de la energía no es por defecto el aumento del precio del consumo energético per se, sino su traslado a los precios de diferentes bienes y servicios- Ello conduce a una especie de espiral inflacionaria (la cual no estamos observando). Aún así, el traslado de precios no está produciéndose de manera lineal, aún siendo la energía un factor productivo de elevada relevancia.

Resulta normal que la ciudadanía demande soluciones rápidas y efectivas al aumento del precio de la energía. El problema real se encuentra en que este no es un asunto exclusivo de España, sino del conjunto de la UE e incluso de gran parte del mundo, ya que los precios de la gasolina, el gasóleo, el gas natural o los derechos de emisiones de CO2 no dependen del mercado español, sino de la producción y comercialización internacional.

Un informe que arroja bastante luz al respecto proviene del servicio de estudios del Banco de España. Según el informe del Banco de España, entre diciembre de 2020 y junio de 2021, el 50% del encarecimiento de la factura de la luz provendría del incremento de los precios del gas natural, mientras otro 20% habría sido directamente causado por el incremento del precio de los derechos de emisión. El precio tanto del gas como de los derechos de emisión de CO2 dependen de los mercados internacionales. En el caso de los segundos, varias directivas europeas establecen su retirada paulatina para fomentar una subasta cada vez más reducida que incentive una aceleración de la transición energética. Esto significa que tener una mayor participación de la energía renovable en el mix energético nacional supondrá cada vez un menor precio de la energía a medio y largo plazo, mientras, por ejemplo, el carbón, al emitir mucho CO2 en la producción de electricidad, será cada vez menos rentable y, por tanto, desplazado del mercado. Este hecho implica a su vez que el gas natural cobre un mayor protagonismo, ya que los picos de demanda, al no poder ser cubiertos en su totalidad con fuentes de energía renovable, requerirán del gas natural para ser cubiertos.

Llegados a este punto muchos argüirán que, aunque sea cierto que el precio de la electricidad haya aumentado a lo largo de los últimos meses, el incremento del precio de la luz ha sido muy superior en proporción. El motivo de este fenómeno se halla en la estructura de costes de los diferentes modos de producir electricidad, muy dispares entre sí. Por un lado, encontramos las energías renovables y la nuclear, cuyos costes variables de producción son minúsculos, mientras tienen que afrontar elevados costes de entrada, asumiendo una importante inversión inicial que ha de ser cubierta con ingresos futuros. Una de las razones por las cuales los costes variables de producción en estos casos son casi nulos se debe a que estas energías no generan CO2 y, por lo tanto, no pagan derechos de emisión. Mientras tanto, los costes variables si se trasladan a los costes reportados -y, por lo tanto, a los precios- en los casos del gas y el carbón, ya que estos producen CO2. Además, suelen ser los que fijan el precio mayorista de la energía en España por el (lógico) funcionamiento del sistema marginalista.

Esto último ha generado números críticas recientes al sistema marginalista. Muchas de ellas carecen de suficiente fundamento o no proponen alternativas. No se ha mencionado lo suficiente que el sistema marginalista es aquel establecido por las directivas de la Unión Europea, debido principalmente a la falta de alternativas a raíz de la elevada proporción de fuentes de producción eléctrica con reducidos o inexistentes costes variables. En algunos casos, determinadas personalidades han puesto de ejemplo a Francia para mostrar la supuesta necesidad de existencia de una empresa pública de energía en España. Es cierto que, en Francia, EDF -una eléctrica pública-, ha logrado mantener los precios de la electricidad más bajos de Europa durante todos estos meses. Lo que a muchos se les olvida comentar es que EDF es propietaria de 56 reactores nucleares, cuya producción supuso cerca del 70% del total en Francia en el año 2019. Es decir, el factor diferencial no es la titularidad de la empresa energética, sino la fuente de la energía.

En este sentido, de cara al futuro, España debe plantearse cómo aumentar el suministro eléctrico a través de fuentes con mínimos costes variables -principalmente, mínima emisión de CO2- para así reducir el precio de la electricidad. Aunque una combinación de energía nuclear y renovables sería una solución quasi-óptima, esta no es una opción factible. La energía nuclear, si bien es cierto que no genera emisiones, si presenta ciertos problemas a la hora de gestionar sus residuos radiactivos. Además, el elevado tiempo que conlleva la construcción y puesta en marcha de una central nuclear no permite que esta sea una solución a corto o medio plazo para reducir el precio de la electricidad. Por lo tanto, gran parte de la solución se hallará probablemente en el progreso tecnológico que hará que las baterías de litio permitan una mayor viabilidad de la energía producida a partir de fuentes renovables.Resulta extremadamente complicado encontrar una solución a corto plazo, por lo menos desde un prisma realista. Mientras tanto, diferentes formaciones políticas siguen lanzando propuestas inviables y ridículas en lugar de proponer soluciones factibles a un asunto que es, en realidad, de trascendencia y solución supranacional.