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Etiqueta: Recursos energía y medio ambiente

Por la desaparición de la PAC

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Johan Norberg comentó una vez que sólo quedan tres economías planificadas centralmente en el mundo: Corea del Norte, Cuba y la Política Agraria Común. La PAC es el conjunto de subsidios agrícolas, cuotas de producción e importación y aranceles con los que los políticos de la Unión Europea pretenden gestionar eficazmente la agricultura del continente y, claro, fracasan miserablemente en el intento.

Se supone que el objetivo es lograr que los trabajadores del campo no pierdan sus empleos por la insuperable competencia de los productos que vienen del Tercer Mundo. Sin embargo, según Oxfam, entre los mayores beneficiarios de estas ayudas están la reina de Inglaterra, el príncipe de Mónaco y la duquesa de Alba, títulos que no sugieren en principio actividad laboral alguna relacionada con el campo. Mientras, decenas de miles de explotaciones familiares cierran en España. No es que esto último sea necesariamente malo, pues probablemente resulten más productivos para la economía y reciban mayores ingresos dedicándose a otras actividades. Pero demuestra que la burra que se nos vende con la PAC no da la leche prometida.

El socialismo de todos los partidos ha hecho recientemente su aparición con este asunto. El Gobierno Zapatero logró que la Corte Europea de Justicia anulase la reforma de las ayudas al algodón, negociada por Moraleda y Espinosa nada más aterrizar en sus cargos. Y el Partido Popular exigió que se aproveche esta circunstancia para negociar mejores condiciones para los agricultores españoles del ramo. Por supuesto, nadie defendió la necesidad de eliminar por completo los subsidios, cuotas y aranceles que nos obligan a todos los consumidores españoles a pagar más caras las prendas de algodón que vestimos. Nadie tampoco pensó que ese ahorro permitiría a los españoles consumir más en otras cosas, beneficiando a las empresas que las producen, e invertir más en negocios más provechosos que ese de cultivar algodón en Murcia y Andalucía.

Los subsidios, de todo tipo, son como una droga. Adictos que podrían vivir perfectamente sin ella si no la hubieran consumido nunca, ahora no pueden concebir su existencia sin dosis cada vez mayores. De modo que si los subsidios no logran que los productos sean suficientemente baratos, se restringe la importación de alternativas del extranjero. Eso arruina los agricultores de los países pobres, que ya no pueden vender sus productos en los mercados protegidos. Debido a ello, muchos de ellos emigran para poder trabajar en esos países. Y por eso los gobiernos ponen barreras de entrada a la inmigración y dan millones de euros de los contribuyentes para aliviar la pobreza, que es "la causa" de la inmigración.

En definitiva, toda una carrera en la que las intervenciones políticas dan lugar a más intervenciones políticas que intentan resolver los desaguisados creados por las anteriores. Hay alternativas, no obstante. En 1984, Nueva Zelanda eliminó por completo los subsidios agrícolas, convirtiéndose en el único país desarrollado que carece de ellos, si exceptuamos por razones obvias ciudades estado como Singapur. Desde entonces, su producción agrícola ha crecido un 40%, creciendo también su porcentaje en el PIB del 14 al 17%. Su productividad ha crecido una media de un 6% anual, frente al 1% previo a la desaparición de las ayudas. Las razones de este éxito son sencillas: al verse en la intemperie del mercado libre tuvieron que adaptarse a él, reduciendo costes, diversificando el uso de la tierra y adaptándose a los cambios en la demanda. Como si fueran una empresa normal. Y es que la desaparición de la PAC no implicaría la desaparición de la agricultura en la Unión Europea, sólo su modernización y su adaptación a las necesidades del mercado. Y un ahorro considerable para nuestros bolsillos, naturalmente.

¿Quién debería ahorrar agua?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de las democracias con fuerte carga estatal es el reparto de culpa. Resumiendo, cualquiera de nosotros, como entidad que forma parte de la sociedad, tenemos culpa de todos los males que la afectan menos de los que producimos nosotros mismos. De esos, por supuesto, la tienen los demás. Así, el delincuente no es culpable del delito, sino la sociedad que no ha sabido dotarle de los medios y recursos suficientes para impedir que los perpetre. En lo medioambiental, este curiosa filosofía también está vigente aunque con ciertos matices. La culpa es de todos salvo de los que luchan por un medio ambiente más saludable y esa lucha se mantiene dentro de los parámetros que manejan las organizaciones ecologistas.

A finales del verano, la sequía debería ser algo que entre dentro de la normalidad, sobre todo si este es el segundo o tercer año que la padecemos. Que los pantanos estén en límites preocupantes no debería sernos extraño pero nos lo venden como una catástrofe y lo peor de todo, nos aseguran que somos los culpables de la situación ¡porque desperdiciamos agua! Este tipo de generalizaciones es ante todo insultante pero responde a la lógica de lo políticamente correcto por dos razones, una de carácter moral y otra de carácter económico.

La primera es la típica moral anticapitalista, el desarrollo en el que nos hemos embarcado es totalmente insostenible y por tanto llenar piscinas privadas, regar hectáreas de campos de golf, bañarnos en vez de ducharnos, hasta usar el retrete como papelera improvisada es algo inadmisible, es un derroche que estamos pagando ahora y en el futuro. Este sencillo mensaje ha calado y no solo en los ciudadanos sino en los políticos que nos gobiernan lo que es mucho más peligroso. La segunda razón, de carácter económico, es la ausencia del libre mercado. Al no existir, surge el concepto del despilfarro. El precio del agua se establece desde las administraciones, la gestión es pública o semipública y se prohíbe o dificulta la actividad empresarial que no se controle gubernamentalmente por lo que se impide que se desarrollen nuevos o alternativos sistemas de transporte de agua y sobre todo un mercado del agua que nos permita ahorrar de forma voluntaria, igual que ahorramos en la cesta de la compra sin que nadie nos obligue, cuando suben los precios y gastar más, si lo deseamos, cuando bajan. Así que como por definición las Administraciones Públicas no pueden equivocarse, salvo puntual e infrecuentemente, debe ser el administrado el que no cumple con parte de su contrato social.

Pero lo cierto es que las Administraciones Públicas despilfarran y mucho. Según datos de 2003 del Ministerio de Medio Ambiente, el 77% del agua usada en España lo hace la agricultura, el 18% el consumo urbano y el 5% restante la industria. Además, y según datos del INE, las redes públicas de distribución perdieron ese año el 18,7% del agua disponible en fugas, roturas, etc. Es decir, que las Administraciones Públicas, de las que depende directa o indirectamente la gestión de las redes de abastecimiento en la que se pierde casi el 19% de lo que vierte a la red, nos dicen que somos culpables de la sequía y de la situación insostenible.

Pero esto puede ser aún más irónico: los ayuntamientos se vanaglorian de sus parques públicos. No hace mucho, en el madrileño municipio de Leganés se instaló un sistema "inteligente" que permitía el riego ahorrando un 40% de agua. Situado al sur de Madrid, esta población soporta un tórrido verano, por lo que el sistema tendría su lógica si no fuera porque se aplica a unas praderas que no son precisamente plantas que necesiten poco agua. ¿No sería mejor plantar otras especies vegetales más adecuadas al clima, ahorrándonos el sistema de riego? ¿O es que las praderas son únicamente inmorales cuando lo que se riega es un campo de golf?

Pero lo más sangrante es el uso agrícola del agua. En España, el 77% del agua lo consume la agricultura. Sólo subvencionando la agricultura se consigue que ciertos productos sean "rentables" y sin esas ayudas el agua que se utiliza para sacar adelante todas esas producciones se podría usar en otras cosas. El problema se multiplica si observamos que, precisamente por la ayuda pública, muchos agricultores no invierten en el ahorro de costes y desperdician esta agua con sistemas ineficientes de riego, intensificando el problema de la sequía. De forma directa o indirecta, el Estado es uno de los mayores despilfarradores de agua y, no contento con ello, ahora mismo varias autonomías han creado nuevas tasas que se adelanten a la nueva Directiva Marco del Agua, que estará vigente en 2010, dentro de poco más de tres años. Y luego dicen que somos nosotros los que desperdiciamos agua.

Un bosque de mentiras

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Las cenizas alcanzaron desafiantes la desembocadura del río Miño, treinta o más kilómetros desde el origen del incendio, empujadas por la brisa del mar y la desidia pública generalizada. Quien estuvo allí lo pudo comprobar. Las llamas lo inundaron todo. La fachada atlántica de Galicia fue durante diez largos días de agosto una brasa permanente, una confusión de humo y errores. El suceso ha sido ciertamente lamentable y con secuelas difíciles de reparar. Ahora, después del desastre, queda todo lo demás; es decir, comenzar casi desde cero: los paisajes, la propiedad, las mentalidades, el futuro.

Los incendios en Galicia recuerdan a la tragedia de los comunes, pero, al contrario que estos últimos, los montes gallegos sí tienen propietarios con derecho a excluir a terceros de su disfrute así como a utilizar los recursos forestales simultáneamente. Numerosas montañas de Galicia pertenecen a comunidades de vecinos, agrupaciones de precaria identidad entre lo particular y el Estado, de eficacia limitadísima ante las crisis, que no poseen (ni quizá poseerán) el apasionamiento en defensa de lo propio que los bienes privados llevan implícitamente consigo, ni fuerza coercitiva estatal alguna. En ocasiones, estas etéreas comunidades de montes son plataforma de intereses entre sus directivos además de opaca fuente de recursos económicos para éstos. Las comunidades seguirán fallando ante contingencias de cierta magnitud.

Llama poderosamente la atención la falta de reflejos de los dirigentes españoles en paliar los efectos de esta clase de calamidades, acercándose a los ciudadanos que más sufren la devastación, comprendiendo de primera mano las claves de la desesperanza. El gobierno Aznar también se bloqueó inicialmente en el incidente del Prestige (y pagó un precio político por ello), pero la inoperancia del actual jefe regional gallego ante los fuegos de agosto alcanzó cotas inimaginables. Él mismo justifica su pusilánime actuación en un discurso televisado que da razón al título de este comentario. El anterior presidente Fraga consideraba los incendios como un ataque contra su persona: su mensaje fue creíble, atenuó las quemas y obtuvo réditos electorales durante largo tiempo. "¿Por qué nos hacen esto a nosotros?", se habrán preguntado compungidos en la reciente mayoría legislativa gallega. Los profesores universitarios de izquierdas en Galicia achacan los fuegos a una conspiración innominada, una especie de santa compaña derechista contra el árbol. Andan desorientados –gobierno, intelligentsia progre, medios afines– y no saben dónde disparar su receta de agravios.

En cualquier caso, más allá del juego político, algo hay que hacer. Fijar la propiedad con la máxima precisión posible, disolver los entramados comunitarios en claroscuro, elevar los años de prisión para derrumbar psicológicamente a los pirómanos, espolear a una opinión pública demasiado tiempo instalada en el cinismo, alentar las iniciativas emprendedoras atrayentes en el entorno rural, someter a subasta o concurso público los terrenos comunales que agonizan con aseguramiento de obligaciones y derechos para todos, urbanizar de una vez por todas el campo que anda siempre sobrado de maleza y con falta de personas que den cuenta cada día del deleite de la naturaleza que les toca ver y vivir.

Katrina cumple un año

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Antes de que el Katrina besara las costas de Luisiana, Home Depot distribuyó miles de generadores, leña, o baterías a la zona. La capacidad de Wal Mart de hacer llegar a los vecinos alimento, agua, más todo lo que creían más adecuado para su protección fue tan portentosa que su reconocimiento ha sido general. Las compañías telefónicas remozaron sus instalaciones y sus repetidores de señal para que ningún ciudadano se quedara sin hacer una llamada salvadora.

¿Qué fue de la actuación pública? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra había construido unos diques preparados para un huracán de grado 4. Siempre se habló de mejorarlos ante el temor de que algún día llegaría a la ciudad un huracán con su máxima fuerza (5), pero los grupos ecologistas lograron detener la iniciativa, gracias a una eficaz campaña en contra. Más tarde, el pasado junio, el Cuerpo llegó a reconocer su mala gestión. Eso sí, elaborando un informe de 6.000 páginas que ha costado casi 20 millones de dólares. Las autoridades locales no supieron coordinarse y sólo supieron hacer funcionar a una pequeña fracción de las 149 bombas de achique que tenían en su poder.

Como hay una oficina abarrotada de burócratas para cualquier aspecto de la vida, los Estados Unidos cuentan con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), creada precisamente para situaciones como esa. Su actuación dejaría a Joan Clos, en comparación, como un héroe de la gestión de catástrofes. Prohibió a la Cruz Roja su entrada en los primeros días en el área de la catástrofe. Envió toneladas de hielo a áreas no afectadas por el huracán, simplemente por la mala gestión y mandó a varias unidades de bomberos a donde no se les necesitaba.

¿Y la reconstrucción? Wal Mart envió en los primerísimos días 17 millones de dólares, millar y medio de camiones con mercancías gratis y comida para 100.000 personas/día. No todo llegó a su destino, porque la FEMA prohibió la entrada de varios camiones porque lo que llevaban "no era necesario". Lo que no ha podido evitar es que dicha compañía y Home Depot hayan enviado donaciones por valor de 4.000 millones de dólares. Mientras que las ayudas públicas están esperando a que la burocracia las apruebe, las compañías privadas de seguros han realizado no menos del 80 por ciento de los pagos reclamados por los dueños de viviendas.

Cien mil millones de dólares. Esta es la distancia entre los 22.000 millones que costaron al erario público los atentados del 11 de septiembre y los que ha desembolsado con motivo del paso del huracán Katrina. Una parte de los mismos han sido gestionados por la FEMA, cuya desastrosa gestión, reconocida por demócratas y republicanos, ha sido premiada el pasado mes de mayo con su disolución, para ser sustituida por otra oficina todavía más grande y con más recursos. Cosas de la política.

From the Green Revolution to the GM Revolution

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Scientist Norman Borlaug is known, though not enough, as “the man who fed the world.” During the 1950s and 60s, he made innovations in agricultural production that were dubbed the “green revolution,” increasing the amount of food per planted hectare. Borlaug developed new strains of various cereals that germinated earlier, grew faster and were more resistant to disease and drought ensuring harvests survived in adverse climates. This allowed many areas to produce two or three harvests a year, when before they were lucky to get one.

The Green Revolution also incorporated other elements, like water management and the use of fertilizers and pesticides. In 1960, for example, insects consumed almost a third of rice harvests in Asia. Since that time, rice production per hectare has increased 122 percent, corn production 159 percent and wheat 229 percent. The same land is now able to feed many more people. Naturally, environmentalists hate this.

Borlaug’s work destroyed radical environmentalist groups like Greenpeace or Friends of the Earth’s (not of man) most beloved catastrophic predictions. The great famines that were to reduce world population never happened; it wasn’t even necessary to increase the amount of cultivated land, which has grown less than 2 percent since 1950. Any sensible person would think this was good news, but not environmentalists. They criticized the evils of pesticides and fertilizers, as if the minuscule percentage of deaths linked to them weren’t ridiculous compared to the lives the Green Revolution saved, estimated at 1 billion.

Borlaug now defends genetically modified food as a natural extension of his work since they create new variations faster and with greater precision. His methods, “based on hybridization and selection, were much slower and more primitive: Along with the beneficial gene many others, including some that could have negative effects, slipped in too.” Biotechnology doesn’t have this problem.

For Borlaug, environmentalists’ criticism of these new methods has a clear origin: “They say this because their stomachs are full. Environmentalist opposition to biotechnology is elitist and conservative. As usual, the critics come from the most privileged backgrounds: they live in comfort in Western societies, those that have never known famine up close.” He knows this well: his efforts to introduce in Africa the innovations that had saved so many lives in Asia did not receive the necessary funding because of “environmental” concerns. In other words, foundations that had invested in his work were scared off by the threat of environmental activists’ criticism.

By imposing the self-contradictory precaution principle on the commercialization and production of genetically modified foods, the European Union has bolstered the hysterical screams of environmentalists. People who do not produce a single gram of food want to control how it should be done. These busy-bodies want to ensure their prophecies of mass starvation are realized in the future by banning the tools human creativity has developed to avoid it. And there are still those who praise “their good intentions.”

La responsabilidad estatal en los incendios forestales

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

En poco más de una semana, en Galicia se ha quemado una superficie que varía desde las 71.828 hectáreas que asegura el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) a las 180.000 que denuncia el Partido Popular, pasando por las 77.000 que dice la Xunta de Galicia, las 86.000 de la Unión Europea o las 92.000 del CSIC, organismo de naturaleza pública que se dedica a la investigación. Hasta la fecha y según el MMA, el fuego ha arrasado en España algo más de 123.000 hectáreas, lejos de las casi 96.500 del año pasado, de las 75.500 de 2004 e incluso por encima de las 109.592 de 2003, peor año de la última década hasta este.

España es un país proclive a los incendios forestales. Fundamentalmente de clima mediterráneo, también tienen cabida el atlántico, en la Cornisa Cantábrica y en Galicia, el subtropical en las Islas Canarias, el de alta montaña en diferentes cordilleras que atraviesan los territorios españoles e incluso el semidesértico, en ciertas zonas de la costa mediterránea y del interior. Tal variedad ha propiciado una gran cantidad de ecosistemas y una biodiversidad nada desdeñable. Precisamente, la sequedad de los veranos y las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendio y la tendencia aumenta por la actividad humana que ha sustituido en muchos casos variedades más adaptadas al fuego por otras más cercanas a sus necesidades y deseos.

En estas circunstancias es deseable un buen sistema de prevención y extinción que, en virtud de lo acaecido en las últimas semanas, esta claro que no tenemos. Vaya por delante que no estoy poniendo en duda la profesionalidad de los que se juegan su vida por apagar un incendio forestal sino que pongo en duda la viabilidad del sistema que existe en la actualidad, sistema que es creado y gestionado en última instancia por las Administraciones Públicas y que demuestra continuamente su tremenda vulnerabilidad, su naturaleza pública.

Para los gallegos que lo hayan perdido todo, este baile de cifras es cuanto menos de mal gusto pero es un buen ejemplo de una de las razones de la ineficacia del sistema, las rivalidades políticas entre partidos o incluso entre Administraciones, algunas de ellas gobernadas por el mismo grupo político. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas –se celebrarán en primavera del próximo año– conlleva una carga política muy elevada lo que supone dos comportamientos, la minimización de los efectos de cualquier catástrofe desde el poder y la denuncia desaforada y en algunos casos lejana a la realidad por parte de la oposición política. Se vio en el hundimiento del Prestige y se ha visto en los grandes fuegos forestales. En julio del año pasado en el incendio de Guadalajara, la Comunidad de Castilla-La Mancha rechazó ayuda de otras Comunidades Autónomas, entre ellas la de Madrid y la de la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por sus rivales políticos del PP. El resultado, más de 12.000 hectáreas arrasadas y 11 muertos, es un ejemplo extremo de las consecuencias de este enfrentamiento institucional.

Una de las primeras denuncias que se formularon, ante la magnitud de la catástrofe, fue la del PP, ahora en la oposición. Según este partido, el nuevo gobierno de PSOE y BNG, partido nacionalista e independentista gallego, habría desmantelado el anterior equipo técnico pero sin tomar la precaución de organizar otro. Además, entre las peticiones nacionalistas se incluía la demostración, a través del certificado público correspondiente, del conocimiento del gallego, lo que dejó sin contrato temporal a multitud de trabajadores que en temporadas anteriores habían trabajado en estas labores y que en la mayoría de los casos poseían conocimientos más que aceptables del idioma. Todo ello, aunque desmentido por los acusados, tiene pinta de verosimilitud. El sacrificio de la eficacia ante el dios de la burocracia se practica más de lo deseable, sobre todo si este responde a políticas más o menos utópicas, en este caso nacionalistas.

Varios colectivos han acusado a la Administración de no haber hecho nada para salvar sus pertenencias, de no tener los medios necesarios para apagar los fuegos y lo cierto es que aunque ha habido momentos donde la magnitud de la catástrofe ha desbordado todo lo desplazado a la zona, lo cierto es que en muchos casos las llamas han sido combatidas exclusivamente por los vecinos, que han tenido que convertirse en bomberos heroicos, pagándolo en algún caso con su propia vida.

El Estado, en este caso en forma de Comunidad Autónoma, garante único y exclusivo de la seguridad del monte, ni ha podido ni ha querido ni ha sabido cumplir con sus obligaciones y ahora pretende delegar sus propias responsabilidades en forma de tramas virtuales, conspiraciones inimaginables y fotos que pretenden dar la falsa sensación de que se está haciendo algo, de que se ha hecho algo. Y lo cierto es que las condiciones que se dan en España son muy propicias para que las empresas acometan la extinción y sobre todo la prevención de incendios a través de la contratación directa de las mismas, o mediante seguros que cubran estos riesgos. Sin embargo, es la Administración la que desincentiva esta actividad empresarial, no tanto porque la prohíba sino porque asume un servicio que es incapaz de dar, o que lo hace de manera ineficaz. A ello contribuye la visión, muy española, de que el medio ambiente es un asunto que sólo se trabaja desde la iniciativa pública, nunca desde la iniciativa privada y nunca desde la responsabilidad personal de cuidar nuestras pertenencias. Y de esos polvos, estos lodos.

Todos contra el fuego

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

En la catástrofe del Prestige no hubo ningún candidato del PP emboscado en las sentinas del petrolero para hundirlo, al contrario de los recientes incendios en Galicia en que algún político progresista sí se ha visto involucrado de forma incuestionable. ¿Qué razón objetiva existe para que en el primer caso se organizaran todo tipo de algaradas violentas y en este segundo, los mismos que exigían la pena de excomunión democrática para todos los gobiernos implicados, se limiten a convocar una surrealista manifestación "contra el fuego"? Pues evidentemente ninguna, salvo el criterio ramplón de la utilidad partidista.

Curioso este nacionalismo, que antepone el derecho de sus elites al disfrute de las moquetas de los despachos oficiales al bien de la patria, su patria. El nacionalismo periférico gallego, como el de barretina o el de chapela, no es un sentimiento colectivo de exaltación nacional más allá de lo folclórico, sino una artimaña más de los oportunistas que lo dirigen para alcanzar el objetivo vital al que dedican todos sus esfuerzos: un coche oficial y un buen sueldo público. Conseguido lo cual, la lucha por devolver a sus pueblos la dignidad arrebatada por el centralismo opresor pasa a convertirse un simple argumento sentimentaloide para rellenar los aburridos discursos institucionales.

Al fuego no le importa quien esté al frente del gobierno para arrasar montes enteros y amenazar las vidas y haciendas de los ciudadanos. Es una pena, sí, pero es que la naturaleza no es nada progre.Si lo fuera, los desastres naturales sólo ocurrirían cuando mandan "los malos". Constatado el carácter eminentemente reaccionario de Natura y transcurridos los primeros momentos de estupor, la generación Prestige debiera hacer, no obstante, algún intento de protesta antigubernamental, aunque sólo fuera por rendir un mínimo tributo a la coherencia. Por el contrario, si salen a la calle es para felicitar efusivamente al gobierno de "los nuestros" por lo bien que despiden a los brigadistas antiincendios que no dominan la lengua vernácula.

Son irrecuperables para el decoro público. Prefieren un país arrasado con "los suyos" en el poder, a uno próspero gobernado por los adversarios. Y mientras tanto, Zaplana proclama muy serio en el Congreso que si el afiliado procesado por los incendios fuera del PP, la noticia habría desatado la histeria bipartita del Nunca Máis. Más que una acusación, es la constatación de la mediocridad que impregna todas las estrategias arriolianas de su partido. Estos también son irrecuperables para la política de brega. Han venido al mundo para pedir perdón a la izquierda, estén gobernando o en la oposición. Me parece muy bien, pero al menos que lo hagan a título estrictamente personal. En nombre de sus votantes, no.

Aborregados

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 25 de julio la Fundación BBVA hacía público su "Estudio sobre la Conciencia y Conducta Medioambiental en España". Según las conclusiones del mismo, "se revela la existencia de una conciencia medioambiental extendida en la sociedad española" de forma que "los valores ecológicos han desplazado una visión más materialista de la naturaleza como simple objeto de uso y explotación para el beneficio del ser humano. La naturaleza sería un medio puro y bello cuyo equilibrio puede resultar fácilmente alterado por la acción del ser humano".

Por otra parte, "está tomando forma una conciencia global de los problemas medioambientales y los ciudadanos perciben con igual intensidad e inquietud problemáticas globales y locales". Además, "el rango de problemas medioambientales que preocupan a los españoles es muy amplio destacando los incendios forestales, la contaminación, la escasez de agua dulce, el cambio climático y las centrales nucleares", para seguir, "el ecologismo de la sociedad española se mueve en un plano declarativo y no se plasma con claridad en acciones y disposiciones concretas. La extensión de prácticas ecológicas que requieren cierto esfuerzo y no reportan beneficios inmediatos para el individuo es todavía limitada".

Sin embargo, las conclusiones toman un cariz si cabe más inquietante: "los ciudadanos esperan que los poderes públicos ocupen un lugar medular en el cuidado y protección del medio ambiente. El desafío atañe sobre todo al Gobierno central, visto todavía como responsable principal de la resolución de los problemas medioambientales", "rechazan medidas de protección medioambiental basadas en mecanismos fiscales y de precios" pero "el rechazo es relativamente menor cuando se trata de regulaciones de tipo restrictivo que limiten el uso de determinados objetos, como el coche, o el consumo de bienes naturales, como el agua". Se destaca al final que existe "una relación significativa entre el nivel de estudios de los entrevistados y la práctica de comportamientos afines al medio ambiente: la información y educación medioambiental podrían jugar un papel destacado de cara a promover el compromiso con conductas ecológicas".

Lo cierto es que todo esto es bastante alarmante, todo apunta una sociedad que avanza hacia el intervencionismo y por ende al totalitarismo, en algunos casos disfrazado de democracia. El primer punto destacable es el cambio de valores, de los tradicionales, donde el hombre ocupaba un lugar destacado sobre el resto de las especies, avanzamos hacia otros donde ocupa un lugar parecido o incluso inferior, situación que poco o nada tiene que ver con el cuidado del entorno. Esto abre la puerta a nuevos totalitarismos donde el conservacionismo justifique medidas, no sólo que impidan el desarrollo de las sociedades sino su involución.

Otro aspecto relevante es el éxito del mensaje ecologista, el cambio climático, la demonización de la energía nuclear, la escasez de los recursos, el supuesto bajo costo de las energías alternativas son mensajes que han cuajado hasta el punto de que son aceptados por la mayoría de los encuestados sin cuestionarlos. Precisamente, se subraya que son las personas con mayor nivel de estudios las de mayor concienciación ecologista, lo que demuestra que la repetición del mensaje junto a su inclusión en los planes de enseñanza, es un hecho contrastable y que la educación pública, y en buena medida la privada cuyos contenidos vienen impuestos por los poderes estatales, se convierte así en una poderosa herramienta de adoctrinamiento. El ciudadano piensa que debe ser el Gobierno el que solucione los problemas medioambientales, paradójicamente dentro de la línea de no asumir las propias responsabilidades que caracteriza el colectivismo, pero además es que está dispuesto a aceptar leyes que restrinjan sus propias libertades pues tiene la certeza de que éstas suponen un bien mayor. Toda esta situación es el caldo de cultivo perfecto para justificar cualquier cambio legislativo o reglamentario que mine nuestra libertad y además con la complicidad del administrado

Este intervencionismo es aplaudido por la mayoría de los medios de comunicación cuando tratan los temas medioambientales. Es sintomático que se destaque que el español es sólo ecologista "de boquilla" puesto que no está dispuesto a pagar más por ciertos productos o a que le suban los impuestos para acometer proyectos medioambientales, es decir que lo más destacable y reprochable es la rebeldía del que se queja de las subidas de impuestos o precios o de los que no realizan una serie de actividades, como son el reciclaje o el ahorro energético, que supuestamente favorecen un futuro medioambiental más adecuado. Por enésima vez se identifica la libertad con el egoísmo y la coacción y la obligación se justifica en aras del bien común.

Ante tan desoladora encuesta sólo cabe decir que queda mucho camino por recorrer para que la libertad se convierta en uno de los más preciados valores y que en esta carrera, los intervencionistas y los totalitarios nos sacan varios cuerpos de ventaja.

Salirse es gratis

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La ministra no defendió la entrada en vigor del protocolo por sus bondades medioambientales. Y es que, desde el ecólogo más escrupuloso hasta el ecologista más fanatizado, todos sabían que, según Naciones Unidas, Kyoto apenas reduciría la temperatura global del planeta (en el mejor de los casos) en 0,07 grados centígrados. Así que convencer a los españoles de que no les costaría casi nada era la única opción de la ministra para acallar las numerosas críticas y tirar para delante.

Pasado el primer año el coste directo ha sido 3,5 veces el prometido por la ministra para embaucarnos en esta desventura. Lejos de dar marcha atrás y reconocer el desastre, Narbona ha emprendido una huida hacia delante con el cuento de que de aquí a 2012 sólo costará 1.953 millones. Lo cierto es que según el último estudio hecho con precios de mercado el coste rondará los 7.000 millones de euros. Ojalá que la ministra deje de engañarse a sí misma y nos saque de este ruinoso acuerdo.

Fiebre petrolera

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En los 70, en plena crisis petrolera, en la cresta de la ola apocalíptico-ecologista, mucha gente muy seria y otra que no lo era tanto vaticinaba el fin del mundo. Con una literalidad sorprendente, porque decían que nos íbamos a quedar físicamente sin recursos; entre otros, sin el petróleo. Ahora, el termómetro petrolero, con el barril brent superando los 70 dólares, ha vuelto a subir. Los delirios sobre el fin del oro negro reaparecen.

Es una idea antigua, que dijeron ciertos griegos de la era clásica, pero que fue reformulada modernamente por el economista William Stanley Jevons. La idea, de sencilla, parece una tautología: hay una cantidad, consumimos de ella una parte todos los días, luego algún día se agotará. Fin de la discusión, y de paso fin del mundo. Pero algo malo debe de tener esta teoría, que todas las predicciones no han dejado de fracasar.

El U.S. Geological Survey dijo en 1920 que quedaban en el mundo 20.000 millones de barriles de petróleo. Los 3 billones que prevé ahora probablemente tengan que ser revisados al alza. La misma institución dijo en 1939 que el petróleo se agotaría en Estados Unidos en trece años. Pasados doce, en 1951, volvió a decir que al país le quedaban trece de extracción petrolera. En 1972 el Club de Roma dijo en su libro Los Límites del Crecimiento que no habría petróleo más allá de 1992. Ahora produce risa, pero entonces producía miedo.

La realidad es muy otra. Hay más crudo, pero no sabemos dónde sólo porque todavía no nos resulta rentable buscarlo. También están los llamados petróleos raros, que se calculan en unas 240 veces la cantidad de petróleo, lo que nos permitiría llenar los depósitos durante unos 5.000 años; más tiempo del que necesitamos para buscar soluciones alternativas, si es que nos hacen falta. Si por el momento no se ha recurrido a ellos es porque sería necesario un precio sostenido por encima de los 30 ó 35 dólares por barril para invertir en su extracción y tratamiento.

Pero ni siquiera es esa la cuestión. No queremos un barril de petróleo por sí mismo, sino por los servicios que podemos sacar de él. Y gracias a la tecnología podemos conseguir más y mejores servicios con la misma cantidad de recurso. Así, si mejoramos la productividad económica en un 100% de un recurso es exactamente igual a si tuviéramos el doble de cantidad a la vieja tecnología.

Pero la tecnología sólo acude cuando hay dinero, y éste aparece sólo si ve oportunidades de beneficio. ¿Y si resulta que incluso cuando Irán forme parte de la Unión Europea, se firme la paz perpetua entre Israel y los árabes y desaparezcan los Chávez de turno en Iberoamérica el petróleo sigue estando caro? Los beneficios de un mejor uso de ese mineral, la utilización de otras alternativas, etc, serán tan altos que el capital acudirá raudo y veloz. Y entonces tendremos que esperar a otra fiebre petrolera para volver a escuchar nuevos cantos apocalípticos.