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Etiqueta: Regulación

Europa: desregulando con una mano, regulando con la otra

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Investigación.

El coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana (IJM), Diego Sánchez de la Cruz, ha publicado el informe “Europe’s TechReg Paradox: Deregulating with One Hand, Re-regulating with the Other” en EPICENTER, el European Policy Information Center. 

El documento analiza cómo, pese a las promesas de simplificación normativa, la Unión Europea ha aprobado casi un centenar de leyes tecnológicas y cuenta con 270 entes reguladores en activo dedicados a esta cuestión, lo que termina asfixiando la innovación, especialmente en startups, y dejando a Europa rezagada frente a EEUU y Asia en sectores clave como la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes.

EPICENTER es una red de doce think tanks europeos de orientación liberal, dedicada a informar el debate político europeo y promover los principios de una sociedad libre. Desde Bruselas, publica análisis y estudios para influir en la agenda comunitaria, defendiendo reformas que reduzcan trabas burocráticas y fomenten el crecimiento económico.

Para descargar y leer el documento, hagan clic aquí.

Los europeos ya no pueden comprar coches, pero tienen un cargador único para su móvil

Escrito por Fernando Herrera en . Publicado en Análisis diario, Economía.

Me apresuro a aclarar que ninguna de las frases que componen el título es de mi coleto, yo me he limitado a intercalar la conjunción adversativa que las une para formarlo. La primera la pronunció hace un mes el señor Luca de Meo, que es el presidente de la patronal europea de fabricantes de coches, además de CEO de Renault, y fue titular en diversos medios[1].

La segunda procede de un ufano anuncio que la Comisión Europea hizo el 28 de diciembre mediante la red X: “Una Unión, un cargador” es el slogan. A partir de ese día, todos los aparatos electrónicos vendidos en la UE tenían que incorporar un puesto USB-C para su carga. Ello implica para los europeos “mejor tecnología de carga, menos e-desperdicios, y menos lío para encontrar el cargador necesario”, nos dicen en el mismo mensaje. También fue noticia en numerosos medios, en más que la primera, aunque aquella resulte más llamativa.

Es difícil interpretar de forma positiva la primera frase: lo que nos dice de Meo no es que los europeos no quieran comprar coches, sino que cada vez se lo pueden permitir menos. ¿Es porque los europeos son más pobres, o porque los coches son más caros? De Meo se inclina por esta última causa. En cuanto a la segunda frase del título, aquí sí aparece algo positivo a primera vista para el ciudadano europeo, que gracias a la Comisión Europea se encontrará con un futuro más sencillo y más verde a la hora de cargar sus dispositivos electrónicos.

¿Qué tienen en común entonces ambas frases que hayan impulsado a un servidor a combinarlas en el mismo título? Pues que ambas son consecuencia de un mismo tipo de intervención regulatoria en el mercado, lo que los economistas llaman fijación de mínimos de calidad.

Las soluciones del mercado no intervenido

En el mercado no intervenido, las condiciones de una transacción son fijadas libremente por las partes. Una de dichas condiciones y muchas veces la única negociable, es el precio. A las autoridades les gusta mucho intervenir en los precios fijando máximos y mínimos, y es por ello que las consecuencias de la regulación de precios están muy estudiadas y son conocidas sobradamente por todo el mundo, menos, parece, por aquellos que toman la decisión de regular.

De la misma forma que se pueden establecer regulatoriamente límites al precio que pueden acordar las partes, el Estado también interviene en otras de las variables de la transacción. Por ejemplo, se pueden establecer regulatoriamente ciertas características del producto. Esto son los llamados mínimos de calidad.

La obligación que tienen los productos de consumo duradero de dar un periodo mínimo de garantía es un mínimo de calidad. Otro ejemplo lo constituye, precisamente, la obligación implícita en la segunda frase del título de este artículo: que todos los productos electrónicos incorporen un puerto USB-C.

El establecimiento de mínimos de calidad, como cualquier intervención en el mercado, tiene consecuencias. Estas son bien conocidas por los economistas. La fijación de mínimos de calidad supone un incremento de los costes en la elaboración del producto, por lo que tenderá a hacer que suban los precios del mismo. Dicha subida hará que determinados individuos, los compradores marginales, queden excluidos del acceso al producto o servicio.

Productos más caros

En el hipotético caso de que los consumidores demandaran y valoraran adecuadamente ese mínimo de calidad, los efectos sobre el mercado serían irrelevantes: el producto es más caro, pero satisface mejor las necesidades de los clientes, y lo que ha pasado es que el regulador ha acertado con lo que quería y valoraba la gente.

Obviamente, el caso hipotético descrito, si bien es teóricamente posible, es milagroso que ocurra, simplemente por los incentivos del regulador frente al emprendedor. Este último se beneficia si acierta con la configuración adecuada del producto, algo que no le pasa al regulador. Idénticamente, el emprendedor padece los costes de equivocarse en tal diseño, mientras que el regulador no soporta los costes de imponer los mínimos de calidad.

En suma, lo normal es que la consecuencia de la fijación de mínimos de calidad sea el encarecimiento del producto por incorporar características que el consumidor no valora suficientemente como para pagar el diferencial.

Aquí es donde enlazamos con la frase de Luca de Meo y primera parte del título de este artículo. Y es que los coches europeos están sujetos a intensas y crecientes mínimos de calidad. Aquí entran cosas tan anecdóticas como las sucesivas obligaciones de llevar chalecos reflectantes, triángulos de avería o sirenas de señalización, así como los requisitos relacionados con la protección del medio ambiente. Todo ello hace que el precio de los coches se acreciente sin que el comprador perciba una mayor utilidad del vehículo[2], por lo que es más remiso a comprarlo y prefiere buscar alternativas para satisfacer las necesidades que el vehículo privado satisfaría.

Menos innovación

La situación que denuncia de Meo tiene una causa clara: la regulación de mínimos de calidad impuesta por la Comisión Europea a los vehículos. Y es este mismo tipo de regulación la que inicia su andadura para los aparatos electrónicos con el cargador universal.

Que nadie se engañe, sus efectos serán los mismos: el encarecimiento del producto sin beneficio correlativo para el consumidor. Puede que a mucha gente le parezca fenomenal esto del cargador único; las ventajas son claras. Lo que no vemos son los costes, tanto estáticos como sobre todo dinámicos, ocasionados por el desincentivo a innovar en puertos de carga. Y si todo para aquí, la cosa puede quedarse en anécdota, como cuando nos obligaron a llevar chalecos reflectantes en el coche.

No parará aquí, claro que no. Y dentro de unos años me temo que tendré que rescatar este artículo y reescribirlo con otro título, tal vez este: “Los europeos ya no pueden comprar teléfonos móviles, pero su roscón de Reyes tiene más naranja confitada.”.

Notas

[1] Por ejemplo, en El Mundo

[2] “la regulación que viene eleva en un 40% el precio de los vehículos” nos dice de Meo en la noticia citada.

Ver también

La regulación en la telefonía móvil: las antenas. (Alberto Illán Oviedo).

Cómo contribuyó la regulación al fiasco de CrowdStrike

Escrito por Foundation for Economic Education en . Publicado en Análisis diario.

Por Peter Jacobsen. El artículo Cómo contribuyó la normativa al fiasco de CrowdStrike fue publicado originalmente por FEE.

El 19 de julio, algo peculiar golpeó a trabajadores y consumidores de todo el mundo. Un apagón informático mundial paralizó repentinamente muchas industrias. Los empleados de aeropuertos, instituciones financieras y otras empresas se presentaron a trabajar sólo para descubrir que no tenían acceso a los sistemas de la empresa. Las consecuencias del apagón fueron enormes. Los expertos calculan que los costes directos para las empresas ascendieron a 5.000 millones de dólares.

La empresa responsable, CrowdStrike, también se vio gravemente afectada. Los accionistas perdieron unos 25.000 millones de dólares de valor, y algunos han demandado a la empresa. El apagón ha generado expectativas y peticiones de una normativa más estricta en el sector.

Pero, ¿cómo es posible que la metedura de pata de una empresa haya provocado un apagón tan masivo? Resulta que la supuesta solución de la “regulación” puede haber sido una de las principales culpables.

Cumplimiento normativo

CrowdStrike, irónicamente, es una empresa de ciberseguridad. En teoría, protegen las redes empresariales y proporcionan “seguridad en la nube” para sistemas de computación en la nube en línea.

La seguridad en la nube, en sí misma, es probablemente un servicio que las empresas demandarían en el mercado, pero el beneficio de una mayor seguridad no es la única razón por la que las empresas acuden a CrowdStrike. En su propio sitio web, la empresa presume de una de sus características más importantes: el cumplimiento normativo.

Como señala el sitio web, muchos países cuentan con una amplia normativa para las empresas que almacenan datos de consumidores. En la UE, por ejemplo, existe el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El GDPR “impone medidas estrictas de seguridad de los datos” y se extiende a las empresas de fuera de la UE porque

se aplica a cualquier organización que procese o almacene datos personales sobre residentes del EEE, independientemente de la ubicación de la organización. Las sanciones por incumplimiento son significativas, con multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual, la cantidad que sea mayor.

El impacto de la regulación

Este tipo de normativa también existe en Estados Unidos. Connor Harris, miembro adjunto del Manhattan Institute, detalla ampliamente el impacto de la normativa en la interrupción de CrowdStrike. Destaca que la Orden Ejecutiva 14028 obliga a las agencias federales a utilizar el tipo de software que ofrece CrowdStrike. Pero eso no es todo. Como observa Harris:

Existen cuestiones normativas similares en muchas industrias privadas: por ejemplo, el Centro Federal de Examen de Instituciones Financieras, una agencia federal de Estados Unidos que regula los bancos, tiene una Herramienta de Evaluación de Ciberseguridad que detalla las expectativas de ciberseguridad, incluidas varias disposiciones que requieren una supervisión similar a EDR. Aunque el cumplimiento de la Herramienta de Evaluación de la Ciberseguridad es nominalmente voluntario, los auditores federales exigen cada vez más su cumplimiento.

Las normas antimonopolio también pueden estar influyendo en esta debacle. Craig Hale, redactor de Techradar, ha señalado que un portavoz de Microsoft ha argumentado que una decisión de 2009 de la Comisión Europea podría tener parte de culpa. En 2009, Microsoft intentó limitar hasta qué punto los sistemas de seguridad de terceros podían realizar determinadas funciones.

En aquel momento, muchos reguladores argumentaron que la limitación del acceso de Windows a terceras empresas era contraria a la competencia. La presión resultante hizo que Microsoft cediera, a pesar de que estas limitaciones habrían evitado un apagón de este tipo.

Captura normativa

Pero la perspicacia de Connor Harris no se queda ahí. Harris señala que los reguladores pueden tener preferencia por los líderes del sector en materia de ciberseguridad en lugar de por empresas nuevas y advenedizas. En sus palabras, “incluso las organizaciones dispuestas a crear plataformas de ciberseguridad a medida pueden encontrarse con que los auditores no cooperan: el camino de menor resistencia es utilizar lo que esperan ver”.

Harris se basa en una idea formulada por el ingeniero de software Mark Atwood en Twitter, quien sostiene que puede tratarse de un caso de captura reglamentaria.

https://x.com/_Mark_Atwood/status/1814390900510077018

Pero, ¿qué es la captura reglamentaria? La teoría de la captura normativa ha tenido muchos colaboradores, pero muchos citan al Premio Nobel de Economía George Stigler como principal exponente de la idea.

La mayoría de las normativas requieren una cierta pericia técnica para su elaboración. Los políticos y los burócratas aún más técnicos se ven obligados a recurrir a expertos externos para redactar normativas relacionadas con campos complejos.

El problema es que los principales expertos en un campo suelen ser miembros del propio campo. Así que si, por ejemplo, el Congreso quisiera redactar una ley de ciberseguridad, es posible que tuviera que apoyarse en las relaciones con personas de empresas establecidas como CrowdStrike.

Cuando se recurre a expertos que tienen relaciones con empresas para que ayuden a redactar normativas, es posible que lo hagan de forma favorable a los que están dentro de la industria y no a los de fuera. Así, la regulación es “capturada” por los sujetos de la regulación.

El dominio de CrowdStrike

No podemos decir con certeza que esta interrupción en particular sea el resultado de una captura intencionada de la regulación por parte de CrowdStrike, pero parece claro que el dominio de CrowdStrike es, al menos en parte, el resultado del entorno normativo y, como la mayoría de las grandes empresas tecnológicas, no temen gastar dinero en grupos de presión.

En cualquier caso, sin una normativa engorrosa, es poco probable que la ciberseguridad adoptara una forma tan centralizada. A pesar de ello, como suele ocurrir, los problemas causados por la regulación suelen dar lugar a más peticiones de regulación. Como señaló el economista Ludwig von Mises

La opinión popular atribuye todos estos males al sistema capitalista. Como remedio a los efectos indeseables del intervencionismo, piden aún más intervencionismo. Culpan al capitalismo de los efectos de las acciones de los gobiernos que siguen una política anticapitalista.

Así que, a pesar de la llamada reflexiva a la regulación que se produce después de cualquier catástrofe, quizá la mejor manera de evitar problemas como éste sería argumentar que, en términos de regulación, menos es más.

Ver también

Nodos domésticos: Tecnología anti frágil para nuestra libertad. (Fernando Parrilla).

El problema del campo no es la regulación, es la política

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

En España aún quedan algunos empresarios dignos de ese nombre. Amancio Ortega y Juan Roig son los más conocidos por la opinión pública, pero a mí me gusta resaltar a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, por el sacrificio que asume cada vez que concede largas entrevistas donde baja al barro del debate social, cuando lo cómodo sería imitar al resto de sus homólogos del IBEX.

Entre toda la sabiduría que transmite Clemente, siempre me he quedado con su decisión de evitar el mercado de viviendas para alejarse del brazo demagogo del regulador. En oficinas, logística y centros comerciales hay que cumplir con muchas leyes y reglamentos, pero al menos sabes que no te van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, y que, si tu contraparte tiene un CIF, en vez de un DNI, el campo de juego está equilibrado.

Y es que en España cuando se habla de nuestro exceso de regulación no se consigue transmitir la verdadera entidad del problema. No es que haya muchas leyes, que las hay, es que en muchos ámbitos mutan a voluntad de la política. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor directamente la ley es la voluntad del político.

El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid

Seguramente la mejor forma de explicarlo es por medio de un ejemplo: hace pocos días el pleno del ayuntamiento de Madrid aprobó que, en un edificio privado, una parte del mismo cambiara su uso de terciario a residencial. La historia la explicó muy bien un concejal del PSOE en su cuenta de X. Para resumirlo, un edificio singular de la capital fue dotado, por esas ocurrencias de los arquitectos de prestigio, de un espacio comunal en la última planta. Como esas ideas nunca funcionan, el espacio fue aprovechado para montar un restaurante y, una vez que este dejó de ser viable, no ha tenido uso durante años.

Lo lógico en cualquier país donde los ciudadanos sean dueños de su propiedad, es que una vez constatado que los usos comercial y comunal no eran viables, se hubiera reconvertido esos metros cuadrados en viviendas. El edificio está en una buena zona y sus viviendas son muy cotizadas, así que no existe problema económico a la realización de esta idea. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?

Cambiar el uso de un inmueble es algo costoso a nivel regulatorio. Pese al problema de acceso a la vivienda que existe en las grandes ciudades, los ayuntamientos tienden a no facilitar la gestión, más bien a entorpecer. Pero es que en este caso cumplir con la regulación no era suficiente. Al ser un edificio singular, cualquier cambio tiene que pasar por un pleno del ayuntamiento que dé su visto bueno. O, dicho de otra forma, necesitan del visto bueno de la política, no de la ley.

Lobbies y regulación

Los propietarios han tenido suerte, o contactos, y el cambio ha salido adelante. Pero, como se constata por el hilo del concejal socialista, la cosa podría haber sido distinta. Con el cambio, la propiedad gana, la comunidad de vecinos gana y el ayuntamiento gana, pero para el PSOE tocar el patrimonio de todos no era aceptable ni reconociendo que el proyecto era bueno para todos. Admitiendo así que la política tiene sus propios intereses, que no son los de todos.

Y este es el problema que está sacudiendo al sector primario español. La regulación es un impedimento para todos los sectores productivos. Pero el primario tiene la desgracia de ser un foco de la política. Especialmente de aquella que más alejada está de incentivos sanos: la política que se cuece en Bruselas. Nuestro campo es como un edificio singular. Formalmente, es propiedad privada. Pero en realidad la política es la que decide sobre su explotación.

Juan Ramón Rallo hizo tres vídeos donde se analiza el problema de nuestro sector primario. En ellos se dan las claves de la situación que ha llevado a las movilizaciones del sector el pasado mes, pero muchas personas del sector no lo entendieron así. En mi opinión, el principal punto de fricción es entender que cuando Rallo habla de problemas de mercado o externalidades negativas, no se está trasmitiendo que no es algo que a 2024 esté tasado y los profesionales del sector puedan incorporar al cálculo económico de su actividad. Al contrario, va mutando según la voluntad política y la acción de lobbies en Bruselas.

El caso de Pencho

Vamos a verlo con otro ejemplo. En el mundo real, los cultivos sufren un problema de daños por la acción de la fauna silvestre. Los animales que no nos comemos compiten con nosotros por los recursos agrícolas. Para evitar estos daños, los agricultores pueden recurrir a empresas cinegéticas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la consejería de medio ambiente determine. Estas empresas colocan trampas y capturan a los animales, bien para su sacrificio o bien para su reubicación en zonas forestales que precisen de repoblación.

La manipulación de animales silvestres vivos y su traslado es algo que se ha regulado de forma muy severa en las últimas décadas. El trabajo del trampero, que siempre ha sido artesanal, ahora requiere de permisos, licencias, instalaciones y veterinarios. Muchas personas han hecho un esfuerzo bastante importante para adaptarse a esto. Una de estas personas es un youtuber murciano conocido como Pencho. En sus vídeos muestra su día a día poniendo jaulas para capturar conejos y jabalíes en el campo murciano.

El negocio de Pencho es simple, cobra a los agricultores por capturar la fauna que les produce daños, y revende a los animales a cotos de caza u otras parcelas interesadas en repoblar. Por lo que muestra, es un trabajo duro, y él lo encara con un ánimo digno de admiración.

Pero un día Pencho recibió una notificación de la consejería. A los jabalíes capturados ya no los iba a poder trasladar. Le ordenaban sacrificarlos en la misma jaula donde los capturará. ¿Explicación? Órdenes de Bruselas sobre la peste porcina.

Regulación de Bruselas

En España no se ha detectado ningún caso de peste porcina. Y, de hecho, la única forma de detectarlo en fauna silvestre sería analizar a tantos animales como fuera posible, tarea que estas empresas podrían realizar al estar obligadas a analizar a los animales capturados antes de reubicarlos. Por tanto, estamos ante una orden política sin más base que la comodidad de seguir los dictados de Bruselas o, lo que sería peor, un intento de la administración española por evitar que se detecte ningún caso de esta enfermedad en España.

Sea como fuere, el hecho es que un negocio viable recién regulado pasa a estar seriamente dañado por una orden política. Y eso es el pan de todos los días para el sector primario.

La demagogia como guía

A veces son órdenes locales y otras, como la semana pasada, legislaciones enormes como la ley de Restauración de la Naturaleza. Un nombre muy bonito que no sabemos muy bien qué va a suponer en realidad, pero que todo el sector primario asume que va a recaer en sus espaldas. Y ese es el problema. La regulación actual es mala. Pero el daño lo produce la certeza de que esa regulación se substituirá en poco tiempo por otra peor.

Al final, los incentivos para salir de un sector que está sometido a la demagogia política son enormes. Nadie quiere invertir tiempo y dinero en un negocio que mañana puede dejar de ser viable por una de los miles de razones que los políticos tienen para intervenir en el medio ambiente y la alimentación.

Como dice Clemente, lo racional es evitar los sectores donde se mueve la política. Las consecuencias de que los mejores empresarios no hayan querido invertir en viviendas desde 2010 las tenemos delante todos. Ahora toca descubrir qué va a pasar con un sector primario que se abandona en masa por aquellos que saben explotarlo.

Ver también

Agricultura y política. (Francisco Capella).

El drama de la agricultura española. (Domingo Soriano).

La destrucción de las telecos europeas comienza en España

Escrito por Fernando Herrera en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La destrucción de las telecos europeas comienza en España

El mercado español de telecomunicaciones lleva unos meses bastante revuelto. Las telecos han dado titulares a la prensa un día sí y otro también. Una revisión rápida de los mismos comenzaría con la fusión Orange – MásMóvil, que lleva algún tiempo en los despachos de la Comisión Europea esperando a que ésta dé su beneplácito y, más importante aún, las condiciones en que lo da.

Cambios en Telefónica y Vodafone

Por su parte, Telefónica se vio sacudida en septiembre por la irrupción de un inversor procedente de Arabia Saudi, el operador STC, que había adquirido una participación del 4,9% en el accionariado del operador, y otro 5% mediante derivados a la espera de la autorización del gobierno español. La primera de las participaciones, per se, le colocaba ya como primer accionista de Telefónica.

El gobierno español aún no se ha manifestado formalmente. En cambio, sí ha anunciado que trataría de montar un plan liderado por la SEPI para hacerse con un 5% de Telefónica, lo que supondría el inicio de la nacionalización de una empresa que siempre fue de titularidad privada, y eso en pleno siglo XXI y con la Comisión Europea vigilando que no se distorsione la competencia en los mercados.

Por su parte, el BBVA, uno de los principales accionistas de Telefónica, ha afirmado que, no solo no quiere ampliar su participación en el operador, sino que dicha inversión ha dejado de ser estratégica y que la participación que ostenta está en venta. A ello se unen recientes informes de algunos bancos de inversión revisando a la baja su valoración de Telefónica.

Otra de las grandes telecos en España, Vodafone, acaba de ser vendido por su matriz al fondo de inversión Zegona, buen conocedor del mercado español. El precio acordado ha sido de 5.000 Millones de Euros, que todos los medios comparan con los 7.500 que pagó en 2015 Vodafone por Ono, y con los 25.000 que en su momento le costó a Vodafone comprar Airtel. Las cifras son muy contundentes y reveladoras de la destrucción de valor que han sufrido los accionistas del grupo inglés.

Un mercado muy competitivo

¿Es casualidad que todo esto esté ocurriendo precisamente en las telecos presentes en España? En absoluto. En realidad, lo que pasa es que el mercado español es el líder en competitividad de la Unión Europea, lo que suena muy bien, pero es terrible para un mercado cuando dicha competencia se basa en privilegios regulatorios en lugar de en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Las razones de dicho liderazgo son complejas, como todo fenómeno histórico. Pero se pueden radicar en los años en que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) estuvo paralizada ante la refundación del regulador llevada a cabo por el Gobierno en los años 2012-2015. Dicha parálisis dejó un hueco de libertad por el que se coló Telefónica: empezó a ofrecer productos con anchos de banda superiores a 30 Mbps, para los que, al no haber regulación, no tenía obligación de facilitar a sus competidores que los replicaran usando la propia red de Telefónica.

Ese “hueco” estimuló las inversiones de Telefónica en fibra óptica, y tuvo un efecto arrastre en sus principales competidores del moment. Las telecos se vieron obligados a acometer despliegues similares si querían mantener su posición competitiva. El fenómeno ha llevado a España a una situación única en el mundo, tanto por penetración de la tecnología (en pocos países del mundo llega la fibra a tantos hogares como en España) como en competencia (en ningún país del mundo se superponen tres redes NGN de distintos operadores en competencia)[1].

Diseño burocrático de la competencia

Sin embargo, nada de esto evitó que el regulador volviera a la carga contra las telecos, una vez despejadas las dudas institucionales. De nuevo, agentes que no habían hecho inversiones en la red necesaria para prestar servicios, pudieron beneficiarse de privilegios para entrar al mercado y competir con los que sí lo habían hecho, usando las redes de estos. Pero, insisto, dando lugar a una competencia artificial basada en ventajas regulatorias y no en una mejor satisfacción de los clientes (ya que se limita a replicar los productos que ofrece el operador inversor a un precio más bajo, solo rentable por las obligaciones regulatorias), o sea, una competencia insostenible y destructiva.

Esta competencia insostenible entre telecos termina necesariamente con la salida de operadores del mercado, típicamente mediante su adquisición por parte de alguno de los que se queda[2]. Es precisamente en este punto en el que se encuentran MásMóvil y Orange. Pero, claro, de acuerdo a la normativa europea, estas operaciones tienen que ser autorizadas por la Comisión Europea, la inefable DG Competencia, para asegurar que no perjudican a los clientes europeos. Pues bien, la citada DGCOMP decidió hace tiempo que tiene que haber cuatro operadores en un mercado como el español, sin que no se sepa muy bien cual es la base científica de tal umbral.

¿Cómo asegura la CE que tal número se va a mantener? Lo que hace es decirles a los operadores que se quieren juntar que solo les dejará si dan condiciones privilegiadas de acceso a su red a un nuevo entrante o agente ya existente menor. Y vuelta la burra al carro: se introduce un competidor artificial en el mercado, y se mantienen los problemas de sostenibilidad, creando otro ciclo de destrucción de valor, y así hasta el vacío.

Intervención e inseguridad

En muchos países europeos se va haciendo acuciante esta necesidad de consolidarse por algunos de sus operadores, pero todos tienen muchas dudas sobre si la Comisión Europea autorizaría las operaciones y, sobre todo, en qué condiciones. Como montar fusiones entre empresas grandes para que luego las torpedeen no es precisamente barato, nadie quería tirar esa primera piedra. Nadie quiere probar las aguas para ver si la DGCOMP había cambiado su posición a la vista del desastre en el valor del sector. Que al final fueran MásMóvil y Orange las que se tiraran a la piscina se explica, precisamente, por el mayor grado competitivo en el mercado español, que debía hacerles imposible mayor espera.

Y pasaron los meses con todo el sector en vilo: ¿autorizaría la CE la concentración sin condiciones, o volvería a imponer la creación de un competidor artificial? Lo primero quizá posibilitaría la reconstrucción del valor del sector y la vuelta de los inversores al mismo; pero, lo segundo, quizá supusiera un mazazo al sector ya sin posibilidad de marcha atrás. Aún no sabemos qué hará la DGCOMP, pero los rumores y las noticias desde hace unas semanas no invitan para nada al optimismo, salvo para el operador rumano DIGI que podría resultar el ganador en la tómbola de los privilegios regulatorios.

La situación de Telefónica

Así las cosas, Vodafone, quien sufre la regulación europea en más países que España, ha debido de dar la cosa por muerta, y ha liquidado su inversión en España a precio de saldo. Si va a entrar otro operador artificial en un entorno tan competitivo como el español, podrían perder aún más dinero. El entrante Zegona lo hace en condiciones mucho mejores de la que lo hizo Vodafone en su momento, ya que las pérdidas se las han comido los accionistas de Vodafone, y el nuevo Vodafone España podrá bajar sus precios y ser rentable. No es lo mismo recuperar una inversión de 30.000 Millones de Euros que de 5.000.

Respecto a Telefónica, la cosa es mucho más complicada. Dejando de lado posibles motivaciones políticas, la entrada de STC en septiembre podría interpretarse en clave especulativa: comprar a un precio relativamente bajo un operador que se podía revalorizar considerablemente si la DGCOMP autorizaba MásMóvil-Orange sin crear otro competidor. Con la información que se maneja ahora, ya no estaría tan claro que la decisión hubiera sido acertada en esta clave, lo que es coherente con la decisión descrita más arriba del BBVA y los análisis a la baja de los bancos de inversión.

En todo caso, lo que es indiscutible es que Telefónica, que llegó a valer 100.000 millones de Euros, a los 20.000 millones que cotiza en la actualidad podría ser un bocado apetecible. Y ahí tenemos otra manifestación de la brutal destrucción de valor del sector, destrucción que es aún más llamativa si tenemos en cuenta que se ha producido mientras todo el mundo se compraba teléfonos móviles y se conectaba a Internet.

Comprender el mercado desde la teoría económica

No olvidemos el valor que cobraron las telecomunicaciones en todo el mundo cuando los gobiernos decidieron confinarnos en nuestras casas en respuesta al COVID. Pues con toda esa evidente creación de valor para la gente, con poco parangón en la historia, resulta que las telecos están tiradas de precio.

Y, ya que hemos hablado de gobiernos, un apunte económico sobre los planes del español para la nacionalización parcial vía la SEPI. A cualquier conocedor de la teoría de control de precios de Ludwig von Mises le resultará poco sorprendente el movimiento, toda vez que dicha teoría nos explica que cualquier regulación efectiva de precios (y en el mercado de telecos hay unas cuantas) termina necesariamente en planificación central, si el Gobierno quiere que funcione[3]. La podríamos resumir de la siguiente manera: la única forma que tiene un Gobierno de que el mercado haga lo que él quiera es asumiendo la producción en el mismo. Claro, que entonces el mercado hará lo que quiere el Gobierno y no los individuos, y su sostenibilidad dependerá de impuestos y voluntades políticas. Nada que no sepamos ya sobre el maravilloso funcionamiento de los servicios públicos.

Como se observa, nada de lo sucedido era tan inesperado como pueda parecer a los desconocedores de la teoría económica, aunque sea imprevisible la forma en qué ocurriría. La política europea de telecomunicaciones consiste en repartir la tarta entre los consumidores sin preocuparse mucho de quién la hace. Y parece que la tarta se está acabando ya en España, y posiblemente tampoco quedé mucho más en otros países europeos. Cuando nos quedemos sin tarta, ¿seguirá presumiendo la Comisión Europea de que vela por los intereses de nuestros conciudadanos?

Notas

[1] El lector interesado en esta evolución de las telecos en España. podrá ahondar más en esta tesis aquí: https://www.aei.org/technology-and-innovation/telecommunications/miracle-ftth-deployment-spain/

[2] Esto lo explico con más detalle aquí: The Indivisibility of Telecommunications Networks: A Possible Explanation for Past and Present Trends in Telco Mergers. Competition Policy Internationa, Noviembre 2022.

[3] Ver: Herrera-González, F. & Castejon, L. (2009). The endless need for regulation in telecommunication: An explanation. Telecommunications Policy. 33. 664-675.

Ver también

Las telecomunicaciones frente al coronavirus. (Fernando Herrera).

La ‘totalización’ de internet en Europa. (Fernando Herrera).

¿Equipaje de mano gratis? Ni en broma

Escrito por Fernando Herrera en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Equipaje de mano gratis? Ni en broma

Saludan con alborozo los medios la inminente decisión por la que la Comisión Europea va a impedir a las compañías aéreas el cobro de un precio adicional por el equipaje de mano. Tal alegría es inquietante, pues revela la completa ignorancia económica de la mayoría de los periodistas, esos ojos que nos permiten ver más allá de nuestro entorno próximo, cuyo desconocimiento conduce a constantes engaños ópticos.

En este caso, además de ignorancia económica, revela una profunda ignorancia histórica, pues la evidencia empírica está allí y la conoce todo el mundo. Los vuelos empezaron a bajar de precios precisamente con la entrada de esas compañías que llamamos “low cost”, cuya principal característica era que ofrecían el vuelo por separado, para luego intentar cobrarnos por todo lo que tradicionalmente venía incluido en el billete, como el equipaje, la comida o la elección de asiento. Es indiscutible que la entrada de compañías con estos esquemas comerciales abarató el precio de un servicio que hasta ese momento casi se consideraba de lujo.

La prohibición encarecerá los vuelos

Por tanto, a priori, un movimiento en la misma dirección, separar del pago del vuelo el de un servicio auxiliar como es el equipaje de mano, tenderá a hacer que baje el precio del billete del vuelo, de la misma forma que ocurrió antes cuando se desempaquetaron de dicho precio el equipaje de bodega o la comida.

Pues no: hay periodistas que nos quieren hacer creer que así los viajes serán más baratos, e incluso llegan a calificar la práctica de pretender cobrar por el equipaje de mano como “abusiva”. La realidad es que ocurrirá todo lo contrario: esta prohibición hará que los viajes en avión sean más caros. Es más, es esta prohibición la que será abusiva, ya que obligará a las compañías a cobrar a todo el mundo por el equipaje de mano, lo quiera o no. Y es que, en el fondo, la prohibición de la CE tiene claros beneficiarios: las compañías aéreas.

Para entender por qué, empecemos por lo básico. En un mercado no intervenido, los bienes producidos tienden a satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los individuos. Las empresas que lo hagan mal, perderán rentabilidad y eventualmente desaparecerán del mercado.

Oportunidad de beneficio

Aceptemos que, en un momento concreto, los clientes de vuelos están pagando billetes que incorporan todas las facilidades: equipaje de mano, equipaje en cabina, elección de asiento y comida. En este escenario, puede haber una compañía que se dé cuenta que muchos pasajeros no facturan equipaje, y que puede haber una oportunidad de negocio en ofrecer billetes de menor precio sin derecho a equipaje facturado, y cobrar un extra al cliente que quiera facturar.

A priori, no se puede saber lo que dirá el mercado. Ahora ya sabemos qué tal oferta fue un éxito, y de hecho son poquísimas las compañías que en la actualidad no han separado del precio del vuelo el equipaje de bodega. Así se consiguieron vuelos más baratos para todo el mundo, a costa de que aquellos pasajeros que quieran facturar equipaje seguramente paguen más que cuando compraban el billete completo. Como resulta que una mayoría de pasajeros prefiere pagar menos y no facturar equipaje, el esquema comercial es viable y el bienestar agregado de todos los consumidores mejora.

Separar los servicios y ponerles un precio

Esta práctica de “desempaquetamiento” de productos permite dar mayor transparencia a las necesidades de los individuos y así ajustar mejor los precios a los servicios que cada uno requiere. En el fondo, impide que unos clientes, los de uso menos intensivo, subvencionen las necesidades de los otros. Si todos pagamos como si fuéramos a facturar equipaje, es claro que a los que finalmente facturan les va a salir más barato a costa de todos los que no hemos facturado y, sin embargo, hemos pagado como si fuéramos a hacerlo.

Es por ello también que la Comisión Europea, que ahora obliga a las aerolíneas a “empaquetar” el vuelo con el equipaje de mano, considera el “empaquetamiento de productos” como algo abusivo y a vigilar cuando lo hacen compañías dominantes en sus mercados.

Haciendo un análisis muy similar al descrito, si sustituimos equipaje en bodega por equipaje de mano, es claro que la tendencia de los precios del vuelo sin más sería a bajar. Con este “desempaquetamiento”, solo pagarán por llevar equipaje de mano aquellos que realmente lo lleven, y no todos los demás pasajeros que no lo llevamos, o que hemos optado por facturarlo en bodega pagando un plus. Así pues, ¿equipaje de mano gratis? Ni en broma.

Los intereses detrás de la regulación

Pero, una vez más, nos queda el lado más oscuro de esta propuesta. Si ya hemos visto que los pasajeros no se benefician, ¿quién puede querer esta norma? Está claro que el sospechoso más cercano está en el otro lado de mercado, las compañías aéreas. Esto es así porque reducen sus posibilidades de competir, de hacerse pupa. Si recordamos el esquema inicial, el del vuelo con todas las facilidades empaquetadas, es fácil entender que era una situación muy cómoda para las aerolíneas, que cobraban por todo, lo demandara o no el cliente.

Esta situación solo se pudo romper por unos competidores que querían ganar cuota de mercado, y sacrificaron el margen que daba el empaquetamiento a cambio de conseguir clientes, y complicar la vida a los agentes existentes. En el fondo, ahora ocurre lo mismo: si tiene éxito lo de cobrar por el equipaje de mano, los billetes bajarán y las demás compañías tenderán a imitar la práctica del primero en hacerlo. Al final del ciclo, los clientes estarán mejor servidos y las aerolíneas relativamente peor.

Colusión

¿Cómo pueden las compañías evitar este ciclo? Poniéndose todas de acuerdo en no separar el cobro del equipaje de mano del vuelo. Pero como ese acuerdo sería colusorio y posiblemente punible por las autoridades de competencia, entre ellas la propia Comisión Europea, acuden a ésta para que se ponga el gorro de regulador y haga una norma que obligue a un acuerdo que su otra mano perseguiría.

Ya solo queda que la Comisión Europea venda la mercancía como algo que hace en el interés de los usuarios, y que los terminales mediáticos ignorantes y acríticos se hagan eco diciendo que se abaratarán nuestros viajes en avión.

Así pues, lo repito: ¿Equipaje de mano gratis? Ni en broma.

Ver también

Mitos sobre la regulación para la competencia. (Fernando Herrera).

Integración vertical y evolución de la industria. (Adrià Pérez Martí)

Private roads: Response to Zhang and Levinson

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Archivo de publicaciones.

“Paper” original escrito por: Walter Block.

Archivo pdf original aquí.

Abstract:

Zhang and Levinson (2009) have joined the ranks of those who seriously contemplate a private road and highway industry. But their support for privatization is a limited one. The present paper is an attempt to obviate their support for restricting the economic freedom of private street and road owners.
Purpose of this paper: to promote road privatization
Design/methodology/approach: criticize Zhang and Levinson
Findings: Zhang and Levinson are fair weather friends of privatized highways
What is original/value of paper: road privatization will save thousands of lives.

Key words:

Traffic fatalities; congested highways; privatization; deregulation

JEL category:

R00

Private roads: Response to Zhang and Levinson

I wish to welcome Zhang and Levinson (2009) to the ranks of scholars who at least seriously consider the case for free enterprise roads, highways, streets, etc.

Why is it so important that these ranks be swelled? There are two reasons, one crucially imperative, the other of no little importance. The first is the fact that some 40,000 people in the U.S. perish annually from highway fatalities, and this is the fault of public ownership. Privatization is the last best hope for radically reducing this horrid statistic. The second, a minor reason compared to that one, but very important in its own right, is traffic congestion. This costs the American economy millions of dollars per year, and even fits into the first consideration in a minor way: road rage is enhanced by traffic congestion, and this in and of itself leads to road deaths.

The usual explanation given for traffic fatalities is speed, driver inattention, drunkenness and drugged driving, bad weather conditions, etc. But this is totally fallacious. Rather, the massive killings are due to the failure of government road managers to deal with these challenges. If there were private profit and loss making entrepreneurs in charge, the death rate would be radically reduced due to competition. Similarly, under private enterprise it is more than likely that peak load pricing would be introduced, and traffic congestion would be a phenomenon of the past.

So I once again repeat my congratulations to Zhang and Levinson (2009) for joining the ranks of scholars who seriously contemplate, and often even advocate, privatization of this industry. Unfortunately, this welcome must come accompanied by an asterisk. For, instead of favoring a fully free enterprise private enterprise road industry, they invite in, only, one that is greatly constrained and hemmed in by a welter of restrictions and regulations.

What is their reasoning on this matter? What are their reservations about full laissez faire in this sector of the economy? They are not fully weaned away from road socialism on these; following grounds:

“… private roads possess spatial monopoly power and will likely charge higher-than-optimal tolls on their users, leading to welfare losses. In addition, market entry barriers due to high construction cost and demand uncertainty imply that the private road economy is not a perfect market.”

This is highly problematic. Every geographical business has “spatial monopoly power.” This applies not only to “long, thin things” such as pipelines, railroads, water and sewer lines, telephone lines, etc. It also pertains to each and every commercial enterprise that takes up space, which means each and every one of them without exception. For example, bakeries, shoe stores, groceries, pharmacies, hotels, etc. How can we prove any such claim? It is simple: two things cannot occupy the same relevant space at the same time. If the jewelry store occupies 123 Elm Street in Nowhere, USA, then the filling station cannot also have this as its address.

Then, consider the claim that private roads will “charge higher-than-optimal tolls.” There are difficulties here. For one thing, this is predicated upon an outdated, mischievous understanding of monopoly versus perfect competition. Among the other fallacies of this perspective are that it involves invalid interpersonal comparisons of utility. How does the state know what the optimal price for road usage would be? To think that it does is to ignore the contributions of many economists to the debate over socialist calculation. If we have learned anything from this debate, it is that central planners, in the absence of market prices, cannot rationally plan. Yet, it is the very market prices that would emanate under road privatization that Zhang and Levinson are advocating be undermined.

For another, this relies upon the institution, the government, which is responsible for the massive traffic deaths in the first place. These authors in effect are relying on one branch of the government, the anti-trust regulators, to overcome the flaws in the polices of another branch, those in charge of roads, streets and highways. Suppose one division of a supermarket created problems, let us suppose the meat and butcher section. Would we choose to ameliorate this another branch, for example that which deals with fruit and vegetables? They would hardly be our first choice, since we would look to the root of the initial difficulty and see that entire institution as problematical.

Zhang and Levinson continue their rejection of a fully free market for highways:

“Therefore, comparing a centralized public ownership with an unregulated private ownership is not fair because in theory, proper regulations on private roads can improve welfare…. Limited by the length of the paper, we will only consider the price ceiling regulation in which a global maximum toll level (e.g., $3 per km) is set for all private roads.”

Very much to the contrary, it is exceedingly fair to
compare a centralized public ownership with an unregulated private ownership. The present situation, it bears repeated, creates some 40,000 needless deaths per year. The best estimate for the number of needless fatalities in the latter case is around 10,000. Thus, 30,000 people could be saved on an annual basis. It is not only “fair” it is imperative to compare these two very different systems of road management. Many innocent lives are at stake.

If economics 101 teaches us anything, it is that a price ceiling at any level brings about a shortage. We all can picture the supply and demand drawing with an illustrated maximum price placed below equilibrium. What ensues? Well, demand exceeds supply and we have a shortage. Even on the basis of interventionist neo-classical economics, it simply makes no sense to impose a “$3 per km” on every roadway. Surely, the supply and demand conditions would not be homogeneous all throughout the entire country. And also if we want to have a full employment enactment for economists, we should spend vast amounts of treasure on us dismal scientists so that we can figure out which price ceilings should be placed upon which streets and avenues?

The next arrow in the quiver of is this:

“For any regulatory policy, there is also the issue of optimal regulation. In the case of price ceiling, the optimal ceiling price that maximizes social welfare needs to be determined so that the full potential of the regulation can be appreciated.”

Here, these authors are entirely correct. It is indeed important to determine “the optimal ceiling price.” But, from reading in between the lines, one gets the impression that in their view it would be impossible for the optimal ceiling price to be none at all. Rather, what they appear to have in mind is some price, perhaps not the exact same for all roads that lies below equilibrium. But why will the “full potential” be realized when shortages are created? Who benefits from when demand exceeds supply? It is difficult to see that anyone would, except for the bureaucrats charged with rationing a limited supply amongst numerous customers. However, we already have just that situation: traffic congestion. And, we already have a maximum price set below equilibrium, at present. It is a zero price.

Last but not least, Zhang and Levinson deviate from the free enterprise position as follows:

“When the ceiling price is too high, its influence on private roads’ pricing and investment decisions is marginal. When it is too low, private roads may not be willing to expand an under-built network to the optimal capacity level. We identify the optimal ceiling price by simulating a large number of alternative ceiling prices (i.e., from $0 to $10 per km in $0.1 increments) and evaluating the corresponding welfare measures. Although a global ceiling price for all links is assumed herein for simplicity, the optimal ceiling price in theory could vary on a link-by-link basis.”
Happily, our authors make the best of a bad business by allowing that regulated prices cannot be of a one size fits all variety. Their comment about high ceilings being marginal is also in the right direction. If they are high enough, they will have no effect whatsoever. For example, if the maximum price allowed is $1 million per inch travelled, it would not “bite” at all. But then comes the full employment for economists consideration: doing empirical research on this matter.

I, along with all other dismal scientists approve of this as a matter of instinct. But not when so many innocent lives are at stake. Let us have instead full free enterprise, unencumbered by price controls, and a radical reduction in traffic fatalities.

References:

Anderson, William. 2007. “Roads, Bridges, and Socialist Capital” http://www.mises.org/story/2670

Baird, Charles. 1980. Rent Control: The Perennial Folly, Washington D.C.: The Cato Institute

Barnett, William, Walter E. Block and Michael Saliba. 2005. “Perfect Competition: A Case of ‘Market-Failure,’” Corporate Ownership & Control. Vol. 2, No. 4, summer, p. 70-75

Beito, David T. 1988. “Voluntary Association and the Life of the City,” Humane Studies Review, Fall

Beito, David T. 1989. “Owning the Commanding Heights,” Essays in Public Works History, vol. 16.

Beito, David T. 1993. “From Privies to Boulevards: The Private Supply of Infrastructure in the United States during the Nineteenth Century,” in Jerry Jenkins and David E. Sisk, eds., Development by Consent: The Voluntary Supply of Public Goods and Services. San Francisco: 23-48.

Beito, David T. and Linda Royster Beito. 1998. “Rival Road Builders: Private Toll Roads in Nevada, 1852-1880,” Nevada Historical Society Quarterly 41 (Summer), 71-91

Benson, Bruce. 2005. “The Mythology of Holdout as a Justification for Eminent Domain and Public Provision of Roads.” Independent Review. Vol. 10, No. 2, Fall, pp. 165-194

Benson, Bruce L. 2007. Private Policing and Private Roads: A Coasian Approach to Drunk-Driving Policy. Economic Affairs, Vol. 27, Issue 4, pp. 30-38, December 2007. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1044347 or http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0270.2007.00777.x

Block, Walter E. 1983. “Theories of Highway Safety,” Transportation Research Record, #912, 1983, pp. 7-10.

Block, Walter E. 1996. “Road Socialism,” International Journal of Value-Based Management, Vol. 9, pp. 195-207

Block, Walter E. 1998. “Roads, Bridges, Sunlight and Private Property: Reply to Gordon Tullock,” Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Vol. 8, No. 2/3, June-September, pp. 315-326

Block, Walter E. 2002. “A critique of the legal and philosophical case for rent control,” Journal of Business Ethics, Vol. 40, pp. 75-90;

Block, Walter E. 2009A. The Privatization of Roads and Highways: Human and Economic Factors; Auburn, AL: The Mises Institute

Block, Walter E. 2009B. “Public-Private Partnerships: The Worst of Both Worlds,” May 6;
http://www.freedompolitics.com/articles/public-897-socialism-partnerships.html

Block, Walter E., William Barnett II and Stuart Wood. 2002. “Austrian Economics, Neoclassical Economics, Marketing and Finance,” Quarterly Journal of Austrian Economics, Summer, Vol. V, No. 2, pp. 51-66

Block, Walter and Block, Matthew. 1996. “Roads, Bridges, Sunlight and Private Property Rights,” Journal Des Economistes Humaines Et Des Etudes, Vol. VII, No. 2/3, June-September

Block, Walter E., Joseph Horton and Ethan Shorter. 1998. “Rent Control: An Economic Abomination,” International Journal of Value Based Management, Vol. 11, No. 3, pp. 253-263

Block, Walter E., and Edgar Olsen, eds. 1981. ”Rent Control: Myths and Realities, Vancouver, The Fraser Institute

Boettke, Peter J. 2001. Calculation and Coordination: Essays on Socialism and Transitional Political Economy. London: Routledge, 2001. http://www.mises.org/etexts/cc.pdf

Boiteux, M. 1960. Peak-Load Pricing. The Journal of Business, 33(2), 157–179. http://www.jstor.org/stable/2351015

Butler, Eamonn, ed. 1982. Roads and the Private Sector. London: Adam Smith Institute

Butler, Eamonn, ed. 1988. The Mechanics of Privatization, London: Adam Smith Institute

Caplan, Bryan. 1996. “A Practical Proposal for Privatizing the Highways and Other ‘Natural’ Monopolies.” Economic Notes 72. Libertarian Alliance, London

Carnis, Laurent. 2001. “Management versus Ownership: The Road-Privatization Debate.”
The Quarterly Journal of Austrian Economics vol. 4, no. 2: pp. 51-59
http://www.mises.org/journals/qjae/pdf/qjae4_2_4.pdf

Carnis, Laurent. 2003. “The Case for Road Privatization: A Defense by Restitution.” Journal des Economistes et des Etudes Humaines. Vol. 13, No. 1, pp. 95-116

Cadin, Michelle, and Block, Walter E. 1997. “Privatize the Public Highway System,” The Freeman, February, Vol. 47, No. 2., pp. 96-97.

Childs, Roy A., Jr. 1977. “The invisible hand strikes back,” The Journal of Libertarian Studies, Vol. 1, No. 1, Winter, pp. 23-34

Cobin, John, M. 1999. Market Provisions of Highways: Lessons from Costanera Norte. Planning and Markets, Volume 2, Number 1.

De Palma, Andre and Robin Lindsey. 2000. “Private toll roads: Competition under various ownership regimes,” The Annals of Regional Science, Vol. 34, pp. 13-35.

De Palma, Andre and Robin Lindsey. 2001. “A Model of Curb Rights In Private Urban Transit Markets,” Canadian Transportation Research Forum, Proceedings of the 36th Annual Conference, pp. 581-596

Diamond, Jr., Arthur M. 1987.”The Intergenerational Invisible Hand: A Comment on Sartorius’s ‘Government Regulation and Intergenerational Justice,” The Journal of Libertarian Studies, Vol. 8, No. 2, Summer, pp. 269-274

DiLorenzo, Thomas J. 2004. “Long Lines and Cleared Markets.”
https://mises.org/wire/long-lines-and-cleared-markets

DiLorenzo, Thomas. 2011. “A Note on the Canard of ‘Asymmetric Information’ as a Source of Market Failure.” Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 14, No. 2, 249–255, Summer
http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae14_2_6.pdf

DiLorenzo,Thomas. 2016. The Problem with Socialism. Washington, DC: Regnery Publishing

Ebeling, Richard M. 1993. “Economic Calculation Under Socialism: Ludwig von Mises and His Predecessors,” in Jeffrey Herbener, ed., The Meaning of Ludwig von Mises, Norwell, MA: Kluwer Academic Press, pp. 56-101

Flew, Anthony. 1987. “Social Science: Making Visible the Invisible Hands,” The Journal of Libertarian Studies, Vol. 8, No. 2, Summer, pp. 197-212

Foldvary, Fred. 1994. Public Goods and Private Communities: The Market Provision of Social Services. Edward Elgar.

Friedman, Milton and George Stigler. 1946. “Roofs or Ceilings?,” September, Irvington-on-Hudson: Foundation for Economic Education, http://www.fee.org/library/books/Roofs_or_Ceilings.asp; reprinted as Friedman, Milton, and George Stigler. 1981. “Roofs or Ceilings?” in Rent Control: Myths and Realities, Walter E. Block and Edgar Olsen, eds., Vancouver: The Fraser Institute.

Gallant, A. Ronald and Roger W. Koenker. 1984. “Costs and benefits of peak-load pricing of electricity: A continuous-time econometric approach.” Journal of Econometrics
Volume 26, Issues 1–2, September–October, Pages 83-113

Galles, Gary. 2017. “Rent Control Makes for Good Politics and Bad Economics.” April 9; https://mises.org/blog/rent-control-makes-good-politics-and-bad-economics

Garrison, Roger W. 1985. “Intertemporal Coordination and the Invisible Hand: An Austrian Perspective on the Keynesian Vision,” History of Political Economy vol. 17, no. 2 (Summer), pp. 309-21

Gordon, David. 1997. “No Contest: review of Perfect Competition and the Transformation of Economics, by Frank M. Machovec, Routledge, 1995.” Mises Review, Vol. 3, No. 3, Fall;
http://mises.org/misesreview_detail.aspx?control=17

Grampp, W.S. 1950. “Some Effects of Rent Control,” Southern Economic Journal, April, pp. 425-426

Grant, R.W. 1989. “Rent Control and the War Against the Poor,” Manhattan Beach, CA: Quandary House

Hayek, Friedrich A. 1935A. “Socialist Calculation Debate: The Present State of the Debate” In Friedrich A. Hayek (Ed.), Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibility of Socialism. London: Routledge and Kegan Paul. 1935. Pp. 201-43.

Hayek, Friedrich A. 1935B. “The Nature and History of the Debate.” In Friedrich A. Hayek (Ed.), Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibility of Socialism. London: Routledge and Kegan Paul. 1935. Pp. 1-40.

Hayek, Friedrich A. 1940. “Socialist Calculation: The Competitive ‘Solution'”. Economica, Vol. 7 (May): 125-49.

Hayek, F.A. 1948. “Socialist Calculation I, II, & III,” Individualism and Economic Order, Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, Friedrich A. 1964. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press.

Hayek, Friedrich A. 1981. “The Repercussions of Rent Restrictions,” Rent Control: Myths and Realities, Walter E. Block, ed., Vancouver: The Fraser Institute

Hayek, Friedrich A. 2010. “The Meaning of Competition.” March 15;
http://mises.org/daily/4181

Hazlitt, Henry. 2008 [1946]. Economics in One Lesson. Auburn, AL: Mises Institute;
http://mises.org/books/economics_in_one_lesson_hazlitt.pdf

Hibbs, John and Gabriel Roth. 1992. Tomorrow’s Way: Managing roads in free society. London: Adam Smith Institute; http://www.adamsmith.org/sites/default/files/images/uploads/publications/TomorrowsWay.pdf

Hoff, Trygve J.B. 1981. Economic Calculation in a Socialist Society, Indianapolis: Liberty Press

Hoppe, Hans-Hermann. 1989. A Theory of Socialism and Capitalism. Economics, Politics, and Ethics, Boston: Kluwer Academic Publishers. http://www.hanshoppe.com/publications/Soc&Cap.pdf

Hoppe, Hans-Hermam. 1993. The Economics and Ethics of Private Property: Studies in Political Economy and philosophy (Boston: Kluwer Academic Publishers,

Johnson, M. Bruce, ed. 1982. ”Resolving the Housing Crisis: Government Policy, Decontrol, and the Public Interest, San Francisco: The Pacific Institute

Lewin, Peter, and Steven Phelan. 1999. “Firms, Strategies, and Resources.” Quarterly Journal of Austrian Economics 2, no. 2: 1-18.; http://mises.org/journals/qjae/pdf/qjae2_2_1.pdf

Lindbeck, Assar. 1972. The Political Economy of the New Left, New York: Harper and Row; cited in Rydenfelt, Sven, “The Rise, Fall and Revival of Swedish Rent Control,” in Rent Control: Myths and Realities, Walter E. Block and Edgar Olsen, eds., 1981. Vancouver: The Fraser Institute, 1981, pp. 213, 230.

Klein, Dan. 1990. “The Voluntary Provision of Public Goods? The Turnpike Companies of Early America,” Economic Inquiry, October, pp. 788-812

Klein, Dan and Fielding, G.J. 1992. “Private Toll Roads: Learning from the Nineteenth Century,” Transportation Quarterly, July, pp. 321-341.

Klein, Dan and Fielding, G.J. 1993A. “How to Franchise Highways,” Journal of Transport Economics and Policy, May, pp. 113-130

Klein, Dan and Fielding, G.J. 1993B. “High Occupancy/Toll Lanes: Phasing in Congestion Pricing a Lane at a Time,” Policy Study, No. 170, Reason Foundation, November 1993

Klein, Dan, Majewski, J., and Baer, C. 1993A. “From Trunk to Branch: Toll Roads in New York, 1800-1860,” Essays in Economic and Business History, pp. 191-209

Klein, Dan, Majewski, J., and Baer, C. 1993B. “Economy, Community and the Law: The Turnpike Movement in New York, 1797-1845, The Journal of Economic History, March, pp. 106-122

Knipping, Oliver and Richard Wellings. 2012. Which Road Ahead – Government or Market? IEA: London. http://www.iea.org.uk/publications/research/which-road-ahead-government-or-market

Lemennicier, Bertrand. 1996. “La Privatisation des rues,” Journal Des Economistes Et Des Etudes Humaines, Vol. VII, No. 2/3, June-September, pp 363-376

Machovec, Frank M. 1995. Perfect Competition and the Transformation of Economics. Routledge

Mises, Ludwig von [1922] 1981. Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Translated by J. Kahane. Indianapolis: Liberty Fund; http://mises.org/books/socialism/contents.aspx

Mises, Ludwig von. 1975[1933]. “Economic Calculation in the Socialist Commonwealth,” in Hayek, F.A., ed., Collectivist Economic Planning, Clifton, N.J.: Kelley

Mises, Ludwig von. 1977. A Critique of Interventionism, New Rochelle, N.Y.: Arlington House; http://www.mises.org/etexts/mises/interventionism/contents.asp

Mkrtchian Gor. 2019. “Why Private Roads Would Have Fewer Traffic Jams.” https://mises.org/power-market/why-private-roads-would-have-fewer-traffic-jams

Mohring, Herbert. 1970. “The Peak Load Problem with Increasing Returns and Pricing Constraints,” American Economic Review, 60(4), September, 693-705.

Myrdal, Gunnar. 1965. “Opening Address to the Council of International Building Research in Copenhagen”; cited in ”Dagens Nyheter (Swedish Newspaper), 25 August 1965, p. 12; cited in Rydenfelt, Sven, “The Rise, Fall and Revival of Swedish Rent Control,” in Rent Control: Myths and Realities, Walter E. Block and Edgar Olsen, eds., 1981.

National Highway Traffic Safety Administration. Undated. United States Department of Transportation. https://www.nhtsa.gov/

Peltzman, Sam. 1975. “The Effects of Automobile Safety Regulation.” Journal of Political Economy; Vol. 83, No. 4, August pp. 677–726. https://www.jstor.org/stable/1830396

O’Toole, Randal. 2009. Gridlock. Washington D.C.: Cato Institute.

Perrie, Victoria and Walter E Block. 2018. “Rent control and public housing.” Political Dialogues: Political Dialogues: Journal of Political Theory. pp. 49-56; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DP/article/view/DP.2018.004/16658

Reisman, George. 2005. “Platonic Competition.” December 20;
http://mises.org/daily/1988; https://mises.org/library/platonic-competition

Roth, Gabriel. 1966. A Self-financing Road System, London, England, The Insitute of Economic Affairs.

Roth, Gabriel. 1967. Paying for Roads: The Economics of Traffic Congestion, Middlesex, England: Penguin.

Roth, Gabriel. 1987. The Private Provision of Public Services in Developing Countries, Oxford: Oxford University Press

Roth, Gabriel. 2006. Street Smart. Independent Institute

Roth, Gabriel and Eamonn Butler. 1982. Private Roads Ahead: Ways of Providing Better Roads Sooner. London: Adam Smith Institute

Rothbard, Murray N. 1961. “Competition and the Economists.” May;
http://mises.org/daily/5732/Competition-and-the-Economists; https://mises.org/library/competition-and-economists

Salerno, Joseph. 2011. “Perfect Competition: “Gobble”-degook,” November 24;
http://blog.mises.org/19459/perfect-competition-gobble-degook/

Salin, Pascal. 1996. “Cartels as Efficient Productive Structures.” The Review of Austrian Economics. Vol. 9, No. 2, pp. 29-42; http://www.mises.org/journals/rae/pdf/rae9_2_2.pdf

Salins, Peter D. 1980. The Ecology of Housing Destruction: Economic Effects of Public Intervention in the Housing Market, New York: New York University Press.

Schrepel, Thibault. 2015. “’Perfect Competition’ and Antitrust” May 6; https://mises.org/library/perfect-competition-and-antitrust

Semmens, John. 1981. “Road to Ruin,” The Freeman, December

Semmens, John. 1983. “The Privatization of Highway Facilities,” Transportation Research Forum, November

Semmens, John. 1985. “Highways: Public Problems and Private Solutions,” The Freeman. March

Semmens, John. 1987A. “Intraurban Road Privatization,” Transportation Research Record 1107

Semmens, John. 1987B. “Using Competition to Break the U.S. Road Monopoly,” Heritage Foundation. December 14

Semmens, John. 1987C. “Intraurban Road Privatization,” Transportation Research Record 1107

Semmens, John. 1988A. “Privatization: Saving While Serving the Public,” Goldwater Institute, April 25

Semmens, John. 1988B.”Taking Over the Roads,” Liberty (November)

Semmens, John. 1991A. “Why We Need Highway Privatization,” Laissez Faire Institute. March

Semmens, John. 1991B. “Private Highways? They’re Cheaper, Better, Fairer,” Phoenix Gazette (April 3)

Semmens, John. 1992A. “The Rationale for Toll Roads: You Get What You Pay For.” Phoenix Gazette (December 16)

Semmens, John. 1992B. “Highway Privatization: What Are the Benefits for Arizona?,” Goldwater Institute (December)

Semmens, John. 1993. “From Highways to Buy-Ways,” Spectrum (Fall)

Semmens, John. 1994A. “Highway Investment Analysis,” Arizona Department of Transportation (December 1994

Semmens, John. 1994B. “Privatize Driver’s License, Registration System,” Tribune (December 25)

Semmens, John. 1995A. “How to Solve Mandatory Auto Insurance,” Goldwater Institute (July 1995)

Semmens, John. 1995B. “Privatizing Vehicle Registrations, Driver’s Licenses and Auto Insurance,” Transportation Quarterly, Fall, Vol. 49, No. 4, pp. 125-135

Semmens, John. 1996A. “Selling the Roads: Privatizing Transportation Systems,” Liberty

Semmens, John. 1996B. “Goodbye, DMV,” Liberty (January)

Smith, Adam. [1776] 1979. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Indianapolis, IN: Liberty Fund

Staley, Sam and Adrian Moore. 2009. Mobility First. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield,

Tucker, William. 1990. The Excluded Americans: Homelessness and Housing Policies, Washington D.C.: Regnery Gateway

Tullock, Gordon. 1996. “Comment on ‘Roads, Bridges, Sunlight and Private Property’, by Walter E. Block and Matthew Block,” Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Vol. 7, No. 4, December, pp. 589-592.

Turvey, Ralph. 1968. “Peak-Load Pricing.” Journal of Political Economy; Volume 76, Number 1; https://www.journals.uchicago.edu/toc/jpe/1968/76/1

Zhang, Lei and David Levinson. 2009. “The Economics of Road Network Ownership: An Agent-Based Approach.” International Journal of Sustainable Transportation, 3:339–359; ISSN: 1556-8318 print=1556-8334 online
DOI: 10.1080/15568310802259999;
https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/179980/ERNO.pdf?sequence=3&isAllowed=y

La Ley de Mercados Digitales ante el declive de las Big Tech

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Tras varios años de intenso debate y actividad burocrática, hace un par de meses ha entrado en vigor la llamada Ley de Mercados Digitales o DMA (siglas de su nombre en inglés, “Digital Market Act”) como la conocemos los que hemos seguido el debate desde sus orígenes, y como la voy a denominar en este artículo.

La DMA pretende evitar que determinados agentes de Internet utilicen su supuesto poder de mercado para forzar condiciones injustas a sus clientes y, en consecuencia, a sus usuarios. Distingo clientes de usuarios, porque los referidos agentes de Internet suelen tener la consideración de plataforma, en que una serie de usuarios de la plataforma, sus clientes, la utilizan para vender o dar a conocer su producto a los usuarios de la misma. Por ejemplo, todos somos usuarios del buscador de Google; sin embargo, no pagamos (al menos no con dinero) por este servicio; son los anunciantes clientes de Google los que pagan por el mismo a cambio de poder llevar información a los usuarios. Algo parecido ocurre con Meta-Facebook, en este caso por el uso de las redes sociales. Más complicados pueden ser los casos de Amazon o Apple, pero la idea es básicamente la misma.

Para conseguir su objetivo, la DMA define la figura del Guardián de Acceso o Gatekeeper (usaré también el término en inglés para que no parezca esto un capítulo de Dragones y Mazmorras) y establece en qué condiciones un proveedor de servicios digitales tiene esta consideración para inmediatamente sacudirle con una retahíla de obligaciones, hasta 23, muchas veces de difícil comprensión e interpretación.

Cualquiera que estudie la norma, a poco que sea crítico, se dará cuenta de que está dirigida a sujetos específicos, no es una norma “ciega” como las que exige la “Rule of Law”, por mucho que se disfrace de tal. Es obvio que los Gatekeepers son Microsoft, Google, Apple, Facebook-Meta y Amazon, aunque quizá se cuele algún despistado más en la definición (¿Netflix?).

Tampoco las obligaciones que se imponen están justificadas en consensos teóricos de los economistas. Son las que los funcionarios de la Comisión Europea y de los Estados Miembros, junto con los Europarlamentarios, trabajando codo con codo, han considerado que había que imponerles. Simplemente porque ellos creen que eso es lo bueno para Europa y los europeos, pero sin análisis científico alguno que lo demuestre. Porque hoy es hoy, como decía el anuncio.

Con este instrumento, la Comisión Europea pretende domeñar el poder de mercado de los salvajes Big Tech y evitar así que perjudiquen no solo a los consumidores europeos, sino también al tejido industrial de la Unión. Para los orgullosos burócratas europeos, la DMA es un ejemplo a seguir por el resto del mundo, como también lo constituye otra de sus obras maestras, el inefable RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)[1].

Esos mismos burócratas, o al menos aquellos que aún se asoman a la realidad desde su torre de cristal, se habrán quedado atónitos al observar la pérdida de valor que han sufrido en Bolsa durante este año los causantes de sus desvelos. Y supongo que la boca aún no se les habrá podido cerrar al constatar que tal pérdida de valor va seguida de reajustes en sus estructuras, esto es, de despidos masivos por todo el mundo.

¿Cómo es posible que empresas con tamaño poder de mercado tengan que ajustarse de esta forma? ¿Acaso no son capaces de desenvolverse con independencia de clientes, proveedores y ciudadanos? ¿O va a resultar que no tenían tal poder de mercado?

Quizá algún burócrata hará la lectura de que esa pérdida de valor se debe precisamente al “éxito” que anticipan los analistas para la DMA. A este optimista habrá que recordarle que cuando ha ocurrido el descalabro aún no estaba en vigor y de hecho faltan bastantes meses para que se implemente, no digamos para que sus efectos se noten; pero, sobre todo, habrá que recordarle que el negocio de los Big Tech es global, y Europa solo supone una parte, no mínima pero sí decreciente, del mismo.

Los demás usaremos el sentido común y algún conocimiento de teoría económica para explicar tal suceso de una forma más racional. Y es que el poder de mercado que aducen los reguladores para justificar sus intervenciones en el mercado, es un mito. Al menos, es un mito en los mercados no regulados. Por supuesto, si los Gobiernos deciden crear monopolios u oligopolios legales, o dar privilegios a las empresas de sus amigos, aparece poder de mercado.

Pero no es así como los Big Tech han llegado a conquistar el mercado. No consta en la historia de Google, o en la de Meta, o en la de Microsoft, o en la de Amazon, o en la de Apple, que el gobierno de los EEUU les concediera un monopolio legal para su actividad. No. Estas empresas han llegado donde han llegado porque eran sobresalientes en la satisfacción de las necesidades de la gente, porque nadie lo hacía mejor que ellos. Su supuesto “poder de mercado” está sujeto a las vicisitudes de las preferencias de sus clientes, de las que nadie les protege. Realmente, ese “poder de mercado” es poder de sus usuarios y de sus clientes, a los que tienen que servir para mantener su posición y sus beneficios.

La pérdida de valor en Bolsa que han sufrido durante este año no se puede explicar fácilmente, y quizá sea solo coyuntural. En todo caso, una pérdida de valor es un desajuste real o anticipado en la capacidad de satisfacer a los clientes. Los inversores les han dicho a las Big Tech que lo que estaban haciendo no es lo que ellos creen que van a querer sus clientes en el futuro. Y a las Big Tech, con todo su supuesto poder, no les queda otra que reestructurarse para tratar de acertar con esas preferencias. En ello están.

Volvamos con la DMA. Ya hemos visto que su construcción, además de arbitraria per se, se ha basado en un mito, cuya falacia se ha constatado justo antes de su entrada en vigor. Si realmente estas empresas no tienen poder de mercado, no hacía falta la DMA para nada. Y ahora que lo tenemos, ¿qué podemos esperar e de él? ¿Ayudará al proceso de ajuste a las preferencias de los ciudadanos que se está exigiendo a los Big Tech?

Esa pregunta equivale a analizar si las obligaciones (23, no se olvide) que se imponen a los Gatekeepers, son realmente cosas que quieren sus clientes y usuarios. Si fuera así, lo cierto es que no hubiera hecho falta obligarles a hacerlas, porque al actuar en un mercado no intervenido se tienen que ajustar a las preferencias de los usuarios para sobrevivir.

Ergo, tiene pinta de que no es el caso, así que lo único que harán dichas obligaciones es entorpecer el proceso de ajuste que estos agentes requieren, forzándoles a dedicar recursos allá donde no son valorados por la sociedad, empezando posiblemente por todos los abogados y consultores que van a hacer su agosto a costa de estas empresas con la implementación de la DMA en Europa.

Así que lo que nos espera en los próximos años a los europeos es la degradación del servicio excelente que hasta ahora nos venían dando. Por un lado, tienen el reto que les propone el mercado de adaptarse a las nuevas demandas; por otro, tendrán que desperdiciar recursos en cumplir lo que quieren los funcionarios y políticos europeos, recursos que no se podrán dedicar a dichas nuevas demandas, sean cuales sean.

Eso sí, la Unión Europea se mantendrá como líder cada vez más destacado en regulación y ejemplo a seguir para el resto del mundo, que esta “empresa” jamás baja en Bolsa.

[1] A cuya loa ya dediqué unas líneas en este mismo foro.

Ver: https://ijmpre2.katarsisdigital.com/ijm-actualidad/analisis-diario/el-reglamento-de-proteccion-de-datos-enterrando-recursos-de-los-europeos-en-la-economia-improductiva/

La corrupción de la ciencia: el caso ‘Dopesick’

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en La corrupción de la ciencia: el caso ‘Dopesick’

Dopesick ha sido uno de los éxitos televisivos de fin de 2021. Empecé a ver esta serie con una vaga idea sobre su contenido, que presumía, correctamente, relacionado con el consumo de opiáceos en los EEUU: un fenómeno que parece haber tomado una dimensión epidémica.

La historia que nos cuenta Dopesick me parecía increíble por caricaturesca. Tenemos a todos los personajes del folletín: el malvado empresario que no repara en nada para incrementar sus beneficios, la burocracia estatal más o menos cómplice, un creciente número de personajes marginales afectados que a nadie preocupan, y, por supuesto, dos o tres funcionarios heroicos luchando con todas sus fuerzas pero con escasos medios, contra la pérfida empresa.

De hecho, asumía que era una especie de docudrama narrando la gestación de la “epidemia” del opiáceo, con personajes figurados. Hacia el tercer capítulo, Internet me sacó de dudas. De docudrama, nada: los hechos que se nos cuentan son reales, posiblemente sacados de los testimonios de algunos de los involucrados. Vamos, que Purdue Pharma existe, como también existe su medicamento estrella Oxycontin, y como supongo que son reales los casos de afectados que selecciona la serie y seguramente lo serán las estadísticas de víctimas.

Una vez constatada la realidad de los hechos y los devastadores efectos que la comercialización del fármaco ha tenido en los Estados Unidos, la cuestión para mí pasa a ser otra: ¿se pueden prevenir estas situaciones en un mercado libre? ¿O realmente es necesaria una agencia centralizada que condicione y llegue a impedir la venta de medicamentos, como es la FDA en los EEUU?

La propia serie nos aporta una respuesta a esta última pregunta al contarnos los intentos de Purdue Pharma por entrar con el fármaco en Alemania, algo que la homóloga teutona de la FDA impidió. Así pues, la respuesta podría ser que una FDA que funcione sin corrupción, o sea una FDA ideal, sí sería una buena forma de prevenir este tipo de daños causados por la avaricia de un empresario.

Sin embargo, aun siendo el tema apasionante, y seguramente más digno de análisis que el que me propongo tratar, no es de esto de lo que quiero hablar. En su lugar, me enfocaré más en el papel que la “ciencia” y los científicos parecen haber jugado en el desastre1.

El aspecto fundamental para que se permita la comercialización masiva de Oxycontin es su riesgo de generar adicción. Las dudas expresadas por muchos de los personajes son lógicas, habida cuenta de su derivación del opio, una sustancia tremendamente adictiva, adicción que además es física, de ahí que sea mucho más complicado desengancharse de este tipo de drogas que lo es de otras como la cocaína.

La cuestión de si Oxycontin tiene un alto riesgo de adicción es algo que se puede estudiar científicamente, y cabría esperar la existencia de numerosas investigaciones al respecto, con anterioridad a su lanzamiento. Así es: en la formación de los vendedores, en la documentación presentada a la FDA para su aprobación, en los folletos que acompañan al fármaco, se da un número, menos de un 1 por ciento de adicciones, procedente de una publicación científica. Ese tanto por ciento se extiende como la pólvora, llegando a la mismísima universidad. Se enseña a los futuros médicos americanos que Oxycontin tiene menos de un 1 por ciento de riesgo de causar adicción cuando es usado debidamente, y numerosos investigadores citan en sus artículos la referencia seminal.

Es un uno por ciento incuestionable. Sin embargo, dos de los héroes antes aludidos, que no científicos sino ayudantes de fiscal, bucearán por las publicaciones hasta encontrar dicho artículo. ¿Qué encuentran (y ojo que viene spoiler)? Una carta de unas 5-10 líneas en que un director de un hospital concreto, en respuesta a otro artículo de la misma revista, proporciona un dato basándose en la experiencia de pacientes tratados internados en dicho hospital. Ese dato es el conocido “menor del uno por ciento”. El propio autor de la carta, que no artículo de investigación, se quedará anonadado al constatar el éxito que ha tenido su publicación, a la que ni él mismo considera remotamente científica.

Pero, claro, esa carta en una revista académica, contenía un dato que era muy interesante para el negocio de Purdue Pharma. Así pues, había puesto cantidades ingentes de recursos para expandir el alcance de la misma, y se había abierto hueco entre otras investigaciones similares, aunque de resultados contrarios, que carecían de recursos análogos para su difusión. Y es que la verdad no se difunde por sí misma, necesita recursos para propagarse, aunque ciertamente menos recursos que las mentiras, lo que es su única ventaja.

Las verdades y mentiras científicas no dejan de ser memes que se difunden entre nuestros cerebros, y cuya difusión tiene un coste. No podemos retener ni reproducir todos los memes con que nos tropezamos en nuestro día a día, y solo un porcentaje muy exiguo de ellos consigue sobrevivir. Evidentemente, en la medida en que se dediquen más recursos a la propagación de un meme, más probabilidades tendrá de sobrevivir y reproducirse. Y eso es lo que hacía Purdue Pharma con los memes cuya existencia les convenía. No es éste el único ejemplo que nos muestra la serie, aunque sí el de más devastadoras consecuencias.

En otro momento de la comercialización (y tendréis que disculparme si yerro en la explicación médica de lo que cuento), ocurre que pacientes y médicos se quejan de dolor al tratar de retirar el tratamiento. Eso puede dar al traste con los planes de Purdue, ya que en el fondo no es más que un indicio claro de la adicción que genera.

Afortunadamente para los intereses de Purdue, encuentran a un “científico” que postula que dichos efectos son una modalidad de “breakthrough pain” (padecido por enfermos de cáncer) y que la solución es incrementar la dosis y prolongar el tratamiento. Incluso a los legos en medicina nos parece una solución extraña. En todo caso, lo que dice el científico ad-hoc le viene de maravilla a Purdue. Y aunque pudiera haber otros mil científicos diciendo que eso es una burrada, los recursos de la farmacéutica se dedicarán al promocionar el meme científico que les interesa a ellos, acallando completamente cualquier voz discordante.

Podemos dar hasta el beneficio de la duda al científico convencido de su descubrimiento. El problema es que nunca sabremos si fue una conveniente convicción para forrarse cobrando de Purdue Pharma durante una temporada. Y tampoco me cabe duda de que no haberlo dicho uno convencido, hubieran encontrado a otro menos convencido pero más acomodaticio. O sea, que es muy difícil evitar que este problema se suscite.

Expuesto el problema, lo suyo sería proponer soluciones. Pero me temo, ay, que no las tengo. Para mí es tan desolador como para cualquiera que una comunidad científica tan activa y bien dotada como parece ser la farmacéutica, fuera incapaz de eliminar la validez de la aseveración científica de Purdue Pharma sobre el riesgo de adicción del OxyContin (ese 1%) mucho antes de que se desencadenara la catástrofe.

Nadie fue capaz de contrastar el dato, que se adentró sin obstáculos por todos los ámbitos académicos en que tal exigencia hubiera sido esperable. ¿Quién tenía que contrastarlo si no? ¿Los usuarios? ¿Los doctores en su práctica, tienen ellos que contrastar las bases científicas de todas las medicinas que prescriben?¿Las tiendas de medicamentos? ¿Era quizá la FDA?

En esencia, la pregunta está ahí: ¿de qué forma un mercado libre hubiera prevenido la ocurrencia de Oxycontin? O planteado de una forma más realista: ¿cuáles son los mecanismos del mercado libre para atenuar las consecuencias de tal suceso, aceptando que es imposible prever su ocurrencia?

1 Mi análisis se limita a los hechos que recoge la serie y cómo están allí contados. No he realizado ninguna investigación adicional.

Mantener las reglas del juego, sí… salvo que sean incorrectas

Escrito por Adrián Ravier en . Publicado en Análisis diario. 4 comentarios en Mantener las reglas del juego, sí… salvo que sean incorrectas

Se ha señalado insistentemente que cada gobierno que llega lo hace con su propio libreto, cambiando las reglas de juego e impidiendo que las cosas resulten bien. Se reclama que las reglas de juego deben ser estables. ¿Quién puede oponerse a este principio? Yo personalmente lo acepto, pero con una variante. No debemos sostener siempre las mismas reglas de juego, cualesquiera sean esas reglas. Debemos mantener el marco de reglas estable, siempre que las reglas sean las correctas.

Piense el lector por ejemplo en Cuba, una economía socialista que por más de medio siglo mantuvo las mismas reglas de juego, sin propiedad privada, sin elecciones, aislados del mundo. Esas reglas sólo llevan a la miseria. Cuba debe cambiar.Analizaré en esta nota el ejemplo de Argentina, país que inició un camino en 2003 que terminó con la abundante inversión extranjera directa de los años 1990, también con la estabilidad monetaria, retomó el sistema de reparto, volvieron los controles sobre los precios y sobre el tipo de cambio, se expandieron los planes y programas sociales, así como los subsidios a quienes lo necesitan y también a quienes no lo necesitan. Todo esto claramente debe cambiar.

Argentina necesita un marco de reglas con equilibrios macroeconómicos, partiendo por el equilibrio fiscal, lo que requiere de tres reformas fundamentales:

1.       Por el lado de los ingresos, una reforma tributaria, para que se simplifique la estructura tributaria, pero también para que se reduzca la presión tributaria. Más de 170 impuestos en los tres niveles de gobierno evitan que las empresas puedan generar actividad y empleo. Me parece que aplica aquí el concepto de la Curva de Laffer, donde desmantelando más de un centenar de impuestos, la Argentina podría incluso mejorar su recaduación.

2.       Reforma integral del estado, lo que implica revisar los presupuestos y reducir la órbita del estado, en línea con el principio de subsidiariedad. El estado sólo debe hacer aquello que el sector privado no puede hacer. Hay mucho de lo que el estado hoy hace que podría ser administrado parcial o totalmente por el mercado, y con ello tendríamos mejores resultados y a menor costo. El sector privado ha probado ser mucho más eficiente que el sector público. Sólo cuando podamos recuperar el funcionamiento del mercado, podremos visualizar qué rol cabe para el estado en su objetivo de inclusión. El presupuesto base cero ha sido una buena herramienta para reestructurar empresas cuya solvencia estaba comprometida y también para algunos estados fallidos.

3.       Reforma previsional, partiendo de un sistema de reparto quebrado, con la intención de recuperar ingresos dignos para la población pasiva, y al mismo tiempo con la intención de reducir la principal partida de gasto. El principal desafío aquí es definir una transición para un problema estructural que no puede seguir siendo ignorado.

Con estas tres reformas podrá alcanzarse el equilibrio fiscal y sólo mediante ellas la autoridad monetaria podrá abandonar la monetización del déficit público. Eso podrá evitar seguir inflando la economía con nuevas emisiones de dinero, pero aun queda pendiente resolver el enorme desequilibrio monetario hoy existente en las llamadas Leliqs. Aquí viene la cuarta reforma.

4.       Reforma monetaria y bancaria. Argentina necesita plantear una reforma que permita recuperar una moneda sólida, sea a través de la dolarización, o bien a través de reglas monetarias que pueda aplicar el BCRA. Un ejemplo de esto es prohibir a la autoridad monetaria acceder a comprar bonos del gobierno. Numerosos países han alcanzado el equilibrio fiscal bajo esa regla. Algunos economistas pensamos que esas reglas sólo se cumplirían transitoriamente, y por ello sugerimos que la dolarización es una solución más definitiva, en la medida que termina con el BCRA. Con Nicolás Cachanosky hemos propuesto una reforma de dolarización flexible que resuelve el problema del desequilibrio monetario, atendiendo también la dificultad de los pasivos monetarios. La propuesta permitiría alcanzar rápidamente estabilidad monetaria, reducir las tasas de interés nominales y reales, y con ello generando una rápida mejora en la actividad económica y el empleo.

Finalmente, es necesario atender el desequilibrio cambiario, con un cepo muy duro para adquirir divisas, eliminando la discrecionalidad en su manejo, terminando con el atraso cambiario y también con el cuello de botella que hoy enfrentan las empresas que necesitan divisas.

5.       Una reforma cambiaria, debe encarar todos estos frentes, empezando por levantar el cepo y permitir que el mercado descubra cual es el valor del dólar, de acuerdo demanda por un lado, y su escasez por el otro. Una vez definida ese valor, reconociendo el lugar en el que estamos, Argentina podrá encarar la dolarización a una definida tasa de conversión, o bien una nueva convertibilidad (que no lo considero deseable), o bien una política monetaria con metas estrictas. Esa reforma debería resolver el atraso cambiario, a partir de lo cual Argentina podría emprender un nuevo camino de crecimiento.

Por supuesto hay otros frentes, otras reformas urgentes como la reforma laboral para alcanzar una mayor flexibilidad que beneficie a los trabajadores para obtener oportunidades de empleo, además del frente institucional, donde la inseguridad jurídica, la burocracia, la corrupción sean modificadas en favor de la independencia judicial y más transparencia. Pero me parece que sólo entonces, una vez que estas reformas se haya practicado y que hayan resultado en equilibrios simultáneos en el frente fiscal, monetario y cambiario, que entonces sí podemos sugerir que las reglas de juego sean estables.