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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Las mentiras de Zapatero

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo que nos hemos de preguntar es, ¿a más crecimiento estamos mejor? No necesariamente. El crecimiento no ha de ser un dogma. La principal razón por la que está aumentado el PIB es debido al aumento de contratos, especialmente de inmigrantes. Este aumento de la fuerza laboral hace que crezcamos, pero sólo a corto plazo. La contrapartida evidente es que el número de habitantes también crece. El problema de basar el crecimiento en la fuerza laboral es que no se puede sostener en el tiempo. Expresado de otra forma, no pueden entrar inmigrantes de forma eterna. En el largo plazo sólo es una ilusión de bonanza. Un engañabobos, como se suele decir.

Para un bienestar sostenido, el crecimiento ha de fundamentarse en otros factores menos contingentes. Uno de ellos es la productividad. Cada año nuestra productividad-hora es más baja, de hecho, ha caído 18 puntos en la última década cuando lo normal habría sido que aumentase. Si observamos la estructura del PIB vemos que hay razones para la preocupación. El actual crecimiento se debe en un 80% al empleo circunstancial (corto plazo) y sólo un 20% a la productividad (largo plazo). El bienestar sostenido lo genera el segundo, no el primero.

Este patrón, de hecho, está haciendo que funcionemos de forma inversa a como evoluciona cualquier país rico que pretenda seguir siéndolo. En lugar de convertirnos en un país capital intensivo (tecnología, I+D, etc.), el Gobierno ha tomado la decisión, porque sí, de convertir el trabajo en el motor principal de nuestro crecimiento. La consecuencia ha sido que tengamos ahora una productividad equivalente respecto a la que había en Europa en los años 70. No en vano el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, ha calificado el nivel de productividad española de "decepcionante". Para Zapatero esta estrategia es mejor porque muestra resultados estadísticos de forma muy rápida aun siendo muy dañina para la prosperidad futura del país. De hecho, ya lo estamos notando en nuestro poder adquisitivo, que cada vez es menor.

Así, el PIB sube porque somos más, especialmente de fuera, pero no porque seamos capaces de producir más ni mejor. Aquí entramos en el siguiente punto: la calidad de la producción y la innovación.

Un país próspero es aquel capaz de saber competir con sus pares y ofrecer lo que más urgentemente necesita el consumidor, tanto el intermedio, como el final, como el nacional como el extranjero. ¿Y por qué España está en estos niveles tan penosos de calidad e innovación? El Gobierno es el principal responsable.

Si nos comparamos con el resto de países industrializados, los de la OCDE, por ejemplo, vemos la razón de tal deterioro competitivo e innovador. Una misma empresa necesita en España casi el doble de tiempo en ser constituida que en el resto de países ricos, tenemos que recurrir más veces a la administración que nuestros competidores extranjeros, hemos de pagar un sobrecoste superior al 10% en trámites al Gobierno, la rigidez en la contratación de empleados es tres veces superior al de nuestros rivales y el coste de despido dobla la media de los otros países, lo que ahuyenta a cualquier empresa y capital extranjero. No olvidemos además que tenemos una presión fiscal cercana al 40% entre muchos otros datos más. El gobierno aún se extraña que entre el 23 y 25% de la economía esté sumergida. Es que no hay más elección. Eso es lo que ocurre cuando el Gobierno declara la guerra a la prosperidad y la riqueza de sus ciudadanos.

Todo y así, Zapatero aún pretende engañarnos con más datos falsos como el de la inflación, que en nada se corresponde con la realidad ya que descuenta la vivienda, que representa el 40% de nuestro gasto, deja de lado numerosos productos importantes y, además, monta distribuciones irreales en la cesta. Ya conocemos cómo mide los precios Zapatero: un café, 80 céntimos.

El optimismo de Zapatero no es más que humo nacido de un cortoplacismo insostenible en el futuro. La economía se aguanta por factores contingentes y económicamente peligrosos, como el de la inmigración o construcción, mientras que las bases del desarrollo brillan por su ausencia. ¿Y cómo afronta el presidente estos graves desequilibrios que le recriminan desde diversos sectores? De ninguna forma. Los omite, sonríe y ya está. Realmente, cualquiera puede gobernar un país.

Wolfowitz, Conthe y la burocracia

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Max Weber afirmaba en Sociología del poder: los tipos de dominación (1921) que la administración burocrática pura, la administración que se rige por el expediente escrito y con una dirección unipersonal, es formalmente la fórmula más racional de ejercer la dominación. Estabilidad, precisión, disciplina y seguridad serían sus rasgos esenciales. Según el sociólogo alemán la burocracia –germen del Estado occidental moderno– aplica mecanismos de calculabilidad de sus resultados entre los administrados, con independencia del sistema económico al que sirve, capitalista o socialista. De ahí su elevado grado de supervivencia histórica: el aparato burocrático seguirá funcionando para los revolucionarios que lleguen al poder o para una fuerza militar enemiga, del mismo modo que trabaja para el Gobierno legal de turno.

Para Weber el capitalismo necesita en su desarrollo de la burocracia, aunque el capitalismo y la burocracia surjan de raíces históricas diferentes. El capitalismo es la base económica más racional sobre la que cualquier burocracia también razonada pueda construirse, porque el capitalismo, desde un punto de vista fiscal, suministra los recursos dinerarios precisos.

Administración burocrática significa dominación por causa del conocimiento acumulado en expedientes y actividades del propio servicio. No obstante, Weber afirma que el empresario se mantiene libre de la supremacía administrativa: "Sólo el empresario capitalista, dentro de su esfera de intereses, es superior a la burocracia en el conocimiento especializado y en el conocimiento de los hechos. El empresario capitalista es la única instancia realmente inmune –al menos en términos relativos– frente al carácter inevitable de la dominación del conocimiento racional burocrático. Todas las otras grandes organizaciones han sucumbido inevitablemente a la dominación burocrática, de igual manera que han sucumbido bajo la dominación de las maquinas de precisión en la producción de bienes."

La dominación burocrática, desde un punto de vista social, se alcanza por medio de una base de reclutamiento entre personas altamente cualificadas que hayan dedicado largos años de su vida al aprendizaje profesional y que realicen su oficio sin odio ni pasión, bajo el concepto estricto del deber, dando un trato igualitario a cualquiera que se encuentre en una misma situación de hecho. Vistos los antecedentes, ¿qué opinaría Max Weber ante asuntos administrativos de máxima actualidad como son la denuncia de nepotismo en el Banco Mundial (BM) contra Paul Wolfowitz y la anunciada dimisión de Manuel Conthe con motivo de la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa?

Wolfowitz, tras su paso por el Pentágono, se incorporó a presidir una entidad –el Banco Mundial– al parecer incompatible con su trayectoria personal, pero aceptó y calló, siguió el juego de una burocracia muy denostada al menos públicamente por sus valedores, y acabó otorgando un favor que quizá le cueste el cargo: un suculento nuevo empleo, por motivo de incompatibilidades en el BM, para su amiga íntima. Los adversarios de Wolfowitz le harán pagar con creces sus antiguas críticas al multilateralismo que encarna la institución que preside. El máximo responsable del BM incumplió las reglas de Weber sobre los burócratas, es víctima propiciatoria de sus decisiones en campo hostil; es ya, probablemente, una figura amortizada.

Manuel Conthe, aún presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es posible que esté aplicando tácticas de represalia masiva –que conoce bien por ser estudioso de las paradojas sociales– en formato de rueda de prensa multitudinaria o similar, con el fin de negociar con el Gobierno español las condiciones de explicación de su dimisión ante el Congreso por el asunto Endesa. Conthe ahora mismo se ve impelido a justificarse por mor del Código de Buen Gobierno, que él mismo ayudó a crear, frente a los consejeros de la CNMV que le han dado la espalda. Dice Conthe en su libro El mundo al revés que "los dictados de la benevolencia a corto plazo están reñidos con la conveniencia a largo plazo: quien sepa que seremos racionales y benevolentes no creerá nuestras amenazas". Por eso el jefe de la CNMV tira por la borda la corrección política y exige luz y taquígrafos con resultado incierto.

Dos situaciones diferentes, dos personajes ideológicamente opuestos entre sí, pero unidos en el incumplimiento de las leyes weberianas de discreción administrativa. La dominación burocrática, incluso para los influyentes, es inexorable.

Un paternalismo perjudicial hacia el inquilino

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Desde la dictadura de Primo de Rivera, la historia legislativa española del arriendo para vivienda ha sido un verdadero desastre interventor por tratar de manera paternalista al arrendatario en detrimento del propietario.

La mayor aberración intervencionista se produjo durante el franquismo: hubo fijación de rentas máximas e instauración de viviendas de renta reducida, establecimiento del derecho a la prórroga forzosa a favor sólo del arrendatario y verdaderas dificultades para resolver judicialmente el contrato por parte del propietario. La consecuencia fue que la institución del arriendo quedó definitivamente tocada y, hasta el día de hoy, todavía en España hay escasez severa en la oferta de alquileres para vivienda; se calcula por el Banco de España que en el año 2005 existían más de tres millones de viviendas vacías.

Nuestra actual legislación, pese a mejorar la situación, no protege como debiera al propietario. Tomemos como ejemplo el actual artículo 9 de la LAU que, pese a comenzar proclamando que existe libertad para pactar la duración del contrato, acaba estableciendo un plazo mínimo exigible por el arrendatario de cinco años, reforzado con la imposibilidad de modificarlo por inaplicación de la libertad de pactos en contrario que supone el artículo 6 de la LAU (es decir, libertad condicionada tan a gusto de los partidarios de terceras vías entre libertad e intromisión de los poderes públicos).

Sería deseable que no se fijara por ley una duración mínima del contrato de arrendamiento y se estableciera libertad soberana de lo que acuerden las partes (por meses, años, lustros, décadas…). Pero ya se sabe, el legislador duda de la responsabilidad de los individuos y les da “sabiamente” guías mínimas aplicables para todos los casos.

Asimismo el artículo 21 de la LAU obliga al propietario a conservar la vivienda y, por tanto, a realizar a su costa todas las reparaciones necesarias para su habitabilidad, adjudicándole una obligación que debiera haberse dejado a la libre contratación de dichos términos entre las partes, sin establecer pautas obligatorias.

Además está la crónica dificultad de la recuperación posesoria de la vivienda por parte del propietario cuando el inquilino incumple sus obligaciones contractuales, haciendo del arriendo en España una aventura.

Pese a la reforma de la LEC (Ley 1/2000) y las posteriores reformas en relación con los juicios de desahucio (1,2), sigue habiendo demoras por la carga de trabajo acumulada en los juzgados. Asimismo el propietario, en muchas ocasiones, ve cómo se concede el beneficio de justicia gratuita si es solicitado por el demandado (consiguiendo dilaciones en el procedimiento con claro perjuicio para el arrendador); y cómo el demandado puede echar mano, aunque sólo sea una sola vez, a la enervación del desahucio al permitirle, antes de la celebración de la vista, la terminación del proceso mediante la puesta al día en el pago de sus rentas (existencia de cierta inseguridad jurídica para el demandante) que implicaría, además, la imposición de costas al propietario en caso de llevarse a cabo justo antes de que se le notifique la demanda al inquilino moroso. La historia no acaba todavía si se celebra juicio y el demandado termina interponiendo un recursos de apelación, debiendo el propietario esperar a que se resuelva para recuperar la posesión de lo que es suyo.

El via crucis del arrendador no ha concluido aún: una legislación excesivamente garantista con el infractor de los derechos de la propiedad impide una protección adecuada del arrendador frente a su inquilino demandado cuando este último se entretiene, por ejemplo, destrozando la vivienda antes de que se proceda a su lanzamiento.

Todas estas intenciones proteccionistas del legislador por favorecer al inquilino acaban por perjudicarle. Por la sencilla razón de que el propietario que estuviera dudando entre alquilar o no su propiedad, lo normal es que acabe por no hacerlo o pida unos avales bancarios inaccesibles para muchos de los que tienen verdadera necesidad de arrendar una vivienda.

Es deseable que el derecho defienda decididamente la propiedad, el libre desarrollo de la libertad de pactos y la eficaz recuperación de la posesión por parte del propietario ante incumplimientos contractuales del arrendatario. Con un número mayor de ofertas de alquiler todos saldríamos ganando, tanto propietarios como inquilinos.

Por desgracia, frente a estas deficiencias, las iniciativas del actual legislador parece que van justo en el sentido opuesto a lo anteriormente planteado: mantener el espíritu de la LAU y la LEC, mayor control de los arriendos para gravarlos fiscalmente, creación de una sociedad pública de alquileres, aprobar iniciativas legislativas de expropiación temporal de viviendas vacías para ser alquiladas por la administración, considerar a los okupas como una suerte de cultura urbana…

Todos salimos perdiendo. Ante las interferencias legislativas y la falta de protección integral de la propiedad privada, la realidad nos hablará siempre de escasez de viviendas en alquiler mientras no exista un entorno jurídico favorable que incentive a los propietarios a desprenderse voluntariamente de su posesión.

Ética y estética

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Los seres humanos tenemos muy buenos sensores innatos de belleza aunque no seamos bellos. La vida suele ser más fácil para los guapos, aunque obviamente la belleza exterior no es la única característica interesante de las personas (sobre todo en el mundo cultural moderno). La psicología evolucionista explica la importancia de los procesos de selección sexual para la configuración genética de la mente de los seres humanos, de forma diferente en hombres y en mujeres por su distinto papel reproductivo: el aspecto físico es muy relevante, especialmente en las mujeres, porque es un buen indicador de juventud, salud y fertilidad. Es normal que las mujeres tiendan a preocuparse más que los hombres por resultar atractivas, y que se sientan inseguras si no lo son, ya que les costará más encontrar pareja o mantener la que tienen. En el programa aparecen muchas más mujeres que hombres porque la inmensa mayoría de los aspirantes son mujeres: los críticos ven un problema social de machismo.

La asociación "El defensor del paciente" ha pedido la retirada del programa. Tal vez haya suerte y la petición legítima no se transforme en exigencia violenta de prohibición de su emisión. Empar Pineda, portavoz de "Otras voces feministas" ha tildado al programa y a su publicidad de "sexistas y engañosos". No entiende que tal vez los consumidores de cirugía plástica saben lo que quieren y no son simples marionetas frustradas por una publicidad que les informa de una posibilidad de mejora (y no simplemente fomenta su insatisfacción).

Especialmente patética ha resultado ser la Organización Médica Colegial, presunta salvaguarda de la deontología médica y representante exclusiva (mediante la coacción legal) de los médicos colegiados de España, que ha cuestionado la ética médica del programa. "Debemos criticar la instrumentalización de la medicina en un espectáculo poco respetuoso con la dignidad de las personas"; recuerdan "la especial responsabilidad de no promover un concepto consumista de la salud, evitando despertar falsas esperanzas o propagar conceptos infundados"; "ponemos en duda la validez del consentimiento en pacientes que reciben un tratamiento médico gratuito a cambio de participar en un espectáculo mediático que rompe la tradicional intimidad y confidencialidad que debe rodear el ejercicio de la medicina". Intentan de forma penosa justificar su altanería moral por un presunto deber autoimpuesto; abusan del vacuo concepto de dignidad para absolutizar sus preferencias subjetivas particulares; caen en el topicazo antimercado del consumismo y acusan sutilmente de fraude; de forma paternalista creen que los pacientes no pueden decidir por sí mismos qué les conviene; creen que la intimidad y confidencialidad de la medicina son tradiciones obligatorias.

Muchos progresistas creen erróneamente que la naturaleza humana es infinitamente moldeable mediante la cultura, desconocen sus componentes genéticos universales y critican toda manifestación que vaya en contra de su ideal de humanidad. Los igualitaristas de la estética aspiran a un mundo en el cual la belleza sea irrelevante (tal vez proyectan sus propias frustraciones reprimidas) o poco importante (hacer a todos tener el mismo aspecto es complicado), o al menos que afecte por igual a hombres y mujeres (afán que quizás refleja el resentimiento de algunas feministas por no ser hermosas, o por que otras personas no valoren en ellas lo que ellas quieren que valoren). Si algunos se indignan por la desigualdad estética tal vez se deba a que no son físicamente agraciados y tienen envidia de quienes sí lo son (por herencia genética, por cuidar su aspecto o por pagar a un cirujano plástico para que los arreglen).

Sagas empresariales

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

En la Unión Europea las empresas familiares (EF) representan entre el 60 y el 90% del volumen de negocios, según naciones, y suponen dos tercios del PIB y de los empleos. En Estados Unidos, a mediados de los noventa, más del 90% de las empresas eran familiares, algo más de la mitad de los bienes y servicios de aquel país. La tercera parte de las Fortune 500 (las quinientas empresas más importantes en USA) a finales del pasado siglo estaban controladas o dirigidas por familias. A pesar de cierto menosprecio por parte del ámbito académico, las EF representan una poderosa realidad económica y gozan de buena salud.

Las crónicas acerca de las EF se suceden continuamente. Acaba de publicarse que parte de la familia Areces pleitea en los tribunales una mejor valoración de sus acciones para su próxima salida de El Corte Inglés. Amancio Ortega ha sido recién designado por Forbes el octavo hombre más rico del mundo y no debería obviarse el carácter aún familiar de su imperio cuando su ex-cónyuge, Rosario Mera, posee el 7% de Inditex-Zara. Los ejemplos de EF exitosas enredadas por múltiples cuestiones podrían ampliarse. En cualquier caso, ¿cuál es la marca diferencial de las EF respecto de las empresas estrictamente gerenciales? Siempre se consideró por los historiadores económicos (Alfred D. Chandler y otros) que la gestión eficaz de las empresas debería atribuirse en exclusiva a directivos profesionales y que los negocios familiares eran otra cosa, un asunto menor entre clanes. No obstante, la EF ha sobrevivido a la marea burocratizante, tiene voz propia y levanta el vuelo.

David S. Landes, en su última obra Dinastías (Crítica, 2006), no da una definición totalizadora de la EF –cuestión relativamente ardua si preguntamos en las cátedras de EF– pero sí que descubre un relevante friso de las interioridades de las familias más acaudaladas del mundo. Landes cuenta el majestuoso ocaso de la casa Rothchild, la sempiterna alianza de dinero, poder y corrupción en los Morgan y los Rockefeller, las indecisiones de los Ford y la pugnaz supervivencia de los japoneses Toyoda.

Interesa además en Dinastías ciertas consideraciones en torno al subdesarrollo. El autor eleva la apuesta en favor de las EF como factor de prosperidad en los países pobres ante la globalización. Quizá la tecnología y la logística internacional son insuficientes: "Las ventajas culturales… no son fáciles de emular, y los emisarios enviados al extranjero para aprender o los viajeros que aprenden de sus estancias en el extranjero no siempre están dispuestos a regresar a su país natal. La exportación de talento humano puede ser más duradera que la exportación de capital o de bienes". Landes ejemplifica con la temprana industrialización de Egipto a principios del siglo XIX –vertical, desde arriba– que no funcionó sin un previo tejido empresarial familiar. De ahí la importancia de las estirpes que ofrecen numerosas pruebas de carácter emprendedor y superación de riesgos. Hay interesantes estudios sobre los valores familiares entre comerciantes del Líbano que se mantienen incólumes frente a los desastres de la guerra.

En ocasiones la EF metamorfosea en empresa gerencial y viceversa. Parece una condición guadianesca para la supervivencia: o bien se contratan managers y la familia permanece en segundo plano, o bien se prescinde de extraños y se asume todo el protagonismo. Una muestra: los Agnelli y los Peugeot tuvieron en la ejecutoria de Cesare Romiti y Jean-Martin Folz, respectivamente, una temporal tabla de salvación. Es posible que la clásica explicación de los tres círculos "pariente-propietario-empleado" que se entrecruzan no aclare por completo la realidad del fenómeno familiar, sino más bien la perseverancia de sagas empresariales que fracasan, renacen o se agazapan, sustentadas en capacidades intangibles, tácitas, no articuladas, que el azar o la causalidad hacen brotar o sumergir. Tales capacidades configuran el inaprensible escenario de los negocios familiares.

Salgado desprotege a los consumidores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como consumidores, a todos nos gusta que los precios de los productos sean lo más reducidos posible. Normalmente, un redondeo al alza nos molestará. Como empresarios, intentaremos siempre que nos compren al mayor precio posible; así pues, un redondeo a la baja no nos agradará.

Se trata de un conflicto de intereses natural, similar a los que pueden darse en otros ámbitos. El trabajador prefiere salarios más elevados; el arrendador, alquileres más altos; el prestamista, percibir unas rentas superiores. Lo característico del mercado es que esos intereses aparentemente conflictivos se concilian y armonizan mediante el intercambio voluntario.

Cuando dos personas efectúan voluntariamente una transacción, esperan siempre salir beneficiadas. Cuando alguien acepta un trabajo, lo hace porque con ello su situación mejora, lo cual no quiere decir que no deseara cobrar más por hacer lo mismo. Cuando alguien compra un producto, lo hace porque valora más dicho bien que el dinero que va a pagar por adquirirlo, lo cual no quiere decir que no deseara comprarlo por un monto inferior. Etcétera.

El Estado, por el contrario, es por completo antagónico a la armonía de intereses. Su existencia se basa en un conflicto permanente entre unos individuos (políticos, subvencionados, funcionarios…) que explotan a otros (contribuyentes) por medio de la fuerza. ¿Cuántos contribuyentes pagarían a este ineficiente y torpe Estado por la provisión de servicios jurídicos y de seguridad si se tratara de una decisión voluntaria? No existe el beneficio mutuo. Si así fuera, no sería necesario utilizar la coacción para recaudar los impuestos.

Pero hete aquí que quienes impiden la armonía pacífica de intereses en ciertos ámbitos sociales son los mismos decididos a obstaculizarla en otros… donde ya existía. La prohibición del redondeo es sólo un primer paso para prohibir acuerdos que podrían alcanzarse sin la intervención y que serían beneficiosos para las partes implicadas.

La excusa oficial de la medida represiva es favorecer a una parte frente a la otra, al consumidor frente al empresario. Se alega que el consumidor es la parte débil porque tiene menor poder de negociación, lo cual es falso por completo.

Nadie que se haya percatado del analfabetismo de nuestros políticos y burócratas podrá extrañarse de que no hayan leído a Carl Menger, pero ya en 1882 el padre de la Escuela Austriaca resumió magistralmente por qué, en todo caso, es el empresario quien se encuentra en una posición más débil:

Aquél que trae al mercado productos que no son dinero se encuentra, en mayor o menor grado, en desventaja. Para poder lograr el mismo dominio sobre lo que el mercado produce, deberá convertir primero en dinero sus productos intercambiables.

El vendedor acude al mercado para captar algo (dinero) que el consumidor ya tiene. Si un empresario quiere consumir, tiene que vender sus mercancías a cambio del dinero que ya tienen sus potenciales clientes.

Es más, el consumidor puede elegir no comprar hasta que le ofrezcan algo que le satisfaga, ya que el dinero seguirá siendo aceptado en el futuro. El empresario lo tiene mucho más difícil para elegir no vender hasta que le ofrezcan una cantidad de dinero aceptable: otros empresarios pueden arrebatarle a los clientes mientras espera; y, en todo caso, tarde o temprano tendrá que vender (o liquidar) sus productos, si quiere lograr dinero con el que poder consumir.

Pero aun suponiendo que el comprador fuera la parte más débil, la regulación gubernamental sólo vendría a debilitarle aún más. Por una razón muy sencilla: el objetivo de todo consumidor es adquirir productos que satisfagan sus necesidades, y el redondeo promueve la mala asignación de los recursos, esto es, la creación de bienes y servicios que no satisfacen las necesidades más urgentes de los individuos.

La inversión productiva de una empresa queda determinada en última instancia por los beneficios futuros que pueda obtener, y esos beneficios vienen a su vez determinados por los precios que los potenciales clientes estén dispuestos a pagar. Cuanto mayor sea el precio que acepten pagar los potenciales consumidores, mayor será el beneficio de la empresa, y por tanto su producción futura de bienes y servicios.

Como ya hemos dicho, si un individuo compra un producto es porque lo prefiere sobre todas las demás alternativas. En el momento en que las ventajas que obtenga sean inferiores al precio, dejará de comprar ese producto y empleará su dinero en adquirir otro. La inversión en "productos caros" caerá, y la destinada a "otros productos" aumentará; esto es, la inversión se dirigirá hacia las alternativas que más satisfagan al consumidor.

Si se prohíbe el redondeo al alza, las empresas sólo tendrán que compensar los menores beneficios con subidas de precios en sus productos, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando la medida se impuso a las compañías telefónicas. Pasaron a tarifar por el tiempo realmente consumido, pero incrementaron los precios.

La cuestión es qué hará el Gobierno cuando esta práctica se generalice en otros sectores económicos, como los párkings. Si prohibiera o sancionara las subidas, como ya le han reclamado ciertos grupos de presión, estaría limitando los beneficios de esas compañías y, por tanto, la inversión en aquellos bienes y servicios que los consumidores demandan.

Dicho de otro modo: si los consumidores están dispuestos a pagar mucho dinero a las compañías telefónicas es porque, aun así, les proporcionan unos servicios que valoran más que el dinero que pagan por ello. Precisamente esa gran rentabilidad es lo que permite que se sigan desarrollando y mejorando esos servicios telefónicos que los consumidores tanto valoran.

La fijación de precios es una medida de carácter socialista que, en definitiva, implica el racionamiento y la distribución estatal del capital (tal y como postulaban los economistas fascistas). Es el Gobierno y no los consumidores quien dicta los bienes que deben ser producidos.

En otras palabras: el redondeo sólo traerá subidas de precios que, en caso de que el Estado quiera contrarrestarlas, provocarán malas asignaciones de recursos entre las empresas. Las intervenciones estatales sólo generan nuevas complicaciones y no resuelven ninguna.

Si el Gobierno realmente deseara favorecer una mejora en la situación de los consumidores, tan sólo tendría que eliminar el régimen de licencias de la telefonía móvil. Desde hace más de cuatro siglos se sabe que la mejor manera de que bajen los precios es no limitar artificialmente la concurrencia de vendedores, pues crea oligopolios de facto.

Pero el Estado no soporta que la prosperidad provenga de la abundancia de empresarios, y no de sus chapuceras intrusiones; prefiere manipularnos con propagandas y rimbombantes actuaciones legislativas para que los contribuyentes creamos que se trata de un Dios capaz de solucionar la mayor parte de nuestros problemas. Así no caeremos en la cuenta de que el Estado es en realidad el problema.

Nuestros papás, los políticos europeos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

No es momento de hablar del fantasmagórico proceso de armonización pero sí de lo intervencionistas que pueden llegar a ser políticos de todo el espectro ideológico con tal de poner cara de redentores en la foto. Que la intervención termine por perjudicar al consumidor a largo plazo no interesa a nadie. Los problemas del intervencionismo tocará resolverlo en otra legislatura; una vez pasadas las próximas elecciones, que es el único horizonte que conoce el 99% de los políticos.

Un claro ejemplo de este intervencionismo populista es lo que ha tenido lugar esta semana en Hannover. Los ministros de telecomunicaciones de la UE han decidido llevar a cabo la mayor intervención sobre un precio de mercado que jamás haya tenido lugar en la Unión. Se trata de imponer un precio máximo a las llamadas de teléfonos móviles que se hacen desde el extranjero. Los señoritos han decidido que el precio máximo que se puede cobrar es de 50 céntimos de euro por minuto. En España este intervencionismo de corte populista no sorprende a nadie, pero fuera de nuestras fronteras se han quedado alucinados. Dicen los ministros que "la competencia no ha bajado los precios y no lo logrará". Así que, más frescos que una lechuga, imponen el precio máximo de medio euro que entrará en vigor antes del verano y, ni cortos ni perezosos, declaran solemnemente que "han logrado que las personas puedan tener unas buenas vacaciones de verano". Populismo en estado puro. Habría que preguntarles qué es lo habría que hacer con unos políticos que nunca bajan los impuestos, el precio que nos obligan a pagar por sus "servicios".

Hay varias cuestiones interesantes en este ataque al libre mercado que es el mayor sufrido por un sector en la historia de la Unión Europea. La primera es que la teoría chapista sobre la que se sustenta abre la puerta de un sinfín de intervenciones de consecuencias desastrosas. La función del mercado libre y del proceso de competencia empresarial no es bajar los precios hasta el nivel que guste a los políticos sino, más bien, garantizar que se respeta la propiedad privada en los medios de producción y los intercambios voluntarios. Así se consigue que los recursos afluyan hacia aquellas líneas de producción que generan más valor o, lo que es lo mismo, que satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores en cada mercado. Al final el precio queda determinado por los consumidores en función de la oferta que haya. Otra cosa es que los políticos no estén permitiendo que en este mercado exista libertad de entrada, limitando así la oferta y elevando el precio.

Otra cuestión interesante es que los precios de servicio de roaming, que representan aproximadamente un 6 por ciento del volumen total de facturación de la telefonía móvil, varían muchísimo en función del proveedor. En Europa van desde el 1,87 euros de Vodafone a los 22,2 céntimos de KPN Mobile, pasando por el euro y un céntimo de telefónica móviles o los 88,7 céntimos de Orange. Así que el consumidor puede elegir proveedores con precios muy distintos y servicios bastante diferenciados. En este marco, el precio máximo impuesto sólo puede perjudicar el modelo de negocio de unas empresas y beneficiar al de otras, dañando el proceso dinámico de competencia y perjudicando en última instancia al consumidor final, que verá empeorar el servicio o elevar la factura por otro lado como consecuencia del intervencionismo político. Eso sí, los señores ministros se quedarán muy a gusto porque pueden anunciar a los cuatro vientos que te mejoran las vacaciones, te acurrucan por la noche y te ponen el chupete en la boquita.

Monopolio urbanístico

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

"Las leyes son muchas en demasía; y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto".
 Juan de Mariana

Me veo en la necesidad de expresar mi rechazo a lo expuesto en el artículo publicado en el diario El País sobre la corrupción urbanística y sus posibles soluciones, escrito por mi apreciado y respetado ex-profesor don Gerardo Roger Fernández.

Según el señor Roger Fernández, para que haya corrupción se tienen que dar tres factores: "desde la oferta, un producto generador de enormes plusvalías; desde la demanda, un universo muy amplio de solicitantes perentoriamente necesitados del mismo y, en tercer lugar, un mercado lo más restringido y, a poder ser, lo más monopolístico y opaco posible". Pues bien, que un producto genere enormes plusvalías y que exista un amplio número de solicitantes necesitados del mismo no es ninguna razón para que exista corrupción, sin embargo, un mercado restringido y monopolístico si lo es, pero no por las razones que él expone.

Don Gerardo cae, como otros muchos, en una errónea definición de monopolio, lo que además se demuestra, como veremos más adelante, por las soluciones que plantea.

Muchas personas, erróneamente, creen que se tiene el monopolio de algo cuando alguien tiene la propiedad de todo un determinado producto o recurso. Esta definición y otras similares han sido utilizadas por el pensamiento único para poder justificar la destrucción de la propiedad privada o el hurto de la misma. Sin embargo, el monopolio existe cuando alguien por la fuerza física o coactiva se hace con el control del mercado e impide que otras personas puedan intercambiar unos determinados bienes y servicios. Es por ello que existe un monopolio del suelo y éste lo ostenta el Estado.

Con la excusa de que el suelo es escaso, y apoyado por muchos intelectuales y políticos de izquierda, el Estado monopoliza el mercado de suelo para poder controlarlo y hacer con él lo que más le plazca. De esta manera el Estado planifica nuestras ciudades, nuestro medio ambiente, nuestras costas y nuestros ríos, y de esta forma se asegura lo que para él es alimento vital, el control de los individuos. Indudablemente, ostenta el monopolio de la propiedad del suelo, aunque nos engaña con diferentes concesiones de usos del mismo para hacernos creer que nosotros somos los propietarios y así poder continuar con su tiranía comunista del urbanismo.

Con este panorama es lógico que exista corrupción, pero no por los argumentos que expone el señor Roger Fernández, sino porque en vez de estar los individuos compitiendo en el mercado para satisfacer las necesidades del resto de las personas (qué tipo de ciudades satisfacen sus fines, en qué tipo de viviendas quieren vivir, a qué tipo de playas les gusta ir, etc.), al estar coaccionados y administrados prefieren influir sobre la toma de decisiones del suelo por el órgano de poder y así poder lograr sus fines sin necesidad de contar con los fines del resto de la población. Por otro lado, el órgano director (controlado indudablemente por diferentes grupos de poder) busca sus propios fines haciendo uso de este monopolio y además justificando la actividad coactiva ante los individuos que administra para mantenerse en el poder.

Pero lo más sorprendente, después de un análisis más que equivocado de por qué existe la corrupción, son las soluciones por las que aboga el profesor Roger.

En primer lugar "que el suelo se valore legalmente ‘por lo que es’ y no ‘por lo que pueda ser’, acomodándose al mandato constitucional a impedir la especulación y si se apuesta por un desarrollo sostenible del territorio". O sea que la solución que se plantea es: la eliminación de los precios de mercado y sustituirlos por valores irrisorios que serían decididos a su antojo por burócratas y políticos; la eliminación de la especulación económica necesaria para la vida misma y, por último, la protección coactiva de todo el suelo bajo la justificación del erróneo argumento de desarrollo sostenible.

En segundo lugar, "ábrase a la competencia la producción de ciudad por la iniciativa privada, terminándose con viejos monopolios de raíz preliberal. Que para los casos en que se delega la producción de la ciudad en los privados, ésta se lleve a cabo en régimen de libre empresa, en concurrencia bajo estricto y escrupuloso control público en aras de evitar malas prácticas aplicativas, tanto para el interés general como para los privados legítimamente obtenidos". Con este párrafo lo que el autor del mismo nos viene a decir es que permitamos que empresarios sin necesidad de ostentar la propiedad del suelo puedan realizar edificios y urbanizaciones siempre y cuando el órgano director lo supervise y lo permita. Por lo tanto, carta libre para el agente urbanizador y edificador y de esta manera agrandar el monopolio del suelo por parte del Estado, más corrupción y más dinero para hacer ricos a los amigos del órgano director. Por supuesto, todo eso bajo la justificación del interés general. Además lo que se propone en estas líneas, pero no se dice abiertamente (por qué será), es la eliminación de la propiedad privada mediante la nacionalización del suelo.

Por tercer y último lugar, "procédase a segmentar la oferta de una parte del mercado, disponiéndose garantías jurídicas que propicien la presencia de suelo a precio acorde a las rentas familiares medias con destino a vivienda protegida. Sólo una disposición legal que comporte la reserva de una parte del suelo para vivienda social, tal como la experiencia nos demuestra, podrá satisfacer el derecho constitucional a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Carta Magna". ¿Una parte del suelo a viviendas sociales? ¿Es que acaso el resto de las viviendas no son sociales? Lo que don Gerardo Roger pretende es que se establezcan más impuestos mediante viviendas de precio intervenido y de esta manera las viviendas de precios supuestamente no intervenidos o libres (y digo supuestamente porque no existen, ya que todos los precios de vivienda en la actualidad están intervenidos por el control estatal del suelo) verían incrementado su precio de venta para poder soportar los costes económicos de las viviendas de precios tasados por el Estado. Eso sí, justificado por el artículo 47 de la constitución que otorga a todos los españoles el derecho positivo a una vivienda digna.

Termina don Gerardo anunciándonos que "medidas legales de estas características se recogen en el Proyecto de Ley de Suelo estatal y en algunas legislaciones autonómicas progresistas". Precisamente puesto que medidas como las expresadas se encuentran en el Proyecto de Ley de Suelo, éste no debe de ser aprobado nunca y retirado de inmediato, pues incrementaría la corrupción sin lugar a duda al igual que la fomentan todas esas legislaciones autonómicas supuestamente progresistas.

Las soluciones al problema de la corrupción urbanística son otras muy distintas. Sin duda las dos principales son, primero, que exista la propiedad privada para que de esta manera pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y segundo, desmonopolizar la asignación de los usos del suelo por parte del Estado, con lo que se eliminaría la especulación, pero no la económica, ya que tratar de evitar ésta es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, sino la política. Puesto que la especulación política inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. Sólo de esta manera se conseguirá el progreso. Además, adelanto que tarde o temprano se transitará por ese camino. El muro de Berlín cayó por su propio peso e igualmente caerán los planteamientos de ingeniería social por medio del monopolio estatal del urbanismo y la ordenación del territorio. De esta manera se podrá seguir avanzando para alcanzar la libertad y el bienestar de los individuos.

Es bueno que haya empresas que cierren

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Para ver un poco mejor el sinsentido de esta medida, alarguemos este intervencionismo al infinito: ante la posibilidad que una empresa cierre, el Gobierno interviene para que ésta siga abierta. Este tipo de intervencionismo nos llevaría a la contradicción del propio sistema capitalista, llegaríamos a la eliminación de la diversidad de productos y precios. Al final, el incentivo de la oferta no sería el beneficio de la demanda o consumidor, sino conseguir las rentas proporcionadas por el Estado.

Esto nos llevaría a la mayor contradicción del capitalismo: tendríamos una estructura productiva plana, inerte, socialista. En este contexto no hay ningún incentivo real para invertir, descubrir necesidades ni avanzar. Si siguiéramos este proceso, dentro de cincuenta años, por poner una fecha, tendríamos el mismo tejido productivo que ahora. El problema es que los países que hubiesen abrazado el capitalismo no estarían como nosotros, sino mucho más avanzados: tendrían una estructura productiva dinámica, rica, diversa, libre y próspera. En algún momento, su superioridad económica acabaría ahogando nuestro bienestar y dejaríamos de ser competitivos para convirtiéndonos en un país subdesarrollado más.

Fíjese en los países comunistas donde siempre había pleno empleo. Mientras las naciones civilizadas avanzan y su bienestar crece, los socialistas se quedan estancados, la pobreza aumenta, la gente quiere escapar de ellos y son incapaces de competir contra nadie. Por el contrario, los países más capitalistas son los más ricos y los que disfrutan de mayor bienestar. Precisamente han sido los antiguos países de la Unión Soviética quienes mejor han acogido al capitalismo y han tenido unos incrementos en bienestar espectaculares. Sería absurdo afirmar que ahora están peor que antes.

Mantener empresas que la gente –o lo que es lo mismo, el mercado– ya no quiere para ganar votos es cerrar la puerta al progreso y a las libres decisiones de los consumidores. Cuando el Gobierno evita un cierre empresarial apoya abiertamente la ineficiencia, el parasitismo y el retroceso económico, creando además una falsa sensación de seguridad laboral y productiva que acaba pagando la sociedad entera con mayores impuestos y desempleo, un mercado laboral rígido e ineficiente y menor diversidad económica. Justo lo que tenemos en España.

La obsesión cortoplacista del Gobierno en detrimento del largo plazo, de la que mantener empresas improductivas que no tienen futuro inmediato no es más que un ejemplo, resta capacidad de riqueza a la comunidad. Localiza los recursos útiles (capital, factor humano…) en labores no productivas. Podemos resumirlo en la expresión: "pan para hoy, hambre para mañana".

Mientras que la economía es una ciencia, la política, tal y como vemos cada día, no es más que la manipulación de los sentimientos para conseguir beneficios a corto plazo a expensas del resto de la sociedad. Mezclar economía con política no hará variar las leyes esenciales de la ciencia económica, sólo nos sumergirá en una ficción de bienestar que nos hará más pobres.

Ley del Suelo, por qué hay que votar “no”

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Además, la ministra ha lanzado la siguiente advertencia: "Los grupos que finalmente no la apoyen, si eso ocurre, deberán explicar por qué". Por ello me veo en la necesidad de solicitar a los diputados del pleno del Congreso a que voten no y a exponer cuáles son los porqués. Entre las razones por las que hay que votar no, destacan las siguientes: incentiva la especulación, incrementa la corrupción, aumenta la inflación, elimina el principio de indemnidad patrimonial en las expropiaciones, y gran parte de su articulado es inconstitucional.

Empezando por el final, la ley es inconstitucional porque no hace caso a la Sentencia 61/1997 del TC, que eliminó el debate sobre si el Estado podía legislar o no en materia urbanística y, además, le atribuye como únicas competencias la de dictar cuáles son los derechos y deberes de la propiedad del suelo y el régimen de valoraciones en los casos expropiatorios. Pues bien, la ley que se somete hoy a votación hace caso omiso a esta sentencia e introduce derechos y deberes, como los de los ciudadanos, que poco tienen que ver con la propiedad.

Por otro lado, también da cobertura a la iniciativa urbanizadora y edificadora a terceros sin necesidad de ostentar la propiedad, con lo que incentiva las expropiaciones privadas que chocan de forma directa con el concepto de propiedad privada definido en nuestra Constitución. Además, este tipo de expropiación incluida en diferentes leyes urbanísticas autonómicas como método de gestión está actualmente denunciado en los tribunales europeos. Por último, la ley introduce un gran número de preceptos que afectan a materias de competencia autonómica, como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Algunos de éstos son: los convenios urbanísticos, los plazos de información pública del planeamiento, exigencia de documentación que debe incorporar el planeamiento (como, por ejemplo, el de sostenibilidad económica, que lo único que le preocupa es que las arcas locales estén saneadas), y para terminar introduce increíbles límites totalmente arbitrarios en los desarrollos urbanísticos que contemplen crecimientos superiores a un 20% de la población actual del municipio o de su territorio (¿por qué no el 14%, el 16% o el 38%?).

Tanto el Tribunal Constitucional, diciendo que debe entenderse como "correspondiente indemnización", como el Tribunal Supremo mediante reiterada jurisprudencia, han venido defendiendo el denominado principio de indemnidad patrimonial, mediante el cual debe existir "un equilibrio entre la indemnización de la expropiación y el valor económico del bien". Sin embargo, esta ley desoye dicho principio y lo elimina por completo mediante el cambio sustancial que sufren las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios. Con el cambio de criterio de valoración (que de ser en función de la clasificación pasa a ser en función de su situación), así como los cambios de los mecanismos o métodos de valoración del suelo, las compensaciones expropiatorias serán infinitamente menores a la de los precios de mercado y, por lo tanto, al valor económico del bien. Por todo ello, el criterio de indemnidad patrimonial definido por la Justicia es eliminado y sustituido por el de indignidad compensatoria o injustiprecio expropiatorio.

La ley en ciernes utiliza como premisa legitimadora de la misma una deducción totalmente errónea de la tendencia inflacionista de los precios, probablemente, producto de la falta de reflexión y del desconocimiento del funcionamiento del mercado por parte del legislador. Ésta atribuye a las clasificaciones de suelo los aumentos de los precios y de la especulación, sin darse cuenta de que lo que produce verdaderamente encarecimiento de precios es la intervención sobre la oferta de suelo, ya sea mediante la clasificación o cualquier otro tipo de intervención estatal que limite los potenciales usos del suelo por parte de su propietario. Si lo que se quiere es acabar con la tendencia inflacionista de los precios, lo único que hay que hacer es eliminar el control sobre los mismos, como explica la ciencia económica. Sin embargo, la ley no sólo produce un importante aumento de la intervención del suelo sino que además introduce nuevos impuestos, como el aumento hasta un 20% de la cesión de la edificabilidad a las arcas municipales y la reserva mínima de un 30% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas con algún régimen de protección, este último de dudosa constitucionalidad. Sin duda alguna, estos nuevos impuestos producirán una tendencia inflacionista de los precios de las viviendas libres.

Por otro lado, otro de los supuestos fines de la futura ley es eliminar la corrupción. Como ya hemos dicho, ésta no sólo no lo conseguirá sino que además la fomentará, ya que incentiva mediante su creciente intervención del suelo la especulación con base en la actividad política y administrativa. Este tipo de especulación, y no la económica, que es necesaria para equilibrar el mercado, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo, es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. El artículo 47 de nuestra Constitución, cuando dice que los poderes públicos deben impedir la especulación se refiere a ésta, puesto que impedir la economía es llevar nuestra economía al colapso.

Éstas son algunas de las razones de peso por la que todos los representantes parlamentarios deben votar no. Estoy convencido de la buena fe del Gobierno en querer solucionar el problema de la vivienda y la corrupción, y es por ello que, si verdaderamente quieren hacerlo, deben retirar hoy este proyecto de ley y confeccionar una reforma legislativa que gire en torno a los dos siguientes principios: el respeto al derecho a la propiedad privada del suelo y la liberación de la asignación de los usos del mismo. De esta manera se eliminará la especulación política y con ella la corrupción. En caso de que el Gobierno no retire esta catastrófica ley y los diputados del Pleno no quieran utilizar estas razones para explicarle a la ministra por qué han votado no, la oposición debe presentar de inmediato un recurso de inconstitucionalidad de la misma y además derogarla en el primer Consejo de Ministros el día que vuelva al poder.