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Etiqueta: Regulaciones y otras políticas públicas

Políticos contra la “vivienda digna”

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta última ha reflexionado sobre el asunto desde el confort de su magnífico ático en la ciudad condal y ha terminado defendiendo públicamente la despenalización de la usurpación de viviendas como solución a las dificultades que encuentran los jóvenes para convertirse en propietarios o arrendadores.

Con políticos de semejante catadura moral no es de extrañar que Barcelona se haya convertido en la capital europea del crimen organizado contra la propiedad inmobiliaria. Y es que en Cataluña se juntan el hambre con las ganas de comer: por un lado, el aletargado sistema judicial español que se da casi la misma prisa en ordenar la devolución de la propiedad a sus verdaderos dueños que en indagar la composición de las bombas del 11-M. Por el otro, políticos como la tal Inma que o bien quieren subvertir el capitalismo, o son demagogos compulsivos. Claro, que si vivimos en un país en el que políticos de primera línea como la ministra de vivienda dicen que la ocupación "es otro estilo de vida", ¿qué podemos esperar de sus socios más radicales? Trujillo, además, ha impulsado una ley que cambia el sistema de valoraciones para que el Estado pueda expropiar a los legítimos dueños del suelo a precios de risa. Coherentes en su desprecio por la propiedad privada, la ministra ha consolidado la figura del agente urbanizador por la que gigantescas empresas adquieren licencia para quedarse con tu trocito de tierra.

En el país vecino les ha dado por ser más sutiles. La fiebre preelectoral ha llevado a Villepin a presentar como solución al monumental fracaso del modelo urbanístico intervencionista una ley que permite exigir ante los tribunales el derecho a una vivienda. Es la típica dinámica del intervencionismo según la cual se tratan de solucionar los problemas creados por anteriores intervenciones sobre el mercado libre con nuevas medidas intervencionistas que darán lugar a ulteriores problemas. A partir de ahora los franceses que no tengan vivienda, en vez de alquilar o vivir más tiempo en casa de familiares –como ocurre en el mundo civilizado–, u ocupar la vivienda de otro –como ocurre en Barcelona–, puede meter la mano en la cartera del resto de la ciudadanía para tener una "casa digna". El problema es que la manera de conseguirla no lo es tanto.

Lo indignante es que son estos mismos políticos superimaginativos los que han hecho de la vivienda un bien de lujo. Han expandido el crédito de manera artificial provocando una gigantesca burbuja inmobiliaria, restringen extremadamente la oferta de suelo urbanizable elevando artificialmente su precio para jugar a las casitas con la propiedad ajena y pedir a los particulares gigantescas sumas por dejarles construir en su terreno, se niegan a dar plenas garantías jurídicas a los propietarios desincentivando la oferta de viviendas en alquilar y, por último, se dedican a cargar al suelo con impuestos de enorme creatividad para mantener un mercado de viviendas para una casta de privilegiados de clase media pagados por el resto de los españoles a través de los elevados precios de las viviendas libres.

Si las soluciones ocupacionales de esta nefasta generación de políticos continúa yendo en contra de la propiedad privada, el mercado terminará ofreciendo soluciones para defender a la gente honrada de sus políticos. Cuando llegue ese día, las legitimidad de las organizaciones privadas se enfrentará a la repugnante legalidad de nuestros políticos. La crisis institucional será enorme si antes no aparece alguien que reubique las leyes, normas y declaraciones que afectan a la vivienda del lado de la propiedad privada.

Por qué el IPC no tiene nada que ver con la realidad

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los métodos para recopilar la información del IPC es la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF). Su deficiencia es la misma que tienen todas las encuestas, que la gente no acaba de decir la verdad. Algunas preguntas pueden invadir la intimidad o desvelar secretos y más en un país donde el 23% de la economía está sumergida y quienes están en ella no tienen interés alguno en divulgar estas rentas no declaradas. También tiene la dificultad de las mediciones realizados en los comercios cuando hay variaciones de productos. Cuando desaparece un producto del mercado ha de ser sustituido por otro en el índice. El problema es cómo saber qué producto es un bien sustitutivo exacto e igual de representativo que el que ha desaparecido en la última medición. La elección final no deja de ser arbitraria.

Otro problema en el cálculo del IPC es la poca representatividad de algunos grupos sociales. Sólo a modo de ejemplo, el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas pesa aproximadamente un 23% en el índice. Esto, evidentemente, deja fuera a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que viven con sus padres, mientras que el grupo de las bebidas alcohólicas y tabaco, productos donde el gobierno más impuestos ha cargado, sólo suponen poco más del 3%. Viendo otras estadísticas, podríamos concluir que ese 3% puede ser más de la mitad del gasto de los jóvenes. Y aunque también consumen, se excluyen las personas que residen en hogares colectivos e instituciones como conventos, residencias de ancianos, prisiones…

Por otra parte, el IPC excluye de su cómputo algunos impuestos, tasas pagadas a la administración pública, multas o recargos. Curiosamente, todos son pagos al Estado. Aunque los suban el IPC se queda igual. El índice tampoco contempla otros gastos de consumo pese a su gran peso en nuestra economía, como los de la economía sumergida, el comercio electrónico que ya representa casi el 10% del PIB, la venta ambulante como la que se hace en los mercadillos, los bienes introducidos en la economía hasta que no se consideran "representativos" o el alquiler de casas de vacaciones. Si usted alquila un carísimo apartamento en la costa durante un mes, por ejemplo, no computa en el índice, pero las rebajas sí. Sólo les falta incluir los periódicos gratuitos y las liquidaciones de stock.

Asimismo, tampoco computa la mayor preocupación de casi todos los españoles: la vivienda de propiedad, ya que ésta se considera una inversión y no un gasto. Algo muy conveniente para el gobierno ya que el precio medio de la vivienda se disparó desde la entrada del euro más de un 150%.

Aunque sólo tuviéramos en cuenta que los españoles destinamos un 40% de nuestras rentas al pago de una vivienda, esto bastaría para dejar al índice de precios oficial en un formalismo irreal que sólo sirve para engañarnos. El Gobierno, que se proclama como la organización más transparente de la sociedad, es el primero que nos miente, siempre. Por el contrario, otras organizaciones que sí tienen un interés directo en las mediciones reales de lo que nos gastamos, como la CEACCU, han llegado a la conclusión que, desde la entrada del euro, los precios han subido un 60%. Según el gobierno, un 17,5%.

Ya nos lo advirtió Ludwig von Mises hace sesenta años que "cualquier ama de casa sabe más sobre las variaciones de los precios que afectan a su hogar que los informes estadísticos… [Y es que] ella, no es menos ‘científica’ ni más arbitraria que los rebuscados matemáticos que usan sus métodos para manipular los datos del mercado."

Atraco a las televisiones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La ministra Carmen Calvo tiene una mentalidad netamente totalitaria. Por supuesto no como fruto de densas lecturas de teoría marxista (lo suyo es Wittgenstein), sino sencillamente porque probablemente es lo que capta del ambiente en el que se mueve, en el que esta clase de bazofia seudointelectual resulta de lo más chic.

En su última andanada contra las empresas de televisión privada, se detecta también su deseo de pagar a los comediantes el favor de haber agitado a toda la sociedad española durante las últimas elecciones. Como siempre, la izquierda utiliza para el pago de sus prebendas el dinero de los demás, que, otra vez Carmen Calvo, resulta que "no es de nadie". "Un progre es alguien con una terrible mala conciencia que intenta lavar con tu dinero", me parece, desde que la leí, la mejor definición de la esencia del progresismo.

Actualmente, el estado obliga a las televisiones privadas nacionales a destinar un 5% de sus beneficios a la compra de películas españolas. Como el talento de sus autores no les permite vivir de su profesión, la solución de la CCCP (Camarada Carmen Calvo Poyatos) es crear un impuesto ad hoc apenas disfrazado como tal, de forma que, al menos en la pequeña pantalla, la gente no tenga más remedio que tragarse los bodrios habituales de nuestros genios.

Pero como a pesar de esa medida coactiva el cine español sigue siendo un desastre, nuestra CCCP da ahora un nuevo giro de tuerca y, según se anuncia en la nueva normativa cinematográfica, ahora también tendrán las televisiones privadas que destinar un 1% adicional de sus ingresos a promocionar aquellas películas en las que ya han colaborado con el 5% del primer atraco. Es como cometer un delito y obligar a la víctima a destinar un porcentaje de su tiempo a publicitar la hazaña. Sobre el latrocinio, la crueldad.

Tan sólo el hecho de que el negocio de la televisión en España depende de las concesiones de los políticos, explica que estas empresas acepten el chantaje sin rechistar más allá de alguna nota de prensa insustancial para cubrir el expediente. Aceptan esa mordida y prestan gustosos su pantalla para agredir visualmente a sus espectadores con la proyección de las películas de los profesionales de la pancarta. ¿Qué pasaría si de pronto a su audiencia, que abandona de estampida las salas de cine en cuanto huelen a bardemcilla, le diera por apagar la televisión al primer título de crédito que anuncie cualquier fechoría cinematográfica de esta trouppe?

El canon

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Si en vez de uno, son dos, el canon pasa a ser de 12 euros, y el tercero y los siguientes, quince. La justificación del filósofo Madrazo para imponer el canon es que "la vivienda vacía es un ejemplo de uso antisocial y no sostenible".

La lógica de la medida arbitrada por el Gobierno vasco es sencilla: si a un propietario le resulta tan caro guardar una casa sin sacarla al mercado, se verá obligado finalmente a hacerlo. En la consejería han hecho sus cuentas y prevén que los ciudadanos pondrán en alquiler unas 26.000 viviendas.

Pero si le hubieran dado un par de vueltas más al asunto, acaso se habrían dado cuenta de que el canon es innecesario, y que la solución parece ir más bien por otro lado. Está claro que, quien tiene una casa que en principio no va a utilizar y no planea vender tiene un enorme interés en sacarle provecho ofreciéndola en alquiler.

Es más, sin la necesidad de imponer canon alguno, cada día que pasa sin que el propietario le saque una renta le supone un gran coste de oportunidad. Bien sabe él a lo que está renunciando por no hacerlo.

Y sin embargo son muchos, decenas, centenares de miles de propietarios, los que deciden guardarse la casa hasta encontrar una ocasión propicia para venderla, o para cualquier uso que le puedan dar, que prefieren casi cualquier opción antes que ponerla en alquiler, aún a costa de renunciar a unos buenos ingresos. La cuestión es: ¿por qué?

Y la respuesta es que el mercado no funciona bien, porque una vez se firma un contrato con un inquilino son más las incertidumbres que las certezas. ¿Cumplirá puntualmente el nuevo habitante de la casa? De no ser así, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que recupere el control? Lo que necesitan es seguridad, y el camino no son los cánones, sino seguridad jurídica.

Lo pequeño (a veces) es hermoso

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Cada día resulta más difícil que la presentación de un informe sobre propuestas de reforma en un sector sorprenda al auditorio que lo recibe. La monotonía de estos estudios suele ser absoluta: que si hace falta un mayor compromiso político, que si hay que ampliar la financiación, que si hay que multiplicar las infraestructuras, que si hay que racionalizar la producción, que si hay que conducir la demanda con controles de precios o, por poner otro ejemplo típico, que si hay que concienciar a la población del verdadero valor de las cosas con gigantes campañas de información pública. Así que, para hacerse notar, los responsables de estos informes se apuntan a una carrera inflacionista de intervenciones y faraónicos proyectos estatales. ¿Y qué hay del elevado coste de estas medidas? Les da igual. Pocos serán los que identifiquen los problemas futuros con la deuda fruto de la financiación del sinfín de modernos mausoleos, puentes y calzadas imperiales. En cambio, todo el mundo identificará las inmensas pirámides con el político de turno que las erigió. Gallardón sabe bien de qué estoy hablando.

En este contexto, se puede explicar que la reciente presentación un informe sobre los problemas del transporte en el Reino Unido y las medidas de política económica necesarias para solucionarlos haya provocado un maremoto político que ha sacado a todos del muermo que sufríamos en estos eventos. El informe, liderado por Sir Rod Eddington, ex director ejecutivo de British Airways, reconoce los problemas de congestión en el transporte público británico pero rechaza frontalmente las soluciones que consisten en aprobar oceánicos gastos con cargo al contribuyente. En lugar de estas soluciones "a la francesa", Sir Rod asegura que las pequeñas mejoras de la infraestructura ya existente en aquellos puntos concretos en donde se satura es la vía correcta para las reformas de las redes de transporte comunicación.

A los políticos no suele gustarles este tipo de recomendaciones. Con pequeñas mejoras es difícil salir en la televisión y más complicado aún ponerse la medalla de redentor y político omnipotente. Por eso, esta clase de conclusiones en un informe oficial es de una especie en vías de extinción. Para perplejidad de propios y extraños, la segunda recomendación de este sensato caballero consiste en que las infraestructuras se paguen cuando se usen y en función de su escasez relativa. Esta idea tan de sentido común ha dejado outside a políticos y comentaristas del sector de transporte y las comunicaciones. De aplicarse estas dos ideas que acercan los transportes públicos al funcionamiento del mercado y sacan al Estado de los grandes proyectos majestuosos, la privatización de un buen número de servicios e infraestructuras de transporte podrían estar a la vuelta de la esquina, mientras que la iniciativa de mega proyectos como el Eurotúnel quedarían definitivamente en el reino de la propiedad privada y la responsabilidad de quien invierte su propio dinero en la empresa.

Hace 20 años Margaret Thatcher privatizó el sector ferroviario y el resultado ha sido el incremento espectacular del número de pasajeros y las toneladas de carga transportadas gracias a medidas de mejora incremental. Las nuevas recomendaciones de Sir Rod podrían facilitar la extensión de la filosofía thatcheriana y sus parabienes al resto del sector gracias a explicar que lo pequeño es hermoso. Al menos cuando se trata de la intromisión del estado en un sector como el transporte y las infraestructuras.

A propósito de Howard Roark

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Cuántas veces rechazan tu creatividad, tus propósitos, dándote con la puerta en las narices, sin más justificación que el recelo, la rutina o la envidia. Los pretextos de esta amplia clase de obstaculizadores son casi siempre los mismos: "quieres aislarte del mundo", "sólo se pueden imitar los modelos históricos", "no puedes aprender a sobrevivir sino aprendes a transigir". Incluso pueden descalificarte por completo: "eres un egoísta, un impertinente, demasiado seguro de ti mismo".

Más adelante, alguien confía en el proyecto y te ofrece un empleo para desarrollar tus propuestas. Pero no es suficiente: los encargos no llegan, el negocio languidece. No lideráis aún la tendencia, os habéis anticipado a vuestro tiempo, faltan recursos y contactos. Los pronósticos sombríos se confirman. Aún así, no te doblegas, sigues convencido. Te preparas para recorrer el desierto. Comienza la supervivencia, los trabajos alimenticios sin vocación. En una de esas ocupaciones conoces a la persona que amarás durante toda tu vida. Ella o él te desean; no obstante matrimonian con quien le da mayor bienestar. Un día regresará a ti, será otra historia pendiente. En este momento lo que más te preocupa es la inexistencia de un socio que crea en ti. Por fin, sorpresivamente, lo conoces. Comienza el éxito, la confianza profesional. La flamante prosperidad pronto será acechada por la maledicencia; tendrás que defenderte en público, justificando ante el soviet de rencorosos tu afán de superación.

El Manantial, la película dirigida por King Vidor en 1949, refleja esta circunstancia vital de conquista de la libertad. Gary Cooper interpreta de forma espléndida a Howard Roark, el héroe de Aynd Rand en su novela del mismo título. Las palabras de Roark en su alegato final tienen el mejor sonido posible para muchos:

El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado, su cerebro es su única arma. La mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa, debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede actuar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás, no puede ser objeto de sacrificio.

Descarga The Fountainhead y aprecia su mensaje en todo aquello que pueda resultarte (resultarnos) útil. Comentémosla. Recomendémosla: no hay demasiado cine liberal del que echar mano. Olvidémonos del aire retro de alguna de sus escenas y quedémonos con lo esencial: la determinación de Roark en su libre albedrío, la amortización de incomprensiones externas, la satisfacción –sin perjuicio objetivo a terceros– de hacer más por ti.

Si castigamos a las empresas, todos perdemos

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Un conocido diario económico ilustraba la noticia así: "Buena noticia para los trabajadores, pero no tanto para el bolsillo de los empresarios". En demasiadas ocasiones los periodistas económicos hacen juicios de valor que no se basan en ningún principio económico, sino emocional o de puro dogma. La medida de Caldera puede tener muchas repercusiones negativas para los trabajadores y para el resto de la comunidad. Veamos algunas:

1. España es un país terriblemente regulado con un alto nivel impositivo para las empresas y el mercado de trabajo es más propio de un país tercermundista que de uno desarrollado. La nueva ley entorpecerá a las empresas más pequeñas (de entre las que tienen más de 250 empleados, que es a las que se le va a aplicar), a las más apuradas financieramente y a las más acosadas por la nueva competencia extranjera (China, por ejemplo).

2. Un evidente coste adicional en los resultados de las empresas y reducción de la producción evocará, necesariamente, un aumento de los precios en toda la estructura productiva que repercutirá, de una forma u otra, sobre el consumidor; esto significa precios más altos.

3. La pérdida de un trabajador temporalmente producirá una evidente reducción de la productividad, y teniendo en cuenta que España es uno de los países con menos productividad del mundo, obtenemos dos cosas: un menor grado de competitividad internacional y más horas de trabajo para el resto de compañeros de trabajo. En las empresas españolas el trabajo suele ser absorbido por los compañeros y no realizado por otro nuevo trabajador debido a los altos costes monetarios (contratación, aprendizaje…) y trámites burocráticos que esto supone.

4. La propuesta Caldera tendrá un efecto evidente en la relocalización de puestos de trabajo. Hace unos años el fenómeno de la deslocalización sólo se daba en grandes empresas, ahora se ha expandido a las medianas y pequeñas ubicando sus servicios centrales (departamento financiero, informático, de atención al cliente…) en países de Europa del Este. Si el gobierno aumenta el coste por empleado, la deslocalización de trabajo acelerará la tendencia actual.

5. Las leyes que penalizan el trabajo, esto es, que hacen aumentar los costes laborales tal y como hace el "Permiso Caldera" afectan más directamente a los trabajos y grupos menos cualificados. Esto significa que una empresa se lo pensará mucho antes de contratar a un joven, a un inmigrante o a aquellos que tengan un tipo de trabajo de baja remuneración. El problema es que España es uno de los países de la UE con mayor desempleo juvenil. No es por tanto una buena noticia para los recién graduados, aunque sí para la economía sumergida ya que muchos de ellos van a tener que empezar sus primeros pasos laborales en el mercado que corre al margen del control gubernamental.

6. Pero si miramos más allá aún, las cosas se ponen más feas y la incertidumbre aumenta. Parte de esta ausencia laboral va a estar pagada por la Seguridad Social que, recordemos, se financia con dinero usurpado del sueldo del trabajador y la empresa. El principal problema en este tema es el delicado estado financiero de las pensiones futuras. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020 habrá un fuerte aumento de las jubilaciones. El Estado, si no ahorra, y de momento lo hace en un grado insuficiente, va a tener serios problemas para afrontar sus responsabilidades con nosotros. Actualmente sólo confía en poderlas pagar por algo tan relativo y contingente como es el aumento de la inmigración que, dicho sea de paso, está enviando con sus leyes a la economía sumergida. Actualmente sólo hay una solución realista futura: subir impuestos.

Paro juvenil, disminución de la productividad, subidas de precios, deslocalizaciones… No tiene por qué ser una debacle, pero tampoco parece que el permiso de Caldera vaya a ser una "buena noticia para los trabajadores". La única buena nueva la recibe el PSOE que, con esta medida populista que demuestra una clara intención de comprar votos, verá crecer sus adeptos a sabiendas del importante sacrificio social que todos vamos a pagar. Después, en la hipocresía habitual del gobierno, éste dirá que los malos datos se deben a las empresas, que no contratan trabajadores. Lo de siempre.

Principios generales del libre mercado

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Con relativa frecuencia, suelen aparecer en determinadas publicaciones o estudios recomendaciones para que una determinada empresa, sector, región o país triunfe en el ámbito económico. Estas recomendaciones suelen estar plagadas de declaraciones grandilocuentes que normalmente hacen llamamientos a incrementar el gasto de la empresa en temas tan diversos como la investigación (o I+D+i, como se le suele llamar ahora), la promoción comercial, la reingeniería, la calidad, la diversificación, la formación, etc. No obstante, no cuesta trabajo observar cómo empresas que aparentemente aplican dichas recetas fracasan, mientras que otras que continúan operando siguiendo métodos tradicionales, es decir, sin darle prioridad absoluta a dichas directrices, sobreviven.

El motivo de esta aparente incongruencia no es otro sino la confusión entre medios y fines en el libre mercado. Para sobrevivir en el mercado es necesario comprender sus fundamentos y adaptar la empresa a éstos. Aquellas empresas que los entienden y se adecuan sobreviven, mientras que otras, que no lo hacen, quiebran y fracasan, sin excepciones. No obstante, ninguna de las recetas anteriores constituye en sí mismo un principio fundamental del mercado, sino que simplemente son herramientas que pueden ayudar a cumplirlos. Por tanto, como herramientas que son, no constituyen un fin sino un medio.

Para comprender el libre mercado debe entenderse primeramente cómo se llevan a cabo las transacciones entre consumidores y productores. El principio fundamental de las mismas radica en su total voluntariedad. Los intercambios se rigen por el principio de libertad absoluta y nula coacción. Ninguna empresa puede obligar a un consumidor a comprar algo que no le satisfaga, al igual que ningún comprador puede adquirir un determinado bien o servicio sin ofrecer a cambio algo que el vendedor valore lo suficiente como para desprenderse del mismo. Por lo tanto, si una empresa quiere que un consumidor le compre un bien o servicio no existe ninguna manera de obligarlo a realizar la adquisición, sino que ha de demostrarle a éste que el mismo le va a suponer un beneficio, y que éste compensa el pago que tiene que realizar a cambio.

Este principio, que parece tan básico y tan simple, es el motivo por el que muchas empresas, asociaciones o administraciones públicas han fracasado en sus políticas. Y es que el fin de una empresa no es dedicar un porcentaje mínimo de su facturación a la investigación, la formación, la calidad, u otros menesteres, sino que éstas no son más que unas herramienta para descubrir nuevas formas con la que satisfacer al consumidor. Una empresa puede destinar casi la totalidad de su presupuesto a innovar y, sin embargo, fracasar si olvida lo fundamental, y es que sin la aceptación del consumidor no es nada.

Si el primero de los principios fundamentales era la posición de supremacía absoluta del consumidor, sin cuya aprobación resulta imposible realizar cualquier operación, el segundo es la rentabilidad del negocio. Para poner a disposición del consumidor una serie de bienes o servicios hay que incurrir en diversos costes, y la suma de éstos ha de ser inferior al precio que el adquirente está dispuesto a pagar. Los ingresos de una empresa provienen de aportaciones voluntarias que se dan a cambio de algo. Al igual que no se puede obligar al consumidor a adquirir algo que no desea, tampoco se puede obligar a nadie a dar dinero a la empresa. Esto tiene como consecuencia que la suma de todos los costes en que incurre la empresa en llevar a cabo las distintas transacciones y transformaciones que necesita para poner a disposición del cliente un bien o servicio, ha de ser inferior al precio que el adquirente está dispuesto a abonar. Esta situación obliga a la empresa a buscar formas cada vez más eficaces de emplear el dinero que los clientes, entidades financieras y accionistas le entregan, si pretende sobrevivir en un mercado cuyos únicos ingresos provienen de estas fuentes.

Por tanto, para que una empresa triunfe sólo necesita cumplir dos fines: satisfacer a los clientes y hacerlo de una manera rentable. Éstas son las dos tareas de la empresa, tan simples en teoría, y tan complejas de cumplir en la práctica. Todo lo demás no son más que instrumentos supeditados al cumplimiento de estos objetivos. Cualquier receta que olvide estos principios básicos fracasará sin remedio.

Irracionalidad y competitividad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

La escasa cultura científica entre los ciudadanos es un hecho incontestable. Incluso aquellos que han recibido una educación superior tienen lagunas en su formación respecto a materias elementales como la física o la química, que la LOGSE y sus avatares se están encargando de convertir en océanos. No de otra forma puede explicarse el auge de las pseudociencias, con el añadido del volumen de negocio cada vez más importante de las consultas telefónicas a videntes, curanderos, etc. Una estafa en toda regla que el Estado se niega a situar fuera de la ley, a pesar de la evidencia palmaria del delito.

Lo que sí resulta sorprendente es que las empresas hayan empezado también a tirar su dinero en este tipo de pseudoterapias absurdas, como descubrí este domingo viendo el telediario. Si en el noticiario vespertino anunciaran que los asnos planean por el cielo de Madrid o que en una película española actual se han detectado trazas de inteligencia, nadie se lo tomaría en serio y la cadena en cuestión sufriría un bajón de la audiencia. Sin embargo, hace unos días apareció un minireportaje sobre un pintoresco estafador, especialista en "terapia de espacios", y que yo sepa, la credibilidad de Antena 3 sigue siendo la misma, salvo en lo que a mí respecta.

La pieza informativa nos mostraba a un "especialista" en sanar las casas y oficinas, ordenando el desbarajuste de líneas de una oscura energía telúrica que se desparraman por la superficie. Atención a la imagen de una costosísima tecnología de frontera aplicada a esta investigación: Un tío con dos varillas de hierro en las manos haciéndolas moverse según el lugar por donde transitaba. Uno de los clientes se mostraba muy satisfecho con los servicios de esta empresa de sanación espacial, porque de esta forma su casa tendría mejor rollito con las visitas. Que se joda, ojalá se le llene de cuñados todos los domingos.

Pero lo más interesante surgió al final de la noticia, cuando también aparece una empresa importante como cliente del tío de las varillas. Que el dueño de la empresa sea un rematado cretino, como lo acredita esa decisión, no es lo sustancial, sino el hecho de que en un país tan necesitado de mejorar la productividad para salir de la cola mundial en materia competitiva tire sus recursos en estos disparates. Lo peor de todo es que, probablemente, esa empresa, como muchas más, reciba subvenciones para mejorar sus procesos productivos. Estoy seguro de que incluirán la chorrada de la "sanación de espacios" en lugar preferente en su lista de objetivos cumplidos.

Consumismo estatal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Todos los años por estas fechas suelen aparecer mensajes en contra del insostenible consumismo al que nos abocan las grandes multinacionales capitalistas. A los ojos de estos austeros neocarcamales, los individuos estamos manipulados por la irresistible publicidad que elimina nuestra auténtica capacidad de elección; motivo que serviría para justificar la intervención y coerción del Estado sobre la soberanía del consumidor.

Estos primitivistas desconocen por entero el papel del consumo en el sistema económico, ya que precisamente el capitalismo se basa en la acumulación de capital y por tanto en la necesidad de ahorrar (restringir el consumo) para invertir e incrementar nuestra riqueza.

Con todo, la parcialidad de sus críticas resulta aun más llamativa que su ignorancia económica. Si tanto les molesta el excesivo consumo de la sociedad, uno esperaría que una parte sustancial de sus críticas estuvieran dirigidas hacia uno de sus principales promotores: el Estado. Sin embargo, esta estructura compulsiva sólo recibe halagos y vergonzantes pleitesías por parte de estos enemigos de la soberanía del consumidor.

Baste esta lista no exhaustiva de intervenciones nunca criticadas por los supuestos anticonsumistas y que aun así contribuyen enormemente a incrementar el consumo de los individuos:

  • La inflación: La continua pérdida de valor del dinero incentiva a que los individuos lo gasten cuanto antes. La inflación dificulta el ahorro y el atesoramiento de la riqueza en dinero, de ahí que convenga desprenderse de él cuanto antes. El Estado es culpable de la secular inflación debido a la instauración del dinero fiduciario y del continuo incremento de la masa monetaria no respaldada.
  • Reducciones del tipo de interés: Aunque la inflación sea su consecuencia más vistosa, las reducciones artificiales del tipo de interés promovidas por el Banco Central también permiten un incremento de la inversión por encima del ahorro real de la economía, esto es, un incremento del gasto en inversión sin que disminuya el gasto en consumo. Suponen por ello un consumo neto del capital acumulado sin que los individuos sean conscientes de ello.
  • Déficit público: El déficit público supone una captación de ahorro privado por parte del gobierno para emplearlo en gastos corrientes o en inversiones que no generan el flujo de ingresos necesario para amortizarlas; en otras palabras, son inversiones cuya rentabilidad se desconoce y que, por tanto, su mantenimiento se salda a través de ahorros que no son repuestos.
  • Propiedad colectiva: Todos aquellos bienes (como el agua) cuya privatización impide el Estado están sujetos a la famosa "tragedia de los comunes", es decir, un consumo del valor del bien por encima de los fondos dedicados a amortizarlo. Ante la inexistencia de un derecho de propiedad, los distintos usuarios no destinarán sus ahorros a preservar un bien que otros usarán más adelante sin que él pueda impedirlo. Cada usuario exprimirá al máximo el bien sin tratar de conservarlo.
  • Pensiones públicas: Las pensiones públicas están basadas actualmente en un sistema de redistribución intergeneracional, por el cual los jóvenes trabajadores pagan su pensión a los jubilados. Dado que estos jóvenes trabajadores tienen una predisposición a ahorrar parte de su renta para el futuro y los jubilados tienen una tendencia a consumir durante sus últimos años de vida su renta disponible y acumulada, el sistema público de pensiones propicia el consumismo.
  • Subsidio de desempleo: Cuando una persona pierde su empleo debería reducir su consumo o seguir consumiendo con cargo a sus ahorros previos. Los subsidios de desempleo permiten al individuo carecer de cualquier tipo de ahorro (esto es, consumir la totalidad de la renta mensual percibida) y aun así seguir consumiendo cuando es despedido.
  • Subvenciones: Hay multitud de individuos y asociaciones (sindicatos, partidos políticos, cineastas…) que son incapaces de generar riqueza pero que, aun así, perciben una renta gracias a la gracia estatal. Obviamente, en estos casos el consumo es mucho mayor al que podían alcanzar sin subvención.
  • Renta básica: La renta básica consiste en un derecho universal a percibir una retribución incondicional por el Estado. Se habilita a todos los individuos a consumir aun cuando no produzcan ni hayan ahorrado previamente de un modo similar, pero más generalizado, al de las subvenciones.
  • Impuesto sobre sucesiones: El impuesto sobre sucesiones disminuye la riqueza que percibirán los herederos, de modo que los propietarios actuales tienden a reducir y dilapidar sus patrimonios en mayor medida. Dado que no pueden transmitirlo íntegramente a sus sucesores, el consumo presente se vuelve más intenso.
  • Impuesto de sociedades: El impuesto sobre sociedades grava los beneficios de la empresa y, por tanto, disminuye el montante de ahorro empresarial que podría haberse reinvertido. Dado que no se permite su capitalización, las compañías tienen una tendencia muy clara a incrementar todos los gastos deducibles (como el salario de los directivos, las cenas de empresa, los regalos de Navidad…) para disminuir la base imponible (los beneficios) y reducir la cuota efectivamente pagada.
  • Gravamen de las plusvalías: La tributación de las plusvalías es un caso claro de doble imposición, ya que el incremento del valor bursátil de la empresa proviene de la capitalización de unos beneficios que ya han sido gravados por el impuesto de sociedades. Aparte de esta duplicación del atraco, el impuesto sobre plusvalías disminuye la rentabilidad de la inversión y, por tanto, convierte el ahorro en una opción menos atractiva.

Además existen dos diferencias esenciales entre el consumo privado y el consumo estimulado por el Estado: la voluntariedad y la auténtica sostenibilidad. Por un lado, el consumo privado es de carácter voluntario y pacífico, todas las partes de la transacción salen mutuamente beneficiadas; el consumo estatal se basa en la redistribución coactiva, el pillaje y la violencia. Por otro, las empresas destinan una porción de sus beneficios a amortizar sus estructuras productivas: un consumo por encima de ese mínimo capaz de regenerar los insumos empleados supone la depreciación progresiva de la compañía y su expulsión del mercado. En el caso del consumo inducido por el Estado la amortización ni siquiera es posible ya que el individuo que se ha de beneficiar de los servicios de la estructura productiva (o del montante de ahorros) no es el mismo encargado de amortizarla.

Casualmente ninguno de los autoproclamados enemigos del consumismo ha dedicado ni un segundo en criticar alguna de las intervenciones económicas que incentivan esta "plaga de nuestro tiempo". Parece más bien que el consumismo sea sólo una excusa vistosa para reclamar que el Estado cercene nuestra libertad de elección y estrangule el capitalismo.

Consuman y ahorren cuanto quieran durante estas fechas: un deseo que va mucho más allá de lo que les permite el Estado y de lo que los tontos útiles del auténtico consumismo insostenible están dispuestos a tolerar.