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Etiqueta: Sanidad y Seguridad Social

Animaladas progres

Sin embargo, precisamente porque casi siempre se otorga a personajes positivos, hace ya tiempo que casi todo el mundo lo asocia mentalmente con una suerte de galardón para el afortunado. La misma revista se ha encargado de confirmarlo, por ejemplo, en 2001, cuando prefirieron a Rudolph Giuliani por encima de Osama Ben Laden, quizá por temor a perder suscriptores si elegían a quien debían elegir.

Este año la revista te ha escogido a ti. La portada consiste en una pantalla de ordenador a modo de espejo que refleja el rostro de quien lo está viendo. No deja de ser irónico que, al escoger a los internautas, hayan hecho una portada imposible de reproducir en una pantalla de ordenador, viéndose obligados a hacer una animación alternativa. Hay quien lo había predicho en octubre, tras la compra de YouTube por parte de Google. Lo cierto es que, siendo importante la revolución que la web está trayendo a nuestras vidas, la elección me resulta absurda. Precisamente la gracia del invento está en elegir un solo nombre de entre todos los que pueden merecerlo y la ocurrencia de este año consiste en no elegir a nadie sino a todos. Políticamente correcto hasta la náusea.

Si querían subrayar la creciente importancia de la web en los últimos años podían habérselo otorgado al bueno de Tim Berners-Lee, aunque fuese con unos años de retraso, que al fin y a la postre fue quien la inventó. O a un par de bloggers reconocidos. Con esto parece que quisieran dar una importancia a la gente que anteriormente no querían reconocer; las revoluciones que derribaron los gobiernos comunistas en los 90 no provocaron un premio a los ciudadanos de Rusia, Checoslovaquia o Rumanía sino a Gorbachov (dice mucho de Time, por cierto, que no se lo dieran a Reagan y Thatcher). Como por otra parte parece lógico en una elección con un nombre tan individualista.

La revista tiene razón cuando afirma que la nueva web es "una herramienta para unir las pequeñas contribuciones de millones de personas y hacer que importen". También cuando afirma que "la Web 2.0 pone de relieve la estupidez de las masas tanto como su sabiduría. Algunos de los comentarios en YouTube te hacen llorar por el futuro de la humanidad sólo por la ortografía". Pero concluye que el premio nos lo otorga "por tomar las riendas de los medios globales, por fundar la nueva democracia digital, por trabajar por nada y derrotar a los profesionales en su propio juego". Qué bonito, oiga. Y, hombre, un poco exagerado, al menos por ahora.

Claro que posiblemente la elección no sea más que un ardid publicitario para lograr eco tanto en Internet como fuera de ella. Y yo he caído como un pardillo. Hay semanas que no está uno para nada.

Hacia una sociedad de propietarios

Es evidente que el Estado de Bienestar se ha mostrado incapaz de proveer satisfactoriamente necesidades tan elementales como la sanidad, la educación o la jubilación; muy al contrario, cada año monopoliza una cantidad creciente de recursos para ofrecernos unas prestaciones cada vez peores.

Hace unos días estudiamos la situación de quiebra en que se encuentra el sistema público de pensiones, motivo por el cual incluso los políticos socialistas nos exhortan a trabajar durante más años a cambio de unas rentas más inciertas. La calidad de ese paradisíaco Estado de Bienestar se va degradando día a día, ante su propia inutilidad.

La alternativa que nos propone la sociedad de propietarios está en plena consonancia con los principios capitalistas, que han permitido a la Humanidad disfrutar de los mayores niveles de vida jamás alcanzados. En lugar de contribuir coactivamente a las arcas del Estado, los promotores del estudio defienden que los individuos tengan libertad de disposición de sus rentas, para que puedan ahorrar e invertir en una selección de acciones de las mejores empresas del país.

Es importante comprender que la bolsa no tiene nada que ver con los juegos de azar. Cuando compramos una acción estamos adquiriendo una parte de una empresa y, así, una porción de todos los beneficios que ésta genere en el futuro. La rentabilidad de la inversión en acciones procede de que nos apropiamos del crecimiento futuro de la empresa para incrementar nuestro patrimonio.

El incremento real de nuestro bienestar que se produciría en el caso de abandonar los esquemas estatistas e invertir en bolsa es simplemente espectacular. El estudio, por ejemplo, concluye que una persona que empezara a invertir a los 25 años 700.000 pesetas y luego incrementara la cuantía en un 4% cada año (728.000 pesetas el segundo año, 757.000 el tercero…) podría jubilarse a los 50 años con unas rentas mensuales de casi 400.000 pesetas y un patrimonio de 64 millones. Por supuesto, cuanto mayor sea la aportación anual antes podrá decidir jubilarse el inversor (incluso a los 40 años); si no, percibirá rentas aún mayores.

Compare esto con las reducidas pensiones que se obtienen a los 65 años y pregúntese por qué tiene que soportar la dictadura de la miseria. Los individuos podrían dedicar su tiempo libre a otras actividades (leer, escribir, dibujar, viajar, hacer deporte, etcétera), reducir su jornada laboral y conciliar su vida laboral y familiar de un modo más sencillo (criar y educar a sus hijos en casa) o tomarse varios años de vacaciones, durante los cuales podrían incrementar su formación y, así, percibir más tarde mayores salarios.

Piense incluso en este supuesto, totalmente realista: unos padres que decidan hacer a su hijo recién nacido el que sin duda será el mejor regalo que reciba en su vida: abrirle un fondo de valores bursátiles de dos millones de pesetas. Ese fondo se habrá revalorizado hasta los 15 millones cuando el niño ya no sea tal y cumpla 30 años: le proporcionará unas rentas pasivas mensuales de más de 100.000 pesetas. Todo ello sin que el niño trabaje y, lo que es más importante, ayudando a crear riqueza en el resto de la economía. ¿Quién dijo que el salario mínimo era necesario para una vida digna?

Todos estos cálculos se han obtenido con la estimación, bastante realista, de un crecimiento de la bolsa del 7% anual (podría considerarse incluso conservadora, si tenemos en cuenta la experiencia chilena: allí, tras la implantación de las pensiones por capitalización, el crecimiento económico pasó de un 3 a un 7% anual). Se trata de una cifra obtenida de la suma de un crecimiento real de la economía del 4%, un beneficio de apalancamiento del 2% (diferencia entre el rendimiento del capital y el coste de la financiación) y una reinversión de los beneficios del 1%.

Ahora bien, cualquier individuo con una mínima cultura financiera podría dedicarse a seleccionar sus inversiones y superar ese 7% anual de rentabilidad media: baste decir que la rentabilidad media anual del Ibex 35 es del 10%.

El problema es que la inmensa mayoría de la población ha crecido en una sociedad de trabajadores ajena a la actividad empresarial e inversora. Quien quiere alcanzar una posición económica holgada se esfuerza por conseguir un puesto de trabajo de alta remuneración, y para ello está dispuesto a estudiar entre 15 y 20 años; pero luego descuida la organización de sus finanzas personales.

Dicho de otro modo: la mayoría de la sociedad comete el fatal error de confundir renta con riqueza. Los ricos no lo son porque obtengan cada año unas rentas muy elevadas que les permitan gastar de manera desbocada, sino porque han amasado un gran patrimonio y lo están destinando a tareas productivas.

Si percibimos grandes rentas salariales pero carecemos de riqueza podremos consumir como ricos durante un tiempo, pero cuando esas rentas se interrumpan (por ejemplo, porque seamos despedidos) careceremos de un colchón que nos permita mantener nuestro status de vida. Tendremos que recortar drásticamente nuestros gastos, incluso liquidar parte de nuestra exigua riqueza (pensemos en un desempleado que tenga que vender su coche nuevo poder pagar las cuotas de la hipoteca).

Si queremos consumir como ricos primero deberemos tener el patrimonio de un rico, y para ello sólo hay un camino: capitalizar nuestras rentas, esto es, ahorrar e invertir. O, como diría Robert Kiyosaki, deberemos pasar de una situación como la actual, donde trabajamos para el dinero, a una donde el dinero trabaje para nosotros.

Sólo la sociedad de propietarios crea los incentivos para que emerja esa necesaria cultura financiera, al hacer a las personas responsables de su dinero y de su propio futuro.

Además, la sociedad de propietarios tiene otros dos efectos que la hacen muy superior al Estado de Bienestar. El primero es que, a diferencia de éste, no destruye la riqueza, sino que la estimula. La acumulación de capital se incrementa enormemente gracias a los nuevos ahorros de las personas; igualmente, crecen la productividad y los salarios. La segunda es que nos vuelve independientes del Estado y de su aparato redistributivo. Nuestra pensión futura o nuestra seguridad presente no dependen de un aparato coactivo y centralizado, sino de nuestro propio patrimonio.

¿Permitiría que su alimento dependiera de la aquiescencia de un tercero? Hoy, su salud y su manutención en el futuro dependen de que el Estado siga transfiriéndole recursos a través de su aparato coercitivo. ¿Se ha parado a pensar qué le sucedería si dejara de hacerlo, o si le amenazara con dejar de hacerlo?

Sólo la sociedad de propietarios nos garantiza prosperidad e independencia frente al poder político. El estudio del Instituto Juan de Mariana merece la máxima atención y difusión por parte de todos los liberales, porque en él se encuentra un muy necesario referente para nuestra agenda y nuestra lucha diaria.

¿Es el tamaño de nuestro culo un asunto del gobierno?

La Ministra de Sanidad ha tenido la ocurrencia de amenazar a los restaurantes de comida rápida por los productos, a su juicio poco saludables, que expenden a la clientela. Es una forma como cualquier otra de sublimar su frustración por no haberse convertido en la jerifalta de la Organización Mundial de la Salud. Pero el problema no es que una émula de la señorita Rottenmaier la emprenda desde su posición política contra una empresa privada, sino la aprobación casi general que este tipo de medidas suscitan entre la gente.

Ayer mismo comentábamos el asunto en una reunión de amigos, todos con hijos en edad de McMenú, y las opiniones reflejaban la práctica unanimidad (yo siempre tocando las narices) en que los restaurantes de este tipo de comida "basura" deberían estar prohibidos. Se daba la feliz circunstancia de que una de las más furibundas censoras del McDonald’s y el Burger King es una fanática de los salazones, producto típico de las zonas costeras que en Murcia tiene mucho éxito gastronómico. Pues bien, en términos de salud, resulta que los alimentos salados son tan peligrosos o más que los que tienen excesivo colesterol. Ante mi propuesta de que se cerraran también todas las fábricas de salazones, en aras de nuestra salud cardiovascular, la respuesta inocente de la aludida fue: "hombre, no es lo mismo". Claro que no es lo mismo, porque a ella no le gustan las hamburguesas pero se pirra por el bonito, los encurtidos y la mojama.

La cuestión es: ¿quién puede atribuirse la facultad de dictar a los demás como deben conducir su dieta? En el tema de los restaurantes de comida rápida, se utiliza también el señuelo de los niños para estimular el celo censor de la "superioridad". Se supone que como son niños, no tienen capacidad para decidir sobre sus gustos alimenticios. Bien, ocurre que para eso están los papás, a menos que les supongamos también insuficiente capacidad mental para decidir qué y qué no deben comer sus criaturas.

Mis hijos no van a los McDonald’s, entre otras cosas porque su madre, enfermera nutricionista, prefiere darles otro tipo de meriendas. Jamás nos hemos sentido coaccionados por la existencia de estas empresas ni por el hecho de que sus amigos frecuenten este tipo de restaurantes. Cada cual elige su forma de vida y nada ni nadie debería prohibirle esa conducta, siempre que con ella no lesione derechos de terceros.

Lo que subyace en esta aquiescencia paterna hacia las medidas inquisitoriales de los políticos en materia de salud infantil, es su incapacidad vocacional para decidir por sí mismos cómo educar a sus hijos. En efecto, si no hay restaurantes de comida rápida se evitan decirle al niño que en lugar de hamburguesas con ketchup tiene que merendar un pepito de ternera con dos rodajas de tomate.

La obesidad infantil es un problema, sí, pero no de la industria alimenticia ni de los políticos, sino de los padres. Asumamos esta verdad elemental y dejemos el asunto de las tallas de calzoncillos en el terreno de la intimidad, que es donde debería seguir siempre.

Dinero en abundancia en la donación de órganos

Hace ya tiempo, publiqué en mi blog una referencia a un artículo de Sowell donde éste defendía la libre compraventa de órganos. Esa anotación es ahora la segunda página que aparece en Google al buscar "venta de órganos", lo que provocó que muchas personas se ofrecieran a vender los suyos en los comentarios. No soy el único a quien le ha pasado; también a los críticos de esta práctica les sucede. Sin embargo, desde el momento en que un ungido lo descubrió se produjo cierto escándalo, bastante hipócrita, por otra parte.

Se considera que es inmoral vender una parte de tu cuerpo, aunque no regalarla. Es el mismo tipo de moralidad que encuentra perfectamente aceptable el sexo libre pero no la prostitución voluntaria. La cuestión no es que no resulte espeluznante que haya gente dispuesta a desprenderse de una parte de su cuerpo por dinero, sino en qué mejora la vida de esas personas que están tan desesperadas como para estar dispuestos a realizar esa transacción el prohibirles hacerla. Los ungidos pueden tener la moral que quieran, pero no deberían arrogarse el derecho a imponérsela a los demás vía Congreso de los Diputados. Porque, mientras ellos sestean satisfechos en sus casas, los pobres siguen igual de pobres y quienes mueren sin el órgano que necesitan siguen muriendo. Pero los ungidos nunca han buscado el bien de los demás, sino su propia autosatisfacción moral, a costa de quien sea.

Lo curioso es que muchos alegan que introducir dinero en el sistema de donaciones destrozaría un sistema que, al parecer, "funciona bien". Ningún sistema funciona bien en términos absolutos cuando hay listas de espera; cuando eso sucede es evidente que hay una carencia de oferta. Aún así, es cierto y generalmente reconocido que el sistema español de trasplantes es el mejor del mundo. El problema es que eso sucede debido a que el dinero corre, y a raudales, por el mismo. Claro que ese dinero lo reciben a manos llenas los médicos y las enfermeras, y no los donantes. Eso, cabe suponer, es lo que lo hace "moralmente aceptable".

En España no se hacen más donaciones de órganos porque seamos mejores y estemos "más concienciados"; las bajísimas cifras de donación de sangre así lo demuestran. Nuestro mayor número de donantes se debe a que se ofrecen enormes incentivos económicos a los trabajadores del sistema estatal de salud implicados en la identificación y captación de donantes; estos médicos y enfermeras pueden cobrar el doble que quienes han tenido la mala suerte de especializarse en otra rama de la medicina, puesto que "reciben, más o menos disfrazada y aparte de sus sueldos, una retribución especial por trasplante hecho, retribución sustanciosa que los mantiene en alerta continua, diligentes en identificar y seguir a todos los enfermos potenciales donantes que entran en el hospital y en persuadir a los familiares para que autoricen la extracción de los órganos". En definitiva, nuestros "éxitos" en las donaciones se deben a una característica típica del funcionamiento político de las instituciones: el gasto exagerado en una parte del sistema para presentarlo como éxito mientras en otras partes el dinero escasea; es el llamado "faraonismo". Es lo mismo que sucede en Cuba, donde la dictadura alardea del gran número de médicos por persona mientras escasean las medicinas y las cucarachas proliferan en los hospitales.

Los ungidos exponen así su doble moral: les parece mal cobrar por donar un órgano, pero no que alguien cobre por convencer de que se done gratuitamente. Es como estar moralmente en contra de la prostitución pero a favor de las web de contactos; lo importante no es que no haya dinero de por medio, sino que no lo cobre quien ofrece el bien deseado. Es como estar a favor de la compraventa de hortalizas siempre y cuando no cobre el agricultor sino los mayoristas, transportistas y minoristas. En fin, que de tan "laicos" resultan ser mucho más papistas que el Papa.

Pero lo importante no es lo que ni ellos ni nosotros consideremos en nuestro fuero interno que es bueno o malo. Mientras no haya terceras personas a las que se dañe con ello, ¿quiénes somos para interponernos en los tratos voluntarios que pueda haber entre dos personas?

Una sociedad de propietarios como alternativa al Estado de bienestar

El estudio Una sociedad de propietarios que mañana divulga el Instituto pretende abrir un debate público en torno a alternativas plausibles al agotado modelo de Estado de Bienestar. Según el psicólogo norteamericano Abraham Maslow, los individuos buscan satisfacer sus necesidades, y la victoria en esa lucha abriría nuestro apetito a otras nuevas, de distinto rango. Estas necesidades, empezando por las más básicas, son las fisiológicas, de seguridad, relación, estima y autorrealización. En la actualidad, en los países occidentales, las necesidades más básicas (alimento, vestido, salud o cobijo) están en general superadas y las personas buscan alcanzar y quemar etapas más elevadas. Emergen con mucha más fuerza necesidades de seguridad, como la protección física y económica frente a cualquier contratiempo. En el terreno del afecto y de las relaciones, es una queja habitual la dificultad de compatibilizar el trabajo con la familia y el cuidado de los hijos. En cuanto a la falta de “autorrealización”, muchos son los individuos que se hallan afligidos por la arbitrariedad directiva o la falta de desarrollo personal en trabajos que estiman alienantes.

La sociedad de propietarios busca reforzar el abastecimiento de recursos financieros en el hogar para lograr independencia y seguridad financieras sólidas, gracias a las cuales no deberemos estar al amparo de terceras personas. Para no estar atados al sueldo de un único empleador, temerosos porque peligran nuestras pensiones, agobiados por una actividad laboral que no nos satisface ni nos motiva emocional y profesionalmente, angustiados porque nuestra vida familiar se resiente por falta de tiempo, lo que necesitamos es acumular un patrimonio que nos permita una mayor autonomía económica y de decisión.

La socialdemocracia o el estado del bienestar ha resultado ser un verdadero fracaso en su intento de proveer cualquiera de las necesidades ubicadas en los escalafones más altos que nos explica Maslow. La sociedad de propietarios es un modelo alternativo al propuesto por el Estado con el que se quiere dar más autonomía, responsabilidad y libertad al individuo con el fin de que éste pueda ir satisfaciendo sus necesidades crecientes sin verse sometido a todas las cortapisas que hoy padece. Para ello se aprovecharán las ventajas que el capitalismo ofrece al individuo, especialmente la habitualmente desdeñada participación en la ganancia capitalista, para lo que se necesitará de una adecuada cultura financiera. Si deseamos una seguridad económica no atada a un único salario, retirarnos a una edad más temprana que la que nos fijan los estados, desarrollar actividades profesionales que nos satisfagan más, tener más tiempo para pasar con nuestra familia, mejor educación para los hijos, etc., seguramente debamos acometer cambios en la manera de llevar nuestras finanzas familiares.

Y la forma de hacerlo es emplear la magia de la capitalización compuesta, que requerirá de nosotros que empecemos cuanto antes a ahorrar e invertir lo ahorrado. Para ilustrar las cuantías que nos puede ofrecer un escenario medio, ni demasiado optimista ni pesimista, vamos a simular qué podría alcanzar un trabajador que empiece con el hábito de ahorro e inversión a una edad temprana, a los 25 años, y que separe anualmente 6.000 euros (1 millón de pesetas) durante los siguientes 20 años con el fin de invertirlos podría obtener, unos 41 millones de las pesetas al valor actual. Si a partir de entonces dejara de ahorrar, esa inversión se traduciría en los siguientes 10 años en 80,7 millones de pesetas. Todo esto con una hipótesis realista-conservadora de un 10% nominal de rendimiento anual de las inversiones y un 3% de inflación.

No obstante, el Estado, a través de impuestos y regulaciones, dificulta el proceso creativo y con él la productividad y el crecimiento económico y empresarial, lo que provoca que no obtengamos ni como trabajadores ni como accionistas todo lo que podríamos conseguir. Por eso proponemos la eliminación de requisitos burocráticos a la puesta en marcha de empresas y negocios productivos, una reforma de IRPF que elimine los tramos que desincentivan la movilidad social, eliminación del impuesto a las ganancias patrimoniales y eliminación o exención para los casos en que la base imponible sea inferior a 2 millones de euros de los impuestos sobre sucesiones y sobre el patrimonio.

Este modelo alternativo al estado del bienestar no tiene por qué eliminar el papel de éste en el cuidado de los desamparados, pero tal esfera de actuación quedaría circunscrita a aquellos casos de incapacidad que, fruto del azar o la mala suerte, no queden totalmente cubiertos por el propio trabajo del ciudadano o la acumulación de capital (apoyo familiar, herencia, inversiones anteriores, etc.). Cuidar a quienes lo necesitan de verdad no debe llevar a atarnos a todos al modelo obligatorio impuesto por el Estado.

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La quiebra que viene

Pues bien, algo similar ocurrió la semana pasada con el sistema público de pensiones. Joaquín Almunia, comisario europeo de Economía y Finanzas y antiguo candidato socialista a la presidencia del Gobierno español, sostuvo en el diario francés Libération que el modelo social europeo está en crisis y que será insostenible dentro de 40 años.

Que los políticos, defensores, impulsores y principales beneficiaros del sistema de dependencia estatal, empiecen a reconocer su quiebra no significa, desde luego, que se hayan convertido en unos ultraliberales sin complejos de la noche a la mañana, sino que ni siquiera ellos pueden ocultarla, con su poderosísimo aparato propagandístico. Si un socialista reconocido habla en tales términos será porque la situación es realmente alarmante.

Ciertamente, poco más cabía esperar de un sistema de pensiones patrocinado por el Estado y basado en una absurda redistribución intergeneracional. Las nociones económicas más elementales sugieren que antes de consumir debo producir y que si en un momento no puedo producir pero quiero consumir deberé haber ahorrado la producción precedente. O dicho de otro modo, si soy incapaz de trabajar durante la tercera edad y quiero seguir consumiendo al ritmo anterior, deberé ahorrar durante mi juventud y madurez.

Los políticos, dictadores y demás ralea, desde Bismarck y su Sozialpolitik, encontraron otra vía para lograr consumir sin pasar por el engorroso trámite de la producción: basta con arrebatarle la producción al vecino. Así, los ancianos deben dejar de preocuparse sobre cómo sobrevivirán cuando dejen de trabajar; otros, los más jóvenes, pagarán la factura.

Claro que ni siquiera los demagogos más redomados podían aprobar un sistema donde una parte de la población –por muy desvalida y tierna que nos parezca– robara con tanta claridad y desparpajo a la otra parte. De ahí que se intentara convalidar el invento con un apaño que sólo institucionalizaba el delito: los jóvenes de hoy aguantaban estoicamente la sustracción de parte de sus rentas porque en el futuro el Estado les prometía que serían ellos los que rapiñaran las rentas de sus hijos.

Este esquema, asentado sobre el robo, la corrupción y el engaño, pasó a denominarse con el tiempo "sistema de reparto", y para muchos resultaba ser el máximo exponente de la llamada "solidaridad intergeneracional"; a saber, hoy trincas tú, mañana trinco yo.

Por supuesto, no hacía falta ser una lumbrera para darse cuenta de que este sistema de reparto sólo funcionaría mientras los jóvenes contribuyentes fueran relativamente más que los ancianos pensionistas. Pero este principio es internamente inestable, ya que si hoy el número de contribuyentes es mayor que el de pensionistas, mañana habrá tantos pensionistas como contribuyentes, a menos que el número de estos últimos esté en continua e imparable ascensión; lo cual es equivalente a afirmar que podemos evitar los disparos de una pistola si corremos delante de las balas pero más deprisa que ellas.

Lo cierto es que la quiebra del sistema de reparto es la muestra más visible de su fracaso. Pocas críticas más devastadoras existen contra un mecanismo como la de que no funciona ni puede funcionar. Sin embargo, no deberíamos caer en el error de creer que esta estafa sin proporciones –lo que Almunia llama "nuestro modelo social"– fue una suerte de luna de miel demasiado cara. No deberíamos mirar hacia atrás con añoranza, lamentar la deformación de nuestra pirámide poblacional y decir amargamente: "Fue bonito mientras duro". Una cosa es que el fracaso se haga visible ahora hasta para los socialistas y otra muy distinta que su funcionamiento no fuera intrínsecamente miserable desde el principio.

Como ya hemos explicado, los sistemas de reparto hacen prescindible el ahorro como provisión para la jubilación. La contribución mensual de cada trabajador a la Seguridad Social no se ahorra hasta que éste llegue a la vejez, sino que se entrega ipso facto a un pensionista actual, que previsiblemente la consumirá en su práctica totalidad.

Esto tiene dos efectos perversos sobre el bienestar de los individuos. El primero es que la contribución mensual no es capitalizada, y por tanto no se incrementa a un interés compuesto periódico. El segundo es que la acumulación de capital es mucho menor de lo que podría haber sido.

En los próximos días el Instituto Juan de Mariana publicará un estudio sobre la Sociedad de Propietarios donde se explica cómo la capitalización de nuestros ahorros podría proporcionarnos, siendo conservadores en la estimación, unas rentas mensuales de más de 3000 euros a partir de los 50 años. En otras palabras, la retención coactiva por parte del Estado de la cuota de la Seguridad Social imposibilita que los trabajadores españoles inviertan esa porción de sus salarios y lograr remuneraciones mucho mayores a las que, aun en las previsiones más optimistas, podrá proporcionarles la Seguridad Social.

Por tanto, los intervencionistas son culpables de imponer por la fuerza un sistema que no sólo es ruinoso, sino que sólo ha distribuido unas míseras pensiones del todo insuficientes para lo que ellos mismos denominan una "vida digna". Cuando un estatista le diga que la privatización de las pensiones va en contra de la tercera edad, recuérdele que, muy al contrario, es la Seguridad Social y su intervencionismo rampante lo que empobrecen a los jubilados, atándoles a unas paupérrimas e inciertas rentas.

No sólo eso, a diferencia de los sistemas de reparto, los de capitalización incrementan los ahorros disponibles, y de este modo la inversión, la acumulación de capital y la productividad, dando lugar a aumentos de salario y a reducciones de precios.

En resumen, las pensiones privadas no quiebran, permiten incrementar los salarios, reducir los precios y, sobre todo, lograr una independencia financiera mucho mayor a la obtenida de las pensiones públicas.

Los principios de solidaridad y bienestar blandidos por los intervencionistas no son más que patrañas que ocultan una verdad inquietante: los sistemas de reparto empobrecen a todo el mundo salvo a los políticos, que siguen gestionando y manejando las vidas y ahorros de toda la sociedad. En la consecución de este fatal objetivo no se han privado de utilizar mentiras, propaganda, sentimentalismos baratos y torrentes de demagogia.

Poco les ha importado que estuvieran arruinando el presente e hipotecando el futuro de la sociedad. Los políticos sólo se mueven por la sed de poder; los de ahora no tendrán que afrontar la quiebra del sistema en el futuro, por lo que no moverán ni un dedo para ampliar nuestra libertad. Pero lo cierto es que cada día que pasa la transición se vuelve más complicada y costosa; su inacción represora actual será nuestro gran problema mañana. Lo saben todos tan bien como Almunia: es hora de poner fin a un esquema intervencionista que sólo ha traído pobreza y que nunca debería haber nacido.

La gripe social

Llega la gripe y, como todos los años, las autoridades –políticas– sanitarias nos cuentan que hay dosis de la nueva vacuna para todas aquellas personas que la necesitan. Olvidan que el año pasado lo dijeron y al final no hubo para todos los que creían necesitarla. Sin embargo, ellos siguen pensando que la cantidad de vacunas de las que disponía la SS era óptima. Lo que ocurrió es que los individuos la demandaron de manera irracional por la desinformación –creada por los propios políticos– sobre la gripe aviar.

Irracional o no, lo cierto es que en nuestro país el estado determina quién debe vacunarse y quién no. Y no lo determina en función de que unos puedan coger el virus y otros no, porque lo cierto es que todos podemos contraer la gripe. Lo deciden en base a sopesar el riesgo de contraerlo en función de cada profesión o edad frente al coste de la vacuna.

Esta discriminación se podría llevar a cabo en función de los antecedentes gripales de cada paciente o alguna otra variable más o menos arbitraria. Pero ninguna de las reglas de discriminación puede satisfacer a todos en su condición de ciudadano, paciente y contribuyente. Y es posible que la regla elegida lo logre en menor medida que ninguna otra. El análisis coste-riesgo (o coste-beneficio) sólo lo puede realizar el individuo (y sólo si paga por la vacuna) porque tanto el coste (de financiarlo) como el riesgo (la probabilidad de contraer la gripe en relación a la desutilidad del padecimiento) son netamente subjetivos.

La administración gratuita de vacunas hace que la demanda supere la oferta y que el aparato estatal busque formas arbitrarias de simular un análisis coste-beneficio y así poder discriminar y racionar a gusto. Los estatistas dirán que los contagios son problemas de salud social, estatal o pública y no individual. Su propagación afecta al resto de la sociedad. Vamos, que estar vacunados tiene externalidades positivas. En fin, lo mismo ocurre con la cortesía o con la higiene y afortunadamente nadie defiende hoy en día que el Estado nos tenga que limpiar el culo. Es curioso observar cómo primero eliminan el precio de mercado y luego se ponen a discriminar al tiempo que dicen que hay para todos.

A quienes llevan las riendas del estado les molesta tremendamente que sean los individuos quienes decidan quién se vacuna y tratan de forzar las cosas al límite. Pero no queda ahí el intento de control social. Tampoco les gusta que haya gente, pueblos o comunidades que se vacunen de cosas que no se dan gratis en el resto del sistema de la SS. Ejemplos familiares para quienes sean padres son la vacuna de la varicela o el famoso Prevenar. Los seguros privados médicos las recomiendan mientras que la SS repite una y otra vez que el riesgo no justifica el desembolso. Seguro que a más de un político y a muchos burócratas les gustaría prohibirlas (a estos últimos les salva que son los únicos que pueden elegir entre sanidad pública o privada y eligen en un 85% la que no produce el Estado para el que trabajan), pero tampoco es cuestión de enseñar los colmillos no sea que el paciente vaya a ver que detrás de la bata de bondadosos médicos sin fronteras se esconde el lobo feroz.

Tengo más de un amigo que confió en las recomendaciones vacunales de la SS y –¡Dios mío!– qué mal lo han pasado hasta que los chiquillos pasaron la varicela. ¿Quién es el Estado para decidir que los 70 euros que puede costar cualquiera de estas vacunas es mucho o poco en comparación con una semana de lloros, gritos, dolores, picores o fiebre?

Ahora la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar las vacunas que ofrece a sus ciudadanos. La decisión es tan arbitraria como la de no hacerlo, pero los efectos que ha provocado tienen su gracia. "Qué insolencia", parecen exclamar alarmados los consejeros de sanidad de las demás comunidades y la propia ministra, que sí han dicho en medio de su indignación que "todo el Estado ha de trabajar por consenso". Les falta explicar el gran "daño" que causará la decisión: mostrará a los madrileños que con un pinchacito más (que cuesta menos de 100 euros) puedes ahorrarte un mal trago y que sus políticos no eran tan benefactores como pensaban. Después de todo, los ciudadanos pagan obligados una SS que es un robo y sus dirigentes ni te pagan la vacuna ni te dejan que las compañías que las fabrican te informen sobre las ventajas de inyectártelas. Puede ser que en esta ocasión la competencia política no vaya a reducir el gasto público pero al menos parece que sí ayudará a desenmascarar las mentiras y mostrar a las claras por qué no quieren que nos podamos informar en el campo de los medicamentos. Con suerte, algún día superaremos la gran gripe social de nuestro tiempo: el estatismo.

Más farmacias no significan un mercado libre

La advertencia ya fue lanzada también a Italia, y el gobierno de Romano Prodi lo está intentando con las quejas de costumbre. Evidentemente no provienen de los consumidores, sino de farmacéuticos que ven como sus abultados márgenes de beneficios pueden empezar a caer en beneficio de la competencia y el consumidor.

Como siempre, la CE no tiene idea alguna de lo que significa liberalizar. Liberalizar no significa introducir más empresas en un sector sino desregular, abolir leyes, impuestos y abrir el mercado a cualquiera que quiera arriesgar su capital en montar un negocio. Es el consumidor el auténtico soberano y sólo él ha de decidir qué empresa sigue y cuál cierra, qué productos se han de vender y cuáles no. En definitiva, somos nosotros quienes hemos de condicionar la oferta y no un funcionario de Bruselas.

Por ejemplo, liberalizar no es lo que pretende hacer Italia. De momento, y si no cambia nada, los nuevos establecimientos tendrán que contar con el consejo de uno o más farmacéuticos colegiados (para vender aspirinas, ya me dirá usted), estará prohibido realizar ofertas promocionales y el tema de los descuentos queda algo oscuro ya que, según el nuevo Decreto Ley, deberán realizarse de "forma transparente", entre otros puntos totalmente intervencionistas y prohibicionistas.

El sector de las farmacias, y el farmacéutico también, tiene un sinfín de normativas que perjudican a los empresarios del sector y al consumidor teniendo que desembolsar, ambos, un precio más alto del que se daría en un mercado totalmente libre.

Que las farmacias se equiparen a cualquier otro comercio es un avance que parece mentira que los euroburócratas no hayan exigido antes a los gobiernos, pero esto no es, ni mucho menos, suficiente para el bienestar material de los consumidores ni de los nuevos empresarios porque sigue habiendo un altísimo grado de intervención.

Como dijera el poeta americano Walt Whitman, "el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz", y no parece que la "liberalización" de la CE quiera dejarnos en paz, sino que sigue queriendo meterse en nuestras vidas y elegir por nosotros.

Ignorantes por nuestro bien

Declara que "queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1". ¿Y qué nos encontramos? A aquellos "que no se financien con fondos públicos". La ley es aplicación de una directiva europea que prevé expresamente "Los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad al público general sobre productos médicos, cuyo coste pueda ser reembolsado".

Es decir, que el Estado se encarga del pago de un amplio conjunto de medicamentos, para asegurarse de que todos los consumidores potenciales pueden pagarlos. Pero impide que quienes lo necesiten se enteren de su existencia por medio del mecanismo más eficaz para la transmisión de información sobre los productos, que es la publicidad. Y todo porque quien está al cargo de la factura es papá Estado. Mal padre es este que no desea que los "hijos" que están buscando una solución para su enfermedad o su mal se entere de dónde los puede encontrar. Y todo por no querer más de la cuenta.

Esto resulta aún más sorprendente cuando constatamos que, en contra de lo que significa esta nueva norma (la ley es del pasado 26 de julio), desde todo tipo de instituciones oficiales, y el Ministerio de Sanidad no es la última de ellas, se nos dice que es fundamental que el ciudadano esté siempre bien informado para tomar las decisiones responsablemente. Desde luego que es así, solo que resulta contradictorio con la prohibición ordenada por esta nueva Ley del Medicamento.

El Instituto Juan de Mariana elaboró un informe en el que daba cuenta de varios de los peligros que tiene esta ley para la economía y para la salud pública. Sus conclusiones no son tranquilizadoras. Más allá de los datos sobre enfermedades que no se curan por la barrera de la ignorancia, o vidas que se pierden por no saber a tiempo del remedio, lo interesante son los procesos que pone en marcha esta prohibición de la publicidad.

Se desincentiva la innovación tecnológica en este campo. En Europa la lucha contra las farmacéuticas es larga y no cabe duda de que ha resultado eficaz: Si bien en el año 1980 ocho de cada diez nuevos fármacos se desarrollaban en Europa, hoy las cifras muestran la situación contraria. Ocho de cada diez se producen en Estados Unidos. La ley fomenta la deslocalización de la industria farmacéutica europea, que cede no menos de medio millón de sus mejores científicos a Estados Unidos.

Es claro el problema de financiación a que se enfrenta el Estado en el apartado de los medicamentos. Pero prohibir la publicidad de aquellos que están en su cuenta tiene efectos muy nocivos para la salud pública: Las estatinas salvan entre 60.000 y 70.000 vidas, pero sólo la mitad de europeos que deberían estar recibiendo este tratamiento lo está siguiendo. Y además no es necesario. El Estado ha ido asumiendo ese costosísimo papel que consiste en romper la relación entre la necesidad de un medicamento y el pago del mismo. Bastaría con restituir el pago individual, al menos en una medida razonable.

Pensiones sin futuro

A medida que pasan los años y uno madura, empieza a pensar menos en el corto plazo y más en lo que sucederá cuando se retire. Normalmente, empezará a ahorrar más para complementar la pensión que se ha ido ganando tras muchos años de trabajo. De cada nómina, le habrán detraído, o mejor dicho sangrado, cientos de euros para cubrir esas prestaciones.

Pero llega un día en el que lee que el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado asegura que “los beneficiarios [de las pensiones] van a tener que hacer mayores aportaciones durante periodos de tiempo más largos”. A continuación, conoce que el Gobierno ha pactado con sindicatos y patronal incrementar a quince años el periodo mínimo de cotización.

Entonces, despierta de su feliz sueño y se pregunta si no ha estado haciendo el canelo toda su vida laboral. Si hubiera dispuesto de lo que le han saqueado cada mes, sin pausa, hubiera podido permitirse suscribir un sistema privado de pensiones que le garantizaría, contrato mediante, la percepción de lo asegurado.

El Estado, órgano deífico que se ocupa de su vida, desde que nace hasta que se muere, a pesar de las promesas de velar por usted, incumple reiteradamente su deber de tutela.

Usted ya depende de la ineficacia, del dispendio masivo y del déficit. Usted no es dueño de lo que paga, sino un mero pedigüeño que tiene que lanzarse a la calle a clamar por el dinero que ha depositado en una institución que dice ser el mecanismo que impide que el hombre sea lobo para el hombre.

Mientras se lame las heridas, siente que los lobos tienen más dignidad que las personas que viven sometidas a una dictadura moral en la que se les exige supeditarse a la sociedad, entregar el fruto de su esfuerzo y esperar a que el líder de la tribu reparta las ganancias según el criterio que estime más oportuno.

En el caso de que se queje por la ración que le ha sido entregada, no tendrá más que echarse a su catre y gimotear sin descanso.

Ya ha descubierto la espantosa verdad: el Estado es un parásito que vive a su costa.

Ahora sabe lo que es Matrix. ¿Se atreve a descubrírselo a los demás?