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Etiqueta: Seguridad y Defensa

Espionaje por decreto

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tanto el Gobierno británico como, más recientemente, el canadiense han orquestado una campaña de concienciación social para que el masivo rechazo de la ciudadanía a la impopularísima National Identification Card vaya reduciéndose. El asunto, para desgracia de los anglosajones, vuelve a estar sobre la mesa. Es el momento adecuado para denunciarlo.

Recordemos que la implantación de semejante medida da lugar a dos obligaciones inmediatas; la primera: todo individuo deberá comunicar al poder político una parte sustancial de su información personal; la segunda: todo ciudadano deberá llevar el DNI permanentemente consigo.

En España estas dos obligaciones están plasmadas en el artículo 2 del reciente Real Decreto 1553/2005, donde se nos dice que los mayores de 14 años tienen la obligación de obtener el DNI y de exhibirlo cuando la autoridad así lo requiera.

Tanto el Gobierno británico como el canadiense justifican esta restricción a las libertades individuales escudándose en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. También en España han sido éstos los pretextos de peso para justificar la continuidad del DNI. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1992, cuya temática es "la protección de la seguridad ciudadana", incluye (en sus artículos 9 y 11) la necesidad de obtener y mostrar el DNI.

Nuestros políticos deberían estar menos obsesionados con sacrificar nuestra libertad en el dudoso altar de la seguridad estatal. Las crisis no deben servir como punto de apoyo para que las burocracias y los controles administrativos se expandan. La respuesta a cada problema, a cada adversidad, no puede consistir en un recorte de libertades auspiciado por la glotonería estatal. La libertad no es el obstáculo en la lucha contra el terrorismo, sino el valor que preservar.

Pero es que, además, tales atropellos acreditan una inutilidad que sólo suele ser la antesala de coacciones más intensas. La dependencia del poder político no nos ofrece mayor seguridad y protección, sino una menor autonomía y fortaleza. Como dice el congresista republicano Ron Paul: "Subyugar el ciudadano a la vigilancia política nos hará de hecho menos seguros, porque desviará recursos que podrían dedicarse a luchar contra los terroristas y los despilfarrará en perjuicio de americanos inocentes".

Eliminar la libertad de armas entre los individuos no afianza la paz, sino que desprotege a la ciudadanía frente a los delincuentes, que siempre podrán adquirir armas de contrabando. Del mismo modo, implantar un DNI no va a conseguir que los terroristas y los inmigrantes ilegales registren puntualmente sus datos, sólo va a servir para que el ciudadano respetuoso con las leyes sufra el peso de las sanciones ante cualquier olvido.

Repitámoslo una vez más: los terroristas no se someten al ordenamiento jurídico, ni cuando se les prohíbe matar ni cuando se les ordena un registro de sus datos. Si pretenden delinquir, es obvio que pondrán todos los medios a su alcance para que no sea posible identificarlos.

No deja de ser paradójico que el Gobierno inglés defienda el DNI como instrumento antiterrorista, cuando nuestro país ha tenido la desgracia de padecer el mayor atentado de la historia de Europa. ¿De qué sirvió entonces el DNI en España? ¿Acaso ha permitido combatir el terrorismo de algún modo? ¿En qué sentido le resultaba más fácil al IRA atentar sin DNI que a ETA con DNI?

Lo cierto es que el sadismo y el ingenio maligno de los terroristas no se verán refrenados por el lento papeleo de la burocracia pública; no es infrecuente encontrar, por ejemplo, a delincuentes con media docena de DNI falsificados, a los que, en cambio, nunca accederá una persona honrada. La mentira y el camuflaje son tácticas que los criminales necesariamente deberán poner en práctica, haya o no DNI. ¿Alguien confía en que podrán ocultar las bombas y las pistolas pero no sus rostros o su documentación?

Los problemas del DNI, con todo, no consisten solamente en su ineficacia antiterrorista manifiesta; la acumulación de datos personales en manos del poder político sienta las bases para dislates de mayor envergadura. No deberíamos limitarnos a valorar las reformas políticas únicamente por sus efectos esperados a corto plazo, también por las cajas de Pandora que podría llegar a abrir.

El problema de prohibir la tenencia de armas, por ejemplo, no es sólo la pequeña criminalidad que estimula, sino que permite degeneraciones estatales abocadas a grandes genocidios. La Segunda Enmienda de la Constitución americana, de hecho, tiene como principal objetivo permitir que la ciudadanía se defienda de gobiernos tiránicos.

Del mismo modo, la implantación del DNI proporciona a los Estados información personal que, de otro modo, sólo podrían haber conseguido a través del espionaje. Los gobiernos pasan a disponer de una base de datos centralizada que pueden emplear para cualquier propósito.

Conocido es el caso del judío Meyer Rubinstein, a quien en 1950 lo detuvo la policía por no haberse registrado nunca para obtener su DNI. No es de extrañar que Rubinstein recelara de los usos que el Estado inglés pudiera darle a tal información; la Shoá había ocurrido apenas diez años antes.

¿Qué frena a cualquier Estado para que, una vez recolectados los primeros datos, reclame más información? Es más, ¿qué impedirá que los gobiernos, dentro de poco tiempo, pasen a exigirnos también muestras de nuestro ADN? No sería la primera vez que se oyen propuestas de bases de datos policiales con la información genética de toda la población. ¿Alguien sigue pensando, después de la utilización espuria de los historiales clínicos, que los políticos son respetuosos con la información que coactivamente les proporcionamos?

Pero, por si fuera poco, las aplicaciones totalitarias del DNI van mucho más allá. Actualmente ya se emplea para restringir la venta de tabaco o de alcohol, y no es improbable que sus usos discriminadores vayan en aumento. Cuando no existe obligación de acreditar nuestra edad, nuestra residencia o nuestra ascendencia, difícilmente puede regularse el comercio y la producción en función de cualquiera de estos parámetros.

Sin embargo, una vez el individuo tiene que plasmar semejante información privada en un documento público, éste puede convertirse en requisito de cualquier acción jurídica. ¿Se imaginan una restricción de la circulación de automóviles en función de la fecha de nacimiento? (Una medida muy parecida se ha instaurado en diversos países europeos a partir del número de la matrícula) ¿O una prohibición de adquirir ciertas mercancías o de acceder a determinados lugares en función de la procedencia "no nacionalista" de los apellidos?

El DNI obliga a que cada persona renuncie a su privacidad a cambio de una dudosa seguridad. Los individuos deben ser libres para ocultar todos aquellos datos sobre su pasado o su presente que consideren peligrosos o desagradables. Nadie debe quedar marcado como si de una res de ganado se tratara; la violencia no puede iniciarse contra aquél que no quiera revelar cierta información.

Si la lucha contra la delincuencia y el terrorismo justifican la conculcación de nuestra libertad, entonces la presunción de inocencia queda enterrada, y con ella el Estado de Derecho. En España, en Canadá y en el Reino Unido.

Capitalismo bélico

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Si los Estados Unidos no hubiesen dispuesto a tiempo de la bomba atómica, ¿habrían ganado la guerra? Indudablemente. Les hubiese llevado algo más de tiempo y miles de vidas, pero la victoria era incuestionable. En 1945 la superioridad de los norteamericanos era absoluta en todos los terrenos; en el militar, en el tecnológico y en el económico. Lo primero parece obvio, lo segundo no tanto.

En torno a la guerra mundial existe un mito muy arraigado y que se perpetúa con cada historiador que acomete el estudio de la contienda: el del triunfo de la industria socializada de la guerra. Stalin, años después de acabada la guerra, aseguró ufano que los nazis habían perdido porque Hitler no entendió que las guerras modernas se ganaban en las fábricas de armamento.

En parte tenía razón, y en parte no. La industria bélica nazi no estuvo a pleno rendimiento hasta 1943, año en que la suerte cambió para los alemanes. De hecho, en enero de ese año la derrota del VI Ejército en Stalingrado sentenció el curso de la guerra. Demasiados soldados, demasiada dependencia en la guerra relámpago y ninguna preparación para sostener las líneas. Esa fue la causa del derrumbe del frente oriental.

Mientras 13 millones de personas estaban destinadas a las Fuerzas Armadas (el mayor ejército en combate de la Historia) las fábricas no alcanzaban los mínimos de producción necesarios para sostener el esfuerzo bélico. Los planes trazados en Berlín por Goering no dieron nunca los resultados apetecidos. Al otro lado, en la Unión Soviética, sucedió algo parecido pero aliviado por la acuciante necesidad de la autodefensa.

En el apogeo de la campaña del este, las fábricas rusas llegaron a producir 14.000 tanques al año, pero necesitaban del aporte continuo de tecnología y componentes fabricados en el Reino Unido y EEUU. Sin ellos, la URSS nunca hubiera podido repeler la ofensiva nazi del modo que lo hizo.

La clave de la victoria aliada estuvo en el dinamismo de la industria bélica norteamericana, gestionada bajo principios capitalistas. En 1943, la producción de armamento equivalía a la de Alemania, Italia y Japón juntas, al año siguiente la doblaba. Las contratas privadas del Ejército trabajaban sin descanso produciendo más armas, a menor coste y mucho más rápido que sus oponentes. Se llegaron a armar fragatas completas en sólo 27 días, cuando lo normal eran 196. La Fuerza Aérea pudo contar con muchos más aviones de lo que nunca hubiese soñado. Durante los años centrales de la guerra, las fábricas aeronáuticas entregaban al Estado 133 aviones al día, y los astilleros un barco cada 10 horas. Lo que llegó a faltar en muchos casos fue personal entrenado para pilotar las aeronaves y tripulaciones para los buques de la Armada. Justo al contrario de lo que sucedía a orillas del Volga, donde el comunismo bélico no era capaz ni de suministrar un fusil a cada combatiente. Lo suplieron con heroísmo sí, y con mucha e innecesaria sangre.

Durante todo este tiempo, los salarios reales de la industria bélica aumentaron y las condiciones laborales de sus trabajadores eran las mismas que las del resto de sus compatriotas. Nada que ver con los destajos estajonovistas de la industria soviética. Hasta en eso el capitalismo se demostró superior.

Esta, y no la bomba atómica como se ha repetido hasta la saciedad en los últimos 60 años, fue la verdadera ventaja de los Estados Unidos en la guerra. Cuatro décadas después, en plena guerra fría, el capitalismo bélico volvió a imponerse cuando los jerarcas soviéticos reconocieron que no podían seguir el ritmo que les marcaban los americanos. Y no porque fuesen tontos sino porque habían elegido el sistema erróneo para competir con su adversario. Sería el principio del fin para la tiranía soviética. Sin disparar un solo tiro.

La deuda histórica

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Quizá usted no lo sepa, pero hoy en día hay personas que se pueden ganar la vida jugando al ordenador. De hecho, es un mercado lo suficientemente jugoso como para atraer no sólo a profesionales liberales, sino a empresas especializadas. Existe un tipo de videojuegos en los que, además del juego en sí, se paga una suscripción para entrar en el mundo virtual en el que éste se desarrolla y en el que se encuentran todos los demás jugadores que lo han adquirido. En él podremos formar equipos con otros jugadores, realizar misiones, matar bichos malos y feos o adquirir experiencia y objetos que nos puedan ayudar en nuestras correrías. Y ahí está la clave: existe una incipiente industria consistente en conseguir dichos objetos y venderlos a los jugadores a cambio de dinero real, contante y sonante.

Aunque al comienzo estos tratos fueran realizados de forma más o menos individual, emprendedores de países con salarios bajos, principalmente chinos, se han dado cuenta de que pueden explotar esa diferencia salarial creando empresas dedicadas a contratar jugadores chinos, que se dedican exclusivamente a conseguir objetos virtuales del juego para venderlos por dinero real. A esta actividad se la denomina gold farming. Desgraciadamente, la necesidad de estos trabajadores de cumplir sus cuotas les lleva a actuar dentro del juego de una forma tremendamente fastidiosa para los demás. No tienen incentivos para que sus personajes virtuales mejoren con el tiempo o establecer relaciones de confianza con otros jugadores; sólo desean obtener esos objetos, por ejemplo, atrayendo monstruos para que maten a los demás miembros de su grupo y así quedarse con sus pertenencias.

Este problema ha llevado a muchos jugadores de habla inglesa a actuar como racistas, discriminando por medio del lenguaje. Cuando un jugador pide unirse a un grupo, se le hace un par de preguntas, buscando fallos ortográficos o gramaticales; si los encuentran, los rechazan sin más. Los prejuicios han entrado en el mundo del juego por Internet. Desgraciadamente, es algo que crecerá si las empresas creadoras de estos videojuegos no consiguen reducir la práctica del gold farming, porque es un comportamiento racional. Edmund Burke, aún reconociendo que el prejuicio podía degenerar en superstición, lo definía como “la respuesta que dan la intuición y el consenso ancestral cuando el hombre carece del tiempo o del conocimiento para llegar a una decisión basada en la pura razón”. Y la experiencia en el mundo virtual de estos videojuegos lleva a los jugadores expertos a no confiar en jugadores de habla no inglesa, a falta de otra información. Por muy injusto que sea para los jugadores chinos honrados, es perfectamente racional.

Salvando las enormes distancias, es lo mismo que sucede si, caminando de noche y solos, nos cruzamos por la calle con una persona a la que no conocemos. La sensación que uno siente es bien distinta si esa otra persona es una mujer española a si es un varón magrebí. ¿Por qué? Es sencillo: los hombres son nueve veces más peligrosos que las mujeres y, además, los varones magrebíes son siete veces más peligrosos que los varones españoles. Aunque las cifras concretas nos sean desconocidas, los casos reales que conocemos nos hacen intuirlas: por eso, siempre a falta de otra información, actuamos en base a ellas. Nuestros prejuicios no se reducen al sexo y la raza, claro; los tatuajes y la indumentaria también cuentan, por ejemplo. Los patrones norteamericanos del siglo XIX colgaban carteles indicando que no era necesario que los irlandeses, tan blancos como ellos, pidieran trabajo porque no se lo iban a dar. Aunque injusto con los irlandeses trabajadores y abstemios, los numerosos borrachos y pendencieros de esa procedencia les llevaron a actuar según ese prejuicio.

Eso sí, mientras los progres se pasan el día machacándonos con lo peligrosos que somos los hombres en todos los medios de comunicación a su alcance, insultan a todo aquel que se atreve a insinuar que quizá los inmigrantes también lo sean. Desgraciadamente, ambas cosas son ciertas en lo general y, a la vez, tremendamente injustas en los casos particulares. Entre el millón y medio de jugadores chinos del World of Warcraft, la inmensa mayoría no trabaja en la industria del gold farming, pero entre dichos trabajadores, la mayoría son chinos. Mark MacKay pide a los jugadores que “tengan la mente abierta y confíen un poco más en los demás”. Pero, mientras tanto, mantiene un sitio web dedicado a listar los precios de los objetos en venta más comunes. Si hay una industria pujante en el mundo es, desde luego, la hipocresía.

La sociedad desprotegida

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Cada día más personas tienen miedo a que les asalten sus casas, golpeen y saqueen con total impunidad. La gente piensa que el Estado no le protege y que no vive segura. Ante esto, los políticos prometen destinar más recursos a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el problema estriba en el tipo de leyes penales que, supuestamente, castigan a los criminales.

Asumamos por un momento que el Estado comienza a destinar un 50% más de presupuesto a la policía. Se asegura de este modo que va a haber patrullas por todo el país. Supongamos también que, gracias a estas medidas, se arrestan a más delincuentes. La pregunta siguiente sería, ¿van a ir todos a la cárcel? ¿Cuánto tiempo van a estar recluidos? Aquí comienzan los problemas. Ni todos acabarán en la cárcel ni estarán el suficiente tiempo como para se desincentive la delincuencia. Si el coste de cometer un delito no es alto, este se disparará al ser más provechoso vulnerar la ley que cumplirla.

El motivo de que suceda esto es que la teoría que sustenta el actual derecho penal es la reinserción. Filosóficamente, es un despropósito porque implica que el delincuente es culpable de sus actos pero no el único. La sociedad también lo es, según el ideario progresista, dado que, al haber marginado al delincuente, éste no tenía otra salida que delinquir. En suma, la izquierda asume siempre que todos somos culpables de los males que nos aquejan. No es de extrañar que, por ejemplo, tras los atentados del 11-S y 11-M, los socialistas dijeran que había que incrementar las ayudas al tercer mundo porque el hambre era la fuente del terrorismo y Occidente era responsable de expoliar a los países más pobres. La lógica es la misma: alimentar la irresponsabilidad para socavar las instituciones tradicionales de las sociedades libres.

De hecho, al considerar que la gente no es responsable y que por eso, es obligación del Estado reinsertarlos de nuevo en la sociedad, el derecho penal prima la irresponsabilidad. Así se convierte, en vez de un mecanismo de represión, en un derecho asistencial. Al introducir fines ajenos al derecho penal en sus mismas entrañas, se produce un cortocircuito y deja de servir a los fines para los cuales fue ideado.

Ante esta situación, el economista Anthony de Jasay ha señalado que “en la mayoría de los países civilizados si un padre de familia descubre a un atracador en su casa y le dispara, va directamente a la cárcel y posiblemente deba defenderse de la demanda civil que le interponga el ladrón. En vez de disparar, lo que debe hacer primero es cerciorarse de sus intenciones, convencerlo para que desista y confiar en que todo salga bien. El atracador apuesta sobre seguro: si no es descubierto, completará la faena, y si es descubierto puede o bien desistir o bien derribar al dueño de la casa y proseguir el saqueo. En ninguno de los casos corre el riesgo de recibir un disparo. El atraco se ha vuelto mucho más seguro”.

De las palabras de Jasay se infiere que estamos ante un despropósito de tal magnitud que hace peligrar nuestro Estado de derecho. No olvidemos que la civilización no es otra cosa que la limitación de la coacción mediante la ley, de forma que cada uno pueda perseguir sus metas sin preocuparse por su integridad física. Por eso, cualquier excepción por motivos “sociales”, distorsiona la paz social.

No existen demasiadas esperanzas de que los gobiernos reaccionen enérgicamente. Máxime porque cuando lo hacen, como fue el caso del PP en lo que al cumplimiento de las penas por terrorismo se refiere, buena parte de la intelectualidad nacional-socialista calificó de fascista tal medida.

La única solución que se antoja razonable es dejar que cada ciudadano se proteja por si mismo, que disponga del derecho a portar armas ya que el Estado no ha cumplido con su principal cometido. Ya lo decía con su usual clarividencia, el presidente de este Instituto, Gabriel Calzada: “no es casualidad que Suiza y EEUU, donde el derecho a la legítima defensa es completo, tengan estados relativamente pequeños en comparación con Europa y que su progreso económico sea muy superior al nuestro. La prosperidad y la paz de las naciones se fundamentan en la seguridad de la vida y la propiedad privada”.

Las empresas de la guerra

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

La guerra de Irak, desde el punto de vista económico, podría pasar a la historia por un hecho muy peculiar, y es que muchos de los soldados no trabajan directamente para el estado, sino para empresas privadas. Empresas como CACI International, Global Risk International, Control Risks Group, Blackwater… ofrecen todo tipo de servicios en defensa con un amplio abanico de posibilidades. Según un estudio del George Washington University, en Irak hay más de 30 compañías militares de seguridad que operan sirviendo los intereses del gobierno y la gente.

Los grupos hostiles a la propiedad privada critican a estas empresas culpándolas incluso de la guerra en si misma. El fanatismo nubla la razón de estos grupos y no se dan cuenta de que quien ha provocado la guerra de Irak, como cualquier otra, no son las personas individuales, ni las empresas, sino el estado. Sólo el estado tiene la legitimidad de atacar, asesinar y esclavizar a países y naciones enteras. Es más, una de las peculiaridades de estas empresas privadas de seguridad es su amplia oferta: algunas tratan el sector minorista, otras trabajan para grupos de ciudadanos, para ONGs dándoles escolta para llegar ahí donde es más peligroso, e incluso, para defender a los soldados del estado que se ven indefensos ante los mandatos y leyes internacionales de los políticos que los han enviado a ese infierno.

Algunos economistas, por otra parte, han aprovechado esta fuerte aparición de empresas de seguridad privadas para decir que el sector privado es capaz de cubrirlo todo, incluso la guerra. La aparición de empresas militares privadas, o de seguridad a gran escala, no demuestra que las guerras puedan ser privadas, sino que el orden espontáneo del mercado existe y funciona. Demuestran que cuando hay un déficit en la demanda, automáticamente surge una oferta para cubrir ese vacío en el mercado de forma eficiente. Efectivamente, el outsourcing o subcontratación de empresas privadas de seguridad ha sido la respuesta a la ineficiente y costosa forma de hacer la guerra cuando era el propio estado quien se ocupaba de ella.

Vemos que el mercado responde a las necesidades de demanda real, y también, vemos que la guerra sólo puede tener una forma de financiación, ha de tener un coordinador central que acapare el interés y dinero que la haga posible, porque aún usando medios privados el fenómeno de la agresión unilateral y masiva es enormemente caro moviéndose el resultado, además, en un mar de incertidumbre altamente volátil y hostil donde los beneficios no son propiamente económicos —supuesto contrario a la filosofía del libre mercado— sino políticos. En otras palabras, sólo un órgano ajeno al sistema de  financiación del libre mercado puede ser el único capaz de fraguar las guerras masivas. Un órgano que siempre pueda retroalimentarse y tener sufrientes fondos como para continuar con ellas salgan bien o mal. Esta indiferencia total hacia los resultados monetarios es una contradicción directa a la estructura de la economía libre y privada.

Las herramientas usadas por la organización política “supra económica” que comienza y desarrolla el planificador son: los impuestos, deuda ilegítima —en cuanto no endeuda su activo, sino el futuro activo de terceros— y la inflación crediticia; o lo que es lo mismo: su financiación es la extorsión, el robo, y el fraude.

En un estado puro de laissez-faire (literal o virtual inexistencia de medios políticos) la guerra masiva sería una tarea imposible de asumir.

En conclusión, las empresas de la guerra, que bien analizadas son compañías de seguridad–agresión con una alta división del trabajo que responden a una demanda agregada real, sólo son el resultado de una evidencia: que el mercado es dinámico, vivo y se transforma continuamente a través del orden espontáneo. No han nacido para hacer el mal, sino porque el estado omnipotente ha canalizado su gasto en ellas.

Las guerras, así pues, son el resultado único de los políticos y del estado. Si no queremos guerras no hemos de desmontar el libre mercado, sino al estado.

Víctimas del talante

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Los niños asesinados en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza no murieron por ser "constitucionalistas", sino por españoles, que es "una de las pocas cosas serias que se puede ser en esta vida". Es una perogrullada pero conviene recordar, ahora que todo se olvida, que los terroristas no asesinan para deteriorar una democracia en la que no creen, sino para destrozar a España. La nación es lo sustantivo; su forma política sólo coyuntural, adventicia.

Pero es que además, en la situación actual, con los políticos de algunas regiones en abierta rebeldía constitucional bajo la sonrisa cómplice de quien un día juró cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Carta Magna, el decir que uno muere por la Constitución del 78 es como afirmar que se ha ido al otro mundo defendiendo la ley de costas o el reglamento del catastro. Una gilipollez, que diría el insigne alcalde lorquino.

El consenso de partidos, siguiendo el férreo dictado de la izquierda, trazó una línea en el tiempo que dividía a las víctimas en malas o buenas según hubieran caído antes o después del seis de diciembre del 78. El origen de esta halitosis moral hay que buscarlo en los estertores del franquismo, cuando contra el régimen valía todo, hasta el asesinato de guardias civiles andaluces o extremeños, a los que se administraba un responso clandestino para sacarlos por la puerta de la sacristía en una caja de pino con destino a su pueblo.

Ahora parece que se anuncian movilizaciones contra el último embate del separatismo. Si es para reivindicar "el espíritu de la transición", a mí que no me esperen. No pienso escupir a los muertos dando vivas al proceso que los convirtió en carne de cañón.

En realidad, lo único práctico en toda esta época de desahucio moral colectivo, es que las víctimas no tendrán que cambiar las siglas de su asociación: AVT, Asociación de Víctimas del Talante.

A más ayudas más pobreza

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero dijo en la última Asamblea General de la ONU que “en ese combate el gobierno y el pueblo español quieren batirse en primera línea” refiriéndose a “la lucha contra el hambre”.

ZP usa el lenguaje de los soberanos absolutos representando sus gustos e intenciones como si fueran las de toda España, y es que el uso falaz de palabras como "nación", "sociedad" o “pueblo” han sido la excusa para el lavado de cerebro estatal y la creación de un estado omnipotente y económicamente despótico.

Los países no tienen personalidad propia, ni deseos, ni los guía ninguna moral sobrenatural. Los países los componen personas, y sólo estas son las legítimas para elegir qué hacer con su dinero. Cuando alguien usa grandes palabras para alcanzar grandes fines con nuestro dinero sacado por la fuerza, no es más que un ladrón. Pero aún renegando de este principio ético podemos ver como esta expropiación por parte del estado tampoco conseguirá su fin.

Economistas clásicos como Thomas Malthus o David Ricardo (entre los más conocidos popularmente) atacaron un decreto llamado la “ley de pobres” que pretendía hacer una redistribución de la riqueza. “La ley de pobres —decía Ricardo— ha vuelto superflua la previsión y la moderación… Diciendo a los pobres que renuncien al esfuerzo e independencia sólo conseguiremos incrementar la pobreza” y “ningún proyecto de reforma de la ley de pobres merece la más mínima consideración si su objetivo último no es su abolición”. Las ayudas del estado incentivan la ociosidad y el parasitismo. Regalar el dinero de otros no puede ayudar a nadie.

Hemos de tener en cuenta que no se suben los impuestos en España para transferirlos a África. Lo que pretende ZP es expropiar el dinero de amas de casa, padres de familia, autónomos, comerciantes…, es decir, de gente como usted, para dárselo a un dictador africano o sudamericano. Y esa es la realidad.

Ni un 0,4; 0,7 ni un 50% del PNB pueden ayudar a los pobres del mundo. La única salvación de los países pobres es librarse de los gobiernos tiránicos que tienen e implementar un sistema de libre comercio total (y lo mismo nos podemos aplicar). Aquí van unos cuantos ejemplos del Banco Mundial (que no destaca por su liberalismo precisamente):

Un empresario que quiera montar su primera empresa en Zambia ha de pagar en licencias un 1.600% del ingreso per cápita del país y esperar 165 días para obtenerlas. No es de extrañar que casi el 50% de la economía esté sumergida.

Una empresa en Sierra Leona ha de pagar un 164% de sus actividades económicas brutas. Evidentemente, casi todas las empresas están también en la economía sumergida.

En Siria, para comenzar un nuevo negocio, el estado exige una aportación inicial de como mínimo 61.000 dólares en capital.

En el Chad un nuevo empresario ha de depositar en el banco, para iniciar una empresa, más de 1.700 dólares cuando el ingreso per cápita es de 260. Es como si en España usted necesitara depositar en el banco 120.000 euros (más de 20 millones de las antiguas pesetas) para arrancar su negocio. Ya se puede imaginar usted como va la corrupción en el Chad.

En cambio, Ruanda, que desde el 2001 ha empezado a hacer tímidas reformas, ha alcanzado un crecimiento económico promedio de 3,6% anual. De los más altos de África.

En resumen, las ayudas a punta de pistola que pretenden los gobiernos y organizaciones supranacionales no enriquecerán a los países subdesarrollados, sino a los dirigentes despóticos que los gobiernan. Gracias a las ayudas, Mobutu Sese Seko, antiguo dictador del Congo, tenía una fortuna personal en Suiza de aproximadamente seis mil millones de euros (mayor que la deuda de su país). La lucha contra el hambre y la pobreza se ha vuelto hoy día la lucha contra las personas y su propiedad. Y quien recuerde a ellas para ganar electores, o cualquier otro fin, no es más que un tirano inhumano.

Estado contra ciudadanos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Se dice, en un ejercicio de ingenuidad muy habitual, que el Estado vela por los derechos de los ciudadanos, incluso por aquellos cuya naturaleza es bastante dudosa. Y sin embargo, ese compromiso que en todos los procesos electorales oímos con profusión es incumplido de forma sistemática sin que a la mayoría le parezca escandaloso. Resulta curioso que la inobservancia por parte de las empresas de las cláusulas de sus contratos y acuerdos genere incontables asociaciones de consumidores y que esos mismos ciudadanos no se asocien con tanto ahínco para denunciar los abusos de los poderes públicos.

Pero no sólo se incumplen promesas y derechos que afectan a una pequeña parte de la población sino también a los que afectan a todos los cuidadanos, sin excepción, y ello sólo es detectable cuando el desastre se hace manifiesto. Los intervencionistas creen lógico que en un ‘derecho’ como el de la vivienda se discrimine a los que por ejemplo sean solteros o tengan un nivel de renta elevado, aunque el límite sea arbitrario y por tanto discutible pero en un derecho como es la Defensa que el propio Estado ejerce de manera monopolística, no creo que nadie esté dispuesto a aceptar que el Gobierno y sus ministros no tengan el mejor material disponible dentro del presupuesto asignado. Y sin embargo, esto se ha hecho patente en Afganistán.

El pasado 16 de agosto se estrelló en el país asiático un helicóptero militar ‘Cougar HT-21 UL’ de fabricación francesa con 17 soldados españoles que resultaron muertos. A fecha de hoy todavía no está muy claro qué es lo que ha pasado pero ya han surgido dudas de si el aparato mandado era el más adecuado para la misión que estaban realizando e incluso si el adiestramiento de los militares allí destinados era y es el adecuado.

La elección del helicóptero francés Cougar frente a la otra alternativa, el Blackhawk estadounidense, fue en su momento polémica puesto que la calidad del americano es muy superior a la del francés en equipamiento, blindaje, capacidad y características técnicas. Mientras que los militares y los técnicos pedían el aparato americano, los políticos se decidían por el modelo galo, en una clara decisión que respondía a criterios más políticos que técnicos. Es decir el Estado incumplía uno de sus deberes fundamentales que no es otro que tener la mejor defensa posible. Si a un consumidor se le da un servicio deficiente, en un mercado libre puede cambiarse a otra empresa, desgraciadamente un ciudadano español no puede elegir otro ejército que le proteja.

Pero es que además, la falta de formación adecuada del soldado supondría otro nuevo incumplimiento flagrante, porque más allá de los riesgos asumibles que conlleva toda acción militar, el soldado debe tener la mejor formación y capacidad posible ya que en una situación de combate no hay margen entre lo bueno y los menos bueno, ya que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

 

De esta manera el Estado bordea la delgada línea que separa la ineficacia y el fraude, se arroga en propiedad una serie de deberes que se vuelven ineficaces debido a corruptelas y decisiones que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio y su mejor prestación. Y de esta manera, el Estado trabaja por su supervivencia como entidad de control aumentando sus prerrogativas aunque su cumplimiento sea dudoso, en el mejor de los casos.

La guerra y la salud del Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La guerra y la salud del Estado

Randolph Bourne lo expresó como nadie, antes o después de él. “La guerra es la salud del Estado”, dijo en un ensayo escrito como respuesta de la entrada de los Estados Unidos en la Gran Guerra.Hay tres síntomas claros de todo ello: el primero es el aumento del poder estatal, el segundo la merma de libertades personales y el tercero la milagrosa conversión de las medidas urgentes en permanentes y las especiales en generales. Veamos cómo se operó ello en los Estados Unidos de las dos guerras mundiales poniendo unos pocos ejemplos:

I Guerra Mundial

1) Aumento del poder central. El Gobierno de los Estados Unidos creó más de 5.000 agencias gubernamentales y nacionalizó los mercados de la construcción naviera, el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. Comenzó a inmiscuirse en el mercado laboral, y en los mercados petrolero y energético, en las materias primas, en los productos manufacturados, en el comercio internacional. Hoy estamos acostumbrados a esto, pero entonces eran auténticas novedades.

2) Ataque a las libertades. La ley de espionaje de 15 de junio de 1917 penalizaba a quien obstruyera los servicios de reclutamiento con penas de hasta 20 años. La Ley de Sedición, de mayo de 1918, impuso penas criminales igual de duras a delitos como la expresión de opiniones críticas con el gobierno, contra sus símbolos, o la crítica a la movilización general de los recursos para la guerra. En concreto, se puede perseguir a quien haya impreso “un lenguaje desleal, profano o abusivo que muestre desprecio, escarnio o discrepancia sobre la forma de gobierno de los Estados Unidos, la Constitución, o las fuerzas armadas o navales, o la bandera de los Estados Unidos, o los uniformes de las fuerzas armadas o navales”. Se persiguió a 2.000 personas bajo esta ley. Una vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo, con el Juez Holmes de presidente, aprobó la condena de un particular que había criticado la Ley.

Lo que consiguió el Gobierno fue la censura de todo material impreso, la deportación de centenares de extranjeros sin un juicio contradictorio. La cosa llegó tan lejos como para que en California se arrestara a un ciudadano por la lectura en público de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. En New Jersey se detuvo a otro por la lectura en público de la Constitución. Hubo una propaganda pública brutal, y los ciudadanos alemanes, que fueron fundadores de esa nación, sufrieron indeciblemente. Tras la entrada americana en la guerra, varios periódicos progermánicos y anti-intervencionistas fueron vetados del sistema nacional de correos, entonces muy necesario para su distribución. Se prohibió la enseñanza del alemán en las escuelas y las estanterías de las librerías veían como los libros firmados por autores alemanes, como Goethe o Kant, desaparecían.

3) Las leyes excepcionales están para quedarse. Cuando la guerra terminó, parte de sus controles se abandonaron. Pero no todos. Muchos de los poderes ganados por el Estado bajo la excusa de la excepcionalidad se repartieron entre los ministerios. Se mantuvieron leyes como la Ley de Espionaje. Las nacionalizaciones del ferrocarril o de la construcción naviera, entre otras, se mantuvieron. Se mantuvo también la prohibición del consumo y tráfico de alcohol, por cierto. La “ley seca” que dejó las consecuencias que todos sabemos.

II Guerra Mundial

1) y 2) Aumento del poder estatal y declive de las libertades. En agosto de 1940, FDR aprobó la conscripción en tiempo de paz, lo que no tenía precedentes en la historia de los Estados Unidos y hubiera sido considerado inaceptable por sus Fundadores. Lo hizo en primer lugar en la población entre 21 y 35 años, en un comienzo, para extender más tarde la horquilla de edad hasta comprender de los 18 a los 45 años. Finalmente, de los 16 millones de personas que sirvieron en la guerra, 10 millones eran conscriptos.

Por supuesto, si el Estado puede disponer de la vida de sus ciudadanos, qué decir de su propiedad y del resto de derechos. En 1942 se aprobó la Segunda Ley de Poderes de Guerra, que autorizaba a las agencias gubernamentales a tomar posesión de cualquier propiedad que consideraran necesaria para la guerra, a cambio de una compensación. Pero esto no era nada en comparación con lo que la ley decía del Presidente de los Estados Unidos. “Cuando sea que el presidente considere que el cumplimiento de los requerimientos para la defensa de los Estados Unidos resultarán en una escasez en la oferta de cualquier material o de cualquier recurso para la defensa, el Presidente podrá distribuir este material en interés público y para promover la defensa nacional” y lo podía hacer “como considere necesario o apropiado”, es decir, con total arbitrariedad. Un poder que luego distribuiría por varias agencias gubernamentales. El gobierno, de hecho, nacionalizó varios recursos, e incluso industrias enteras, como las minas de carbón.

3) De lo excepcional a lo permanente. Era una situación excepcional, que merecía, se decía entonces, medidas excepcionales. Muchos de los controles que se permitieron durante la II Guerra Mundial se revocaron. Pero de nuevo no todos. Se cumple una vez más una ley inexorable de ciertas medidas excepcionales, y es que llegan para quedarse de por vida. Como ejemplo podré el sistema de mantenimiento de los precios agrícolas, que sigue funcionando hoy día. Se mantuvieron también los controles de rentas en Nueva York, con efectos desastrosos sobre la ciudad, así como los tipos impositivos, sin precedentes en la historia de ese país.

Hay elementos para pensar que está ocurriendo lo mismo en la actual “guerra contra el terrorismo”. Si, como dicen los neoconservadores, quienes nos atacan lo hacen por lo que somos y no por lo que hacemos, abandonar lo que nos caracteriza, nuestras libertades, supone caer en una política de “apaciguamiento” involuntaria pero muy perjudicial.

La Casa de la legítima defensa

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Afortunadamente para la libertad –y desgraciadamente para los socialistas– tal afirmación no supera la categoría de pura superchería. La gente no es esclava de los medios de comunicación por dos motivos esenciales: a) cualquier individuo puede crear su propio medio de comunicación en un sistema capitalista y b) la gente es capaz de utilizar la “razón” para distinguir qué mensajes son útiles y adecuados para sus vidas.

Estos dos motivos se incardinan con los principios básicos del capitalismo: la propiedad privada permite la creación de medios de comunicación y la libertad el uso irrestricto de la conciencia. El totalitarismo orwelliano de 1984, por ejemplo, se aseguraba el control absoluto de su población a través del monopolio de los medios de comunicación (Gran Hermano) y de la represión de la libertad de conciencia (policía del pensamiento).

En la España actual, de momento, la libertad de conciencia se encuentra relativamente salvaguardada; sin embargo, el socialismo gobernante ha desplegado todo su arsenal legislativo para asegurarse el monopolio mediático. Con la excusa de la escasez del espacio radioeléctrico, el Estado planifica y decide quién puede crear un medio de comunicación. La propiedad privada se pone en solfa y los amigos del gobierno obtienen las pertinentes licencias de emisión para continuar cantando las virtudes del poder.

No obstante, la escasez no constituye, en ningún caso, un argumento favorable a la planificación del gobierno; si todo lo escaso debiera ser planificado, nuestra sociedad completaría su transformación en una tiranía comunista. El pan, los libros, los automóviles o las viviendas son bienes escasos. ¿Debería el gobierno planificar su producción? ¿Debería expedir licencias para determinar quien puede escribir o comprar un libro?

La nueva televisión de Polanco ejemplifica sólo el último ataque a la propiedad privada y a la libertad de expresión. La debida contraprestación por los servicios prestados hasta la fecha y la necesaria plataforma para prestarlos en el futuro. Mientras Polanco obtiene una licencia más, miles de empresarios se ven expulsados del sector periodístico. Sólo los epígonos gubernamentales pueden utilizar el espacio radioeléctrico común; sólo ellos pueden expresarse sin limitaciones en España (a excepción, claro está, de las limitaciones consustanciales al corpus ideológico y propagandístico que el gobierno requiere).

ZP, como buen político, quiere dominar a los españoles y cercenar su libertad. La creación de la “dictadura perfecta” al estilo mexicano siempre ha estado entre los planes del PSOE. El monopolio de la información entra necesariamente en la ecuación. Para evitar la “esclavitud perfecta” que pretende el socialismo ya sólo nos queda el uso de nuestra razón, de nuestra libertad de conciencia. Pero… ¿por cuánto tiempo?