Edgar Beltrán. Este artículo fue originalmente publicado por Law & Liberty.
Hace diez meses, Gustavo Petro fue elegido primer presidente abiertamente de izquierdas de la Colombia moderna. Desde entonces, la situación en Colombia ha sido cada vez más tumultuosa. Inicialmente, los partidos de centro y centro-derecha intentaron apaciguarle promoviendo partes de su programa a cambio de puestos en su gabinete. Esta estrategia acabó fracasando cuando rechazaron su reforma sanitaria, y los escándalos políticos fueron en aumento. Más recientemente, el suicidio del coronel Óscar Dávila, figura clave en un escándalo político, ha suscitado especulaciones sobre un posible asesinato político.
Muchos eran optimistas sobre la presidencia de Petro. Al principio hizo gala de unas dotes de negociación nunca vistas hasta entonces, racionalizando la mayor parte de su agenda. Sin embargo, poco a poco, su coalición, que incluía a los dos partidos más tradicionales de Colombia y al partido del expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, empezó a tambalearse.
Hacia el autoritarismo progresista
Como respuesta, empezó a coquetear con el autoritarismo y a dar un duro giro a la izquierda. Petro despidió a más de la mitad de su gabinete. Esto incluye puestos clave como los ministros de Interior, Sanidad, Hacienda y Agricultura, y lo llenó de leales. En un discurso pronunciado el 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador, amenazó con iniciar una revolución si no se aprobaba su programa. También le dijo al Fiscal General (que en Colombia es elegido por la Corte Suprema, no por el presidente, y pertenece al poder judicial) que él era el “jefe de Estado y, por tanto, su jefe”.
Evidentemente, esto es preocupante. Pero para entender el ascenso de Petro al poder y su coqueteo con el autoritarismo, debemos entender de dónde viene, y cómo Colombia se enamoró de Petro.
Una larga carrera en el comunismo y la violencia política
A los 17 años, Petro se hizo miembro del Movimiento 19 de Abril (M19). Es un grupo guerrillero urbano formado en su mayoría por jóvenes educados de clase media-alta cautivados por el marxismo. El M19 es más conocido en Colombia por el tristemente célebre ataque a la Corte Suprema en 1985. En ese atentado murieron doce magistrados de la Corte Suprema junto con casi 100 personas. Muchas de ellas perecieron a sangre fría a manos del M19. Otras ardieron en los incendios que se produjeron a continuación. Aún otras fueron abatidas en el fuego cruzado entre el M19 y el ejército y la policía colombianos.
Petro, que entonces era concejal, no se encontraba en el palacio, sino cumpliendo una pena de prisión por almacenamiento ilegal de armas. Tras la disolución del M19 en 1990, Petro asesoró la reescritura de la Constitución colombiana en 1991. Fue elegido congresista, lo que daría el pistoletazo de salida a una larga carrera política. Esta carrera incluiría un puesto diplomático en Bélgica, ocho años como congresista, cuatro años como senador, cuatro años como alcalde de Bogotá y dos candidaturas presidenciales fallidas.
Sin embargo, gracias a una ola de descontento que desembocó en violentas protestas masivas en 2021, Petro sería elegido presidente en 2022.
La impronta política de Álvaro Uribe Vélez
Durante la mayor parte de su historia contemporánea, Colombia tuvo un sistema de gobierno bipartidista. Salvo la dictadura de cinco años de Gustavo Rojas Pinilla, Colombia fue gobernada por el Partido Conservador o el Partido Liberal desde 1900 hasta 2002. Hasta la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que puso fin al tradicional bipartidismo. Uribe asestó un golpe mortal a las guerrillas en el país, y se convirtió en un “kingmaker” tras sus ocho años de presidencia. El siguiente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue su ministro de Defensa (aunque más tarde rompería con Uribe). Y su sucesor, Iván Duque, fue el candidato de Uribe en 2018.
Sin embargo, el estilo combativo de hacer política de Uribe, que llegó a armar a civiles para enfrentarse a la guerrilla, sembró la división en el país. El polémico acuerdo de paz de Santos y la mediocre presidencia de Duque, rematada con las violentas protestas de 2021 que casi acaban con su presidencia, sólo empeoraron las cosas y allanaron el camino para un candidato antisistema. Muchos colombianos estaban cansados de las élites tradicionales. Y Petro, un hombre que llevaba 30 años en la política colombiana denunciando la corrupción del sistema y pidiendo una renovación radical y de izquierdas del sistema político colombiano, se subió a la ola.
Un boxeador
Petro derrotó por un estrecho margen del 3% a Rodolfo Hernández, otro candidato de fuera, en las elecciones de 2022. Su alianza sólo obtuvo 39 de los 109 escaños del Senado y 70 de los 188 de la Cámara de Representantes, apenas suficientes para convertir a Colombia en el paraíso socialista que tenía en mente.
Muchos pensaron que sufriría las mismas limitaciones que Duque cuatro años antes: sin suficiente apoyo parlamentario, su gobierno se estancaría y se limitaría a unos pocos decretos ejecutivos y discursos. Serían otros cuatro años mediocres para Colombia. Al fin y al cabo, Petro se ganaba la vida enfrentándose a la clase política tradicional y denunciando su corrupción. Era un boxeador, no un jugador de ajedrez.
La audacia de Petro
Lo que no esperaban era que Petro fuera lo suficientemente audaz como para jugar limpio con los partidos tradicionales: ofreció puestos en su gabinete tanto a los partidos Conservador y Liberal como al Partido de la U (el partido del ex presidente Santos) y prometió moderar algunas de sus posturas (por ejemplo, diciendo que no intentaría simplificar las expropiaciones). A cambio, estos partidos acelerarían su programa. Con su apoyo, contaba con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, más que suficiente para promulgar su proyecto.
Al principio, pudo hacerlo. Aprobó rápidamente una reforma fiscal, la ley de “paz total” que establece un nuevo marco de negociación con los cárteles de la droga y la guerrilla en el país, y parte de su reforma agraria para dar tierras a los pequeños agricultores.
Conspiranoia
Sin embargo, una polémica reforma sanitaria demostró que, a ojos de Petro, trabajar con su coalición era un ejercicio de equilibrismo insuperable. Es la Colombia que tiene en su mesiánica cabeza o nada. La reforma no consiguió ser votada en el Congreso a finales de abril.
El hombre más rico de Colombia, Luis Sarmiento, se apresuró a duplicar sus donaciones a los partidos tradicionales colombianos, incluidos los de la coalición de gobierno, lo que dio a Petro más razones para afirmar que las élites del país intentaban hacer fracasar su proyecto. Después de esto, la cara más conocida de Petro -el populista con impulsos autoritarios- se mostró a la vista de todos.
“Se están burlando de la decisión de los votantes y eso no debe ser”, dijo Petro en rueda de prensa. “Creo que el Gobierno debe declararse en emergencia”.
Poderes extraordinarios
Tras enfrentarse a un único escollo legislativo, Petro amenazó con crear un gobierno de emergencia que le diera más poder. Redactó un Plan Nacional de Desarrollo que incluía medidas para otorgar al presidente poderes extraordinarios en asuntos medioambientales y de seguridad en línea. Sin embargo, el Plan aprobado a principios de mayo no incluía tales disposiciones.
A continuación, pidió a todo su gabinete que presentara su dimisión. En total, 12 de sus 19 ministros ya han sido sustituidos en sus primeros nueve meses, siete de ellos tras la rabieta de Petro, más el jefe de gabinete.
“La invitación a conformar un pacto social por el cambio [en Colombia] fue rechazada”, anunció Petro en su cuenta de Twitter, un claro subtexto dirigido a los partidos tradicionales que intentaron apaciguar a Petro y moderar su agenda.
Todos los ministros destituidos son miembros moderados de su coalición, como su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, miembro del Partido Liberal. Entran los partidarios de la línea dura de la izquierda y algunos de sus más firmes partidarios, que sobrevivieron a la puerta giratoria de su mandato como alcalde de Bogotá (cuando más de 50 personas pasaron por su gabinete de nueve miembros en cuatro años).
Cambios en el gobierno
Peor aún, el intento de los partidos de apaciguar a Petro y unirse a él en el gobierno creó un problema mayor: la rebelión interna. Algunos miembros de los partidos Conservador, Liberal y de la U todavía desean apoyar a Petro y promulgar su programa. Petro está apostando a que puede tener éxito negociando individualmente con los miembros de los tres partidos en el Congreso en lugar de tratar con las directivas de los partidos. En este momento, podría funcionar.
Destituyó a la controvertida ministra de Sanidad, Carolina Corcho, y la sustituyó por Guillermo Alfonso Jaramillo, un camaleón de izquierdas. Jaramillo fue secretario de Salud de Petro en Bogotá, al igual que el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. También nombró jefe de gabinete a Carlos Ramón González, antiguo guerrillero e inflexible izquierdista.
A la ofensiva
Y luego pasó a la ofensiva. En un discurso pronunciado el 1 de mayo desde el balcón presidencial, se mostró dispuesto a confiscar la propiedad privada, diciendo: “La gran revolución en marcha requiere una clase obrera movilizada, organizada, unida y luchadora, este gobierno quiere una alianza profunda e inquebrantable con el pueblo trabajador.”
“La tierra es para quien la trabaja”, dijo. “Tiene una función social, una función medioambiental. La tierra no es para un grupo de herederos feudales y esclavistas que la conservan. . . y la defienden matando a los pobres”. Y añadió: “El gobierno tiene que tomar la tierra”.
Esto es preocupante, pero eso no fue lo peor.
“No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con el pueblo movilizado, y a la cabeza de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera”. El intento de recortar las reformas puede llevar a una revolución”, añadió en el discurso, en el que se comparó con Simón Bolívar, el libertador venezolano de Colombia.
La amenaza de revolución no pasó desapercibida.
La marcha de la guardia de base racial
Dos días después, el 3 de mayo, 600 hombres de la llamada Guardia Indígena marcharon hacia el recinto del Congreso colombiano vestidos de negro, con los rostros cubiertos y garrotes en las manos, mientras el Congreso discutía el Plan Nacional de Desarrollo de Petro. Muchos medios locales consideraron que se trataba de un intento inaceptable de intimidar al Congreso para que aprobara las reformas de Petro, y la Guardia regresó el jueves, justo cuando se aprobaba el plan.
Pero Petro no se detuvo ahí. El 26 de abril compartió una noticia que decía que un fiscal, Daniel Hernández, ocultó información sobre asesinatos perpetrados por el Cartel del Golfo, el cartel de la droga más poderoso de Colombia. El Fiscal General, Francisco Barbosa, criticó a Petro, diciendo que estaba poniendo a Hernández y a su familia en peligro. Luego, el 5 de mayo, le preguntaron por Barbosa y dijo que “se le olvida que soy el jefe de Estado y, por tanto, su jefe”, y luego redobló su posición en las redes sociales, afirmando que Barbosa le había “irrespetado” como “jefe de Estado, representante de la Nación ante el mundo y el pueblo”.
El poder judicial pone pie en pared
En Colombia, la Corte Suprema nombra al Fiscal General, no el ejecutivo. Parecía que Petro intentaba inmiscuirse en otra rama del poder público, justo una semana después de amenazar al poder legislativo. La Corte Suprema publicó inmediatamente un comunicado en el que su presidente, Fernando Castillo, declaraba que el Fiscal General no tenía superior jerárquico y que “desconocer o malinterpretar los fundamentos de nuestro Estado de Derecho genera incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
Mientras tanto, Barbosa dijo en una entrevista que Petro estaba tratando de acabar con “la Constitución de 1991… materializando su intención de estar por encima de la rama judicial del poder público”, y lo calificó como un “dictador” que está tratando de “dar un golpe de Estado al poder judicial.”
El escándalo
Ahora, Petro enfrenta el mayor escándalo de su administración, luego de que a principios de junio se revelara que su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, llegó al extremo de hacer que la Policía interviniera el celular de su niñera tras sospechar que había robado dinero de la casa de Sarabia. Mientras tanto, el exjefe de campaña de Petro y embajador en Venezuela, el polémico Armando Benedetti, se enojó porque nunca recibió un nombramiento a nivel de gabinete, y reveló que Sarabia lo llamó para que la ayudara a enterrar la historia de la niñera, lo que llevó al inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del país. Benedetti, entonces, en una entrevista reveladora, habló de la posible participación de carteles en la financiación de la campaña de Petro, entre otras irregularidades.
El coronel Óscar Dávila iba a ser interrogado por el Fiscal General de Colombia en relación con las escuchas no autorizadas, pero supuestamente se pegó un tiro el día antes del interrogatorio. Se trataba de un interrogatorio que había solicitado personalmente a través de su abogado en una carta pública. Muchos sospechan de juego sucio, porque el primer periodista que llegó al lugar informó de que había visto dos agujeros de bala.
Petro, una vez más, respondió llamando a sus partidarios a las calles y culpando a una conspiración de la derecha de todos los problemas. También insistió en que el Fiscal General y los medios de comunicación eran los culpables del supuesto suicidio de Dávila.
El rechazo de los colombianos
Los colombianos se han cansado rápidamente de Petro. En sólo nueve meses, pasó de ser uno de los presidentes más populares de América Latina a tener un índice de aprobación del 35%. Incluso en sus periodos relativamente benignos, los pequeños escándalos han perseguido su presidencia. Su vicepresidenta, Francia Márquez, una activista ecologista negra, ha sido criticada por utilizar un helicóptero del gobierno para asuntos privados. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado de tener vínculos con cárteles de la droga. Y Petro trató de eludir la situación alegando que “él no lo había criado”, porque Petro estaba en el ejército guerrillero cuando Nicolás era un niño, por lo que no podía ser considerado responsable de Nicolás.
Esta afirmación no resulta convincente, dado que Petro fue el responsable del lanzamiento de la carrera política de su hijo. Sus intentos de aumentar la participación del gobierno en sectores de la economía, bloquear contratos petroleros, endurecer las leyes laborales y amenazar la propiedad privada se volverán contra él más pronto que tarde. Y su coalición legislativa no ha hecho más que reducirse y radicalizarse a lo largo de su mandato.
Petro se ha metido en un buen lío. Ha optado por la confrontación y ha desafiado a las instituciones colombianas, que han resistido valientemente, aunque a duras penas, las guerras civiles, del narcotráfico y de la guerrilla. ¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir a un autócrata caprichoso?
