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Intervención de precios y racionamiento, camino al racionamiento, la ineficiencia y la economía sumergida

Los populismos, el voluntarismo, el dirigismo, la firme voluntad política marcando el paso fijando discrecionalmente los niveles de las variables económicas son una falacia. Son pretensiones que vengan de donde vengan generan ineficiencias y despilfarro de recursos (paro) , y que pueden llegar a ser muy peligrosas llevando a sociedades al colapso, al precipicio. 

He participado en un debate interesante en las redes sociales al respecto. Concretamente presentado en Facebook así: “AMLO ya ha comenzado a fijar los precios a los productos básicos. Pero México no es Venezuela, claaaaro”. En definitiva, imponiendo precios máximos inferiores a los precios competitivos porque al planificador o intervencionista les parecen caros los precios sin intervención. Los ejemplos de alcance intervencionista, con sus diferencias, del gobierno en España en los precios de las viviendas, de sus alquileres, en los precios de la electricidad,… traen a la actualidad la atención del análisis económico en sus consecuencias.  

He ‘aportado’ al debate el siguiente teorema económico-praxeológico, sintetizando los resultados de la intervención pública con precios máximos menores a los precios de mercado:

1) Demanda de productos racionada (personas quedan sin comprar su demanda, los oferentes reducen sus ofertas).

2) Los mercados se debilitan y se reduce la actividad comercial, menor compraventa y menor actividad económica.

3) Aparecerá la economía sumergida y con los intercambios en los “mercados negros” los precios máximos se sepultan como papel mojado y ‘los precios reales sumergidos’ convergerán en el tiempo a los “precios de equilibrio” o quedaran por encima;  precios de los acuerdos derivados de ‘los procesos sociales dinámicos’ (Huerta de Soto), indeseados por el político. Ello es por el exceso de demanda derivado de la intervención y todos estos procesos alteran la asignación de los retornos desvaneciendo la voluntad inversora en estos productos y recursos ofertados, la eficiencia y la actividad económica.

4) Paro. Como consecuencia de la menor actividad.

5) Empobrecimiento. Por todo lo anterior.

¡Nefasto recorrido! 

En el debate una persona que participaba planteaba que estas medidas se justificarían en el caso Mejicano porque en él la estructura productiva era preminentemente monopolista o oligopolista, amparada por el poder institucional o gubernamental. El caso de monopolios no se identifica con el de precios máximos efectivos por debajo de los precios de equilibrio competitivo. Mi respuesta, salvo monopolios naturales, es que creo que no me confundo. 

Efectivamente, el antídoto es favorecer la competencia siempre y esto sólo se logra mediante entrada de nuevos y mejores oferentes. Nunca un monopolio se va a ir del mercado de haber demanda. Pensarlo es de total ingenuidad. Siempre más competencia, nunca mediante precios máximos efectivos por debajo de los precios de equilibrio. 

En el caso de monopolios lo analizamos en fundamentos del análisis económico como semejante a un precio mínimo efectivo, el del monopolista, que se sitúa por encima de los precios de equilibrio competitivo o derivado de los acuerdos voluntarios resultantes de ‘los procesos sociales dinámicos’ (Huerta de Soto), en términos praxeológicos.

Si como se apuntaba, yo no le sé ciertamente, en Méjico predominan las estructuras productivas monopolísticas o oligopolistas y, además, esto se hace con el respaldo político gubernativo entonces el sobreprecio, la ineficiencia y la menor actividad económica se tornará patente respecto de la que se lograría en contextos competitivos.

Lo correcto en tal caso insisto es operar diáfanamente rompiendo barreras de entrada a competidores nunca fijando precios intervenidos. El monopolista no fija a la vez el precio y la cantidad en su mercado. El precio del monopolista lo fija el monopolio donde logra la máxima ganancia, lógica y coherentemente. Esto es, donde ingresos marginales igualan los costes marginales del monopolio y ello debe hacerlo el monopolista acudiendo al permiso del cliente (que sigue gestionando en este mercado monopolista su soberanía como consumidor, como demandante y cliente atendiendo sus preferencias y objetivos sujeto a las restricciones endógenas y exógenas) para lograr el monopolista (empresa-empresario) saber su precio optimo (el del monopolista) atendiendo a la disposición marginal a pagar del cliente. La situación bajo una estructura monopolista, queda reflejada, insisto, como ‘un precio mínimo efectivo’.

Si a la solución monopolística se le compara con la solución competitiva, siempre será más eficiente ésta, por ser menor el precio y mayor la cantidad voluntariamente intercambiada en producto (actividad económica) y, consecuentemente, se traducirá en más empleo y probablemente menor paro o desempleo, de no crecer la población activa. Que no se nos escape tampoco que no hace falta necesariamente una multitud de nuevos oferentes competidores, sólo los suficientes siendo cada uno de ellos ‘líderes’ en sus estrategias de precios, nunca ‘seguidores’. Claro está, para no caer en ingenuidades, que pueden ser  posibles los contubernios institucionales del gobierno respaldando a los agentes sociales y sus organizaciones, ya sean patronales y/o sindicales, conformando fuentes de prebendas y/o de clientelismo político de probable indigestión económica, siempre hay empeños ideológicos de firmes voluntades políticas (esclavitudes y ‘caminos de servidumbres’ ). 

Concluyendo:

1) El mercado con monopolios u oligopolios, aunque como mercado el intercambio realizado es voluntario entre las partes, genera ineficiencia (despilfarro).

2) El monopolista no se apea sólo si hay demanda.

3) Los precios máximos o mínimos efectivos son de rancia aplicación empobrecedora por generar baja actividad, precios ineficientes desorientadores para los agentes y bajo empleo.

4) Los empeños de “las voluntades políticas” están sujetas a las restricciones económicas exógenas y endógenas de todos y cada uno de los agentes, las pretensiones son eso pretensiones, si no son factibles, resultan inalcanzables por ser insostenibles. El posible peligro viene de que lo que no es sostenible no se sostiene y cae, esperemos no nos caiga encima por esto conviene el análisis y el aviso.

Referencias Bibliográficas:

Hayek F. (1944), “Camino de servidumbre”. https://www.elcato.org/sites/default/files/camino-de-servidumbre-libro-electronico.pdf

Mises L.V.M. La Acción Humana, Tratado de Economía, 11ª edición, Unión Editorial. Estudio Preliminar, por Huerta de Soto.

Rivero Caro A., “Resumen del Camino de la servidumbre” de Hayek.

Varian H. (1991), Microeconomia intermedia, un enfoque moderno. 2ª Ed. Ed. Bosch. Barcelona. 

Zanotti G y Silar M. (2016), Economía para sacerdotes. Cristianismo y Economía de Mercado. Unión Editorial, Madrid.

http://www.hacer.org/pdf/Hayek15.pdf

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216751947643616&id=1010054067#
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-07-08/amlo-empresa-estatal-gas-mexico-polemica

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXIII): Anarquismo cristiano

A pesar de estar (a día de hoy) las distintas iglesias cristianas organizadas de forma anárquica, tanto en su organización interna como en su relación entre ellas, su resultado en término de fieles e influencia social no sólo no decae sino que mantiene su proporción, o incluso mejora a nivel global, que es el ámbito donde deben compararse las diferentes religiones. Dentro de ellas cualquiera puede abandonar su credo sin grandes problemas; incluso miembros de su jerarquía como un reciente caso en Cataluña nos muestra. Y entre ellas, a pesar de sus discrepancias en materias de credo, son frecuentes los casos de colaboración y de diálogo ecuménico. También es relativamente fácil, como ilustra el caso norteamericano, la instauración de nuevas denominaciones, con mayor o menor éxito o duración, algo que guardando las debidas distancias se asemeja a un mercado dinámico en el que creación y destrucción de nuevas empresas es algo habitual… Es más, sólo parece decaer en aquellos lugares, como Europa, en que esta ha estado asociada al poder político, lo que parece haberle restado dinamismo y capacidad de competencia. A ello se suma el hecho de que los Estados se han apropiado de muchas de sus funciones tradicionales.

Sorprende, pues, que a pesar de operar en un entorno anárquico y dinámico, y siendo los Estados su principal y más temible competidor (la mayor parte de los ateos no se convierten en anarquistas sino que delegan en el estado las cuestiones morales y de liturgia como la educación en valores o las uniones matrimoniales), la cuestión de la relación entre el cristianismo y el Estado no haya despertado entre los teólogos el interés que sí lo han hecho otras cuestiones doctrinales. La mayoría de las confesiones siguen dando un lugar de preeminencia a sus respectivos Estados, y salvo algunas congregaciones de tipo anabapatista, no han buscado desligarse de él. De ahí que, salvo excepciones que comentaremos, no se haya elaborado una teología sistemática en relación a esta cuestión.

De ahí que sorprenda que en los últimos decenios algunos teólogos de muchas iglesias cristianas, incluida la católica, hayan comenzado a discutir al Estado y se pueda hablar ya de anarquismo cristiano. Quizás los primeros en elaborarla en su forma moderna hayan sido Jacques Ellul y Vernard Eller, con dos libros con el mismo título Anarquía cristiana. Ambos citan a numerosos precursores en el pasado, ya desde los mismos comienzos del cristianismo. Éstos habían reflexionado sobre el tema, pero sin una elaboración sistemática. Estos teóricos vieron continuada su obra con la de teólogos como John Milbank o William Cavanaugh  (traducidos ambos en la editorial del arzobispado de Granada, Nuevo Inicio). Los autores señalados, entre otros muchos, han sido estudiados en la mejor obra que existe sobre el tema , el Christian Anarchy de Alexandre Christoyannopoulos.

Destacar sólo que exceptuando algún autor como James Redford, quien reclama el anarcocapitalismo de Cristo, la mayor parte de los autores no entran en la cuestión del capitalismo ni lo defienden, centrándose sólo en la crítica al poder estatal y a su incompatibilidad con un programa de vida cristiano. También es relevante el hecho de que estos autores, especialmente Ellul y Eller, centran sus análisis en la Biblia, especialmente en el Nuevo testamento. Y sus análisis y referencias raramente salen del ámbito teológico, por lo que no incorporan aportaciones del ámbito económico, político o sociológico que podrían reforzar sus posturas. Quizá las excepciones sean dos de los ya citados: Cavanaugh, que sí incorpora reflexiones de la sociología histórica o de la historia (es especialmente interesante su artículo del 2004 Killing for the Telephone Company en la revista  Modern Theology), y Milbank, Teología y teoría social.

Una de las principales críticas que estos teólogos hacen en relación a la moralidad de los actores estatales es que estos incumplen de raíz uno de los principios básicos de la ética cristiana: La famosa regla de oro; esto es, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. En efecto, como bien señaló Rothbard en su famosa Anatomía del estado, los Estados son absolutamente asimétricos en sus relaciones con la ciudadanía. Esto es: Lo que hace el Estado es una suerte de bien moral, pero si es a la recíproca es un crimen de lesa majestad.

Veamos, los Estados pueden extraer rentas a los ciudadanos con una suerte de amenaza difusa de empleo de la violencia en caso de resistencia, porque entiende que ese dinero lo necesita más que el contribuyente, o porque establece que hará mejor uso de él que este. Pero este comportamiento realizado a la inversa, un ciudadano que necesita imperiosamente el dinero no puede recurrir a extraerlo por la fuerza de la caja pública, ni siquiera intentando recuperar una parte de lo que él ya ha contribuido. Sería multado o encarcelado.

Pero sobre todo se refieren al crimen violento, esto es, si los jefes de un Estado mandan matar a personas inocentes en otros países, en una “guerra preventiva” por ejemplo. Esto parece ser justificado en aras de la seguridad del propio Estado, pero si es a la inversa, esto es un ciudadano de un país “liberado” atenta contra quien dio esas ordenes, no sólo no será tolerado sino que será duramente reprimido. 

No sólo en ese ámbito se puede observar la asimetría. Podemos verlo en el ámbito fiscal, donde la agencia tributaria cuenta con posición de predominio, o como vimos en algún artículo anterior, en el del urbanismo. No parece que sea un comportamiento muy de acuerdo con la ley que Cristo nos enseñó.  

Autores como Cavanaugh también relativizan el mito de la violencia religiosa, especialmente en un libro con ese título. La violencia ha sido ejercida históricamente por lo poderes temporales, estatales o pre-estatales, incluido el papado como poder terrenal, usando la justificación de la religión. Pero esto no implica necesariamente que hayan sido organizaciones religiosas las que la hayan llevado a cabo. De la misma forma en que se culpa al capitalismo de muchas violencias ejercidas por el estado en su nombre, la religión ha servido de excusa para iniciar conflictos regidos por motivaciones menos nobles.

Cavanaugh demuestra cómo en muchos conflictos como la guerra de los treinta años, paradigma de guerra de religión, las motivaciones eran puramente políticas y respondían a los intereses de los gobernantes de aquel tiempo como, lo muestra el hecho de que había católicos y protestantes en ambas alianzas contendientes, y que una de ellas incluso haya llamado a potencias musulmanas a combatir a su lado. Si bien es cierto que hay personajes vinculados a la religión como papas, cardenales u obispos que han alentado el conflicto, lo han hecho más en su papel de gobernantes temporales que el de líderes religiosos.

Al igual que sectores capitalistas se encuentran imbricados a día de hoy en el aparato de los Estados y son difíciles de separar, en otros tiempos eran actores religiosos los que se implicaban en el gobierno siendo difícil distinguir entre sus funciones religiosas y temporales. Si el capitalismo, como tal, no es el responsable de las guerras que se hacen en su nombre, tampoco la religión como tal será culpable de tan gran pecado y sí los que se encargan de iniciarlas.

Los análisis de los anarquistas cristianos, especialmente los protestantes como Eller o Ellul, se centran mucho, demasiado a mi entender, en el análisis de las sagradas escrituras, cuando podrían centrarse también en las propias dinámicas organizativas de las religiones o en las formas en que estas organizan la vida social en ausencia de un monopolista del poder político.

Por ejemplo, podrían haber estudiado cómo las iglesias cristianas han organizado eficaces sistemas de protección a los pobres, instituciones educativas que incluyen universidades, hospitales, e incluso sistemas de justicia. También sería interesante que hubiesen indagado sobre las distintas formas que las comunidades cristianas han usado a lo largo del tiempo para resistir o confrontar con éxito el poder estatal, desde las catacumbas a los regímenes totalitarios de hoy. Pero aún así sus análisis no dejan de ser interesantes pues nos muestran la gran  riqueza de ideas anarquistas que están presentes en la Biblia y otros textos sagrados.

Mi favorita es las tentaciones a Jesús, que se encuentran resaltadas al menos en tres de los evangelios, especialmente en Mateo (Mateo IV 1-11).  En la tercera tentación el demonio tienta a Jesús subiéndolo a la cima de una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra con su gloria y le dice a continuación que “Todos estos reinos están en mi poder y serán tuyos si te postras delante de mi y me adoras”. Esto es, los reinos de la tierra son propiedad del demonio y a él obedecen, lo que a simple vista no parece una forma de legitimación muy buena del poder político, pues está implícitamente reconociendo su carácter demoníaco.

Otro ejemplo podría ser una de las famosas trampas saduceas en las que los críticos de Jesús entre los judíos intentan que Cristo entre en contradicción para  poder acusarlo bien de impiedad  bien de obediencia al poder imperial romano. Le muestran una moneda y le hacen escoger entre Dios y el César (hoy día sería imposible hacerlo dado que el dinero son apuntes bancarios) y Cristo escapa muy bien del dilema afirmando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero también podemos observar como Cristo en ningún momento determina que es lo que le corresponde al César. Cristo no elabora ninguna lista con las funciones que debe aquel llevar a cabo de natural o en exclusividad. Hay muchas otras citas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Samuel (Samuel 8, 4-22) los israelitas le piden a Dios un rey y éste les advierte de lo que les va  a pasar y de cómo este los saqueará y dominará. Aún así lo piden pero pronto se arrepienten, por su voracidad, y piden a Dios que los salve de tal figura. Si se quieren consultar James Redford las cita casi todas.

Pero entonces los posibles críticos de este texto saldrán rápidamente a citar la Epístola de San Pablo a los romanos (Romanos XIII, 1-7) en la que el fundador de la Iglesia cristiana establece la obligación de obedecer las leyes del lugar ya sus gobernantes pues estos han sido colocados ahí por Dios. Incluso recomienda pagar los tributos debidos y no sólo obedecer sino respetar a las autoridades. Sobre este texto se ha construido toda la teología del Estado cristiana, y ha sido la orientación dominante de la postura de las mayoría de sus iglesias, con excepción de algunas pequeñas sectas.

Dejando aparte la cuestión de que no forma parte de los evangelios sinópticos que relatan la vida y enseñanzas de Jesucristo, siendo una epístola de San Pablo (si bien esto no impide que a todos los efectos forme parte del canon bíblico), lo cierto es que entra sin duda en contradicción con lo anteriormente expuesto. No sería novedad, pues en la Biblia no son infrecuentes las divergencias entre los distintos libros que la componen. Pero si sorprende que el santo fundador de la Iglesia enmiende el relato de su maestro, salvo que este esté escrito en clave simbólica y no exprese lo que a primera vista parece indicar.

El joven Karl Barth (de joven anarquista pero luego derivó en socialdemócrata) así lo parece entender y en un sesudo análisis (recogido en los libros de Ellul y Eller) desmonta con gran aparato de erudición la interpretación estatista del texto de San Pablo, exponiendo que cuando se refiere al poder está haciendo referencia a otras realidades espirituales y no terrenales. Pero en cualquier caso los anarquistas cristianos abren la posibilidad moral de una sociedad sin monopolio estatal de la violencia y con buenos argumentos, que debería formar parte de cualquier análisis serio tanto de la cuestión religiosa como de la anarquista.

¿Víctimas sin victimarios?

La arbitrariedad y la inseguridad jurídica auspiciadas por el gobierno capitaneado por Pedro Sánchez Pérez-Castejón sigue desplegándose a una inusitada velocidad. Como muestra de que su alianza con fuerzas políticas que destacan por su flagrante violación de las leyes y las resoluciones judiciales no es meramente coyuntural, coopera con los asaltos a las instituciones de sus socios y muestra el camino por donde torpedear toda noción de estado de derecho en los más variados aspectos de las políticas públicas.

En otros análisis, he aludido a ideología posmoderna que el PSOE adoptó con José Luís Rodríguez Zapatero para pastorear una constelación de extremos sobre los que sustentar la hegemonía política y cultural de su partido, después del agotamiento del caudillismo oportunista y corrupto de Felipe González Márquez. Ahora bien, como comprendió también el primero, acaso ayudado por las teorías de Carl Schmitt, de Karl Marx, Antonio Gramsci o de Michel Foucault, la avaricia doblega voluntades y voluntarios. De ahí que los sedientos de poder absoluto todavía basen su ámbito de actuación en los estados; acepten la democracia cuando les conviene y dirijan sus esfuerzos a subvertir el estado de derecho, sometiendo bajo su control a los jueces y poniendo en marcha una maquinaria de favores y privilegios que impida su derrota en futuros comicios electorales.

En esta ocasión apuntaré someramente a cómo se pretende consolidar instrumentos legislativos autosuficientes para identificar víctimas colectivas a las que otorgar privilegios, soslayando la propia existencia del Derecho. No en vano, éste ya contempla una panoplia de instituciones para averiguar delitos, perseguir a los responsables, imponiéndoles en su caso las penas correspondientes, y resarcir a las víctimas. Al mismo tiempo esa legislación pretende dar cobertura a la imposición de una ideología y una versión facciosa de la historia; introducir la censura y crear una administración paralela, encargada de subvencionar asociaciones e individuos cuyos objetivos coinciden, casualmente, con los fines de los legisladores.

Antecedentes de esta corrupción sistemática, aunque sin las pretensiones de salvación de “víctimas históricas”, se ensayaron en la Junta andaluza dominada durante lustros por la sección regional del PSOE. Sin ser exclusivo de esa administración, el nepotismo en la designación de empleados públicos temporales o interinos – que luego se transformaban en fijos gracias a sindicatos, y a una legislación laboral encumbrada como prominente por los juzgados de lo social – llegó hasta el paroxismo. La incansable exploración de nuevas justificaciones para “fidelizar” el apoyo de grupos de presión ha abierto paso a estratagemas que comparten notas comunes.

En este sentido, la legislación pionera, que marcó sin duda el camino posterior, vino determinada por la promulgación de las leyes de medidas de protección integral contra la violencia de género de 2004 (y sus secuelas contenidas en el Real Decreto-ley 9/2018) y de memoria históricade 2007, que el gobierno y sus aliados pretenden retorcer aún más con la “ley de memoria democrática”, en fase de tramitación parlamentaria. Al calor de la segunda, demostrando que los nacionalistas vascos comparten con sus socios del PSE/PSOE el objetivo de subvertir el Derecho, dictar una nueva historia oficial y apuntalar su poder con privilegios y subvenciones a favor de presuntas víctimas afines, la comunidad autónoma del País Vasco, promulgó una Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, reformada por la Ley 5/2019.

Una característica de estas leyes es que hacen abstracción del concepto jurídico de víctima de un delito. En efecto, según el Derecho consagrado en tratados internacionales de protección de los derechos humanos, la consideración como víctima de una persona viene vinculada a la previa constatación por tribunales independientes e imparciales de la existencia de un delito (incluida la apreciación de que, además, sean de lesa humanidad) que supone la determinación de uno o varios participantes (victimarios).

Por el contrario, la creación de comisiones administrativas que diriman estas cuestiones, como gancho para conceder compensaciones públicas, constituye un ataque frontal contra los fundamentos de una convivencia sometida al imperio de la Ley, la seguridad jurídica y el respecto de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los Tratados de la Unión Europea y la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Energía buena, bonita y barata

La energía y el coste de esta, es un factor clave en la competitividad de nuestra economía. De ella depende la supervivencia de nuestra industria y el coste de vida en nuestro día a día. Pues bien, pese a la suprema importancia de esta materia, en España, no hemos podido llevar a cabo una peor política energética a lo largo de las últimas décadas.

Para empezar, hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, concretamente todos nuestros recursos y capital en materia energética, los hemos invertido en las bien vistas “energías renovables”, como son la solar y eólica. Que hoy por hoy, son carísimas, por la propia tecnología existente, a la cual aún le queda muchísimo camino por recorrer. Energías que ahora mismo no pueden competir con las fuentes tradicionales (como el gas) y que por tanto han basado su existencia en las subvenciones. 

Ese uno de los puntos más críticos, la forma en la que hemos introducido las energías renovables en nuestro país. Ya que ha sido a base de atracar al ciudadano vía impuestos, para regar de subvenciones a las energéticas, con tal de que estas construyesen campos solares a pérdidas. Mientras, bloqueábamos por todos los medios, ya fuese con trabas burocráticas o con el desastroso “impuesto al sol”, que los ciudadanos, de manera libre y voluntaria, instalasen pequeños paneles solares en sus viviendas, lo que sí hubiese impulsado una verdadera transición ecológica. Además, se hubiese desarrollado un mercado minorista de este tipo de productos, que hubiese creado miles de empleos, algo que no nos vendría nada mal.

Otra cuestión, es que estas fuentes de energía no pueden ser la fuente principal de energía de un país sino un apoyo. Ya que la eólica se vuelve inexistente cuando no hay viento y la solar desaparece de noche, por mucho follón que se haya montado últimamente con este tema. Porque hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, es insostenible almacenar la energía que necesita un país, hay que producirla ininterrumpidamente. Para un individuo sí es posible, a nivel industrial no. Como le ocurre a Alemania, que, por la noche con la desaparición de las renovables, queman carbón a mansalva para calentar sus casas, haciendo que la “transición ecológica”, quede en simple marketing. Para que se hagan una idea, España consume en una hora la capacidad energética total de todas las baterías del mundo. Ese es el gran reto de la industria energética hoy, almacenar energía en grandes cantidades. Y sí de verdad alguien cree que ha descubierto la forma de hacer esto viable a nivel país, solo puedo recomendarle patentarlo y comercializarlo. Aparte de darle mi enhorabuena, va a hacerse muy rico.

Entonces, ¿cuál debe ser la fuente principal de energía de los países desarrollados? Debe cumplir unos criterios mínimos: ser barata (sino estaríamos en las mismas), ser limpia (sino podríamos seguir tirando del carbón) y producirse de manera ininterrumpida, sea de día o de noche, llueva o salga el sol.

Esta energía solo puede ser una, la energía nuclear. Y es que puede competir sin subvenciones, de tú a tú, con el gas y el carbón. Es segura, por mucho que algunos se empeñen en recordar catástrofes del pasado, que hoy son irrepetibles, gracias a la tecnología de los reactores de última generación. Es limpia (algunos hablarán de residuos, pero ya existen prototipos para que ni si quiera se emitan dichos residuos y los que hoy en día se emiten, son en una cantidad minúscula, con una radiación más bien baja y muy fácilmente gestionables). Además, se produce de manera sostenida en el tiempo. 24 horas al día, energía barata y limpia. Es por esto por lo que cada vez más países como Francia, han anunciado su apuesta por la energía nuclear, e incluso muchos partidos “verdes” del norte de Europa, la han incluido en sus programas.

En resumen, a día de hoy, si no queremos morirnos cuando leamos la factura de la luz y al mismo tiempo no hacerlo por la contaminación, el camino está marcado. Hay que apostar por la energía nuclear como fuente principal de energía. Y contar con el apoyo de otras energías limpias (solar, eólica…), para que vayan desarrollándose y haciéndose cada vez más competitivas. Pero hacerlo vía ciudadanos libres, no con subvenciones gubernamentales trampa.

Realismo y teorías económicas

Si hablamos de metodología de la economía, más allá de discusiones sobre la universalidad y necesidad o contingencia de una teoría; su verificación, falsación o su validez apodíctica, es predominante, para cualquier escuela de pensamiento, autor o corriente, preguntarse por el realismo de las teorías o modelos económicos. Es más, en numerosas ocasiones, las críticas que recibe la economía neoclásica desde diversas corrientes como austriacos, economistas feministas, de complejidad o institucionalistas, se refieren a la falta de realismo en los supuestos que adopta la teoría neoclásica, proponiéndose estas mismas escuelas como alternativas más fieles a la realidad. Los tipos idealizados, como el clásico agente representativo homo economicus, o suposiciones como la información perfecta y completa, la inexistencia de costes de transacción o la condición de equilibrio, son criticados por no ser suficientemente realistas o, directamente, opuestos a la realidad. A pesar de las objeciones, la economía neoclásica se ha defendido en muchas ocasiones siguiendo el argumento que presentó Milton Friedman en 1953 (Friedman 1953). 

Friedman (1953) afirmó que cualquier teoría explicativa que fuese buena tenía que recurrir inevitablemente a la abstracción; tenía que ser abstracta. Esto es porque, una hipótesis es buena si es capaz de explicar mucho con poco, si es capaz de abstraer o explicar de manera simple los complejos fenómenos que se dan en la realidad. Al abstraer, muchas de las hipótesis se convierten en descripciones no exactas de la realidad, irrealistas. Por tanto, si todas las buenas teorías son abstractas, ninguna de ellas será realista. La conclusión a la que llega Friedman es que, como es inevitable que las teorías económicas recurran a la abstracción y a la introducción de supuestos irrealistas, el realismo de nuestros modelos debería de dejar de preocuparnos. Alternativamente, nuestros esfuerzos deben centrarse en seleccionar aquellas teorías que tengan capacidad predictiva, que consigan explicar la realidad y los fenómenos que sucederán. 

Aunque así planteado parezca lógico o razonable, la concepción de Friedman es problemática en cuanto a la noción de “abstracción” y la supuesta omisión de realismo. Como argumenta Long (2006), si solo nos centráramos en la capacidad predictiva de nuestros modelos, podríamos introducir hipótesis extremadamente irrealistas, inconexas con el fenómeno que intentan explicar, que si, por una casualidad consiguieran demostrar valor predictivo, serían creídas como explicaciones ciertas. Esto es un grave error. Si hiciéramos eso, igualaríamos correlación a causalidad, algo que es ampliamente reconocido como considerable error científico. Por tanto, es importante que las explicaciones que proveamos sean realistas, que expliquen verdaderamente la realidad, más allá de cualquier idealización o elucubración mental. Pero ¿cómo vamos a conseguir una teoría realista si la propia abstracción a la que se recurre en todo proceso de creación de teorías implica la introducción de supuestos irrealistas? 

La respuesta a esta aparente paradoja tiene que ver con la relación entre el concepto de abstracción y realismo. Tal y como plantea Long (2006), Friedman asume erróneamente que el proceso de abstracción implica irrealismo, cuando, en realidad, depende del tipo de abstracción al que nos refiramos. En ese sentido, podemos hablar de abstracción precisa y no precisa. La precisa es aquella en las que características reales del fenómeno sobre el que se teoriza se encuentran especificadas como ausentes. Es decir, si pensamos en la idea abstracta de un caballo, como un animal que tiene color, pero no concretamos el color, nuestra idea podría ser tildada de irrealista. Además, si especificamos un color, nuestra hipótesis estará sujeta a falsación. Por el contrario, la abstracción no precisa es aquella en donde determinadas características reales están ausentes de especificación. Es decir, en el caso del caballo, la abstracción no precisa del animal supone la idea de caballo como unas características universales y comunes a la misma especie sin contemplar el color, que no es común a todos los miembros. En este caso, la idea abstracta no precisa de caballo, aunque no se corresponda estrictamente con la realidad, con el caballo que podemos observar por los sentidos, sí es realista y no está sujeta a falsación. Para el caso de la economía, el realismo de sus modelos es posible en tanto que los factores no especificados son ignorados; no se especifica su comportamiento, existencia o inexistencia. Por tanto, el modelo no puede considerarse irrealista al no incluir toda esa serie de supuestos de la realidad que, simplemente, son ignorados, no negados. La abstracción, en consecuencia, no es incompatible con el realismo. 

Desde esta perspectiva, ¿llevan razón los austriacos, por ejemplo, cuando tildan de irrealistas a los neoclásicos? Esta pregunta puede resolverse si se determina el tipo de abstracción sobre el que se construyen (algunas de) las teorías de la corriente neoclásica. Por ejemplo, el modelo de competencia perfecta, al asumir información completa entre los agentes económicos, no solo ignora la existencia de error empresarial, sino que especifica que este no puede existir.  En consecuencia, el supuesto de la teoría podría considerarse falso a nivel descriptivo o, directamente, no realista. En este sentido, los austriacos tendrían razón en su objeción a esta teoría neoclásica. 

La principal conclusión que podemos alcanzar con este razonamiento es que realismo y abstracción no son incompatibles; que la economía, como cualquier otra ciencia, tiene que tender hacia el mayor realismo posible; que existen dos tipos de abstracción (precisa y no precisa); y que depende del tipo de abstracción que se use, podemos determinar si una teoría o modelo es realista o no. 

Referencias

Friedman, Milton. 1953. “The Methodology of Positive Economics.” In Essays in Positive Economics, 3–46. Chicago: University of Chicago Press.

Long, Roderick T. 2006. “Realism and Abstraction in Economics: Aristotle and Mises versus Friedman.” Quarterly Journal of Austrian Economics 9 (3): 3–23.

II. Economías planificadas: el caso angoleño

Sigo con el problema al que dediqué el primer artículo que publiqué en esta institución (véase Economías planificadas: el caso cubano). El segundo país que he escogido es uno relativamente poco conocido, Angola. El estado que nos atañe se sitúa geográficamente al sur del continente africano y tiene un pasado colonial portugués muy significativo. Aun así, el marco histórico en el cual se desarrollará este artículo será entre la segunda mitad del s.XX, las postrimerías del mismo y ligeramente el s.XXI.

A priori una persona no versada sobre la historia de África no tendría por qué conocer ni entrever las concomitancias y similitudes entre un país caribeño y otro africano (1), así pues, corre a cargo de un servidor exponer con la mayor sencillez posible un tema arduo como es el de las economías planificadas. Es importante mencionar que en la República de Angola se han dado las condiciones históricas necesarias para que confluyeran instituciones extractivas y para más inri, para que se adoptara un modelo de planificación central.

Uno de los papers que he tenido ocasión de leer recientemente se centra en investigar el sistema bancario de dicho país, el cual proporciona un marco de análisis óptimo para entender qué problemáticas acucian a su economía y, por ende, a su sociedad. The political economy of banking in Angola (2018), investigación llevada a cabo por Manuel Ennes Ferreira (2) y Ricardo Soares de Oliveira (3). Sin duda, el continente africano supone un reto para encontrar trabajos sobre economías de estas características, a mi parecer, esto se debe a las pocas investigaciones realizadas y como siempre, a la opacidad de este tipo de regímenes. 

La pesquisa del paper gira en torno al crecimiento económico, al petróleo y a la caída de precios internacionales. Se empieza haciendo una breve introducción histórica al tema tratado. De entrada, lo que llama la atención es la sangrienta guerra civil originada por ver quién gobernaría el país en 1975 (la cual no finalizó hasta el 2002). Como es de imaginar, estas condiciones materiales son el primer obstáculo para desarrollar una economía eficiente con instituciones políticas inclusivas. 

Quien resultó vencedor de este conflicto armado fue el MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) con una base ideológica heterogénea, pero dentro de la familia del marxismo-leninismo. Dicho triunfo militar fue en detrimento del UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) que, por el contrario, defendía un nacionalismo africano de carácter conservador.

Los principios ideológicos del MPLA son reveladores. Por poner sólo algún ejemplo:

A República Popular de Angola é um Estado soberano, independente e democrático, cujo primeiro objectivo é a total libertação do Povo Angolano dos vestígios do colonialismo e da dominação e da dominação e agressão do imperialismo e a construção dum país próspero e democrático, completamente livre de qualquer forma de exploração do homem pelo homem, materializando as inspirações das massas populares

MPLA, Artículo 1 de la Ley Constitucional de la República de Angola (1975). Como puede columbrarse, la retórica está impregnada de una capa de populismo de izquierdas y va acompañada de fines y palabras rimbombantes que en la práctica se demostraron fallidas. 

Siguiendo un orden cronológico, en 1980 durante el plenario de un congreso del movimiento, se culpó al capitalismo de las vicisitudes económicas por las que estaba atravesando el país. Me gustaría hacer hincapié en esto, puesto que puede parece un detalle baladí. Dentro de la academia (y también fuera), hay mucho vociferador convencido de que la pobreza en África (continente que viene tratado muchas veces como si de un país homogéneo se tratara) es debida al “capitalismo” (4). 

Mi pregunta es: ¿cuándo ha habido un solo país en el continente africano que tuviera instituciones inclusivas (al estilo de Robinson y Acemoglu), libre mercado, estados pequeños y la retahíla de condiciones para que hubiera de facto un modelo económico como muchos gurús proclaman? En la mayoría de países que un servidor ha tenido oportunidad de observar, el común denominador son los caudillos que se perpetúan en el poder y que usan los recursos occidentales para su propio beneficio en detrimento de sus poblaciones. El debate de la pobreza y sus motivos es inabarcable, aun así, me adscribo a las premisas de Easterly, el cual arguye que la causa de la misma es la ausencia de derechos políticos y económicos sumado al “free political and economic system that would find the technical solutions to the poor’s problems. The dictator whom the experts expect will accomplish the technical fixes to technical problems is not the solution; he is the problem” (Easterly, 2013, pág. 14).

Volviendo al tema del MPLA, el partido revolucionario llevaba ya un lustro en el poder (desde 1975) cuando lanzaba balones fuera y argumentaba que la situación económica era debida al capitalismo. Aun así, como muestra el autor A. Birmingham, las ganancias de las industrias heredadas del período de la colonización (creadas en los años 60s) fueron nacionalizadas/confiscadas y se dilapidó lo que ya estaba construido en los primeros 10 años de independencia. Por ejemplo: el sector manufacturero había caído un 30%. Esto lo atribuyeron a la supuesta especulación capitalista, pero de facto lo que había era lo siguiente, “the government had more or less followed Soviet-style models of economic planning” (Birmingham, 2015, p. 101).

En líneas generales, se trata de un buen ejemplo de país condenado a la Maldición de los recursos naturales (también conocido como Mal holandés). Siguiendo esta teoría, vemos que, elementos como el petróleo pueden ser muy dañinos para las regiones menos desarrolladas, por muy paradójico que pueda sonar. Angola ha experimentado diversos shocks negativos y positivos en su economía, por poner algún ejemplo de la investigación, “under President José Eduardo dos Santos’s rule, during which Angola’s oil-fuelled GDP increased ten-fold from 2002 to 2014” (Ennes Ferreira & Soares de Oliveira, 2018, p. 2). Angola en 2008 se convirtió en el país africano que más petróleo producía (superando a Nigeria), este recurso suponía el 45% de su PIB y más del 90% de sus exportaciones (Hammond, 2011, p. 354).

En el famoso libro de Terry Karl, The paradox of Plenty (1997), se explica cómo los países que tienen abundancia de recursos han experimentado nacionalizaciones y expansiones de sus estados. Además, el politólogo norteamericano alerta de que esto puede tener consecuencias impredecibles en la economía y en el caso de Angola, pone como ejemplo su amarga guerra civil (Karl, 1997, p. 32). No son pocos los países con grandes reservas de petróleo que cuentan con una élite extractiva nacional que vive de las rentas internacionales. Esto acaba provocando que se formen gobiernos autoritarios que no ofrecen grandes coberturas de bienestar a su población, descuidando cosas como la educación o la sanidad.

En lo que respecta al sector bancario, en tan solo 3 años de gobierno revolucionario, ya no quedaba ningún banco privado y prácticamente, toda propiedad permaneció en manos del estado mediante las leyes de Nacionalización y Expropiación de 1976 (5). Lo que acabó ocurriendo es que, una pequeña élite vinculada a la familia dominante, controló el sistema bancario, el cual, no tuvo la voluntad de financiar sectores productivos de la economía. Así lo expresan los autores del paper, [los bancos] “They do not lend to small and medium enterprises or productive sectors and are able to conceive of profit in Angola without broader financial development” (Ennes Ferreira & Soares de Oliveira, 2018, p. 16).

Durante el trabajo, los autores analizan la relación entre el sistema bancario y sus fuentes de recursos naturales. Hay 3 aportaciones principales en la investigación. La primera es que el crecimiento económico en el sector bancario quedó en manos de una parte muy pequeña del MPLA que se enriqueció muchísimo. Esta oligarquía comunista usó al estado para someter a los bancos, especialmente a su Banco Central. En segundo lugar, el crecimiento espectacular durante los “booms” del petróleo permitió la extracción de rentas, pero no la reinversión de estas. Se concedieron pocos créditos, y la mayoría de la población no tenía ni una sola cuenta bancaria. En tercer y último lugar, la caída de precios del crudo en 2014 provocó un proceso de regulación global del sector (impulsado por agentes externos).

Para ir acabando, no se puede disociar la economía de la jurisprudencia, y para que un país tenga instituciones inclusivas es conditio sine qua non tener separación de poderes, entre otras cosas. De ahí la importancia de la independencia judicial y el respeto hacia la Constitución. Angola, en su Carta Magna (1975) insiste en el papel del Consejo de la Revolución (Conselho da Revolução) y en su artículo octavo dice lo siguiente respecto a su economía, “O Estado orienta e planifica a economia nacional visando o desenvolvimento sistemático e harmonioso de todos os recursos naturais e humanos do país e a utilização da riqueza em benefício do Povo Angolano”.

En definitiva, vemos cómo el modelo económico de planificación estatal nace con muy buenos propósitos teóricos, pero la praxis acaba muy alejada de estos. La pequeña élite que se enriquece, vive al margen de las vicisitudes de la mayoría de sus habitantes. Por poner un ejemplo concreto, la hija del presidente José Eduardo dos Santos (el cual gobernó el país durante 1979-2017), Isabel dos Santos, es la mujer más rica del continente (según la revista Forbes) con una fortuna que asciende a más de 1.7 billones de dólares provenientes principalmente del sector bancario. Esto es un caso de todo el entramado de corruptelas que padece el país. 

Finalmente, es importante mencionar las dificultades de desarrollar un trabajo académico solvente en países como los que se han tratado y se tratarán cuando la opacidad es la norma y no la excepción. Mi ambición ha sido intentar observar con más precisión cómo funcionaron algunas economías planificadas, centrándome en casos paradigmáticos y vestigios que actualmente quedan. 

En lo que coinciden estos sistemas es en la anulación de la libertad individual. Esto, lejos de ser una soflama liberal constituye la piedra angular de las sociedades con instituciones inclusivas. En los casos analizados, siempre se aspiraba a un bien superior, por el cual, los medios estaban justificados: expropiaciones, nacionalizaciones, persecución ideológica, exilio, encarcelamientos, propaganda, estados enormes, planificación económica, enemigos comunes, doctrina política convertida en catecismo, etc.  

En conclusión, allí donde se intentó erradicar el cálculo de precios, subyugar la economía a la política y las decisiones quedaron a manos de una Nomenklaura, los resultados económicos distaron mucho de las prerrogativas teóricas. Es necesario analizar desde la economía mainstream aquellos casos donde el modelo económico se repensó, para entender sus fortalezas, debilidades y consecuencias. Siempre es positivo cuestionarse las cosas, pensar en un mundo mejor, pero, ¿a qué precio?

(1) Recomiendo encarecidamente leer el artículo sobre la economía de Cuba, puesto que, mi intención es publicar otro sobre Corea del Norte y la URSS con el propósito de discernir similitudes y diferencias. Ergo, todos los escritos estarán relacionados.

(2) Profesor e investigador de la Universidad de Lisboa. Especialista en Economía industrial, en la Angola postcolonial, en relaciones económicas, etc.

(3) Profesor e investigador asociado de la Universidad de Oxford. Especialista en geopolítica, energía, economía política, etc.

(4) O palabras que se usan como sinónimos, entiéndase por estos: colonialismo, imperialismo, entre otras.

(5) A pesar que su texto constitucional de 1975 dice explícitamente en su Art. 10, lo siguiente, “A República Popular de Angola reconhece, protege e garante as actividades e a propriedade privadas, mesmo de estrangeiros, desde que úteis à economia do país e aos interesses do Povo Angolano”. El vacío legal para actuar de la forma en que lo hicieron podría ser la frase de “desde que úteis à economía”.

Bibliografía

Birmingham, D. (2015). A Short History of Modern Angola. Oxford: Oxford University Press .

Easterly, W. (2013). The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor. Philadelphia: Basic Books.

Ennes Ferreira, M., & Soares de Oliveira, R. (2018). The political economy of banking in Angola. African Affairs, 1-26.

Hammond, J. (2011). The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela. Science & Society, 348–378.

Karl, T. L. (1997). The paradox of plenty oil booms and petro-states . Berkeley: University of California Press.

La teoría del cierre categorial y la economía IV: Del subjetivismo al materialismo, y de ahí a la historia

Mencionábamos en el anterior artículo un párrafo que, como un óvulo polifecundado, contiene ideas que luego se van a desarrollar luego completamente, y que están vinculadas unas a otras. De modo que lo vamos a citar de nuevo: “El materialismo filosófico entiende la idea de hombre como un conjunto de relaciones que constituyen el espacio antropológico a través de las cuales podemos entenderlo en sus determinaciones histórico-morfológicas”.

Más allá de que el materialismo entienda la idea del hombre, o no, lo pertinente aquí es que no se trata de cualquier materialismo, sino de este que se combina con el criterio de demarcación científica del cierre categorial. Un criterio que, a despecho de otros elementos, necesita categorías para construirse. Bien, cualquier ciencia, en cualquier sentido que le podamos dar al término, necesita de categorías. De otro modo no podría ni expresarse. A lo que me quiero referir es a que el materialismo de Gustavo Bueno y sus discípulos no buscan esas categorías en la acción del hombre.

Esto es lo que ha elaborado la Escuela Austríaca de economía, desde Menger. Actuar consiste en perseguir fines, y para ello recurre a medios. La consecución de los fines no es inmediata, por lo que la acción se desarrolla en el tiempo. Como la mente humana es creativa, tenemos la capacidad de proponernos nuevos fines más allá de lo que nos lo permiten los medios y el tiempo disponibles, de modo que se produce una escasez que es inerradicable. Como los medios son escasos, tenemos que elegir el curso de acción. Lo hacemos por aquéllos fines a los que otorgamos un mayor valor, que es la significación subjetiva que tienen para el actor. Ese valor que achacamos a los fines lo proyectamos sobre los medios. Como tenemos que descartar algunos fines, y estos también tienen un valor para nosotros, llamaremos coste al valor del fin descartado más apreciado. Acción, fin, medio, tiempo, escasez, valor, coste… Son categorías de la acción humana, a las que podríamos añadir otras: conocimiento, tecnología, incertidumbre, bien de capital, et al. 

El materialismo de Bueno no puede construir así la ciencia económica. Esas categorías no tienen una esencia material, sino puramente subjetiva. Es cierto que esas categorías, por medio de una de ellas, la acción, tiene implicaciones en el mundo y, por tanto, dejan una huella material. Eso es lo que parece interesarle a la escuela de Bueno. Y por eso el estudio del hombre es el de su huella, y en consecuencia el de su historia.

La Escuela Austríaca es dualista en el sentido hayekiano. Lo es necesariamente porque, aunque dentro hay posiciones filosóficas distintas, todos los autores reconocen un elemento esencialmente creativo en la mente humana. E incluso un autor que estudió en profundidad estas cuestiones, y que plantea una explicación de la mente en términos estrictamente materiales, como es Hayek, reconoce que nunca daremos con una explicación precisa de nuestras ideas en esos términos. 

Luis Carlos Martín evita todo esto. Nada de creatividad de la mente humana (todas nuestras acciones están determinadas, y no nos pertenecen; nos vienen dadas). Los individuos, no tenemos nada que decir ni sobre lo que decimos, porque nuestras acciones son espasmódicas, reacciones sin propósito ni voluntad propia, o acomodaciones a normas exteriores que nosotros no hemos diseñado. 

Insisto: dice en la página 130: “Como contrafigura a la idea espiritualista monadológica, le atribuimos un carácter corpóreo, operatorio, práctico, prudencial. De este modo, su esencia es proléptica, finalística, apotética”.

En su batalla contra el subjetivismo de la Escuela Austríaca, no deja prisioneros. Y hace bien, ya que ve en ella un inmenso error. Dice en la página 54: “Son las teorías subjetivistas del valor las que más confusión ofrecen. Por su metafísica mentalista reducen las categorías económicas a convenciones de los sujetos y toda la ciencia económica a juegos imaginativos. Anmarcocapitalistas que darán un nuevo auge a la praxeología de Mises, como Murray Rothbard; utilizan ‘experimentos mentales’ para entender un campo que se levanta desde el modelo de un Robinson que ahorra, representándose un fin mental que luego ejecuta”. Como cuando en Alicia se separan las partes del gato hasta quedarse en la sonrisa. 

Dice (página 55), que Ludwig von Mises es “tal vez del caso más desenfocado de la gnoseología económica, dado que el ‘individualismo metodológico’ como base del resto de ‘leyes económicas’ es justo el proceso contrario que sigue la cientificidad de una ciencia (pues sólo el grado en que se elimina a los individuos y sus operaciones del campo alcanza algún nivel de verdad). Tal ‘praxeología’ tendrá que anclarse a posiciones mentalistas del dinero que pese a su pretendida positividad le hacen perder de vista las unidades estatales monetarias”. 

Martín recoge, así, la misma posición que expresa Hayek sobre las leyes del mundo físico: Ahí la ciencia ha avanzado a medida que ha eliminado las observaciones subjetivas del hombre. La ciencia no exige que el científico diga que un cuerpo está caliente o frío, sino que recurre a un termómetro. Tampoco dice que un color es verde, sino que realiza una colorimetría con un instrumento (1). 

Lo que no advierte Martín, o más bien no comparte, es que como objeto de estudio, el hombre y el átomo, o el hombre y las placas tectónicas, ¡o el hombre y su cuerpo!, son objetos de estudio de naturaleza distinta. El propio Hayek reconoce que todo avance significativo en la ciencia económica procede del subjetivismo como método. Es más, y esto es fundamental para comprender las pretensiones de la escuela austríaca: a diferencia de la química o de la geología, en el caso de la economía como ciencia de la acción humana, el científico participa de la naturaleza del objeto de estudio. 

Por eso el economista sabe que el hombre tiene fines y acude a medios. Es más, no podría negarlos sin buscar un fin (negar la existencia de fines) ni acudir a un medio para lograrlo (expresar un conjunto de palabras).

Si el materialismo pudiera explicar nuestras acciones, todo lo que plantean los autores de la escuela austríaca sería farfolla. Pero el materialismo tiene el decoro de no intentarlo siquiera (2). Simplemente toma nota de sus huellas, forma categorías sobre su persistente pasado, e intenta construir desde ahí un edificio. 

Lo hace de forma arbitraria, lo cual le crea unos problemas enormes. El autor de El mito del capitalismo se ve obligado a luchar contra dos profesiones, economistas e historiadores, sobre la pertinencia de conceptos como dinero, mercado o comercio. Yo comprendo su desesperación, pero no veo cómo podría no caer en ella. 

Volviendo a las palabras de Martín, donde busca las categorías con las que elaborar una nueva teoría económica es en la historia. La escuela de Bueno le dedica una enorme atención a la historia, y es feraz en la creación de grandes interpretaciones del pasado humano. Son edificios atractivos, que nos ayudan a interpretar grandes procesos históricos, pero su construcción en ocasiones es forzada, y no logra levantarse sobre el suelo. Pero eso queda para un próximo artículo.

(1) Hayek, The Sensory Order. An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology. University of Chicago Press, Chicago, 1976 (1952), pp 2-8.

(2) Ibid, pp 25-30 para un demoledor ataque al behaviourismo, que comparte un mismo fondo filosófico que el determinismo del comportamiento humano que aquí se observa.

Serie La teoría del cierre categorial y la economía

(I) El cierre categorial

(II) Monismo, dualismo y pluralismo

(III) El liberalismo como atomismo

El problema de la autoridad sanitaria

Año y medio después del inicio de la pandemia parece seguro decir que el resultado neto sobre las libertades civiles en Occidente ha sido negativo. Los gobiernos de gran parte de los países desarrollados han mostrado una deriva autoritaria que ha recibido, en algunos casos más que en otros, escasa contestación por parte de la sociedad civil, sobre todo durante los primeros meses de medidas extraordinarias. Tal pasividad es comprensible: el virus era un gran desconocido, la histeria campaba a sus anchas y los gobiernos contaban con el incuestionable Mandato de los Expertos. Tomar poderes de emergencia, obligar a cerrar negocios o confinar a la gente en sus casas; cualquier medida era aceptada siempre que estuviera avalada por una (en algunos casos supuesta) recomendación de los expertos. Por otro lado, los gobernantes podían pretender que sus decisiones de política sanitaria estaban libres de juicios de valor; a fin de cuentas, detrás de sus mandatos no se encontraban más que los fríos hechos proporcionados por los expertos en materia sanitaria y económica. Un año después, sin embargo, toca someter a revisión no sólo la actuación de los políticos, sino también las justificaciones de sus actos. ¿Hasta qué punto puede un gobernante justificar severas limitaciones a los derechos de los ciudadanos en base a la autoridad científica? ¿Están sus mandatos realmente libres de juicios de valor?

Empecemos explicando las dificultades de la toma de decisiones de política sanitaria. La labor del legislador a la hora de implementar una política es –o al menos debería ser–más complicada que simplemente escuchar a los expertos de una o dos disciplinas del saber. Él debe conocer los efectos de los mandatos que pretende imponer sobre los distintos aspectos de la vida individual y en sociedad. Por ejemplo, determinadas políticas como los confinamientos han tenido importantes efectos sobre la salud mental de la población (Fiorillo et al., 2020; Lu et al., 2020; Brooks et al., 2020; Killgore et al., 2020) así como biomédicos (Miles et al., 2020). Robinson (2021) detalla cómo estas consecuencias epidemiológicas, económicas y psicológicas no son independientes entre sí. El reto del aquél responsable de formular políticas sanitarias tan drásticas es, entonces, el de calibrar los efectos de dicha política desde el punto de vista de, al menos, aquellas disciplinas científicas más relevantes para el análisis. No obstante, desde el Congreso y las tertulias en medios de comunicación se ha presentado la cuestión de las estrategias de mitigación de los contagios desde el punto de vista estrictamente epidemiológico y económico: se han subestimado los costes y se han magnificado los objetivos de las mismas, presentando al público un mero trade-off entre dos variables sin mayor importancia.

Pero los inconvenientes no terminan aquí. Las políticas sanitarias no van a afectar de forma homogénea a la sociedad; a fin de cuentas, cualquier política siempre genera ganadores y perdedores. En primer lugar, el gobierno siempre saldrá (ex ante) ganando, pues de no ser así no se implementaría la política (Rothbard 1962). Aun ignorando este hecho, también encontramos ganadores y perdedores dentro de la sociedad civil: siguiendo con el ejemplo del confinamiento, aquellos que prefieran realizar actividades fuera de sus hogares saldrán perdiendo, pues son obligados a realizar acciones que de otra manera no realizarían de forma voluntaria (Rothbard, 1962 pp. 395-398): los que quieran salir a trabajar, los que quieran mantener su negocio abierto o los que quieran realizar actividades de ocio en compañía; todos ellos verán vetados sus cursos de acción preferidos. También aquellos que prefieran consumir los productos que ahora, durante el confinamiento, no tendrán disponibles se verán perjudicados. A todos los mencionados les es impuesto un coste. Lo que en Economía entendemos por «coste» puede entenderse, esencialmente, como un contrafactual. Por las limitaciones físicas del individuo y del entorno, este no puede realizar de forma simultánea todos sus fines: siempre que actúa escoge un curso de acción y rechaza otro. El valor del curso de acción más valorado que el individuo rechaza realizar es lo que denominamos como coste (Mises, 1949 p. 117).

¿Y quiénes podrían ser los ganadores? Podemos pensar en aquellos que prefieran mantener su negocio cerrado o no ir a trabajar para evitar contagiarse del virus. Ellos experimentarán pérdidas de ingresos, pero si ya valoraban más la seguridad que una pérdida (que probablemente esperen que sea momentánea) de ingresos, cuando se implemente el confinamiento no sufrirán costes adicionales a los que hubieran percibido de otra manera. Podemos pensar también en aquellos negocios que puedan seguir produciendo y que produzcan aquello que los consumidores demandan debido a que sus productos preferidos ya no están disponibles. Por ejemplo, si hay una masa de consumidores que prefiere ir al cine a ver la misma película en un servicio de streaming desde casa, el confinamiento les afectará negativamente (se les ha vetado su opción preferida), mientras que para las plataformas de streaming se verán beneficiadas, pues recibirán ingresos que no hubieran recibido de otra manera.

Entonces, el legislador no sólo debería ponderar los distintos efectos de la política sanitaria que pretende implementar, sino que también debería tener en cuenta aquellos grupos dentro de la sociedad que habrán de considerarse como «ganadores» y «perdedores». Implícitamente, esto conlleva comparar los distintos fines y preferencias, otorgando más importancia a unas que a otras. Ahora bien, ¿puede establecerse de forma objetiva que los efectos sobre la salud mental son más importantes que los efectos económicos o sobre la mitigación de contagios? ¿O que el resultado neto es positivo si, por ejemplo, las plataformas de streaming ganan más de lo que pierden las salas de cine? Hay quienes piensan que sí, pero nótese que estamos comparando fines, preferencias individuales o experiencias únicas. En otras palabras, se intenta argumentar que hay fines o procederes intrínsecamente superiores al resto, es decir, se entra en el dominio de la moral y la Ética. Concretamente, cuando entramos a valorar si el resultado neto de una política determinada es o no netamente positiva sobre la utilidad de la sociedad, entramos en un marco ético utilitarista.

Desde la Ciencia Económica y, en concreto, desde la Economía del Bienestar, se ha estado intentando dar cabida a la posibilidad de introducir el utilitarismo en la evaluación de políticas económicas buscando métodos de comparación de las pérdidas y ganancias de utilidad de los afectados por una determinada intervención. Lamentablemente para sus proponentes, desde Robbins (1932) tales intentos han caído en saco roto. Esto es así porque la utilidad –y el valor–hacen referencia a una experiencia única para un actor determinado en un momento determinado. Pese a que en los libros de texto la utilidad se presente de forma cardinal, en funciones de utilidad, en realidad no existe unidad de medida que permita comparar la utilidad que un individuo gana con un bien con respecto a la que ganaría otro. Tanto la utilidad como el valor, en un sentido económico, son de naturaleza ordinal, es decir, no puede mostrar más que una opción es preferida con respecto a otra. La importante implicación para la Economía del Bienestar es que se necesita una escala adicional que nos informe de que las preferencias de un individuo son, de alguna forma, superiores a las del otro, pero ni el utilitarismo ni la Ciencia Económica puede ofrecer solución a este problema. Entonces, es el evaluador de política económica o el legislador al implementarla el que introduce sus propios juicios de valor cuando desea hallar un «resultado neto» sobre la utilidad de la sociedad.

Lo mismo sucede con los costes. Desde la Economía Sanitaria, siguiendo los principales manuales de evaluación de política sanitaria (Salazar et al., 2007; Moreland et al., 2019), se han intentado establecer criterios de evaluación basados en la agregación de costes. En algunos se presenta un trade-off entre las pérdidas de ingresos en términos monetarios y los objetivos alcanzados por la política en cuestión (para nuestro caso, por ejemplo, contagios evitados o muertes evitadas), mientras que en otros se intenta medir la utilidad de los objetivos alcanzados mediante encuestas de valoración de los ciudadanos. Sin embargo, hemos visto que los costes son fenómenos estrictamente individuales, es el valor de sus mejores opciones rechazadas. Esto quiere decir que los costes son de naturaleza ordinal (puesto que son valor) y que no son comparables, es decir, no pueden agregarse (Rothbard, 1979). Evidentemente, pueden hacerse agregados sobre las pérdidas de ingresos monetarios así como también de las ganancias monetarias de otros, pero eso no nos da ninguna información sobre las preferencias de aquellos afectados por la política en cuestión. Ni aun las encuestas a los ciudadanos nos pueden dar información sobre sus preferencias, pues estas no muestran más que la preferencia declarada de los individuos. La preferencia declarada no nos da información económicamente relevante sobre las preferencias del actor, pues en Economía la preferencia se demuestra mediante la acción, donde el fin elegido es ex ante, más valorado que la alternativa rechazada: a no ser que el actor pueda realmente elegir una u otra, no podemos saber si realmente prefiere lo que dice preferir.

Pero aún podrían encontrarse dos proxies a las preferencias de los ciudadanos. Uno de ellos es el sistema de precios. Para este caso, los precios de los productos sanitarios (en los países en los que no estén estatalizados) podrían aproximarnos a conocer la voluntad para pagar (WTP) por mantener una buena salud. Empero, caben dos objeciones a este punto: (1) si bien el sistema de precios es el proxy por excelencia a la WTP de los individuos, estos nos ofrecen información histórica sobre eventos únicos. Los precios presentes (o del pasado más inmediato) sirven a los empresarios como puntos de apoyo para hacer predicciones sobre los precios futuros, pero nada de esto implica una cierta constancia en las valoraciones de los consumidores: es muy probable que los precios de ayer no se repitan mañana. (2) La WTP de los agentes podría ser modificada por los efectos de la propia política sanitaria. Tal y como Stringham (2001) explica:

Policies shape the world by determining who is in possession of resources, and since individuals differ, we would expect to see alternate demands depending on how property rights are assigned. If policy is altered, the willingness to pay for all goods is altered, so it would be a mistake to only look at the immediate effects of a policy.

El segundo proxy a las preferencias de los individuos podría ser la elección democrática. El gobierno elegido es el representante de la «voluntad general» de los ciudadanos y la papeleta con la que son elegidos es una forma de preferencia demostrada de las preocupaciones del votante. Volviendo a la cuestión multidisciplinar del análisis de políticas sanitarias, si los distintos partidos propusieran en sus programas electorales un orden de preferencias claro entre aquellas propiedades de la sociedad que priorizan preservar (economía, mitigación de contagios, salud mental, etc.), los votos de los ciudadanos podrían considerarse como un acuerdo explícito con las preferencias del gobierno elegido. Teniendo todo lo mencionado en consideración, esta solución tampoco está exenta de problemas. En primer lugar, no será aplicable en el contexto de la crisis del COVID para aquellos países cuyo gobierno haya sido elegido antes de que hubiera conocimiento público sobre la epidemia. ¿Por qué incluirían estos partidos formas de mitigación de contagios de un virus cuya existencia ni conocen? Sería del todo imposible para esos gobiernos actuar de acuerdo con la «voluntad general» de los ciudadanos si estos no han tenido forma de demostrar su preferencia mediante la votación.

Pero aún hay otros dos problemas más graves para la solución democrática. El primero es que parte del supuesto de que la sociedad es un agente dotado de autonomía, capaz de valorar, escoger y actuar. Pero esta no es sino una proposición metafísica indemostrable (Mises, 1949 pp. 176-184). Aun si ignoráramos este hecho e intentáramos agregar las preferencias de los ciudadanos mediante un sistema de votación (podríamos incluso pensar en una votación directa sobre si se prefiere que se dé más importancia a la economía, la salud mental o la mitigación de contagios), nos encontraríamos con el problema que Kenneth Arrow descubrió hace ya más de cinco décadas: no es posible que el sistema de elección mayoritaria cumpla simultáneamente los principios de óptimo de Pareto, independencia de alternativas irrelevantes y no-dictadura. El lector puede acudir a Sen (2014) si está interesado en una explicación clara y concisa del problema. De todas formas, la conclusión del «Teorema de la Imposibilidad» de Arrow es que siempre existirá un grupo (¡o un individuo!) que en un sistema de votación mayoritaria ostente un poder de decisión que resulte determinante para el resultado de la votación. Este individuo es el «dictador», aquél que puede «imponer» sus preferencias al resto de la población.

¿Qué cabe decir, pues, de la actuación de nuestros gobiernos durante la pandemia? ¿Qué cabe decir de las limitaciones que han tenido nuestras libertades justificadas bajo las –en algunos casos supuestas–recomendaciones de expertos? Los políticos han impuesto sus propios juicios de valor de forma arbitraria sobre las preferencias de los ciudadanos. Se han erguido como estándares morales de la sociedad y se han arrogado la potestad de decidir qué fines son aquellos más importantes. Si están en lo cierto o no es una cuestión que entra en el dominio de la Ética, pero ninguna disciplina científica puede servir como justificación a los arbitrios del gobernante.

Referencias

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Killgore, W., Cloonan, S., Taylor, E., Lucas, D., & Dailey, N. (2020). Letter to the Editor. Loneliness during the first half-year of COVID-19 Lockdowns. Psychiatry Research, 294.

Lu, P., Li, X., Lu, L., & Zhang, Y. (2020). The psychological states of people after Wuhan eased the lockdown. PLoS ONE, 15(11).

Miles, D. K., Stedman, M., & Heald, A. H. (2020). Stay at Home, Protect the National Health Service, Save Lives”: A cost benefit analysis of the lockdown in the United Kingdom. International Journal of Clinical Practice, e13674.

Mises, L. v. (1949). La Acción Humana: Tratado de Economía (12a ed.). Madrid: Unión Editorial.

Moreland, S., Foley, S., & Morris, L. (2019). A Guide to the Fundamentals of Economic Evaluation in Public Health. Chapel Hill: MEASURE Evaluation.

Robbins, L. (1932). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan & Co.

Robinson, O. (2021). COVID-19 Lockdown Policies: An Interdisciplinary Review. Disponible en SSRN. Obtenido de  https://ssrn.com/abstract=3782395 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3782395

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Rothbard, M. N. (1979). The Myth of Efficency. En M. Sennholz (Ed.), Economic Controversies (págs. 253-260). Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Salazar, L., Jackson, S., Shiell, A., & Rice, M. (2007). Guide to Economic Evaluation in Health Promotion. Washington D.C.: Pan American Health Organization.

Sen, A. (2014). Arrow and the Impossibility Theorem. En E. Maskin, & A. Sen, The Arrow Impossibility Theorem (págs. 29-42). New York: Columbia University Press.

Stringham, E. (2001). Kaldor-Hicks Efficiency and the Problem of Central Planning. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 4(2), 41-50.

Sísifo, o el eterno retorno

Hay quienes, desde Tucídides, entienden que la historia se configura como un progreso en espiral, en el que, cambiando los aspectos superficiales, se mantiene una estructura que se repite en un ciclo infinito. Así, para ellos, la rueda de ascensos y descensos nunca para y de poco sirve ser consciente del proceso -ni prever el resultado- dado que tratar de evitar el desastre sólo consigue acelerar la llegada de lo inevitable. 

Occidente, como civilización, surgió sobre las ruinas de la filosofía griega y del derecho romano, debidamente regadas con la cosmología y los valores cristianos. Pero, en su devenir, atravesó el Rubicón de la Modernidad -ruptura radical respecto de lo anterior que no por casualidad comienza a la par que el cisma luterano- haciendo que la creación divina -del hombre y del mundo- dejase de ser un axioma -Dios pasó a ser entre relegado, negado y olvidado- para convertir al individuo en un ser autónomo e independiente, no determinado por instancias superiores, erigido en el centro de todo y capaz de darse a sí mismos sus propias leyes. El hombre, en definitiva, pasó de tener a ser libertad, una libertad que no admite ningún elemento que frene su acción hacia un progreso supuestamente indefectible.

Pero la cohesión en un mundo cimentado en la libertad casi absoluta y radical es inestable, y más cuando la sensación de bienestar -perdida la trascendencia- tiene un componte relativo importante, derivado de la comparación con la situación del otro. ¿Qué ocurre si se crea una masa acomplejada, frustrada e insatisfecha suficientemente grande y poderosa, aunque tenga el mejor nivel de vida de la historia? 

Por mucho que nos parezca extraño, el planteamiento colectivista parte, en esencia, de similares presupuestos que el liberalismo y, de alguna forma, parecería ser su continuación lógica -su otra cara o su reacción-, al menos para aquéllos a quienes el liberalismo no ha provisto de las satisfacciones prometidas: también olvida -si no niega- la creación divina del hombre; prevé, también, el recorrido inevitable hacia la arcadia feliz, y las leyes siguen no siendo trascendentes (ahora son inmanente). Cierto es que el hombre deja de “realizarse” mediante la ejecución de actos libres para hacerlo al asumir las obligaciones –“ontológicamente necesarias”- e impuestas por “lo colectivo” (ya sea la clase, la nación, la raza, el partido, el Estado o la sostenibilidad ecológica). Y ese es, ojalá me equivoque, en la dirección a la que vamos; sin revoluciones ni aspavientos, es verdad; lentamente, pero todos juntos.

Pero el colectivismo -como ya advirtió Mises y la historia se ha encargado de demostrar-, tiene las patas muy cortas y es incapaz, también, de satisfacer la totalidad de las expectativas en él puestas al impedir el intercambio voluntario y la libre fijación de precios -el puente entre las valoraciones subjetivas y el mundo externo-, haciendo imposible el cálculo económico en un mundo dinámico en constante evolución, lo que lleva a la ruina inevitable (la perversa forma en que en dicho modelo, por su particular naturaleza, se articulan los incentivos que movilizan a la gente, tampoco ayuda). ¿Acaso en Occidente el precio del dinero fiduciario, en relación con otros bienes, se fija libremente?

¿Podemos, entonces, pensar que, tarde o temprano, tras un posible delirio colectivista, volvería a generalizarse -como parece que ocurrió, en gran parte del entorno comunista, tras la caída del Muro- el planteamiento liberal… y así una y otra vez, en un continuo fluir en espiral? No necesariamente, ni siquiera si creemos en la repetición eterna de los ciclos. Primero, porque cabe la posibilidad de que el retorno no sea al liberalismo decimonónico, sino que, en el entorno de un ciclo más amplio, el vacío existencial relativista, entre otras causas, nos haga volver a un planteamiento trascendente –al modo medieval- que configure de otra forma nuestras vidas y en el que las dinámicas económicas y sociales se alteren de manera sustancial. Y, segundo, porque cabe dar, todavía, un paso más y que la civilización occidental desaparezca y sea sustituida por otra bien distinta: en la historia, hasta la fecha, ninguna ha tenido asegurado su futuro, tampoco la nuestra, aunque lo tendamos a creer; no lo tuvieron la romana del coliseo imperial, la babilónica de los jardines colgantes, ni la egipcia de Gizah, entre otras.

Pero ni siquiera el eterno retorno está garantizado: quienes tiraron abajo el Muro tenían una sociedad próspera con la que compararse y que les servía de acicate -también de apoyo-, a pesar de los poderosos obstáculos que el totalitarismo comunista presentaba -material y psicológicamente- a cualquier intento interno de rebelión. ¿Sería igual de “fácil” rebelarse si el colectivismo se generalizase en todo el globo, no habiendo un otro -en mejor situación- con quien compararse? ¿Y si el control, además, con los cambios tecnológicos, fuese más férreo y total? ¿Bastarían las diferencias sociales -que, irónica e inevitablemente, se crean en toda sociedad colectivista- para crear el caldo de cultivo, aunando la energía necesaria, que permita el cambio? ¿Y si, con sus graves debilidades y flaquezas -que las tiene-, el Imperio del Medio, nunca acabado de enterrar, alcanza -en parte por incomparecencia del contrario- el puesto que le augura su actual líder? Mejor pararlo todo antes, por si acaso… si es que se puede.

No más peronismo

Los mensajes e imágenes que se suelen transmitir desde la izquierda apelan a conceptos muchas veces abstractos o difíciles de entender y llevar a cabo cuando las oportunidades se presentan. El discurso de ese lado del espectro político tiende a aglutinarse entorno a temas que, si bien no son nuevos, evolucionan alrededor –siempre igual– del enfrentamiento entre unos y otros bajo diversos matices: una clase social impostada con otra o un enemigo externo sobre el que echar las culpas.

Por ello, la desigualdad, la justicia social, las inequidades económicas, el igualitarismo, entre otros, son tópicos recurrentes de los discursos electorales, que también aparecen en la proyección de una oposición que ostenta el poder y cuando se lo ejerce, suele ser el arma con la que blanden su incapacidad y falta de efectividad.

Un caso paradigmático y a la vez sorprendente es el de Argentina, aunque la región latinoamericana puede parecerse mucho y se pueden comparar las experiencias, salvo, por supuesto, las obvias diferencias y distancias que existen entre las estructuras sociales, económicas y políticas de cada país. El país sudamericano sufre los embates de una forma política arraigada en el ideario social y donde no se han podido superar los nefastos resultados de siete décadas de caduco peronismo.

Los discursos conmovedores sobre una ‘justicia social’ que ni es justicia ni es social que una y otra vez repite el presidente argentino, quedan relegados por las consecuencias inevitables de una administración política y económica que distan de ser efectivas, más aún, en tiempos de postpandemia, porque se insiste, una y otra vez, en un modelo que no ha funcionado, ni en Argentina ni en Venezuela y que ha reducido a la pobreza a millones de personas en periodos relativamente cortos de tiempo.

Pero el debate no solo se cierne sobre la decadencia de un modelo político, a decir verdad, en declive hace muchas décadas atrás, sino en la realidad y los hechos que pesan más que las palabras e, incluso, que las emociones. Por ello, no deben extrañar los resultados de las últimas elecciones en Argentina, donde el oficialismo, en franca derrota, se enfrenta a las consecuencias electorales de haber hecho lo que sabe hacer: encaminar al país a su propio fracaso. 

No obstante, no se trata de defender a uno y otro partido o a un líder en particular –todos conocemos los resultados económicos de Mauricio Macri durante su gestión presidencial– sino de poner en evidencia algo que puede resultar baladí, casi obvio, pero que en realidad no lo es, porque de otra forma, muchas naciones habrían aprendido la lección y la realidad de muchas sería francamente distinta: cuando la izquierda en Latinoamérica llega al poder demuestra su capacidad para afrontar desafíos serios en materia de crecimiento económico, desarrollo productivo y superación de la crisis. Los resultados son los que observamos.

Así, de las quince bancadas a las que Frente de Todos (Fernández – Kirchner) aspiraba renovar, tan solo ha conseguido nueve, cediendo cinco a la colación opositora Juntos por el Cambio (Mauricio Macri) y una a la candidatura independiente peronista en Córdoba. 

De este modo, el oficialismo kirchnerista pasa de contar con 41 senadores a 35, dos menos de la mayoría absoluta, mientras que Juntos por el Cambio suma 33 –sumando sus propios resultados y los de sus aliados– y los cuatro senadores restantes serán representados por otras formaciones; así lo ha publicado Libertad Digital.

Entonces, los discursos que hoy se conocen como ‘populistas’ cobran cierto sentido en un momento determinado, para una porción considerable de los ciudadanos, cuando existe un statu quo que es cuestionado por una efervescencia pasajera, cuando un orden pretende ser menoscabado por los excesos disfrazados de buenas apariencias, pero que en realidad encierran improvisación, inexperiencia, falta de visión y carencias varias, y, en algunos casos, autoritarismo.

No obstante, lo cierto es que los, llámese ‘populistas’, saben vender bien aquellos mensajes, juegan con la dialéctica y el discurso, pero, sobre todo, aprovechan un momento histórico para hacerse con el poder a costa de la mejora en la calidad de vida de la gente, que son quienes pagan el precio real y último de las decisiones públicas. 

Por ello, los argentinos, han decidido, por ahora, pasarle factura al peronismo que hoy les gobierna porque son conscientes que el modelo que los ha llevado hasta donde están y que, en cierto modo, responde a una categoría política que no han sido capaces de superar del todo en varias décadas, ha llegado a un límite insostenible, política y económicamente hablando. No se puede vivir bajo una mentira de forma indefinida, no se puede vivir bajo un sistema peronista sin antes pagar un precio muy elevado. Esperemos que este sea el principio del fin definitivo.