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Identidades

Leo un reportaje en El Mundo acerca de la comunidad sij en Afganistán. El mandato de Hamid Karzai, dicen los propios protagonistas, supone para ellos una auténtica tortura cultural, una verdadera persecución de usos, costumbres e identidades sagradas en un proceso de uniformización islamista que los arrasa. Los años de gobierno bajo protectorado de la OTAN han sido los de la desaparición de su estatus de comunidad reconocida y, aunque marcada, pues debían llevar un brazalete distintivo, ellos se sentían aceptados en su fe y respetados en sus comercios. Hoy, siguen diciendo, no se les permite ni siquiera quemar a sus muertos como prescriben sus creencias y sufren presiones para que se islamicen. Incluso su condición identitaria es motivo para que ya no se acerquen a sus mostradores a comprar las mercancías que ofrecen.

Lo curioso del tema es que el islamismo uniformador es un rasgo no tanto de la época talibán, que es cuando los sijs estaban muy bien considerados, como del actual islamismo bajo mandato de Karzai, protegido de Occidente. Lo cierto es que poco, muy poco sabemos por estos pagos de gestionar sociedades donde las identidades tribales y tribal-religiosas son las determinantes. Cierto es que Occidente no fue a Afganistán a llevar la libertad de pensamiento y culto que los talibanes impedían. Incluso, como muestra el caso de los sijs, algunas excepciones de tales integristas son laminadas por el no tan nuevo modo de imponerse a la población. Occidente fue allí porque consideró que tenía que protegerse de una amenaza y porque daba un paso estratégico de cara al control de Asia Central, importante para la competencia en esa zona con los bloques hegemónicos ruso y chino.

El hecho de que los occidentales hayan dejado en manos autóctonas el gobierno en Afganistán y olvidado aquel objetivo neoconservador, tan civilizador, de liberar a las mujeres del uso del burka, revela que el modelo que concibe la sociedad enfatizando al individuo, es decir, el modelo occidental, es algo muy alejado aún de las vidas cotidianas de la mayor parte del mundo. Incluso en sociedades donde el capitalismo, por suerte, avanza, la mentalidad que asigna derechos y responsabilidades a los individuos y no a los grupos sigue anclada en el pasado. Cuenta Huntington en su famoso "Choque de civilizaciones" que los éxitos del capitalismo libre de Singapur son producidos, según los mandatarios de esa ciudad-estado, por el espíritu confuciano de extremo oriente, algo así como debidos al "genio asiático" y no al incentivo que hay en toda libertad cultural para desarrollar talentos y empresas.

Parece que será difícil desembarazarse de las identidades colectivas, puede que, incluso, nuestro pregonado individualismo no sea, paradójicamente, más que una identidad colectiva de las muchas que se presentan. Puede, igualmente suceder que se pierdan nuestros adorables tics individualistas. Al menos nos queda la esperanza de saber, parafraseando a Maquiavelo, que quienes vivieron en libertad, de muy mal gusto y no sin notables resistencias, vuelven a la tiranía.

Gobierno y sindicatos, y no el libre mercado, destruyeron Detroit

"La actual democracia es un sistema de, por y para el Gobierno".

Detroit hoy parece poco menos que un campo de ruinas. La que en su día fue la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, hoy cuenta con bastante menos de la mitad de habitantes que hace no muchas décadas (de superar los 2 millones a quedarse por debajo de 800.000 habitantes). Antaño ejemplo de la fortaleza económica de empresas automovilísticas como General Motors o Ford ubicadas allí, hoy Detroit es una ciudad fantasmal y rota, jungla de casas vacías que se venden hasta por un dólar, calles desérticas y espectrales sólo acompañadas por grafitis que maquillan la ciudad con historias de irremediables dramas.

En la actualidad, un desempleo del casi el 20% junto a unas tasas récord dentro del país en analfabetismo, pobreza y criminalidad suman un cuadro social de fracaso estrepitoso. Pero ¿cómo Detroit ha llegado hasta aquí? Aparte de muy abruptos cambios que solicitan explicaciones sociológicas como el paso de 84% de población blanca en los años 50, al 83% de población negra hoy, ¿qué podemos rastrear desde un punto de vista económico?

Si preguntamos a la ortodoxia políticamente correcta, como Paul Krugman, el fracaso de Detroit es culpa, ¡cómo no!, del capitalismo liberal. No debemos extrañarnos el día, si es que no ha llegado ya, que Krugman afirme que la caída del Muro de Berlín evidenció el fracaso del libre mercado. Y es que asegurar tal cosa de Detroit difícilmente puede ser tomada en serio desde un punto de vista científico a no ser que se trate del de lo paranormal. Veamos por qué.

Decir, como suele hacerse, que Detroit entró en crisis en tanto lo hizo la industria automovilística estadounidense es un cómodo recurso de autonegación de la realidad: muchas otras ciudades norteamericanas que prosperaron al albur del automóvil no están sufriendo semejante desgarro económico. Y para poder explicar por qué Detroit resultó tan afectada mientras otras ciudades "automovilísticas" están saliendo bastante airosas tras los cambios en el sector, debemos señalar con el dedo un primer y fundamental culpable: los sindicatos y una legislación hecha a su medida. Debido a las rigideces laborables que forzaron los sindicatos, las compañías americanas como Ford o Chrysler estaban pagando salarios casi un 80% más altos a sus empleados en Detroit que en otros estados norteamericanos donde fueron instalándose competidores y empresas extranjeras de automóviles. Así, en 2008 se calculaba que por cada empleo creado en una compañía extranjera, Ford, General Motors y Chrysler destruían 6, la mayoría en Detroit. El aumento de los salarios de modo artificial y forzoso, las trabas a despedir trabajadores…fueron esenciales para hacer de Detroit una trampa económica. Pensemos en el estancamiento social si los fabricantes de coches de caballos nunca hubieran podido despedir a sus trabajadores aun cuando la competencia de los coches a motor les convirtiera en fabricantes de productos que nadie quisiera ni deseara. Y quien dice carruajes dice gremios medievales o máquinas de escribir. Supondría congelarnos socialmente durante cada generación –al no poder una persona dejar su trabajo poco menos que sólo con su muerte. No hay nada más aterradoramente conservador y retrógrado que el intervencionismo sindical que desprecia el mercado y la libertad.

La otra parte corresponsable igualmente esencial para entender la tragedia de Detroit tiene nombre propio, y se llama Gobierno. Para empezar, resulta de nuevo pintoresco leer en la prensa más correcta que Detroit es un fracaso del capitalismo. Resultará ahora que el Gobierno demócrata e izquierdista que ha dirigido Detroit durante las últimas décadas es el epítome del libre mercado –las dioptrías de la miopía socialista crecen por momentos. Pero hay más. Como comenta el economista Michael Rozeff, el Código Municipal de Detroit parece más bien el código de Satán por la gigantesca burocracia que requiere para comenzar cualquier tipo de actividad económica o intento de reconstrucción de la ciudad por particulares o empresas. Referente a los asfixiantes impuestos que anulan toda libertad económica posible, un estudio del Lincoln Institute de este año corroboró que Detroit sufre los impuestos a la propiedad más elevados de entre las 50 principales ciudades de Estados Unidos, lo cual se traduce en el doble de la media nacional. Ello por no hablar de los impuestos que el estado de Michigan, donde está Detroit, impone a la maquinaria. Es decir, si usted quiere montar una fábrica con maquinaria, el mensaje de la política económica de la ciudad es claro: váyase, por su bien, mejor a otra parte.

Y luego está la parte gubernamental que, permítaseme decir, de no ser cierta resultaría cómica. Adicto a las políticas keynesianas de alegría irrestricta en el gasto público, el Gobierno de Detroit llevó a cabo – cortesía del contribuyente usurpado, por supuesto- voluminosos programas de gasto cuyo destino y objetivo es ‘lo mejor de todo’ este asunto. ¿Adivinan dónde se les ocurrió a estos preclaros políticos dirigir el dinero que arrebataban en impuestos a los ciudadanos? Pues a obras públicas, puentes, carreteras, transporte público… Imagínense la situación: un Gobierno que no tiene otra ocurrencia más que invertir masivamente en viviendas y transporte público a la par que sus ciudadanos huyen y emigran a marchas forzadas a otras ciudades y estados. Por supuesto, semejante absurda decisión jamás habría podido ser tomada dentro de un marco de mercado libre, que rápidamente habría castigado con onerosas pérdidas tan ridículos proyectos. Y lo cierto es que es difícil superar en idiotez a los manirrotos políticos de Detroit; sería algo así como desarrollar una amplia red de piscinas públicas al aire libre en Siberia. Quizás más que ninguna otra ciudad, Detroit emerge en el mapa estadounidense como arquetipo irremediable de las palabras de Ronald Reagan cuando decía que las peores palabras en inglés eran "I am fromGovernment and I am heretohelp" ("Soy del Gobierno y estoy aquí para ayudar"). Mientras el proceso de mercado atiende las necesidades del consumidor, el proceso político atiende las caprichosas necesidades de los políticos. Así, en tanto la democracia ha acabado convirtiéndose en una justificación para que el Gobierno invada todas las esferas sociales imaginables, la actual democracia no es –enmendando a Lincoln-sino un sistema de, por y para el Gobierno.

En el socialista universo de Detroit atrapado en las garras de un Gobierno omnímodo, la corrupción política ha llegado a contagiarse a todas las propiedades de los políticos, como por ejemplo la escuela pública. En suma, Detroit se ha convertido en un pequeña Cuba dentro de Estados Unidos de donde huye la gente que desea realmente trabajar, un pequeño gran experimento de lo que puede hacer el socialismo hace mucho inoculado en aquel país y escondido bajo diversos disfraces y banderas (pues por suerte, el término "socialismo" sigue siendo en EEUU justamente –y tal como es- un sinónimo de "fascismo"). Ver en suma en Detroit algo parecido al capitalismo liberal –la NBC describió la ciudad como ¿¡ejemplo libertario!?- supone un ejercicio tal de enajenación mental de la realidad que Sigmund Freud se deleitaría con su análisis.

Si uno acude a quizás a la más popular y prestigiosa literatura libertaria en forma de novela, no otra cosa sino proféticas resultan las palabras de la libertaria Ayn Rand hace medio siglo retratando los destrozos de las utopías socialistas en su novela cumbre "La Rebelión de Atlas". Hoy, como nos recuerda el periodista británico Danniel Hannan, sus palabras de advertencia parecen un lienzo a medida de lo que hoy es Detroit.

Unas pocas causas aún permanecen levantadas en el esqueleto de lo que una vez fue una ciudad industrial. Todo lo que podía moverse, se fue; pero algunos humanos permanecen. Las estructuras vacías eran escombros verticales; habían sido comidos, no por el tiempo, sino por los hombres: tablas arrancadas al azar, parches desgarrados en los tejados, agujeros en garajes destripados. Parecía como si unas manos ciegas hubieran cogido todo lo que precisaban para el momento sin preocuparse de lo que quedara para el día siguiente. Las casas deshabitadas aparecían al azar entre las ruinas; el humo de las chimeneas parecía el único movimiento visible en la ciudad. Un caparazón de hormigón, que en un tiempo fue una escuela, aún se otea en las afueras; parecía una calavera con las órbitas vacías de ventanas sin cristales, con unos pocos cabellos encima cual hilos rotos.

Más allá de la ciudad, en una distante colina, permanecía la factoría de la Compañía de Automóviles Twentieth Century. Sus pareces, las líneas de sus tejadosy sus chimeneas parecían recortados parecían inexpugnables como una fortaleza. […]

¿Puedes llevarme a esa fábrica?, preguntó Rearden.

La mujer no habló; parecía como si fuera incapaz de pronunciar palabras. ¿Qué factoría?, dijo ella.

Rearden señaló, "Aquélla".

"Está cerrada".

Sartre decía que el hombre, cada hombre, nace libre y sin excusas. No hay excusas, cada vez hay menos si es que alguna vez las hubo, para divulgar las ideas de la libertad. Entre nuestros amigos, familiares… con quienes hemos adquirido el compromiso vital de dejarles como testigos y fideicomisos de nuestros valores e ideas aquí donde vivimos, en la Tierra. No hay excusas para dejar que esa llama se encienda dentro de nosotros, y que prenda, orgullosa y valerosa cada vez más brillante, cada vez más alta. Ésa es la llama que ilumina la Tierra, que ilumina al hombre, a cada hombre dándole un rostro y dignidad individuales y únicos. Y la que ha abandonado casi por completo a Detroit hundida en la negra oscuridad que dejan los últimos rescoldos chispeantes apagados casi ya por el implacable gélido vendaval del colectivismo.Una ciudad ya sin alma, una ciudad sin esperanza, perdida, yerma y sangrante; una ciudad sin libertad. Como el faro que guía al barco, sin la antorcha de la libertad nos quedaríamos como humanos sin más ruta y guía que la muerte a la deriva. Porque la libertad nos hace mucho más que mejores. Nos hace simplemente humanos.

@AdolfoDLozano/David_europa@hotmail.com.

Aranceles y salario mínimo

Stop productos extranjeros

Las barreras arancelarias son antiquísimas. El arancel es un impuesto aplicado generalmente a los bienes importados para dificultar su entrada en un territorio dado. Nacieron de la mano del comercio internacional hace miles de años. Sirven para aumentar los precios de los productos importados y, por tanto, permiten a los productores domésticos de bienes similares cobrar precios más elevados. Los grupos de presión internos logran de esta manera blindarse frente a una competencia extranjera más barata.

La biografía económica solvente desde, al menos, David Ricardo establece que el libre comercio mundial genera ganancias para todos los participantes en el mismo gracias a las ventajas relativas o comparativas. Sin embargo, a pesar de sus beneficios contrastados, los gobiernos nacionales siguen aún hoy obstaculizando el comercio exterior de muy diversas maneras. Recurrir al argumento de la protección de la industria nacional para imponer aranceles o tarifas está peor considerado que hace unas pocas décadas. Los gobiernos y sus cabilderos buscan ya otras barreras no arancelarias (cuotas, reglamentos sanitarios, de protección del medio ambiente, de calidad técnica, controles de embalaje, etc.) acordes con las sensibilidades actuales con el fin de mantener sus trabas al comercio. Esto es, puro mercantilismo camuflado inyectado por las venas de cada economía doméstica.

Qué duda cabe que los aranceles tienen sus ventajas: mejoran la posición de la balanza comercial, generan ingresos para el Estado y protegen la producción y los puestos de trabajo nacionales al blindarlos de la competencia extranjera. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: se perjudica a los productores exteriores al dificultarles el acceso a los mercados con potencial demanda de sus bienes (siendo los países en desarrollo los más perjudicados), se daña el poder adquisitivo de los consumidores nacionales en su conjunto pues acaban comprando productos más caros y/o de menor calidad y no se permite que surjan nuevos trabajos a resultas de un incremento en la productividad de la economía al verse enfrentada a una mayor competencia de fuera. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (lobbies empresariales) están mucho mejor organizados.

Desde hace mucho tiempo los liberales venimos echando pestes de las barreras al comercio internacional por mermar la productividad e innovación en general, por ser empobrecedoras e injustas para los consumidores y especialmente dañinas para los países más vulnerables.  

Stop mujeres, negros, jóvenes e inmigrantes

El salario mínimo (SM) se estableció por primera vez a finales del siglo XIX en Australia y en Nueva Zelanda con la loable meta de preservar un mínimo estándar de vida para los trabajadores menos cualificados. Luego se fue extendiendo a buena parte de las naciones occidentales. El Estado de Massachussets fue la primera jurisdicción que lo adoptó en los EE UU en 1912. Esta legislación primitiva fue, no obstante, muy sincera en sus motivos: prohibió a las empresas de algunos sectores contratar a mujeres y jóvenes por debajo de cierto nivel salarial ya que lo logrado sindicalmente no debía ponerse en tela de juicio. En aquella época no se estilaba lo políticamente correcto, por lo que se proclamó sin tapujos que las mujeres e imberbes debían permanecer en el lugar que les correspondía, es decir, en sus hogares y sin amenazar los ingresos de los padres de familia sindicados. Eran otros tiempos y se podía argüir de forma tan cafre y paternalista según cánones al uso de entonces para defender lo propio. Era lo mínimo que se esperaba del pater sindicalis.

Hasta la década de los cincuenta, en los EE UU la tasa de desempleo de los trabajadores negros iba pareja a la media nacional. Las empresas constructoras del norte contrataban preferentemente a los negros no sindicados provenientes del sur para disgusto de los trabajadores blancos que veían con impotencia mermados sus empleos. Esto cambió cuando el SM federal hizo su aparición con la Davis-Bacon Act de 1931 y se fue actualizando mediante las sucesivas leyes denominadas FLSA (vigentes hasta el día de hoy). Al principio, los niveles salariales mínimos estuvieron por debajo del mercado debido a la inflación, por lo que sus nocivos efectos sobre negros y otras minorías desfavorecidas no se dejaron sentir. Sin embargo, a partir de mediados de los años 50, al subirse el SM de la hora laboral abruptamente por encima del nivel de precios del mercado, el desempleo entre la población negra fue aumentando consistente y proporcionalmente mucho más que la blanca.

El economista norteamericano Walter E. Williams, al hacerse consciente de ésta y muchas otras trabas que afronta el negro estadounidense por culpa de las iniciativas “humanitarias” de los congresistas de su país, escribió State against blacks (1984). Como indica más de una vez en este libro, las intenciones del legislador son irrelevantes para los resultados económicos. Más tarde, en South Africa’s war against capitalism dicho economista analizó las leyes laborales racialmente discriminatorias contra los negros en aquel país africano. Descubrió que las leyes de SM fueron la herramienta más sutil y eficaz de los sindicados blancos para protegerse y evitar que los trabajadores negros les desplazaran por precio de sus puestos de trabajo al dificultar a éstos -por su menor productividad- el alcanzar la rentabilidad mínima esperada para ocuparlos a esos salarios marginales.

Hoy el SM tiene efectos semejantes pero son otros los argumentos utilizados. A esto se suman los efectos inhibidores a la contratación de otras barreras y rigideces laborales.

Se sabe que las leyes de SM dejan en paro también a jóvenes que no tienen la capacidad ni la formación suficientes para lograr ser contratados a los niveles que decreta la ley. Un joven, en los inicios de su andadura laboral, no trabaja esencialmente por dinero sino para adquirir experiencia y aprender del mundo real pues tiene solo inexperiencia y, a veces, mero conocimiento académico (no real). El simple hecho de adquirir experiencia laboral es muy valioso. Un comienzo modesto no es ninguna indignidad, especialmente cuando se están adquiriendo conocimientos y habilidades profesionales que servirán para mejorar sus niveles de ingresos futuros. En cualquier caso, un mal trabajo es mejor que estar parado.

Es una verdadera pena ver innumerables jóvenes desempleados y con la autoestima por los suelos. Los más avispados emigran, los que poseen menos escrúpulos se echan al monte y acceden al trabajo informal o, mucho peor, acaban delinquiendo para malvivir. Otros vegetan impropiamente con subsidios a sus edades, incubando frustración e indolencia.

La mayor parte de la gente que gana por encima del SM no es gente pobre. El problema acuciante está en aquellos que no lo alcanzan. La mayoría de los gobiernos, pese a los efectos destructivos no deseados de las leyes de SM, hacen caso omiso a lo que la mayoría de los economistas tienen que decir al respecto. Como a primera vista parece lo correcto, se usa como medio para lograr la reelección, especialmente cuando las consecuencias económicas a largo plazo llegan demasiado tarde como para ser políticamente relevantes.

En Europa lleva vigente el SM desde hace tiempo en muchos países, menos en la curiosa franja vertical que va de Noruega a Italia. Qué duda cabe que implantar el SM tiene sus ventajas: mejora la posición económica de los trabajadores experimentados más productivos. También sirve para que los sindicatos lo exhiban como un triunfo cada vez que logran subirlo. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: reduce la contratación u horas de trabajo, se aumentan los precios finales de venta al público y se daña a los marginalmente hoy más débiles, es decir, a los jóvenes en general y a aquellos inmigrantes que estén menos cualificados al quedar fatalmente segregados del mercado laboral.

Solo los liberales desde inicios del siglo XX han criticando las leyes de SM y demás barreras al mercado laboral por destruir oportunidades de trabajo, por ser injustas para la inmensa mayoría de los consumidores y, sobre todo, muy perjudiciales para las personas más vulnerables de la sociedad. Impedirles el que puedan aceptar ofertas iniciales por debajo de un supuesto “umbral de dignidad” es mandarles directamente al ostracismo o apartheid laboral en forma de paro o de trabajo informal. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (sindicatos) están mucho mejor organizados.

Es ciertamente muy deseable que los salarios aumenten para todos. Solo un mayor crecimiento, un mejor aprovechamiento del capital y una mayor productividad general de la economía lo permite. Por el contrario, si se fuerza dicho aumento por vía de decretos oficiales aparecerán fatalmente siempre y en todo lugar indeseables consecuencias en los comportamientos discriminatorios de los agentes económicos. Lo que importa no son las buenas intenciones del legislador sino las consecuencias de su intervención en el conjunto del cuerpo social.

La defensa social frente al engaño político

Cuenta Avner Greiff en su artículo “Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: the Maghribi Traders Coalition” que, en el siglo XI, algunas comunidades de mercaderes mediterráneos magrebíes encontraron una manera de evitar el engaño por parte de los agentes de comercio: la coalición de los mercaderes que contrataban a dichos agentes. Un factor muy importante en el éxito de esta vía era la confianza, el flujo de información y, en especial, la reputación.

Un agente comercial era aquella persona contratada por un comerciante (inversor) para gestionar las operaciones comerciales en las ferias y mercados internacionales. El riesgo de ser engañado era muy alto. El mercader no podía saber qué hacía realmente el agente en las ferias, si gestionaba adecuadamente su dinero y sus mercancías o si le robaba o se ponía de acuerdo con la otra parte del trato comercial a sus espaldas y a su costa. Por ello, los mercaderes se unieron en una asociación surgida espontáneamente comprometiéndose a contratar los mismos agentes y en aplicar un sistema de castigos común. De esta forma, nadie contrataría a un agente mentiroso, nadie penalizaría a quien robara a un agente que hubiese engañado y, el agente cargaría con una mancha que sería tanto más pesada, cuanto más extensa y numerosa fuera esa coalición de mercaderes. Desde el punto de vista del agente, la ganancia de comportarse honestamente, por tentadora que fuera la posibilidad de engañar al mercader una vez en tierra extraña, incluso si el beneficio inmediato del engaño fuera mayor, era mucho más que suficiente, sin ninguna duda, merecía la pena ser honesto. ¿El secreto? La pérdida de reputación, el castigo de no ser confiable en su comunidad de base, el compromiso de todos los mercaderes asociados en esa coalición de no contratarle y de repudiarle, implicaba la ruina futura. El coste de emigrar a un lugar donde esa coalición no actuara y donde pudiera escapar de su mala reputación era prohibitivo. Sin embargo, la perspectiva de beneficios que, a corto plazo eran menores, pero le permitían desarrollar su trabajo a largo plazo, y si mejoraba, ganarse una buena reputación y sacar provecho de la red internacional de mercaderes, era preferible.

La pequeña historia de los comerciantes del Magreb en un siglo en el que no existían acuerdos internacionales o reglas de Derecho Internacional tan sofisticadas como las de hoy en día, nos enseñan, como poco, una lección. Y es ésta: los posibles sujetos de engaño tienen la responsabilidad moral de tomar medidas para evitar ser engañados. Y esas medidas están asociadas a los incentivos para los “agentes”. ¿Hacemos eso con nuestros políticos? Me temo que no.

La corrupción no es un fenómeno moderno. Es un mal asociado a la naturaleza humana. La detección del engaño es uno de los avances de nuestros ancestros. El aprendizaje en este ámbito explica el aumento de confianza cuando reconocemos rasgos familiares en el otro, el miedo al diferente, etc. Siempre ha habido personas que han abusado cuando la situación les era propicia. Pero, lo normal es desarrollar estructuras legales y sociales para evitarlo: la ley, la reputación, el desahucio social, por ejemplo. Y así sucede en otras sociedades. Pero en la española, las cosas son diferentes.

Los auto engaños, ya encastrados en nuestra idiosincrasia, nos pierden. Como la identificación con una tendencia política ocultando la responsabilidad individual del delincuente, o directamente la disculpa del hecho si el beneficio obtenido con el engaño no es mucho, o el olvido al cabo de poco tiempo, porque nos dejamos impresionar por lo ruidoso y brillante, por más que no sea oro, sino baratijas, son comportamientos que están a la orden del día.

¿Qué mecanismos hemos desarrollado en este país para evitar que nuestros “agentes” políticos no nos engañen cuando gestionan nuestros “bienes” o nuestro dinero, en ámbitos tan alejados del ciudadano de a pie como la defensa nacional, la gestión hospitalaria o los acuerdos internacionales? ¿Están asociados al futuro laboral del posible defraudador?

El pasado otoño, el periodista de El Mundo, John Müller, ofreció una conferencia en CUNEF y mostró casi cincuenta portadas de dicho periódico denunciando casos de corrupción durante los últimos 25 años. Las mismas personas, mayores cantidades. Algo debemos estar haciendo mal cuando nuestro sistema judicial no evita que empresarios privilegiados se aprovechen de la ventaja, políticos beneficien a hermanos, amigos y socios políticos, etc. Pero es notable que tampoco la sociedad, el pueblo engañado, hace nada.

Obviamente, siguiendo la lógica de Greiff, dado que no hay pérdida de reputación a largo plazo, no lo paga con su trabajo, ni hay rendición de cuentas, el “agente” político tiene muchos incentivos para seguir engañándonos. Nosotros, en lugar de responsabilizarnos de la situación, esperamos una solución mágica. Tal vez, como los mercaderes magrebíes del siglo XI, deberíamos quitarnos la venda de los ojos y mostrar el repudio a ese comportamiento, de forma que dañe la reputación del político que engaña y también del que ampara el robo por parte de los gobernantes. Tal vez, entonces, acabe el expolio aplaudido y votado por la mayoría.

La salida es la libertad

Epílogo a cargo de Juan Ramón Rallo del volumen recientemente publicado (julio de 2013) con las actas de los trabajos de investigación presentados en el I Congreso de Economía y Libertad, del 22 al 24 de noviembre de 2012, en cuya celebración el Instituto Juan de Mariana coparticipó, y que fue organizado por la Universidad Católica de Ávila.


Las depresiones económicas constituyen un terreno abonado para que el Estado crezca. En momentos de incertidumbre y de descoordinación económica, los viejos sofismas del Estado como baluarte de la seguridad y como planificador eficiente vuelven a la palestra. El público se siente desconcertado por hallarse sometido a fuerzas impersonales que quedan fuera de su alcance y que parecen arrastrarlo a un desastre del que sólo el sector público, con sus redistribuciones de renta, gastos arbitrarios o regulaciones garantistas, es capaz de salvarlo. Con naturalidad aceptamos ceder algo de libertad –sobre todo, de libertad ajena– con tal de asegurarnos un confort económico que no se distancie mucho del prevaleciente en los tiempos de prosperidad.

Pero, tal como señaló Benjamin Franklin al advertir que quienes renuncien a un poco de libertad para ganar algo de seguridad se terminarán quedando sin lo primero y sin lo segundo, las crisis suponen el peor contexto para restringir las libertades individuales. Desde luego, nunca es un buen momento para recortar libertades, ni cuando somos ricos ni cuando somos pobres; pero, adoptando una perspectiva estrechamente utilitarista, si la libertad trae la prosperidad, parece claro que lo más inteligente en medio de la decadencia económica generalizada no puede ser restringir las libertades para caer todavía con más fuerza en el pozo de la crisis. A cambio de una seguridad transitoria sólo lograremos un mayor cataclismo futuro del que ni una fagocitada economía privada ni un fagocitador sector público ya saturado podrán rescatarnos.

De hecho, las crisis deberían constituir una oportunidad para ampliar los ámbitos de libertad individual en busca de una rápida reorganización. Al cabo, una crisis no es más que un período donde las estructuras productivas y financieras de los agentes económicos se hallan deshechas como consecuencia del artificial boom económico que las precedió y donde, por consiguiente, la autonomía y la flexibilidad de los agentes económicos para reinventar y reconstruir esas estructuras resulta fundamental.

Por un lado, los factores productivos deberían poder desplazarse por la economía sin cortapisas regulatorias, abandonando los modelos de producción caducos y participando en los nuevos. Por otro, los impuestos deberían ser los más bajos posibles para que los agentes cuenten con el capital suficiente para, primero, amortizar sus deudas y, segundo, acometer nuevas inversiones. A su vez, y precisamente por los motivos anteriores, el gasto público debería mantenerse en mínimos: tanto porque su mera existencia determina una asignación inadecuada de recursos cuanto porque, si se combina un elevado gasto público con unos impuestos bajos, supone la emisión de un importante volumen de deuda pública que contrarresta los sanos efectos del desapalancamiento privado.

Por todo ello, cualquier iniciativa dirigida a frenar el exorbitante crecimiento del sector público, particularmente en momentos de depresión económica, ha de ser bien recibida. Éste ha sido el caso del "I Congreso de Economía y Libertad: La Gran Recesión y sus salidas" organizado por la Universidad Católica de Ávila con la colaboración del Instituto Juan de Mariana. A lo largo de tres días, decenas de ponentes fueron desfilando por los distintos paneles y sesiones paralelas del Congreso para abordar la problemática actual desde un rico enfoque multidisciplinar.

Las conclusiones del Congreso, recogidas en el ya conocido como ‘Manifiesto de Ávila de los Economistas españoles’, no pueden ser más coincidentes a la hora de exigir un ensanchamiento del sector privado y un estrechamiento del público como vía más rápida y justa para superar una problemática que, ya desde sus comienzos, ha sido causada por el asfixiante intervencionismo de las burocracias estatales. Si durante su planteamiento el Congreso pretendía encontrar una sintética salida a la Gran Recesión, una vez concluido y ya observándolo con cierta perspectiva, podemos señalar que la salida a la crisis pasa indudablemente por la libertad.

Constituye una auténtica satisfacción para un thinktank liberal como el Instituto Juan de Mariana el haber participado en la organización de un foro de pensamiento que ha enriquecido nuestro bagaje argumental a la hora de combatir al desbocado Leviatán estatal. No me cabe más que felicitar a la Universidad Católica de Ávila por tan feliz iniciativa, con la esperanza no sólo de que pronto podamos asistir a la segunda y sucesivas ediciones de este Congreso, sino, sobre todo, de que las ideas allí debatidas contribuyan a oxigenar nuestro viciado panorama político y económico.

Vacaciones pagadas, o no

Agosto, España paralizada un año más salvo en las zonas costeras donde los hoteles acogen a turistas, los chiringuitos sirven paellas sin parar y los aviones no dejan de aterrizar y despegar. La Europa productiva busca el sol que no tiene en sus tierras para pasar las vacaciones mientras la Europa no tan productiva también descansa.

Se puso de moda aquello del mileurismo (hoy muchos ni llegan a eso) para remarcar lo mal pagados que estábamos los españolitos. Pero lo que no se tienen en cuenta son las 14 pagas, el mes de vacaciones pagadas y el medio mes de festivos. También tendríamos que añadir un sinfín de permisos que ya le costó muchas críticas y trending topics a José de la Cavada, responsable de Relaciones Laborales de la de la CEOE, cuando osó poner en duda la necesidad de los permisos definidos por ley como el que se le da a un trabajador cuando fallece un familiar.

La ilusión del bienestar nos hace creer que las vacaciones que disfrutamos cuando trabajamos las paga la empresa. La realidad es bien distinta, ese mes que no trabajamos en realidad se descuenta de lo que podría ser nuestro hipotético salario, al igual que los festivos y permisos. De lo contrario cobraríamos más y cada cual se cogería los días según sus preferencias, unos pueden tener más interés en ganar dinero en un momento de su vida y otros disfrutar de tres meses junto a sus hijos mientras no tienen colegio. El salario debería ligarse a la productividad y no al marco rígido de una ley o convenio que trata por igual a una multiplicidad de gente que puede tener intereses no solo diferentes sino que además pueden ser opuestos.

No es una cuestión de restaurar la esclavitud sino de libertad, libertad entre el empleado y el empleador que deben pactar libremente las condiciones del trabajo. En nuestra sociedad de empresarios que viven a la sombra del poder y se aprovechan de los trabajadores esto tal vez no sea posible pero en un mercado laboral libre en el que ni patronales ni sindicatos secuestren a los individuos sí sería posible. No se trata de disfrutar de tener unas vacaciones que nos descuentan obligatoriamente del salario sino de nuestra capacidad para renunciar en un momento dado a esa parte de salario y disfrutar de las vacaciones, en agosto o en enero, un mes o tres días. Se llama libertad, debe ser para todos y no deberíamos tenerle miedo.

Crisis económica + censura = crowdfunding

Son varias las iniciativas que vienen recurriendo al crowdfunding. Por ejemplo, en anteriores columnas analizamos la de Iñaki Arteta. Ahora le toca el turno al periodista Antonio Robles, a quien como en el caso del cineasta vasco, "el contexto" le ha obligado a decantarse por esta herramienta.

Quien firma estas líneas, no tiene el placer de conocer ni a Robles ni a Arteta. Simplemente emplea esta tribuna para enfatizar la valentía de ambos a la hora de denunciar situaciones anormales, que debido a la repetición indiscriminada de determinados mantras, gozan de absoluta normalidad actualmente.

En efecto, en Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, Antonio Robles se propone describir lo que ha sido la reciente etapa política dominada por el Pujolismo, que él ha vivido en primera persona. Por tanto, tema de rabiosa actualidad, muy necesitado de un análisis que apueste por el rigor científico y que no por la mera propaganda.

Sin embargo, aquí aparece el primer problema y es que en su Comunidad Autónoma (Cataluña), las editoriales han vetado de forma encubierta su edición. ¿El motivo? Será incómoda con el establishment. Así, dichas editoriales renuncian voluntariamente a ejercer la labor fiscalizadora del poder político que les corresponde jugar en una democracia.

Por desgracia, no es un ejemplo aislado. Por el contrario, jóvenes escritores como Javier Montilla también han sufrido en los últimos tiempos la asfixia nacionalista, orientada a ocultar obras como Los Muros de Cataluña. No lo han conseguido pues tal tarea, en la era digital en la que nos hallamos inmersos, supone poco menos que querer tapar el sol con un dedo.

La censura y estigmatizar a quien piensa de manera diferente al oficialismo, ha sido una de las herramientas predilectas de cualquier nacionalismo y el catalán no iba a ser menos. Viene empleándola de forma cada vez menos sutil desde hace décadas, lo que ha provocado que representantes de su cultura se hayan tenido que "exiliar" en otros lugares de España, principalmente en Madrid. Albert Boadella es uno de los ejemplos, aunque no el único. Igualmente, han sido los medios de la capital los que han dado voz a la disidencia catalana, lo que ha supuesto que unos y otros hayan tenido que cargar sobre sus espaldas con calificativos como el de "fachas".

El resultado es que Cataluña, que fue motor cultural de la España de la Transición, ha sido adelantada por derecha e izquierda por otras regiones las cuales conceden escasa relevancia al factor identitario y sí al producto. Igualmente, otra de las peculiaridades catalanas es que, la ventaja comparativa que supone que la mayor parte de la población maneje castellano y catalán, se haya convertido en una traba…si eres castellano parlante.

En este sentido, optar por una enseñanza en castellano se convierte en una empresa de titanes, algo a lo que se atreven sólo unos pocos porque luchar contra la burocracia implica un ingente gasto de recursos económicos y humanos, y no todo el mundo está condiciones para ello. Al respecto, uno de los logros del nacionalismo ha sido crear una masa de ciudadanos amorfos, por ejemplo a través de la política de subvenciones, anulando todo espíritu crítico pues perciben cualquier reproche a CIU (y en su día a los dos gobiernos Tripartitos) como un ataque a Cataluña. De nuevo, en la jerarquía de valores, el territorio ocupa el primero y los ciudadanos, el último.

En definitiva, la obra que prepara Antonio Robles y otras que es probable que se editen próximamente, serán bienvenidas puesto que ayudarán a entender lo que actualmente acontece en Cataluña y comprobar que no se trata de flor de un día. Por el contrario, lo que hoy presenciamos, atiende a un recorrido histórico en el cual el nacionalismo ha contado con ciertas complicidades, algunas indirectas, que han facilitado que en última instancia, la Generalidad sea protagonista más por sus recurrentes desafíos al Estado de Derecho que por mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Por qué no fluye el crédito?

¿Por qué se les ha cerrado el grifo a las familias y empresas privadas españolas? ¿Por qué no se les reconoce y se reactiva el crédito? ¿Por qué el crédito no fluye donde más se necesita? Estas son algunas de las preguntas que la sociedad se pregunta desde hace un cierto tiempo con la esperanza de que familias y empresas tengan acceso a financiación. Sin embargo, creo que no se acaban de comprender las razones por las cuales esto no ocurre.

Los tres principales motivos son los siguientes:

1) El Estado acapara el crédito del sistema. El Estado se ha convertido en el mayor prestatario de la sociedad, acaparando el crédito disponible y expulsando de esta manera al sector privado. Un efecto crowding out en toda regla que surge como consecuencia de la imposibilidad del gobierno de cuadrar sus cuentas y caer sistemáticamente en déficit. Lleva 5-6 años de pérdidas constantes y las intenta suplir emitiendo deuda y endeudándose, entre otros, con los bancos. Si las cuentas públicas estuviesen saneadas no competirían con el sector privado por el crédito.

En pocas palabras, el Estado absorbe prácticamente toda la capacidad crediticia del sistema. Por ejemplo, si un banco tiene la opción de financiarse al 1% en la ventana de liquidez del BCE y obtener un 5% comprando deuda soberana del Estado (carry trade), ¿por qué va a prestar a una pyme, con el riesgo que eso supone?

Desde hace unos 5 años la demanda de crédito del Estado ha aumentado exponencialmente. A partir 2009 el crédito concedido a las administraciones públicas ha crecido más de 60%. Sin embargo, las entidades financieras deniegan hasta un 70% de solicitudes de préstamos de empresas. Los préstamos a familias han descendido casi un 12% desde noviembre de 2008 y los préstamos a empresas han sufrido un retroceso del 17% desde abril del 2009.

2) Debe aumentar la solvencia de los demandantes. Veamos. El crédito fluye no por el deseo irrefrenable de la sociedad y de los demandantes del mismo, sino de la solvencia de éstos últimos y la capacidad del prestador. Como hemos señalado, los bancos deniegan hasta un 70% de solicitudes de préstamos a empresas.

El crédito no es un derecho. Lo sentimos. Para que los bancos le reconozcan los créditos al sector privado, éste tendrá que amortizar sus deudas y desapalancarse. ¿Cómo podemos pretender que se otorgue crédito a un prestatario que no paga (o no ha pagado todavía) sus créditos pasados?

En efecto, si se otorgase crédito a un demandante que en realidad no es solvente conseguiríamos el efecto contrario que pretendemos: transferir recursos a unos modelos de negocio que destruyen valor y que, por tanto, acabarán liquidándose aumentando la iliquidez y la insolvencia del todo el sistema.

Lo importante para los bancos no es tanto la cantidad a prestar, sino la capacidad del futuro prestatario de repagar el crédito. Crédito hay, pero para los agentes que demuestren objetivamente que pueden hacer frente a esta carga financiera en el futuro sin problemas. Por eso el crédito fluye hacia el Estado, porque se presume que es el agente con más posibilidades de devolver los préstamos. De momento…

Es indispensable que exista crecimiento empresarial, es decir, que comiencen a diseñarse planes de negocios viables, sostenibles y rentables. El Estado debería ayudar este proceso dejando de comerse el ahorro del sector privado, bajando impuestos y bajando el gasto público.

3) Las ayudas a la banca no llegarán al sector privado. A no ser que la solvencia del deudor sea excelente, las entidades financieras tienden a no soltar los fondos recibidos. La banca tiene necesidad de reestructurarse financieramente, recapitalizarse y asegurar su liquidez.

Además hay que recordar que Basilea III ha aumentado los requisitos de core capital desde un 2% a un 7% (core capital más buffers de conservación de capital y contracíclico). Lo que ha provocado que se disminuyan los activos ponderados de riesgo para alcanzarlo. Por tanto, se trata de reducir las actividades que consumen más capital (préstamos a pymes tienen una ponderación del 100%) y sustituirlas por actividades menos costosas en términos de ROE (invertir en el bund alemán no consume capital). Esta es una de las razones por la que los rescates no han logrado (ni lograrán) que el crédito fluya a raudales hacia el sector privado.

La historia del frutero maravilloso

Eduardo se dedicaba a vender fruta. Como todos los fruteros, tenía su local, sus mostradores, su ordenador y algunas personas para cobrar a los clientes. Todo ello le parecía necesario para vender su género, aunque era consciente de que le suponía muchos costes, seguramente más que la propia fruta que era lo que a sus clientes le interesaba.

Así que un buen día se le ocurrió una brillante idea. En vez de mantener toda esa costosa estructura para vender la fruta, colocaría las cajas de fruta en la calle y pondría un cestillo para el dinero: la gente cogería la cantidad de fruta que quisiera comprar y depositaría el dinero del pago en la cestilla. Ello le permitiría bajar mucho el precio de la fruta, muy por debajo de sus competidores que seguirían utilizando toda la estructura convencional, y al mismo tiempo incrementar sus beneficios. Y, evidentemente, si alguien cogía la fruta sin pagarla, si alguien le robaba, para eso estaba la policía.

Los primeros días la cosa fue bien. Mucha gente pasaba al lado de las cajas y veía los precios tan bajos y no dudaba en adquirir la fruta así dispuesta. Alguno dejaba sin pagar algún centimillo, pero en general la gente respondía. Eduardo ganaba mucho dinero, y los demás fruteros tuvieron que dedicarse a otras cosas. En los planes de Eduardo entraba extrapolar este modelo de negocio a cualquier tipo de mercadería.

Sin embargo, algún viandante se dio cuenta de que, si cogía la fruta y no pagaba, nada ocurría. Aun siendo bajos los precios, más barato salía no pagar.

Cuando Eduardo descubrió la situación, hizo su denuncia a la policía, y les conminó a que vigilaran sus cajas de fruta para evitar que los robos se reprodujeran. Pese a la buena voluntad mostrada por los agentes del orden, era imposible mantener la vigilancia de las cajas todo el día, puesto que había otros delitos que prevenir e investigar, y el número de efectivos era limitado. Así que tanto la policía como Eduardo se dieron cuenta de que así sería difícil mantener a flote el negocio.

Entonces Eduardo, a fuerza de cavilar, se dio cuenta de que los ladrones de fruta seguramente colocaban el resultado de sus latrocinios en recipientes específicos, los fruteros. Así que, en vez de perseguir a los ladrones, lo que haría es asumir que cualquier persona que poseyera un frutero era un potencial ladrón, y por tanto debía pagar una tasa asociada al frutero, por lo que pudiera robar. Esto no le pareció mal al jefe de la policía, que así ahorraba sus efectivos para otras lides.

A la gente del barrio esto no le pareció bien: seguían encantados con el precio bajo de la fruta con el nuevo sistema de negocio, pero no les parecía razonable tener que pagar más por un recipiente para su cocina. Con lo que Eduardo vio que tampoco con el canon sobre fruteros podría ganar suficiente dinero. Y era lógico, porque la gente podía también almacenar y robar fruta utilizando otros dispositivos de propósito general, como bolsas, cajas, maletas… Podía haber gente a la que se le ocurriera llevarse la fruta licuada, por lo que sería necesario extender el canon a botellas, vasos, y también a las máquinas que permiten la licuación.

A ello se opusieron todos los comerciantes del barrio, que veían peligrar sus ventas de todo tipo de dispositivos de almacenaje y cosas similares, que Eduardo interpretara que se pudieran usar para consumir o transportar la fruta que colocaba por las mañanas en las cajas de la acera.

Eduardo terminó millonario gracias al cobro de sus cánones compensatorios por los robos de su fruta, y poco a poco se dio cuenta de que estos ingresos se mantendrían incluso si ya no traía fruta al barrio. En consecuencia, los vecinos también se quedaron sin la fruta barata que Eduardo al principio les había proporcionado.

En la actualidad, el jefe de policía se está planteando que Eduardo cobre de los impuestos pagados por los vecinos del barrio, en vez de tanto canon que tiene de uñas a vecinos y comerciantes.

Moraleja: Un modelo de negocio solo puede ser viable en el libre mercado si permite recuperar, junto con los restantes, los costes de protección y cumplimiento contractual. De la misma forma que Kirzner[1] nos enseña que no tiene sentido la distinción entre coste de producción y coste de distribución que tanto atrae al economista neoclásico, tampoco se puede permitir la separación de los costes de protección de los restantes costes del producto. Si se permite al productor que "socialice" los costes de protección, como si se le dan subvenciones a la producción, el productor termina forrado y el consumidor sin bienes.

La mayor parte de los productores, y entre ellos los fruteros, saben positivamente que el modelo de negocio planteado en esta historia es inviable, al menos en España y en la actualidad. Y que la única forma de sostenerlo sería conseguir una atención especial de la policía (que, no se olvide, pagamos entre todos) o mediante ingresos de otra procedencia; en suma, con el soporte del Estado.

Dejo al ingenio del lector descubrir qué productores están empeñados en la viabilidad del fantástico modelo aquí descrito. Seguro que alguna pista encuentran en el texto de la historia.



[1] Kirzner I.M. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago, IL: Chicago University Press.

Juan de Mariana en la Academia de Doctores

El pasado día 26 de junio Victoriano Martín ingresó en la Real Academia de Doctores de España con el discurso "Filosofía política y teoría monetaria en la Europa medieval y su reflejo en Juan de Mariana". El profesor Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Rey Juan Carlos, es un buen conocedor de los maestros de Salamanca (recordemos por ejemplo su Lección Inaugural en la misma Universidad sobre "Las ideas liberales y la escolástica española del XVI") y ha dirigido varias tesis doctorales sobre esta materia.

En el solemne Acto de Toma de Posesión, quiso relacionar la crisis económica de nuestros días (en lo que tiene que ver con el dinero y el crédito) con viejas teorías monetarias que a su juicio parecen haber sido olvidadas, pero que sin embargo muestran una muy consistente actualidad en cuanto a su validez. En concreto, ofreció una síntesis de la teoría monetaria medieval, llevada a su plenitud por el jesuita español Juan de Mariana, en comparación analógica con las explicaciones sobre el fracaso de las políticas de dinero fácil que han venido practicando los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y Japón.

Aquellos autores medievales ya avisaron del peligro del envilecimiento del dinero (pérdida de su poder adquisitivo) ocasionado, entonces, por ciertos procedimientos heterodoxos de reacuñación; lo que, transferido a la actualidad, ocurre cuando se permite que los aumentos en la cantidad de dinero financien los gastos (enormes) del Estado. Frente a aquellas prácticas, Mariana protestaría contra lo que consideraba un impuesto inflacionista: ilegal en cuanto que no contaba con la aprobación de los ciudadanos y torpe en cuanto que no respetaba los principios de una teoría monetaria ya muy bien asentada en su época, sobre la conveniencia de mantener estable el valor del dinero mediante el pleno contenido metálico de las monedas, esto es, la igualdad entre el valor facial y su valor intrínseco. De la inflación injusta hablaré en seguida; ahora les quería citar un texto del jesuita respecto a lo segundo:

Dos valores tiene la moneda, el uno intrínseco natural, que será según la calidad del metal y según el peso que tiene, a que se llegará el cuño, que todavía vale alguna cosa el trabajo que se pone en forjarla; el segundo valor se puede llamar legal y extrínseco, que es el que el príncipe le pone por su ley, que puede tasar el de la moneda como el de las demás mercadurías. El verdadero uso de la moneda, y lo que en las repúblicas bien ordenadas se ha siempre pretendido y practicado, es que estos valores vayan ajustados.

Pero regresemos a esa inflación injusta, que eso era para Mariana la manipulación monetaria: un impuesto ilegítimo que, al no ser aprobado por los ciudadanos, convierte al príncipe en tirano. En su Tratado sobre la moneda de vellón afirma tajantemente: "El rey no puede bajar la moneda de peso o de ley sin la voluntad del pueblo". Insiste en que el príncipe no es dueño de los bienes de los particulares, por lo que no podrá:

(…) tomar parte de sus haciendas, como se hace todas las veces que se baja la moneda, pues les dan por más lo que vale menos; y si el príncipe no puede echar tributos contra la voluntad de sus vasallos ni hacer estanques de las mercaderías, tampoco podrá hacerlo por este camino, porque todo es uno y todo es quitar a los del pueblo sus bienes, por más que se les disfrace con dar más valor legal al metal de lo que vale en sí mismo.

El profesor Martín terminaba su discurso lamentándose de la escasa aceptación que tuvieron estas doctrinas escolásticas, seguramente demasiado avanzadas para su tiempo (recordemos que Juan de Mariana estuvo preso por la Inquisición en el convento de San Francisco de Madrid). En su opinión, el padre Mariana constituye, junto con Vázquez de Menchaca, uno de los ejemplos claros en los que aparece la defensa de los derechos individuales como fundamento de los límites del poder político. Sostuvieron que la soberanía reside en el pueblo, y sirve para garantizar su felicidad. De ahí que se mostraran tan celosos de que el soberano cumpla con la misión que se le encomienda, porque, dice Mariana:

Todos los hechos del príncipe deben encaminarse a alimentar la benevolencia de los súbditos y a procurar a estos mismos la mayor felicidad posible. El deber del que gobierna ciudadanos… es velar por la defensa y la utilidad de quienes están bajo su amparo. Éstas son pues las virtudes del rey y éste el camino que le puede conducir a la inmortalidad.

Una reflexión que deberían considerar muchos gobernantes de nuestro tiempo. Como indica Victoriano Martín, trayendo a colación de nuevo la coyuntura actual:

Conviene resaltar aquí una vez más cómo estos autores derivan su teoría monetaria de la filosofía política que profesaban; una filosofía de la que por desgracia carecen los dirigentes políticos actuales, y cuyos ingredientes fundamentales son la teoría del consentimiento y la teoría de los derechos subjetivos, considerando uno de los principales el derecho de propiedad.

Enhorabuena al nuevo académico y otro motivo para felicitarnos por el patrono de nuestro Instituto.

PS: Respondió a su discurso de ingreso el también catedrático de la URJC y académico, profesor Fernando Becker Zuazua. La Real Academia de Doctores fue fundada en 1922 por iniciativa del rey Alfonso XIII y del rector de la entonces Universidad Central, D. José Carracido. Sus fines son la promoción del cuerpo doctoral español, la cooperación interdisciplinar y con otras academias, el asesoramiento sobre cuestiones humanísticas, de ciencia o tecnología y el fomento de la cultura. Tiene su sede en el antiguo Paraninfo de la Universidad Complutense en la calle San Bernardo de Madrid.