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Entre la corporación estatal y el sindicato

Dentro del acelerado clima de descomposición de las instituciones estatales que se está produciendo en España, le ha tocado al Colegio de abogados de Madrid demostrar que las luchas por el poder no reparan en barras.

La sorprendente suspensión de la proclamación de los resultados de las elecciones celebradas el 18 de diciembre para renovar completamente su Junta de Gobierno, decidida por parte de la Comisión Electoral designada por el Consejo de colegios de la Comunidad de Madrid (del que forman parte los únicos existentes: Madrid y Alcalá de Henares) al tiempo que se acusaba de cometer irregularidades a la candidatura supuestamente vencedora encabezada por la Letrada Sonia Gumpert Melgosa, ha destapado el cajón de las luchas que se libran por el control de una corporación que ha manejado en el año 2012 un presupuesto de más de 85 millones de euros. Dada, por otro lado, la obligatoriedad de inscripción en algún colegio territorial para ejercer la profesión de abogado y la concentración en la capital de las sedes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, las cámaras legislativas de las Cortes españolas, así como de númerosos organismos públicos y empresas nacionales e internacionales, este colegio profesional cuenta con un número superior a los 64 mil abogados.

A la espera de la publicación oficial de los votos, llama la atención la escasa participación (según los avances, el 13,94 por ciento), aun siendo extraordinarios en términos históricos. Por las razones expuestas, los abogados constituyen un grupo heterogéneo de profesionales con un campo de actuación muy diverso en el que coexisten pocos despachos de abogados grandes y medianos con muchos pequeños e, incluso, individuales. Los incentivos para participar activamente en el gobierno de la corporación se limitaban a los abogados antiguos y a los grandes bufetes deseosos de alcanzar influencia y relaciones privilegiadas con los gobiernos y los jueces. Simultáneamente al incremento de la burocracia de las administraciones, los colegios de abogados abrieron la puerta a la contratación extralaboral de abogados para labores de apoyo, quienes, tarde o temprano, descubrían su interés en mantener en sus puestos directivos a sus pagadores. El secreto de la dilatada permanencia de muchos decanos en sus puestos residía en la habilidad para integrar en sus juntas de gobierno a miembros de distintos despachos influyentes (a menudo enfrentados, pero con intereses compartidos) mantener unas relaciones "fluidas" con los gobiernos de turno y aprovechar el voto cautivo de los integrantes de su propia burocracia. No debe perderse de vista que uno de los aspectos mejor guardados por los colegios de abogados ha sido el régimen retributivo de sus empleados, para lo cual han obtenido el respaldo de la Agencia de Protección de datos y de algunos tribunales.

 No obstante, la expansión del estado asistencial ha superpuesto a los anteriores un nuevo tipo de abogado que centra casi todas sus expectativas económicas en los ingresos que percibe por sus servicios para clientes de oficio. El modelo de asistencia jurídica gratuita instaurado por la Ley de 1996, que consensuó con las corporaciones implicadas el célebre Ministro de Justicia e Interior socialista Juan Alberto Belloch Julbe, delegó en los colegios de abogados la tramitación de los expedientes para la designación de abogado y procurador más allá de la tradicional asistencia al detenido y la justificación de las actuaciones que justificaban los pagos en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, los colegios asumieron el pago de los honorarios de los letrados incorporados voluntariamente a ese servicio, contando con las transferencias del Estado (o de las CCAA, donde éstas asumieron las competencias) y unos ingresos adicionales por la gestión delegada.

El incesante incremento del recurso a la justicia "gratuita" dejó pronto entrever las enormes dificultades para presupuestar el gasto, en un primer momento, y, dado el hundimiento de la recaudación de impuestos derivado de la recesión actual, su simple financiación. De ahí que los retrasos de meses en los pagos a esos abogados de oficio se hayan convertido en años. Obviamente, estas circunstancias han contribuído a la "sindicalización" de esos abogados. Si se confirma la victoria de la letrada Gumpert Melgosa, su éxito puede que tenga mucho que ver con un acuerdo con una asociación que se ha distinguido en las reivindicaciones de esos abogados y la asunción demagógica de aspectos de su programa que exigirían reformas legislativas.

Más allá del desenlace por el control del gobierno del colegio de abogados más importante de España, el futuro de esta profesión tan intervenida depende ahora de la aplicación de una ley de acceso a la Abogacía que impuso para acceder a la condición de abogado la superación de un máster, la realización de prácticas en un bufete de abogados y la aprobación de un examen. El verano pasado se prorrogó su entrada en vigor dos años más, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de manera que los licenciados en derecho que se incorporen a un colegio se librarán de esa barrera a la entrada de nuevos abogados durante ese tiempo.

Por mi parte, pienso que deben ser los clientes quienes elijan al abogado que quieren. El límite debe ser, lógicamente, que los profesionales hayan aprobado los estudios de Derecho. No apoyo la idea de que existan requisitos adicionales obligatorios para ser abogado, incluida la obligación de colegiación. Las facultades de derecho de las universidades deberían competir por atraer a los mejores estudiantes subiendo el nivel de los estudios.

 De este modo, los abogados tendrían que competir por los clientes informando sobre su formación y cualificación profesional. Dentro de esta información resultaría importante lo relativo a: 1) La facultad de derecho donde consiguieron el título 2) Notas y calificaciones 3) Estudios posteriores y 4) Experiencia profesional.

De las masacres escolares en EEUU

"De todas las fechorías cometidas por el imperio británico en la India, la historia verá la de privar a toda una nación de las armas como la peor", Gandhi en Gandhi, una autobiografía.

"No debemos olvidar que una de las chispas que encendieron la Revolución Americana fue la pretensión de la Corona británica de desarmar al pueblo americano", Patrick Henry (1736-1799).

El pasado 14 de diciembre pasará a los anales de las masacres escolares que Estados Unidos nunca olvidará. Adam Lanza, un joven de 20 años, irrumpió poco antes de las 9 de la mañana en la escuela de Sandy Hook en la localidad de Newtown, en el estado de Connecticut, y acabó asesinando a 20 niños y 6 adultos tras haber previamente matado a su madre.

Las Gun Free Zones

Esta tragedia no hizo sino, lógicamente, reabrir el debate de por qué se producen en primer lugar estos terribles hechos, parece que en EEUU con mayor asiduidad que en otros lugares (más adelante analizo esto). Examinemos objetivamente la cuestión. Realmente, el estado de Connecticut es uno de los estados norteamericanos con más restricciones a la posesión de armas y está en la línea legal del estado de Nueva York, lo cual encaja con su posición geográfica en el nordeste del mapa estadounidense (con la excepción de California, ahí se concentran las mayores prohibiciones legales a la tenencia de armas en este país). Además de esto, hay que tener en cuenta que en virtud del Gun Free School Zones Act de 1990 que aprobó George Bush padre, está totalmente prohibido ir armado en todos los colegios, institutos y universidades y sus zonas aledañas en todo el territorio nacional de EEUU. Recordemos que las masacres de Virgina Tech en 2007 y Columbine en 1999 se produjeron también en zonas donde la ley no permitía la posesión de armas.

Desde 1990, puede verse en algunas zonas escolares carteles que señalan que es una Gun Free Zone o ‘Zona Libre de Armas’. Para un criminal –y cualquier otro- esto obviamente significa que en esa zona las personas están desarmadas, es decir, se hallan más vulnerables que en otras áreas donde no rige esa ley de la era Bush. Por eso desde los 90 no ha dejado de haber voces que señalan que las zonas libres de armas en EEUU son trampas mortales para sus hijos. De hecho, cuando nos vemos asaltados por un criminal, ¿qué es lo primero que intentamos hacer? Llamar a la policía para que las personas que sí están armadas nos protejan. Imaginemos que, en su lugar, hubiera un cartel donde dijera por ejemplo ‘Personal escolar armado preparado para defender a los escolares’. En realidad no tenemos que imaginar mucho, pues precisamente tras la tragedia de Sandy Hook hubo una respuesta inmediata en el distrito escolar de Harrold en Texas: desde ahora se permite a los profesores y maestros ir armados para proteger a sus estudiantes. Uno pensará que la solución rápida y realmente eficaz es prohibir a todos las armas. Qué mejor que nadie lleve, y así nadie necesitará defenderse. El problema es que la ley la cumplen los inocentes, no los criminales. El propio Adam Lanza, asesino en Sandy Hook, se hizo ilegalmente con el arma que empleó, lo cual no es inhabitual incluso en EEUU. Los criminales se caracterizan por saltarse la ley, los inocentes por cumplirla. El propio director de la escuela de Connecticut murió porque no tenía con qué defenderse de Lanza, porque como inocente cumplió la ley antiarmas.

No deja de ser llamativo que los americanos protejan sus bancos, aeropuertos, el Congreso y la Casa Blanca, estadios deportivos… no sólo con agentes armados sino permitiendo que los inocentes vayan armados. Tras los atentados del 11-S, existen programas para entrenar a pilotos armados para protegerse a sí mismos y a su tripulación. Sin embargo, cuando hablamos de los más inocentes y vulnerables, los niños, se desarma por ley a sus adultos. Preguntémonos por qué parecen las zonas escolares el lugar favorito de los criminales en EEUU.

El uso defensivo de las armas

En los debates públicos que inevitablemente surgen ante estas tragedias suelen eludirse los usos y aplicaciones que tiene o puede tener un arma; aparte de fines recreativos y caza, las armas pueden tener en lógica dos potenciales usos: bien agresivo, bien defensivo. En el mismo EEUU, la posibilidad de poseer un arma ha prevenido y evitado de forma documentada importantes masacres. Dado que sería interminable la lista de estos casos, he aquí sólo algunos:

  • Es el caso del instituto Pearl en Mississippi en 1997, donde tras asesinar a dos estudiantes con un arma, el asesino fue abatido por el ayudante del director (armado porque oficialmente era personal del ejército), evitando una masacre mayor.
  • En 1999 en Santa Clara, California, el empleado de una tienda de armas consiguió abatir a un asesino que llegó gritando que iba acabar con todos los allí presentes, y en cuyo coche se encontró posteriormente una lista de personas que quería matar.
  • En 2007, una masacre se cernía sobre una iglesia en Colorado Springs; gracias a la acción de un miembro armado de la congregación, se redujo al criminal.
  • En 1991 en Aniston, Alabama, un cliente armado en una cafetería y escondido bajo una mesa consiguió frenar a dos asesinos dispuestos a acabar con toda persona que encontraran.
  • En 2009, en Virginia, un asesino dispuesto a todo en el Golden Food Market fue abatido por una persona armada.

He aquí una recopilación, si no de todas, sí de la mayoría de casos en EEUU sólo entre abril de 2000 y agosto de 2002, y que los medios apenas mencionan, en los que la posesión de armas por los inocentes evitó crímenes e incluso grandes masacres. Según un estudio de mediados de los 90 de criminólogos de la Universidad de Florida, en EEUU se emplea cada 13 segundos un arma con fines defensivos. En dicho estudio nacional, un 15,7% de entrevistados consideró que con su arma defensiva previnieron ‘casi con total certeza’ una o más muertes, y un 14,2% consideró que previnieron ‘con probabilidad’ una o más muertes. La disyuntiva no parece entonces si todos los civiles pueden armarse o no, sino si los inocentes pueden armarse o no. Desarmándoles, se marginan los usos defensivos de las armas.

Por suerte o desgracia, y no deja de ser lógico, las masacres evitadas no suelen tener la difusión mediática que tienen las lamentablemente consumadas. Aunque muchos asumen con todo su supuesto sentido común que la limitación de armas entre la población reduce la criminalidad y agresiones, la cuestión probablemente no sea tan simple. Por ejemplo, entre 2006 y 2011 la venta de armas en el estado de Virginia aumentó nada menos que un 74%. Ese mismo período en ese mismo estado coincidió con una reducción del 24% de crímenes con armas: los sucesos con armas de por medio pasaron de 23.431 en 2006 a 18.191 en 2011 en Virginia. Thomas Baker, profesor de criminología de la Universidad de Virginia, asegura que más ciudadanos armados no significa más crímenes o violencia.

¿Todos los políticos que abogan por un severo control de armas, como el alcalde de Nueva York, prescindirían por completo de su servicio armado de guardias y guardaespaldas si tal medida entrara en vigor, dado que según su creencia así no habría ningún criminal armado?

Y aunque suene de Perogrullo, no debemos olvidar que quienes agreden y asesinan son las personas, no los objetos. Pocos días después de la masacre de Connecticut, nos llegaba de China la noticia –muchísimo menos difundida; cosas de la limitación de información desde este país- de que una persona había atacado y agredido a nada menos que 22 niños y 1 adulto a cuchillazos. Armado con un cuchillo, en mayo de 2010 un hombre mató a 7 niños y dos adultos en la provincia china de Shaanxi. Un mes antes, otro hombre con la misma arma acuchilló a 28 estudiantes en la región china de Jiangsu, y otro hizo lo mismo con 16 estudiantes de primaria en otra zona del país. Ello coincidió con una diferencia de días con un asesino que atropelló masivamente a niños con un todoterreno hammer para luego autoinmolarse. Como vemos, los episodios de asesinatos de escolares son en China trágicamente recurrentes, y sin embargo sólo parecemos conocer los que vienen de EEUU. En cualquiera de los casos, quienes mataban no eran los todoterrenos o los cuchillos, sino las personas.

El propio derecho al uso defensivo de las armas es por ejemplo esgrimido por el gran pacifista Mahatma Gandhi en múltiples textos suyos como "Entre la cobardía y la violencia", "La doctrina de la espada" o su "Autobiografía". Así, decía: "prefiero una India que resista con las armas para defender su honor a que permanezca cobarde como testigo impotente de su propia deshonra", o "cuando la violencia aparece como autodefensa o en defensa de los desvalidos, ésta es un acto de valor mucho mayor que la cobarde sumisión", o "la autodefensa es el único curso honorable si no estamos dispuestos a la autoinmolación".

Suiza, Australia y las estadísticas mundiales

Paradigmático es el caso de Suiza. El país alpino tiene una de las poblaciones civiles más armadas del mundo; en un país con cerca de 6 millones de habitantes hay más de 2 millones de armas entre los civiles. Tanto es así que la cultura de las armas, plasmada en su célebre Competición Anual de Puntería, está fuertemente ligada a Suiza. Como afirma el sociólogo de la Universidad de Zurich Mark Eisenecker, aumentar el control de armas no es algo que nadie se plantee en Suiza. De hecho, apenas hay limitación a la posesión de armas en los edificios públicos suizos y los políticos no suelen llevar escoltas porque van ellos mismos armados. Lo relevante de todo esto es que Suiza es uno de los países más pacíficos del mundo y con menores índices de criminalidad y violencia. En el propio contexto internacional, Suiza es popular por ser un país militarmente neutral, pacífico y no alineado.

Siguiendo aquel supuesto sentido común de que limitar la posesión de armas reduce los crímenes, resulta ineludible tomar el caso de Australia. En 1996, tras la masacre australiana de Port Arthur, todos los políticos se pusieron de acuerdo en decretar una severa prohibición a la posesión de armas. Una ley que pasó por destruir 640.381 armas personales con un coste nada despreciable de 500 millones de dólares para los contribuyentes. ¿Y qué sucedió? Con los datos en la mano, 12 meses después de entrar en vigor esta ley los homicidios aumentaron un 3,2%, los asaltos a la propiedad privada un 8,6%, y los robos con armas un escalofriante 44%. Sólo los homicidios con armas habían aumentado en el estado australiano de Victoria un dramático 300% en ese año. Lo más irónico del asunto es que hubo una marcha atrás en la tendencia de los 20 años precedentes de reducción la criminalidad australiana. ¿Qué sucedió? Varias cosas. En primer lugar, los criminales sabían perfectamente que se había desarmado a la población civil: no serían respondidos por sus víctimas en caso de ser atacadas. Y dado que el gobierno australiano había pasado a la ilegalidad la posesión y el comercio de armas, floreció un importante mercado negro dirigido ahora no por tenderos y empresarios bajo el imperio de la ley sino por quien sabe mejor salirse de la ley: los criminales. Por eso, entre 1997 y 1999, el 90% de homicidios con armas de fuego fue con armas ilegales. Igual que sucede con las drogas o en su día con el alcohol, cuando el gobierno ilegaliza un bien, éste pasa a quedar fuera de control legal (lo que en el alcohol y las drogas significó y significa sustancias más peligrosas) y su producción y distribución pasa de personas pacíficas en un mercado libre a los expertos en saltarse la ley (los criminales) en un mercado negro.

Aparte de Australia, podemos también tomar el caso histórico de Reino Unido, que pasó en 1997 de un régimen bastante abierto de posesión de armas a uno severamente restrictivo. Y no sucedió algo distinto de Australia: los índices de criminalidad aumentaron. Tanto que se estima que en 2007 había el cuádruple de asesinatos y agresiones con armas que diez años antes en Reino Unido. A decir verdad, si uno se acerca a los principales criminólogos, historiadores y economistas analistas de los controles de armas a lo largo de las épocas y regiones, como John Lott, Bill Landes, Gary Kleck, James Wright, Peter Rossi, Taylor Buckner, David Kopel, Don Kates, Gary Mauser, Colin Greenwood o Joyce Malcolm la conclusión constante que encontraremos es que los estrictos controles de armas son ampliamente inefectivos –aunque en algunos casos se reducen ciertos tipos de crímenes, siempre hay otros que aumentan casi tanto o más-. Algunos de ellos, inicialmente favorables al control de armas, cambiaron honestamente de opinión abrumados por sus conclusiones científicas. Por ejemplo, en un pormenorizado estudio de John Lott y Bill Landes que pretendía analizar el impacto de la liberalización en la posesión de determinadas armas de fuego en los diversos estados norteamericanos de 1977 a 1999, se halló que en promedio esta medida había reducido un 78% los crímenes en áreas públicas con víctimas múltiples. A quien le fascinen los estudios estadísticos, en este campo es una referencia la obra "More Guns, Less Crime. Understanding Crime and Gun Control Laws" de John Lott, un prolijo estudio estadístico sobre criminalidad y controles de armas de 1977 a 2005 en EEUU estado por estado e incluso condado por condado.

Si tomamos los datos a nivel mundial, a pesar de que EEUU es muy de lejos el país con mayor posesión de armas per cápita (un 88% de ciudadanos, mientras el siguiente país tiene un 54%), hay muchos países por delante en tasas de criminalidad y violencia. Es el caso de México, Sudáfrica, Honduras, El Salvador, Jamaica, Argentina… Por ejemplo, Colombia tiene 10 veces más homicidios con armas per cápita que EEUU, y Venezuela hasta 15 veces más. Sudáfrica tiene una tasa unas 7 veces inferior de posesión de armas per cápita que EEUU, y sin embargo tiene el quíntuple de tasa de homicidios con armas per cápita. Por qué sin embargo suele creerse que EEUU tiene un récord que está lejos de tener en tasa de criminalidad puede bien deberse a que todos los hechos que allí suceden tienen una difusión mundial muy superior a cualquier otro país del mundo. Un crimen en Los Ángeles, por suerte o desgracia, tiene un muy superior impacto mundial que uno en San Petersburgo o Bogotá. Aparte de Suiza, también encontramos otras poblaciones con alto nivel de posesión de armas y bajos índices de criminalidad: son los casos por ejemplo de Nueva Zelanda y Finlandia. 


Este es el primer comentario de una serie de dos sobre las masacres escolares y la cultura farmacológica en EEUU.

Qué alegría que sube la Bolsa

En estos días de alegría y felicidad, cuando los cristianos celebramos el nacimiento del Señor, me parece adecuado referirme a otras alegrías, de mucho menor fundamento.

Como bien sabemos todos, las subidas de la Bolsa son generalmente recibidas con alborozo por analistas, ciudadanos y medios de comunicación. Parece que si la Bolsa sube es bueno para la sociedad, lo contrario que si la Bolsa baja. Se ve, por tanto, ético y moral comprar acciones en Bolsa pensando que van a subir, y no se acaba de entender y se sospecha de quien se pone "corto" porque cree que la Bolsa va a bajar. La Bolsa crece "en positivo", mientras que cuando pierde se pone "en números rojos".

La cuestión que hoy se plantea es muy sencilla: ¿tiene fundamento tal alegría?, ¿es realmente bueno para la sociedad que la Bolsa suba?

Ya se ha explicado en otra ocasión qué es una Bolsa y sobre todo el importante papel que desempeñan los mercados bursátiles en la sociedad actual. Baste aquí recordar que la Bolsa, si funciona sin interferencias gubernamentales, es un mecanismo extremadamente eficiente para canalizar recursos hacia aquellos sectores económicos y empresas que mejor satisfacen las necesidades de los individuos. En suma, para que los recursos escasos lleguen allá donde la sociedad quiere que estén.

A la vista de esto, es relativamente fácil interpretar lo que significa una subida o una bajada de la Bolsa. Si sube, significa que hay que canalizar más recursos a las actividades de las empresas que cotizan en Bolsa; si baja, lo contrario. ¿Es esto bueno para la sociedad?

En mi opinión, a la sociedad le da igual. Obviamente, es bueno para los tenedores de acciones de las empresas que suben, así como para sus trabajadores o para los propietarios de recursos utilizados en el sector. Pero puede ser malo para todas aquellas actividades que ven amenazados sus recursos como consecuencia de que las empresas cotizadas van a tener mejor acceso a ellos.

Alguien se puede plantear que si la Bolsa sube es que todas las empresas suben, y entonces no hay aparentes perjudicados.

Pero lo cierto es que no todas las empresas del mundo cotizan en Bolsa, ni todos los sectores están representados en ella. Por tanto, que la Bolsa suba significa que las actividades que están cotizadas en ella, de todas las actividades económicas, han pasado a ser más valoradas por la sociedad que antes. Sin embargo, no nos dice nada de las restantes empresas y actividades.

Adicionalmente, cuando los periodistas se alborozan por tales ascensos, ni siquiera están mirando al índice agregado global. Normalmente, se refieren a indicadores de resumen, como en España lo constituye el IBEX 35. Pues bien, estos índices suelen conformarse con las empresas mayores de entre las que cotizan en la Bolsa. En el caso de España, por ejemplo, el IBEX 35 está formado por empresas como Telefónica, Santander, Endesa, Inditex o FCC. Así que cuando nos alegramos de que la Bolsa sube, en realidad nos estamos alegrando de que las empresas más grandes de España se hagan aún más grandes.

Curiosamente, algo que en otro contexto nos parece fatal, pues supuestamente les dará más poder de mercado. O sea, si estas empresas capturan cuota de mercado, nos parece mal porque pueden tener poder de mercado, pero si suben en Bolsa, nos parece fantástico. 

En resumen, que no hay nada intrínsecamente positivo para la sociedad en que la Bolsa suba, ni nada malo si baja. Es como el semáforo: un mecanismo de coordinación. ¿Se imaginan que un grupo de gente se pusiera en un cruce, y festejara con aspavientos cuando el semáforo se pusiera en verde, y le abucheara sin miramientos cuando pasara al rojo?

Pues eso. A la sociedad ni le beneficia ni le perjudica que suba o baje la Bolsa, como no le beneficia ni perjudica que se ponga en verde o en rojo el semáforo. Lo único que beneficia a la sociedad es que la Bolsa, como el semáforo, funcione, no el color que tenga.

Desgraciadamente, esos políticos que no se ven técnicamente preparados para jugar con los relés del semáforo, sí se creen en condiciones de alterar el funcionamiento de la Bolsa (por ejemplo, con las prohibiciones de los "cortos"), con las nefastas consecuencias que ello puede acarrear.

¿O quizá debería ver el vaso medio lleno? Quizá lo afortunado es que los políticos no se ven técnicamente preparados para tocar los relés del semáforo como sí hacen con el funcionamiento de la Bolsa, y así nos ahorramos cruces perpetuamente accidentados.

Que pasen unas felices Navidades.

Hacia un régimen tributario populista del miedo

El ministro Cristóbal Montoro ha amenazado con publicar listas con los nombres de grandes defraudadores. Por supuesto, no han faltado voces, tanto en la derecha como en la izquierda, que se han mostrado partidarias de la medida. Ha habido incluso quien ha dicho que “tengo derecho a saber quién me debe dinero”. El autor de dicha frase se ha tragado esa idea que nos vendían hace años en un anuncio gubernamental de que “Hacienda somos todos”, cuando no es así.

La Agencia Tributaria es el organismo recaudador que nos esquilma a todos para alimentar económicamente a un Estado sobredimensionado que tampoco somos todos, aunque se imponga sobre todos los ciudadanos. Si al final Montoro, con el visto bueno de Rajoy, cumple su amenaza de sacar esas listas, no lo hará por el inexistente derecho de los demás ciudadanos a saber quién les debe un dinero que a ellos no les es adeudado. Lo hará para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado mediante la imposición de un régimen tributario de corte populista basado en la extensión del miedo a la “ira popular”.

De hecho, ese sistema ya está funcionando con la entrada de los funcionarios de Hacienda, en plan ‘Los intocables de Eliot Ness’, en restaurantes en plena hora de comida para embargar todo lo embargable. Se busca el efectismo mediático con el fin de infundir en los potenciales defraudadores el pavor a sufrir la vergüenza pública.

En el caso de que se pudiera incluir a alguien en el listado de Montoro incluso antes de que hubiera concluido la preceptiva investigación y se hubiera aprobado una sanción, los allí señalados quedarían condenados ante la opinión pública incluso aunque después se demostrara su total inocencia. Si, por el contrario, se incluye tan sólo a quienes ya han sido sancionados o condenados (en caso de que hubiera delito), se estaría imponiendo un doble castigo que no se admite en otros casos.

¿Publica el Gobierno listas de los condenados, por ejemplo, por robos contra la propiedad privada o por otro tipo de delitos? En absoluto. Es más, cuando ha habido alguna propuesta referida a delitos especialmente repugnantes, como la violencia sexual, se ha vetado con el argumento de que el reo quedaría marcado incluso después de cumplir su pena. No existe motivo alguno para que con los defraudadores sea diferente. No al menos para aquellos que no piensan en cosa distinta que aumentar los ingresos del Estado a costa de los ciudadanos y sus derechos básicos.

Las listas de Montoro tienen, además, un peligro añadido. Ofrecerían una información privilegiada para las organizaciones de criminales que buscaran personas a las que secuestrar para pedir un abultado rescate. Los potenciales secuestradores pensarán, con lógica, que quienes aparecen en el listado tienen mucho dinero. La seguridad de muchas personas correría un mayor peligro tan sólo para que el ministro de Hacienda sienta que está haciendo algo por ingresar más dinero.

El Estado cruza muchos límites a la hora de poner en marcha su maquinaria recaudatoria. Pensemos que, en España, la Policía necesita una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de aquellos a los que investiga, mientras que Hacienda puede fisgar en ellas sin problema ni límite alguno. Eso ya es excesivo, pero los listados serían un paso especialmente grave. Constatarían la imposición de un régimen tributario basado en el miedo del que sería difícil salir.

Y que nadie se llame a engaño. Empezaría poniéndose en esas listas de la vergüenza a los grandes defraudadores, pero terminarían figurando en ellas quienes algún día olvidaran pagar unos pocos euros de alguno de los muchos tributos con los que nos esquilman. Nadie, excepto los políticos que controlan la maquinaria, quedaría a salvo.

El miedo a la libertad (II)

El filósofo Karl Popper señalaba la perversa influencia de las ideas platónicas en su libro La Sociedad Abierta y sus enemigos (Popper, K.: 2010 [1945], pp. 247-250), porque subyacen detrás de la eterna rebelión de las ideologías “colectivistas” en contra de la libertad y la razón individuales y, entre otros motivos, porque fueron el germen del renacimiento en el siglo XIX del tribalismo romántico por medio de la obra filosófica hegeliana que enseñaba a adorar al Estado, la historia y la nación.

En su lucha contra la sociedad abierta, el platonismo de Hegel emplea expresiones categóricas y totalitarias como, por ejemplo, que: “lo Universal ha de hallarse en el Estado”“el Estado es la marcha de Dios a través del mundo”, o bien “el Estado es la Divina Idea tal como existe sobre la Tierra,…por consiguiente debemos de adorar el Estado en su carácter de manifestación de la divinidad sobre la Tierra”.

Popper señalaba cómo algunos pocos intelectuales sí advertían entonces de los peligros de las filosofías colectivistas como, Schopenhauer, cuando indicaba como “los gobiernos convierten la filosofía en un medio para servir a los intereses estatales y las personas hacen de ella una mercancía…”.

En el anterior comentario, Miedo a la Libertad (I), se señalaba cómo es importante analizar, desde el individualismo metodológico, los mecanismos psicológicos que explican la paradoja de la libertad, es decir, cómo muchos ciudadanos rehúyen su propia responsabilidad individual y se echan en brazos de la utopía que vende la casta política.

Vimos cómo el psicoanalista Erich Fromm analizó en su libro El Miedo a la Libertad los patrones de comportamiento en el nacional-socialismo. Sin embargo, también, analizó las ideas de Adolf Hitler, cuando lanzaba mensajes desde el resentimiento y el odio durante la crisis económica y financiera que desató la Gran Depresión de 1929.

La mayoría de la población de Alemania se sentía amenazada por la hiperinflación en los años 30, por la pérdida de su poder adquisitivo y por el paulatino empobrecimiento de las familias, por lo que gran parte de los alemanes se identificaron emocional y socialmente con el discurso hegeliano (totalitario y colectivista) de Hitler.

El nazismo nunca poseyó principios económicos ni políticos, sólo vendió promesas y utopías intervencionistas para alcanzar el poder, con su líder como “Mesías” y “salvador” de la crisis económica en Alemania y con los negocios de la población judía, los grandes almacenes, la banca y las naciones extranjeras como los chivos “expiatorios” a los que culpar de todos los males de Alemania.

Aquellos burgueses y militares que, sin moral ni principios éticos, apoyaron las ideas, la legislación, los actos administrativos y los delitos de lesa humanidad de los nazis, lograban dinero y poder que, en condiciones normales, no podían obtener:

“Los que no llegaron a ser miembros de la organización partidaria nazi, obtuvieron los empleos quitados a los judíos y a los enemigos políticos; y en cuanto al resto, si bien no consiguió más <<pan>>. Ciertamente logró más <<circo>>. La satisfacción emocional derivada de estos espectáculos sádicos y de una ideología que le otorgaba un sentimiento de superioridad sobre todo el resto de la humanidad, era suficiente para compensar –durante un tiempo por lo menos – el hecho de que sus vidas hubiesen sido cultural y económicamente empobrecidas.” .”     (Fromm, E.: 2008 [1941], p. 214)

 En la obra de Eric Fromm se analizaba la psicología del nazismo partiendo de los textos de la obra “Mein Kampf” de Adolf Hitler (Fromm, E.: 2008 [1941], pp. 202-230) y se diseccionaba la mente de un psicópata, identificando su anhelo sádico de poder en muchas expresiones como, por ejemplo, cuando afirmaba:

 “Lo que ellas [las masas] quieren es la victoria del más fuerte y el aniquilamiento o la rendición incondicional del más débil”.

 “En verdad la idea humanitaria pacifista es quizás completamente buena siempre que el hombre de más valor haya previamente conquistado y dominado al mundo hasta el punto de haberse transformado en el único dueño del mundo”

Por otro lado, Fromm señalaba cómo el propio sádico, Hitler, explicaba el anhelo de sumisión de los individuos que concurren a un mitin de masas (o que, posteriormente, someten su personalidad al servicio de una organización totalitaria o del Estado nacional-socialista), cuando señalaba:

“El mitin de masas es necesario, al menos para que el individuo, que al adherirse a un nuevo movimiento se siente solo y puede sentirse aislado, adquiera por primera vez la visión de una comunidad más grande, es decir, de algo que en muchos produce un efecto fortificante y alentador,…él mismo deberá sucumbir a los que llamamos sugestión de masa”.

Por supuesto, Hitler mostraba claramente los objetivos nacional-socialistas de dominación de los ciudadanos mediante la educación del pueblo:

“En el Estado del pueblo la visión popular de la vida ha logrado por fin realizar esa noble era en la que los hombres ponen su cuidado no ya en la mejor crianza de perros, caballos y gatos, sino en la educación de la humanidad misma, una época en la que algunos renuncian en silencio y con plena conciencia y otros dan y se sacrifican de buen grado”.

Obviamente, el régimen nazi y Alemania se mostraban siempre como inocentes y los adversarios políticos y los países “enemigos” eran los “sádicos”. También era patente el uso del historicismo para alimentar el rencor y el odio y “guiar” los sentimientos de los ciudadanos en favor de  los dirigentes nacional-socialistas:

“Si en su desarrollo histórico el pueblo alemán hubiese disfrutado de aquella misma unidad social que caracterizó a otros pueblos, entonces el Reich alemán sería hoy, con toda probabilidad, el dueño del mundo”

En la siguiente entrega, comprobaremos cómo el “corpus” ideológico del nacional-socialismo de la Alemania de los años 30, tienen una gran similitud con las ideas centrales del nacional-separatismo.

 Como indicaba Hayek en su obra Camino de Servidumbre hasta las personas más preparadas intelectualmente sucumben ante un aparato mediático omnipresente y ante el empleo del presupuesto público del Estado al servicio de fuerzas colectivas como la “raza”, el “pueblo”, la “lengua”, la “cultura” o la “nación” superiores a otras, supuestamente más débiles:

“Ni las personas más inteligentes e independientes pueden escapar por entero a aquella influencia si quedan por mucho tiempo aisladas de todas las demás fuentes informativas…

 “Todo el aparato [colectivista] para difundir conocimientos: las escuelas y la prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones.”

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El día que España sea expulsada del euro

¿Salir o no salir del euro? He aquí el dilema que muchos se plantean. Un dilema que algunos resuelven demasiado rápido. Por un lado están los amantes románticos del euro y del proyecto de los Estados Unidos de Europa, que formarían parte de la moneda única en cualquier circunstancia y escenario. Por el otro están los que señalan al euro como la causa de nuestros males actuales, principalmente porque hemos perdido el control de la política monetaria.

Pero ahora el dilema no es ese. Dada la situación extrema de la economía española, la cuestión se transforma en: ¿ser expulsados o no del euro?

Creo que el debate debe centrarse en el análisis de la situación que nos encontraríamos en el momento de ser expulsados, y si este escenario es mejor que lo que tendríamos estando dentro de la moneda única. Es decir, en qué contexto tendríamos un mejor bienestar y a una mayor libertad tanto a corto como a medio plazo.

En este sentido, creo que lo que conviene a España es no ser expulsada del euro. Básicamente porque nos encontraríamos con total seguridad en el escenario que expongo a continuación.

Déficit irresoluble.

 

Primeramente, la expulsión significaría que España está quebrada sin remedio. Es decir, que presentaría un déficit crónico y sistemático que no ha podido ser resuelto. ¿Motivo principal? La tremenda burbuja de gasto público no habría sido debidamente corregida y pinchada.

El estado seguiría sobredimensionado, pensando en recuperar inútilmente el nivel de ingresos que existía durante la burbuja productiva en lugar de flexibilizar el gasto a la nueva situación de ingresos, es decir, disminuir el gasto a niveles de 2001-2002.

Ya sabemos que el déficit de 2008 a 2012 ascenderá a 440.000 millones de euros, teniendo en cuenta que para 2012 se estima que el desequilibrio sea parecido al del 2011, es decir, unos 90.000 millones de euros. Pues bien, en un escenario en el que España fuera expulsada del euro, es de suponer que estos déficits del 9-10% se seguirían dando con total seguridad, por lo que si la expulsión se hiciera efectiva, dentro de 2 años, el déficit acumulado en ese momento sería de unos 600.000 millones de euros.

La tragedia española proviene de no poder cuadrar los presupuestos, y abandonar el euro no cambiaría esta situación, sino que la agravaría como veremos a continuación.

Fin de la posibilidad de financiarse en los mercados.

Como es lógico, la expulsión conllevaría fuertes pérdidas a nuestros acreedores. Ciertamente, si España fuese expulsada del euro sería, entre otras cosas, por no poder hacer frente a sus obligaciones y deudas de ninguna manera.

Lo cual provocaría que nuestro flujo de financiación exterior fuese nulo. Es decir, podemos despedirnos de cualquier financiación de los mercados en los próximos 25 años. Nadie arriesgaría ni un euro en un país que no cumple mínimamente los ratios de solvencia y liquidez exigibles.

Esto deberían tenerlo muy presente los adalides del impago de la deuda por considerarla "ilegítima". No solamente porque es una postura antidemocrática (la deuda se contrajo en democracia y ellos estaban totalmente de acuerdo) y contraria al Estado de Derecho (los contratos deben cumplirse moral, ética y jurídicamente), sino porque además provocaría la imposibilidad de acceder a financiación futura en el mercado.

Pero la situación sería más adversa todavía, ya que los impagos del Estado afectarían también a los agentes privados, principalmente empresas, que el día después de ser expulsados del euro verían sus calificaciones rebajadas automáticamente y, por tanto, aumentarían notablemente sus dificultades para financiarse y acceder al crédito. Todo ello sería la puntilla a la moribunda actividad económica española que también tardaría unos cuantos lustros en recuperarse (siendo muy optimistas).

 

Devaluación.

Llegados a este punto tendríamos: déficit crónico no solucionable, imposibilidad de financiación exterior y nula actividad económica. A nuestros irresponsables políticos, que han vivido despilfarrando vía deuda, sólo les quedaría una salida: devaluación de la nueva moneda entre un 30 y un 40% para hacer frente al enorme y desproporcionado gasto estatal.

De esta manera se sufragarían los déficits vía inflación, que no deja de ser un impuesto camuflado. Todos los tenedores de la nueva moneda sufrirían una quita del 40%. Este nuevo control de la política monetaria significaría un saqueo al patrimonio de ahorradores, trabajadores (por la caída de los salarios reales) y acreedores. Todo ello sin efectuar las reformas estructurales necesarias, por lo que otra ronda de devaluaciones no tardaría en llegar.

Recortes.

Además de la comentada pérdida generalizada del 40% del valor de la moneda, hay que sumarle el impacto sobre los "derechos sociales" y el Estado del Bienestar. Es curioso cómo algunos intelectuales y políticos animan a impagar "la deuda odiosa" para proteger la sanidad y las pensiones. Están muy alejados de la realidad, ya que el día después de impagar la deuda y ser expulsados del euro la Seguridad Social y la hucha de las Pensiones quebrarían inmediatamente. Sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo de Reserva ya está invertido en más de un 90% en deuda soberana.

Pérdida de valor.

Un país con una economía muerta como sería la española ahuyentaría en estampida a los creadores de valor, que son el verdadero motor de la economía y las sociedades prósperas. Cualquier agente, ya sea particular o empresa que fuese capaz de aportar valor se acabaría yendo. O lo que es lo mismo, otro país lo acabaría captando. Los países líderes y desarrollados compiten por cualquier factor que genere valor. De esta manera España sería menos competitiva, menos productiva y menos innovadora.

Aumento del intervencionismo político.

La sociedad, inmersa en dificultades económicas y sociales, se volvería más dependiente del Estado, esperando que éste encauzase sus vidas, solucionase sus problemas y erradicase la inevitable incertidumbre del futuro. Esto es el caldo de cultivo del auge y la posible llegada al poder de partidos más extremistas y populistas, tanto de izquierdas como de derechas, que prometen un futuro mejor a base de políticas más intervencionistas, reguladoras y proteccionistas. Esto convertiría al país en un entorno institucional muy poco atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Por estas razones considero que España debe hacer lo posible para no ser expulsada del euro. Posiblemente no debimos de haber entrado y quizás debamos abandonar en el futuro la moneda única. Pero al menos de momento, mientras existan otros países que sean notablemente más rigurosos y prudentes presupuestariamente y con más criterio en política económica, conviene quedarse adentro.

@jmorillobentue

El mal empresario

Dicen que el capitalismo está terminando con el Estado del Bienestar, que los bancos han arruinado a la gente y que los empresarios explotan a sus trabajadores. Afirmaciones que no se sostienen si examinamos el paraíso socialdemócrata en el que vivimos donde no hay actividad económica que no esté regulada por el Estado ni un solo banco que haya actuado al margen del sistema de bancos centrales. Los empresarios no son ajenos al sistema, y cuando no hacen negocios gracias a una concesión administrativa reciben una hermosa subvención para atender este o aquel bien público. Todo sea por garantizar los "derechos" o el "interés general". Vivimos en un país en el que los políticos han decidido hasta los partidos de fútbol que deben verse en abierto entrometiéndose en la explotación legítima de este entretenimiento televisado.

Miren a su alrededor y piensen en un sector en el que la actividad empresarial no dependa directa o indirectamente del Estado. De las escuelas concertadas pasando por los medios de comunicación que reciben campañas publicitarias públicas hasta las fundaciones "liberales" que se financian a través del Presupuesto General del Estado, resulta casi imposible encontrar en España a alguien que se haya hecho a sí mismo sin la ayuda del Estado. El capitalismo es todo lo contrario a lo que hemos padecido, así que deberíamos ser más cuidadosos a la hora de encontrar culpables.

No es posible abrir o mantener una empresa sin verdaderos intérpretes de la burocracia que permitan poner y mantener en orden todos los papeles que en no pocos casos sirven para pagar altos impuestos. Una alta presión fiscal que no solo promueve el fraude sino que directamente desincentiva el trabajo ya que muchas veces se da la paradoja de que con menor esfuerzo los ingresos netos son mayores. Y a nadie le gusta deslomarse para que el ministro recaudador de turno expropie parte de la riqueza que generamos para repartirla a diferentes fines. No es una cuestión de que el Estado gaste mejor sino de que gaste menos, de que permita que la sociedad provea los servicios que en riguroso y quebrado monopolio se ha otorgado lo público. Los mercados regulados son infinidad y si empezamos a recapitular los sectores que funcionan a través de concesiones no terminaríamos nunca, del espacio radioeléctrico a los taxis. No solo en una administración sino en varias, de la local hasta la europea. También dicen que quieren (todavía) más Europa y alguno amenaza con crear instancias mundiales; el protocolo de Kyoto como ejemplo y la factura eléctrica que pagamos, mes a mes más cara, como síntoma.

Los empresarios que han podido sortear todas estas barreras de entrada merecen ser reconocidos como verdaderos héroes. Adelantarse a las necesidades futuras del mercado ya es meritorio, pero hacerlo cuando la seguridad de la concesión o el calor de la subvención acarician la cuenta corriente requiere mayor reconocimiento. Sobre estos emprendedores es sobre quienes debemos volcar nuestras esperanzas, y no en los políticos. El mal empresario es el Estado, que exprime a los contribuyentes antes que recortar los privilegios de aquellos que beben del maná público. Defender el Estado y los llamados "derechos consolidados" equivale a defender el sistema de castas y privilegios con el que hemos cargado hasta ahora. El Estado es el problema, y el capitalismo la solución.

La izquierda y el nacionalismo en España

En España hay una confluencia política entre la izquierda y los nacionalismos. Mirado desde un punto de vista liberal, parece en cierto modo lógico porque son dos colectivismos. Y ese motivo no está ausente en esa alianza. Pero hay más razones para ello.

En principio, izquierda y nacionalismo son dos mundos ideológicos distintos. La base de partida de la izquierda, incluso la que se erige sobre las ruinas del socialismo real, es la clase social, mientras que la del nacionalismo es la nación. Pero si profundizamos un poco más, esas diferencias, que parecen muy claras, empiezan a borrarse y, en ocasiones, parecen incluso desaparecer.

Comencemos por decir, muy sucintamente, qué es la izquierda. Es una ideología que se plantea cómo debe ser una sociedad ideal. Traza las líneas de una sociedad perfectamente justa y próspera. Como la realidad no se acomoda a ese ideal, la izquierda es muy crítica con la realidad y con las instituciones tradicionales. Las ve como anclas que se oponen al avance necesario hacia esa sociedad perfecta, y por eso se plantea destruirlas para, una vez liberada de esos frenos, llevar a la sociedad hacia aquel ideal. Hay una institución, empero, que no sólo no critica sino que utiliza por su enorme poder coercitivo, que es el Estado.

El nacionalismo es también una ideología que tiene como base y como objetivo la nación, un concepto moderno y totalizante del país. Ese concepto es moderno y tanto él como el nacionalismo son un subproducto de la Revolución Francesa. Esa nación no se presenta simplemente como una realidad histórica, sino como encarnación de ciertos ideales que supuestamente siempre han acompañado al pueblo, y que suelen confluir en la homogeneidad, un poder total del Estado, y una independencia del mismo frente al resto de Estados. La superación del individuo por una colectividad que, bien dirigida, es muchísimo más poderosa. Y la confluencia de un conjunto de objetivos comunes en manos de los líderes políticos.

Como esa ideología no encaja bien con la historia del propio país (no puede ser así dado que la realidad es siempre más variada y rica), el nacionalismo tiende a rescribir el pasado. Ocurrió con el nacionalismo alemán de los años 30 y en España ocurre lo mismo. Y esa identificación de la visión del país y de los objetivos comunes impuestos con el propio país hace que haya ciudadanos virtuosos, que se identifican con ese movimiento, y otros que son indignos, porque no los comparten.

Vamos a ver ahora el caso de España. Comencemos por el nacionalismo. En nuestro país, es separatista. No ha habido, propiamente, un nacionalismo español. Y es así porque en nuestro país no serviría ningún propósito; España no ha tenido que luchar por afirmarse frente a otro país, su realidad histórica está fuera de toda duda. Y lo propio de la defensa de la unidad de España no es el nacionalismo, sino el patriotismo. No son lo mismo. La patria es un concepto histórico, compatible con la diversidad, con la asunción de éxitos pero también de fracasos comunes, y compatible también con la libertad de los ciudadanos. No trasciende a unos ideales ulteriores, como es el nacionalismo. En España, tiene un relato de nuestra historia negativo y victimista.

Sobre la izquierda en nuestro país diremos ahora poco. Se introduce en España, vía Francia, en las Cortes de Cádiz. También tiene una idea muy negativa de nuestra historia. No puede ser de otro modo. El epítome de esta visión es Manuel Azaña, que señala al Ejército y a la Iglesia como ejemplo de esas instituciones que se oponen al avance del país. Se ha señalado que Azaña dijo que su intención con la reforma del Ejército era “triturar” la institución. No hay una prueba fehaciente, pero lo cierto es que bien podría haberlo dicho.

Ya se ve cierto acercamiento entre las dos ideologías tanto en el plano de las ideas como en su implantación en España. Pero vamos a aproximarnos un poco más fijándonos en tres recientes períodos históricos. El primero es la Segunda República.

Los nacionalistas la aceptaron como un paso más hacia sus objetivos secesionistas. Pero al final acabaron por traicionarla. Por lo que se refiere a la Generalidad de Cataluña, durante la revolución de octubre de 1934 declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española. En primer lugar, no era una república federal. Y, en segundo lugar, la Generalidad declaraba que Cataluña estaba dentro, como podía declarar lo contrario. Y luego, en la Guerra Civil, fue independiente de hecho, desbordando en el ejercicio del poder los límites del Estatuto, y formando un Ejército propio. Por lo que se refiere al País Vasco, el Lehendakari Aguirre ejerció un poder soberano. Y el 24 de agosto de 1937 traicionó a la II República, entregándose a los nacionales.

El franquismo, grosso modo, es la vuelta de la España tradicional, aunque sea modernizada y estereotipada. Y la izquierda, que ya tenía una visión muy negativa de aquélla, acaba por identificarla con la derecha. Y por su oposición a la derecha acaba por oponerse a la idea de España, o a asumir la crítica a una visión unitaria del país.

Y por último la democracia. Se erige sobre el consenso, por el recuerdo de la guerra civil. Desde el comienzo, la izquierda mostró su comprensión, cuando no su apoyo, al nacionalismo. Pero la izquierda, o más bien el PSOE, que es el partido hegemónico en la izquierda, se ha encontrado con un grave problema político en los últimos años. Su última mayoría absoluta es del año 1989. Las dos últimas mayorías absolutas, de los años 2000 y 2011, son del Partido Popular. Ya no tiene la capacidad de concitar un apoyo tan mayoritario como para gobernar en solitario. Por descontado, esto podría cambiar en el futuro, aunque ese cambio está aún lejano. Necesitan aliarse con los nacionalistas para ejercer el poder.

Desde el punto de vista político, el problema de la libertad en España ya no es la izquierda, que no tiene ningún aprecio por ella. Es el nacionalismo, que en un contexto histórico diferente podría ser un aliado del liberalismo. Y es el partido hegemónico en la derecha, que sólo defiende la libertad en los discursos. Pero la alianza entre la izquierda y el nacionalismo sí es relevante para el futuro de la libertad en nuestro país.

El conocimiento en la estructura productiva

El conocimiento es una dimensión importante y compleja de la estructura productiva o de capital de la economía. La relación fundamental del conocimiento y la producción –de bienes y servicios- es que el primero está plasmado en los bienes de capital. Por ejemplo, una máquina construida para inyectar plástico a un molde y conseguir una pieza de dicho material encierra el conocimiento combinado de aquellos que diseñaron y materializaron esa estructura física –la máquina- con la capacidad de acometer esa función y propósito -inyectar plástico aun molde-.

Puede decirse que los bienes de capital expresan un conocimiento sobre el proceso productivo y cómo este debe ser llevado a cabo; de tal modo que son capaces de multiplicar la productividad de quien use dicha máquina que no necesita poseer el conocimiento requerido para construirla, solamente su funcionamiento básico. Por ejemplo, un operario que haya decidido no dedicar su vida a la ingeniería industrial o al diseño de máquinas que inyectan plástico puede, con pasos relativamente sencillos, ser capaz de crear piezas de plástico a través de la adecuada máquina.

Además, el propio conocimiento encerrado en los bienes de capital vuelve a combinarse gracias al proceso productivo ordenado por el juicio discerniente del empresario, que organiza los recursos productivos conforme a sus planes de producción. En consecuencia, la economía está basada en el conocimiento porque se vale de los bienes de capital (incluyendo las técnicas y modos de usarlos y combinarlos).

Esa combinación de conocimiento y bienes de capital tiene un orden, un sentido, que se conoce como estructura productiva o de capital de una economía. Esta estructura es un aspecto esencial de lo que Hayek denominó el orden extenso de la cooperación humana, pues es el resultado de la tremenda y rica interacción social a través de la cual el conocimiento de muchas personas se combina. Un tipo de esta interacción social es el que se produce en el seno de la institución llamada empresa.

Dentro de esa interacción social del conocimiento encaminada a la producción, hay un tipo de actividad esencial para las economías, y es el esfuerzo creativo por aprender cómo hacer cosas y la plasmación de ese aprendizaje en el diseño de herramientas y productos que puedan ser usados por otros.

Dicho proceso de diseño de las herramientas y productos, que es la plasmación de la especialización del conocimiento, facilita un ahorro de tiempo y costes. Así, los componentes, o módulos, que han de combinarse en el diseño de los bienes de capital son cada vez más especializados y valiosos, de modo que se evitan costosas y prolongadas iteraciones hasta dar con las características apropiadas de los nuevos componentes de los bienes de capital que han de diseñarse –véase la teoría de la modularidad en el diseño de productos-. De hecho, en los procesos de producción modernos no es sencillo separar claramente lo que es producción y lo que es diseño. Los productos evolucionan rápidamente en distintas versiones (los smartphones) conforme los productores van introduciendo continuas mejoras.

Ese conocimiento especializado en el diseño de bienes de capital que serán usados por otras personas va extendiéndose a lo largo de la economía, de la estructura de capital, haciéndola más y más compleja. Una complejidad que ha de entenderse en su sentido intuitivo, es decir, un sistema (la estructura) en el que se incrementan el número de componentes y el número de interconexiones entre ellos. Esta complejidad hace cada vez más difícil aprehender o concebir –o imaginar- la economía, pero guarda un sentido, un patrón, un orden, una estructura.

La reciente literatura especializada en diseños de producto (Baldwin y Clark, 2000) ha desarrollado lo que la teoría austriaca del capital destaca, de un modo más abstracto, como las conexiones inseparables entre la acumulación del capital y el conocimiento tecnológico (Lachmann, 1956 y Lewin, 1999) o el incremento de la productividad de los métodos indirectos de producción (Böhm-Bawerk, 1888) o, como se ha dicho, el incremento de la complejidad de la estructura del capital (Lachmann, 1956). 

En resumen, detrás de los medios físicos y humanos de la producción, encontramos toda una intrincada estructura de conocimiento plasmada en los bienes de capital y complementada por el conocimiento en cómo éstos deben usarse. Cuanta más especialización del conocimiento a través de la combinación de dichos bienes así como el desarrollo de nuevos productos –su diseño-, más complejidad alcanza una estructura productiva (o como dice Peter Lewin: “the complexification of production”). Y cuanto más compleja es una economía, mayor es su desarrollo y crecimiento, y más intensamente se plasmará el conocimiento en la estructura productiva o de capital.


Este comentario está basado en el excelente y muy recomendable trabajo de Peter Lewin “The capital-based view of the firm”.

Los siete pecados capitales del político común

Soberbia. El político común es, ante todo, un soberbio, un arrogante. Sufre una irrefrenable tendencia a creerse mejor que el común de los mortales. Los de su especie creen que han recibido el mandato divino de organizar la sociedad hasta la asfixia, de regular cada aspecto de la vida privada de sus irresponsables súbditos igual que haría un padre con sus hijos. Consideran sus propios valores y preferencias superiores a las de los demás y sienten la necesidad de imponerlas por la fuerza. Pero la realidad es que el político común no sólo no es más virtuoso que el ciudadano de a pie. Es que incluso si lo fuera, jamás sería capaz de planificar de manera centralizada su pretendido nirvana social. Autores como F. A. Hayek, entre otros, ya demostraron la imposibilidad de organizar la sociedad desde arriba en libros como el titulado, no por casualidad, La fatal arrogancia.

Avaricia. El político común jamás tiene suficiente. Todo ser humano tiende a desear tener más y a ampliar su ámbito de poder. Mientras esa ambición quede limitada por el respeto a la propiedad privada del prójimo, no será tan dañina. El problema llega cuando la codicia se practica con el dinero y las vidas de los demás. Es entonces cuando todos los límites saltan por los aires. El político común no sabe de restricciones, es de naturaleza expansiva. Se dedique a lo que se dedique jamás tiene suficientes recursos. Aún no se ha dado el caso de uno que haya admitido que su actividad pública es prescindible y que por lo tanto hay que sacarla del presupuesto. Todo siempre es poco.

Envidia. Konrad Adenauer afirmó que "hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido". Un partido político es una pirámide humana en la que para ascender no hay que valer más, sino ser el primero en pisar a los demás. Hay que ganarse el favor de los de arriba y empujar a quien se interponga en el camino a la cima del partido. Los que llegan arriba, por tanto, no suelen ser los mejores, sino los más rastreros. Son los que tienen menos escrúpulos y a la vez mayor facilidad para el engaño, la intriga, la maniobra y la traición. Con el político común sucede como con el Gualterio Malatesta de Pérez-Reverte, archienemigo de Alatriste: que estaba "tan acostumbrado a matar por la espalda que cuando por azar lo hacía de frente se sumía en profundas depresiones, imaginando que perdía facultades". La envidia es el mecanismo que permite al político común prosperar en su negocio. El político leal y sincero suele quedarse por el camino.

Lujuria. En el pecado de lujuria siempre subyace el afán irreprimible de someter al prójimo. El protagonista de la saga Cincuenta sombras de Grey, contemporánea encarnación popular de la lujuria, obtiene el placer de controlar cada aspecto de la vida íntima de su esclava sexual y la castiga cuando incumple sus mandatos. La lujuria es un juego de poder, es el uso de los demás para la satisfacción de los propios deseos. En ese sentido, el político común es un lujurioso frío e implacable. Todo lo que dicen y hacen forma parte de una calculada estrategia para revestirse de legitimidad y ejercer ese lascivo control sobre la vida privada del ciudadano. La desobediencia al político jamás es lícita, sino que constituye un intolerable acto de rebeldía contra lo más profundo de la naturaleza del político. El ciudadano está para servir al gobernante, es de su propiedad. A través de ese sometimiento obtiene su placer.

Ira. La política es odio y es violencia. Para un político el adversario siempre es odioso. La primera misión del político es denunciar al partido contrario, señalar la evidencia de sus malas intenciones y lograr que el pueblo, directamente, los odie. La gente no debe votar con la cabeza, sino con las emociones, y el odio es una de las más potentes. Hay que incitar a la violencia. Cuando una mala gestión amenaza el poder del gobernante, siempre se busca algún enemigo interior o exterior para distraer. Nada mejor que sembrar un conflicto. Una de las obras más perfectas del político común es la guerra. La guerra siempre viene de una decisión política. El político común es violento, pero también es cobarde. Jamás se le encontrará en primera línea de batalla. En cuanto declaran la guerra, lo primero que hacen es enterrarse en alguna guarida subterránea, lejos del conflicto, y rodearse de seguridad. Los que mueren son siempre otros. Pero no sólo en la guerra los políticos muestran su violencia. Toda su actividad se realiza a través de mandatos coactivos. Tienen el monopolio de la violencia y están más que dispuestos a utilizarlo.

Gula. El político común es voraz. Consideran su vida muy sacrificada, y sólo mediante el lujo y el exceso pueden ir sobrellevando el mandato divino de llevar a sus súbditos por el camino de la virtud. Ya puede encontrarse la sociedad en una profunda depresión económica; ya puede estar padeciendo hambre y desempleo, que el político común no entiende de frugalidad. El político tiene una serie de necesidades básicas a pagar con fondos públicos a las que no puede renunciar: coche oficial, chófer a su servicio, asesores sin límite, interminables comilonas, tecnología punta o vicios caros. Para los de su especie es de mal gusto mirar el precio de las cosas. A los mítines políticos no se puede ir de otra manera que en jet privado a cargo de los Presupuestos. Nada tiene peor prensa en el entorno político que el término austeridad. No en vano, si hay alguien a quien el político común ha divinizado, ese es Lord Keynes. Fue el único que les contó que cuanto peor está la economía, más tienen que gastar los políticos. Normal que cuando dejan la carrera política casi siempre acaban deprimidos.

Pereza. El esfuerzo, el mérito y el sacrificio son conceptos sobrevalorados para el político común. La lógica del funcionamiento de la política hace que tiendan a prosperar más los mediocres y perezosos. Suele decirse que en la política tiene cabida cualquier persona que no sirva para otra cosa. El político común no se esfuerza por saber porque no lo necesita. No sólo es ignorante, sino que además presume de ello. Suelen admitir en público que no saben cómo funciona la economía, que la ciencia ni les suena y que la historia les resulta un misterio. La pereza les impide enfrentarse con la verdad, concepto pavoroso que requiere esfuerzo y humildad intelectual. Prefieren el engaño, la mentira y la manipulación, que es la definición de comunicación política. El político común no debate ideas ni se somete a un debate racional. Lo evitan mediante el uso de etiquetas, clichés y eslóganes vacíos, que ahorran los costes de pensar. En resumen, el político común miente y etiqueta porque la verdad y la argumentación requieren demasiado esfuerzo. Sólo de pensarlo les da pereza. 

Si bien se han dado casos de políticos que no gobiernan sus vidas en base a estos siete pecados capitales y tratan de actuar por virtuosos principios e ideales, lo cierto es que esta rara especie no suele prosperar por la propia dinámica de la política. Estos ejemplares tan distintos al político común pronto quedan relegados o dejan la vida pública. En política no prospera la virtud. No hay más que asomarse a cualquier parlamento del mundo.