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Allons enfants de la sharia

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Malas noticias al norte de los Pirineos. La República Francesa, ese régimen que presume de laico, ha dado carta de legalidad a uno de los aspectos más retrógrados y machistas de la sharia. Haciendo una pirueta para hacerlo pasar por una aplicación de la legislación civil gala, un tribunal de Lille ha anulado un matrimonio civil por el increíble motivo de que la esposa no llegó virgen a la noche de bodas. La sentencia no lo dice así, claro. El fallo judicial alega que la mujer había mentido a su futuro marido sobre algo esencial, lo que justifica la anulación.

Sin embargo, la supuesta mentira no es la clave. Eso lo dejó claro el padre del marido a la hora de "devolver" a la joven a su familia: "No es virgen. La repudiamos. El matrimonio no es válido". Los tribunales han cedido ante el derecho islámico, que debería (como toda legislación religiosa) estar separado de la legislación civil, máxime cuando en este caso el matrimonio en cuestión no se había celebrado según el rito musulmán sino por lo civil. La denuncia de la presidenta de la asociación Ni Putas Ni Sumisas, formada por francesas musulmanas que no quieren verse sometidas a la sharia, de que se trata de una "fatua contra la libertad de las mujeres" no es del todo cierta debido a que este tipo de dictámenes jurídicos sólo pueden ser emitidos por especialistas en derecho islámico. Pero tiene también su parte de verdad.

No es la primera vez que en Francia se cede a la presión islamista (no resulta creíble el argumento del marido de que él es un musulmán moderado). Algunas piscinas municipales han impuesto horarios separados para hombres y mujeres. Autoridades locales y ministros atacaron sin piedad al filósofo Robert Redeker después de que una fatua le condenara a muerte por denunciar el islamismo en Francia. Son sólo un par de ejemplos. La necesaria separación entre Estado e Iglesia, en especial en cuestiones de derecho, se pierde ante el miedo a la presión de quienes tienen una visión del islam más radical y contraria a la libertad individual.

En el caso de este matrimonio no habría nada que objetar si hubiera un acuerdo previo en el que las partes contemplaran la nulidad en el caso de que ella no llegara virgen a la noche de bodas. Sería igual de retrógrado, pero aceptado de forma libre y sin intromisión de poderes coactivos. De hecho, el Estado debería mantenerse al margen del matrimonio. La Administración no debería inmiscuirse en lo que en realidad debería ser un contrato privado entre dos personas, en el cual las partes ponen las condiciones del mismo. Si esto fuera así, los contrayentes podrían ceñirse si lo desearan a las normas católicas, calvinistas, judías, musulmanas o de la religión que desearan. O podrían, si fuera su deseo, incluir cláusulas que no tuvieran nada que ver con ellas.

Pero los Estados no respetan esa parcela de la libertad de los ciudadanos. Mientras eso sea así, la ley debe ser igual para todos, lo que imposibilita que se ajuste a las normas de una religión concreta.

Sobre la gestión de nuestra incertidumbre (y nuestras vidas)

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Una implicación fundamental de la existencia de la acción humana es la incertidumbre inerradicable del futuro. El ser humano actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro. Por tanto, la acción presupone la incertidumbre, porque si los actores conociesen los eventos del futuro no actuarían, ya que no podrían aspirar a cambiar situaciones futuras. El futuro está por hacer, pero es incierto, y su desconocimiento nos causa inquietud y desamparo.

Pues bien, la pregunta clave que debemos contestar es: ¿quién gestiona nuestra incertidumbre? Dicho de otra manera, ¿quién nos proporciona los mecanismos para afrontar este futuro desconocido inquietante? Sólo hay dos respuestas posibles a esta pregunta: el Estado o el mercado.

El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avanceen cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos. Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos desde la cuna hasta la tumba, el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres.

Así, solemos creer que es función y tarea del Estado el garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Además, creemos que lo consigue, que lo hace sin perjudicarnos, que los únicos efectos que tiene su intervención son la seguridad y la estabilidad y que, por tanto, nos tiene que gustar y debemos dar gracias por ello.

¿Cuál es el argumento que utiliza el Estado Nodriza para legitimar su acción abastecedora de servicios? Que el Estado interviene porque la sociedad no es capaz de solucionar y cubrir unas determinadas necesidades. Cualquiera que cuestione este hecho será considerado como un ignorante y un radical. Y sin embargo, el mercado puede ofrecer una solución a todos estos problemas.

Hay quien afirma que lo que ofrece el Estado no está sujeto al análisis económico. Pero la aplicación de la teoría económica sólo requiere medios escasos y fines alternativos. Además, la teoría económica explica la conducta humana teniendo en cuenta cómo reaccionan las personas a los incentivos y a las restricciones. Veamos un ejemplo. ¿Cómo afronta un trabajador la incertidumbre de que pueda ser despedido en un futuro por su empresa (ya sea porque ésta quiebre o decida deslocalizar)? Tres de las medidas que toma el Estado para “proteger” nuestro futuro son:

Primero, pagándonos el paro. Esto provoca que la gente prefiera quedarse en casa y posponer la búsqueda de trabajo todo lo que puedan. Al actuar sobre los incentivos naturales de las personas se cambia su comportamiento, y si los beneficios derivados de una opción se incrementan, la gente escogerá esa opción. Se incentiva la no producción. Y todo esto obligándonos a los demás a pagar estos gastos, ya que un bien puede proveerse “gratis” a un individuo (o grupo) sólo si otros lo pagan. Se concede el subsidio a unos con cargo al ahorro de otros. El paro es provocado y estimulado por el Estado mediante las intervenciones, las regulaciones laborales y las subvenciones. Un ejemplo son las leyes de salario mínimo, que hacen que el salario de un trabajador pase a ser superior a su productividad marginal, enviándolo directamente al paro.

Segundo, forzando a su empresa a no despedirlo. Se tiende a pensar que el empresario no tiene otra cosa que hacer que echar a la gente a la calle, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, si se despide es por absoluta necesidad. El empresario no puede hacer frente a las pérdidas y no le queda más remedio que despedir o cerrar la empresa. Si las empresas tuviesen la confianza de firmar unos contratos que no se volviesen un problema insuperable en tiempos difíciles, se incrementarían las oportunidades de encontrar trabajo (en especial se fomentaría el trabajo indefinido y la estabilidad del puesto de trabajo). Además los costes sobre los despidos reducen el salario del trabajador, porque el empresario introduce esa incertidumbre en el cálculo empresarial. Libertad para contratar debería significar también libertad para despedir, porque si el miedo a contratar es alto, se desalienta en muchas ocasiones la creación de empresas y la existencia de empresarios, que son imprescindibles para crear empleos y riqueza.

Y tercero, no dejando que la empresa cierre. La finalidad y sentido único de la existencia de una empresa es la satisfacción de los consumidores. Si una empresa no tiene beneficios, su existencia no tiene sentido. Impedir su cierre sería mantener una estructura productiva que está malgastando medios y recursos escasos. Esos trabajadores y recursos se deben dirigir a producir otros bienes y servicios que sigan satisfaciendo a los consumidores. Mantenerla sería subvencionarla a costa de otras empresas.

Como vemos, las medidas que toma el Estado no sólo no nos ayudan, sino que crean un mercado laboral poco dinámico, ineficiente y rígido, y la sociedad en su conjunto sale perjudicada. Pero ¿qué podría hacer un trabajador ante la posibilidad de ser despedido en un futuro si el Estado no interviniese? ¿Sería capaz de hacerle frente sin la intervención gubernamental?

Lo primero que notaría el ciudadano sería que aumentaría su renta porque tendría que pagar menos impuestos debido a que el Estado tendría menos funciones, o tentáculos. Con ese dinero podría, por ejemplo, contratar un seguro de paro, que le proporcionase seguridad ante la posibilidad de perder su trabajo en el futuro. Evidentemente, este tipo de seguros existirían si desapareciese el monopolio del Estado. De hecho, ya existen. Estas empresas buscarían fines lucrativos y se moverían en un entorno de competencia. Sería posible contratar un seguro de paro de la misma manera que se puede tener un seguro de coche, accidentes, sobre bienes, hogar, vida, salud, empresas, viajes, deportes, navegación, ahorro, comerciales, vida, pensiones, comercios, oficinas, caza y pesca, animales domésticos, etc.

Los trabajadores podrían contratar un fondo de inversión como instrumento de previsión. De hecho, al eliminar el incentivo del subsidio de paro, se fomentaría el ahorro. La gente ahorraría de cara a hacer frente a cualquier eventualidad del futuro. Además, al llegar a la etapa más avanzada de su vida, habrían acumulado un capital para sus futuros años. Actualmente, con el Estado del Bienestar, llegamos con lo mínimo y nuestro futuro depende totalmente del Estado. Se fomenta, por tanto, que haya más ahorradores y menos derrochadores.

Esto, unido a la abolición de regulaciones, leyes, multas, prohibiciones, impuestos y negociaciones colectivas, eliminaría los altos costes de entrada y salida, y haría que el mercado laboral fuese dinámico y flexible, reduciéndose enormemente el número de parados.

El Gobierno no es apto para dirigir nuestros asuntos ni nuestro futuro. En el mercado están más claros los incentivos y las responsabilidades mientras que el intervencionismo las disuelve. Se debe dejar al individuo administrar su riqueza totalmente, y no hurtarle ámbitos de gestión de su vida y propiedades.

¿Cuáles son los principales efectos de que el Estado se encargue de nuestros asuntos personales? La usurpación desemboca lógicamente en la infantilización y la irresponsabilidad de los ciudadanos, porque los derechos positivos reemplazan a la responsabilidad; y se elimina la autonomía para dar paso a la dependencia. El Estado, al arrebatar la responsabilidad, siembra la semilla de la destrucción de la esencia del ser humano. El inducir a la dependencia significa contribuir al parasitismo, es decir, fomentar lo peor del ser humano. Todo ello desemboca, finalmente, en una sociedad más injusta.

Por qué el oro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

A lo largo de varios siglos de evolución, los agentes del mercado elevaron al oro como el dinero por excelencia, esto es, el activo último de compensación de deudas. No fue un proceso de selección accidental o arbitrario, sino consecuencia de que el oro cumplía, mejor que cualquier otro bien económico, las propiedades que se le exigen al dinero.

Si en nuestro anterior artículo detallamos cuáles son estas propiedades, pasaremos ahora a demostrar que el oro las cumple todas.

  1. Demanda previa: Desde el principio de los tiempos, el oro ha tenido una fuerte demanda ornamental en casi todas las civilizaciones de la historia. Esto permitió utilizarlo desde muy temprano como un medio adecuado para conservar la riqueza.

    En India, por ejemplo, se instituyó la costumbre, con ramificaciones religiosas, de atesorar buena parte de su renta en forma de joyas para la mujer y las hijas. Y es que en el hinduismo, a la diosa Lakshmi, consorte de Vishnú y símbolo de la fertilidad y la prosperidad, se la representa engalanada de oro y con monedas doradas brotando de sus manos. Por este motivo, las joyas concedían prestigio social a la familia y les permitían conservar e incrementar su patrimonio (la adquisición de joyas de oro era un modo de reprimir la tentación de prodigalidad, dado que su enajenación se consideraba una tacha social, salvo en momento de gran necesidad). Uno de los usos más importantes a este respecto lo adquirió en la ceremonia del matrimonio. Debido a que la herencia sólo podía trasmitirse a los varones, las familias vestían a las novias con ornamentos dorados a modo de donación inter vivos. Además, estas joyas permanecían bajo el control de las esposas, sin que sus maridos pudieran enajenarlas. Así, los padres garantizaban una riqueza mínima intocable a sus hijas.

    Hoy en día el oro sigue conservando esa fuerte demanda en joyería; cerca del 70% de toda la producción anual va destinada a esta finalidad (2400 toneladas en 2007), si bien hay que tener en cuenta que buena parte de ese 70% va destinado a los ornamentos hindúes, que tienen una finalidad subyacente claramente monetaria. Y ha incorporado otros usos industriales como en la electrónica (300 toneladas en 2007) o la odontología (58 toneladas), debido a su alta conductividad y baja toxicidad. Pero además, contrariamente a lo que creen los defensores del dinero fiduciario, el abandono del patrón oro ha incrementando la demanda dineraria de este metal (650 toneladas en 2007): ha habido una fuga patrimonial hacia el atesoramiento individual de oro en la medida en que ya no puede confiarse en el papel moneda como depósito de valor.

  2. Accesibilidad: La accesibilidad geográfica del oro ha sido muy grande debido a que sus minas se hallaban repartidas por todos los continentes del planeta. Además la redistribución geográfica del oro producido ha sido posible gracias a sus propiedades físicas, que facilitan su conservación, y a su elevado valor unitario que elevaba la eficiencia de su trasporte (se podían movilizar grandes cantidades de valor en poco espacio). Desde mediados del siglo XIX, Sudáfrica se ha convertido en el mayor productor de oro del mundo, pero gracias a los nuevos medios de comunicación, la accesibilidad geográfica es casi absoluta, con independencia del lugar de producción.

    En todo caso, la invención de las letras de cambio y de las cámaras de compensación internacionales redujo enormemente la necesidad y los costes de transporte.

  3. Facilidad de transformación: El oro es el metal más dúctil y maleable de todos, lo que facilita su transformación en piezas homogéneas. Su dureza (2,5 en la escala de Mohs) es lo suficientemente baja como para poder rayar el metal y efectuar inscripciones (acuñación) pero lo suficientemente alta como para evitar su desgaste en el tráfico diario. Su punto de fusión está en 1.064 grados centígrados, temperatura que puede alcanzarse con relativa facilidad en un horno, incluso con carbón vegetal, pero que es lo suficientemente alta como para resistir las condiciones ambiente de la tierra.

  4. Atesorabilidad: El oro puede atesorarse con seguridad debido a que no perece ni se descompone, puede reconstruirse con facilidad en caso de deformación (por ejemplo mediante su fusión y reacuñación), es difícil de corroer (no le afectan los agentes corrosivos más comunes como la humedad, el calor o el aire e incluso resiste el ácido sulfúrico) y su elevado valor unitario reduce los costes de almacenamiento. Actualmente el oro es muy fácil de desatesorar debido a la facilidad de transformación. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, su alto valor unitario hacía que fuese muy costosa su división en unidades lo suficientemente pequeñas para atender al tráfico diario. De ahí que coexistiera el doble estándar monetario entre el oro y la plata: el oro se utilizaba para conservar el valor y efectuar grandes transacciones y la plata como medio de pago común. Los avances de la metalurgia en el siglo XIX, permitieron reducir el oro a unidades molares (1,96 gramos o aproximadamente una dieciseisava parte de onza) de forma económica, lo que provocó la desmonetización de la plata. Baste señalar que durante el siglo XIX la plata solía ser doce veces más barata que el oro, mientras que hoy es unas 60 veces más barata.

  5. Escasez relativa: Todo el oro que se ha extraído de las minas a lo largo de la historia de la humanidad sigue existiendo: se calcula que aproximadamente hoy en día hay 160.000 toneladas de oro. La producción anual apenas alcanza las 2.500 toneladas, lo que significa que el stock de oro se incrementa sólo un 1,5% al año. Además, este ratio debe ser matizado en dos sentidos: a) una parte de esa producción va destinada a la joyería y b) durante los últimos 50 años la producción de oro ha sido desproporcionadamente elevada (la mitad de todo el stock de oro se ha extraído desde 1960), por lo que es posible que ya hayamos alcanzado un peak gold (la producción de oro alcanzó su máximo en 2001 y desde entonces viene decreciendo alrededor de un 0,5% al año. En otras palabras, el incremento anual del oro con fines monetarios es prácticamente despreciable, lo que pone coto a su depreciación inflacionaria.

    Los monetaristas sin duda considerarán este bajo incremento anual de la "oferta monetaria" como un obstáculo para el crecimiento económico. Pero conviene recordar que el oro no tiene por qué usarse como medio de cambio (en ese sentido, las cámaras de compensación han superado desde hace años al oro en eficiencia), sino sólo como mecanismo para compensar los saldos acreedores netos.

El oro cumple de manera casi óptima con todas las características que lo califican como buen dinero. En el próximo artículo abordaremos un análisis de distintos bienes que se han utilizado históricamente como dinero y veremos por qué son muy inferiores al oro en este sentido.

El liberalismo como tolerancia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Lo dice Gregorio Marañón en el prólogo a sus Ensayos liberales: “ser liberal es (…) primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo”. Es una actitud hacia los demás, es un talante, una forma de actuar. Ser liberal es, en definitiva, ser tolerante. Esta idea se repite en otros pensadores liberales españoles de comienzos del XX, como Ortega y Gasset o Madariaga. Esta idea ha quedado impresa en muchos españoles que se llaman y son liberales y en otros que no lo son. Es una idea que me produce mucho fastidio, he de decir, y pienso en responderla cuando me la encuentro, que no es en pocas ocasiones. La última es una entrevista a Irene Lozano en que la periodista dice: “Un verdadero liberal es alguien dispuesto a reconocer la razón a los demás.”

Si el liberal es ante todo quien muestra tolerancia hacia las ideas ajenas, ¿qué queda de las propias? Si el liberalismo es un puente entre dos puntos, dónde se encuentren éstos no es lo importante. Y, por tanto, cuáles sean tus ideas no es relevante para que te puedas considerar un liberal, porque ello depende de que observes con tolerancia las de los demás. Ante el liberalismo como tolerancia, la ideología liberal se diluye.

A la tolerancia le ocurre como a la verdad, que son ambas vecinas de la libertad y en ocasiones se las confunde. La coacción supone una primera intolerancia, pero esta actitud personal puede darse incluso con una cerrada defensa de la libertad ajena. Uno puede ser intolerante con las ideas o comportamientos del vecino, negarse a escuchar sus argumentos, lanzar anatemas contra sus gustos o preferencias y defender, no obstante, su libertad de tenerlos. Por otro lado, la libertad permite beneficiarnos a cada uno de nosotros del conocimiento que está disperso entre toda la sociedad pero que es inaccesible, por su volumen y por sus características, para cada uno de nosotros. Y esa misma ignorancia también juega un papel en la tolerancia pues, como dice Hayek, “el clásico argumento a favor de la tolerancia formulado por John Milton y John Locke y expuesto de nuevo por John Stuart Mill y Walter Bagehot se basa, desde luego, en el reconocimiento de nuestra ignorancia”.

Es clásico del liberal reconocer la falibilidad en el conocimiento y el juicio individuales. Si los demás están en un error en sus opiniones, nosotros podemos también equivocarnos. Y si siempre existe la posibilidad de que estemos en un error y el otro puede ayudarnos a enmendarlo, si la del conocimiento es una “búsqueda sin término”, tenemos que ser tolerantes con el argumento opuesto o estar dispuestos, al menos a escucharlo. Ese comportamiento supone reconocer los derechos del otro y, en consecuencia, es una actitud típicamente liberal.

Pero no deja de resultar significativo que quien más insiste en el liberalismo como talante traiciona con más asiduidad la defensa de la libertad.

Catástrofes y anticapitalismo

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Las catástrofes naturales suponen tres enfoques diferentes para los medios de comunicación. El primero, esencialmente emocional, nos muestra la desgracia en sus términos más patéticos. Los heridos, los muertos, los desterrados y hambrientos desfilan delante de nosotros, en una especie de rutina inevitable. El segundo apela a nuestro bolsillo en forma de oleada de solidaridad supuestamente espontánea. ONG’s y organismos gubernamentales nos solicitan dinero para que, en teoría, los afectados sean menos desgraciados. Las cuentas corrientes, los mensajes SMS y otros medios de recaudar dinero se multiplican como hongos después de que la naturaleza muestre su lado menos amable. El tercer enfoque, quizá menos evidente, pero de efectos mucho más persistentes, es que las catástrofes se han convertido por sistema en una excusa aceptable y aceptada para atacar a Occidente y al sistema de libre mercado, a los que directa o indirectamente se culpa de la desgracia de los perjudicados.

Cuando el huracán Katrina asoló la norteamericana ciudad de Nueva Orleáns, los medios, además de mostrarnos las desgracias de sus habitantes, atacaron sin piedad a la administración de George W. Bush, no sin razón, y en general a la sociedad americana, pero sobre todo no dudaron en culpar al capitalismo de la situación sin tener en cuenta que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, la encargada de "solucionar" el entuerto, fuera de naturaleza estatal o que los diques que terminaron rompiéndose fueran propiedad de la Administración. El caso de Nueva Orleáns fue un chollo para los medios de comunicación, un chollo siniestro si tenemos en cuenta que miles de personas perdieron vidas y propiedades para que los redactores y los jefes destilaran su veneno progresista.

La hipocresía se hace evidente cuando los afectados por las catástrofes tienen la "suerte" de vivir en un país de régimen liberticida. No importa si este es un régimen socialista o una dura dictadura militar desde hace seis décadas o un país, eterno aspirante a potencia económica mundial, que con un poco de maquillaje político y diplomático ha conseguido deslumbrar a miles de millones de incautos, pese a seguir siendo uno de los peores opresores del planeta. Myanmar (antes Birmania) y China, China y Myanmar se han visto afectadas por dos de las peores catástrofes de este año. Cientos de miles de personas han muerto y millones han perdido todo o casi todo, pero nadie ha puesto en duda la naturaleza de sus sistemas políticos o que sean responsables de gran parte las desgracias de los afectados durante y después de las desastres. Apenas algunas noticias despistadas, no vaya a ser que se arruinen las poltronas de unos o las olimpiadas de agosto de los otros.

El caso birmano puede que sea el más sangrante. Las autoridades, temerosas de que los efectos de una catástrofe puedan suponer la caída del régimen, no sólo han maquillado el número de muertos y afectados (78.000 han terminado por a reconocer mientras que la ONU y las ONG’s hablan de una cifra que supera los 130.000 muertos y unos 2,5 millones de afectados), sino que se han negado en redondo a que entre ayuda internacional en el país, hasta el punto de que se han repartido imágenes de camiones que distribuían comida y pertrechos entre los afectados tirándolos desde los vehículos en marcha, al no tener permiso para parar y realizan un reparto más adecuado. Si a los medios de comunicaciones les moviera más los principios que la propaganda, los especiales denunciando al régimen y sus acciones, desde luego en comparativa con el caso estadounidense, hubieran sido legión. Mientras militares y ONU, incluyendo a la líder opositora birmana Ban Ki-moon, llevan semanas negociando cómo y cuánta ayuda va a llegar, miles de birmanos sufren no sólo la ausencia de ayuda, sino la imposibilidad de que los propios afectados se puedan organizar para sacar adelante una situación muy difícil porque la bota militar ha sabido hacer muy bien su trabajo.

Precisamente Ban Ki-moon ha puesto como ejemplo de eficacia al Gobierno chino, que en los últimos días hace frente a un seísmo que de momento y oficialmente ha dejado 62.664 muertos, 358.816 heridos y 23.775 desaparecidos, además de un número de afectados que cifran en 11 millones. China, a diferencia de sus vecinos birmanos, no corría el peligro de que su régimen se tambaleara en unas elecciones evidentemente amañadas, pero con la incertidumbre del efecto del tifón. Sin embargo, sí que debe hacer frente a una campaña de imagen de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín que ya fue enfangada por los disturbios del Tíbet y la violenta respuesta china. La política de "transparencia" de los chinos parece impecable, cada día se descubre un nuevo superviviente, cada día aparecen más políticos preocupados por los afectados o se solicita ayuda, en un gesto impensable en un régimen de carácter totalitario, poseedor del secreto de la eterna perfección, y todo ello es recogido por las redacciones occidentales con esmero sin que el régimen chino sufra ni siquiera un poco, sin sembrar una pequeña duda de su papel en la desgracia.

De hecho, si hemos de buscar un culpable en esta situación debemos prestar atención a los constructores, porque señores, la China actual, la que ha permitido, en un gesto de generosidad sin precedentes, que parte del sistema capitalista se asiente en sus tierras, ha sabido descubrir quién es sin duda el criminal. Las autoridades chinas han prometido medidas severas contra cualquier responsable de los edificios estatales de mala calidad, después de la denuncia de miles de padres que han visto como sus hijos morían bajo los escombros de edificios estatales de calidad ínfima. Parece que el hecho de que los constructores dependan de la administración china, regional o central, que sea esta la que en teoría debe supervisar sus construcciones, que la corrupción favorecida por el régimen sea habitual, que se haya mostrado incompetente e incapaz, que cualquier parecido de todo ello con un mercado libre es pura y trágica coincidencia, no es relevante. Como en el caso de Nueva Orleáns, pero con mucho más alcance, el Estado es responsable directo de la desgracia de la gente, pero se lava las manos y el agua se la da una prensa occidental que se dice libre, pero que no duda en sacrificar esa libertad a estos dioses totalitarios.

La desesperanza urbanística de Madrid

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, nos dio a conocer en la pasada campaña electoral madrileña su propuesta en materia de urbanismo durante un encuentro en el Foro ABC; posteriormente, la reafirmó tras su reelección en la entrevista concedida a Libertad Digital Televisión, realizada por Federico Jiménez Losantos. La propuesta fue la siguiente: limitar, por ley la densidad de edificación en zonas residenciales de nueva construcción poniendo como tope en los futuros desarrollos la construcción de tres plantas más ático. La presidenta de la CAM afirmó que, de esta manera, se eliminará además la especulación.

En esta propuesta existen dos errores intrínsecos. El primero es que la Comunidad de Madrid ya tiene limitada por ley la densidad máxima posible en un suelo por desarrollar, puesto que, como la desastrosa Ley 9/2001 de Suelo de Alberto Ruiz-Gallardón no hizo alusión alguna a dicha densidad, pasa a ser de aplicación el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. Ésta dicta como densidad máxima la arbitraria cantidad de 75 viviendas por hectárea. El segundo error es producto de la falta de conocimientos de la señora Aguirre, ya sea porque no ha leído la Ley 9/2001 o no la ha entendido (o, como es lógico, no la ha puesto en práctica nunca en el ejercicio profesional). Esta ley establece unas arbitrarias y exageradas reservas de suelo en cada sector de desarrollo en función de la edificabilidad para infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, por tanto resulta casi imposible introducir una edificabilidad superior a 0,6 m2 edificables por m2 de suelo. De esta manera queda delimitada por ley una edificabilidad máxima que, si se distribuye de manera homogénea en el suelo a desarrollar, daría como resultado edificios de planta baja más tres plantas más ático, o planta baja más cuatro plantas más ático (tales tamaños de edificación son curiosamente similares a los propuestos por Aguirre, y a los desastrosos desarrollos urbanísticos construidos durante la década de 1980 en el sur de Madrid, criticados en la Asamblea de Madrid por la señora Aguirre).

Por otro lado, anunciar que con la delimitación de las alturas se va a eliminar la especulación demuestra no entender nada. En primer lugar, porque lo importante no son las alturas sino la cantidad de edificabilidad a realizar en un sector de desarrollo (o lo que es lo mismo, los metros cuadrados de edificación que se pueden construir y que, hoy en día, se encuentran limitados por ley, lo cual tampoco ha servido para nada). Por tanto a un empresario le da exactamente igual hacer 1, 2 ó 300 alturas en su suelo, puesto que lo que le preocupa es cuántos metros cuadrados puede construir. En segundo lugar, la especulación con base en la actividad política, fuente de toda corrupción y de una mayor tendencia inflacionista de los precios, es producto precisamente del sistema actual que, como hemos tratado de explicar, coincide con el propuesto por doña Esperanza.

A esta errónea propuesta la autora le sumó explicaciones como las siguientes: lo que se pretende realizar con esta propuesta es "un urbanismo renovador y más humano", en donde los habitantes "no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas"; "limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas". Por último, eso sí, se permitirán "rascacielos o edificios emblemáticos" que "enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural".

En primer lugar, dicha propuesta no tiene nada de urbanismo renovador por lo expuesto anteriormente, y supone una inyección más de intervención pública con la intención de solucionar el problema del urbanismo español, que es corrupto y desastroso precisamente por tratarse de un sistema intervenido de tipo soviético. En cuanto a lo de más humano, no merece comentario por tratarse de populismo barato, impropio de una persona de su talla política. También quiero decirle, señora presidenta, que vivir en edificios de 12 ó 14 plantas no es sinónimo de mala calidad de vida, como demuestran los magníficos nuevos crecimientos urbanos de Dubai, con edificios de más de 40 plantas.

Por otro lado, esperemos que limitar la densidad de población se refiera a crear modelos de ciudad con crecimientos urbanos de baja densidad únicamente (¿o es que pretende empezar a echar gente de la Comunidad de Madrid?). En cualquier caso se presenta el siguiente problema: con un territorio como el de Madrid, en el que una gran parte del suelo se encuentra protegido, y un crecimiento en población como el que está experimentando esta región, ¿qué sucederá cuando se haya urbanizado todo el suelo no protegido con edificios de planta baja más 3? ¿Se añadirán una o dos plantas más a cada edificio o se prohibirá la entrada de más habitantes en Madrid? Ah, claro, se me olvidaba que se permitirán rascacielos o edificios emblemáticos,los cuales, indudablemente, decidirán los especuladores políticos de turno dónde deben ir y qué forma deben tener según sus gustos particulares. Eso sí: nos mostrarán a todos los ciudadanos en una exposición pública el diseño de la nueva intervención urbana que supuestamente enriquece el patrimonio arquitectónico y cultural y, de paso, nos engañarán con esa falacia propia de los urbanistas comunistas (que llevan haciendo lo que les place en España desde el año 1956) del urbanismo participativo y democrático.

Señora presidenta, le informo que la Comunidad Autónoma de Madrid (al igual que el resto de España) posee un sistema urbanístico soviético, en el cual los derechos de desarrollo del suelo se encuentran nacionalizados y la asignación de los usos del suelo se encuentra monopolizada por la administración pública. Así que si quiere verdaderamente hacer algo para solucionar el problema de la corrupción urbanística y la continua corriente inflacionista de los precios de la vivienda, devuelva los derechos de desarrollo del suelo a los propietarios para que pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y además desmonopolice la asignación de los usos del suelo por parte de la administración pública para eliminar la especulación política. No me cansaré de repetir que es este tipo de especulación inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo el que causa la corrupción y su fomento. Por último, ¿conoce a mucha gente que no quisiera vivir en Nueva York en algún momento de su vida?

Las diez consecuencias de ilegalizar la prostitución

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Las diez consecuencias de ilegalizar la prostitución

Si de algo nos advirtió el gran Frédéric Bastiat fue de la necesidad de tener en cuenta las consecuencias no previstas de las acciones humanas y en particular de las políticas. La experiencia de la ilegalización de la prostitución es instructiva porque muestra claramente los resultados desastrosos de tratar de suprimir una actividad pacífica y voluntaria mediante una ley coactiva (e ilegítima).

1) Abandono institucional: las deja sin derechos ni protección

Éste es el punto más importante. En el anterior artículo comentamos que la prostitución no dejaba de ser una profesión como cualquier otra en la que dos personas efectúan una transacción voluntaria. Ahora habría que añadir que sin instituciones adecuadas una verdadera economía de mercado no es posible (Coase). Lo cual significa que sin el apoyo del Estado de Derecho, la prostitución no puede ejercerse sin inseguridad jurídica y social.

La ilegalización hace que dejen de ser sujetos éticos. No están regulados ni sus derechos ni sus obligaciones. Las prostitutas están desprotegidas y se les puede maltratar. Se les puede secuestrar, pegar, violar, robar y forzar a prostituirse. Están en una situación discriminada y sin derechos. Se ha demostrado que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que hacen es empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres que seguirán ejerciendo. Trabajan en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad.

Sabemos que no vivimos en un mundo ideal y que siempre se seguirán produciendo injusticias y abusos aunque se legalice la profesión. Sobre todo conociendo la nula eficacia e ineptitud de quién tiene que protegernos (véase Papá Estado). Pero lo que se debe buscar es lo siguiente: garantizar los derechos a aquellas mujeres que deciden trabajar en la prostitución y limitar los abusos que hoy ejercen sobre ellas en los burdeles.

Una vez legalizada la prostitución, las que quieran continuar en la clandestinidad (para no pagar impuestos) lo harán voluntariamente y bajo su responsabilidad. Deberán asumir los riesgos.

2) La ley no funciona, no consigue lo que se propone (reducir la prostitución)

Es bien conocido que la prostitución es tan antigua como la humanidad. Y todo parece indicar que la humanidad no está para muchos cambios, porque la prostitución sigue siendo demandada enormemente pese a su ilegalización. Atendiendo a la gran cantidad de dinero que mueve, podemos asegurar que el mercado más antiguo de la historia no parece que vaya a desaparecer. Y sin embargo, pese a no violar los derechos de nadie, está ilegalizada.

¿Cómo puede el Estado decidir si se tiene que reducir una determinar profesión? ¿En base a qué? ¿En base a que a los políticos les parece una actividad denigrante? ¿Intrínsecamente perversa? ¿Deshumanizante? Quizá debieran entonces reflexionar un poco sobre su propia profesión.

El objetivo que hay que proponerse no es reducir la prostitución, sino reducir las víctimas del tráfico de blancas y personas. Y eso se consigue legalizando la profesión para establecer claramente la distinción entre prostitución voluntaria (decisión propia) y prostitución coactiva (esclavitud), y persiguiendo fuertemente la segunda.

3) Convierten a gente honesta y pacífica en criminales

La ilegalización produce la estigmatización social y persecución de una trabajadora honesta y pacífica. Muchas veces los bancos son reticentes a concederles préstamos y las aseguradoras prefieren evitarlas. Sufren el menosprecio y la discriminación que todos conocemos.

4) Crea "mercados" en donde la competencia es violenta y no pacífica como en los legales

No están basados en el contrato y la cooperación. Aumenta la violencia y la inseguridad ciudadana.

5) El precio del servicio es mucho mayor en un mercado negro que en un mercado legal competitivo

Todo producto en un mercado negro tiene un precio más alto porque la falta de oferta y falta de competencia provocan la escasez de los servicios que la gente considera indispensables. Llega al mercado una menor cantidad que la demandada. Existe más demanda que oferta y los clientes están dispuestos a pagar un precio más alto por el servicio que se les prohíbe. Además hay que pagar al intermediario clandestino.

6) Los servicios en los mercados ilegales son de una calidad menor que en los mercados legales competitivos

La falta de competencia y de legalidad hace que no haya ni el control ni las exigencias que se darían en un mercado legal.

7) Provoca una delincuencia asociada

Los enormes beneficios del mercado negro incentivan que los criminales violentos entren. Provoca una delincuencia asociada, a menudo muy violenta. Existe un submundo ilegal en el que se da inmigración ilegal, extorsión, tráfico de drogas, falsificación de documentos y delitos económicos que aumentan la delincuencia y la violencia. La legalización ayudaría a luchar contra el resto de actividades.

8) Hace que el sistema de justicia sea más corrupto

La legalización acabaría con un foco importante de corrupción que aumenta en todos los niveles del Estado debido a la gran cantidad de policías, jueces y demás autoridades que han sido comprados, sobornados o extorsionados por las mafias, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.

9) El Estado convierte actividades pacíficas en criminales

Este punto es importante. Hay que derogar el artículo 188 del Código Penal, que prohíbe el proxenetismo, es decir, el dedicarse a la prostitución como empresario. Prohíbe que se establezcan relaciones laborales entre prostitutas y empresarios. Impide al empresario establecer tratos comerciales entre la prostituta y otra persona, aun con el consentimiento de las mismas. Hay que derogarlo porque hay que reconocer a la prostitución como profesión. Debe tener los mismos derechos laborales que las demás profesiones.

La prostitución se tendría que poder ejercer de forma autónoma o en contrato con algún empresario. Tienen que tener la posibilidad de establecer sus propios negocios.

10) Provoca un aumento de poder y gasto estatal

Supone un gran recorte de libertades (impuestos, intervenciones, vigilancia) porque una enorme cantidad de recursos van destinados a prohibir y perseguir actividades pacíficas consensuadas en vez de perseguir a los verdaderos criminales y delincuentes.

Hay gente que defiende la legalización sólo por los elevados impuestos que recaudaría el Estado. A mí me parece que ésta sería precisamente una gran razón para no legalizarla. Además está demostrado que incentiva el que muchas prostitutas que ejercen por decisión propia lo hagan en la clandestinidad para no pagar impuestos.

Lo que nos enseña Walt Disney sobre Economía

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Una de las teorías más populares en los libros de texto de economía que justifican las amplísimas intervenciones estatales es la de los fallos del mercado. Éstos, aunque tradicionalmente se han dividido en tres, se pueden identificar siempre que la realidad económica no coincida con el equívocamente llamado modelo de competencia perfecta; es decir, en la gran mayoría de los casos. ¿Incertidumbre, información imperfecta, monopolios, perturbaciones económicas…? Todo puede caber dentro del gran saco de los fallos del mercado, para justificar mayores intervenciones y llenar el estómago insaciable del estado.

Dentro de este gran saco, la teoría de los bienes públicos sostiene que el sector privado será incapaz de proveernos de aquellos bienes cuyo consumo sea conjunto, es decir, que el hecho de que una persona consuma una unidad adicional de un bien o servicio, no hace disminuir el consumo de otra. Por ejemplo, en el caso del alumbrado de las calles, el que aumente el número de transeúntes que se benefician de la luz, no implica que otros se vean perjudicados. Además, estos bienes también suelen presentar la cualidad de que su consumo no se puede excluir. En el ejemplo, no se puede evitar que un transeúnte concreto, que no haya pagado por el alumbrado, disfrute de él. Por estas razones, se dice que estos bienes deben ser provistos de manera coactiva por las administraciones públicas, ya que los agentes privados no lo harían, debido especialmente al problema del gorrón o free-rider.

Obviando las críticas teóricas que se pueden hacer esta teoría, un caso real bastaría para refutar la afirmación de que resulta imposible que instituciones privadas provean adecuadamente de bienes colectivos. El caso que he escogido, dentro de la infinidad de ejemplos que existen, es el de Walt Disney World (WDW). Es un complejo de ocio del tamaño de San Francisco, situado en Florida, que cuenta con parques temáticos, acuáticos, campos de golf, complejos deportivos, numerosos hoteles y tiendas, así como centros de entretenimiento y restaurantes. Lo más destacable, en relación con los párrafos anteriores, es que el sector público ha participado muy poco en este gran proyecto y ha concedido gran autonomía y libertad (como ciertas exenciones legales y regulatorias) a la compañía de Disney para llevar a cabo sus ideas. ¿Y qué hizo la compañía con esta libertad? ¿Contaminar salvajemente, destruir la fauna y la flora a su antojo, establecer la ley de la selva? Pues no, todo lo contrario, y es que destaca la actitud de respeto al medioambiente y de preservación de los espacios naturales en todo el parque. ¿Y qué hay de los bienes públicos? Los provee la misma compañía: bienes públicos de toda variedad desde las calles y el alumbrado hasta sistemas de recogida de basuras, con una tecnología muy innovadora. Han leído bien, se trata de una gran ciudad o comunidad que demuestra que la provisión privada de bienes colectivos es perfectamente viable.

No obstante, WDW es más que una comunidad privada donde hay numerosos bienes colectivos. Fue una excelente visión empresarial del creador Walt Disney (paradigma del self-made man y muestra de la existencia del American Dream), que como buen empresario, se adelantó al resto y ofreció la posibilidad de satisfacer necesidades que él mismo descubrió, siendo un gran ejemplo del ejercicio de la función empresarial austriaca. Su visión consistió en crear una comunidad utópica, un espacio recreativo en el que imperase la armonía, la felicidad y la diversión.

En resumen, podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar, el caso de Walt Disney World y otros parques de la misma compañía, demuestra lo errado de la conclusión principal de la teoría de los bienes públicos, a saber, que la provisión privada de estos bienes es inviable. Por el contrario, es un caso claro de cómo pueden funcionar comunidades privadas, especialmente en relación a los bienes colectivos. En segundo lugar, también se puede ver cómo en un ambiente de mayor libertad y menores regulaciones, en el que el Estado tiene poco que decir, se fomenta la innovación tecnológica y se protege el medioambiente y las zonas salvajes. Por último, la vida de Walt Disney nos ilustra a un gran empresario, que empezando desde muy abajo, y gracias a su constante esfuerzo, dedicación y perspicacia empresarial, consiguió liderar la empresa de entretenimiento más exitosa del siglo XX.

La (in)justicia penal postmoderna

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Creo que una buena izquierda es aquélla que siempre piensa en el futuro y no se preocupa mucho de nuestros pecados del pasado.

Richard Rorty. 1998

Con motivo del secuestro y asesinato de una niña en Huelva a principios de año, se desató un gran revuelo sobre los estrepitosos fracasos de la administración de justicia penal en España. De repente, casi todos los comentaristas repararon en que ese crimen atroz podría haberse evitado si la burocracia judicial hubiera funcionado debidamente. Para sorpresa de muchos, se supo que, cuando cometieron presuntamente esos delitos, este individuo tenía que cumplir una pena de prisión por abusar sexualmente de su propia hija menor, pero que la ejecución se había demorado durante años en un juzgado sevillano. Para colmo de males, el mismo individuo comparecía quincenalmente en un juzgado contiguo al anterior, porque así lo había decidido un juez de instrucción que le había imputado un delito similar contra otra niña.

Todo esto ocurría en plena campaña electoral, de manera que los políticos de los dos grandes partidos consideraron que era su obligación opinar sobre el asunto, como si no fueran directos responsables del calamitoso estado de los tribunales. La supuesta obsolescencia y falta de conexión de los programas informáticos con que cuentan los juzgados comenzó a ser una cuestión conocida para el público no especializado. El órgano de gobierno de los jueces abrió un expediente disciplinario al juez de lo penal por su posible falta de diligencia, el Ministerio de Justicia a la secretaria que servía en el mismo y la Junta de Andalucía a los empleados de ese juzgado encargados de la tramitación de la ejecutoria.

Pasada la tormenta inicial, y llegada, al parecer, una época de nuevo consenso, los nuevos portavoces de los grupos parlamentarios socialista y popular coincidieron en señalar que, si ellos se ponen de acuerdo, "modernizarán" la Justicia. Ahora bien, ¿qué entienden por modernización de la justicia? Mi hipótesis es que, aprovechando la situación de marasmo judicial que ellos mismos han generado, los políticos actuales quieren dar un paso más en el proceso de someter al poder judicial a un férreo control del Ejecutivo. Sobre todo en el ámbito que lo convierte en un auténtico contrapeso frente a las arbitrariedades más graves de los gobernantes: el orden penal. Lo demás es secundario para ellos.

El actual modelo de control político del poder judicial nació con la ley orgánica de 1985, auspiciada por el primer Gobierno socialista después de la promulgación de la Constitución de 1978. Contradiciendo las previsiones de ésta al respecto, en una línea de garantizar cierta independencia de la justicia mediante un sistema mixto de elección de su órgano de gobierno frente al régimen autoritario anterior, los socialistas cambiaron el sistema que regía hasta ese momento y optaron por la elección parlamentaria de todos los vocales del consejo general del poder judicial. Téngase en cuenta que ese órgano de gobierno tiene encomendadas funciones como la selección, formación y promoción profesional de los jueces, así como la imposición de sanciones a los mismos por infracciones en el desempeño de sus cargos. A este respecto, no parece necesario extenderse en las luchas que los vocales elegidos desde entonces han librado.

Por otro lado, los legisladores atribuyeron al Ministerio de Justicia la provisión de medios materiales y humanos de los juzgados y el régimen disciplinario directo de los secretarios judiciales y demás personal a su servicio. Si se trataba de perfilar una organización más eficiente, hubiera sido más acertado que la ejecución del presupuesto destinado a la administración de justicia correspondiera al órgano de gobierno de los jueces y que todo el personal a su servicio se pusiera bajo la responsabilidad y la dirección de los jueces y tribunales concretos. Al mismo tiempo que esa organización configuraría un baluarte para la independencia de los jueces, sería más fácil determinar las responsabilidades internas y externas de todos los que sirven en los juzgados.

Paralelamente, los gobiernos socialistas nombraron a individuos destacados por su fidelidad al partido en la Fiscalía General del Estado. Su papel fue crucial para controlar los daños que los famosos escándalos del GAL y de corrupción ocasionaron a los sucesivos gobiernos, siempre según su propia perspectiva.

Antes de su "dulce derrota" de 1996, los socialistas, dirigidos en esa materia por un trío de estrategas postmodernos, impulsaron la aprobación de un nuevo Código Penal y la ley del jurado. La aprobación del primero provocó la revisión de oficio de decenas de miles de sentencias firmes para adecuarlas a su sistema de penas. Esa pauta de asignación de tareas redundantes a la burocracia judicial marcó estilo y se siguió en muchas de las dieciséis reformas aprobadas con posterioridad. Simultáneamente se transfirieron las competencias sobre el personal al servicio de los juzgados y la provisión de sus medios materiales a las comunidades autónomas.

La estancia del PP en el Gobierno no supuso modificaciones sustanciales en la organización de la justicia penal. Antes al contrario, en el año 2001 el último gobierno de Aznar acordó con el PSOE un "pacto por la reforma de la Justicia" cuya traducción legislativa fue la consolidación del modelo de elección parlamentaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) con leves matices y una desigual reforma procesal que ratificó un procedimiento especial que deja totalmente en manos de la policía la instrucción y la celebración de juicios en el caso de delitos menores.

A todos los anteriores desaguisados contra la justicia, se sumó la ejecución de parte del programa postmoderno socialista durante la pasada legislatura. De sendos plumazos, con el aplauso de una mayoría aterida por la retórica a la sazón desplegada, se liquidó el clásico postulado liberal de la igualdad de todos los individuos ante la Ley. Me refiero a esos dos textos, redactados como si se tratara de proyectos de ingeniería social autosuficientes, llamados por sus promotores ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La primera de esas leyes ha introducido juzgados de excepción y un procedimiento penal sin garantías para los denunciados. El enjuiciamiento en función del sexo de las personas y la imposición de penas siguiendo el mismo patrón nos retrotrae a tiempos premodernos. La segunda tiene pretensiones de conseguir transversalmente (palabra de moda) la igualdad mediante la ley y rebasa con mucho el objeto de este breve comentario. Su aprobación reciente, sin embargo, no permite todavía analizar el alcance de todos los agravios y conflictos que ambas van a desplegar.

En el medio plazo, otros mecanismos que han contribuido a salvar espacios de libertad en el ámbito de la justicia, dadas las características del caso español, están en el punto de mira de las pretensiones de los socialistas. La primera de ellas es la acción popular en el procedimiento penal, cuyo ejercicio ante los tribunales puso en aprietos a los gobiernos socialistas por los escándalos mencionados anteriormente y podría ponerle al actual en el futuro próximo. En consonancia con ello, una apretada mayoría de magistrados del Tribunal Supremo abrió la vía de denegar la legitimación de la acusación popular para sostener la acción penal en el juicio del proceso abreviado. La segunda es el acceso a la judicatura por medio de oposiciones objetivas, que, en una situación de intensa politización de la justicia, garantiza que el Gobierno no pueda nombrar directamente a los jueces de su gusto. En este sentido, el actual ministro de Justicia anunció el impulso de una reforma del sistema que permitiera a los licenciados con "mejores expedientes académicos" acceder a la carrera judicial sin necesidad de opositar. De cualquier modo, la perla mejor guardada para esa modernización de la Justicia es el apartamiento de los jueces de la instrucción de los procedimientos penales y su atribución al fiscal (recuérdese dependiente del Gobierno). Esa función del fiscal ha sido ensayada sólo en la ley de responsabilidad penal de los menores –con catastróficos efectos no del todo explicados al gran público–, pero su extrapolación se atisba con una subrepticia ampliación del tiempo (entre seis y doce meses) que el fiscal puede dedicar a practicar diligencias preprocesales sin dar cuenta al juez, según una reciente reforma del artículo 5 de su estatuto orgánico.

En conclusión, creo haber demostrado que la evolución del régimen político español posterior a la constitución de 1978 ha laminado las expectativas de conseguir una justicia penal propia de un Estado de Derecho. Utilizando como coartadas los efectos que han surtido anteriores medidas para controlar al poder judicial y una agenda antiliberal, los políticos socialistas, aliados a otros grupos colectivistas, tienen en marcha un programa de ocupación ilimitado de ese poder. La pusilanimidad, o, como parece ahora, la complicidad de una parte de la oposición con ese proyecto puede dejar tambaleantes a los pocos valladares de la libertad y la defensa de los derechos individuales que quedan en España.

Democracia para lo malo, y para lo menos malo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Es posible que la democracia sea, en el contexto actual, el menos malo de los sistemas de gobierno. Eso no significa que no haya una alternativa mejor que pudiera prosperar en otras circunstancias, ni que la democracia desempeñe bien la función principal que normalmente se le atribuye: implementar políticas que beneficien al conjunto de la población. El argumento de que una dictadura produce malas políticas porque los intereses del gobernante y de los gobernados difieren parece sugerir que la solución es hacerlos idénticos, dar el poder al pueblo. Pero los resultados de la democracia se han demostrado igualmente pobres. La paradoja es que la democracia no falla porque de algún modo acabe desoyendo a la gente sino porque hace lo que la gente quiere.

Bryan Caplan desarrolla esta tesis en su último libro, The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. Según Caplan, la Escuela de la Elección Pública yerra en su caracterización del votante como un individuo racionalmente ignorante. De acuerdo con esta concepción, las personas elegimos no informarnos durante el proceso político porque la probabilidad de que nuestro voto cambie el resultado tiende a cero, y nos beneficiaremos igualmente si los demás se informan y votan. Para los escépticos de la democracia, la ignorancia racional deja vía libre a los grupos de interés (y a los políticos y burócratas), que sí tienen incentivos para informarse y movilizarse porque esperan obtener privilegios y dádivas del Gobierno.

La contra-réplica democratista apela al "milagro de la agregación": como el voto ignorante es aleatorio, en un electorado extenso los votos en un sentido y en otro tienden a compensarse mutuamente, y el voto no aleatorio minoritario (el voto informado) deviene entonces decisivo. Este fenómeno lo observamos en las apuestas, en los mercados financieros o en el comodín del público en el programa "¿Quieres ser millonario?" La respuesta del colectivo agregado tiene una tasa de acierto alta.

Caplan sostiene, sin embargo, que los votantes son peor que ignorantes: son irracionales. Sus errores no son aleatorios, siempre yerran en una misma dirección. El milagro de la agregación no tiene lugar en este modelo, y los grupos de interés solo influyen donde los votantes son indiferentes. Las políticas en una democracia son malas porque el votante está ideológicamente comprometido y comete errores sistemáticos.

Las personas tenemos preferencias sobre nuestras creencias. Valoramos determinadas creencias por sí mismas, nos aferramos a una determinada visión del mundo, sin la cual éste carecería sentido. ¿Por qué a menudo tenemos que hacer un esfuerzo para ser ecuánimes cuando critican nuestras ideas? Porque queremos que nuestras ideas sean ciertas. Los liberales simpatizamos con un argumento anti-estatista aunque sea cuestionable, los ecologistas desdeñan un argumento contra el calentamiento global aunque sea razonable. Si la ignorancia fuera la única causa de error, podríamos corregir cualquier idea equivocada con más información. Pero como señala Caplan, sería milagroso convertir siquiera a la mitad de un grupo de creacionistas al darwinismo por mucha información objetiva sobre genética, fósiles etc. que expusiéramos, o que John Lott pudiera moderar a los cruzados contra la libertad de armas por muy perfectos que fueran sus estudios empíricos. Es cierto que las personas tenemos un vasto afán por conocer, pero muchas veces queremos conocer sin sacrificar nuestra visión del mundo.

Detrás del fracaso de la democracia están las creencias erróneas que las personas tienen sobre economía, y buena parte del estudio de Caplan está dedicado a demostrar empíricamente los sesgos de la gente. El autor tacha de irracionales esas creencias porque se contradicen con el fin de alcanzar un mayor bienestar, que también valoramos. Obviamente la irracionalidad no empieza y acaba a las puertas del colegio electoral. Pero el mercado castiga la irracionalidad, la democracia no: si nos equivocamos en el mercado sólo nosotros pagamos las consecuencias; equivocarse en las urnas casi nos sale gratis, porque la relevancia de nuestro voto tiende a cero. El precio de satisfacer nuestras erróneas creencias es la reducción del bienestar que produce una determinada política descontada por la probabilidad de que nuestro voto sea decisivo. Si una medida proteccionista va a reducir nuestro bienestar en 1000€ y el electorado es de 1000 personas, satisfacer nuestras ansias nacionalistas solo nos cuesta 1€. Decir que los elevados costes de una política nos empujarán a ser más sabios es análogo a afirmar que los perjuicios de la polución nos llevan a conducir menos. Que los niveles de polución sean altos o bajos no depende de nosotros, de modo que conducimos igualmente. Como apunta Caplan, nadie se enfrenta a la elección "conduce menos o padece un cáncer de pulmón" o "reconsidera tus ideas sobre economía o malvive en la pobreza".

Pedir a la democracia buenas políticas es, en definitiva, pedirle peras al olmo. Decir que los fallos de la democracia se solucionan con más democracia es no ver el problema de fondo: el voto de un individuo no es decisivo, lo que hace que el precio que paga por votar sus erróneas creencias sea muy bajo. Este problema es inherente a la democracia.

La democracia, no obstante, tiene otras ventajas. En primer lugar, como señala Tyler Cowen, la democracia es útil para controlar los excesos del gobernante; siempre podemos echar a un déspota al cabo de cuatro años. Pero acaso el principal activo de la democracia sea su condición pacificadora. Todos pueden participar en el sistema, ninguna ideología tiene privilegios legales sobre otra, cualquiera puede alcanzar el poder. En un contexto en el que se valora la igualdad, esta ausencia de discriminación hace que las distintas facciones no sientan agravios ni puedan alegarlos, y dediquen sus esfuerzos a ganar votos en lugar de organizar revueltas. La democracia compra paz social al precio de ofrecer el poder a cualquiera que obtenga más votos. Es un precio alto, pero la paz social también es un bien precioso. Una dictadura o monarquía podría implementar mejores políticas, pero si la oposición es fuerte y tiene ansias de poder solo le queda recurrir a la violencia para hacerse con el Gobierno. La democracia, además, parece estar vinculada a un elevado grado de libertad de expresión y de asociación, así como a otras libertades civiles, como el derecho a un proceso justo, sin las cuales sería difícil crear las circunstancias que hacen posible unas elecciones pacíficas.

En conclusión, lo peor de la democracia es que aplica las políticas que quiere la gente. Lo mejor es que conceder el poder a quien gane unas elecciones promueve la paz social y garantiza ciertas libertades. Lo malo y lo bueno vienen en paquete. Si en el contexto actual es el mejor sistema, entonces vale la pena intentar cambiar el contexto.