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Celebremos el Instituto Juan de Mariana

Existimos como instituto desde hace un par de años. Escribimos artículos de análisis, ensayo y opinión en prensa escrita y digital, participamos en debates y seminarios, nos invitan a la radio y a la televisión, organizamos conferencias, cursos, escuelas de verano, producimos informes. Nos gusta lo que hacemos, sabemos que es importante y crecemos, aprendiendo juntos a hacerlo cada vez mejor. Con recursos económicos ridículos (realmente patéticos, créame y rásquese un poco el bolsillo si le damos pena y cree usted en lo que hacemos) somos el instituto liberal europeo de crecimiento e impacto más espectacular. Tal vez tenga que ver con nuestro entusiasmo y con que contamos con un arsenal intelectual y ético espectacular: vamos, que somos brillantes y además tenemos razón. Nos lo confirman nuestras abuelas; y amablemente algunos de ustedes.

Naturalmente somos humanos e imperfectos, y sabemos que no se puede contentar siempre a todo el mundo. Así como tenemos seguidores tenemos también críticos, faltaría más. No sólo entre los colectivistas enemigos de la libertad humana: también los hay que se autocalifican como verdaderos liberales (y tal vez lo sean pero es difícil saberlo porque no acaban de definir con precisión qué significa para ellos este término) y nos consideran desde inútiles hasta muy nocivos para la causa liberal.

Algunos insisten en que debemos hacer política, utilizar lenguaje político, sobre todo en los medios de comunicación de masas, para convencer a la gente de que no siga comprando ideas equivocadas que conducen a la servidumbre: creen que es la única o al menos la mejor estrategia. Pero si se conoce el liberalismo se sabe que casa bastante mal con la política, que entendida como la gestión coactiva y fraudulenta del colectivismo es la negación de la libertad individual.

Si nos invitan desde un medio audiovisual público o privado seguramente participaremos en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que nuestras ideas son chocantes para la mayoría, que fácilmente generan rechazo, así que conviene ir con cuidado, sobre todo porque no somos animales televisivos. Sabemos que la tele no es un aula ni una revista académica: no hay que ser muy listo para entender la diferencia. Para algunos recurrir a la ciencia económica en un debate televisivo es una actitud elitista esencialmente antiliberal (¿insinúan que agredimos violentamente a los contrincantes?); quizás les duele que en el Instituto Juan de Mariana muchos prefiramos la corrección intelectual y la honestidad argumentativa al éxito político y mediático. Estamos abiertos al debate ideológico y estratégico crítico y constructivo, pero no estamos dispuestos a cualquier cosa para triunfar. Preferimos ser sinceros y acertados a demagógicos y populares, nos gusta más la persuasión intelectual racional y coherente que la manipulación emocional. No nos interesan las ficciones éticas: nos preocupa la ética de verdad, defender el derecho de propiedad, la no agresión, el cumplimiento de los contratos. El avance así es más lento y difícil pero mucho más sólido.

Si la audiencia no nos entiende intentaremos simplificar, explicar y enseñar desde el nivel más bajo que sea necesario, pero sin engañar, ni mentir, ni insultar al adversario. Preferimos que los que ahora son ignorantes algún día lleguen a darse cuenta de quiénes les están estafando. Hay muchos obstáculos importantes: el ideario liberal se basa en que la opinión pública es éticamente irrelevante, que lo importante es la decisión individual pacífica en el ámbito del derecho de propiedad; las ideas instintivas de muchos seres humanos son colectivistas porque surgieron evolutivamente para adaptarse a entornos ancestrales muy diferentes de los actuales (pequeñas tribus o bandas seminómadas), y esas emociones siguen allí aunque sean disfuncionales e inadecuadas en el mundo moderno de sociedades extensas abiertas y dinámicas; el liberalismo es muy minoritario y no nos ayudan precisamente en las escuelas y los medios de comunicación de masas.

Los críticos que aseguran que los liberales austriacos españoles somos políticamente inútiles, incapaces de cambiar una sola conciencia, de modificar una sola corriente de opinión y que no hacemos avanzar la causa de la libertad desde las aulas y los foros académicos; tal vez no nos conocen muy bien. Una gran mayoría de los miembros fundadores de este instituto tenemos algo en común: haber conocido a un académico brillante y entusiasta, Jesús Huerta de Soto, quien jamás hace política ni participa en debates audiovisuales (y comete el imperdonable pecado de ser radicalmente anarcocapitalista y trabajar en una universidad pública, como otros influyentes e inmoderados liberales); pero crea una escuela creciente, motivada e ilusionante.

Necesitamos también políticos y comunicadores liberales para ganar la decisiva batalla de la opinión pública. Algunos políticos liberales, en quienes tenemos grandes esperanzas, incluso tienen poder de gobierno, y los criticamos cuando no ejercen de forma compatible con la libertad. Algunos comunicadores liberales (no hay solamente uno) tienen éxito de audiencia, pero tal vez lo consiguen renunciando en parte al liberalismo para proponer un conservadurismo estatista más asumible por muchos ciudadanos: educación, sanidad y pensiones públicas estatales; no hablar de la despenalización de las drogas o de la eutanasia, porque la audiencia es muy sensible; no criticar educadamente y con argumentos la religión, que ofendes a muchos y ahora necesitamos estar todos juntos frente a los socialistas; y la unión política de la nación es un bien que no admite discusión (el nacionalismo liberal es imposible).

Estos comunicadores pueden despertar en muchas personas el interés por el liberalismo, y gracias que les damos por ello y lo mucho que les debemos, pero hace falta alguien más académico para llenarlo de ideas, propuestas y contenidos. Además no conviene olvidar que ellos también tienen críticos que los rechazan personalmente de forma visceral, lo cual no facilita la difusión del liberalismo en esos sectores. Nosotros no luchamos contra personas sino contra ideas erróneas y nocivas, preferimos pensar, al menos inicialmente, que la gente está equivocada antes de juzgarles como indeseables de aviesas intenciones. Aunque es más cómodo no tener principios claros y consistentes y adaptarse como hacen muchos políticos a lo que quieran las masas votantes (o al menos una facción de ellas), no nos parece mal intentar definir con precisión qué es la libertad y simultáneamente defenderla con argumentos. Preferimos no aparentar que tenemos razón con cualquier táctica que se tenga a mano, correcta o incorrecta, honesta o tramposa (erística); preferimos tener razón y demostrarlo con algo de rigor intelectual.

Nos gusta llegar a la gente y convencerlos, no nos contentamos con circunloquios onanistas. Sabemos que estamos rodeados de estatistas pero no tememos su contagio, por el contrario pretendemos salir a la calle e inculcarles el muy simbiótico meme de la libertad. No somos una panda de corporativistas empeñados en defendernos unos a otros; somos muy tolerantes, tenemos mucho sentido del humor y no somos una secta (por lo menos la última vez que miré mi cuenta bancaria seguía intacta, tenía algo de pelo aunque poco y no me habían prohibido ver a mi familia): en todo caso somos una quinta… de amigos liberales.

Algunos de nosotros (no todos, que conste), ahora que nadie puede enterarse, somos anarcocapitalistas, lo cual suena realmente mal (minarquista es simplemente críptico). Es algo tan malo que algunos críticos insisten en que somos perjudiciales para la causa y que hay que atacarnos y excomulgarnos. Preferiríamos que nos dejaran explicarnos y debatir ideas; no somos alucinados, estamos muy bien de la cabeza y contamos con pensadores muy brillantes, con perdón.

Algunos de nuestros miembros incluso se atreven a afirmar que no son de la escuela austriaca de economía y no los expulsamos de forma fulminante. Unos pocos creen que vestimos de tiroleses en la intimidad. Somos bastante acogedores y no somos tan tontos como para no darnos cuenta de que habrá gente que no quiera ser acogida. No trabajamos por la megalomanía de ninguna prima donna; sí discutimos vehementemente entre nosotros, pero hay que estar aquí para verlo y poder participar.

En breve celebraremos nuestra fiesta anual. Enhorabuena. Aquí estamos. Si quieres apoyarnos, contamos contigo.

¿Multinacionales explotadoras?

Los movimientos anti-globalización acusan a las multinacionales de explotar a los trabajadores en los países pobres o en desarrollo y en buena medida las responsabilizan de los males que aquejan a esas naciones. Pese a la buena voluntad de muchos de sus integrantes, los movimientos anti-globalización o alter-globalización yerran en el grueso de sus críticas y hacen un flaco favor al progreso de los pueblos menos desarrollados cuando se oponen a la extensión y a la profundización del libre de comercio.

Lo primero que hay que entender es que la pobreza es el estado natural del hombre y que para salir de ella es preciso acumular capital, elevando así la productividad del trabajo. El trabajador francés o estadounidense es más productivo que el trabajador vietnamita no porque sea más trabajador o más inteligente, sino porque se sirve de multitud de bienes de capital (instalaciones e infraestructuras, equipamiento y tecnología, etc.) y tiene una formación más especializada. La productividad de los vietnamitas aumentará conforme vayan acumulando capital. Una mayor productividad resulta en una mayor producción, así como en la producción de bienes antes irrealizables, y de la mano de este fenómeno vienen las mejoras en las condiciones del trabajo, la reducción de la jornada laboral o la escolarización de los hijos. Los salarios altos, las buenas condiciones de trabajo, etc. son, por tanto, fruto del desarrollo. Sólo cuando una sociedad es lo suficientemente productiva puede permitirse tales cosas. De este modo no tiene sentido exigir el pago de salarios altos y el cumplimiento de estándares laborales occidentales en aquellos lugares donde la productividad es más baja. Ninguna multinacional va a trasladarse a China o a Vietnam para pagar a los trabajadores más de lo que producen, por mucho que los grupos anti-globalización insistan en que ése es el precio o el salario "justo".

La acumulación de capital es el antídoto contra la pobreza (lo cual presupone, naturalmente, un entorno institucional que no obstaculice este proceso). Así es como prosperó Europa durante la Revolución Industrial y, en tiempos más recientes, los llamados tigres asiáticos. La ventaja de los países en desarrollo contemporáneos es que pueden capitalizarlos desde fuera, no hace falta que creen ellos solos todo el capital como tuvo que hacer Europa durante la Revolución Industrial, produciendo y ahorrando "desde cero". Las empresas extranjeras, atraídas por los bajos salarios y las escasas regulaciones, pueden aportar el capital y acortar ese proceso, pueden acelerar la acumulación de capital y hacer que prosperen más deprisa de lo que prosperó Occidente en su momento.

Las multinacionales en los países pobres o en desarrollo, sobre todo las del sector textil, son acusadas de pagar salarios de miseria, ofrecer unas condiciones laborales pésimas o emplear mano de obra esclava. Lo cierto es, sin embargo, que los estudios realizados muestran que las multinacionales pagan salarios más elevados que las empresas autóctonas, a menudo mucho más elevados. También ofrecen mejores condiciones de trabajo y compensaciones no-monetarias. En un clarificador artículo publicado en The American Enterprise, el economista Jagdish Bhagwati destaca el estudio de Paul Glewwe sobre los ingresos de los trabajadores vietnamitas en 1997-98 en empresas autóctonas y en empresas extranjeras (estando la mitad de los trabajadores ubicados en el sector textil). El estudio revela que los trabajadores empleados en las empresas extranjeras y en las joint ventures obtienen casi el doble de ingresos que el empleado medio de una empresa vietnamita. Estudios de este tipo se han llevado a cabo en Bangladesh, Mexico, Shanghai, Indonesia y otros lugares, llegando a conclusiones similares.

Algunos detractores admiten que las multinacionales pagan salarios más altos, pero apuntan que la explotación se da en las empresas subcontratadas, concentrando su crítica en la industria textil. Benjamin Powell y David Skarbek, en un estudio que abarca a 10 países en desarrollo, han comparado los salarios pagados en la industria textil (donde supuestamente tiene lugar esta explotación) con el ingreso per cápita nacional, concluyendo que en 9 de los 10 países dicho salario excede el ingreso per cápita. En la República Dominicana, Haití, Honduras y Nicaragua los salarios de la industria textil son entre tres y siete veces superiores al ingreso per cápita nacional. Powell y Skarbek han estudiado también 43 casos de compañías particulares y sus empresas subcontratadas que han sido acusadas por los activistas, encontrando que la inmensa mayoría paga el salario medio del país o un salario superior (y que en cualquier caso 41 de ellas pagan más de un dólar al día y la mayoría pagan más de dos dólares al día, las cantidades consideradas como umbral de la pobreza). Ello sin tener en cuenta las compensaciones no-monetarias (los empleados de Nike en Indonesia, por ejemplo, reciben asistencia médica y comida además del salario).

El hecho de que las multinacionales paguen salarios más elevados (y ofrezcan mejores condiciones laborales, etc.) no es sino el corolario inexorable de la competencia entre empresarios y el aumento de la productividad. Las multinacionales que llegan deben ofrecer mejores salarios y condiciones laborales para captar a los trabajadores, de lo contrario estos permanecerían donde estaban. Al mismo tiempo, el aumento de la productividad es el que permite que haya un margen para elevar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo. En China los salarios están aumentando un 14% al año, pero eso solo sucede porque la productividad aumenta un 20%, consecuencia de abrazar la globalización y empezar a acumular capital.

El caso a favor de la globalización y la capitalización desde fuera, a través del desembarco de multinacionales y capital foráneo, es evidente. Pero lo dicho tampoco debería llevarnos a desestimar cualquier acusación lanzada contra una multinacional, pues no olvidemos que vivimos en un mundo plagado de intervenciones estatales y no es extraño que haya empresas que busquen cobijo en ellas para lucrarse a costa de los demás.

Impuestos sobre ruedas

En los últimos días se ha filtrado a la prensa que el Gobierno quiere incrementar el impuesto de matriculación sobre los automóviles. El secretario de Estado de Hacienda ha reconocido también que el impuesto sobre hidrocarburos está en el punto de mira. El objetivo de estas medidas es hacer que quien contamine pague. Eso sí, el señor Ocaña ha prometido no perjudicar la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, su apuesta por un incremento de los impuestos, es un varapalo al libre mercado y al bolsillo de los ciudadanos.

En realidad, bajo la excusa ecologista, se oculta el deseo de aumentar la recaudación fiscal. Y eso a pesar de que el Estado ya sangra a los ciudadanos con el 70% del precio de cada litro de gasolina. La única razón plausible para este incremento es que España tiene que elevar en un 10% los impuestos sobre hidrocarburos para converger con la Directiva Europea en esta materia. Ahora bien, cualquier incremento en la imposición de la gasolina equivale a una distorsión de la estructura productiva al aumentar el precio de los productos. Por eso, sostener que las subidas impositivas se harán sin distorsionar la competitividad, es tanto como hacer un brindis al sol.

En cambio, elevar el Impuesto sobre Matriculación no es razonable, máxime cuando el comisario de fiscalidad, László Kovács, ha propuesto a Solbes eliminar este tributo. Pero esta medida tiene como beneficiarios a las comunidades autónomas a las que se les ha cedido el tributo.

Cuando Zapatero llegó al poder, con aquel lema de que "bajar los impuestos era de izquierdas", más de uno pensó que socialismo y liberalismo podían ser compatibles. Años después, como dice con acierto Emilio J. González, "todo en España […] son subidas de impuestos, con la excepción del recorte en un punto del tipo del IRPF aprobado por Esperanza Aguirre".

El insaciable apetito estatal, se está volviendo a disparar. Los impuestos consumen capital e hipotecan el ahorro. Pensar en que los tributos son neutrales es tanto como creer que estas medidas promueven la sostenibilidad. En el fondo, lo único que importa es la salud del Estado.

El síndrome de San Pablo

Cuentan los Hechos de los Apóstoles que Saulo de Tarso cayó de su caballo camino de Damasco ante una luz que le preguntaba por qué le perseguía. Ciego y asustado, Saulo comprendió que Dios le llamaba al buen camino. Pablo, apóstol de Cristo, comenzó una senda que llevaría a la Cristiandad a la salvación. Parece que Al Gore, salvando las distancias entre uno y otro, en algún momento de su carrera política fue cegado por el ídolo del ecologismo y que su misión es convencernos de que nos acercamos a la Apocalipsis climática, guiarnos por el buen camino pese a nosotros mismos, calmar nuestras ignorancia, aliviar nuestras penas, perdonar nuestros pecados.

No es el primero ni será el último que participan de esto que he venido en llamar Síndrome de San Pablo, Lenin cayó de rodillas ante el dios marxista, Hitler se erigió en el líder de la raza aria triunfante entre los demás seres inferiores. Los convertidos son, entre los creyentes, los más pertinaces pues deben de deshacerse de su pasado pecador y demostrar su recién adquirida fe. Y no es que Al Gore fuese en el pasado un político especialmente combativo con el ecologismo –fue en la época Clinton, con Gore de vicepresidente, cuando la presidencia firmó el Protocolo de Kioto que luego no fue ratificado por un Congreso dominado por los republicanos–, pero sorprende que durante el periodo en el que tuvo ese poder no hiciera mucho más por el medio ambiente, tanto como pide ahora. La hipocresía es una de esas habituales cualidades de los hombres de estado que nos negamos a ver cuando nos son simpáticos o que incluso aplaudimos cuando cojeamos del mismo pie.

Su documental, An Incovenient Truth (Una verdad incómoda), es un alegato sin complejos a favor de las tesis ecologistas, alegato que usa las mismas armas que el ecologismo, las mentiras, las medias verdades y una buena dosis de propaganda con una excelente puesta en escena. Pese a la buena crítica por parte de los medios de comunicación, tan políticamente correctos, ha encontrado algunos periodistas y opinantes que se atreven a dudar de algunas de sus dogmas. Estos pecadores nos recuerdan que no hay verdades absolutas en un tema tan complejo como es el clima terrestre y que todo escribano tiene un borrón.

Paul Reiter, director de la Unidad de Insectos y Enfermedades Infecciosas en el Instituto Pasteur de París, pone en duda la relación entre el cambio climático y la supuesta proliferación de ciertas enfermedades tropicales:

Hace aproximadamente catorce años, un pequeño grupo de personas desconocidas en mi área de estudios empezó a publicar artículos apocalípticos –especialmente, en la prensa popular– afirmando que zonas templadas de Europa y de América estaban siendo amenazadas con "enfermedades tropicales" debido al calentamiento global, y que estas mismas enfermedades estaban subiendo a las montañas de los países centroamericanos. No había la más mínima evidencia para apoyar semejantes afirmaciones.

Este hecho, aunque desmentido y aclarado por los autores, forma parte de la argumentación de la película. El mismo Reiter nos explica alguna de las falsedades usadas por Gore:

Por ejemplo, afirma que Nairobi, en Kenia, fue fundada a gran altura con el fin de evitar la malaria, algo que simplemente no es cierto. Ubicada a mitad de camino entre Mombasa y Kampala, Nairobi fue un lugar pantanoso e infestado de malaria, donde los masai daban agua a sus manadas. Luego se convirtió en un centro de comercio. De hecho, a 1500 metros de altura, Nairobi está por debajo de la altura máxima de 2250 metros donde la malaria ha sido registrada en Kenia.

Otro que ha decido ponerle las peras a cuarto es Bjorn Lomborg, autor de El Ecologista Escéptico y crítico con el movimiento ecologista, que también saca los colores del ex candidato demócrata a la presidencia americana:

Gore muestra imágenes de la Antártida y habla de un dramático calentamiento del 2%, ignorando que el 98% del territorio ha sufrido un significativo enfriamiento durante los últimos treinta y cinco años. De hecho, según el panel de clima de Naciones Unidas, durante este siglo, la Antártida aumentará su masa de nieve. De igual modo, apunta a una disminución del hielo marino en el Hemisferio Norte, pero no menciona el aumento de hielo en el Hemisferio Sur.

Uno de los grandes aciertos del artículo de Lomborg es llamar la atención sobre la actitud moralizante de Al Gore. Para este nuevo profeta es nuestro deber hacer frente al cambio climático y dejar de lado los otros problemas que podamos tener, tanto a título individual como colectivo. Gore no duda en sacrificar el progreso de la Humanidad para hacer frente a "el peligro" sin pensar en las consecuencias de estos actos, sin pensar siquiera en su idoneidad o de si existen otros muchos aspectos mejorables a los que se puede hacer frente de manera más exitosa que a algo tan difuso como el cambio climático. El objetivo de Gore es ante todo maximizar sus neuras hasta convertirlas en las de todos. La conversión a la fe verdadera.

El alarmismo es una herramienta poderosa de propaganda y este documental es un excelente ejercicio. Por supuesto que no critico su existencia, Al Gore es muy libre de exponer sus propios miedos y neuras, dinero no le falta y poder, tampoco. Tiene a su espalda un poderoso equipo que le fabrica su mundo virtual y nos lo muestra como nuestro mundo real. Más peligroso es que, atraídos por la luz, por el carnero de oro, nuestros políticos se conviertan en actores de semejante teatro, y de paso, nos arrastren a todos en su camino.

Ley de Costas o conversión de propietarios en concesionarios

Si usted ha comprado o heredado un terreno o una vivienda en lo que el Estado considera su costa, no auguro un final feliz a su propiedad. El Estado central, en virtud del arrollador artículo 132 de la Constitución del 78 ha decretado mediante la correspondiente Ley de Costas de julio de 1988 su dominio exclusivo de toda la ribera y rías del mar (unos 7.700 kilómetros de costas españolas, incluidas las de los dos archipiélagos) por razones de "interés público" para su "mejor" conservación, protección y uso racional. Este es un monopolio más donde el Estado, tal y como ha sucedido también con el mar territorial, los recursos marinos, los recursos hídricos o todo el espectro radioeléctrico , ha decidido mantener fuera a la propiedad privada, como si ésta no usara, conservara o protegiera convenientemente sus posesiones.

Ya la antigua Ley franquista de Costas de abril de 1969 establecía un deslinde a partir del cual empezaba el dominio público de las costas. Lo curioso es que la democrática Ley de Costas de julio de 1988 ha ido más lejos: ha fijado un nuevo deslinde con su zona de servidumbre complementaria más ambicioso con respecto al del año 69, con el agravante de no contar la ley con una definición clara de hasta dónde llega su ribera y sus rías; su delimitación es ambigua y poco precisa. Esto pasa cuando el legislador trata arrogantemente de fijar o regular realidades que, por su propia naturaleza, están en permanente cambio como es, en este caso, el acceso del mar a las costas.

Una vez llevado a cabo el acto administrativo de deslinde artificial se confiscarán coactivamente las propiedades que hayan caído dentro de esta nueva demarcación estatal de interés público, que pasarán sin más a titularidad del Estado sin importar lo que diga el Registro de la Propiedad (art. 13). Además, en vez de establecer un expediente de expropiación individual por cada propiedad, la ley arbitrariamente establece una confiscación generalizada; y como "compensación" a los antiguos propietarios afectados (que muchos de ellos han obtenido su propiedad de forma totalmente legal), de la noche a la mañana serán convertidos en meros concesionarios de su antigua propiedad. Eso sí, el Estado graciosamente les dispensará de pagar cualquier canon al respecto (art. 69) por un período de treinta años. Dicha concesión podrá renovarse por otros treinta años más hasta, como máximo, julio de 2048. Esa es la fecha a partir de la cual su uso y posesión real pasará a manos del Estado (las concesiones administrativas tienen siempre fecha de caducidad).

Es verdad que todavía no se siente de forma aguda y generalizada este robo descarado, debido a que en muchas zonas costeras el municipio o la consejería de Medio ambiente y Ordenación territorial de la Comunidad autónoma respectiva (o incluso el particular interesado) no han promovido activamente aún la resolución administrativa del procedimiento del deslinde de titularidad pública (muchas autoridades locales hacen, por el momento, la vista gorda); pero no olvidemos que el primer plazo de renovación o no de estas concesiones, es decir, julio de 2018, dará ya la primera voz de alarma y que el definitivo fin de dicha concesión graciosa llegará en julio de 2048.

A esto se debe añadir otra ocurrencia legislativa: la zona de servidumbre de protección. La conforman los terrenos contiguos al deslinde, los 100 metros –tierra adentro– a partir de ese ambiguo deslinde costero trazado a lo largo de toda la ribera española, a los que podrán añadirse, al menos, otros 100 metros más por mera voluntad de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento respectivos. Esto significa que, además, estos nuevos propietarios de los terrenos meramente colindantes habrán de someterse imperativamente a las reservas o restricciones impuestos por los poderes públicos, tales como prohibición de obras o vallado a la propiedad ya existente, límites a la edificabilidad futura, restricciones a su actividad, etc.

Todos estos abusos se traducirán en numerosos litigios futuros contra el Estado que llegarán a los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. y, a la postre, la agonía podrá desembocar en el Tribunal Supremo para ver confirmado el expolio.

Pero, además, hay un serio inconveniente para la defensa de los derechos de los propietarios en general cuando son atacados por los poderes públicos: La propiedad no está amparada por el Tribunal Constitucional (sólo cabe recurso de amparo en aquellos derechos definidos como fundamentales en la Constitución del 78 que van desde el artículo 15 al 29). La propiedad, regulada en el artículo 33 de la Constitución, no es considerada un derecho fundamental. Por tanto, después de emitida sentencia contencioso-administrativa desde la instancia superior, no cabrá, pues, recurso ante Tribunal Constitucional sino, como mucho, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (pobres propietarios de costa…).

Llegado el fatídico plazo de julio de 2048, el politiquillo local de turno no se contentará con presentarse sólo en bañador y con su carnet político, sino que lo hará acompañado con las fuerzas coactivas del Estado.

Los cárteles

Neelie Kroes, la comisaria europea de Competencia, ha declarado que los cárteles tienen un impacto negativo en la economía y aseguró que provocan como resultado el aumento de los precios. La ocasión ha sido el anuncio de la segunda multa más alta de la historia, 519 millones de euros, impuesta por la Comisión Europea en materia de Competencia. Se trata de una sanción a cinco empresas dedicadas a la producción del caucho sintético por formar un cártel entre 1996 y 2002 cuyo objetivo, según considera demostrado la Comisión, era pactar los precios.

El episodio no puede sino traer a la memoria el origen de las políticas antitrust. A finales del siglo XIX un furibundo detractor de las uniones y los acuerdos entre empresas lideró una campaña para aprobar una ley que regulara la competencia. Este enemigo de los cárteles y los trusts era un tal John Serman, senador por Ohio. Su principal argumento para establecer leyes que intervinieran en los libres acuerdos entre productores en el mercado era el mismo que el de Neelie: los cárteles buscan elevar los precios. Sin embargo, por más que John Sherman repitió este argumento, la realidad se empeñó en no darle la razón. En aquellos mercados donde se producían acuerdos empresariales de integración vertical u horizontal el resultado fue que la producción creció un 175% de media en diez años mientras que en el resto de los sectores lo hizo un 24%. De ahí que los precios le dieran sistemáticamente la espalda a las palabrerías de Sherman.

Desconozco si los precios del caucho le dan la razón a Neelie Kroes o no, pero debo reconocer que el dato no me resulta particularmente importante. Y es que las empresas deberían de tener todo el derecho del mundo a establecer los acuerdos empresariales que estimen oportuno sin que una Neelie Kroes o un John Sherman les impongan sanciones. Habitualmente este tipo de acuerdos suele consistir en gestionar los factores de las distintas empresas para reducir los costes de producción. Pero aun si los acuerdos tuviesen como finalidad elevar los precios no queda claro cuál es la legitimidad del Estado para multarles. Toda empresa y todo individuo pueden decidir no vender por debajo de un precio. Eso sí, con esta decisión perderá parte de su clientela. ¿Por qué debería tratarse de otra forma la renuncia a vender por debajo de un precio por parte de varias empresas si son legítimos dueños de lo que ofrecen? Lo importante en estos casos es observar si existe libertad de entrada y salida en ese mercado. Siempre que la haya, los acuerdos no pueden maltratar injustificadamente al consumidor sin que se fomente la aparición de competidor que traten de aprovechar el campo abandonado por las antiguas empresas que habrán quedado especialmente desprestigiadas ante su clientela.

El origen de los organismos de defensa de la competencia en Europa está relacionado con los cárteles auspiciados por los poderes públicos de los distintos países de la Comunidad Europea mediante licencias y tratos de favor a determinadas empresas. Ningún país veía con buenos ojos a los privilegiados cárteles de los países vecinos. Sin embargo, una cosa es luchar contra los privilegios que impiden la libre entrada y salida en el mercado y otra bien distinta es imponer multas por colusión.

Las sanciones sólo sirven para alimentar los deseos de intervención por parte de políticos con ansias de ascender en el escalafón estatal a base de multas record. Por otro lado, es significativo que ese dinero nunca se emplea en compensar a los consumidores que supuestamente "pagaron de más". El estudio de la correspondencia de Sherman ha demostrado recientemente que el senador nunca estuvo en contacto con los consumidores supuestamente afectados mientras que mantuvo un gran tráfico epistolar con las pequeñas e ineficientes empresas de la competencia. ¿Estará ocurriendo lo mismo con los modernos organismos de defensa de la competencia o simplemente no saben distinguir entre la defensa del mercado libre y el establecimiento de la estructura que a ellos les gustaría que existiese?

Nacional-populismo: ¿el último estadio de la socialdemocracia?

"En economía soy de derechas y en lo social de izquierdas, pero por encima de todo soy francés". Así se definió Jean-Marie Le Pen tras su éxito electoral en la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas de 2001.

Equívocos aparte, el cultivo de la transversalidad por parte del nacional-populista francés no es nuevo. Así, tras ser beneficiado por la reforma electoral socialista de los años ochenta, en 1987 desaconsejó a sus votantes apoyar a Chirac para luego pactar con gaullistas y "liberales" en gobiernos provinciales.

La sociología electoral confirma el éxito de esta táctica en los movimientos extremistas no marxistas. El crecimiento a costa de partidos de centro-derecha, sean conservadores o nominalmente liberales suele ser efímero. Es cuando los ultras consiguen atraer a antiguos votantes izquierdistas o consolidarse entre los nuevos votantes jóvenes, casi todos con perfiles socioeconómicos que en principio los haría proclives a votar a la izquierda, que su apoyo se "cristaliza" y logran un electorado fiel, traducido en una representación política que aumenta de forma directamente proporcional a la abstención.

El resurgimiento del nacional-populismo en Europa es a menudo erróneamente denominado "nacional-liberalismo" por aquellos que, cómo no, culpan a la globalización y a las reformas económicas liberalizadoras emprendidas en algunos países europeos, que según ellos han creado una clase de "perdedores" que se rebelan contra el sistema. Es el caso de buena parte de los análisis sobre este fenómeno aparecidos en el journal Party Politics en los últimos años, o de los comentarios del politólogo marxista y antiguo militante de organizaciones neofascistas Jorge Verstrynge, quien viene usando el término nacional-liberalismo desde principios de los años 90.

Otro error consiste en amalgamar antiguos fascistas, nuevos nacional-populistas y movimientos que se podrían llamar democrático-regeneracionistas –Lista Pin Fortuyn– bajo el epíteto "extrema derecha". Se habla de izquierda y derecha sin explicar el criterio de clasificación, aunque suele subyacer una definición ambigua de nacionalismo. Sin embargo, si en vez de eso aplicamos los criterios de intervención y comunitarismo, movimientos como el Frente Nacional francés y el British National Party no tienen nada de liberales, y su derechismo se basaría en una ideología völkisch compartida por otra parte por algunos movimientos nacionalistas denominados de izquierda, tales como ERC, HB y BNG en España, y cuyos programas difieren en muy poco de los del FN y el BNP.

Las invectivas populistas contra el capitalismo global y el libre comercio y la férrea defensa del corporativismo y de algunas funciones del Estado del Bienestar, banderas abandonadas por muchos partidos socialdemócratas, proporciona una interesante pista en la investigación del crecimiento del nacional-populismo en algunos países. ¿Se corresponde éste con una "liberalización" de la socialdemocracia? Y si así fuera, ¿qué nos dice esto sobre el fuerte anclaje de valores como la dependencia y el clientelismo en la cultura europea?

El caso británico, donde el BNP se extiende en regiones tradicionalmente laboristas, y que al contrario de lo que indicaron algunas encuestas, no está afectando al voto conservador, es particularmente interesante. El agrio debate en el seno del Partido Laborista, con propuestas de mayor intervencionismo en política social y endurecimiento de la política de inmigración como remedios contra el BNP, es un indicio de que el uso del eje izquierda-derecha tiene una validez muy limitada a la hora de analizar el nacional-populismo.

A estas variables debemos unir las tensiones creadas por el multiculturalismo como principio rector de las políticas públicas, algo promovido por una clase alojada en el sector público y que paradójicamente es el grupo social que menos contacto tiene con los trabajadores extranjeros, sobre los que ejerce un paternalismo que raya el racismo. El tono de piel, la cocina y la lengua materna de los padres como factores cuasi-genéticos, es decir, el retorno del rol adscrito sobre el adquirido, es una revuelta de las tribus comunitaristas y posmodernas contra el principal logro de las revoluciones liberales decimonónicas.

Combinado con la lucha por los recursos repartidos por el Estado de forma discrecional, este choque cultural se transforma en un auténtico juego de suma cero y asegura un conflicto social irremisible, alimentado por el ultraje causado por la discriminación positiva y las expectativas frustradas de un Estado todopoderoso y dadivoso.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos si el nacional-populismo no será una perversión de la socialdemocracia. O dicho de otro modo, si el lepenismo no es sino el reflejo de la renuncia de muchos europeos a despertar del letargo intervencionista y a asumir que las promesas de bienestar sociales han devenido en un peligroso delirio cuya irrealidad cuesta trabajo asumir.

Sea como fuere, el mensaje liberticida del nacional-populismo y su apropiación por algunos partidos del mainstream hace urgente que la investigación sobre este fenómeno se reoriente hacia conceptos más profundos que la superficial y simplista etiqueta "extrema derecha" que poco describe y nada explica, sobre todo cuando son los votantes e incluso partidos de izquierda los que abrazan o pactan con este auténtico nacional-socialismo.

Si sólo fuera el prestigio de los politólogos que estuviera en juego…

Robo ecologista institucionalizado

El uso racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente es asumido por la mayor parte de las personas de bien. Sin embargo, ese noble sentimiento es utilizado por el socialismo institucionalizado para dirigir la voluntad de los ciudadanos hacia su redil.

Recientemente fuentes gubernamentales nos han informado sobre cuál será su nueva propuesta intervencionista, ya avanzada por el Ministerio de Medio Ambiente, y que ha sido concretada por el Ministerio de Hacienda mediante una propuesta de fiscalidad “verde” con un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos y posiblemente también sobre la matriculación de vehículos, denominado ecotasa y que previsiblemente se comenzaría a cobrar en España a partir del año 2008.

Después de la incesante campaña de intoxicación informativa desde la izquierda y de su nauseabunda propaganda a escala planetaria tanto en EE.UU. (Una historia Gore) como en Europa (Climate Bill) y, por supuesto, en España (Informe Narbona), siempre acaba emergiendo el objetivo último de la izquierda, es decir, siempre aparece alguna forma de intervención coactiva por parte del Estado en la vida de los ciudadanos en aras de un supuesto “bien común” que sólo acaba favoreciendo a aquellos colectivos organizados cercanos al poder político.

Detrás de la alarma catastrofista, propagada a los cuatro vientos por muchos periodistas poco profesionales –al trabajar sin un mínimo de rigor periodístico y al no contrastar su desinformación con otras fuentes–, surge siempre una nueva política intervencionista: bien mediante innecesarias comisiones o agencias que restrinjan y controlen las libertades del ciudadano (CNE, IDAE, EVE, ICAEN, AVEN, SODEAN…), bien en forma de leyes, códigos y planes que distorsionan la libertad de mercado con corsés normativos o exageradas primas y subvenciones (RD436, CTE, PER…), bien con nuevos impuestos sobre los ciudadanos (ecotasa sobre los carburantes o similar).

Detrás de cada mentira (ver Observatorio de Medios), expelida por el pensamiento único socialista ecologista –que en estos momentos ya es institucional y endémico porque afecta por igual a políticos de todo el arco parlamentario– y difundida hasta la saciedad por sus terminales mediáticos, existe una estrategia de adoctrinamiento de los incautos ciudadanos para que, imbuidos de un bochornoso “buenismo” adolescente, se sientan felices de que nuevamente el papá Estado literalmente “robe” el dinero de su esforzado trabajo con un impuesto ecologista.

Todo ciudadano aborregado debe dar la bienvenida a la ecotasa sobre los carburantes, como complemento imprescindible de los planes, normativas y leyes que restringen la libertad de elección del ciudadano, impiden el libre mercado y fomentan la corrupción vía subvenciones partidistas que benefician sólo a los medradores de prebendas.

Sin duda, el afamado libro “Camino de Servidumbre” del señor Hayek –de obligada lectura para aquellos que deseen conocer el devenir de todo proceso socialista– merecería haber incluido un anexo dedicado exclusivamente al ecologismo de izquierdas. Y así, su dedicatoria inicial “a los socialistas de todos los partidos” bien podría haberse dedicado “a los ecologistas de todos los partidos”.

En un interesante debate con ecologistas y engañabobos durante algo más de un mes, se rebatieron con contundencia las principales mentiras del socialismo ecologista y se solicitaba un mercado libre de generación de energía. Según calculábamos allí en detalle, en España, contabilizando solamente las subvenciones durante 40 años a las tecnologías privilegiadas por el maná gubernamental, los sufridos ciudadanos desembolsarán de sus impuestos hasta 5 veces la cuantía del Plan Marshall que se destino a reflotar la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial.

Da miedo aventurarse a calcular también todo el lastre económico que suponen para España el conjunto de subvenciones, normativas e impuestos que intentan tapar los agujeros negros que genera el infausto Protocolo de Kyoto, que en nuestro país sólo en penalizaciones rebasa ya ampliamente los 4.200 millones de Euros cada año. Auténtico pavor da analizar la merma competitiva para la economía europea, debido a la suma de distorsiones de mercado que introducen las diferentes legislaciones intervencionistas, derivadas de un infame protocolo con base en un pésimo estudio que es empleado con malicia catastrofista por la izquierda.

Para el desarrollo de un país se necesitan energía barata, buenas infraestructuras y excelente productividad basada en la mejor educación posible para sus ciudadanos. Pero la utopía ecologista no cesa. Parece que los socialistas quieran que acabemos produciendo energía a pedales, mientras India y China siguen con su desarrollo incesante basado en los tres pilares económicos citados. Es lamentable pero actualmente un país comunista como China, adherido al Acuerdo Asia Pacífico, posee un mercado menos intervencionista y más racional en temas de energía y medio ambiente que Europa.

En España, en vez de dar marcha atrás al tremendo error que supone el Protocolo de Kyoto, por su muy dudosa fiabilidad científica y por su enorme merma para nuestra competitividad empresarial, se elige la peor de las alternativas: que se pague su coste con un nuevo impuesto que afecte a todos los ciudadanos.

Aviso a navegantes, vayan preparando sus bolsillos para seguir pagando la utopía socialista del Protocolo de Kyoto ahora en forma de ecotasa sobre los carburantes y/o sobre la matriculación de vehículos. O bien, expresándolo mejor, aunque de modo mucho menos políticamente correcto, vayan preparando sus carteras para continuar soportando el “robo ecologista institucionalizado”.

El mundo interior de los ricos

Las personas con negocios e inversiones fraguan en su mente cada día intuiciones, planes y deseos con el fin de alcanzar la máxima libertad económica. Para ellos la independencia financiera es la clave esencial de una vida mejor. Toman numerosas decisiones, ponen en práctica estrategias, aciertan o se equivocan; cuando el error les derriba, se levantan del suelo, apartan los fallos y continúan su camino. A veces permanecen en el alero, manteniendo un difícil equilibrio entre el triunfo y la derrota. Los ricos decididamente tienen un patrón del dinero (y de la existencia) diferente de los que no lo son.

La gente próspera suele decir adiós a los padres y maestros que les aconsejaron un empleo por cuenta ajena o por cuenta del Estado. La gente que logra o anhela la riqueza pretende ser siempre dueña de su propio destino; los acontecimientos no sobrevienen, se modelan. Hay ricos por linaje y ricos por continuado esfuerzo. Robert Kiyosaki, autor de Guía para invertir, cuenta penurias tales como emplear su automóvil a modo de hogar durante meses junto a su esposa, antes de que apareciera la hora del reconocimiento profesional. ¿Cuántos lo hubieran aguantado? Los emprendedores –en su variada clase y condición– no se quejan, atraen lo que quieren, pelean nuevas oportunidades en la arena.

Cuando te acercas al mundo de los ricos sorprende su permanente afán de curiosidad. Inversores y empresarios perspicaces almuerzan cada jornada con multitud de consultores, proveedores, clientes y colaboradores para saber y conocerlo todo. Esa habilidad social para la invitación supone utilidades que permiten mayores cotas de creatividad en sus proyectos, entreverando el empresario datos y sensaciones. Hablando de creación, el músico y pintor José María Cano descubre en un reciente magazine su deslumbrante producción de retratos de magnates que adornan su casa. Dice el ex -compositor de Mecano: "Ahora el motivo esencial del arte es el dinero. Y nadie, ni artistas ni galeristas, permiten que eso sea visible. ¿Qué el dinero es tan importante y nos interesa a todos? Pues pintemos a los señores que salen en The Wall Street Journal: Bill Gates, Rupert Murdoch…, las venus afroditas de hoy en día. Esta serie está planteada como un club exclusivo de 100 miembros. Ahora van a Shanghai como si fueran a ver posibilidades de inversión".

Harv Eker es presidente de Peak Potencial Training, una de las empresas de preparación para el éxito de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y expresa en sus artículos algunas ideas sugerentes. En opinión de Eker, los ricos eligen que se les pague según los resultados mientras que los pobres eligen que se les pague según el tiempo. Para este formador la verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. Sin embargo, la mayoría social incurre cotidianamente en las trampas de los horarios, la plusvalía y la productividad en claroscuro para justificarse ante sí misma.

No obstante, aparecen por estos pagos mensajes clarificadores para quien tenga entendederas. El reciente estudio del Instituto Juan de Mariana Una sociedad de propietarios es un valioso itinerario de orientaciones hacia la libertad económica. Su lectura no es período desaprovechado. El estudio formula sugerencias para la holgura en las finanzas personales y refuta tópicos acerca del ahorro, el trabajo y el mercado de valores, entre otras cuestiones. Una sociedad de propietarios confirma lo que algunos ya practican y otros –no una muchedumbre hoy, desafortunadamente– confían en emular.

El Estado del Bienestar produce inmadurez

El Estado del Bienestar no fomenta la responsabilidad de las personas, todo lo contrario, favorece su inmadurez psicológica (aunque dicho fin, como es lógico, no se persiga intencionadamente). Veamos por qué hago semejante afirmación; tomemos varios campos vitales del ser humano cubiertos por "lo social":

Pensiones de jubilación: El actual sistema público de pensiones fomenta la despreocupación sobre la planificación, búsqueda y comparación de fondos o planes de pensiones/jubilaciones para cuando ya no estemos activos laboralmente. Como la cotización al régimen general es obligatoria, fomenta la inhibición de la propia búsqueda de complementos o alternativas al plan en el que estamos incorporados coactivamente (salvo en aquellas personas conscientes de su importancia dado el sistema suicida actual de reparto y no de capitalización que nos llevará a la muy probable quiebra del sistema actual de seguridad social). Además se desincentiva la necesaria disciplina de ahorro e inversión futura propia de toda persona madura.

Cuidados médicos y consumo de fármacos: Como los gastos sanitarios y farmacológicos son "gratis" o fuertemente subsidiados en el sistema de la seguridad social, no se tiene una idea clara de lo que verdaderamente cuestan y se abusa de ellos (visitas, pruebas médicas u operaciones innecesarias, consumo irresponsable de fármacos, etc.). Para empeorar aún la situación, con objeto de "paliar" un consumo excesivo de medicamentos a la UE (Directiva 2001/83/CE) no se le ha ocurrido mejor idea que restringir nuestro derecho de ser informados directamente sobre los mismos (¡justo lo que se hace con los menores de edad!).

Educación pública:Aquello que no se paga no se valora en sus justos términos, por tanto, el sistema de formación pública no incentiva el debido control de los padres hacia sus hijos en materia de estudios, ni favorece la activa participación parental en dicha formación pública ofrecida a sus hijos. El fomento de la excelencia y el esfuerzo decrece en aquello que sentimos que no nos cuesta.

Subsidios por desempleo y salarios mínimos: Aquellos afectados, en un cierto momento, por el desempleo y tengan derecho, según las leyes laborales, a un subsidio de "paro" estarán irremediablemente desincentivados para la búsqueda o la aceptación de otro empleo hasta que no finalice su prestación "ganada". La asunción de riesgos, por tanto, se demora. "Pararse" laboralmente y disfrutar de sus subsidios por desempleo hace perder oportunidades o, peor aún, puede impedir seriamente el enganche laboral a un mundo en permanente cambio. En cuanto al salario mínimo decretado desde el gobierno, hace más daño a los menos preparados o productivos que cualquier otra cosa, impidiendo su saludable paso a la madurez.

Todas estas actitudes son signos claros de inmadurez, y el Estado Providencia colabora innegablemente a ello, pese a que sus intenciones sean otras. Por supuesto que habrá personas que mostrarán siempre madurez en sus cuestiones vitales pese la "cobertura" social de las mismas, pero admitamos que otros muchos se dejarán llevar por la "seguridad" proporcionada por el "Estado Providencia", lo que supone una permanente negación de la responsabilidad individual al mermar su incentivo (y su capacidad) para la planificación responsable de su vida y de su futuro.

Habría que reducir drásticamente el Estado del Bienestar y, a lo sumo, mantener el mismo especialmente para casos de asistencia subsidiaria a inmaduros temporales (infantes) o a inmaduros definitivos o sobrevenidos (dementes o incapacitados mentales de cualquier tipo) cuando la familia del afectado o la actividad privada no haya podido dar una asistencia mínima satisfactoria.

El extender, por el contrario, el Estado del Bienestar coactivamente a todas las personas es un disparate. Uno de los numerosos efectos indeseados de este "déspota benevolente" (como lo llama James Buchanan) es éste: fomenta actitudes irresponsables e inmaduras entre los adultos. Parafraseando la ilustrada divisa kantiana, podríamos pedir: "¡Adolecere aude!".