Por Henry Hill. Este artículo ha sido publicado originalmente en CapX.
Más allá de su tono a menudo histérico y sus tácticas autocomplacientes, el mayor problema de Just Stop Oil es que no es posible detener el petróleo. De acuerdo, si hablamos únicamente de los límites de lo posible, podríamos detener el petróleo. La civilización moderna se detendría más o menos, por supuesto, pero podríamos hacerlo.
Hay algunos ecologistas profundos que creen de verdad en ese objetivo profundamente misántropo. También está el movimiento del “decrecimiento”, un poco más de moda, que podría sumarse a la idea siempre que no pensara demasiado en las consecuencias.
Una receta para el desastre
Pero fuera de esos círculos, se considera, y con razón, un disparate. No hace falta ser un negacionista del cambio climático, ni oponerse a las grandes inversiones en generación de energías renovables y otras nuevas tecnologías, para aceptar que vivimos en una civilización maquinal que funciona más o menos con combustibles fósiles y que lo seguirá haciendo durante algún tiempo.
(Incluso después de la revolución industrial verde, cuando se produzca, seguiremos necesitando petróleo. Todavía no hemos descubierto una alternativa milagrosa al plástico, y no se puede fabricar plástico a partir del viento y la luz solar).
Intentar forzar a la sociedad moderna a abandonar los combustibles fósiles antes de que surjan alternativas adecuadas es una receta para el desastre económico; nadie que se queje de la crisis del coste de la vida o del impacto de los recortes del gasto público tiene por qué estar feliz con una idea así.
Prohibir nuevas extracciones
Todo lo cual hace que el reciente compromiso laborista de prohibir nuevas explotaciones de petróleo y gas en el Mar del Norte parezca más que una locura.
Sir Keir Starmer no va a desvelar todos los detalles de esta particular “misión nacional” hasta el mes que viene, así que no tenemos los detalles. Y lo que es más importante, tampoco los tiene nadie que esté realmente implicado en el sector británico del petróleo y el gas. Esto no contribuirá en nada a aumentar la confianza de los inversores. No se ha dicho nada sobre cuándo entraría en vigor dicha prohibición.
Pero lo que importa es que contribuirá muy poco (o nada) al objetivo declarado de reducir la dependencia de este país de los combustibles fósiles. La razón obvia de que la producción nacional de petróleo y gas no impulsa esa demanda, sino que la abastece.
Lo que no se produce, se importará
Si ese oleoducto se secara, lo único que ocurriría es que las necesidades energéticas del Reino Unido tendrían que cubrirse con más importaciones del exterior. Ello supondría un doble golpe para la balanza comercial, ya que una buena parte de la producción nacional actual se exporta para plásticos y manufacturas.
Eso significa más dinero para los muchos regímenes desagradables de todo el mundo que se sostienen con petróleo y gas. Puede que no les compremos directamente. Pero los países con menos escrúpulos tienen oportunidades de arbitraje para vender las exportaciones de Moscú con una bandera más apetecible (y un margen de beneficio).
En un momento en el que las finanzas públicas están al límite, esto no significa necesariamente que haya que apuntalar el Mar del Norte. Cada vez resulta menos económico extraer petróleo y gas de esos yacimientos. Puede llegar un momento -quizá acelerado por los grandes saltos de la energía verde- en que lleguen al final de su vida comercial.
En la última década, ha habido una tendencia creciente entre los partidarios radicales del libre mercado: construir nuevas ciudades con la esperanza de alcanzar la libertad económica. Hay buenas razones para mostrarse escéptico ante esta estrategia.
Una gran demanda
La idea es relativamente sencilla. A grandes rasgos, es así: en primer lugar, se llega a un acuerdo con un gobierno para crear una Zona Económica Especial o una entidad jurídica similar. Esta pequeña zona geográfica estará exenta de impuestos, controles de divisas, leyes antidroga o cualquier otra normativa molesta desde la perspectiva del libre mercado. A continuación, construye una nueva ciudad en esa zona.
Grupos como la Fundación de Ciudades Libres del Dr. Titus Gebel, el Instituto Seasteading y Pronomos Capital de Patri Friedman promueven diversas variantes de esta estrategia. Incluso el ex presidente estadounidense Donald Trump ha empezado a promover el concepto de “Ciudades Libres”.
Existe una gran demanda de ciudades de libre mercado. Algunas de estas iniciativas han conseguido financiación por valor de decenas de millones de dólares y avanzan rápidamente. Entre los patrocinadores más famosos figuran inversores famosos como Peter Thiel, Balaji Srinivasan, Tim Draper, Vitalik Buterin y Naval Ravikant.
Argumentos históricos para construir ciudades de libre mercado
He trabajado como consultor para este tipo de proyectos desde 2016, y he trabajado como consultor en diversas capacidades para al menos 30 proyectos diferentes de “libertad económica”. Con el tiempo, mis experiencias trabajando estrechamente con estos proyectos me han hecho más escéptico sobre su capacidad para crear libertad económica a largo plazo. Hay muchos precedentes históricos que, a primera vista, dan a esta estrategia un alto grado de plausibilidad superficial.
En primer lugar, existe un largo historial de ciudades-estado muy orientadas al libre mercado, como los estados renacentistas italianos de Venecia, Génova y Florencia. Ha habido muchos otros ejemplos, en lugares tan diversos como las ciudades-estado medievales swahilis de la actual Kenia, las ciudades-estado de la Liga Hanseática, o incluso hoy, las pocas ciudades-estado que quedan -como Singapur, Liechtenstein y Mónaco- son los países con mayor libertad económica. Muchos estudiosos libertarios, como David Friedman, han señalado que las ciudades-estado tienden a adoptar políticas de libre mercado porque tienen gobiernos muy localizados, carecen de garantías para endeudarse y los gobiernos tienen una mentalidad generalmente “lucrativa”.
Las Zonas Económicas Especiales
También existe el precedente de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que son pequeños parques empresariales confinados geográficamente que han sido creados por los Estados para aumentar la libertad económica. Algunas ZEE son muy grandes y constituyen ciudades con decenas de millones de habitantes, como Shenzhen. La mayoría de los estadounidenses y europeos desconocen su existencia, porque allí no existen “verdaderas” ZEE. Países tan diversos como China, los EAU, Colombia, Panamá y Corea del Sur consiguieron utilizar con éxito las ZEE para crear “enclaves de libre mercado” y liberalizar sus economías. El resultado fue un importante crecimiento económico.
Por último, hoy en día hay muchos grupos que han conseguido un alto grado de libertad social y económica en la práctica, aunque sobre el papel no tengan derechos. En México, varios grupos armados se han labrado pequeños territorios. Un ejemplo mexicano son los rebeldes anarco-comunistas zapatistas que se han hecho con el control de Chiapas. Otro es la ciudad sureña de Acapulco, controlada por los cárteles de la droga, que en su mayor parte actúan como contrapeso de las autoridades locales corruptas. Un grupo de libertarios estadounidenses ha decidido incluso crear un pequeño enclave en Acapulco. También hay comunas. En Dinamarca, un grupo de autodenominados “okupas hippies” se hicieron con una base militar abandonada, que convirtieron en un pequeño pueblo donde se venden y consumen drogas libremente llamado Freetown Christiania.
Razones para crear esas zonas
Estos precedentes dan a los urbanistas radicales del libre mercado argumentos muy sólidos para defender la creación de ciudades-estado orientadas al libre mercado. ¿Se traslada el éxito de las ZEE a las ciudades? Si bien es cierto que los gobiernos han concedido a las ZEE importantes dosis de libertad económica, existe la idea errónea de que pueden utilizarse para “escapar” a la normativa.
O bien las ZEE son creadas directamente por el gobierno (como en China u Omán), o bien el gobierno crea un sistema regulador de aprobación que permite a los promotores privados crear sus propias zonas (como en la República Dominicana o Colombia). En todos los casos, la creación de zonas requiere el consentimiento del gobierno local.
Los gobiernos están dispuestos a crear ZEE cuando se cumplen dos condiciones: en primer lugar, una facción de alto nivel ve la necesidad de aumentar la libertad económica; y en segundo lugar, la reforma a escala nacional es imposible.
Enriquecer a una parte de la población
Hay muchas razones por las que las facciones gubernamentales de alto nivel pueden ver la necesidad de la libertad económica. Los motivos suelen ser de tres tipos: la necesidad política de aliviar la pobreza (como en Colombia), el deseo de generar crecimiento económico para aumentar la seguridad nacional (como en China en la década de 1980) o el deseo de enriquecer a la clase dirigente (como en Irán).
También hay muchas razones por las que los gobiernos pueden no ser capaces de reformar el país en su conjunto. Muchos políticos de un país pueden verse limitados por los grupos de presión que les apoyan o se oponen a ellos. Los sindicatos podrían ir a la huelga si se les enfada. Los opositores políticos podrían organizar disturbios violentos que perturben la vida si no están satisfechos.
Cuando se dan estas dos circunstancias -las facciones de alto nivel quieren libertad económica, pero la reforma a escala nacional es imposible-, entonces los gobiernos están dispuestos a crear ZEE.
Explicación del éxito… y del fracaso
Esta explicación del origen político de las ZEE también explica en gran medida por qué fracasan la mayoría de ellas. Las mismas fuerzas que impiden la reforma a escala nacional obstaculizan el éxito de las zonas económicas.
En un país donde trabajó mi equipo, la red energética local estaba ineptamente gestionada por un monopolio semipúblico. Los cortes de electricidad eran constantes. Los constructores de la ZEE con la que trabajaba decidieron crear su propia compañía eléctrica privada. El monopolio energético local presionó para oponerse a la zona. La zona incluso ofreció pagar al monopolio energético local y quedarse con su propio proveedor privado de energía. El monopolio energético se negó porque eso les expondría ante la opinión pública como incompetentes. Al final se creó la zona, pero se le exigió que utilizara la electricidad del monopolio energético local. Esto ha provocado graves apagones y escasez de energía, y ha paralizado una zona que, de otro modo, sería viable.
En otro país, los grupos industriales locales habían presionado para crear un sistema restrictivo de licencias profesionales. El gobierno estaba a punto de aprobar la legislación para crear la zona, pero en el último minuto, políticos clave retiraban misteriosamente su apoyo. Al final, se descubrió que los grupos de presión a favor de las licencias ocupacionales estaban convenciendo a los políticos para que se opusieran al proyecto. Que yo sepa, este país aún no ha conseguido aprobar su legislación sobre ZEE.
Los grupos de interés locales
La mayoría de las zonas gozan de un alto grado de libertad económica, pero sólo para las industrias que no interfieren con los intereses particulares locales. Por eso, las zonas con mayor grado de liberalización económica son parques empresariales y no ciudades.
Supongamos que un país tiene cuatro industrias clave: agricultura, minería del acero, fabricación de automóviles y centros de llamadas. Estas cuatro industrias cuentan con grupos de presión atrincherados que ya han conseguido aprobar leyes proteccionistas. Cualquier zona que afecte a cualquiera de estas cuatro industrias será probablemente objeto de oposición. Cuanto más grande sea una zona, cuanto más se acerque a ser una ciudad de pleno derecho, más probabilidades tendrá de atraer a esas industrias. Los pequeños polígonos industriales dirigidos a industrias totalmente nuevas -como la fabricación de productos farmacéuticos- serán probablemente ignorados.
Hay casos en los que las estrellas se alinean a la perfección y las ZEE urbanas alcanzan un alto grado de libertad económica. Los ejemplos más notables son China durante la era de Deng Xiao Ping (1978-1992), los Emiratos Árabes Unidos y la India de Narasimha Rao (1991-1996). En estos tres casos, los países en su conjunto se alejaron de la planificación central y se acercaron a la liberalización económica. Las ZEE urbanas formaban parte de esta tendencia más amplia. Limitaciones mundiales
Los tratados internacionales
También existen limitaciones y tratados mundiales que impiden que las ZEE de libre mercado o las nuevas ciudades vayan demasiado lejos. La Organización Mundial del Comercio (OMC) se creó en 1995, cuando 164 países firmaron un tratado para “reducir los aranceles y otras barreras al comercio”. La OMC es un organismo paragubernamental que vela por el cumplimiento de diversos tratados. La OMC ha demandado a varias ZEE por lo que llama “competencia desleal.”
En 2019, India creó zonas económicas especiales que eximían a muchas empresas de esas zonas de los aranceles de importación y exportación. El gobierno de Estados Unidos se quejó ante la OMC de que las zonas indias eran demasiado competitivas. Aunque las empresas de estas zonas no recibieron ningún dinero de los contribuyentes indios, la OMC aún dictaminó que las exenciones fiscales eran “subsidios prohibidos.” La OMC demandó al gobierno indio, obtuvo una sentencia y le dio 180 días para suprimir sus zonas económicas especiales. Si India no cumplía, se arriesgaba a sufrir sanciones de los otros 163 países que participan en la OMC. Al final, India cumplió y cambió los incentivos de sus zonas.
El boicot de la UE
Hay muchos otros organismos internacionales que han clausurado ZEE por aplicar políticas radicalmente favorables al libre mercado. Entre ellos se encuentran la OCDE, la Unión Europea y la ONU. Estos organismos mundiales están dominados por potencias nucleares con una fuerza militar significativa, como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Los países no tienen más remedio que acatarlas.
Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda de una pequeña nación de Europa del Este perteneciente a la UE se quejó una vez de que “nuestro país no es realmente independiente”. Me explicó que cada vez que su gobierno intentaba aumentar la libertad económica, la Unión Europea saboteaba sus esfuerzos. Cualquier intento de crear ciudades radicales de libre mercado será clausurado en cuanto empiece a ganar tracción. Los países que acepten acogerlas serán castigados con demandas, sanciones e incluso amenazas de fuerza militar. El objetivo de estas sanciones será hacer sufrir a la población de los países para ponerla en contra de los proyectos de libre mercado.
Divisiones culturales
Por último, las ciudades no crean un entorno cultural en el que la gente apoye la libertad. Hayek, en La Constitución de la Libertad, escribió: “No se puede negar que la evolución moderna, especialmente el desarrollo de la gran ciudad, ha destruido gran parte del sentimiento de responsabilidad por las preocupaciones locales que en el pasado conducía a una acción común muy beneficiosa y espontánea.”
Existen pruebas empíricas significativas de que los habitantes de las ciudades son más progubernamentales que los de las zonas rurales. Esto parece ser cierto en casi todos los países.
Pew Research descubrió en 2017 que en los condados rurales estadounidenses, el 54% de los votantes son republicanos y el 38% son demócratas. Por el contrario, en los condados urbanos, el 62% eran demócratas, y el 31% republicanos. Los condados suburbanos estaban casi perfectamente divididos. El mismo estudio reveló que el 70% de los votantes urbanos afirmaban que “el gobierno debería hacer más para resolver los problemas”, mientras que sólo el 49% de los votantes rurales decían lo mismo.
Territorio y sentido del voto
En Europa se han encontrado resultados similares. Un sondeo oficial de la UE de 2021 reveló que el 65% de los europeos de las zonas rurales apoyaban una mayor descentralización en las decisiones de gasto público. Otro estudio publicado en el Cambridge Journal of Regions descubrió que, en toda la Unión Europea, los votantes de las zonas más rurales tienen un 57% más de probabilidades de ser conservadores. La misma división electoral entre zonas urbanas y rurales se ha observado en democracias tan diversas como Brasil, Filipinas y Australia.
Para una comparación más visual, todo lo que el lector tiene que hacer es comparar varios mapas que muestran la densidad de población y los resultados electorales, y luego buscar qué partidos ganan en qué zonas. Por ejemplo, el mapa oficial de densidad de población del gobierno español con el mapa de ZEIT de los resultados de las elecciones españolas revela que las zonas urbanas tienden a votar a partidos liberales pro-UE y pro-centralización, mientras que las zonas rurales votan a partidos más euroescépticos y más pro-descentralización.
Hay muchas razones por las que los habitantes de las zonas rurales pueden ser más escépticos respecto a los grandes gobiernos. En primer lugar, las zonas rurales están físicamente más alejadas de los centros de poder. En segundo lugar, vivir más cerca de la naturaleza fomenta la autosuficiencia. Por último, las zonas rurales suelen ser más religiosas.
¿Cuál es la solución?
Aunque la creación de nuevas ciudades para lograr una mayor libertad económica puede no ser una estrategia viable, no hay por qué ser pesimistas. En primer lugar, existen muchas otras soluciones no electorales para lograr la libertad. Muchos grupos han conseguido crear comunidades que carecen de libertad de jure, pero que en la práctica no son molestadas por los gobiernos locales. Muchas comunas que se crearon en el siglo XIX siguen funcionando hoy en día, a pesar de carecer por completo de reconocimiento legal. En muchos países, la creación de este tipo de comunidades planificadas independientes de facto es viable.
En segundo lugar, las Zonas Económicas Especiales son viables siempre y cuando se centren en parques empresariales, y no en ciudades. Es probable que los parques empresariales pasen desapercibidos para los grupos de presión locales, y es menos probable que atraigan la ira de activistas y NIMBYs. Desde la perspectiva de un activista, una nueva “ciudad startup” suena aterradora, y protestar contra ella, emocionante. En cambio, oponerse a un “parque logístico industrial” suena muy aburrido. Mientras cumplan las normas creadas por los organismos internacionales, estos parques pueden seguir teniendo tribunales privados, bajos tipos del impuesto de sociedades y otras reformas radicales del libre mercado.
Charter Cities Institute
Por último, es necesario que haya más investigación académica seria sobre las razones por las que las ciudades de libre mercado tienen éxito o fracasan. A menudo, la investigación académica se reduce a animar ciegamente la creación de nuevas ciudades pregonando sus beneficios. Por el contrario, los grupos opositores producen estudios sesgados que “prueban” que todos los intentos de liberarse del sistema son intrínsecamente malos.
Una forma de ayudar es apoyar a grupos como el Charter Cities Institute, una organización sin ánimo de lucro dedicada a estudiar cómo las nuevas ciudades pueden mejorar la gobernanza. Recientemente, el Charter Cities Institute ha publicado un mapa que muestra todas las nuevas ciudades construidas desde 1945, ya sea por el gobierno o por el libre mercado. Estos datos permitirán a otros investigadores analizar con seriedad empírica, y no política, la cuestión de la construcción de nuevas ciudades.
Un libertario, según se ha entendido las últimas décadas de la política estadounidense, es aquel que va a defender la sociedad libre (fundamentada en la ley natural) y va a luchar contra el poder del Estado, al igual que hicieron ciertos liberales clásicos, como Lord Acton o De Tocqueville (contra el absolutismo), o anarquistas individualistas, como Lysander Spooner (contra la institución de la esclavitud). Pero la libertad no es suficiente para una sociedad libre, como decía uno de los fundadores del movimiento libertario estadounidense, Lew Rockwell:
Los conservadores siempre han argumentado que la libertad política es necesaria pero no suficiente para una buena sociedad, y están en lo cierto. Tampoco lo es para una sociedad libre. Necesitamos instituciones sociales y estándares que fomenten la virtud, y protejan al individuo del Estado.
Lew Rockwell.
Reaccionario
Como el término conservador ha quedado en parte indefinido (se llama conservador al socialdemócrata menos progresista que el oponente), es importante acercarse hacia algo más consistente y fundamentado, el tradicionalismo. Un buen defensor de la libertad no debe rendir culto a lo “nuevo”, sino ser prudente y defender las instituciones que se han desarrollado orgánicamente a lo largo de los siglos, como la Iglesia, la familia o la patria. Es evidente que el Estado surge y crece con las revoluciones.
También es evidente que el Estado intenta destruir los cuerpos sociales y las tradiciones, apropiándose de las religiones para perpetuarse: los matrimonios civiles, las procesiones a la libertad en la Francia jacobina o la insistencia en que los hijos denunciasen a sus propios padres en la URSS. Erik von Kuehnelt-Leddihn explicaba qué era para él ser reaccionario (no es el mejor término, pero quiere expresar lo mismo que los tradicionalistas), y no creo que ningún liberal clásico o libertario le pueda replicar nada:
(…) rechazo en esencia el nazismo, el fascismo, el comunismo y todas las demás ideologías relacionadas que son, en verdad, la «reductio ad absurdum» de las denominadas democracia y poder de la multitud. Me aparto de disparatadas suposiciones como el gobierno de la mayoría y el «hocus pocus» parlamentario; del falso liberalismo materialista de la Escuela de Manchester y del también falso conservadurismo de los grandes banqueros e industriales.
La importancia del cristianismo
Y el factor más importante para defender la libertad es el cristianismo. No es necesario explicar las ideas cristianas sobre la dignidad humana, que vienen de que somos todos hijos de Dios, o sobre el poder político, que dejaba de ser legítimo si se alejaba de la ley natural. Liberales clásicos como Lord Acton reconocían que la libertad no existía fuera de la Cristiandad y que ningún país (en sentido orgánico) podía ser libre sin religión. El propio fundador del libertarismo, Murray Rothbard, dijo:
Todo lo bueno de la civilización Occidental, desde la libertad individual hasta las artes, es debido a la Cristiandad.
Murray N. Rothbard.
Anarcosindicalismo y carlismo
Trasladándonos a nuestra patria hispana, hay bastantes pensadores tradicionalistas, y todos ellos defienden una fuerte descentralización de la administración pública, cuya justificación histórica se debe al principio de subsidiariedad católico. No hay que confundir tradicionalismo con carlismo; el carlismo se puede definir como un tradicionalismo político que sirvió como reacción contra las élites liberales de 1812.
El carlismo como movimiento político siempre se ha definido como el partido católico, yendo muy ligado al integrismo católico, aunque ha sufrido bastantes escisiones y disputas internas. Sus intelectuales, todos ellos tradicionalistas, han sido casi siempre teólogos. Pero no todos los tradicionalistas estuvieron ligados al carlismo. Los principales autores tradicionalistas por destacar son Jaime Balmes, Donoso Cortés, Antonio Aparisi y Guijarro y Vázquez de Mella. Se puede decir que Balmes estuvo un tiempo alejado de la cuestión dinástica, Vázquez de Mella fundó el “mellismo” en disputa con los carlistas y Donoso Cortés pasó de ser un liberal conservador a un tradicionalista, sin entrar nunca en círculos carlistas.
En el siglo pasado destacaron Álvaro D’Ors y Elías de Tejada, entre otros, y actualmente quedan algunos como Miguel Ayuso o Javier Barraycoa. Los cuatro primeros construyeron los cimientos del corpus teórico tradicionalista, y los posteriores lo fueron completando con críticas al Estado, a la democracia, al relativismo o sus defensas de los fueros, de la aristocracia, de la ley natural o del tiranicidio
Teología aplicada a la política
Para justificar su doctrina no partían desde el racionalismo, sino desde la teología. Vázquez de Mella buscaría la definición teleológica del hombre, el hombre es el efecto final de una causa creadora, asimismo dividiéndose en dos dependencias, la causa eficiente y la final. De ahí se puede trazar un triángulo que parte de Dios, el motor creador de todas las causas en donde causalidad y finalidad se identifican, que se unen al hombre mediante una escala de derechos y deberes, con una base igual de justicia. De ahí, redundantemente se extraen todos los derechos y deberes del ser humano, siendo el fundamento de aquel sistema de principios que para Vázquez de Mella exigiría todo orden social en su principio.
Todas estas relaciones corresponden al plan preexistente de la mente divina. De esa ley divina nace la ley natural, que es la parte del plan que le corresponde realizar al hombre. Vázquez de Mella seguía explicando las diferentes relaciones: de la relación de dependencia nacen los deberes teológicos de culto a la vez que el derecho de conciencia, de la relación de finalidad nacen los deberes de perfección y conservación a la vez que los derechos de propiedad y dignidad, de la relación de igualdad nacen los deberes de cooperación y mutuo auxilio a la vez que los derechos de independencia, pacto y asociación y de la relación de superioridad los fundamentos objetivos de la propiedad. Aparisi añadía
(…) de los deberes con Dios nacen sus derechos respecto del hombre… Autoridad, familia, propiedad, justicia y libertad son los elementos constitutivos del orden social.
Este esquema de derechos y obligaciones no es que sea compatible con la posición libertaria que fundamentó Murray Rothbard basándose en la ley natural, sino que es deseable.
Individualismo y cuerpos intermedios
Pero Vázquez de Mella no era individualista, el individualismo es una idea de origen protestante, él explicaba que la persona humana es el arquetipo de las personas colectivas. Las personas colectivas son los diferentes colectivos en los que se engloba el individuo: Iglesia, familia, municipio, región y nación. La Iglesia es una sociedad divina y su fin es sobrenatural, pero como no es un ensayo teológico solo hace falta mencionar lo escrito por Vázquez de Mella: que es una sociedad independiente que debe limitar al Estado y, por tanto, en sus relaciones tener total independencia económica, postura una vez más defendida por los libertarios.
Se puede decir que más que individualista era “familiarista”, declarando que el matrimonio es un vínculo de amor racional frente a los instintos zoológicos y que es la célula de toda sociedad en donde el individuo empieza a ejercer su personalidad, derivándose las demás sociedades civiles e infrasoberanas: universidades, empresas, escuelas, corporaciones, municipios… Puede ser discutible el aspecto jurídico, pero lo que no es discutible es que sea el matrimonio sea la célula principal de la sociedad, necesario para un funcionamiento ordenado, creando vínculos que debilitan al Estado y que aumentan la solidaridad, ese concepto defendido por Donoso Cortés, y disminuyen la preferencia temporal.
Principio de no agresión
También añadía que todas aquellas personas colectivas tienen el derecho de realizar su fin natural, por lo que el resto tienen la obligación de no interferir, de lo que se deduce algo similar al principio de no agresión. El principio de no agresión únicamente consiste en que ningún individuo puede iniciar una agresión contra otro sin haber sido agredido antes, solo que los tradicionalistas lo defienden en principio en diferentes órdenes, no solo el individual como Rothbard. Aun así, esto no queda lejos de la idea de la persona jurídica, solo que extrapolado a otros niveles.
Pero es que tampoco es contrario al libertarismo la idea de que un grupo de individuos se asocien y formen un nuevo sujeto de derecho que interaccione con otros tipos de unidades jurídicas. Muchos libertarios estadounidenses defienden la idea de los “states rights” frente al gobierno federal, o se podría también plantear de manera temporal limitar el derecho a voto a las unidades familiares constituidas para eliminar el voto de hedonistas y cortoplacistas en las democracias actuales.
Fueros
A un mayor nivel se encuentra la región, que no deja de ser una ampliación de la familia y del municipio. Los tradicionalistas defendían la descentralización administrativa de los Austrias y se oponían a la centralización de los Borbones, fundamentándolo en el principio de subsidiariedad católico, que dice que cada región conoce mejor sus problemas y tiene más interés por resolverlos. La ley debe ajustarse al carácter del pueblo, oponiéndose claramente, por ejemplo, a que un vasco imponga su costumbre a un valenciano, o viceversa, defendiendo así la descentralización legal a un nivel superior al de los cantones suizos.
Los tradicionalistas eran conscientes de la existencia del Estado-nación, por lo que explicaban que las regiones debían estar totalmente descentralizadas para evitar el crecimiento de ese poder central mediante derechos y privilegios históricos, originándose su férrea defensa de los “fueros”. Los fueros eran normas jurídicas que contenían las costumbres, los usos y otros privilegios otorgados por el rey o por el señor feudal para un determinado territorio o lugar. Aportaban autonomía legislativa, de gobierno y el reconocimiento a los habitantes de sus propias instituciones histórico-culturales.
Uno de los más interesantes para los libertarios fue el del Coto Mixto, que se puede llegar a considerar que fue anárquico. Los liberales fueron los que eliminaron en la Constitución de Cádiz en 1812 los fueros, para favorecer la igualdad de los españoles. El libertario Hans-Hermann Hoppe recordó que el igualitarismo, en toda forma y tamaño, era incompatible con la propiedad privada. Por tanto, en España han sido mayoritariamente los liberales influenciados por el jacobinismo francés los liberticidas, y los tradicionalistas los defensores de la libertad. Respecto a los fueros, Jesús Huerta de Soto dijo sobre Rothbard
(Murray Rothbard) tenía un amplio conocimiento de la historia de España y el papel que jugaron los fueros y todo lo asociado en la formación de nuestra ley y en nuestra historia política.
Jesús Huerta de Soto
Una teoría de la secesión
Lo que no llegaron a formular los tradicionalistas fue una teoría sobre la secesión ya que pensaban que no tendría lugar en un sistema totalmente descentralizado. Por último, hablaban de la nación, que sería la unión política y cultural de las diferentes regiones, y de un Estado, pero no en el sentido liberal, sino como lo que Vázquez de Mella entendía como la representación de la nación sobre los intereses internacionales que mantiene el orden frente a injerencias externas. Aun así, defendían un gobierno orgánico encabezado por un monarca, mucho menos dañino que el concepto actual de Estado democrático. Erik von Kuehnelt-Leddihn citó explícitamente esa idea mientras defendía en 30 puntos la monarquía frente a la democracia:
Solo debido a que la monarquía enfatiza los elementos de continuidad, solidaridad y religión, es más fácil otorgar a la monarquía un estatus “orgánico” más que a cualquier otra variedad de gobierno.
Pilares: monarquía, aristocracia y catolicismo
Según los tradicionalistas, la cultura española se basaba en tres pilares: monarquía, aristocracia y catolicismo. Para explicarlo, Balmes empezaba diciendo que la base de la doctrina tradicionalista era la preponderancia de lo social sobre lo político, ya que la doctrina tenía que ir de abajo a arriba, siendo lo social lo esencial y lo político lo accidental. Para él lo social contemplaba esos tres pilares. Respecto al catolicismo, le atribuye los valores positivos de la civilización europea.
En referencia a la aristocracia, ponía de ejemplo sus beneficios como élite natural, ya que no disfrutaban de ningún privilegio ni había barreras sociales o políticas que les separasen del pueblo, además de haberse caracterizado siempre por su moralidad y alto nivel social y cultural. Respecto a la monarquía, explicaba que era el gobierno del pueblo, ya que las sociedades que primaban lo político sobre lo social, es decir, repúblicas y democracias, siempre tenían los ojos en el gobierno, igual sería que un empresario se dedicase únicamente a retocar la maquinaria en vez de cuidar las manufacturas.
Aparisi añadía que era la monarquía la única forma natural de gobierno, mediante la cual el pueblo había desplegado todas sus virtudes y desenvuelto todas sus grandezas. Lo único importante era sanear la institución, buscando a la persona adecuada, problema presente en nuestros tiempos. Seguía explicando cuál era la ventaja práctica:
(…) en una monarquía tengo un rey, en un gobierno parlamentario, siete, en una república, setecientos.
Ministerio real subordinado al pueblo
Y seguía añadiendo que el rey sabía que la realeza no era beneficio, sino ministerio, esa condición le imponía la obligación de respetar las leyes fundamentales del pueblo, que eran anteriores a él precisamente porque eran obra mixta de Dios y de los hombres. Aquí encaja todo lo desarrollado por Álvaro D’Ors sobre el tiranicidio. Cabe añadir que Aparisi, como todos los tradicionalistas, se oponía al absolutismo monárquico al igual que a la monarquía parlamentaria, ya que servir no era obrar por capricho, por eso defendía el Consejo castellano diciendo que un rey sin Consejo no era rey. Vázquez de Mella explicaba que la monarquía absoluta nacida con la reforma luterana era un error, y que ellos propugnaban la monarquía socialmente responsable:
Yo pido que el poder armónico se ejerza sin responsabilidad legal, pero con responsabilidad social… Es verdad que entre los reyes también se han dado monstruos… A los cuales la sociedad concluye por llamar al orden por medio de una revolución.
Por último, Vázquez de Mella mencionaba la democracia cristiana como algo positivo, que para él significaba únicamente la igualdad de nivel y la soberanía social de todos sus órganos. Esta democracia jerárquica era la antítesis de la democracia igualitaria, que no podía ni puede existir por las diferencias entre los individuos. No es que la monarquía sea ideal para un libertario, sigue siendo una forma de dominio, pero autores de esta escuela como Hans-Hermann Hoppe han recordado que se asemeja mucho más al orden natural que la democracia. Por norma general, el monarca va a ser más responsable y pensar más a largo plazo ya que responde con su patrimonio de la mal gestión política de la nación, al ser esencialmente un gobierno de propiedad privada.
Críticas hacia el liberalismo y socialismo
Después de introducir la doctrina, toca presentar sus críticas muy adecuadas en el momento histórico hacia el liberalismo (esencialmente se referían al democrático y jacobino, que era el predominante en España), el socialismo, el comunismo, al relativismo y al ateísmo. Balmes empezaba con una crítica demoledora a ese liberalismo explicando qué es el progreso social. Él definía el progreso social como el camino hacia la perfección del individuo, perfeccionando la armonía entre los valores de la inteligencia, del bienestar y de la moralidad.
Si no se desarrolla todo, no se obtiene un individuo perfecto, sino un monstruo. Por tanto, el verdadero progreso social es alcanzar el orden natural, que sería lo más parecido posible al orden divino y nunca podría ser igual por la existencia del pecado original. Lógicamente alcanzar la perfección poco tiene que ver con la democracia, y ese era el primer gran error de los liberales. Y obviamente la perfección se alejaba también de las soluciones represivas para combatir el liberalismo.
Para demostrar que los tres valores deben ir unidos, Balmes explicaba cómo el excesivo desarrollo industrial, es decir, bienestar, sin desarrollo moral e intelectual, acabó provocando la división de clases que mantenemos ahora. Se puede concluir que la ciencia y el libre mercado son beneficiosos, pero tienen que ir unidos al desarrollo moral. Vázquez de Mella anotaba correctamente que el capitalismo excesivo, en nuestro caso conocemos que es el consumismo fomentado directamente desde el Estado, se dirigía al vicio, a la inmoralidad, a la corrupción, al goce personal, con el desprecio de los necesitados, y estaba en oposición con los fundamentos de la propiedad y de la solidaridad.
Negación del pecado original
Para ese desarrollo moral Balmes se apoyaba en el catolicismo, que para él había sido el gran favorecedor de la civilización inoculando en las leyes y en las costumbres sus principios de amor y fraternidad universal.
El segundo error de los liberales es que negaron el pecado original, una herejía, colocando la fuente del mal en la ilegitimidad de los gobiernos y dando lugar al socialismo. Esta crítica se puede extrapolar a todos los liberales clásicos, no solo los demócratas jacobinos, que contribuyeron, de manera ingenua, a justificar la idea del Estado. Donoso Cortés explicaba:
(…) todas las cuestiones relativas al mal o al bien se resuelven en una cuestión de gobierno, y toda cuestión de gobierno en una cuestión de legitimidad.
Su optimismo en la razón hizo que la fe no fuese importante y la razón soberana, desembocando en que los progresos de la verdad dependiesen de los progresos de la razón, llegando a la inviolabilidad y la soberanía real de las asambleas deliberantes, es decir, de los parlamentos y gabinetes. Esas contradicciones hacen que el liberalismo acabe abdicando necesariamente en las escuelas católicas o socialistas, ya que el equilibrio entre socialismo y catolicismo es imposible. Donoso seguía:
(…) el socialismo no es fuerte sino porque es una teología satánica.
El liberalismo desemboca en socialismo
El socialismo llevó a las últimas conclusiones las premisas indecisas del liberalismo en donde Dios dejó de tener autoridad. Mientras que el liberalismo solo negaba el pecado original, el socialismo negaba la posibilidad de cometerlo, negando la libertad humana. Negada la libertad, se negaba la responsabilidad y, por un lado, la pena, llegando a parar en la negación del gobierno divino. Por el otro, la negación de la responsabilidad individual y social negaba la solidaridad en el individuo, en la familia y en la comunidad. Negada la solidaridad, únicamente se acababa en el nihilismo.
Ese nihilismo acababa tratando al hombre como un punto matemático llegando al intento de resolución de un problema que nunca va a tener solución, saber la distribución de la riqueza más equitativa. Como no lo podían ni pueden saber, el sistema socialista va siempre a parar en el monopolio más injusto y cruel posible por medio de la confiscación universal y el depósito de la riqueza pública en manos del Estado. Conocieron a Stalin medio siglo antes desde la teología. Donoso Cortés explicaba que la fatal arrogancia de los socialistas fue, y sigue siendo, buscar la distribución equitativa de la riqueza eliminando la caridad y la limosna cristiana. No eran austríacos, únicamente estaban influenciados por la teología de la Escuela de Salamanca.
Balmes volvía a explicar que el socialismo era la consecuencia lógica del liberalismo, siendo el primero una aberración de la mente humana, que ocurría cuando no estaba iluminada por la fe. Balmes explicaba:
(…) sin las luces de la revelación… No es posible explicar el cuento de verdad y de error, de bien y de mal, de grandeza y de pequeñez, de elevación y de vileza.
Cristianismo contra democracia
Solo el cristianismo, con su doctrina de la Redención y de la fraternidad de todos los hombres en Cristo, ofrecía una visión coherente de la situación real del hombre. Esa visión escolástica de Balmes le hacía criticar, por ejemplo, la teoría del valor trabajo diciendo que el valor de las cosas no dependía del trabajo, sino de la satisfacción subjetiva de nuestras necesidades. Con ello explicaba que el sentido común era lo que rechazaba toda clase de materialismo. Aparisi criticaba el concepto de libertad de los liberales demócratas, explicando que solo la religión había hecho iguales a todos los hombres, y que las desigualdades físicas e intelectuales eran de derecho natural. Explicaba:
La teoría democrática se estrellará contra este hecho porque lucha contra la naturaleza. Mentira es, por tanto, el sufragio universal como fuente de derecho o de gobierno, mentira la llamada ley de mayorías parlamentarias como criterio de verdad, mentira que la libertad del bien y del mal asegure la paz y favorezca el progreso en sociedades humanas…
Por el contrario, el catolicismo solo defendía la libertad absoluta para el bien, mientras que la libertad de los liberales era licencia, que traería de la mano la impiedad, engendrando brutales tiranías.
Optimismo político liberal
Respecto al optimismo político del liberalismo Vázquez de Mella hizo una crítica demoledora que sigue siendo válida actualmente. La Revolución francesa comenzó suprimiendo las instituciones mediadoras entre el individuo y el Estado, proclamando la emancipación social y religiosa del individuo, pero también la emancipación del Estado sobre la ley natural. Ya existente ese Estado absoluto en diversas partes de Europa, se emancipó del orden superior, convirtiéndose en el definidor supremo del derecho, regulador único de la sociedad y absoluto poder moderador de todas las fuerzas. Afirmando la autonomía del individuo y del Estado toda entidad colectiva solo existiría por concesión, por autorización o por tolerancia, como ocurre en el presente.
Ilegitimidad del Estado democrático
La escuela individualista después sostenía el derecho y la soberanía colectiva, siendo un tránsito que jamás pudo demostrar demócrata alguno. Y aun admitiendo la soberanía colectiva como agrupación de las soberanías individuales, jamás iba a poder justificarse la representación pública, la inventada transustanciación jurídica de los servidores del Estado. Y aunque se admitiese eso, menos iba a poder justificarse la legitimidad de las elecciones por su método de elección, votando confundidos los miembros de todas las clases, como si no existiesen categorías diferentes de intereses o todos pudiesen representarlos indistintamente.
La ilegitimidad de las elecciones suponía la ilegitimidad del parlamento, del gobierno y del Estado. El fallo fue mezclar la soberanía política con la social, juntándolas en una única Constitución y único poder, el Estado. Esa centralización iba a desembocar en la oligarquía de partidos, la corrupción administrativa, la desorientación de vocaciones y la inversión de la pirámide social. Respecto a lo último, el Estado liberal y democrático sacó al individuo de donde le correspondía, de su municipio, para convertirle en un número más de la maquinaria estatal. Finalmente decía Vázquez de Mella:
El municipio, la libre institución en que se deben congregar familias para administrar con independencia relativa, en el círculo de sus funciones, sus propios intereses, se ha convertido en una oficina, en una sucursal más de la administración pública.
Contra el relativismo
En conclusión, los autores tradicionalistas españoles, muchos de ellos carlistas en lo político, han aportado ideas que cualquier defensor de la libertad debe tomar por bandera. Muchos libertarios han entendido que la libertad no es suficiente para un orden pacífico y duradero en el tiempo y, para ello, se deben defender las instituciones sociales y las virtudes que lo hacen posible. Por último, todas las libertades que conocemos parten de una justificación objetiva de la ley natural, y eso no se debe a la Ilustración sino a algo más grande, el cristianismo. Joseph Ratzinger, difunto Papa Benedicto XVI, recordó:
Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo.
En honor al profesor Miguel Anxo Bastos, premio Juan de Mariana 2023, que me recomendó leer a estos autores y profundizar en su obra.
Fuentes
Credo of a Reactionary. Erik von Kuehnelt-Leddihn.
En el artículo anterior expusimos la idea de que los bancos comerciales en nuestro entorno económico no forman parte a día de hoy de lo que entendemos como mercados. Vimos cómo a pesar de ser formalmente de titularidad privada, buena parte de su actividad reside en financiar a los estados y servir de correa de transmisión de sus políticas económicas, y de servir como parapeto antes las críticas sociales que pudiesen despertar estas. También recordamos que la actividad bancaria tradicional podría ser, en otras circunstancias, una actividad comercial como cualquier otra. Y por consiguiente, con unos rendimientos y lucros obtenidos por su actividad, análogos a los de cualquier otra empresa comercial. En este artículo se quiere exponer cuáles son las razones que me llevan a justificar esta postura y para ello buscaré exponer cuáles son los privilegios otorgados por los gobernantes a este tipo de organizaciones, privilegios de los que carecen total o parcialmente el resto de empresas privadas.
El privilegio de emitir la moneda de curso legal
El primero, y para mí el más importante, es que la banca comercial actual cuenta con el privilegio legal de crear moneda legal a la par con la moneda establecida como tal por los gobernantes. Es bien sabido por los que siguen estas páginas que a través de los mecanismos de reserva fraccionaria, los bancos pueden crear más o menos moneda fiduciaria, reflejada en apuntes electrónicos en sus balances.
Esta moneda cuenta con el privilegio del curso forzoso; esto es, sirve para redimir todas las deudas públicas y privadas. O sea, opera exactamente igual que un billete de banco o cualquier otra forma de dinero y cumple sus mismas funciones. Es más, a efectos legales, cotiza a la par que el dinero físico emitido por los bancos centrales, que constituyen junto con los depósitos de los bancos en el banco central la denominada base monetaria. Los apuntes electrónicos fundados en esta base no son, pues, exactamente lo mismo que esta, por lo que podrían perfectamente cotizar con descuento o con aprecio en los mercados, al percibir el usuario esta diferencia.
Extraña banca privada
Por ejemplo, en tiempos de crisis bancarias, la ciudadanía puede preferir el dinero en papel ante el riesgo de que sus ahorros en forma de apuntes puedan quedar inmovilizados en medio de una crisis de este tipo e incluso perderlos total o parcialmente. Si cotizasen según el mercado nos serviría además de indicador de la solvencia o insolvencia de un determinado banco. Pero no es así. Legalmente, cotizan a la par por privilegio legal, como si un libro de papel estuviese obligado a costar por ley, lo mismo que uno electrónico.
De esta forma, los bancos, incluido claro está el central, pueden inflar sus balances sin que tengan que asumir costes de falta de confianza que pudieran devenir de tal diferente valoración. Este privilegio, que como acabamos de apuntar no está disponible para otros sectores de la economía, es necesario para que los gobiernos puedan financiarse indirectamente a través del sistema bancario, y servir de correa de transmisión de sus políticas monetarias, expansivas o restrictivas del crédito. Extraña banca privada es esta que cuenta con la capacidad de emitir dinero de curso forzoso con el respaldo del poder político y que ve limitada esta capacidad a las regulaciones que el propio gobierno les indica. Muy privado y de libre mercado no parece ser este sector.
Depósitos garantizados
Otro privilegio legal con el que cuenta la banca “privada” es el denominado como garantía de depósitos. Para evitar las corridas bancarias, esto es, cuando los depositantes deciden masivamente retirar sus depósitos electrónicos y redimirlos a dinero de papel, los estados garantizan, directa o indirectamente y en exclusiva, a través de los denominados fondos de garantía de depósitos, los depósitos a la vista o a plazo supuestamente custodiados por la banca comercial.
La cantidad garantizada variaría según el país, desde la totalidad del depósito hasta una suma concreta, más allá de la cual el fondo no se hace responsable, y en algún caso puede incluso no existir tal garantía. En España a día de hoy están garantizados los depósitos hasta la suma de cien mil euros. Esta garantía constituye otro claro privilegio si lo comparamos con lo que acontece con otros sectores de la economía.
Paso previo a los rescates
Por ejemplo, antes de la crisis de 2007 era común comprar viviendas sobre plano; esto es, anticipando el valor total o parcial de la compra antes de ser construida la vivienda. De esta forma el constructor se financiaba y el comprador la obtenía algo más barata. En el discurrir de la crisis aconteció que muchos constructores quebraron y no pudieron entregar las viviendas. El dinero entregado quedó embargado en el proceso concursal y de cobrar algo los perjudicados sólo cobrarían lo que les correspondiese en el proceso judicial. Esto es, sus adelantos no estaban garantizados por fondos estatales, como no lo están todos los desembolsos para cualquier otro tipo de inversión o tráfico mercantil.
Esta garantía excepcional a los depósitos bancarios se establece supuestamente para reforzar la confianza en el conjunto del sistema bancario y buscar evitar de esta forma las retiradas masivas de depósitos, objetivo que, como estamos constatando, no cumple del todo su objetivo. De hecho, para lo que sirve es para poder justificar los rescates bancarios con fondos estatales de ser necesario, pues los fondos de garantía españoles en la actualidad a duras penas podrían cubrir el rescate de uno o dos bancos de tamaño mediano.
La crisis financiera
Ya en la última crisis tuvimos que comprobar que tal fondo se gastó con el rescate de dos cajas y luego para casos como el de Bankia hubo que recurrir a fondos de rescate europeos, aunque no se denominasen así. Aparte de ser un privilegio gracioso concedido por los estados al sector bancario, la garantía de depósitos también subsidia a los bancos menos solventes o a los más arriesgados en sus inversiones a costa de los que pretendiesen llevar a cabo una gestión más conservadora. De esta forma se traslada al usuario de la banca la idea de que da igual depositar el dinero en uno u otro banco, pues el estado cubrirá en caso de problemas.
Esto, como es de suponer, genera riesgo moral y tuvo en su momento la consecuencia de que todos se involucrasen en mayor o menor medida en operaciones de alto riesgo al no temer la retirada de fondos por parte de los clientes al no percibir estos mayor problema en depositar en uno u otro banco y no dudar en aceptar sin miedo las mejores remuneraciones que los bancos arriesgados ofrecían para poder financiar sus actividades de riesgo.
Esta medida debilita también el control que los usuarios pudiesen ejercer sobre el desempeño de sus bancos o sobre su cartera de inversiones, debilitando, por tanto, los incentivos a mejorar la cultura financiera de la población, manteniéndola apartada del seguimiento de la información relevante sobre el discurrir del sistema bancario. Justo lo que a los gobiernos actuales les gusta. No hay nada como una población mal informada para poder seguir operando el sistema bancario a gusto del gobernante.
La reserva fraccionaria
El tercer gran privilegio es el de la reserva fraccionaria. Como bien apuntó el profesor Huerta de Soto en su libro sobre dinero y crédito bancario, es también un privilegio que sólo se le otorga a los bancos con licencia o ficha del regulador. Es ilegal en cualquier otro sector económico, como el comercio de granos o de aceite por ejemplo, o en cualquier otra forma de depósito; un guardamuebles, por poner otro ejemplo.
El debate sobre la reserva fraccionaria es bien conocido por los lectores de estas páginas y es fuente aun de debate entre austríacos sobre su conveniencia o no. Nuestro interés aquí no radica en sus aspectos técnicos o morales, sino en su carácter de privilegio otorgado por los estados a los bancos bajo su jurisdicción. Su principal función actual, aparte de servir para financiar los gastos del estado con papel emitido por los bancos que para eso sirvieron en origen y aún siguen sirviendo, es servir como herramienta de política monetaria.
Manipulación del coeficiente de caja
Esto es, la manipulación del coeficiente de caja bajándolo cuando se quiere incrementar la cantidad de dinero en circulación y subiéndolo cuando lo que se pretende es restringirla, ha sido desde hace decenios una de las principales herramientas de los reguladores en su intento de controlar y manipular la actividad económica. Este coeficiente no es algo natural o que salga del libre flujo del mercado, sino que deriva del propio privilegio de coeficiente fraccionario, y la prueba está en que cada país cuenta con su propia política de encaje.
Curioso, cuando menos, que las reglas técnicas de manejo de un banco dependan tanto de quienes gobiernan, y, por tanto, de las políticas que establecen, como de dónde gobiernen. Con lo que cada estado contará con normas de funcionamiento distintas. No parecen formas de funcionamiento muy técnicas u orientadas a la mejor disposición de los depósitos, si no orientas al control estatal de la economía a través de sus agentes, los bancos comerciales.
Estos son usados para estos menesteres ya cambio obtienen protección y beneficios de plegarse a esta función. Peor para ser justos habría que decir que no podrían optar por otro sistema. Hay que matizar también que el papel del coeficiente de caja como herramienta ha perdido cierta importancia como herramienta.
Después de una tramitación urgente del proyecto remitido por el Congreso de los diputados, el pleno del Senado aprobó la semana pasada la denominada Ley por el derecho a la vivienda, sin alterar una sola coma.
En el curso de la brusca alteración constitucional en marcha, dicho proyecto de ley añadía motivos para la alarma por dirigirse como un torpedo contra el derecho de propiedad[1] y la libertad de empresa dentro de la economía de mercado[2] de ciudadanos particulares y personas jurídicas. Dicho esto, la verdad es que resultaba un trasunto lógico de medidas ensayadas parcialmente por decretos leyes promulgados antes, tal como había advertido en diferentes análisis[3].
Cambios legislativos
Por hacer una breve enumeración de esos precedentes, en el año 2018, por la vía del decreto ley, se reformó la Ley de arrendamientos para establecer la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de vivienda de cinco años, a voluntad del inquilino – siete años en el caso de que el arrendador fuera persona jurídica–.
Paralelamente, se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil para imponer al arrendador la obligación de informar al inquilino de la existencia de servicios sociales que podrían apreciar su situación de “vulnerabilidad”. El incumplimiento de esa obligación se sancionaría con la prolongación del período de espera para conseguir eventualmente el lanzamiento en procedimientos de desahucio. Al no ser convalidado el decreto ley inicial, en 2019 se aprobó otro en muy similares términos que continúa en vigor.
La pandemia fue, asimismo, el pretexto alegado para obligar a los propietarios de viviendas promotores de desahucios a buscar un alojamiento alternativo para las personas “vulnerables”. Asimismo, hasta la finalización del estado de alarma, se suspendieron los procedimientos y los lanzamientos subsiguientes, no solo civiles, sino también los derivados de la ejecución de condenas por usurpación de vivienda.
Las elecciones autonómicas y locales
Ya prácticamente concluida la alerta sanitaria derivada del covid-19, es cuando el gobierno presentó el proyecto de Ley de vivienda en el Congreso de los Diputados. Obtuvo la tramitación de urgencia en febrero del año pasado. A pesar de esa calificación, el texto estuvo aletargado un tiempo, durante el cual las terminales de la facción socialista del gobierno difundieron la especie de que estaban retrasando su aprobación para pulir las disposiciones más chocantes. No por casualidad, la vicepresidenta económica, alta funcionaria en excedencia de la Comisión Europea, se presentaba como supuesto valladar social burocrático frente a la vesania del ala podemita.
Sin embargo, un año después, en vísperas de las elecciones locales y autonómicas de este año, la consigna cambió. Tras el último trámite acelerado en la Cámara Alta, acompañado de la promesa a grupos específicos de votantes de viviendas imposibles, se puede observar el resultado: Una ley totalitaria que conculca frontalmente los derechos y libertades fundamentales mencionados, para garantizar el disfrute de una vivienda[4] para quién decida el gobierno de turno.
Artículo 53 de la CE
La mera pretensión de llamar Ley a un texto articulado alrededor de un llamativo título bajo el que amalgamar proclamas milenaristas, pomposos eslóganes, normas heterogéneas[5] y reformas de otras leyes, resulta por sí misma bastante ridícula. Ahora bien, toda esta verborrea entra en vigor formalmente desde el día 26 de mayo[6], a pesar de las groseras vulneraciones de derechos fundamentales recogidos en la Constitución y la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
La maquinaria de propaganda del gobierno no cejó de repetir que se trataba de la aprobación de una ley necesaria, con efectos taumatúrgicos, para garantizar “el derecho a una vivienda digna”. Sin embargo, en el plano jurídico resulta imposible desconocer las garantías de derechos establecidas en el artículo 53 de la Constitución Española[7]. De estas reglas se colige la primacía de los derechos y libertades del capítulo II del Título I[8] frente a los “principios rectores de la vida social y económica” del capítulo III[9], en caso de colisión.
En cualquier caso, entrando un poco en el detalle, me interesa más aludir a las novedades procesales, contenidas en las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos, abordadas en las disposiciones transitorias, adicionales y finales de esta Ley de vivienda. Como se ha anticipado, consolidan[10] en parte ensayos del gobierno[11].
Novedades procesales
A grandes rasgos consisten en complicar las cosas a quién (casi siempre propietario) trata de recuperar la posesión de su vivienda, acudiendo a los tribunales por distintos motivos ¿Cómo? Estableciendo cargas procesales (como aportar certificados o declaraciones responsables sobre la supuesta “vulnerabilidad” de las personas contra las que se dirige el procedimiento, por ejemplo) que son ajenas al objeto de la pretensión y cuya desatención se castiga con la suspensión o la prolongación de los trámites.
De forma crítica, en dos momentos: 1) La admisión de demandas en procedimientos civiles dirigidos a retener o recuperar la posesión[12] y de desahucio por falta de pago o extinción del término y 2) Ejecuciones forzosas de las sentencias dictadas en esos procedimientos hasta llegar al lanzamiento de la vivienda, en su caso, u otros como las ejecuciones hipotecarias o las medidas dictadas en procedimientos penales frente a usurpadores (artículo 245 CP) que pueden requerir también ese lanzamiento, entendido como expulsión forzosa de quién no quiere abandonar la vivienda voluntariamente después de que una resolución judicial así lo ha decidido.
Los jueces, trabajando para vulnerar los derechos
Pues bien, la Ley de marras protege a todo aquel que incumpla contratos o abuse de la propiedad ajena sobre una vivienda habitual, o, aún más grave, a quién fuerce su entrada en una vivienda sin violentar al poseedor, pero con la clara intención de no pagar nunca y aprovecharse de sus servicios.
Cargas procesales que se extreman en el caso de que la parte actora sea gran tenedora de vivienda[13]. En la disposición transitoria tercera se les impone acreditar que han instado un procedimiento de conciliación o intermediación contra los poseedores de hechos de sus viviendas antes de solicitar la reanudación de procedimientos suspendidos durante la pandemia.
De este modo, se fuerza a los jueces y secretarios judiciales a convertirse en coadyuvantes de la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías y a obtener la ejecución de una sentencia en sus propios términos, que constituye una faceta de la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24.1 CE. El hecho resulta particularmente grave en el caso de la ejecución de condenas por usurpación, pues permite al condenado beneficiarse del delito cometido, incluso después de una resolución con fuerza de cosa juzgada.
Contra los más pobres
En definitiva, cabe concluir que se han tejido todos los mimbres para agudizar la escasez de viviendas donde más se demandan. Si no se derogan pronto esas disposiciones, el riesgo de destrucción del mercado del alquiler de vivienda en España, como parcialmente ocurrió en comunidades autónomas donde legislaron sobre aspectos del derecho civil ajenos a su tradición foral[14], es evidente. La idea de que el supuesto gran tenedor de viviendas debe soportar a los incumplidores alejará a nuevos inversores en inmuebles para alquilarlos como vivienda habitual. Tampoco los pequeños propietarios tendrán un gran incentivo ante una desprotección tan evidente de su posición.
Por otra parte, la supuesta protección del deudor hipotecario, retrasando sine die las ejecuciones hipotecarias en caso de impago, privará a las personas menos pudientes de acceso al crédito en circunstancias normales. Sumado todo ello a la vuelta de tuerca que se da al urbanismo socialista imperante desde hace décadas, lo que ya era una situación dramática para personas con dificultades para acceder a un hogar independiente, se convertirá en pesadilla[15].
[5] Administrativas, principalmente, que pretenden usarse como pátina pseudo legal para irrumpir sobre cuestiones privadas (derecho civil) y procesales.
[7] Auténticas reglas de reconocimiento, en el sentido enunciado por el filósofo del Derecho británico Herbert L.A Hart de que sirven para determinar la validez de las normas desde la perspectiva constitucional.
[8] Entre los cuales se hallan los citados derechos de propiedad (artículo 33 CE) y la libertad de empresa dentro de la economía de mercado (artículo 38 CE).
[9] Del Capítulo III del Título I, entre los que se incluye “el derecho a una vivienda digna” (art. 47)
[10] Dada la proliferación de asesores del gobierno no sorprendería que una gran parte de ellos sean avezados programadores de herramientas de inteligencia artificial parar construir la legislación diarreica con la que vienen obsequiando a la ciudadanía.
[11] Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (derogado); Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (supuestamente en vigor); Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes ( suspendiendo durante el estado de alarma los procedimientos de desahucio y lanzamiento arrendaticios para “personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional” ); Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (derogado); este último supuestamente sustituido por la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Finalmente, el artículo 46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, introdujo una limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
[13] Persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.
[14] Es el caso de Cataluña, donde gobierna la Esquerra, aliada del gobierno central. Por incurrir en ese vicio, el Pleno del Tribunal Constitucional, por Sentencia 37/2022, de 10 de marzo de 2022, declaró la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la Ley del Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Nótese, por tanto, el interés de ese partido en ampliar a toda España el ámbito de aplicación de la medida que había ensayado en Cataluña.
[15] El nuevo estatuto de la propiedad sobre la vivienda, que fulmina el entendimiento del Derecho Civil de ese derecho, profundiza en la idea de concebirlo como equivalente a una concesión administrativa. En cuanto tal, el titular se halla supeditado al cumplimiento de una larga lista de obligaciones, ya avanzadas para el suelo en las leyes urbanísticas.
Navigare necesse est proclamó Cneo Pompeyo Magno, uno de los más grandes generales de la Roma antigua. En nuestro mundo, lo que se ha convertido en una opción necesaria es alquilar una vivienda. Millones de estudiantes y trabajadores se desplazan entre pueblos y ciudades, buscando alojamiento para periodos más o menos largos. Normalmente no tienen intención de comprar una vivienda en el mismo municipio y comprometerse a vivir en él de por vida. Alquilar una es especialmente necesario para los inmigrantes, los empleados y familias con salarios bajos que no disponen de patrimonio o de ingresos suficientes como para permitirse comprar una vivienda.
Inversión inmobiliaria
Para un propietario, alquilar un piso es una inversión relativamente segura, aunque con una tasa de beneficio relativamente baja. Normalmente, se puede esperar un 4-5% de beneficio sobre el valor de la vivienda alquilada. No es especialmente alto, pero, a su vez, ofrece un rendimiento relativamente seguro del dinero invertido. No es casualidad que los fondos de pensiones y de salud fueran los mayores constructores y operadores de viviendas de alquiler antes de la llegada de la seguridad social pública. Inversión segura, beneficio seguro.
La posibilidad de comprar pisos para alquilar es una inversión especialmente buena para las personas de clase media que suelen buscar una inversión sólida y con cierta seguridad. Son los pequeños inversores que invierten sus ahorros en comprar para alquilar uno o varios pisos. La necesidad de una inversión segura es especialmente acuciante hoy en día, cuando los bancos centrales fijan los tipos bancarios muy por debajo de la inflación y los depósitos en bancos pierden valor por el alto nivel de inflación.
Neutralidad ante el problema del alquiler
Además, quienes invierten en vivienda para alquilar están realizando una inversión socialmente útil. Indirectamente, ayudan a aumentar el parque de viviendas del país y aseguran que habrá suficientes pisos para satisfacer la demanda de vivienda. Invirtiendo en vivienda, crean puestos de trabajo en la industria de la construcción y en las industrias al servicio de la vivienda. Además, los inversores también contribuyen con sus impuestos a las arcas del Estado, una importante contribución en un país con deuda de más de 110% del PIB.
Cualquier gobierno con común sentido debería ser neutral en la cuestión del alquiler y debería dejar que el mercado solucionara los problemas del alquiler como norma principal, dentro del marco del Código Civil. ¿Qué significa la neutralidad en el caso del alquiler? ¿Cómo debe obrar un gobierno con sentido común?
Lo primero es no imponer impuestos adicionales sobre los ingresos derivados del alquiler de viviendas, porque la consecuencia de los impuestos adicionales sobre los ingresos del alquiler será un aumento de los precios de los alquileres. El motivo es que los arrendadores quieren que su rentabilidad sea lo suficientemente alta. Los alquileres más altos impedirán que los ciudadanos más pobres tengan opciones para alquilar viviendas.
Hacer cumplir las normas
Hacer cumplir las normas del derecho civil en materia de alquiler. No hay necesidad de ninguna regulación especial más allá de los límites establecidos en el derecho civil al respecto de contrato. El juicioso interés propio de las partes contratantes basta para garantizar su propio interés en sus contratos dentro de los límites establecidos por las reglas generales.
Aun así, si un gobierno siente la necesidad de limitar la libertad contractual de las partes, la regulación debería afectar por igual al arrendador y al arrendatario. Si la regulación perjudica demasiado a los dueños de los pisos, la consecuencia es que aumenta su riesgo, lo que tendrá un impacto negativo en la inversión y también provocará un aumento de los precios de los alquileres, ya que los propietarios subirán los precios para afrontar riesgos más altos. Por lo tanto, la regulación que tiene como objetivo defender a los arrendatarios, finalmente les perjudica, puesto que deben pagar el recargo que la inseguridad causada por la regulación produce.
Seguridad
Garantizar la rápida actuación de la ley en caso de incumplimiento del contrato, ya que, si las partes se encuentran desprotegidas, la consecuencia inmediata será la subida de los precios de alquiler.
Si el gobierno no garantiza a los propietarios el cumplimiento de la ley, supone un riesgo para quienes ponen sus pisos en el mercado. Su respuesta para compensar su inseguridad será pedir precios cada vez más altos o abstenerse de invertir en el mercado de la vivienda, lo que agrava el problema social y penaliza a los quien buscan alquiler.
Por último, el gobierno debería mantener la seguridad de los derechos de propiedad y aplicar tanto la legislación civil como la penal contra quienes infrinjan los derechos de propiedad del propietario y causen daños por la infracción.
Mayor oferta
Si el gobierno dejara la cuestión del alquiler en manos de la regulación del mercado y asegurara el cumplimiento de la ley, la plaga de la escasez de alquileres y la escalada de subida de precios de los mismos se frenaría. Habría más competitividad entre inversores que pueden invertir el dinero lo que rebajaría los precios del alquiler. Hay que añadir, que cuantos más alquileres hubiera en el mercado, mayor sería la variedad de viviendas disponibles, desde pisos pequeños baratos y modestamente amueblados, hasta casas de lujo que satisfarían la demanda de todo tipo de clientes.
Una política gubernamental neutral de este tipo es la mejor para garantizar que tanto los inversores, que buscan un beneficio fiable, como los que buscan alquilar un piso estén bien atendidos por el mercado. Una política gubernamental de este tipo tendría un efecto positivo adicional al propiciar la inversión en viviendas de alquiler. En consecuencia, aumentará la riqueza inmobiliaria de la nación y se crearán puestos de trabajo en los sectores relacionados con la vivienda y su habitabilidad.
Una política gubernamental neutral de este tipo puede ir acompañada de la utilización del presupuesto del Estado del bienestar, como es habitual en nuestro mundo moderno, para ayudar a los más desfavorecidos, que no tienen ingresos suficientes como los parados, los inmigrantes recién llegados, o las familias con problemas.
La peor solución
La peor solución para el gobierno sería modificar penalizar unilateralmente a los propietarios de viviendas de alquiler y poner toda la carga y la responsabilidad sobre ellos, sin garantizar que sus intereses están protegidos de manera justa. Esta es una política gubernamental barata, ya que en lugar de utilizar el cofre del estado de bienestar quiere resolver el problema social de los altos alquileres a expensas de los inversores que arriesgan su inversión en el mercado de la vivienda.
Se trata de una política gubernamental que puede obtener cierto apoyo electoral ya que es fácil manipular a la opinión pública suscitando el odio contra los supuestos especuladores y alegando que el gobierno solo se mueve por solidaridad. Sin embargo, tal política está condenada a ser contraproducente porque perjudica sobre todo a quienes quieren alquilar una casa lo más barata posible y a quienes quieren una inversión segura ofreciendo pisos en alquiler. Tal política unilateral está condenada al fracaso ya que los riesgos que tiene que asumir el arrendador aumentan considerablemente.
Tres opciones
Los propietarios, ante la posible indefensión ante la ley para hacer valer sus derechos de propiedad frente a un inquilino por incumplimiento de contrato o impago tienen tres opciones:
1) Exigir, en general, una renta más alta para cubrir los riesgos.
2) Decidir si se alquila o no un piso en función del perfil de riesgo.
3) Retirarse del mercado del alquiler e invertir su dinero en otra parte de la economía.
El resultado tal política es un menor número de pisos de alquiler disponibles en el mercado, alquileres más altos y tensiones sociales.
El milagro del abastecimiento no es milagroso
En una famosa videoconferencia, Israel Kirzner, uno de los más grandes economistas estadounidenses, se preguntaba cómo es posible abastecer de alimentos sin ningún problema a una ciudad tan grande como París, con sus millones de habitantes. La respuesta es sencilla: el interés por el beneficio y la competencia entre productores y comerciantes en el mercado crean una abundante oferta de alimentos, tiendas y restaurantes.
Lo contrario del abundante suministro de alimentos por el mercado es la escasez de alimentos de la economía socialista planificada. En las economías socialistas planificadas, el Estado se había hecho cargo de la organización del suministro, expulsando a los campesinos y comerciantes especuladores del mercado. El resultado fue una continua escasez de alimentos, en el peor de los casos el Holodomor en Ucrania, o el hambre en China, que mató a millones de personas. Tampoco la política estatal populista de Venezuela es un buen ejemplo.
Ley de vivienda
Los ciudadanos venezolanos, con las más grandes reservas de petróleo del mundo, deberían ser más ricos que los noruegos. Son más pobres, con los supermercados vacíos, porque el gobierno venezolano libra una guerra contra los “especuladores” e intenta organizar el suministro de alimentos por sí mismo.
España va en la dirección equivocada con la reciente legislación sobre el mercado del alquiler. Esta nueva legislación unilateral desalienta la inversión privada en el mercado de la vivienda. Además, el Estado español tiene unos de los niveles de deuda más altos de Europa, por lo que es poco probable que pueda sustituir a los inversores privados que faltan y a las ofertas privadas de pisos en alquiler.
El pasado 17 de mayo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se enfrentó verbalmente con una ciudadana que le echaba en cara la compra de su mansión en la localidad madrileña de Galapagar. Esta anónima señora le espetaba cómo era posible que alguien que se las da de pobre y clase obrera sin sitio para caerse muerta, posea una mansión cuyo valor de compra superó los 600.000€. La respuesta de la líder comunista no fue, en absoluto, indiferente: alegó que había adquirido dicha propiedad gracias a la herencia que su padre le había legado.
Ahora bien, la cuestión aquí se vuelve rocambolesca por dos motivos. El primero es que, en el momento de la adquisición de tan fuera-de-clase-media propiedad inmobiliaria, el padre de la ministra aún vivía, esto es, mayo de 2018, hace justo cinco años. Por tanto, más que herencia, en todo caso, sería una donación. Añadió la ministra que, al ser hija única, todo el importe de la herencia, un millón de euros, nada menos, repartidos en seis inmuebles, era para ella en exclusiva (habría que explicarle la diferencia entre herencia legítima, de mejora o de libre disposición), unido al hecho de que tanto él como su pareja, el que fuera vicepresidente Pablo Iglesias, contaban con ingresos suficientes para “comprarse lo que les dé la gana”.
Algunos son más heredables que otros
Aquí hemos llegado al meollo de la cuestión. El partido, y la coalición, a la que pertenecen tanto la ministra de Igualdad como su pareja y anterior vicepresidente segundo del gobierno, fundador, además, no es que haya destacado precisamente por su defensa a ultranza de la propiedad privada (ajena). En este caso concreto, Podemos primero y Unidas Podemos ahora siempre han sido formaciones políticas con las herencias en el punto de mira. Para la formación que nació del 15-M en los pasillos de la Complutense, las herencias son una de las causas más nocivas de la desigualdad de ingresos.
Pero, si la heredera está imbuida de clase obrera, si es dirigente de una formación que se sustenta electoralmente sobre los trabajadores, si el fin que persiguen es moralmente lícito (para imponérselo a los demás), ¡ah, amigo!, ahí la cosa cambia. Hemos llegado a la posibilidad de que las herencias puedan ser calificadas de derechas o de izquierdas, de reaccionarias o de progresistas, en función de la persona que herede. No será lo mismo que herede Ana Patricia Botín a que lo haga la hija de un obrero, aunque le deje la nada desdeñable cantidad de un millón de euros.
Yo gano votos disponiendo de tu propiedad
Justamente, esta semana ha pasado por el Senado la nueva Ley de Vivienda impulsada por otra ministra de la misma formación, en este caso Ione Belarra. Precisamente, el fin de esta ley es que los caseros se conviertan en proveedores de vivienda de protección social, eufemismo donde los haya. Ahora, los caseros, independientemente de su situación, se verán con mil y una trabas administrativas para desahuciar a un inquilino que, por las razones que sea, haya decidido que no paga lo que contractualmente está obligado.
Pero, volviendo a la cuestión de las herencias, aquí lo que se juega es la plena disposición de los bienes. La imposibilidad de dejar en herencia un sustento, pequeño o grande, entre muchos o entre pocos, del patrimonio lícitamente obtenido durante toda una vida supone, en primer lugar, un desincentivo tremendo a la hora de acumular capital.
Una sociedad de propietarios
Además, la entrega al Estado de todos los bienes al fallecimiento supone que la propiedad privada, precaria ya de por sí, pasa a ser un mero usufructo. De lo que se trata es de crear una sociedad de propietarios. Nada garantiza mejor la propiedad que la posibilidad de disponer de ella, de acumular poco a poco toda una vida de privaciones. Puesto que, en contra de los delirios keynesianos, nadie se ha enriquecido jamás gastando. A través del duro, durísimo proceso de acumulación de capital como una familia va poco a poco aumentando su sustento.
Pero, bueno, ahí tenemos a Irene Montero para defender las herencias a ultranza. Habrá que tomar su nombre en consideración como candidata al premio Juan de Mariana.
Cuando tengo la oportunidad de explicar a mis alumnos qué son el fascismo y el nacionalsocialismo, mi principal objetivo es que lleguen a dos conclusiones fundamentales: la primera, que comprendan que estas dos ideologías son claramente de izquierdas, a pesar de las percepciones comunes que las sitúan en otro espectro político. Y la segunda, que comprendan que el fascismo y el nacionalsocialismo no son fenómenos del pasado que hayan desaparecido. Siguen presentes en la sociedad actual de formas que pueden no ser evidentes a simple vista.
Es importante subrayar que la persistencia de estas ideologías no se debe a la admiración de unos pocos por figuras históricas como Hitler o Mussolini. Tampoco a la existencia de grupos neonazis dispersos dentro o fuera de Alemania. De hecho, poco tiene que ver con la etiqueta de «fascista» que se suele lanzar indiscriminadamente por los medios «woke». La combinación de socialismo y nacionalismo ha logrado perdurar y perpetuarse. Eso, a pesar de que sus símbolos, imágenes y referencias literales (esvástica, por ejemplo) son ampliamente rechazados en la esfera social.
La forma concreta en que se manifestaron estas ideologías ha evolucionado y no sigue siendo idéntica. Pero su esencia ha logrado infiltrarse en el paradigma político contemporáneo de maneras sutiles y difíciles de reconocer para muchos. El trasfondo y los principios fundamentales que sustentaban estas ideologías han dejado una huella duradera en nuestra sociedad, aunque no siempre sea evidente.
Nuestras economías fascistas y nacional socialistas
En la actualidad, la amplitud del espectro político está infrarrepresentada. La mayoría de los Estados implementan un Estado del Bienestar similar, controlan sectores estratégicos de la economía, regulan el tránsito de personas y mercancías, controlan los medios de comunicación y emplean medidas de censura, expresan la violencia policial, prohíben las armas y las drogas, etc.
Estas políticas públicas suelen justificarse desde lógicas socialdemócratas y nacionalsocialistas. Por ejemplo, la defensa de la educación pública se hace para garantizar tanto la igualdad de oportunidades como una juventud homogéneamente educada y leal a su nación. Del mismo modo, la inmigración se controla para proteger a los trabajadores nacionales, proteger la integridad nacional y evitar desequilibrios económicos. Es decir, el Estado no acepta inmigrantes en masa porque pueden perturbar su planificación económica.
Socialdemócratas de todos los partidos
Los socialdemócratas de todos los partidos han conseguido hacernos creer que sus enemigos, su extremo opuesto, la extrema derecha, son los fascistas/nacionalsocialistas. En realidad son sus primos cercanos, sus aliados en la lucha contra el liberalismo y el capitalismo por parte de los socialistas no marxistas. Desde la Primera Guerra Mundial, los Estados y supra-Estados han apoyado políticas características del fascismo y del nacionalsocialismo como:
Control estatal de sectores estratégicos para la guerra bélica o para la guerra contra la pobreza, las drogas, el COVID, etc.
Proteccionismo y privilegios para empresas y trabajadores nacionales.
Nacionalización de empresas, acoso al sector privado y eventuales controles de capitales, de precios y salarios.
Rechazo del patrón oro junto a manipulaciones monetarias por medio de la banca central como expansión del crédito, manipulación de los tipos de interés, etc.
Atención sanitaria nacional, seguros de desempleo, imposición de estándares educativos y políticas de planificación familiar.
Posiblemente la mayoría de las economistas no se reconozcan a sí mismos como «fascistas en lo económico» aunque indirectamente si lo sean. Especialmente, por la vía del Keynesianismo anti libre mercado o por la vía de síntesis proteccionistas-nacionalistas, socialistas de mercado, capitalismo-escépticas.
Nacionalsocialistas en lo económico, progresistas en lo social
El mainstream político no solo se esfuerza por hacernos creer que la mayoría de los políticos de izquierda se diferencian importantemente de Hitler o Mussolini en cuanto a sus políticas sociales y económicas. O que los únicos que se les parecen son los políticos de «extrema derecha» como Trump y Bolsonaro. También han querido asociar a Hitler con el conservadurismo. Y, sin embargo, el proyecto nazi era tan progresista como el socialismo del siglo XXI de Chávez o la agenda 2030 de Naciones Unidas.
La exaltación de épocas pasadas en discursos populistas y de agitación no convierte inmediatamente a cualquier político en conservador. Las imágenes del pasado se utilizan a menudo para reforzar una identidad nacional. Para hacer sentir al público que en sus venas y en su historia habita el poder, la voluntad y el destino de cambiar el mundo. De reorientarlo o reconstruirlo.
Un nuevo hombre para una nueva sociedad
Por ejemplo, Chávez y su revolución bolivariana se sirven descaradamente de la imagen manipulada de Bolívar para pintarlo como pensador socialista y héroe de la clase obrera y nacional. Sin embargo, el culto a Bolívar no contradice en absoluto las ambiciones progresistas de la revolución. Ésta pretende emplear el Estado para llevar a cabo los cambios radicales necesarios para construir una sociedad nueva, solidaria y autosuficiente, con abundancia material e igualdad u homogeneidad.
El proyecto nazi, o la revolución bolivariana, no buscan actualizar órdenes sociales anteriores, buscan crear una nueva sociedad y un nuevo hombre. Lo que para muchos marca la diferencia radical entre el nazismo y los socialismos nacionalistas actuales es el énfasis de Hitler en la cuestión racial determinada genéticamente. Su ingeniería social se basaba en la eugenesia o higiene social. Es decir, en limpiar ética y racialmente Alemania, buscando llevar a la extinción a judíos, enfermos psiquiátricos, discapacitados y otros grupos perseguidos.
Redistribución hacia los ciudadanos de primera
Sin embargo, los ingenieros sociales actuales no hacen hincapié en el componente genético como antes. Han trasladado la pelota al terreno de los cambios culturales y las ideas. El medio no es eliminar personas de una etnia concreta, sino eliminar ideas de una naturaleza concreta. La reeducación de la población y la criminalización de determinadas ideas o expresiones es el medio preferido de los progresistas del siglo XXI. Eso es lo que les diferencia de los del siglo XX.
Los distintos socialismos establecen bajo diferentes esquemas su lógica distributiva, por ejemplo, de burgueses a proletarios o de productores a no productores. En el caso del nacismo la distribución fue de judíos, grupos perseguidos y extranjeros hacia el Estado con reparto prioritario hacia el gasto militar y los alemanes arios. Este mismo esquema es característico de los progresismos que establecen una agenda política que diferencia ciudadanos de primera y de segunda, grupos expoliados y priorizados, beneficiando a productores, funcionarios públicos, minorías agrupadas y grandes empresas, a costa de los consumidores, autónomos, pequeñas empresas, nuevos trabajadores y empresas no enchufadas.
El asesinato como política de Estado
Aunque la mayoría de los Estados se empeñan en realizar purgas sociales, ideológicas y culturales en lugar de purgas físicas, excluyendo o matando a los ciudadanos, el Estado venezolano está llevando a cabo actualmente una brutal limpieza étnica y socioeconómica mediante una política sistemática de violencia policial y ejecuciones extrajudiciales. Las fuerzas de seguridad están militarizadas y reciben órdenes directas de entrar en los barrios más pobres de la ciudad para secuestrar o matar en el acto a jóvenes varones entre 16 y 25 años.
Durante sus 2 primeras décadas de gobierno, el chavismo permitió que la delincuencia alcanzara su punto más alto, debilitando las fuerzas policiales, el sistema judicial y armando directamente a grupos dedicados al robo, el secuestro y el narcotráfico. En los últimos años, Maduro ha centrado progresivamente sus esfuerzos en controlar o exterminar a los grupos armados que ellos mismos crearon, constituyendo una nueva política de control de las zonas rojas del país. Esta estrategia totalitaria es efectiva incluso dentro del marco democrático, la población azotada por la delincuencia puede apoyar las políticas de «mano dura» como solución a la inseguridad, sin embargo, pagan un precio muy alto, y es ampliamente conocido que cada día mueren jóvenes inocentes, o al menos sin un juicio adecuado, en manos de las fuerzas policiales.
Venezuela
Actualmente, en Venezuela existen toques de queda y redadas nocturnas donde los jóvenes son cazados en sus propias casas, esto permite al Estado infundir terror y debilitar a las comunidades donde se llevan a cabo las ejecuciones, ya que en esas zonas pobres donde el Estado suele atacar, las familias dependen unas de otras, pero el nivel de violencia con el que el Estado las ataca las deja desamparadas, abatidas, resentidas y desesperanzadas.
Investigadores de la organización Caracas Mi Convive registraron cualitativamente la experiencia de los familiares de las víctimas. Y la tragedia se puede ver reflejada en algunos extractos:
«Tocó la puerta y… “tía me van a matar, tía me van a matar”. El policía lo agarró y le decía a la policía: “dame una pela, no me mates” y él le decía: “cállate que te voy a matar, cállate y arrodíllate” y cuando, cuando mi prima como abrió la puerta un poquito, le dió.»
«A todas estas, los policías se pusieron a sacar las balas de todas las paredes para llevárselas, para que no quedara ninguna evidencia en su contra, ¿entienden?»
«Porque de verdad, si mi hijo tuviese algo que ver en lo que lo involucraron… yo realmente, ni estuviera hablando contigo. Ni… estuviera perdiendo mi tiempo en una fiscalía, ni buscara que realmente saliera a la luz la verdad.» (Sardi, et al. 2018, pp. 61-71)
No tan diferente
La situación política y económica actual se parece más al fascismo y al nazismo de lo que muchos reconocen, aunque el componente totalitario no es el mismo, se dan fenómenos similares en los regímenes democráticos. Por su carácter progresista, estas ideologías y sus manifestaciones actuales suelen centrarse en la creación de un hombre nuevo, para lo cual la población debe ser depurada ideológica y físicamente.
Particularmente en Venezuela (o en China con las etnias musulmanes), hoy en día se está llevando a cabo una limpieza física, a la cual no se le da la relevancia que merece porque se asume que lo que está haciendo el chavismo-madurismo resulta de alguna forma diferente a lo que hizo Hitler, pero de ninguna manera lo es.
Bibliografía
Sardi, G., García, S., Oropeza, C., Udelman, F. & Azpúrua, I. (2018) Cuando suben los de negro. Experiencia de duelo en víctimas de violencia policial. Caracas, Venezuela.
Neetu Arnold escribió recientemente un artículo sobre las formas en que los colegios y universidades se están preparando para una “era post-acción afirmativa” mediante el desarrollo de “estrategias para que las universidades continúen con la discriminación racial a través de enfoques neutrales desde el punto de vista racial en las admisiones y más allá”, con el objetivo de “lograr objetivos relacionados con la diversidad sin desencadenar el escrutinio legal”. Se trata de un trabajo periodístico muy importante.
Pero yo no soy periodista, sino filósofo académico. Así que quiero abordar una cuestión diferente: ¿por qué debemos esperar que los colegios y universidades sigan comprometidos con la discriminación identitaria, del tipo racionalizado e implementado hoy en día bajo la égida de “DEI” (Diversidad, Equidad e Inclusión)? Suponiendo que así sea, que las instituciones de enseñanza superior estén tan comprometidas, es importante entender cómo están llevando y llevarán a cabo este compromiso. Pero, en primer lugar, ¿por qué es así?
Esta es una pregunta que puedo responder, habiendo estudiado ampliamente la filosofía y la teoría que subyacen a la política que impulsa estas políticas. Hay dos razones, la primera filosófica y la segunda sociológica:
La DEI es filosófica e ideológicamente fundamental para el izquierdismo identitario posmodernista (PIL) que es hegemónico en el mundo académico y cada vez más en la cultura en general, y que impulsa la discriminación positiva gubernamental, académica y empresarial, así como todo lo demás asociado con el “wokeismo” o el “izquierdismo woke”.
DEI es ahora una industria burocrática, desde los campus universitarios a los departamentos de RRHH de las empresas y desde el entretenimiento al gobierno, y las burocracias crecen de forma natural en lugar de reducirse en ausencia de intervención externa, especialmente cuando la financiación está ahí, y el dinero se ha volcado absolutamente en DEI desde todos los frentes, desde multimillonarios como McKenzie Scott a la administración Biden.
La cuestión sociológica es menos interesante y puede plantearse más rápidamente, así que empezaré por ahí. Según Forbes, “el gasto empresarial en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) se ha disparado en la última década. Se calcula que el mercado mundial de DEI alcanzó los 7.500 millones de dólares en 2020 y se espera que se duplique para 2026”. Según un informe de 2021, “[o]rganizaciones de todas las industrias están haciendo de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) una prioridad, con un 79% que planea asignar más presupuesto y recursos en 2022.” En 2020, los Institutos Nacionales de Salud lanzaron un programa que “dará a 12 instituciones un total de 241 millones de dólares en nueve años para la contratación de profesores centrados en la diversidad”, mientras que la Fundación Nacional de Ciencias “la financiación de los llamados temas ‘antirracistas’ se triplicó con creces de 2020 a 2021.”
En muchas facultades y universidades, las declaraciones sobre DEI son una parte obligatoria de las solicitudes de empleo, y se ha convertido en una práctica común “adoptar políticas explícitas de ‘defensor’ o ‘paladín’ de la diversidad” que colocan a “alguien en un comité de búsqueda cuyo único trabajo es destacar las prioridades de DEI”. Por no hablar de que prácticamente todas las instituciones de enseñanza superior cuentan ahora con una oficina de DEI, ni de la proliferación de consultorías de DEI con ánimo de lucro. Según un informe, “el personal de DEI enumerado por las universidades era 4,2 veces superior al personal que ayuda a los estudiantes con discapacidad a recibir adaptaciones razonables, como exige la ley”, siendo la proporción en la UNC de “13,3 veces más personas dedicadas a promover la DEI que a prestar servicios a las personas con discapacidad”, mientras que en “Georgia Tech, había 3,2 veces más personal de DEI que profesores de historia”. Del mismo modo, la oficina de DEI de la Facultad de Medicina de Yale cuenta con dieciséis empleados, lo que la hace más grande que sus departamentos de Historia de la Medicina e Informática Biomédica y Ciencia de Datos, mientras que la Universidad de Michigan tiene 142 empleados de DEI que cuestan 18 millones de dólares anuales.
Teniendo en cuenta el dinero que se vierte en el DEI y la ley de hierro de la expansión burocrática, parece seguro decir que el DEI está aquí para quedarse durante algún tiempo, incluso si el sentimiento popular se volviera en su contra. Sin embargo, la razón más fundamental por la que podemos predecir que el DEI sobrevivirá y crecerá, al menos mientras el PIL siga dominando la izquierda política, es filosófica e ideológica, ya que el DEI no hace más que formalizar la idea central del PIL.
El PIL es el resultado de desarrollos tanto teóricos como empíricos en la década de 1980, especialmente, aunque con raíces en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial (en particular, en la aparición del posmodernismo francés y la teoría crítica alemana y su recepción inicial en el mundo académico anglófono en la década de 1960). Por el lado empírico, los diversos fracasos empíricos del socialismo y el comunismo, que culminaron con la caída del Muro de Berlín, desacreditaron la visión política del “marxismo clásico” a los ojos de muchos miembros de la izquierda. En el plano teórico, se produjo el auge de lo que he denominado filosofía posmodernista “antimetafísica” y teoría crítica.
El posmodernismo es “antimetafísico” por ser antiesencialista, antiuniversalista y antifundacionalista. El esencialismo es la opinión de que las cosas tienen esencias fijas o conjuntos de propiedades esenciales que determinan qué (tipo de cosa) son, en contraste con las propiedades inesenciales que pueden cambiar sin que la cosa sufra un cambio de tipo. El universalismo es la opinión de que algunas entidades teóricas tienen validez universal, o validez en todos los contextos. Y el fundacionalismo postula que algunas verdades son básicas, de modo que las verdades menos básicas dependen de las más básicas para su validez.
Por el contrario, los posmodernos tienden a afirmar que estos fenómenos (esencias, verdades universales y fundamentos teóricos) o no existen o son construcciones sociales contextualmente relativas. Por ejemplo, un posmoderno “relativista cultural” afirmaría que la definición de Aristóteles del ser humano como esencialmente racional -una afirmación sobre una esencia que pretende tener validez universal y sirve de fundamento para otras afirmaciones, por ejemplo, las relativas a la virtud humana- sólo es válida, como mucho, en el contexto de la tradición occidental.
Esto hace que el PIL sea incompatible no sólo con el liberalismo tradicional, que está lleno de afirmaciones “metafísicas”, sino también con el marxismo clásico. Porque el marxismo clásico es esencialista, universalista y fundacionalista en lo que respecta a la economía: postula las relaciones económicas materiales (la “base”) como fundamento de todos los demás fenómenos sociales (la “superestructura”), así como una historia universal en la que el motor esencial del progreso es la lucha político-económica entre la clase económica dominante y la clase económica trabajadora o proletariado.
Ahora, los PIL “deconstruyen” tanto el liberalismo tradicional como el marxismo clásico a través de la filosofía y la teoría posmodernistas -como la filosofía de la voluntad de poder de Nietzsche, el posestructuralismo francés y la teoría crítica alemana- que dominan las humanidades académicas y las ciencias sociales anglófonas. De la tradición liberal, los PIL conservan estratégicamente un compromiso con la “democracia”, sólo que reinterpretada como “democracia radical” en lugar de “democracia liberal”, y del marxismo clásico conservan la filosofía básica de la historia, sólo que despojada de su economicismo.
El resultado es una reinterpretación subversiva del significado de la democracia basada en una generalización de la filosofía marxista de la historia. Ya no se considera que el motor de la historia sea la lucha político-económica entre la “clase dominante” económica opresora y el “proletariado” económico oprimido en particular; más bien, la historia es la historia de la lucha política entre aquellos con identidades “opresoras” y aquellos con identidades “oprimidas” en general, independientemente de que estas identidades se basen en la raza, el género, la etnia, el estatus socioeconómico o cualquier otra cosa. El objetivo de las luchas políticas de la ILP en nombre de todas esas identidades históricamente “oprimidas” es, por tanto, “ampliar la revolución democrática en nuevas direcciones” para incluir el reconocimiento del mayor número posible de “Otros” hasta ahora excluidos del reconocimiento como actores políticos y titulares de derechos. Nótese que los PIL se toman este “al máximo” en serio, como ejemplifican los llamados “posthumanistas críticos”, que insisten en que esta expansión del reconocimiento y la inclusión políticos se extiende no sólo a los animales no humanos, sino incluso a la materia inanimada.
Combatir este desarrollo antiliberal, divisivo y perjudicial de la posmodernidad occidental requerirá que liberales y conservadores se unan en oposición a su enemigo común.
La formulación “ampliar la revolución democrática” se debe a los teóricos “posmarxistas” Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que expusieron el programa de una política PIL, así como su teoría subyacente, en un influyente libro de 1985 titulado Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una política democrática radical. Tres características de su tratamiento son particularmente dignas de mención en este contexto: (1) las únicas bases para la unidad de la izquierda son contingentemente pragmáticas/estratégicas, (2) la panpolitización identitaria como imperativo central del PIL, y (3) una comprensión teórico-discursiva de la política.
En primer lugar, dado que el PIL es antimetafísico, la única base posible para la unidad política de la coalición identitaria de izquierdas es contingente y pragmática: alianza estratégica en oposición a un enemigo común. Por eso la “interseccionalidad” ha cobrado tanta importancia en el discurso del PIL. La idea es que todas las opresiones están conectadas, de modo que no se puede luchar, digamos, contra el cambio climático, sin abordar también el racismo, el sexismo, etc. Puesto que no existen razones metafísicas o ideológicas profundas para la unidad política, y puesto que los diversos grupos de coalición tienen inevitablemente intereses divergentes, mantener la coalición unida requiere la adopción dogmática de un “nuevo ‘sentido común'”, como dicen Laclau y Mouffe. En otras palabras, las ILP no pueden justificar racionalmente por qué la búsqueda de la justicia racial también debe abordar las políticas de sexo y género, pero la coalición amenaza con deshacerse si sus miembros no creen esto, así que simplemente hay que creerlo, como una cuestión de “sentido común”.
En segundo lugar, el imperativo práctico central del PIL es la panpolitización identitaria, es decir, la politización de todas las identidades y relaciones sociales posibles, incluida la proliferación de nuevas identidades con fines de activación política. En otras palabras, todas las identidades deben entenderse como “opresoras” u “oprimidas”, y todas las diferencias sociales entre identidades deben interpretarse como resultado de la opresión política identitaria. ¿Hay más médicos blancos o asiáticos que negros? Debe deberse al racismo. ¿Hay más hombres que mujeres trabajando en la construcción? Debe deberse al sexismo. Y así sucesivamente.
Por último, los PIL son construccionistas sociales que ven todos los significados como resultados de la lucha política discursiva y, por tanto, privilegian lo discursivo como medio de cambio social y político, en contraste con el marxismo clásico, que relegaba el discurso y la cultura a la “superestructura” social. La afirmación de que “la política está aguas abajo de la cultura” suele atribuirse al conservador estadounidense Andrew Breitbart, pero los PIL se apropian de la misma idea de fuentes anteriores de la izquierda, como el socialista Rudi Dutschke (“larga marcha a través de las instituciones”) y el neomarxista Antonio Gramsci (“hegemonía cultural”). La idea es lograr la hegemonía cultural popular para el “nuevo ‘sentido común’ izquierdista” -mediante la colonización de la educación, el entretenimiento, etc.- de modo que los cambios políticos deseados se produzcan automáticamente en un Estado democrático. Por eso gran parte de la política de la ILP se desarrolla hoy en el terreno de lo “puramente performativo”, por ejemplo, la señalización discursiva de virtudes como la enumeración de “pronombres preferidos” o el “reconocimiento de tierras”. Hay mucho que decir sobre esto, pero una cuestión es que las “batallas reales” -por ejemplo, por la reforma legal y los derechos civiles- se han ganado para muchas de las identidades constitutivas de la coalición de izquierdas, por lo que la actuación discursiva es lo único que queda realmente.
Prácticamente todo el discurso académico y popular de la ILP es inteligible desde este punto de vista. La “representación”, desde los castings de Hollywood hasta la contratación en empresas, no significa otra cosa que PIL DEI, es decir, diversificar algo (equipos de rodaje, juntas directivas de empresas, etc.) mediante la inclusión de “Otros” que supuestamente han sido históricamente excluidos de ello, en aras de la “equidad” o la “justicia social”. Por eso el acrónimo “LGBT” está en constante expansión, siendo “LGBTQIA2S+” el estándar actual. Incluso la infame “hora del cuento drag queen” es inteligible desde este punto de vista: como un intento de diversificar nuestras concepciones y marcos tradicionales pertinentes (por ejemplo, las normas sobre lo que es o debería ser un educador, sobre lo que los niños deberían ver en público, sobre los modelos de conducta que deberían tener los niños) mediante la inclusión de personas/identidades/grupos hasta ahora excluidos en aras de la equidad o la justicia social.
En conclusión, podemos esperar que la DEI desaparezca sólo cuando lo haga la PIL, o al menos no hasta que esta última se convierta en una ideología “marginal”. Es alentador ver los esfuerzos de los activistas conservadores y de los Estados por frenar o incluso abolir las burocracias de DEI en las universidades públicas, como con la reciente legislación de Texas o la promesa de la Universidad de Missouri de eliminar las declaraciones de diversidad de su proceso de contratación de profesorado, pero el problema es mucho mayor. Por lo tanto, combatir este desarrollo antiliberal, divisivo y perjudicial de la posmodernidad occidental requerirá que liberales y conservadores se unan en oposición a su enemigo común, y esta oposición sólo puede ser eficaz si se comprenden adecuadamente tanto la teoría subyacente del DEI del PIL como sus implementaciones prácticas.
Jon Miltimore. Este artículo fue publicado originalmente en FEE.
El filósofo francés Bertrand de Jouvenel observó una vez: “Hay una tiranía en el vientre de toda utopía”. No tengo ni idea de si James Gunn ha leído las obras de Jouvenel, pero el cineasta de Guardianes de la Galaxia sin duda ha absorbido sus lecciones.
La última entrega de la exitosa trilogía de Gunn, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, recaudó 300 millones de dólares en taquilla en sus primeros cuatro días. Después de llevar a mi familia al cine, puedo decir que Guardianes 3 es tan buena como las dos primeras películas de Gunn. Pero lo que más destacó fue la poderosa advertencia de la película sobre los peligros del utopismo, que se explora en la génesis de uno de los personajes favoritos de Guardianes: Rocket (al que pone voz Bradley Cooper).
“Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta”
Sabemos por las películas anteriores que nuestro peludo amigo, un mapache modificado genéticamente y mejorado cibernéticamente, fue creado en un laboratorio. Pero eso es todo lo que sabemos. En Guardianes 3, por fin conocemos la historia de Rocket, que fue creado por un hombre conocido como el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji), un villano que quiere crear un nuevo Edén.
“Mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta”, dice el Alto Evolucionador.
Rocket es uno de los muchos animales creados con este fin. Está dotado de inteligencia, lo que le permite razonar y hablar. Pero Rocket es tratado como un prisionero, no como un ser sensible. Para el Alto Evolucionador, Rocket ni siquiera es una mascota; es simplemente un medio para un fin. Debido a su capacidad única para resolver problemas, su cerebro es útil y digno de examen.
Rocket
Los animales amigos de Rocket son tratados aún peor. Una vez que se determina que son obsoletos, el Alto Evolucionador sella su destino con una orden de dos palabras: “Incinerarlos”.
Rocket, nuestro héroe, intenta intervenir para salvar a sus amigos. Fracasa, pero consigue escapar, lo que le lleva a convertirse en miembro de los Guardianes de la Galaxia. Años después, el Alto Evolucionador (con un nuevo rostro) quiere recuperar a Rocket, lo que prepara el terreno para una gran batalla contra los Guardianes.
El camino al infierno
Guardianes 3 es divertidísima, pero su jovialidad se equilibra con la tensión, la tragedia y los momentos lacrimógenos. Esta ha sido la película de los Guardianes más triste de la trilogía. Puede que me haya aguantado las lágrimas cuatro veces, pero nadie puede demostrarlo.
La fuente de todo dolor es el hombre que desea algo bueno: la perfección. Como sus fines son tan puros -¿quién no quiere una sociedad perfecta? – el Alto Evolucionador no tiene ningún problema en hacer cosas terribles, ya sea incinerar a los sujetos de sus experimentos o arrasar un planeta. En esto se parece mucho a Thanos, el villano púrpura de las películas de Los Vengadores que quería instaurar el paraíso mediante el derramamiento de sangre.
El universo Marvel puede ser ficción, pero su mensaje moral nos recuerda un viejo adagio: “El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.”
Leonard Read
El adagio refleja una triste e irónica verdad que el gran filósofo Leonard Read observó en su libro de 1969 Let Freedom Reign. “Muchos de los actos más monstruosos de la historia de la humanidad se han perpetrado en nombre del bien”, escribió Read. El siglo XX está plagado de dictadores que cometieron genocidios para instaurar una “sociedad perfecta”.
“Nuestra política era proporcionar una vida acomodada al pueblo”, explicó Pol Pot en una de sus últimas entrevistas . “Se cometieron errores al llevarla a cabo”.
Los “errores” a los que se refería el dictador camboyano en su marcha hacia la utopía fueron el asesinato en masa de unos 2 millones de personas. Guardianes 3 y el gran universo Marvel parecen entender mejor que la mayoría el peligro de quienes prometen el paraíso a cambio de libertad. La película sigue siendo una pasada, si no te importa llorar.
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