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‘Govcoins’: hacia una nacionalización total del dinero

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

A lo largo de la historia, el dinero utilizado por los seres humanos ha vivido un continuo proceso de cambio: desde el uso de conchas, ganado, grano o sal, pasando por metales preciosos como el oro o la plata, y llegando al papel moneda inconvertible de los actuales bancos centrales.

Sin embargo, es probable que pronto nuestros actuales billetes y monedas también sean cosa del pasado. Los principales bancos centrales llevan varios años trabajando en el desarrollo de una nueva forma de dinero: se trata de las denominadas monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés), también conocidas como ‘govcoins’.

China es quien ha tomado la delantera: está en pleno proyecto piloto, en el que medio millón de ciudadanos han probado a utilizar yuanes digitales, directamente emitidos por el banco central a sus teléfonos móviles, para realizar intercambios permitidos por el Gobierno.

El gigante asiático tiene decidido implementar el e-yuan de manera generalizada antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022.

Por su lado, los bancos centrales de Estados Unidos, la Eurozona, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza y Suecia, en conjunto con el Banco de Pagos Internacionales, publicaron hace unos meses un documento enunciando los principios fundacionales sobre los que cada uno debía desarrollar sus monedas digitales. La Reserva Federal de EEUU y el Banco de Inglaterra ya han confirmado que tienen equipos trabajando en ello.

El Banco Central Europeo, por su parte, ha anunciado que tiene como objetivo tener su euro digital en pleno funcionamiento para 2025.

Pero, ¿qué son exactamente estas ‘govcoins’? En realidad, la idea es muy sencilla: se trata de hacer que todos los ciudadanos tengan sus depósitos en el banco central y realicen sus pagos transfiriéndose esos pasivos estatales mediante una aplicación del teléfono móvil. En un principio se irían introduciendo poco a poco, de forma que las divisas digitales convivan con el actual dinero físico y con el sistema de pagos bancario. Pero a la larga la idea es terminar reemplazándolos.

La evolución que ha ido experimentando la institución del dinero a lo largo de la historia no siempre ha sido a mejor. Durante el último siglo se ha tendido hacia un sistema monetario de cada vez menor soberanía del individuo en favor de un mayor poder para el Estado.

El reemplazo del sistema de pagos actual por un sistema de moneda digital estatal sería un paso de gigante en esa misma dirección equivocada: constituiría una enorme amenaza para la prosperidad y la libertad de los individuos. Y esto es así por tres grandes motivos.

En primer lugar, pasar a un sistema de monedas digitales de bancos centrales supondría en la práctica la nacionalización del sistema bancario. En la actualidad, la inmensa mayoría de los pagos no se realizan con monedas y billetes, sino mediante el sistema de pagos y cobros que proporcionan los bancos comerciales. Al prestar este servicio, los bancos adquieren la capacidad de canalizar los depósitos de este sistema de pagos para proporcionar financiación a familias y empresas, compitiendo entre ellos en seleccionar los mejores proyectos posibles para generar beneficios y evitar tener pérdidas.

Si el sistema de pagos actual lo reemplazara un monopolio del banco central, no solo se estaría traspasando al Estado dicho sistema de pagos y cobros, sino que también pasaría a centralizar la función de financiación de la economía productiva.

Como en cualquier sistema de planificación central, el Estado no podría realizar esta función de manera correcta porque no tendría los incentivos económicos adecuados ni la información necesaria que solo emerge en un sistema privado descentralizado y en competencia. El Estado decidiría quién obtiene crédito y quién no en base a criterios puramente políticos.

En segundo lugar, supondría la caída del último obstáculo que impide al banco central imponer tipos negativos altos para elevar la inflación. En la actualidad, si se intentan trasladar tipos negativos a las cuentas corrientes de los ciudadanos, estos tenderán a protegerse cambiando a un banco que no se los traslade, o sacando su dinero para guardarlo bajo el colchón.

Sin embargo, en un mundo en el que el propio dinero son los depósitos en el banco central y ha desaparecido el dinero físico, las autoridades monetarias podrían imponer que los depósitos pierdan valor de forma progresiva y no habría forma de escapar del sistema. Los ciudadanos se habrían convertido en rehenes de los banqueros centrales.

Y en tercer lugar, el Estado pasaría a tener un control absoluto sobre las cuentas corrientes de los ciudadanos. Tendría todo su registro de pagos y cobros, y tendría la capacidad de autorizar qué pagos se pueden realizar y cuáles no.

En China ya se ha probado a cobrar multas instantáneas sobre los saldos de tesorería digitales cuando el Estado considera que el individuo lo merece. También se ha probado a inyectar dinero que solo se puede utilizar para compras aprobadas por el gobierno o que desaparece si no se gasta en un tiempo determinado.

Los ahorros de los ciudadanos pasarían a estar directamente en los bolsillos del Estado, y las libertades quedarían supeditadas, aún más, a los caprichos del político de turno.

A menudo se nos venden las monedas digitales de los bancos centrales como una especie de Bitcoin emitida por el Estado. Sin embargo, las características de las govcoins son justo las opuestas a las de criptomonedas como Bitcoin: en lugar de ser una moneda de cantidad limitada, descentralizada, anónima e independiente de los antojos de los bancos centrales, sería una moneda de cantidad ilimitada y absolutamente centralizada, vigilada y controlada por las autoridades políticas. Podría decirse que las ‘govcoins’ son la antítesis de la soberanía individual que representa el Bitcoin.

Las monedas digitales de los bancos centrales representarían la culminación del proceso de nacionalización total del dinero. Los políticos pasarían a ser los custodios de los ahorros monetarios de los ciudadanos, y estos quedarían totalmente a merced de los caprichos de los políticos.

Quedarían eliminadas todas las barreras para que el Estado utilizara los saldos de tesorería de los ciudadanos en su beneficio financiero particular y como herramienta de generación de obediencia.

En definitiva, las ‘govcoins’ serían las cadenas definitivas que terminarían de atar a los ciudadanos a la servidumbre del Estado: generarían todos los incentivos perversos para acabar de arrastrarnos a una era con menor libertad y mayor pobreza individual, a mayor gloria de un Estado omnipotente. En nuestra mano está tratar de poner freno a esta distopía monetaria cuando aún estamos a tiempo.

Cómo la inflación podría terminar descontrolándose

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La inflación en EEUU se disparó en abril hasta el 4,2%: máximos desde el año 2008. Y aunque es verdad que semejante estallido se ha debido fundamentalmente al encarecimiento de la energía con respecto a los mínimos del año anterior (solo esta rúbrica ha aumentado un 25,1% en los últimos 12 meses), hay tres razones por las que no deberíamos despachar lo ocurrido como un fenómeno anecdótico e irrelevante.

La primera es que la subida fue mayor de lo que esperaban la mayoría de analistas: si bien el mercado ya anticipaba un alza del 3,6%, finalmente ha sido del 4,2%. Por tanto, la mayoría de agentes económicos habrá tenido que revisar al alza sus expectativas después de esta ‘sorpresa’ hacia arriba. La segunda es que el IPC interanual descontando la energía y los alimentos (la inflación subyacente) se encuentra en el 2,95%, lo que constituye la tasa de variación más elevada no desde 2008, sino desde 1995. Y tercera, aun cuando estemos ante un episodio de inflación transitoria como consecuencia del rebote de la actividad tras la pandemia, tampoco habría que despreciar el riesgo de que este movimiento al alza de los precios se enquiste en la economía a través de dos vías.

Por un lado, elevaciones en los precios pueden alimentar negociaciones al alza de los salarios que, a su vez, alimenten elevaciones empresariales de los precios para mantener los márgenes. La posibilidad de una espiral inflacionista precios-salarios en EEUU es hoy mucho mayor que en cualquier otro momento durante la última década, porque, en 2019, el mercado laboral se hallaba en pleno empleo y, en la medida en que tras la pandemia volvamos a andar hacia esa situación, el poder de negociación de los trabajadores se verá incrementado.

Por otro, las expectativas de inflación podrían llevar a una caída en la demanda de dinero que, a su vez, alimentara todavía más inflación. Recordemos, en este sentido, que la pandemia ha legado unas políticas fiscales y monetarias muy expansivas que se han traducido en un incremento muy sustancial de los pasivos en dólares: tal como recordábamos en un artículo de hace algunas semanas, en que ya alertábamos del incipiente riesgo de inflación, la M2 se ha incrementado en un 25% durante el último año, de modo que, para estabilizar el valor de toda esa moneda, será necesario mantener la demanda de dólares estructuralmente elevada. Sin embargo, si se extiende la expectativa de inflación entre los agentes económicos, podría terminar sucediendo lo opuesto: los tenedores de dinero podrían acabar buscando refugio en otros activos (bienes de consumo, activos financieros de renta variable denominados en dólares o activos en moneda extranjera) para así evadir el (esperado) impuesto inflacionista. Y esa menor demanda de dinero (motivada por la expectativa de mayor inflación) cebaría la propia elevación de los precios a modo de profecía autocumplida.

Existe, además, otro modo en que las expectativas podrían terminar consolidando una inflación elevada: las expectativas sobre cuál vaya a ser la reacción de la Reserva Federal ante la misma. En la actualidad, los inversores en dólares mantienen la confianza en que el banco central seguirá tratando a medio plazo de estabilizar el valor del dólar: es decir, que si la inflación se desvía significativamente de los objetivos de la Fed (promedio del 2% a largo plazo), la política monetaria adoptará un tono contractivo en forma de reducción de la oferta de pasivos de la Fed y de mayores tipos de interés. Se espera, además, que la Reserva Federal actúe de ese modo con independencia de cuáles sean las necesidades financieras del Tesoro: si los tipos de interés se disparan, serán Biden y Yellen quienes tendrán que apretarse el cinturón con políticas de austeridad fiscal. Pero ¿y si no es así? ¿Y si los inversores empiezan a temer que la Reserva Federal no subirá los tipos de interés para no perjudicar al Tesoro aun en el caso de que la inflación se dispare? En tal caso, la creencia generalizada pasaría a ser que hemos pasado a un régimen de dominancia fiscal, en el que el banco central queda, ‘de iure’ o ‘de facto’, subordinado a la política fiscal del Tesoro: de manera que la calidad del dólar como reserva de valor se vería perjudicada y la consecuente caída de su demanda alimentaría la inflación.

En definitiva, todavía es pronto para saber si los nuevos bríos inflacionistas han llegado para quedarse: de momento, estamos sobre todo ante una elevación de precios como reacción a unos mayores costes energéticos pospandemia. No obstante, la economía estadounidense ha sido estimulantemente abonada durante el último año para que esa chispa inflacionista pueda prender en un incendio de mayores dimensiones, sobre todo según cuál sea la reacción de las autoridades apagafuegos.

Madrid contra el comunismo

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

“María, tienes que votar a Ayuso. Todo lo demás es comunismo”. Esta frase me la dijo un miembro del PSOE. Uno de los socialistas de toda la vida que ya ha agotado su inventiva para tratar de defender lo que está haciendo el sanchismo. Me lo dijo en privado y no voy a revelar su nombre, entre otras cosas, porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Me explicó que no creía que Edmundo Bal fuera a sacar votos suficientes y “votar a Gabilondo es votar a Pablo Iglesias”. Me lo dijo antes del destape del candidato socialista en el debate de televisión.

La campaña de la izquierda en la Comunidad de Madrid, con la inigualable ayuda del Gobierno de la nación, ha tenido varios componentes, entre los cuales, destaca el miedo. En concreto, miedo a los fachas. Yo no tengo ninguna duda de que, para Ayuso, gobernar con Bal tiene que ser más fácil que gobernar con Monasterio. Pero Vox es uno de los partidos que ha permitido que el PP y Ciudadanos gobiernen en Madrid, ¿por qué habría que temérseles ahora? ¿Qué cosa tan terrible van a hacer?

Así que, como estrategia complementaria, la campaña de la izquierda ha tratado de desmontar todo aquello que hace que los madrileños, voten lo que voten, estén a gusto en la Comunidad de Madrid. Sin estridencias, con fallos en la administración, con errores políticos descontados, pero a gusto. O al menos, más a gusto que en otras comunidades autónomas.

Este sentimiento se ha reforzado durante la gestión de la pandemia, con el resultado de que la actividad económica ha sufrido menos y los ciudadanos, dentro de las restricciones que nos agobian a todos, llevamos una vida más normal. Le pese a quien le pese, la gestión de Ayuso es ejemplo en varios países porque ha logrado un equilibrio complicado entre rigor sanitario y apertura económica.

En consecuencia, el gobierno de la nación decidió abrir el frente de los impuestos, que es una de las banderas de Ayuso, levantada por el Consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

A riesgo de poner en evidencia otros regímenes fiscales privilegiados, se señaló a Ayuso y a los madrileños como insolidarios con el resto de las regiones. No importa que sea una de las comunidades que más aporta, no importa que en España exista libertad para que las autonomías gestionen la parte de los impuestos cedida por el Gobierno de la nación como más les convenga. Madrid es egoísta e insolidaria porque lo hace mejor.

En cambio, hay un silencio absoluto hacia el régimen foral de País Vasco y Navarra, cuya excepcionalidad histórica les permite recaudar todos los impuestos y ceder al gobierno la parte correspondiente. Ya lo denunció Luis Garicano el pasado noviembre en el Parlamente Europeo con ninguna repercusión.

El siguiente foco se ha centrado en la gestión sanitaria. Y aquí, han disparado a todo lo que se mueve. Si los hospitales privados han colaborado con los públicos en los primeros momentos, malo. Si algunos hoteles también han servido de desahogo para el cuidado de los pacientes en cuarentena, malo. Si se construye, en tiempo récord, un hospital público, especialmente diseñado para la atención a los afectados por la pandemia, peor.

La crueldad en este tema ha llegado hasta el paroxismo y la delincuencia. Los sanitarios del Hospital Zendal han sufrido el boicot de sus propios compañeros que han atascado inodoros, desenchufado calentadores e incluso, han hecho desaparecer equipos y han saboteado el instrumental necesario para medir las constantes vitales de los pacientes.

Está en manos de la policía. No tengo mucha fe en su resolución. El Ministerio de Sanidad y los representantes de los partidos políticos no dicen nada. Los sindicatos y mareas de sanitarios, que nos afeaban la conducta a quienes les aplaudíamos cada día a las 8 de la tarde, no se han manifestado pidiendo respeto a los trabajadores del Zendal, y sobre todo, a los enfermos atendidos en el Zendal. Si de verdad fueran defensores de la sanidad pública tendrían que haber apoyado esta iniciativa. Pero el odio hacia quienes no son los suyos está por encima de la atención a los enfermos.

El tercer punto afecta al Estado de derecho, que es el único marco en el que puede darse progreso económico. Esta vez, el protagonista es Vox, el partido que le daría o no el gobierno a los populares madrileños, a menos que todo el mundo vote a Ayuso y logre una mayoría absoluta, que sería lo ideal.

Todo empezó cuando Vox decidió convocar un mitin en Vallecas y fueron agredidos, porque al parecer no hay libertad de expresión y de pensamiento en el antiguo barrio de Pablo Iglesias.

A continuación, empezaron a llegar cartas con amenazas: ocho cartas con amenazas de muerte dirigidas a varios representantes políticos, entre ellos, dos candidatos a las elecciones del 4M, dos ministros, un exvicepresidente del Gobierno y la directora general de la Guardia Civil. Desde el primer momento, Pablo Iglesias y la izquierda radical lo han asociado con Vox. Pablo Iglesias protagonizó una desagradable situación con Rocío Monasterio llegando a levantarse y abandonar un debate. Fue bochornoso.

El pasado fin de semana se ha sabido que quienes agredieron a los asistentes al mitin de Vox y a la policía en Vallecas eran trabajadores de seguridad de Podemos. El “cordón sanitario” contra Vox debería aplicarse a los verdaderos violentos.

Pero hay más: se sabía hace tiempo y no se dijo, manteniendo la imagen de Vox como partido camorrista. La connivencia del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, cierra el círculo de la ignominia. Y aún no ha dimitido. Estamos ante una grave agresión al Estado de derecho. Iglesias ya ha insinuado que si la derecha pierde en Madrid se va a reproducir el episodio del Capitolio en Madrid. Después de los incidentes de Vallecas no queda claro si, en realidad, está amenazando a los madrileños con desencadenar actos violentos asaltando la democracia española. Este es el candidato comunista que quiere gobernar la Comunidad de Madrid.

Control de alquileres, una nefasta idea

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

Dicen que Winston Churchill se quejaba de que, cuando pedía consejo a cinco economistas, recibía cinco respuestas contradictorias. La única excepción era cuando entre esos economistas se encontraba John Maynard Keynes, en cuyo caso recibía seis respuestas contradictorias.

Es cierto que en muchos ámbitos existen grandes discrepancias entre economistas de distintas escuelas. Sin embargo, Greg Mankiew incluía en su libro Principios de Economía una larga lista de ideas en torno a las que existe un amplio consenso entre los economistas. La primera de la lista, con un 93% de aceptación, era la proposición de que “las políticas de control de alquileres reduce la calidad y la cantidad de las viviendas disponibles”.

Durante los últimos días se ha intensificado la presión que ejerce Podemos dentro del Consejo de Ministros para imponer políticas de precios máximos en el mercado del alquiler en las grandes ciudades españolas. Esta es una medida que el PSOE aceptó incluir en el acuerdo de Gobierno, pero que se resiste a aprobar por el rechazo frontal de algunos de sus miembros, entre otros la vicepresidenta económica, conscientes de las nefastas consecuencias que ha tenido siempre que se ha aplicado.

¿Cuáles son esas nefastas consecuencias que tienen las políticas de control de alquileres? De acuerdo con los economistas Tyler Cowen y Alex Tabarrok, pueden resumirse en cinco efectos principales.

En primer lugar, esta política tiende a generar un desabastecimiento crónico de viviendas. Como en cualquier mercado, si el Estado fija precios que están por debajo del precio de equilibrio, la demanda excederá la oferta disponible a ese precio: habrá mucha más gente buscando alquiler que viviendas disponibles, haciendo que encontrar vivienda se vuelva misión imposible.

Además, con el tiempo el problema tendería a agravarse, puesto que la oferta de alquiler es más elástica a largo plazo que a corto: la escasez de viviendas en alquiler irá aumentando con el tiempo.

En segundo lugar, también se disparará el tiempo y los costes de búsqueda. En Nueva York, que ha padecido durante décadas este tipo de políticas, solía decirse que la única forma de encontrar vivienda era consultando en el periódico la sección de necrológicas.

Al darse esa carrera permanente por encontrar las escasas oportunidades disponibles, la gente se ve obligada a recurrir a agentes inmobiliarios para que le ayuden en esa búsqueda. Se produce un derroche de tiempo y recursos en el que los únicos que salen ganando son los intermediarios.

En tercer lugar, se produce una mala asignación permanente de los recursos. Cada vivienda deja de asignarse a quien mejor se adapte a sus preferencias y el criterio principal de asignación pasa a ser el azar. Los inquilinos, una vez logran encontrar una oportunidad, tienden a evitar a toda costa tener que mudarse.

En ciudades donde se han aplicado políticas de este tipo, como Nueva York, se comprueba que abundan los casos de individuos o parejas que alquilan viviendas con más habitaciones de las que querrían, mientras familias grandes se tienen que conformar con viviendas más pequeñas pese a estar dispuestos a pagar más. El sistema de precios deja de funcionar como transmisor eficiente de información.

En cuarto lugar, se produce lo que los economistas denominan una pérdida irrecuperable de eficiencia (deadweight loss). Muchos propietarios tenderán a excluir sus viviendas del mercado de alquiler por la menor rentabilidad obtenida, mientras que inquilinos que estarían dispuestos a pagar más del precio fijado políticamente, se encuentran con la imposibilidad de encontrar vivienda. Dicho de otro modo, se impiden intercambios mutuamente beneficiosos y por tanto generadores de riqueza.

Por último, esta política genera un deterioro progresivo de la calidad de los inmuebles. Debido a la escasez crónica de oferta que se produce, la soberanía del consumidor desaparece y la calidad deja de ser un factor decisivo en su toma de decisiones.

Por ello y por la caída de la rentabilidad, el propietario dejará de tener el incentivo a invertir en sus viviendas y tenderá a minimizar cualquier gasto en reparaciones y reformas. Los inquilinos se verán obligados a vivir en viviendas en cada vez peor estado por la mera escasez de oferta impuesta por la regulación.

Por este último motivo, el exministro de exteriores de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Co Thach, reconoció que “los estadounidenses no pudieron destruir Hanoi, pero los vietnamitas sí destruyeron su propia ciudad por la imposición de alquileres bajos”.

En la misma línea, el economista sueco Assar Lindbeck afirmó que “el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes hasta ahora conocidas para destruir una ciudad… salvo tal vez el bombardeo”.

En las grandes ciudades españolas existe un grave problema de acceso a la vivienda. Durante los últimos años, la demanda de vivienda en alquiler ha aumentado de forma considerable en estas ciudades debido a la creciente concentración de población en núcleos urbanos. Al mismo tiempo, la oferta de vivienda, cada vez más restringida por criterios políticos, ha aumentado muy poco en términos relativos.

Cuando mucha más gente quiere vivir en una ciudad y el espacio apenas aumenta, solo existen dos soluciones reales. Por un lado, permitir el aumento de la cantidad de vivienda para albergar a esa mayor demanda. Por otro, mediante la reducción de la demanda: por ejemplo, incentivando que aquellos que marginalmente menos valoren vivir en grandes ciudades, opten por otras opciones.

Es evidente que el primero de los mecanismos no está funcionando de forma correcta, dado que la oferta de alquiler está políticamente constreñida y desincentivada por restricciones regulatorias. La solución al problema de acceso a la vivienda se encuentra justo ahí: en la eliminación de la perversa interferencia política que impide que la oferta se adapte a la demanda.

Imponer precios máximos al alquiler no es una solución, sino un problema añadido. Sus consecuencias son justo las contrarias: disparan la demanda y reducen aún más la oferta.

Sea con buena intención o por influencia de grupos de presión, se está vendiendo políticamente que el control de alquileres va a facilitar el acceso a la vivienda, cuando en realidad lo dificulta todavía más. Pocas ideas económicas son capaces lograr tanto consenso entre los economistas como el rechazo al control de alquileres.

 Ignacio Moncada es economista, analista financiero y miembro del Instituto Juan de Mariana.

La libertad en tiempos de pandemia

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace un año la crisis del coronavirus llegó a la puerta de nuestros hogares y trastocó nuestras vidas en niveles y formas que no imaginábamos. Viendo hacia atrás, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del momento histórico que, para bien o para mal, nos ha tocado vivir. 

Esta crisis ha puesto a prueba nuestra inventiva, nuestra resiliencia, nuestra coherencia y, sobre todo, nuestros valores. Las lecciones de esta experiencia disruptiva son múltiples y profundas, y cada una de las lecciones individuales aprendidas marcará indirectamente el rumbo de nuestra sociedad en las próximas décadas. Este tiempo pasará a la historia como la época de la prevención distanciadora, de contactos sociales virtualizados, de crisis económica y de incertidumbre extrema. Para muchas familias el impacto habrá sido profundo e irreparable. Todos, sin excepción, hemos  tenido  que  improvisar nuevas formas de hacer las cosas, desde la conducción de las relaciones sociales hasta la forma de continuar aprendiendo y educando.

Algunos gobernantes usaron la pandemia para imponer sus sueños intervencionistas más salvajes, desde la prohibición a la sanidad privada de tratar pacientes contagiados o realizar pruebas de la COVID-19, hasta los controles de precios o los cierres empresariales forzosos. La mentalidad intervencionista y autoritaria encontró en el virus la excusa perfecta para dirigir la vida de millones de ciudadanos.

Y las consecuencias, en forma de desabastecimiento, caos y crisis económica, no se hicieron esperar. La globalización se detuvo y todos conocimos de primera mano que impedir la libertad de intercambios a nivel mundial trae consigo empobrecimiento y miseria. Al mismo tiempo, millones de personas decidieron superarse ante la adversidad y dar lo mejor de sí mismos. Son episodios como este los que han marcado los grandes cambios en el devenir de la historia.

¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptaremos que nos impongan una única solución desde arriba o exploraremos múltiples opciones entre todos? ¿Delegaremos la búsqueda de la verdad en los supuestos expertos o nos responsabilizaremos personalmente de hacerlo? ¿Permitiremos que nos pastoréen como un rebaño de ovejas o asumiremos cada uno los retos que cada nueva crisis nos presente? 

El progreso de la humanidad ha sido posible gracias a personas que desde toda posición se han atrevido a retar el statu quo, las convenciones y lo que era políticamente correcto, para, así, hacer avanzar la libertad y la prosperidad de todos. El futuro de nuestra sociedad está en manos de quienes se atreven a defender la libertad en los momentos en los que es más cuestionada. Aún quedan por superar muchos de los retos que nos ha dejado esta crisis, y necesitaremos nuestra creatividad y empresarialidad para hacerlo. Los meses que vienen por delante nos dan la oportunidad de volver a una normalidad en la que la libertad, y no la coerción, sea la que rija nuestras vidas. 

Desde la Universidad Francisco Marroquín seguiremos cultivando el estudio y la discusión de la importancia que la libertad y la responsabilidad individual tienen en el acontecer de la civilización. Esa es nuestra misión. Además, este año lo haremos con mucho entusiasmo y renovada energía en el marco de nuestro cincuenta aniversario. Les invito a celebrar medio siglo de trabajo por la libertad de todos, convencidos de que, como dijo Manuel F. Ayau en su discurso inaugural, “solo  las  personas  responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y donde no hay libertad,  no florece la responsabilidad”.

Un abrazo, desde la Casa de la Libertad. 

Publicado en El Periódico

China, John Stuart Mill y las tierras raras

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Si me preguntaran qué ejemplo actual representa mejor la teoría de la demanda recíproca del comercio internacional enunciada por el inglés John Stuart Mill, el del comercio de los elementos químico que componen las llamadas ‘tierras raras’ sería mi elección.

Saltan las alarmas, de nuevo. Llevan haciéndolo cada cierto tiempo desde hace décadas: China es el mayor productor de estos metales que son imprescindibles para el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Es cierto que es ahora cuando estamos viviendo, también de nuevo, un duelo arancelario, en esta ocasión entre China y el mundo occidental. Así que, es normal que las alarmas que suenan sean atronadoras. Porque, detrás de ese nombre tan extraño, nos encontramos con los elementos químicos gracias a los cuales se trata el cáncer de pulmón, se aterriza en Marte, o millones de personas se comunican a través de un smartphone. Son la materia prima de los bienes más demandados del mundo, el soporte de las industrias que generan más valor añadido, la madre del cordero de la economía mundial del siglo XXI.

En la Grecia clásica fue el trigo, el el siglo XVI fue el oro, en el siglo XX el petróleo, y después el uranio, y ahora son las tierras raras. Si miramos a nuestra historia económica, la tensión por la obtención de recursos ha generado guerras como las del Peloponeso y crisis como las de 1973 y 1978. Lo que tenemos encima son solamente gestos que muestran el poderío por parte de China y de Estados Unidos, pero lo que puede venir es muy serio.

Por suerte, la historia es generosa y siempre hay una lección que aprender de los pensadores que nos precedieron.  En el siglo XIX se desarrolló la explicación de las ventajas del libre comercio internacional más famosa: la teoría de la ventaja comparativa.

Esta teoría la enunció David Ricardo, a partir de las ideas de Adam Smith, y fue refinada por otro grande, John Stuart Mill. Ricardo había centrado su intento de determinar la tasa de intercambio entre dos países en la oferta.

Mill dio un giro a la perspectiva y se dio cuenta de que mi oferta de bienes, no es otra cosa que la demanda que un país tiene de esos bienes que yo produzco. Y esta lógica le llevó a considerar la importancia de la elasticidad de esa demanda recíproca en mi balanza comercial.

De esta forma, lo ideal es que yo exporte bienes imprescindibles para el resto de los países e importe bienes con muchos sustitutivos. En una época de crisis, mis exportaciones apenas se verían afectadas y mis importaciones podrían ser financiadas.

Esa es la razón por la que España tiene cierta dificultad en mantener un saldo comercial favorable. Por desgracia, estamos viviendo hasta qué punto es prescindible el turismo, y lo dependientes que somos de muchos bienes innecesarios para mantener nuestra producción.

El caso del poder comercial chino encaja en el análisis propuesto por Mill. Supongamos que somos Chen Deming, ministro de Comercio de la República Popular China desde hace 14 años. ¿Cuál sería la estrategia cuando asumió su cargo en el año 2007? Teniendo la mayor reserva del mundo de tierras raras en el yacimiento de Bayan Obo en Mongolia interior, y dada la proyección a futuro de estos elementos, sin duda, una de las prioridades sería el control del comercio internacional. Dicho y hecho.

En el año 2019, el 80% de las importaciones de tierras raras de Estados Unidos, principal potencia mundial, procedía de China. Cuando en mayo de ese año, el Gobierno chino emitía un comunicado amenazando con subir los aranceles a las tierras raras y afirmaba “no digáis que no os lo advertimos”, iban en serio. Dos años después y ya sin Trump, la situación no ha mejorado. ¿Qué podemos hacer?

La “rareza” de estos elementos consiste en que no se encuentran en estado puro y, una vez extraídos, hay que procesarlos. Es un proceso ineficiente en el que se pierde más de la mitad de lo extraído. Es sucio, porque una de las impurezas que genera es un elemento radiactivo como el torio. Su proceso de obtención es agresivo con el medioambiente, y, por supuesto, es caro. 

No podemos multiplicar como por arte de magia las reservas de tierras raras en función de los intereses geopolíticos. Pero podemos investigar cómo extraer y purificar estos elementos de manera más eficiente y barata, para ser menos dependientes de China. Esto significaría que nuestra demanda sería menos rígida.

Ya hay científicos dedicados a esto. Y ahora viene la puñalada en la espalda. El geólogo que lidera uno de los grupos de investigación más exitoso es español. Asturiano, para más señas. Juan Diego Rodríguez Blanco, doctor en Geoquímica por la Universidad de Oviedo, lleva años investigando en el Trinity College de Dublín, cómo extraer y procesar estas tierras raras.

Por desgracia, el método de extracción depende de cómo se formaron los depósitos, así que sus logros son una gran noticia, pero necesitamos más investigadores que se dediquen a ello. En España, además de sol y playa, tenemos talento científico que emigra para poder desarrollarlo. Tal vez a alguien le parecerá falta de patriotismo.

Cómo es posible que no esté “devolviendo” a su lugar de nacimiento la educación, el uso de las carreteras, y de todos los servicios y bienes públicos empleados. Ese punto de vista es uno de los muros que nos separan del progreso económico y social. Mi perspectiva es la opuesta, es la de Mill: ¿qué tendríamos que haberle ofrecido al doctor Rodríguez Blanco para que eligiera investigar en España? Para él habría sido un logro enorme en su carrera, como el que está teniendo, por sus méritos. Para el país implicaría dejar de depender del turismo y ofrecer un servicio cuya demanda recíproca es muy alta.

Mientras tanto, nuestros gobernantes jalean la violencia y aplauden la desestabilización. La miopía política de elegidos y electores nos va a dejar en el vagón de cola por muchos años.

Los robots no cotizan

Escrito por Carlos Rodríguez Braun en . Publicado en Artículos en prensa.

Los robots no pagan impuestos, ni cotizan a la Seguridad Social. Tampoco lo hacen los plásticos, ni el tabaco, ni los combustibles, ni la Coca-Cola. Las personas siempre acabamos pagando los impuestos.

La corrección política en su versión fiscal gira en torno al siguiente axioma: el único problema de los impuestos es cómo aumentarlos. Se supone que el gasto público no puede bajar, con lo cual cualquier desequilibrio en la Hacienda, o en el sistema de pensiones de la Seguridad Social, nunca puede ser considerado un problema de gastos excesivos, sino de ingresos insuficientes.

Esto es más que dudoso, pero el grueso de los analistas pasa púdicamente por encima del asunto, asegurándonos que la fiscalidad es solo una cuestión técnica, cuantitativa, que pasa por investigar cómo expandir los ingresos públicos; y que todo lo que sea cuestionar la naturaleza y dinámica del Estado y sus finanzas nos aparta del marco científico, y nos extravía en estériles cápsulas ideológicas.

Sin embargo, quienes así razonan, en realidad, siegan la hierba debajo de sus pies. Al ser incapaces de aportar una teoría robusta sobre el Estado y la lógica del poder político, no abordan las contradicciones de los sistemas fiscales, y van saltando de una propuesta imaginativa a la otra, presentándonos sucesivos bálsamos de Fierabrás. Es el caso de hacer que paguen los robots.

La argumentación florece en falacias, y se nos dice que los robots destruyen empleo, bajan cotizaciones e ingresos públicos, e impiden la redistribución de la riqueza. Hay que hacer algo, concluyen. Podrían empezar cuestionando dogmas.

El secretario general de UGT, Pepe Ávarez, aseguró: “La robotización creará empleo, pero no el suficiente con respecto al que destruye. Es urgente revisar las fórmulas de protección y fiscalidad que equilibren la sociedad”. Carlos Bravo, de CC OO, aplaudió el castigar impositivamente el aumento de la productividad: “se favorece la innovación, gravando el resultado, no la adquisición”. Añadió otro clásico: hay que subir los impuestos porque en Europa son más altos, con lo cual tenemos mucho “margen”. En suma: “Necesitamos, más que nunca, redes de protección vía impuestos”.

Los líderes sindicales no pregonan estas cuestionables consignas en solitario, porque no pocos expertos han propuesto también aumentar el Impuesto de Sociedades, o castigar fiscalmente a las empresas que sustituyan mano de obra por robots.

Esta argumentación es endeble, e ignora en particular el punto que deseo subrayar en este artículo: los robots no pagan impuestos. Es decir, la mayor presión fiscal será descargada en primera o última instancia sobre las personas, de formas no siempre fáciles de precisar, pero que conviene tener siempre presente. El proceso parece a menudo paradójico, como nos explica la teoría de la incidencia fiscal.

Así, los impuestos sobre las cosas recaen sobre la gente, en proporciones diversas según las elasticidades de oferta y demanda; los gravámenes a las importaciones los pagan los exportadores; las ayudas sociales son también sanciones; y la persecución a las empresas acaba perjudicando a los trabajadores.

Quizá una forma de empezar a analizar seriamente el problema sería percibir que el Estado nos protege a todos de todo. Menos de él.

Publicado en LinkedIn.

Carlos Rodríguez Braun del catálogo TOP 100 conferenciantes editado por Thinking Heads con quien organizará un Live este jueves 25 de febrero a las 12:00 en su perfil de LinkedIn. 

Gracias, Rubius

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El Rubius se ha ido a Andorra por motivos que, en parte, tienen que ver con la menor fiscalidad de nuestro país vecino. Él ha expuesto sus razones, y yo recomiendo a cualquiera que tenga un mínimo interés por el asunto que las lea hasta el final. A mí, su decisión de vivir en otro lado y la reacción que ésta ha provocado me sugieren varias ideas.

Él puede dedicarse a ganar dinero como le dé la gana. Rubén Doblas ha tenido el talento de tener a 40 millones de personas dispuestas a pagar una pequeña cantidad por escuchar lo que dice. Todo lo que ingresa son aportaciones voluntarias de personas que valoran lo que hace. 

Del mismo modo, tiene derecho a establecer su residencia permanente donde le plazca, y por los motivos que quiera. Es su vida, no la de la miríada de personas que se creen con el derecho de elegir dónde deben vivir los demás.

Andorra tiene el derecho a elegir la política fiscal que quiera. No está claro que la democracia pueda sobrevivir a la legión de demócratas que no asumen el derecho de un pueblo de votar como a ellos no les gusta. Por el momento, la democracia andorrana sobrevive.

Cualquier impuesto que proceda de la renta, o que no grave otra cosa que no sea el consumo, me parece un error. Cualquier impuesto que le quite a un ciudadano más de un diez por ciento de lo que produce me parece moralmente inasumible. 

El Rubius ha estado diez años aportando la mitad de lo que ganaba al Estado español. La práctica totalidad de quienes le critican necesitarían varias vidas para aportar una cantidad igual. Resulta ridículo oírles decir que su decisión de pagar impuestos en otro país pone en riesgo unos servicios públicos cuyo uso él ha pagado decenas de veces.

Un Estado puede atender las necesidades más básicas de un país con unos impuestos bajos. Ni toda su actividad se justifica por sí misma, ni está dedicada a atender a los ciudadanos con más dificultades. Hay una parte de los españoles que viven a costa del resto simplemente porque están amparados por el proceso político. Y eso sí es injusto.

La patria no se puede confundir con la sumisión al Estado. La patria es el acervo de la historia en común de los españoles, y sus frutos. Muchos de quienes la aborrecen, quizás porque han aprendido a hacerlo desde el colegio, ahora se acuerdan de ella con la sola esperanza de beneficiarse del talento ajeno. Una actitud muy poco patriótica. Me parece más patriótico defender tu propiedad de las manos de los políticos. Yo le doy las gracias.

La envidia no es patriotismo. Y la disposición a ser un parásito a costa de ser sumiso, tampoco permite hacer invocaciones a la ética.

¿Por qué Hacienda trató a ‘El Rubius’ “como si fuera un delincuente”?

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’. Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía ‘cuentas corrientes ocultas’, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera.

Estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?

Comunicado de El Rubius en TwitLonger

Todo el mundo centrado en si en Andorra se pagan o no más impuestos que en España, en si los youtubers son unos egoístas, en si de verdad vivirán o no en el Principado pirenaico… pero respecto a lo que el implicado ha dicho en realidad, apenas nadie dice nada.

Estoy seguro de que pagar menos a Hacienda ha sido un incentivo (de eso va esta columna, de incentivos) para la mudanza de estos chicos. Y no me creo que esté “muy contento de haber pagado” la mitad de lo que ganaba en impuestos. Pero nos engañaríamos si pensáramos que el único motivo de queja tiene que ver con el tipo marginal del IRPF.

Algunos comentarios de asesores, abogados o gestores de empresas familiares con los que hemos hablado esta semana.

  • “A ellos les da igual lo que a ti te suponga: se sientan en su despacho y desde su silla te requieren lo que se les pasa por la cabeza. Y te piden de todo y tú te tiras semanas buscando documentación que en muchos casos o no necesitan o ya deberían tener”
  • “Mi cliente nos pidió que lo hiciéramos todo bien. De hecho, es lo que hace la mayoría. ‘Por favor’, nos dijo, ‘que no haya ningún fallo en nada de esto’. Pues bien, el otro día nos sentamos tres personas que nos dedicamos a esto (fiscalista, asesor, gestor) a hacer la declaración. Y entre los tres no sabíamos cómo clasificar una factura porque la compraventa estaba sometida a varias normas que han cambiado en los últimos meses. Al final, la hicimos pero sin ninguna seguridad de que aquello esté bien”
  • “¿Tú sabes el desgaste que esto supone? ¿Y las pérdidas para el negocio? Se supone que mi trabajo es gestionar las empresas de mis clientes. Pero el 50% de mi tiempo se marcha en atender a Hacienda”
  • “Entran como un elefante en una cacharrería. Y te tratan igual si has cometido una ilegalidad flagrante que si es un error o un problema de interpretación. Yo lo he hablado con algún inspector sensato, que hay muchos. Pero hay otros que llegan y te dicen ‘Sí, tienes razón que esto podría interpretarse así; pero yo lo interpreto de esta otra forma y me da igual que tu interpretación sea lógica’. Bien, incluso así, acepto la multa. Pero hombre, la consecuencia no puede ser igual que si me salto la norma por la cara. Está claro que he intentado cumplir y que he hecho una interpretación razonable de la ley. Pero les da igual: el resultado es el mismo y su actitud, en muchos casos, también”
  • “Muchos de mis clientes pagan incluso aunque sepan que tienen razón. Lo que queremos es que se vayan ya y que el proceso acabe. Pagas para quitártelos de encima”
  • “Un caso concreto: una petición de información que nos tuvo varios días trabajando. Vamos a la oficina de la AEAT con todos los papeles. Se los mostramos. Todo en regla. ¿Y sabes lo que hizo? Ni se inmutó: sacó un listado de Excel que tenía impreso con 200 ó 300 nombres… y tachó el nuestro. ¡¡Estaba disparando a todo lo que se movía!! Y si alguno paga por miedo o recurre tarde o ha perdido algún papel… pues eso que se llevan”
  • “[Los inspectores] son los únicos funcionarios que cobran en variable”
  • “Una cosa anecdótica, pero que no entiendo: muchas notificaciones se envían a través de la Administración Electrónica en fin de semana. Parece una tontería, pero todos nosotros tenemos en el mail un servicio de alerta para estas notificaciones. Y ves el mensajito y ya te han fastidiado el finde: ¿tan difícil es programarlo para que llegue de lunes a viernes? Yo mis correos a mis clientes los programo siempre para que salgan en horario laboral, aunque los escriba un sábado por la tarde”

Antes de sufrir las iras de uno de los cuerpos de funcionarios con peor prensa, diré que tengo muchos amigos, conocidos y familiares que son inspectores de Hacienda. De hecho, diría que es una de las profesiones en las que conozco más gente. Y sé, como me explicaba uno de estos asesores, que un porcentaje elevado (de los que yo conozco, la gran mayoría) son tipos muy sensatos, buenas personas, profesionales íntegros que intentan hacer lo mejor posible su trabajo.

Y seguro que ellos (los inspectores) tienen su propia retahíla de quejas sobre los contribuyentes. Aunque advierto que también hemos hablado con ellos, en realidad llevo toda la vida escuchándoles, y en parte les entiendo.

Incentivos

Pero, ¿y los incentivos? Pues perversos y corrosivos. Para todos, también en muchos casos para aquellos que en teoría se benefician de ellos.

Hay tres quejas que se repiten constantemente. Que están en los dos párrafos de El Rubius. Y que deberían hacernos pensar a todos:

— Leyes ambiguas. Normas que no se entienden, cambios legislativos muy importantes que se cuelan en una disposición transitoria de una ley que no trata sobre eso, cambios de criterio que convierten en ilegal lo que hasta ese momento se había admitido sin problemas… En resumen: inseguridad jurídica.

Yo no creo que todos los empresarios o autónomos quieran “hacerlo todo bien”. Pero sí me creo que son mayoría los que prefieren evitarse cualquier problema legal, incluso a un coste algo superior. Y muchas veces no saben cómo hacerlo: no saben cómo “hacerlo todo bien”. La ley tributaria en España es compleja. Y lo es a propósito.

El legislador quiere que no sea sencilla, por dos motivos: 1) porque el desconocimiento provoca en muchos casos incumplimientos involuntarios que abren la puerta a sanciones; y 2) porque una ley clara, cerrada, sin ambigüedades, le da tranquilidad al contribuyente que ante una inspección sabe que puede decir “está todo en regla”. Con una norma confusa o sujeta a múltiples interpretaciones, la capacidad para amenazar (chantajear) de la Administración se dispara.

El político es feliz así. Pilla al que cumple, tiene en vilo al que se salta la norma… pero también aumenta su nivel de presión sobre el que quiere ser honrado, que nunca puede tener la certeza de que ha cumplido como debe.

— Desequilibrio en las partes. Impunidad. Otro ejemplo práctico: un contribuyente frente a Hacienda. Le abren una inspección. El tipo está convencido de que lo hizo todo bien. El inspector duda. ¿Cree Hacienda que puede ganar? Al 50%. La Administración pierde en primera instancia: ¿y si recurre? ¿Y si también pierde el recurso? ¿Y si vuelve a recurrir otra vez?

Tras seis-siete años, los tribunales le dan la razón al contribuyente. A veces, incluso, con duros reproches a la actuación de Hacienda. Hay sentencias que da miedo leer por lo que dicen de inspectores que se extralimitan en su función o por los derechos conculcados del contribuyente. Y la pregunta es ¿cuál es el resultado para las dos partes de esta historia? ¿Qué gana el que gana y qué pierde el que pierde?

El que gana [el empresario o autónomo] se lleva en la mochila seis-siete-ocho años de preocupaciones; de no dormir; de no contar con un dinero que es suyo; de pérdida de tiempo y dinero en asesores, abogados, gestores. Y, como mucho, gana que le devuelvan lo que pagó de forma indebida y los intereses que fija la propia administración.

¿Y el que pierde [el inspector]? Incluso aunque haya actuado de forma indebida, aunque la sentencia le ponga de vuelta y media, aunque haya sido arbitrario e injusto: el que pierde vuelve a su despacho de la AEAT al día siguiente, coge la carpeta del caso perdido, la mete en un archivador… y abre un nuevo procedimiento.

Y todo esto sin entrar en el tema del variable y del premio por recaudar: una cuestión muy polémica, pero que está ahí. ¿No es lo decisivo? Probablemente no, porque tampoco supone un porcentaje del sueldo tan elevado. Pero está claro que habría que pensárselo dos veces: tanto si debe mantenerse como el diseño del sistema

— Miedo. Sí, es lo primero que transmiten los pequeños empresarios, autónomos (no otra cosa son los youtubers) o gestores de empresas familiares. Miedo a todo: a no hacerlo bien y a hacerlo bien. A un procedimiento largo, porque siempre son largos. A la sensación de que son culpables mientras no demuestren lo contrario. Al coste de litigar, muchas veces ligado al principio de “primero paga y luego reclama”. A notificaciones que no se entienden. A esos PDF que te descargas de la web de la AEAT y que son infumables hasta en el formato (¿tan difícil es usar un tipo de letra, espaciado u organización algo más user friendly?). A procesos que creían cerrados o prescritos y que se reabren con un argumento peregrino.

Hay una frase terrible. La apuntábamos antes. Ese “he aconsejado a mi cliente que pague, aunque tiene razón” o “mi cliente me ha dicho que le da igual si está todo en regla, prefiere abonar la multa y olvidarse de todo esto”. Digo que es terrible porque implica que hay cientos de contribuyentes que renuncian a sus derechos sólo por no acabar perdidos en un laberinto burocrático  o por miedo a que una interpretación novedosa de la norma convierta en ilegal lo que siempre se había permitido.

Las soluciones

La solución no es sencilla. Hablar de “leyes no ambiguas” o de “simplificación legislativa” queda muy bien, pero luego la realidad económica es complicada. Aunque en este punto es en el que yo soy más crítico: se podría hacer mejor desde ya. La normativa tributaria es un carajal… pero un carajal buscado y perseguido para que el contribuyente esté más expuesto. Esto no es culpa de los inspectores, sino del legislador (y aquí la lista incluye a villanos de todos los partidos).

Y sí, sabemos que existen las consultas vinculantes y otros instrumentos que la Administración pone a disposición del contribuyente. También hemos escuchado muchas historias de inspectores que intentaron ayudar al contribuyente a descifrar una norma. Pero es que estas historias no deberían ni existir: ¿de verdad es tan complicado diseñar un sistema tributario que no sea incomprensible y genere este pánico?

Acortar los plazos de los procedimientos también parece muy fácil de decir, pero no tanto de hacer. Entre otras cosas porque esos plazos también benefician al contribuyente. Aunque más al contribuyente pirata que al honrado. Otra frase que se repite a menudo al hablar con abogados o asesores es que las normas parecen hechas para fastidiar al que quiere hacerlo bien y darle ventaja al que vive en la oscuridad.

Por supuesto, lo de los incentivos no es sencillo. Pagar por variable es un clásico en las empresas y a los liberales en general nos encanta, porque parece que alinea los intereses. Pero si no hay un castigo por el otro lado, puede ser peligrosísimo: por ejemplo, con esos bonus que empujan a los CEO a tomar apuestas enormes que, si salen bien, cobran ellos y si salen mal, paga el accionista. El problema aquí es que castigar a un inspector porque pierda un caso tampoco parece que sea la solución.

Si decidimos que este tipo de retribución es adecuada, creo que sería mucho más sensato diseñar un esquema más equilibrado: por ejemplo, una bolsa con un porcentaje lo recaudado de más en toda España, que se reparta entre las oficinas de la AEAT con varios criterios que tiren en direcciones opuestas. Algo del tipo: un 5% de lo que se saque en inspecciones en toda España va a parar a un bonus que se repartirían los mejores inspectores.

¿Y qué cuenta para repartir ese bonus? 1) Porcentaje de éxito en las inspecciones (es decir, abrir muchos casos, en plan ametralladora, penalizaría); 2) Total recaudado en función del personal de cada oficina; 3) Los casos perdidos restan (con una penalización más que proporcional para los recursos perdidos; una cosa es abrir un caso dudoso y otra el encarnizamiento tributario sólo por cabezonería); 4) Reparto más por oficinas de la AEAT que por inspectores; 5) Porcentaje de contribuyentes de esa oficina que pagan en tiempo y forma (es decir, incentivar que cada oficina ayude a sus contribuyentes a cumplir sus obligaciones sin retrasos ni errores), etc…

Ningún sistema sería perfecto. Pero seguro que podemos encontrar algo que no nos deje con esa sensación de indefensión tan absoluta que ahora relatan los implicados. Esa idea de que ellos siempre ganan, sea cuál sea el resultado del proceso.

Porque, además, éste no es un problema sólo tributario. Cuando surge este debate, todos pensamos: “Otro que no quiere pagar”. Pero nunca pensamos “Otro chico joven que tiene una buena idea y no abre una empresa en España por miedo, porque ha escuchado en casa muchas veces a su padre empresario quejarse de los líos y los sufrimientos con Hacienda”. Tampoco nos imaginamos: “Otro directivo de una empresa familiar que deja pasar una buena inversión porque tiene tres procedimientos abiertos y los próximos dos meses necesita estar centrado al 100% en resolverlos”. Ni nos viene a la cabeza: “Otra empresa que no puede contratar un par de trabajadores para ampliar su negocio porque gasta el 10-15% de su presupuesto en pagar a asesores o fiscalistas”. Y, por supuesto, ni de broma aceptamos: “El Rubius se va a Andorra porque allí paga menos, pero también porque la relación entre la AEAT y los contribuyentes está completamente viciada. ¿Cuántos otros empresarios o autónomos o residentes extranjeros dejan España cada año por este tema”.

Luego hablamos de productividad o de facilidades para los empresarios. Y les hacemos una web para que suban la documentación de creación de la sociedad. Como si ésa fuera su principal preocupación. El Rubius es sólo el caso más llamativo de un problema de fondo mucho más grave. Pagar impuestos se ha convertido en un sufrimiento y no sólo por los tipos. Pregúntenle mañana a cualquier empresario si preferiría pagar el 20% con la legislación actual o el 25-30% con una norma que se pudiera cumplimentar en un día y que Hacienda le diera el “OK a todo” en una semana. ¿A ver qué responde?

La libertad de expresión de Pablo Hasel

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Artículos en prensa, Uncategorized.

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión del rapero catalán Pablo Hasel. Este verano, era el Tribunal Supremo el que ratificaba la condena que años antes había recibido Hasel de la Audiencia Nacional: nueve meses y un día de prisión.

Esta condena se producía como respuesta a diferentes delitos. A saber: enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad a través de mensajes “atentatorios” en redes sociales y en una de sus canciones.

Esta condena, que se une a las de La Insurgencia o Valtònyc, entre otras, abre una vez más el eterno debate sobre los límites a la libertad de expresión.

De hecho, el grupo parlamentario de Podemos ya anunció que volvería a presentar la proposición de ley que presentó en 2018 y en marzo de 2020, y que retiró en septiembre de ese mismo año, sobre la supresión y modificación de algunos delitos del Código Penal de 1995 que considera que atentan contra la libertad de expresión.

Por poner algunos ejemplos, nuestro Código Penal condena en la actualidad los delitos de odio (artículo 510), el enaltecimiento del terrorismo (artículo 578) o las injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491).

Revisando la proposición, resulta paradójico que mientras la propuesta inicial de la formación morada incluía la derogación de los artículos 490.3, 491, 504, 525, 543 y 578 del Código Penal (y parece que esta sigue siendo su intención en la nueva proposición), no sucedía lo mismo con el artículo 510. Pese a que proponía una rebaja de la pena de los llamados delitos de odio, así como una aclaración de las actitudes constitutivas de delito, esa propuesta original no contemplaba su eliminación.

Además, y aunque no se incluía en la proposición original de Podemos, el Gobierno ha avanzado su intención de incluir en esta reforma un delito de apología y exaltación del franquismo. Lo cual, de nuevo, resulta contradictorio.

Las personas que defendemos la libertad de expresión como libertad individual básica ligada a la libertad de pensamiento entendemos que esta nos debe servir de amparo a todos los individuos para verbalizar cualquier opinión o posición en los términos que creamos convenientes, siempre que no suponga una amenaza directa contra la integridad de otras personas.

Esto es: es la violencia o la amenaza del uso de esta, y no el uso de la palabra per se, lo que debe ser perseguido.

Ese derecho a ofender las sensibilidades de los demás, ya mencionado por John Stuart Mill en su archiconocido ensayo Sobre la libertad, parece que es puesto sistemáticamente en duda. No sólo por los conservadores que consideran que las instituciones del Estado no deben estar sometidas a la crítica o a la ofensa, sino también por los progresistas que consideran que ciertos individuos tampoco deben estarlo.

El derecho a ofender no debería hacer distinciones con la Corona, las minorías étnicas o los represaliados durante el franquismo.

Tristemente, esta es una libertad en la que el cantante condenado tampoco cree. Así lo dejaba patente en una entrevista en el programa FAQS de TV3 hace unos días. Respondiendo a una pregunta de uno de los contertulios que asistía al programa en representación de la cadena SER, el rapero afirmaba:

Yo no defiendo la libertad de expresión para el fascismo. Es decir, yo lucho por un modelo de Estado en el que el fascismo sea totalmente ilegalizado. En este Estado se permite la libertad de expresión para el fascismo, para agredir a mujeres, a homosexuales, a inmigrantes, etcétera, y a quienes luchamos contra esto no se nos permite. Es decir, creo que no se pueden poner en el mismo plano un discurso y el otro. Nosotros estamos luchando por derechos y libertades para estos colectivos, y los otros están precisamente queriendo masacrarlos.

Respuestas a Hasel se pueden dar varias. La primera de ellas, y la más fácil, es que los derechos y las libertades individuales se presumen universales. Esto es, no varían en función de la ideología ni de ningún otro atributo individual de las personas que los ejercen. Él debe tener el mismo derecho a decir barbaridades que una persona de extrema derecha.

Esto, que también se conoce como principio de reciprocidad, debe ser básico en cualquier democracia que no pretenda imponer a sus ciudadanos una forma de pensar concreta. 

La segunda, y quizás no tan aparente, es que no sólo hay que tener cuidado con criticar esa universalidad, sino con dar pie a que se pongan obstáculos que puedan dificultarla (a través de legislación específica que niegue derechos en funciones de características individuales, por ejemplo). Porque, cuando gobiernen los contrarios, podemos acabar siendo víctimas de esa parcialización.

El desacuerdo entre personas es inevitable. Por eso el liberalismo no se propone ni acabar con él, ni minimizarlo, sino disminuir la necesidad del mismo.

Si lo que queremos es construir una sociedad en la que personas diferentes convivan de forma pacífica, no podemos defender ningún tipo de agravio comparativo.