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Fondos del mercado monetario: La gran competencia del sector bancario en EEUU

El último informe de Market Trends, elaborado para el Instituto Juan de Mariana y para la Universidad Francisco Marroquín,

analizaremos el funcionamiento de estos fondos de inversión en Estados Unidos para, posteriormente, analizar la relación entre estos y la fuga de depósitos bancarios que actualmente está ocurriendo en los Estados Unidos y si relación con los Money Market Mutual Funds (MMMFs).

El informe se titula Fondos del mercado monetario: La gran competencia del sector bancario en EEUU, y está elaborado por el economista Daniel Fernández, doctor en Economía, director de Market Trends y profesor de la Universidad Francisco Marroquín y Jon Aldekoa, investigador sobre mercados monetarios y financieros y sobre la interacción de estos con la política monetaria de los bancos centrales.

Puedes descargar el informe en este enlace.

Sobre el anarcocapitalismo (VIII): ¿mejor sin gobierno?

Ya hemos señalado en un artículo anterior que el gobierno, entendido como el poder ejecutivo, no es más que una parte del estado, y no siempre la más importante. Existen otros grupos dentro del estado que funcionan de forma autónoma, incluso cuando el ejecutivo está paralizado. Paralizado no es exactamente lo mismo que desaparecido.

Desde que existe el Estado, se han dado periodos temporales de interinidad entre gobiernos. Estos pueden ser regencias, como la del Cardenal Cisneros en el siglo XVI, o interregnos, en los que la sucesión en el gobierno no está del todo clara. Sin embargo, en todos esos periodos el Estado no desapareció. Pueden ser épocas tensas, con guerras civiles, o periodos de paz, pero siempre con una capacidad limitada de toma de decisiones, ya que el regente o el gobierno interino sabe que su permanencia en el cargo es temporal.

Este fenómeno es incluso más frecuente en las democracias, ya que siempre hay un lapso entre el día de las elecciones y el de la toma de posesión. En regímenes parlamentarios como el español, la elección del presidente del gobierno depende de obtener una mayoría de investidura. El tiempo que puede transcurrir hasta que un candidato la consiga no está tasado y podría durar uno o dos años, ya que, incluso si se repiten las elecciones, los resultados no tienen por qué variar sustancialmente.

En este caso, una de las partes del Estado, que en nuestro caso es quizá la más importante, quedaría inoperativa o funcionando a medias. Lo que se trata de discutir es si esta situación puede afectar al desempeño económico y social de un país. Obviamente, si el estado se ve privado de uno de sus principales pilares, sigue funcionando con mayor o menor normalidad, pero no lo hace a plena capacidad. Lo mismo ocurriría si fallara parcialmente su subsistema administrativo, económico o de seguridad: el Estado perdería fuerza y su operatividad se resentiría.

Lo que podríamos debatir es si esta circunstancia podría ser beneficiosa para los ciudadanos de un país. Yo entiendo que sí, que un Estado con un gobierno limitado en sus funciones podría ser casi una bendición. Veamos lo que acontece en el caso español.

Hace dos años que se inició la actual legislatura con Pedro Sánchez en el gobierno. Aparte de la aprobación de algunas leyes como la de la amnistía (que todavía no ha surtido efectos plenos, pues el presidente Puigdemont y sus colaboradores más próximos siguen residiendo en Waterloo) y la convalidación de algunos decretos con mucha dificultad (y medidas de presión a la oposición, como en el caso del famoso “decreto ómnibus” que combinaba medidas políticas con la subida de las pensiones), el gobierno ha tenido poca actividad y ninguna de relevancia concreta. Eso sí, ha hecho muchas promesas que, de forma extraña, muchos medios de comunicación han dado por consumadas, cuando no son más que palabras para dar bazas mediáticas a sus socios. Cuanto más se asustan los medios de la oposición, más contentos quedan los socios. En alguna ocasión, habría que analizar cómo los medios opositores, al exagerar la capacidad de Sánchez para llevar a cabo medidas políticas, contribuyen a reforzar su coalición.

La capacidad de actuación del gobierno actual

Es normal que el gobierno no tenga capacidad de actuación, porque cualquier reforma o propuesta política necesita, en última instancia, la aprobación del Congreso para adquirir vigencia. A día de hoy, no cuenta con los votos para hacerlo, salvo en medidas de trámite o traspasos de directivas europeas. De ahí también que muchas de las promesas que ha hecho a sus socios no puedan ser cumplidas, pues contentar a unos implica enfadar a otros y la suma no da. Este es el caso del incremento de los gastos en defensa, que podría contentar a Junts y al PNV, pero no a Podemos, Bildu y el BNG, y se necesitan a todos para sacarlo adelante.

Tampoco parece que vaya a poder cumplir las promesas de un concierto fiscal con Cataluña (ya se está hablando de 2028 en el caso de que siga en el gobierno). Pero en este caso es el propio gobierno el que no quiere. Una cosa es otorgar medidas simbólicas, como indultos o amnistías, y otra es renunciar a la capacidad de recaudar tributos, uno de los principales atributos de un Estado, al que ninguno está dispuesto a renunciar si puede evitarlo. Además, el tiempo corre a favor de Sánchez, y cuanto más se acerque el fin de la legislatura, más probable será que ni siquiera llegue a debatirse en las cámaras.

Esto es lo que sucede al conformar mayorías negativas, en este caso contra la posibilidad de un hipotético gobierno de las derechas: un presidente puede ser investido, pero no gobernar de forma efectiva, lo que limita severamente su capacidad de actuación.

¿Es beneficioso un gobierno paralizado?

Esto es lo que está pasando en España: hay un gobierno paralizado e incapaz de llevar a cabo sus promesas, tanto a sus electores como a sus socios. Se ve imposibilitado incluso de aprobar unos presupuestos en lo que va de legislatura, y me atrevería a decir que también en los dos años que le restan. Todo apunta a que intentará acabar la legislatura, o al menos esperará a las elecciones de Castilla y León con la expectativa de que se visualice un pacto entre PP y VOX. Estar sin presupuestos durante tanto tiempo es algo sin precedentes en la España constitucional.

Pero, por otro lado, los datos económicos que se ofrecen no son del todo malos (aunque esto merecería un análisis más detallado), pues llevan tiempo marcando tasas positivas de crecimiento económico y de reducción del desempleo. Son buenos, sobre todo si los ponemos en contexto con la Unión Europea, cuyos principales países llevan años estancados o en recesión. Aunque los datos puedan tener algún sesgo, dado que se han cambiado los parámetros de medición, no cabe duda de que las cifras de empleo españolas están entre las mejores de su serie histórica. En otros ámbitos, el gobierno tampoco ha sido capaz de legislar, como ocurre con el cupo catalán o la transferencia de competencias en migraciones.

El país funciona relativamente bien a pesar de no tener un gobierno plenamente operativo, o, mejor dicho, funciona bien precisamente por no tenerlo. Nuestros vecinos del norte sí que lo tienen, y quizás precisamente por eso no les va tan bien. Podría decirse que es una mera casualidad, pero algo semejante ocurrió en la época en que Rajoy estuvo en funciones y se tuvieron que repetir las elecciones. Bélgica también obtuvo excelentes resultados económicos en el año y medio que tardaron los partidos en ponerse de acuerdo y formar un gobierno, que, por cierto, también era bastante débil.

Las consecuencias de un gobierno limitado

Esto se debe a que es mejor estar sin un gobierno plenamente operativo, como ahora, porque mientras perdura esta situación, la capacidad de intervenir en la vida política y social de la comunidad está muy limitada. Las energías del gobierno se centran más en resistir los ataques de la oposición que en idear nuevas propuestas políticas que, dado el sesgo ideológico de la coalición de gobierno, todo indica que reforzarían aún más el intervencionismo, sobre todo en políticas sociales.

El hecho de no presentar los presupuestos podría tener consecuencias perjudiciales para muchos sectores, pero podrían ser peores si se presentaran e incluyeran aumentos desmesurados en el gasto, que implicaran más regulaciones o más impuestos para financiarlos. Solo tenemos que imaginar qué presupuestos podría presentar el gobierno actual, en la perspectiva de un adelanto electoral y teniendo que contentar a tantos grupos. Con bastante probabilidad, el gobierno presentaría unas cuentas expansivas para intentar contentar a grandes grupos de electores, como pensionistas o funcionarios, al tiempo que haría promesas, probablemente contradictorias entre sí, a sus socios para que se los aprobasen. Una vez conseguido este fin, podría disolver las cámaras en el momento que considerase más conveniente, lo que intuyo que sería después de las elecciones castellano-leonesas, como antes señalé.

De ser así, las promesas decaerían, pero bien pudieran volver a prometerse de nuevo en la siguiente legislatura en el caso de que volviera a obtener los apoyos necesarios. El mero hecho de conseguir aprobar las cuentas reforzaría mucho su postura y volvería a aparecer como una alternativa a la derecha y las ultraderechas, por usar su lenguaje.

En este caso, ¿estaríamos mejor con gobierno o sin él? Si entendemos que las políticas que va a desarrollar un gobierno pueden ser perjudiciales para el buen discurrir económico o social, lo normal sería preferir un gobierno lo más atado posible. Por lo menos así no haría tanto daño. A los que no les gusta un gobierno tan limitado supongo que son los que sí apoyan las medidas que llevaría a cabo un gobierno socialista. Pero intuyo que entre los lectores de esta página no hay muchos.

La alternativa deseable sería un gobierno de otro color que pudiera legislar en la línea de lo que defendemos, al estilo de Milei, por ejemplo. Pero siempre y cuando sus leyes fueran mejores que las actuales, algo de lo que no existen ni pueden existir garantías. Porque si no, no se está tan mal sin un gobierno fuerte. No hay garantías porque, una vez investido un gobierno con mayoría suficiente, puede hacer lo que quiera dentro de la Constitución, y a veces incluso fuera de ella. No sería la primera vez que un gobierno traiciona a su electorado haciendo lo contrario de lo que había prometido, y podría hacerlo esta vez con mayoría para legislar. Y no existe nada que se pueda hacer al respecto, salvo esperar a las próximas elecciones.

El viejo Benjamin Ginsberg, uno de los pocos politólogos libertarios, ya lo advirtió hace años en su obra The Consequences of Consent. La democracia cambia la limitación del tiempo de mandato por la posibilidad de hacer prácticamente lo que se quiera durante ese tiempo. La democracia lo que hace es deslegitimar la protesta popular, que es lo que más teme cualquier dirigente político.

No es tan malo de momento estar sin un gobierno plenamente operativo, a menos que existiera alguna garantía de que la situación fuera a mejorar. Habrá que ver si la hay o si la puede haber.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’

León XIV y Rerum novarum: de la revolución industrial a la era digital (III)

En las entregas de mayo y junio, estuvimos confrontando con los planteamientos liberales algunas de las cuestiones fundamentales de las que se ocupaba la famosa encíclica del papa León XIII –Rerum Novarum, (en adelante, “RR”)– por la importancia que el papa actual, León XIV, le da al enfoque con el que aquel aborda la cuestión social, hasta el punto de haber elegido León como nombre, entre otras razones, por ello (por su “defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”, como vimos).

Así, en el artículo de junio concluíamos apuntando a cómo León XIII abordaba la cuestión del salario libremente acordado entre las partes, si bien dejamos para otro artículo su análisis profundo y su confrontación con los principios liberales.

En efecto, ya desde el primer punto de RR, León XIII hace una declaración de principios sobre la cuestión, y, si bien no deja de advertir de los peligros populistas en los que se basan muchos socialistas:

Es difícil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa, porque de ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas.

También destaca, en dicho punto de la encíclica, lo que considera un mal al que hay que enfrentarse:

Sea de ello, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente, cosa que en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros baja una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole, se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios.

Así, vamos a empezar desarrollando un poco más la doctrina de León XIII sobre los salarios, para después analizar si se trata de una postura conciliable o no con el liberalismo.

1.  la doctrina de rerum novarum sobre los salarios

Además de la declaración de principios que hemos visto más arriba, y que se expone en el punto primero de la encíclica, en toda ella son constantes las referencias al trabajo, a la importancia que el mismo tiene tanto para el trabajador como para la sociedad, y al papel que deben jugar los salarios como medio a través del cual pueda el trabajador sustentarse -a sí mismo y a su familia-. Así, por ejemplo, en el punto 3º de la encíclica se señala que:

Sin duda alguna, como es fácil de ver, la razón misma del trabajo que aportan los que se ocupan en algún oficio lucrativo y el fin primordial que busca el obrero es procurarse algo para sí y poseer con propio derecho una cosa como suya. Si, por consiguiente, presta sus fuerzas o su habilidad a otro, lo hará por esta razón: para conseguir lo necesario para la comida y el vestido.

Destacando en el punto 14º la necesidad de que se produzca una colaboración entre trabajadores y capitalistas, sin que ambas clases sociales se enfrenten o deban considerarse enemigas:

Es mal capital, en la cuestión que estamos tratando, suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Es esto tan ajeno a la razón y a la verdad, que, por el contrario, es lo más cierto que como en el cuerpo se ensamblan entre sí miembros diversos, de donde surge aquella proporcionada disposición que justamente podríase llamar armonía, así ha dispuesto la naturaleza que, en la sociedad humana, dichas clases gemelas concuerden armónicamente y se ajusten para lograr el equilibrio. Ambas se necesitan en absoluto: ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. El acuerdo engendra la belleza y el orden de las cosas; por el contrario, de la persistencia de la lucha tiene que derivarse necesariamente la confusión juntamente con un bárbaro salvajismo.

Destacando, en el punto 15º una serie de deberes que corresponden a cada una de las partes, empezando por los del trabajador:

(…) es decir, llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y, ante todo, a los deberes de justicia. De esos deberes, los que corresponden a los proletarios y obreros son: cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo; no dañar en modo alguno al capital; no ofender a la persona de los patronos; abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover sediciones; no mezclarse con hombres depravados, que alientan pretensiones inmoderadas y se prometen artificiosamente grandes cosas, lo que lleva consigo arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna.

Pero sin dejar de señalar, también, los deberes propios de los patronos, destacando, como uno de los primordiales, “el de dar a cada uno lo que sea justo”:

Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. Que los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí. E igualmente se manda que se tengan en cuenta las exigencias de la religión y los bienes de las almas de los proletarios. Por lo cual es obligación de los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las ocasiones de pecar y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro. Tampoco debe imponérseles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo.

Aunque el propio León XIII reconoce, en el mismo punto 15º de la encíclica, la dificultad de establecer la medida de dicho salario:

Cierto es que para establecer la medida del salario con justicia hay que considerar muchas razones; pero, generalmente, tengan presente los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. «He aquí que el salario de los obreros… que fue defraudado por vosotras, clama; y el clamor de ellos ha llegado a los oídos del Dios de los ejércitos»”.

Destaca, además, que no se encuentran patronos y obreros en la misma posición para poder velar por sus propios intereses:

Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios; tanto más cuanto que no están suficientemente preparados contra la injusticia y el atropello, y, por eso mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada.

Y critica, en el punto 32º, la consideración de que pueda entenderse por “salario justo” simplemente el acordado entre las partes por libre consentimiento:

Atacamos aquí un asunto de la mayor importancia, y que debe ser entendido rectamente para que no se peque por ninguna de las partes. A saber: que es establecida la cuantía del salario por libre consentimiento, y, según eso, pagado el salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más debe. Que procede injustamente el patrono sólo cuando se niega a pagar el sueldo pactado, y el obrero sólo cuando no rinde el trabajo que se estipuló; que en estos casos es justo que intervenga el poder político, pero nada más que para poner a salvo el derecho de cada uno. Un juez equitativo que atienda a la realidad de las cosas no asentirá fácilmente ni en su totalidad a esta argumentación, pues no es completa en todas sus partes; le falta algo de verdadera importancia.

Así, en el citado punto, la encíclica reconoce que “en lo personal” el obrero es libre de pactar el salario que considere:

Trabajar es ocuparse en hacer algo con el objeto de adquirir las cosas necesarias para los usos diversos de la vida y, sobre todo, para la propia conservación: «Te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Luego el trabajo implica por naturaleza estas dos a modo de notas: que sea personal, en cuanto la energía que opera es inherente a la persona y propia en absoluto del que la ejerce y para cuya utilidad le ha sido dada, y que sea necesario, por cuanto el fruto de su trabajo le es necesario al hombre para la defensa de su vida, defensa a que le obliga la naturaleza misma de las cosas, a que hay que plegarse por encima de todo. Pues bien: si se mira el trabajo exclusivamente en su aspecto personal, es indudable que el obrero es libre para pactar por toda retribución una cantidad corta; trabaja voluntariamente, y puede, por tanto, contentarse voluntariamente con una retribución exigua o nula. Mas hay que pensar de una manera muy distinta cuando, juntamente con el aspecto personal, se considera el necesario, separable sólo conceptualmente del primero, pero no en la realidad. En efecto, conservarse en la vida es obligación común de todo individuo, y es criminoso incumplirla. De aquí la necesaria consecuencia del derecho a buscarse cuanto sirve al sustento de la vida, y la posibilidad de lograr esto se la da a cualquier pobre nada más que el sueldo ganado con su trabajo.

Pero para León XIII la justicia natural exige que el salario sea suficiente para alimentar al obrero y a su familia, debiendo, si fuese necesario, actuar la autoridad pública para garantizarlo:

Pase, pues, que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo, y concretamente sobre la cuantía del salario; queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber: que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia. Sin embargo, en estas y otras cuestiones semejantes, como el número de horas de la jornada laboral en cada tipo de industria, así como las precauciones con que se haya de velar por la salud, especialmente en los lugares de trabajo, para evitar injerencias de la magistratura, sobre todo siendo tan diversas las circunstancias de cosas, tiempos y lugares, será mejor reservarlas al criterio de las asociaciones de que hablaremos después, o se buscará otro medio que salvaguarde, como es justo, los derechos de los obreros, interviniendo, si las circunstancias lo pidieren, la autoridad pública.

Para ver cómo entiende León XIII el derecho natural, podemos acudir, por ejemplo, a su encíclica “Libertas Praestantissimum” (en adelante, “LP”), en cuyo punto 7º se señala:

Entre estas leyes humanas hay algunas cuyo objeto consiste en lo que es bueno o malo por naturaleza, añadiendo al precepto de practicar el bien y de evitar el mal la sanción conveniente. El origen de estas leyes no es en modo alguno el Estado; porque así como la sociedad no es origen de la naturaleza humana, de la misma manera la sociedad no es fuente tampoco de la concordancia del bien y de la discordancia del mal con la naturaleza. Todo lo contrario. Estas leyes son anteriores a la misma sociedad, y su origen hay que buscarlo en la ley natural y, por tanto, en la ley eterna. Por consiguiente, los preceptos de derecho natural incluidos en las leyes humanas no tienen simplemente el valor de una ley positiva, sino que además, y principalmente, incluyen un poder mucho más alto y augusto que proviene de la misma ley natural y de la ley eterna.

Por lo demás, queremos también destacar que en la citada LP señala León XIII, en su primera frase, que:

La libertad, don excelente de la Naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío y de ser dueño de sus acciones.

Destacando, en el punto 17º de RR, que la propiedad es un derecho natural:

Poseer bienes en privado, según hemos dicho poco antes, es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto. «Es lícito que el hombre posea cosas propias. Y es necesario también para la vida humana».

Si bien su uso está limitado:

Y si se pregunta cuál es necesario que sea el uso de los bienes, la Iglesia responderá sin vacilación alguna: «En cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes; es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades. De donde el Apóstol dice: “Manda a los ricos de este siglo… que den, que compartan con facilidad”».

2.  ¿Es la doctrina de Rerum Novarum releacionada con los salarios compatible con el liberalismo?

Si bien es cierta la defensa que León XIII hace de la libertad y del derecho de propiedad, muchos liberales no estarán de acuerdo con lo que se afirma en RR sobre la necesidad, según el derecho natural, de que se considere como requisito suficiente para tachar a un salario de justo el que haya sido libremente acordado por las partes. Aún así, si lo analizamos con algo de detalle, la postura de RR respecto de los salarios, que hemos resumido más arria, no está tan lejos de la postura de muchos liberales.

A.   La posibilidad de conculcar los principios de justicia liberales

En efecto, si bien el liberalismo, como corriente de pensamiento, no es monolítica y existen diferentes corrientes, el elemento esencial de su planteamiento es la necesidad de proteger -garantizar- libertad de cada individuo para desarrollar sus proyectos vitales (respetando el mismo derecho en los demás), debiendo destacarse, en consecuencia, no sólo la libertad de acción del individuo para actuar como considere sin que se lo impidan -salvo que con ello afecte a la libertad de otros-, sino también su derecho de propiedad (entendido como el principio que regula la relación entre el sujeto y el entorno material que le rodea y que necesita para alcanzar sus fines) y su capacidad para celebrar pactos con otros individuos y que debe cumplir. Así, sobre dichos principios se puede construir, según los liberales, un entorno jurídico que permite no sólo la coexistencia pacífica, sino la interacción entre individuos que ayude a solventar los problemas de información e incentivos de los que hablan, entre otros, los autores de la Escuela de la elección pública, además de evitar situaciones de poder en las que algunas partes abusen ilegítimamente de su situación imponiéndose a otros.

Si nos quedásemos sólo ahí, se podría afirmar que la postura de RR sobre los salarios a la que nos hemos referido es incompatible con los planteamientos liberales, ya que, si bien la encíclica reconoce, implícita o explícitamente, el valor de la libertad, del derecho de propiedad o de la obligación de cumplir con lo pactado, establece la posibilidad de que se den situaciones en las que esos principios puedan violarse en beneficio de un bien que considera superior, como es el sostenimiento digno y decoroso del trabajador y de su familia.

Sin embargo, muchos liberales, entre ellos Lomasky o Nozick, consideran que pueden existir excepciones a los tres principios señalados más arriba, principalmente en aquellas circunstancias que impidan a los individuos la capacidad de ejecutar los propios fines, ya que, como veíamos más arriba, el objetivo de los tres principios citados era crear las condiciones para que, persiguiendo cada individuo sus propios fines, se pueda conseguir una coordinación mutuamente beneficiosa. Así, vienen a argumentar, si dicha coordinación se hace inviable, al existir circunstancias que impiden la posibilidad de conseguir dichos fines, los principios habrán dejado de tener utilidad y podrían conculcarse (así, no sería ilícito que un sujeto en una barca en medio del océano atente contra la libertad de su compañero obligándole a remar para conseguir llegar a la orilla; como tampoco lo sería que alguien al borde de la inanición atentase contra el derecho de propiedad de otro quitándole la comida que el primero necesita para sobrevivir o que alguien que libremente ha acordado convertirse en esclavo de por vida incumpla el pacto libremente suscrito) Eso sí la violación de tales principios habrían de ser la mínima imprescindible para anular las condiciones que impedían esa interacción coordinada y beneficiosa.

Vemos, pues, que a partir del enfoque liberal que hemos visto, se pueden justificar excepciones o conculcaciones de los principios de justicia con los que se construyen las circunstancias sociales necesarias para lograr el objetivo de su ética: la coordinación beneficiosa de las actuaciones individuales. Para RR también existen excepciones a la libre autonomía de las partes a la hora de acordar libremente un salario. Es más, los supuestos que pueden implicar la excepción son los mismos (inanición, necesidad de la propia conservación), aunque pueda ser distinto el límite en las circunstancias a partir del cual se puedan conculcar dichos principios o lo que se considera como mínima vulneración imprescindible. De hecho, como también se deduce de lo visto, ambas posturas abogan por evitar el abuso ilegítimo del poder.

B.   SOBRE LOS LÍMITES EN LA OBLIGACIÓN DE SOCORREN A LOS DEMÁS EN RERUM NOVARUM

Pero es que, además, el punto 17º de RR destaca, como ya indicamos en los artículos anteriores, que la su doctrina no puede obligar a nadie a socorrer a los demás con lo necesario para los usos personales del que socorre -o de los suyos-:

A nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita para conservar lo que convenga a la persona, a su decoro: «Nadie debe vivir de una manera inconveniente».

Distinguiendo, además, entre los deberes de justicia, y los deberes de caridad cristiana que no pueden imponerse por la ley:

Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. «Lo que sobra, dadlo de limosna». No son éstos, sin embargo, deberes de justicia, salvo en los casos de necesidad extrema, sino de caridad cristiana, la cual, ciertamente, no hay derecho de exigirla por la ley. Pero antes que la ley y el juicio de los hombres están la ley y el juicio de Cristo Dios, que de modos diversos y suavemente aconseja la práctica de dar: «Es mejor dar que recibir», y que juzgará la caridad hecha o negada a los pobres como hecha o negada a El en persona: «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Todo lo cual se resume en que todo el que ha recibido abundancia de bienes, sean éstos del cuerpo y externos, sean del espíritu, los ha recibido para perfeccionamiento propio, y, al mismo tiempo, para que, como ministro de la Providencia divina, los emplee en beneficio de los demás. «Por lo tanto, el que tenga talento, que cuide mucho de no estarse callado; el que tenga abundancia de bienes, que no se deje entorpecer para la largueza de la misericordia; el que tenga un oficio con que se desenvuelve, que se afane en compartir su uso y su utilidad con el prójimo».

Con ello estamos también viendo la compatibilidad del planteamiento de RR con algunas de las críticas que se hacen desde el liberalismo a posturas socialistas en relación con los salarios. En efecto, como señalan los liberales, si los trabajadores percibieran, como pretenden los marxistas, el “producto íntegro de su trabajo” (percibiendo por completo los ingresos por la venta de los productos y/o servicios -tras descontar lo gastado en insumos-), los capitalistas, o sus empresas, dejarían de recibir remuneración por el capital aportado y desaparecerían -y con ellos el empleo- ante la imposibilidad de reponer el capital, lo cual es claramente contrario al espíritu de RR y a las afirmaciones que hemos visto sobre la necesidad de que trabajo y capital cooperen. De hecho, en el punto 3º de la encíclica, León XIII pone en valor el ahorro como medio para obtener rentas futuras:

Luego si, reduciendo sus gastos, ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca, con lo que puede asegurarse más su manutención, esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia, y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo.

Pero es que, si el capitalista sólo obtuviese lo imprescindible para sobrevivir él y reinvirtiese exclusivamente lo imprescindible para mantener la estructura vigente de capital, se impediría la innovación y el progreso, destacándose, en el punto 23º de RR, la importancia, entre otros, del progreso de la industria y del comercio como requisitos para la prosperidad de las naciones, objetivo al que deben tender los que gobiernan:

Así, pues, los que gobiernan deber cooperar, primeramente y en términos generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos, ya que éste es el cometido de la política y el deber inexcusable de los gobernantes. Ahora bien: lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente agricultura y otros factores de esta índole, si quedan, los cuales, cuanto con mayor afán son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos.

Vemos, por tanto, que en esto también parecen compatibles ambas posturas.

C.   SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO

Como veíamos más arriba, el punto 32º de RR establece que puede ser la autoridad pública la última instancia o recurso para garantizar el cumplimiento de la justicia natural. Por tanto, incluso en esto podrían también estar de acuerdo los liberales, si no todos, al menos los minarquistas, que consideran que el Estado puede justificarse si sirve a la consecución de la justicia en los términos que hemos planteado más arriba.

3.  conclusión

A la vista de todo lo anterior, no sólo del presente artículo, sino de los dos anterior, parecería que los planteamientos éticos y económicos de León XIII (y que se deducen de sus encíclicas, especialmente de Rerum Novarum) son perfectamente compatibles con los postulados de los planteamientos liberales.

Lo cierto es, sin embargo, que si se analizan con profundidad no lo son tanto, ya que parten de una muy distinta concepción del hombre, de lo que es la libertad, de lo que es la justicia, de los fundamentos y objetivos últimos de los planteamientos éticos… y que esa diferente cosmovisión puede llevar a conclusiones diferentes si se aplica a la sociedad de hoy. Pero de todo eso nos ocuparemos en próximos artículos.

Serie ‘León XIV y Rerum novarum: de la revolución industrial a la era digital’

(I), (II).

Teoría fiscal del nivel de precios (V): formación del equilibrio

En las pasadas cinco entregas de esta serie de artículos, hemos expuesto brevemente los elementos clave de la Teoría Fiscal del Nivel de Precios (FTPL, por sus siglas en inglés). Siguiendo a Cochrane (2023), comenzamos con un análisis general, fundamentado en un modelo con únicamente dos períodos. Tras pasar de este modelo a uno intertemporal, conseguimos un modelo más realista y, por ende, más capaz de explicar la influencia de la política fiscal en el nivel de precios. Finalmente, en el último artículo explicamos qué tipo de regímenes fiscales pueden ser explicados mediante la FTPL y si la evidencia empírica respalda las tesis de esta teoría.

Sin embargo, toda teoría monetaria que se precie debe exhibir una comprensión sistemática de los mecanismos de trasmisión entre las variables sobre las que se argumenta una relación de causalidad –en el caso de la FTPL, entre los superávits primarios esperados y descontados y el nivel de precios. Puesto que ya sabemos que la política fiscal afecta al equilibrio monetario en un patrón fiat, el presente artículo se dedicará a explicar los procesos económicos que respaldan esta afirmación. Como en los pasados artículos, comenzaremos con el modelo intertemporal:

Superávits presentes y nivel de precios

Lo que este modelo trata de explicar es que, si existe relativamente demasiada oferta de deuda pública sobre las expectativas de superávits –recordemos, los flujos de caja con los que el Estado termina repagando esa deuda–, esto tenderá a incrementar, ceteris paribus, el nivel de precios. La primera crítica que se le suele hacer a esta afirmación es que, si observamos las series temporales, no se observa una correlación significativa entre los superávits primarios y el nivel de precios. Obsérvese que, en Estados Unidos, entre los años 2000 y 2024, la tasa de inflación subyacente no respondió sistemáticamente a los déficits primarios, excepto con el estímulo fiscal del año 2020.

La realidad es que no es el déficit o el superávit presente, sino las expectativas de estos en el futuro, lo que afecta al nivel de precios. En el modelo intertemporal, el nivel de precios se incrementa si, a igual cantidad de deuda pública en la economía, caen las expectativas de superávits. Esto no implica, empero, que los estímulos fiscales no respaldados por una promesa futura de superávits no vayan a generar inflación. Más bien, el equívoco radica en la pretensión de hallar una relación directa entre los superávits presentes y la tasa de inflación. Por eso, intentar desacreditar a la FTPL poniendo en series temporales los superávits primarios y la tasa de inflación es una crítica errónea al no tener en cuenta el elemento clave al analizar todo activo financiero –las expectativas de flujos de caja.

El modelo intertemporal como condición de equilibrio

La segunda crítica apela al modelo intertemporal como una restricción presupuestaria y no como una condición de equilibrio. En la Ciencia Económica, definimos el primer término como todas las combinaciones de bienes y servicios que un agente económico puede adquirir en función de sus ingresos y precios actuales. Según esta crítica, toda la FTPL estaría basada en interpretar erróneamente una restricción presupuestaria intertemporal como una condición de equilibrio. Debido a esto, entender la determinación del nivel de precios en base a un modelo cuyas variables han de satisfacerse por definición constituiría un grave error. Buiter (1999) es el ejemplo más representativo de esta crítica.

Sin embargo, tal y como explica Cochrane (2005), el modelo intertemporal es una ecuación de valoración de un activo financiero. En el primer artículo ya comparamos la moneda fiat –un pasivo del Estado que da derecho a saldar deudas tributarias con este– con una acción, que es un pasivo de una empresa que da derecho a recibir dividendos en el futuro. Tal y como sucede con las expansiones de capital sin respaldo aparente en dividendos esperados, una empresa puede duplicar el número de acciones asumiendo que el precio de estas acciones se va a reducir a la mitad. Este mismo razonamiento se aplica a la emisión adicional de deuda estatal sin un aumento de los superávits esperados. En lugar de una reducción del precio de la moneda fiat, nos encontraremos ante un incremento del nivel de precios –en cuyo caso hablaríamos de una reducción del valor de la moneda fiat.

Este razonamiento nos ayuda a entender por qué el modelo intertemporal es, como hemos dicho, una ecuación de valoración de la deuda pública y, como veremos después, también de la moneda fiat. Si retomamos nuestra definición inicial de “restricción presupuestaria”, dábamos por hecho unos precios de mercado en función de los cuales cada agente podía ver las combinaciones de bienes que puede adquirir. Si en una economía solo existen manzanas m a precio de cinco onzasy plátanos p a precio de tres, y este agente tiene un ingreso de 100, su restricción presupuestaria sería 100=5m+3p. Así como esta ecuación es una restricción presupuestaria para las empresas y familias por asumir los precios de mercado –o de equilibrio– existentes, una restricción presupuestaria para el Estado debería asumir un nivel de precios dado exógeno.

¡Pero eso es lo que no queremos hacer si pretendemos construir un modelo de determinación del nivel de precios! Que las familias no puedan afectar a los precios de las mercancías que adquieren no significa que el Estado no pueda afectar al nivel de precios, ya que este emite el dinero que actúa como unidad de cuenta en la mayoría de las economías contemporáneas: la moneda fiat. La restricción presupuestaria para el Estado es más laxa que para las familias y empresas, al tener la capacidad de emitir un pasivo generalmente aceptado por la población. Así las cosas, un ejemplo de restricción presupuestaria para el Estado sería:

Tal y como muestra esta simple restricción presupuestaria, el gasto (G), las transferencias (Tr) y los intereses (i) de la deuda del Estado (B) ha de ser necesariamente pagado mediante impuestos (Tax por su expresión anglosajona), nueva emisión de deuda o emisión monetaria (M). Mientras que esta restricción presupuestaria debe regirse en cada momento para evitar el default, la virtud del modelo intertemporal es su capacidad de explicar episodios de desequilibrio monetario, esto es, episodios donde la oferta y demanda de dinero no se encuentran coordinadas. En definitiva, son dos ecuaciones que pretenden explicar condiciones radicalmente diferentes.

Habiendo hecho las debidas aclaraciones, veamos cómo las expectativas de superávits acaban afectando al nivel de precios. Primero, exploraremos qué variables pueden afectar al nivel de precios a través de la ecuación cuantitativa, para luego entender cómo las expectativas de superávits influyen en estas variables.

Recopilación: el valor de la moneda fiat

El valor de la moneda fiat –recordemos que este era la inversa del nivel de precios 1/P– puede cambiar por dos motivos: en primer lugar, por un cambio en el flujo de gasto nominal y, en segundo, por un cambio en el flujo de mercancías dentro de una economía. En la ecuación cuantitativa, la oferta monetaria M –definida por un agregado monetario amplio a pesar de que el Estado solo controla la base monetaria de forma directa–multiplicada por su velocidad de circulación V sería el gasto nominal. En segundo lugar, el Producto Interior Bruto (PIB) real Q será tomado como una variable exógena en esta explicación, ya que su evolución no es una decisión política directa ni del Tesoro ni del banco central:

En otras palabras, lo que procederé a explicar es cómo las superávits esperados y descontados afectan tanto a la cantidad de dinero como a la demanda para atesorar este dinero, que no sería más que la inversa de su velocidad de circulación –cuanto más circula el dinero, menor es el atesoramiento de moneda fiat por parte de los agentes económicos.

Menor demanda monetaria y mayor demanda agregada

Siempre que tratamos con activos financieros que actúan como dinero, como es el caso que nos ocupa, es necesario asumir que las expectativas van a jugar un papel esencial en la determinación de su valor. Mientras que la utilidad futura esperada es un factor fundamental en todo intercambio –mayor cuanto más durable es el bien intercambiado–, a un activo financiero se le añade la expectativa de repago del emisor, junto a la calidad esperada de este activo en el futuro. ¿Y qué factor fundamental determina la calidad de la moneda fiat? Los superávits esperados.  

Por esta razón, a menores superávits esperados, es de esperar que los agentes económicos se deshagan marginalmente de mayores unidades de pasivos estatales, tanto de deuda pública como de moneda fiat. Esto, en última instancia, incrementa la demanda agregada y empuja los precios al alza. De esta manera, podemos incluir a la moneda fiat dentro de los pasivos estatales del modelo intertemporal, ya que los agentes económicos la atesoran por motivos de transacción, precaución y especulación (Keynes, 1930). Es decir, que los agentes no consumen todos sus ingresos en el período en el que los reciben, sino que atesoran un remanente con posibles usos futuros que debemos incluir en la oferta de pasivos estatales en cualquier período:

Ahora bien, ¿qué tipo de eventos pueden conducir a estos “shocks” en la velocidad de circulación? En primer lugar, las reformas fiscales que perpetúan o incrementan los déficits tienden a sembrar un repudio generalizado hacia la moneda fiat. Al fin y al cabo, la cantidad de moneda fiat que un agente económico desea mantener a lo largo del tiempo depende de los ingresos reales, de las expectativas y de las tasas de retorno de otros activos de la economía y de los tipos de interés, tal y como muestra la siguiente función (Friedman, 1956). Los agentes económicos deciden la cantidad de moneda fiat en sus saldos de tesorería también con relación a diferentes activos reales y financieros de la economía. Por eso, tras un deterioro de la calidad de la moneda fiat por mayores déficits esperados, los agentes económicos tenderán a desatesorar moneda fiat adquiriendo otros activos financieros o reales.

Cabe otra posibilidad, empero, en la que los agentes económicos adquieren bienes de consumo. El mecanismo es análogo: cuanto más cuestionada está la solvencia estructural del Estado, mayor será la disposición de los agentes económicos a deshacerse de moneda fiat y atesorar otros activos en su lugar. No obstante, para que esto sucediera, necesariamente debería violarse la equivalencia ricardiana (Barro, 1974), en base a la cual el patrón fiscal del Estado no tiene efecto en el consumo, al asumir los agentes económicos que menores impuestos en el presente conllevarán mayores impuestos futuros, asumiendo un gasto público dado.

En otras palabras, lo que explica la equivalencia ricardiana es que 1) los agentes internalizan la restricción presupuestaria del gobierno a la hora de formar sus expectativas; y 2) los bonos del Tesoro no son riqueza neta, de manera que no tienen efecto alguno en la demanda agregada. De lo contrario, Barro señala que “the fiscal effects involving changes in the relative amounts of tax and debt finance for a given level of public expenditure would have no effect on aggregate demand, interest rates, and capital formation” (Ibidem).

Y esto es precisamente lo que propone la FTPL: los cambios en la política fiscal actúan sobre los patrones de consumo de los agentes y sobre la economía en su totalidad, siempre y cuando el valor real de la deuda pública no se mantenga constante (Cochrane, 2023). De suceder esto, la equivalencia ricardiana se mantiene: existen expectativas de que déficits presentes se compensarán con superávits futuros, y no hay efecto alguno sobre el consumo. En contraposición, cuando el valor real de la deuda cae en respuesta a unos mayores déficits, verbigracia, significa que descienden los superávits esperados y, ceteris paribus, obtenemos inflación. Aplicado a las finanzas públicas, esto se puede plasmar en que ese déficit se repaga, pero durante un mayor período de tiempo. Adicionalmente, la modificación del flujo de superávits esperados es una posible violación de la equivalencia ricardiana, entre otras, como la incertidumbre o la problemática de la distribución intergeneracional (Elmendorf y Mankiw, 1999).

En segundo lugar, si existe relativamente más deuda pública respecto a los superávits esperados, la calidad de esta tenderá a reducirse. Este fenómeno sería análogo al “share split” de una empresa (Cochrane, 2023): ampliar la oferta de acciones sin aumentar paralelamente los flujos de caja esperados. Hasta ahora, nada que no hayamos reconocido previamente. Sin embargo, tal y como muestra la siguiente figura procedente de la Reserva Federal, una gran parte de los activos de este banco central son deuda pública. Si la calidad de la deuda pública se deteriora por las razones ya mencionadas, también lo harán los pasivos que emplean a esta deuda como colateral, es decir, la moneda fiat. En definitiva, el valor fundamental de la moneda fiat deriva de su colateral, y si este pierde valor, la utilidad marginal de la unidad monetaria –y, por ende, su demanda– decrecerá.

Mayor descuento de los flujos de caja

Por último, el factor estocástico de descuento que se le aplica a la moneda fiat también tiene importantes implicaciones inflacionarias. A lo largo de este artículo hemos supuesto que la tasa de descuento que se le aplica al flujo de superávits esperados es constante, siendo el cambio en estos últimos lo que determinaría el nivel de precios junto con la política monetaria. Pero también se ha de tener en cuenta que la variación en flujo de superávits esperados y descontados puede venir, precisamente, por un cambio en el factor estocástico de descuento. Así las cosas, podemos dividirlo en dos componentes:

  1. La tasa subjetiva de descuento, designada por beta. Esta variable determina el descuento por el tiempo y riesgo percibido por el acreedor. En este sentido, cambios estructurales en los superávits primarios o en la cantidad de deuda pública, entre otros factores, pueden alterar esta tasa subjetiva de descuento. Cuanta más cercana esté beta a 0, mayor será el descuento aplicado a los superávits esperados
  2. La preferencia temporal, expresada mediante la ratio de utilidades marginales entre consumir en el futuro y consumir hoy. Cuanta mayor sea la propensión marginal al consumo en t, menor será el factor estocástico de descuento.

Cuanto menor es el factor estocástico de descuento, más probable es que se deprecie la moneda fiat, al necesitar de más flujos de caja para estabilizar su valor, a igualdad de condiciones. En ausencia de “shocks”, la propensión marginal al consumo no tiende a variar, mientras que la tasa subjetiva de descuento responde considerablemente a las expectativas de inflación, de crecimiento económico y de superávits futuros. El indicador que se suele utilizar desde la FTPL para analizar el factor estocástico de descuento es el retorno de los bonos del Tesoro a corto plazo, de manera que las expectativas de superávits influyen notablemente en la estabilidad del nivel de precios también a través del factor estocástico de descuento. Al fin y al cabo, si se están descontando los superávits esperados con los que se paga la deuda pública, resulta intuitivo que los agentes descuenten con el interés recibido de esta deuda.

Conclusiones

En este artículo se ha ofrecido un breve resumen de los que considero que son los principales mecanismos de trasmisión desde la política fiscal hasta el nivel de precios. Evidentemente, la mayoría de estos contienen una dimensión monetaria, al interaccionar el Tesoro con el banco central para determinar el valor de la moneda fiat, cada cual ejerciendo dominancia en función de si son pasivas o activas.

Con todo, todos estos mecanismos no pasan por el banco central: es una decisión autónoma del Tesoro. Esto implica que, si el banco central siguiera una política monetaria pasiva, la política fiscal ejercería dominancia mediante los procesos mencionados a lo largo del artículo. Aun así, el hecho de que los tipos de interés puedan variar, así como otros elementos de la política monetaria, altera y complica qué variaciones en el nivel de precios pueden ser atribuidas a instrumentos de la política monetaria, y qué otros a la política fiscal.

Dejando de lado estas interacciones, que dificultan el análisis monetario, la lección principal de este artículo es que la solvencia estructural del Estado no afecta al nivel de precios únicamente mediante la monetización de déficits. Esta es una vía concreta, pero no la única, mediante la cual la política fiscal afecta al nivel de precios. En todo caso, existen otras vías a través de las cuales las expectativas de superávits afectan a la estabilidad del sistema monetario actual, como la demanda monetaria, la violación de la equivalencia ricardiana o las tasas de descuento.

Bibliografía

Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy, 82(6), 1095–1117. https://doi.org/10.1086/260266

Buiter, W. H. (1999). The fallacy of the fiscal theory of the price level (NBER Working Paper No. 7302). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w7302

Caramp, N., y Silva, D. (2023). Fiscal policy and the monetary transmission mechanism. Review of Economic Dynamics, 51, 716–746. https://doi.org/10.1016/j.red.2023.08.001

Cochrane, J. H. (2005). Money as stock. Journal of Monetary Economics, vol. 52(3), 501-528.

Cochrane, J. H. (2023). The Fiscal Theory of the Price Level. Princeton University Press.

Friedman, M. (1956). The Quantity Theory of Money – A Restatement. En Milton Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, 3-21.

Elmendorf, D. W., y Mankiw, N. G. (1999). Government debt. En J. B. Taylor y M. Woodford (Eds.), Handbook of macroeconomics (Vol. 1, pp. 1615–1669). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)10038-7

Keynes, J. M. (1930). A treatise on money. London, England: Macmillan.

Serie ‘Teoría fiscal del nivel de precios’

¿Es el valor de cambio un valor de uso? I

En una teoría se pueden utilizar las definiciones que se consideren oportunas con el propósito de explicar la realidad de la mejor manera posible. Teniendo esto en consideración, podríamos definir el valor de uso de manera que el valor de cambio sea un valor de uso más, si consideramos que esto va a explicar mejor la realidad.  

Esta manera de definir el valor de uso podría ser conveniente a la hora de explicar el dinero o cualquier otro objeto que solo sirva para realizar intercambios. Después de todo, no  deja de ser un poco extraño decir que un dinero que solo sirva para intercambiar no tiene ningún valor de uso, pues transmite la idea de que no sirve para nada cuando la realidad es que se usa para facilitar el intercambio, que es una de las necesidades más importantes, sino la más importante, en una economía altamente especializada.

Sin embargo, establecer que el valor de cambio es un valor de uso nos lleva al problema de vaciar de contenido esta diferenciación del valor, porque si el valor de cambio es un valor de uso, entonces todo valor es de uso.

Menger distinguió el valor de uso como el valor de aquellos bienes económicos que satisfacen necesidades de manera directa, y valor de cambio el de aquellos bienes económicos que satisfacen necesidades de manera indirecta.  Pero en cualquier caso son dos manifestaciones del mismo fenómeno: El valor. 

Respecto a lo anterior, cabe destacar que valor de uso y de cambio son en cierto modo contrarios. Aunque pueden coexistir simultáneamente, una vez decidimos intercambiar un bien, ya no es posible utilizarlo. Cierto es que podemos vender una vivienda y seguir habitándola como inquilino―, pero en ese caso nuestro bien económico ya no es la vivienda física, sino el derecho de arrendamiento que se adquiere a cambio de una contraprestación periódica.  Es decir, no podemos sorber y soplar al mismo tiempo.

A efectos dialécticos para el análisis en este artículo, podríamos rebautizar valor de uso como “valor directo” y el valor de cambio como “valor indirecto”.  Al hacer esto, vemos cómo afirmar que un bien tiene valor directo porque tiene valor indirecto es verdaderamente confuso. Habría que abandonar esta estructura conceptual Mengeriana.

En mi opinión, la solución para poder mantener la estructura conceptual de Menger sería rescatar el término “utilidad” tal y como él lo definió, sin mucho éxito por cierto.  Su definición es que todo aquello que satisface una necesidad humana es útil.  Y esto es una cuestión independiente del valor, el aire que respiramos satisface una necesidad humana y en circunstancias normales no tiene ningún valor.

Pero la utilidad sí que puede ser una consecuencia del valor, de hecho todo aquello que tiene valor es automáticamente útil para el intercambio, y el intercambio es una necesidad humana. Como ya expliqué en este artículo, el valor de cambio puede surgir de la mera rareza que pueda alimentar una expectativa de escasez económica, tal y como sucedió con Bitcoin.

El fenómeno de Bitcoin abrió un interesantísimo debate sobre este asunto. Importantes economistas como Eugene Fama, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Steve Hanke, J.P. Koning o Xavier Sala i Martí, o prestigiosos financieros como Charlie Munger o Warren Buffet rechazaron y rechazan de plano Bitcoin precisamente por considerar que no tiene ningún valor de uso directo (o valor fundamental), y en su marco teórico no contemplan que ni el valor de cambio ni el valor especulativo puedan ser un valor de uso.

Y dentro de la escuela austriaca también corrieron ríos de tinta sobre si Bitcoin violaba el teorema de regresión de Mises por no tener ninguna utilidad ni ningún valor de uso antes de tener valor de cambio.

A la luz de todo lo anterior no cabe duda de que la ciencia económica enfrenta un serio problema teórico por resolver. Puede parecer razonable redefinir el valor de uso para incluir dentro de él al valor de cambio, pero esta estrategia no soluciona la dificultad de fondo. Difícilmente convencerá a los críticos, pues seguirán viendo en ello el razonamiento circular que intentó desenmarañar Mises: si el único valor de uso consiste en que alguien te lo compre a un precio igual o superior porque a su vez también espera venderlo a un valor igual o superior, entonces no se está explicando su valor, sino simplemente asumiéndolo.

Para resolver este problema no basta con una redefinición de términos, lo que necesitamos es poner estos términos en correcta relación con la causa esencial del valor, que no es otra que la escasez.

El error de estos economistas —el mismo que llevó a Mises a elaborar su teorema de regresión— consiste en considerar como requisito previo al valor la utilidad entendida como funcionalidad, es decir, como satisfacción directa de una necesidad distinta de intercambiar o especular (que en esencia lo mismo), de modo que el bien si o si debe tener valor previo por razón de esa otra utilidad.

Como señala Carlos Bondone, el único requisito especial e ineludible del dinero para que satisfaga la necesidad de intercambiar es que sea un bien económico, es decir, que sea escaso.  El dinero sólo puede desempeñar su función, solo puede satisfacer la necesidad de intercambiar si tiene valor. Y si no es escaso, no puede tener valor.

El anterior requisito no es solo aplicable al dinero, sino a cualquier otro bien que solo sirva para intermediar intercambios o para especular con el valor.  En el caso de Bitcoin se ve claro: Si por cualquier razón dejara de ser escaso, si por ejemplo la cantidad fuera ilimitada, dejaría de tener valor, y como consecuencia sería totalmente inútil para el intercambio.

En el caso de cualquier tipo de dinero moderno, podemos dejar fuera de este análisis su fricción en el intercambio —costes de asesoramiento, divisibilidad, etc.—, porque en cualquier caso será muy baja si asumimos que se tratará de dinero fundamentalmente inmaterial o “digital”. Dicho esto, aunque la escasez es condición necesaria, por sí sola no sería suficiente para que un bien sea útil como dinero. Para ello, debería darse un grado de “escasez estable”, es decir, que los agentes anticipen que la dinámica de la cantidad resulte en que la oferta se adapte a las variaciones de la demanda, maximizando así la estabilidad de su valor.

Se podría sostener que estos bienes, que únicamente sirven para el intercambio, satisfacen de manera directa la necesidad de intercambiar y, conforme a la definición de Menger, ello constituiría un valor de uso. Sin embargo, esta interpretación genera confusión porque como decíamos vacía de contenido la distinción entre valor de uso y valor de intercambio. Una vez hacemos la distinción, es mucho más coherente adscribir la necesidad de intercambio al valor de intercambio que al valor de uso. 

También se podría defender que acumular un bien líquido como colchón de seguridad constituye un valor de uso por dos razones: primero, porque aporta un servicio de seguridad frente a la incertidumbre económica; y segundo, porque no se desea intercambiar el saldo de ese colchón. 

Sin embargo, del mismo modo que poseemos extintores con la esperanza de no tener que utilizarlos nunca, y que estos no proporcionan seguridad en abstracto sino que pretenden asegurar la posibilidad concreta de apagar un fuego en caso de incendio, un saldo de liquidez tampoco ofrece seguridad en abstracto, sino que pretende asegurar la posibilidad de intercambio. En definitiva, seguimos hablando de valor de intercambio.

Almacenar o atesorar un bien no es otra cosa que poseerlo por más o menos tiempo, y poseer está implícito en el concepto de valor o escasez. Nadie posee cosas sin valor. Además, el almacenamiento se puede interpretar como una forma de intercambio (intertemporal intrapersonal). 

La necesidad de intercambiar es, sin duda, una necesidad humana como cualquier otra, pero si nuestro marco teórico pretende diferenciar analíticamente valor de uso y de cambio, resulta más que lógico adscribir la necesidad de intercambio al ámbito del valor de cambio (intercambio ↔ valor de cambio). Y sin ningún problema podemos afirmar, asimismo, que los bienes económicos sin valor de uso y que solo sirven para el intercambio, son útiles.

La clave, por tanto, no consiste en redefinir las categorías de valor, sino en comprender que la condición para que un bien tenga valor es la escasez; que la utilidad no constituye por sí sola causa suficiente; y que, por el contrario, la utilidad —entendida como funcionalidad—  puede ser consecuencia del valor.

¿Por qué cierran los parques en Madrid?

Muchos vecinos madrileños se están encontrando esta primavera y verano con un nuevo fenómeno hasta ahora desconocido, y quizá pionero a nivel mundial. Ya asomó la cabecita el verano pasado, pero parece estar normalizándose y, si no hacemos nada por evitarlo, pasará a formar parte de nuestras vidas. Me refiero al cierre de los parques públicos por causas climatológicas.

Llevo viviendo en la capital casi 40 años, y no recuerdo haberme encontrado un parque cerrado al público. Ahora pasa con la suficiente frecuencia como para que no se me olvide de una vez para la siguiente, y haya decidido escribir este artículo, con cierto tono de denuncia. Como digo, ya no es raro ver a horas no intempestivas, un grupo de personas atónitas, contemplando la puerta cerrada del parque al que han salido a pasear o a llevar a los niños a jugar. Una aproximación para inquirir por las causas de tal cierre revelará poca más información, normalmente un folio con el parco rótulo: “Cerrado por climatología adversa”.

Uno se pregunta en qué consistirá la climatología adversa que fuerza tal cierre, mientras contempla el sol radiante sin nubes y observa la perfecta quietud de los árboles ante la ausencia de una mínima brisa. El visitante frustrado no tarda en darse la vuelta y proseguir su camino hacia otros pagos, pero el más reflexivo se pregunta por las razones de tan nuevo fenómeno, que además solo afecta a los parques públicos.

Según la Asociación Vecinal Retiro Norte[1], a fecha 8 de julio se habían cerrado los parques madrileños ni más ni menos que 25 días en 2025, aproximadamente el 14% de las jornadas. Por comparar con un sitio similar no público, el Parque de Atracciones de la misma ciudad, cerró la última vez en 2023 por un corte de luz. El parque Zoológico, otro lugar comparable, no ha cerrado desde que fuera obligado en 2020 a consecuencia del COVID.

Las razones son fáciles de entender. En los dos últimos recintos, el cierre supone pérdida de ingresos para sus dueños, que es algo que normalmente un empresario no se puede permitir. Imagínense qué empresa podría sobrevivir si perdiera el 14% de sus ingresos por climatología adversa como la que he descrito más arriba. En cambio, cuando se cierra un parque municipal, no se pierden ingresos ni, de momento, votos. Lo único que se pierde son unas horas de trabajo del funcionario de turno, quien quizá sea además el que toma la decisión del cierre, por lo que es muy fácil entender cuáles van a ser sus incentivos para tal decisión.

Es evidente que el escaqueo funcionarial no puede ser la causa última, porque entonces los parques habrían dejado de estar abiertos hace años. No, por supuesto que no. La causa última es la protección del ciudadano, con quien la administración municipal prefiere no correr riesgos. La estancia en un parque, como tantas situaciones en la vida, es causa de riesgos. Si hace mucho viento, pueden caerse ramas; si llueve o nieva, te puedes resbalar; si hace calor, no sé, a lo mejor es más fácil que prenda un fuego.

En la medida en que dichos riesgos sean controlables, lo que harán los empresarios será invertir en el mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones, para tratar de reducirlos tanto como puedan. Los empresarios saben que clientes accidentados no son buenos clientes, y que en caso de riesgo cierto siempre será mejor cerrar el parque. Pero también saben que es mejor prevenir que curar, y que el cierre les supondrá frustración a sus posibles clientes y pérdidas de ingresos. Por ello, prefieren gastarse el dinero en hacer su parque lo más seguro posible y evitar cerrarlo al mínimo contratiempo.

Pero el mismo razonamiento no aplica a las administraciones públicas, por la sencilla razón de que tal mantenimiento implica un coste sin la correspondiente expectativa de ingreso. La gestión pública, por su propia naturaleza “filantrópica” de no buscar beneficios económicos, ve cualquier inversión como puro coste, y lógicamente trata de reducirla al máximo. Si a esto unimos el arma de destrucción masiva que es el poder de imponer cosas a los ciudadanos, tarde o temprano se dan cuenta de que la mejor solución para no incurrir en costes es que la gente no use sus servicios. De aquí a buscar causas objetivas que justifiquen el cierre, en este caso de los parques en Madrid, hay solo un pequeño paso, y voila, se explican los 25 días de parques cerrados en 2025.

Pero, ¿por qué limitarse a los parques en Madrid? También empieza a ser un clamor el mal estado de las carreteras en España, que nuestro Gobierno está resolviendo mediante un expediente simple, barato y original: poner una señal avisando del mal estado del firme. Todo sea por la eficiencia de la gestión, porque seguro que así se permiten unos ahorros de fondos que tanta utilidad pueden encontrar en comprar apoyos en el País Vasco, Cataluña y segmentos sociales, como el Verano Joven.

Obvio es decir que tal ausencia de mantenimiento, por mucha señal que se ponga avisando, hará que las carreteras se deterioren más hasta el punto de hacerse peligrosas. ¿Cómo evitar que aumente la siniestralidad sin tener que gastar un Euro en mantenerlas? Prohíbase la circulación por tales tramos.

Todo esto a alguien le puede sonar exagerado y hasta histriónico. Y puede que lo sea. Pero yo no puedo evitar recordar hace 5 años cuando el COVID se extendió por el mundo y a ningún Estado se le ocurrió lo de invertir para ampliar puntualmente la capacidad del sistema sanitario (alguna honrosa excepción hubo precisamente en la Comunidad de Madrid). Todos prefirieron confinarnos en nuestros domicilios y ahorrarse dinero y riesgos: las consecuencias psicológicas y físicas nos las comimos los ciudadanos, como nos comeremos las económicas que a no mucho tardar aflorarán.

En el COVID quedó patente la resistencia de cada sociedad a las imposiciones estatales contra la libertad, y los Estados aprendieron que a veces es más fácil y barato prohibirnos cosas que solucionar problemas. El cierre arbitrario de los parques madrileños no está tan lejos como parece de aquel terrible confinamiento, ni en tiempo ni en concepto. Solo cabe esperar que ahora sí nos resistamos.


[1] https://decide.madrid.es/proposals/39216-cambio-al-protocolo-de-cierre-de-parques-en-verano

Green Data Chain: jamón, torreznos y bitcoins

Continuando la serie de “Economía de la energía” (I y II), veamos el modelo de Green Data Chain, una empresa aragonesa que combina una forma de generación de energía llena de ventajas, como es la producción de energía a partir de purines de cerdos, con la generación de unas de las monedas más sanas que existen: bitcoin.

Hasta los andares

Dice el refrán que “del cerdo se aprovecha todo, hasta los andares”. Nos comemos todo, hasta las partes que de otros animales no se aprovechan para cocinar. Incluso las partes que no nos comemos, como el hueso, lo podemos aprovechar para hacer caldo y luego dárselos a los perros o las gallinas, que les aporta calcio para los huevos. El estiércol y el purín, rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, también se utiliza como fertilizantes.

Incluso, como nos mostró en 2000 Guy Ritchie, podemos usar el cerdo para otros fines poco ortodoxos. Y el orden espontáneo nos muestra cómo muchas mujeres están adoptando como mascotas a cerdos que les aporta un grado más de seguridad que otros animales ante jóvenes que no comen jamón. Nada que tenga que ver con el cerdo se desaprovecha. Y ahí donde entra la empresarialidad humana siempre encuentra la mejor forma de aprovechamiento para cada circunstancia.

El problema de las microgranjas

El Real Decreto 1135/2002 y la Ley 21/2013 han hecho que la mayoría de las granjas porcinas limitasen a algo menos de 2.000 cerdos para evitar restricciones regulatorias y burocráticas que desoptimizase la inversión. Tan arraigada está esa cifra que se ha convertido en el estándar de la industria para calcular inversiones.

Pese a la restricción administrativa, la inventiva humana ha sabido darle la vuelta a este problema y rentabilizar granjas con tan pocos animales. El censo global de cerdos en España ha pasado de unos 20 millones antes del RD  1135/2002 a casi 35 millones en la actualidad, convirtiendo a España en el país con mayor número de cerdos del mundo y Aragón, la región con mayor concentración de cerdos por habitante.

La limitación a un número tan pequeño de animales no es sólo un problema para los propietarios de las explotaciones ganaderas que, normalmente, tardan más en recuperar su inversión, sino, sobre todo, para el animal. Hay dos situaciones especialmente graves para el animal derivadas directamente de la restricción en el tamaño de las instalaciones:Una instalación con pocos anim ales no genera unos ingresos que permitan tener veterinarios en plantilla. Y muchas veces, el veterinario está en otro municipio lejano o con mal acceso a la granja.

Tampoco pueden tener matadero en la propia granja. Lo cual genera un sufrimiento gratuito para el animal que lleva a que más de 50 mil cerdos muera cada año en el trayecto entre la granja y el matadero, según la British Veterinary Association. Una muerte mucho más dolorosa para el cerdo que en el matadero y una pérdida económica general, ya que esa carne, pese a que el animal estaba sano cuando murió, no se puede aprovechar para el consumo humano.

Para poner en contexto esta gran pérdida de recursos, un cerdo cuando se lleva al matadero suele pesar unos 100 / 120 kilos. Aunque hemos dicho que el hueso se puede usar para cocinar, los humanos no solemos comer esos huesos, así que descontaremos los 8 / 12 kilos que suele pesar el esqueleto del cerdo. Nos quedan entre 95 y 105 kilos. Redondeando, unos 100 kilos de peso canal bruto (recordemos que “del cerdo se aprovecha todo”, incluídas vísceras, cabeza y sangre).

100 kilos multiplicados por los 52.000 cerdos que mueren cada año en el trayecto entre la granja y el matadero son un total de 5.200.000 kilos de carne. 5.200 toneladas de carne perdida. Si cada humano adulto comemos una media de 45 kilos de carne al año, nos podríamos alimentar 115.555 seres humanos (prácticamente, toda la provincia de Teruel) sólo con las pérdidas producidas por la arbitrariedad de unos legisladores que anteponen su “fatal arrogancia” -sic- al bienestar de los animales.

Integradoras, o cómo la función empresarial soluciona los problemas del legislador

Si bien las integradoras existían antes de 2002, las restricciones del gobierno de Aznar fueron el detonante para que el sector porcino tuviera que segmentar más el conocimiento, obligando a especializar la mano de obra. El sector se articuló en granjas de madres, de lechones, de engorde… y surgiendo un ecosistema de empresas especializadas, con las integradoras como elemento fundamental para engranar ese ecosistema.

Estas normativas nacen en el marco europeo, seguramente impulsadas por gente con buenas intenciones (léase “Bootleggers & Baptists: How economic forces and moral persuasion interact to shape regulatory politics”, de Bruce Yandle y Adam Smith), pero su aplicación en España ha sido rígida y contraproducente.

En estos años ha sido cuando han surgido empresas como ARS Alendi, creada en 2003 a partir de la unión de varias cooperativas, o la expansión de Arcoiris o Grupo Costa (empresa clave en la sostenibilidad económica tanto del Baloncesto Zaragoza como de la Sociedad Deportiva Huesca). Empresas heróicas que, pese a competir (o gracias a competir) con el entramado Forestalia-Grupo Jorge, uno de los mayores beneficiarios de los PIGAs, (los Planes de Interés General de Aragón -sic-) y las restrictivas leyes españolas, no paran de mejorar sus instalaciones y de crecer, ampliando sus líneas de negocio, hasta haber conseguido que en Aragón se produzca el 23,6% de la carne de cerdo en España.

Pensar es pensar contra alguien

Pensar es pensar contra alguien, y tener que lidiar contra los Samper (Forestalia-Grupo Jorge) y el gobierno de España y la Unión Europea, ha hecho que el sector del cerdo en Aragón tenga que inventar nuevas fórmulas de generación de ingresos. Una de esas fórmulas, como en la mayoría de las industrias, es convertir los residuos de unas empresas en activos para otras.

Y así es como surgen empresas como Fuentes Claras Bioenergy, con una planta de producción de biogás de 18 millones de euros o la planta de Valderrobres, impulsada por Arcoiris.

Pero no sólo los grandes grupos empresariales o las alianzas entre muchos productores pueden rentabilizar la producción de energía a través de purines de cerdos. Gracias a los navarros EtxeHolz, cualquier granja, incluso una con sólo dos mil animales, ya puede instalar una planta de biogás rentable.

Energía y bitcoin

Uno de los principales problemas que tenemos en la zona euro es la gran inflación que estamos sufriendo con una moneda que cada vez vale menos, especialmente tras el aumento de la emisión monetaria con la excusa del COVID. Una forma de generar incertidumbre y desincentivar la inversión.

Pero como cada vez que los políticos crean un problema, el mercado ofrece una solución. La Ley de Estabilización Económica de Urgencia de 2008, la amenaza de que Obama ganara las elecciones en 2009 y las consecuencias económicas que iba a suponer ese gobierno fueron algunos de los detonantes que hicieron que el mercado aceptase con tan buenos ojos el whitepaper de Satoshi Nakamoto en 2008 y el comienzo de Bitcoin a principios de 2009.

Actualmente, con el valor del euro por los suelos y la amenaza del euro digital, bitcoin es la reserva de valor favorita de muchos ahorradores. Sumado al aumento del número de transacciones que se realizan en la red Bitcoin, es necesaria la colaboración de una gran cantidad de mineros distribuidos por todo el planeta.

Mantener el funcionamiento de estos mineros requiere mucha energía, pero, como hemos visto, hay una fórmula sencilla y económica de conseguir esa energía durante 24 horas al día, sin la intermitencia de la fotovoltáica, que es usar los purines de cerdos. Esto es lo que ha llevado a la creación de Green Data Chain, una empresa de Fraga (Huesca), que han conseguido minar el primer bitcoin con certificado verde. El refranero español es muy sabio y ya advierte que “del cerdo se aprovecha todo”, pero el ingenio español es capaz de ir siempre un paso más allá: de los andares al hashrate, del jamón al ledger, y de los purines… a bitcoin.

Serie ‘Economía de la energía’

(II) Cooperativismo, empresarialidad y comunidad: ‘luz a cero’

(I) Centralización y monopolio, o cómo la intervención estatal ha provocado el apagón en toda España

La peligrosa dilución de la frontera entre la política fiscal y monetaria

Durante décadas hemos dado por hecho un reparto de papeles claro: los bancos centrales se ocupaban de la inflación y de suavizar el ciclo, y los ministerios de Hacienda supuestamente se encargaban de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Ese arreglo, consolidado desde mediados de los noventa con la independencia de las autoridades monetarias y el establecimiento de objetivos de inflación, funcionó razonablemente bien mientras la deuda era manejable y el crecimiento nominal ayudaba. Hoy ese mundo ya no existe del todo. El volumen de pasivos soberanos, la cicatriz de dos grandes crisis y la sensibilidad social al coste de la vida han vuelto a difuminar la frontera entre lo monetario y lo fiscal.

El régimen dominante de aquellos años (metas de inflación, tipos de cambio flexibles y bancos centrales concentrados en los niveles de precios) descansaba sobre una condición no declarada: que las decisiones sobre el precio del dinero no pusieran en aprietos la financiación del Estado. Con niveles de deuda más reducidos y vencimientos bien distribuidos, esa condición se cumplía. En el presente, cada movimiento de tipos repercute, con retraso, pero con fuerza, sobre la factura de intereses que el Tesoro va refinanciando. Ese bucle convierte una decisión “técnica” en una cuestión con consecuencias presupuestarias y políticas tangibles.

El péndulo histórico ayuda a interpretar el cambio. En los años cincuenta y sesenta, la gestión del ciclo descansaba con naturalidad en la política fiscal, y los bancos centrales raramente eran independientes. Los tipos se movían mirando al tipo de cambio o a las necesidades del gobierno. A partir de los noventa, el péndulo giró: se blindó la independencia de las autoridades monetarias y se dejó al gobierno el trabajo de medio plazo. Aquella “separación” redujo la inflación y estabilizó expectativas. Pero coincidió con un mundo de menor endeudamiento y menor complejidad financiera que el actual.

Después llegó la ruptura. La crisis financiera global llevó los tipos a cero y obligó a desplegar herramientas que pocos esperaban ver a esa escala: compras masivas de activos para estabilizar mercados, apuntalar el crédito y evitar una depresión. La pandemia redobló el esfuerzo. El resultado fue un cambio estructural: una parte significativa de la deuda pública quedó en manos de los propios bancos centrales. Deshacer ese movimiento, es decir, dejar vencer títulos sin reinversión o venderlos, no es una mera operación contable. Exige dosificar ritmos, calibrar impactos y gestionar episodios de tensión que pueden disparar primas de riesgo o destapar fragilidades en el sistema financiero.

En este contexto, es ilusorio sostener que las decisiones monetarias no tienen consecuencias fiscales. Un alza de tipos para contener la inflación eleva, con el paso de los trimestres, la carga de intereses y reduce el margen presupuestario. A la inversa, una rebaja abarata el coste de la deuda y aligera la presión sobre el gasto. La independencia del banco central no borra esa interdependencia; obliga a gestionarla con prudencia. De ahí que veamos combinaciones que hace unos años habrían sorprendido: aumentar el tipo de interés mientras se utilizan instrumentos de estabilidad financiera o reinversiones selectivas para evitar disfunciones en ciertos segmentos del mercado de bonos.

El espejo de la posguerra suele aparecer en este debate. Entonces, con deudas muy elevadas, muchos países practicaron lo que hoy llamamos represión financiera: tipos administrados, controles de capital, tratamiento regulatorio favorable para la deuda pública y, en la práctica, rendimientos reales negativos para el ahorrador. Como mecanismo de reducción de la ratio deuda/PIB funcionó, pero a costa de distorsionar la asignación del capital y de incubar tensiones inflacionistas. Aunque un regreso pleno a ese mundo es improbable en economías abiertas, con mercados de capital globales y marcos legales más robustos, sí conviven hoy rasgos “blandos” que facilitan la colocación del pasivo soberano sin llegar a controles duros.

También han cambiado las expectativas sociales. Tras años de encarecimiento de la vivienda y de la cesta de la compra, los costes de la política monetaria son visibles y se discuten a diario. Ese ruido no debería dictar decisiones, pero condiciona la comunicación. Si un banco central compra bonos para contener un episodio de volatilidad mientras mantiene un sesgo restrictivo en tipos, necesita explicar con nitidez que no está dando marcha atrás en su objetivo de precios, sino usando instrumentos distintos para riesgos distintos. En economías con alto endeudamiento, la comunicación pasa a ser una herramienta esencial para preservar la credibilidad.

Europa añade una dificultad extra. Un único banco central convive con múltiples estados y con primas de riesgo que tienden a incrementarse cuando el mercado percibe trayectorias fiscales divergentes. Evitar que esa fragmentación rompa la transmisión de la política monetaria ha exigido instrumentos específicos y una guía clara: no se trata de financiar déficits de forma permanente, sino de impedir que una volatilidad desproporcionada desactive el canal de tipos. Es un equilibrio delicado por diseño. Si se interviene poco, el mecanismo se atasca; si se interviene demasiado, se diluye la señal de disciplina que deben enviar los mercados.

¿Qué hacer, entonces? No hay recetas mágicas, pero sí una agenda razonable. Para los bancos centrales, la prioridad sigue siendo devolver la inflación al entorno objetivo de forma sostenible. El resto de variables (tamaño del balance, ritmos de reinversión, facilidades extraordinarias) deben subordinarse a ese fin y ejecutarse con previsibilidad. Conviene evitar compromisos que alivian hoy y atan de manos mañana. Para los ministerios de Hacienda, la receta es menos vistosa pero igual de importante: distinguir gasto corriente de inversión, blindar partidas que elevan la productividad, dejar trabajar a los estabilizadores automáticos en las recesiones y consolidar cuando la economía lo permite.

La gestión activa del pasivo público es otra palanca a veces infrautilizada. Alargar vencimientos cuando existe ventana de mercado, diversificar la base inversora, evitar concentraciones de refinanciación y reducir la exposición a tipos variables, amortiguan el impacto de futuras subidas del precio del dinero. A ello se suma la importancia de una senda fiscal creíble y bien comunicada: cuando el mercado confía en la trayectoria, la prima de riesgo se contiene y el coste de financiación baja. No todo depende del banco central; un Tesoro que planifica y explica bien su estrategia, hace más eficaz la política monetaria y, además, ahorra recursos al contribuyente.

Conviene no olvidar el lado de la oferta. La vía menos dolorosa para reducir la ratio deuda/PIB no es inflar la economía ni recortar a ciegas, sino crecer más y mejor durante un periodo prolongado. Eso exige reformas que eleven la productividad, refuercen la seguridad jurídica, impulsen la competencia y el capital humano, y simplifiquen un marco regulatorio que a veces desincentiva la inversión. La política monetaria puede ganar tiempo; no puede crear crecimiento sostenido. Si se la fuerza a compensar carencias estructurales, solo se desplaza el problema y se agrandan los costes futuros.

De ahí que convenga huir de dos espejismos simétricos. No volveremos a la separación aséptica de los noventa, porque el tamaño de la deuda y la complejidad del sistema financiero hacen que cada decisión tenga varias derivadas. Tampoco vamos camino de un dirigismo financiero a la antigua usanza. Nos movemos hacia un terreno intermedio en el que la coordinación técnica es imprescindible, pero la confusión de roles sería letal. Coordinar es compartir información, calendario y diagnóstico; subordinar es renunciar al mandato. Mantener esa diferencia clara es parte de la tarea de los bancos centrales.

El reto político es sostener esa frontera con instituciones. Las leyes que fijan mandatos y salvaguardas importan mucho. Cambiar las reglas cada pocos años, o dejar resquicios para interferencias de corto plazo, encarece la financiación y deteriora la confianza. En cambio, la estabilidad normativa reduce primas de riesgo y permite que la política monetaria funcione mejor. La ciudadanía acepta con más naturalidad sacrificios temporales cuando percibe que responden a objetivos claros y a marcos que no se tuercen según la conveniencia del momento.

La economía política de la próxima década se jugará en ese espacio de interdependencia. Los bancos centrales deberán resistir el ruido y terminar el trabajo de reconducir la inflación, aunque el camino sea gradual. Los gobiernos tendrán que ordenar prioridades, revisar programas que nacieron “temporales” y se hicieron permanentes, y apostar por reformas que sostengan el crecimiento potencial. Si ambos cumplen, las líneas dejarán de ser difusas no porque se separen, sino porque se vuelvan previsibles y coherentes. Y la previsibilidad es, en última instancia, lo que demandan familias, empresas e inversores.

No es una promesa de un camino fácil. Es la constatación de que, con niveles de deuda elevados, no hay atajos indoloros y que las políticas públicas deben madurar al ritmo de los desafíos. La alternativa (forzar a los bancos centrales a mirar hacia otro lado o fiarlo todo a la inflación como impuesto encubierto) ya la conocemos y no termina bien. Mejor asumir cuanto antes que lo monetario y lo fiscal seguirán cruzándose, y que de esa interacción dependerá buena parte del crecimiento y del bienestar de los próximos años.

El padre Feijóo y la ilustración española

Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) profesó en 1690 como benedictino en el monasterio de San Julián de Samos. A partir de 1709, residió en el colegio benedictino de San Vicente de Oviedo, donde desarrolló toda su actividad filosófica. Contaba ya cincuenta años cuando inició la publicación de numerosos ensayos sobre todo género de materias con el propósito de refutar creencias erróneas o, como él mismo dijo, para desengaño de errores comunes. Se le considera el introductor del género ensayístico en lengua española. Su Teatro crítico Universal y sus Cartas Eruditas y Curiosas, se difundieron muy ampliamente por España y América, y fue traducido al francés, italiano, inglés y alemán.

Sus variados y siempre interesantes ensayos críticos, formulados desde su buen conocimiento del estado de desarrollo de las ciencias, la técnica y la filosofía de su tiempo, recibieron elogios (el Rey Fernando VI, al que agradaban mucho sus obras, le nombró consejero suyo), pero también muchos ataques. Ataques procedentes, tanto desde la siempre atrevida ignorancia de arcaicos y pedantes escolares, enquistados antaño como hoy en muchas cátedras universitarias, como desde posiciones que se pretendían ilustradas. Ataques que terminarían llevándole ante la Inquisición.  Y fue, quizá, el pensador hispano más destacado del siglo XVIII, y el que más fama alcanzó en su época en Europa y en América.

La Ilustración española

La historiografía hispana ha apreciado poco la Ilustración española y no le ha concedido apenas juicios favorables. Ortega y Gasset (1883-1955) calificó al siglo XVIII de “vacío paréntesis en la historia española”, quizá porque no surgió en España figura alguna de la altura, no ya de un Kant (1724-1804), un Hume (1711-1776) o un Montesquieu (1689-1755), sino siquiera de la relevancia de un Voltaire. Pero España destacó en ciencias aplicadas (ingeniería), y en las Artes, pues el XVIII español fue el siglo de Bayeu y su escuela y, sobre todo, el siglo del gran genio de Goya (1746-1828). Y, en cuanto a las ciencias, han de mencionarse las obras de Jorge Juan (geógrafo y astrónomo), de Celestino Mutis (botánico) o de los hermanos Delhuyar (los descubridores del wolframio), entre otros.

Pero esa valoración adversa se funda sobre todo en que la Ilustración española fue católica, lo que marca una disonancia entre la Ilustración hispana y la de otros países. La Ilustración en Francia, Inglaterra y Alemania, que fueron sus máximos exponentes, fue anti-católica, lo que nunca ha sido bien comprendido por la historiografía moderna, que ha minusvalorado la española por eso. Y, quizá no tan paradójicamente como pudiera parecer, también el conservadurismo y el tradicionalismo la condenó, señaladamente Menéndez Pelayo (1856-1912) que, en sus Heterodoxos, calificó la Ilustración de “comienzo de la pérdida de la identidad católica de España”, con la que se inició el olvido de nuestra tradición cultural, cimera en el siglo XVI y primera mitad del XVII, en el denominado Siglo de Oro.

Pero sí, hubo Ilustración hispana y fue muy importante en España y América. Mas, la Ilustración Española no es que sea poco conocida, sino que está mal comprendida y no muy bien estudiada. Una ilustración que tuvo un primer gran momento, cuyo annus mirabilis sitúa Mario Onaindía (1948-2003) en 1737. Fue un año señero en el renacer de las letras españolas: se publicó la Poética de Ignacio Luzán (1702-1754) y dos de las principales obras de Gregorio Mayans (1699-1781), Los Orígenes de la Lengua Castellana y la Vida de Miguel de Cervantes, primera biografía del gran novelista. Y, aunque se prescindiese de Mayans o Luzán y sus obras, sería imposible no citar al Padre Feijoo, figura señera de la filosofía y la ciencia españolas en la ilustración.

El pensamiento de Feijoo

Pensador principal de la Ilustración, especialmente de la primera, fue también el autor que orientó la transición al reformismo de la Segunda Ilustración, con Carlos III (1716-1788). Se caracteriza por su espíritu crítico, su afán divulgador y su defensa de la razón y la experiencia frente a la superstición y los prejuicios más arraigados. No fue un filósofo sistemático en el sentido tradicional, sino un ensayista prolífico que abordó una amplia gama de temas con una mentalidad abierta y muy moderna para su tiempo. Sus principales preocupaciones fueron la sociedad y la moral, aunque también abordó temáticas científicas y filosóficas. Estudió cuestiones sociales y morales de su época, como la posición de la mujer en la sociedad (siendo un notable defensor de su capacidad intelectual en su Defensa de la mujer), y las costumbres y los caracteres nacionales, en línea similar a Montesquieu (189-1755) o Kant (1724-1804).

Combatió los errores comunes, el fanatismo y la superstición, lo que es quizás el rasgo más distintivo de su obra. Dedicó gran parte de sus escritos a “desengañar” al público de las creencias infundadas, milagros falsos, supercherías y prácticas irracionales. Criticó la astrología, la adivinación, las medicinas populares sin base y cualquier forma de credulidad. Su obra principal, el Teatro Crítico Universal, es un ejemplo de este empeño. Defensor de la razón y de la experimentación, Feijoo promovió el método científico y la observación. El conocimiento debía basarse en pruebas y evidencias, y no en la tradición ciega o la “autoridad incuestionable”. Fue un precursor de la reforma educativa en España e impulsor del estudio de las ciencias.

Y reclamó “abrir” la Universidad Española a las “novedades europeas”. Feijoo estaba al tanto de los desarrollos científicos y filosóficos que se producían en Europa, y contribuyó a difundir el pensamiento de Newton o de Descartes, aunque manteniendo distancias críticas. Es el suyo un pensamiento esencialmente crítico: su objetivo no era solo combatir errores, sino enseñar a los lectores a pensar por sí mismos, dudar de lo establecido y a juzgar con criterio propio. Su filosofía se fundamentó en un empirismo escéptico moderado, aunque defendiese también la razón, pero reconociendo las limitaciones de ésta y del conocimiento. Su escepticismo es constructivo, dirigido a eliminar la falsedad, no a negar la verdad: el abogaba por una “duda metódica” y sistemática, para poder alcanzar conocimientos seguros.

Feijoo, la Inquisición y su influjo posterior

En el siglo XVIII, la Inquisición Española redujo mucho su actividad. No hubo procesos contra protestantes, brujas o judaizantes, pero sí hubo algunos procesos famosos de personajes de la época, contra algunos de los denominados “ilustrados”. En el reinado de Felipe V (1683-1746) fue procesado el Fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de Macanáz (1670- 1760) -en 1970, el “Caso Macanáz” fue historiado por Carmen Martín Gaite (1925-2000)-. En el reinado de Fernando VI (1713-1759), la Inquisición procesó a Mayans (1699-1781) y a Feijoo, y en el reinado de Carlos III fue procesado Olavide (1725-1803), entre los más notables.

El proceso de la Inquisición más destacado en el reinado de Fernando VI fue el instruido a Feijoo, denunciado ante diferentes tribunales del Santo Oficio por las doctrinas vertidas en su Teatro Crítico y en sus Cartas Eruditas. Proceso importante por la calidad de la persona, consejero del rey Fernando VI, por las materias de las acusaciones, y por el desenlace absolutorio. El Consejo de la Inquisición hizo justicia a la pureza del catolicismo de Feijoo y le libró de la cárcel. El propio rey, tras la absolución y por Real Orden, impuso silencio a sus enemigos y prohibió imprimir nada contra él. El proceso de Feijoo marcó un hito, pues limitó la omnipotencia inquisitorial en España y abrió vías para el desarrollo de la incipiente libertad de pensamiento.

Sin embargo, su pensamiento se fue olvidando y relegando desde muy pronto. De las obras completas de Feijoo hay quince ediciones completas. Para Menéndez Pelayo, la mejor es la que hizo la Compañía de Impresores y Libreros, desde 1760, precedida de una biografía escrita por Campomanes (1723- 1802). Pero, por sorprendente que pueda parecer, sus obras completas no volvieron a reimprimirse, ni durante el siglo XIX ni durante el siglo XX.

En 1998, la Fundación Gustavo Bueno, en su Proyecto de Filosofía en español culminó la primera edición digital de todas sus obras que, desde entonces están disponibles libremente en internet (https://www.filosofia.org/bjf/). En este siglo XXI, la Fundación Gustavo Bueno ha seguido impulsando el estudio y difusión de la obra de Feijoo, el pensador español más importante del siglo XVIII, sin duda.

TON: la primera moneda de curso forzoso en una red social

Corría el año 2018, cuando los fundadores de la aplicación de mensajería (y actual red social) Telegram decidieron crear su propia blockchain. La llamaron Telegram Open Network (TON), y su principal fin era integrarla como plataforma financiera al ecosistema de su aplicación. Para financiar el proyecto, recaudaron 1.700 millones de dólares en una oferta inicial de monedas (ICO) para el token Gram, que podrían utilizar los usuarios de Telegram para intercambiar valor entre ellos.

En aquella época la aplicación de los Dúrov tenía la nada despreciable cifra de 200 millones de usuarios. Cuatro veces la población actual de España. Poner al alcance de este número de personas una forma instantánea de intercambio habría sido muy interesante de ver. Por desgracia, la SEC intervino en 2019 y el proyecto se tuvo que cancelar. TON pasó a manos de una fundación radicada en Suiza y su moneda, rebautizada como Toncoin, ha sido estos años una más de las altcoin que orbitan como satélites alrededor de Bitcoin.

Pero este año tenemos dos fenómenos que están cambiando la historia. Por un lado, la administración Trump ha abierto la mano regulatoria del Estado para que las criptomonedas como TON puedan ser utilizadas por empresas sin miedo a ser sancionadas. Por otro lado, el auge de empresas tesoreras de bitcoin está siendo aprovechado para que otras criptomonedas accedan a este tipo de esquema.

Hace unos días Pável Dúrov anunciaba que TON ya cuenta con su propia empresa tesorera. En la publicación dijo lo siguiente:

TON (The Open Network) is an infinitely scalable blockchain that we helped develop years ago to meet the needs of Telegram’s hundreds of millions of users. Today, TON is the economic backbone of Telegram — much like a national currency powers a country’s economy.

La comparación entre lo que supone TON para Telegram con las monedas nacionales de los Estados es importante. Telegram es, a día de hoy, una red social con más de mil millones de usuarios. Su plataforma es vital para millones de personas, ya que no solo les sirve para comunicarse, sino también como vehículo para sus negocios. Telegram no puede obligar a sus usuarios a aceptar TON en sus transacciones, pero sí se lo puede poner lo suficientemente fácil para que su aceptación sea algo natural. Y si eso ocurre, vamos a asistir a una situación sin precedentes.

Hay que entender que TON no es una stablecoin. No está respaldada por nada. Es la fundación que mantiene el proyecto y unos pocos centenares de nodos verificadores los que deciden la política de emisión de la moneda.La diferencia con otros miles de tokens es que Telegram tiene que mantener las reglas estables y transparentes si quiere que su moneda no sea repudiada, ya que, en última instancia, es su propiedad de una plataforma social de mil millones de usuarios la que respalda su token. Y esos usuarios solo van a permanecer en la plataforma si la actividad económica que articulan se basa en una moneda fiable.

Los estados están en una situación parecida, pero votar con los pies en el mundo físico es muy costoso. En el mundo virtual lo es mucho menos. Así que la disciplina en la emisión de moneda de una red social podría ser mucho mayor que la de un estado. Y esa situación nos pondría a todos en un escenario muy interesante.

Por otro lado, Pável Dúrov no es el personaje favorito de muchos estados occidentales. Fue detenido en Francia el año pasado porque su empresa no coopera lo suficiente con la maquinaria inútil que aspira a poner puertas al campo de la información en internet. Que su plataforma disponga de una moneda que pueda competir con el dinero fiat no va a aumentar su popularidad.

Pero Durov ha demostrado ser una persona bastante inteligente. Con los nuevos vientos a favor de la administración americana, y esquivando en la medida de lo posible al leviatán europeo, el experimento de TON puede llegar bastante lejos. Y si Telegram puede tener su moneda, el resto de plataformas también.

Bitcoin, stablecoins y tokens de redes sociales. A internet le están saliendo los dientes mientras que al estado le andan fabricando dentaduras postizas en forma de CBDCs. Es una carrera que las burocracias no pueden ganar, especialmente si la puerta de Estados Unidos sigue abierta durante todo el mandato de Trump. Philip K. Dick se preguntaba si los androides soñarán con ovejas eléctricas. En unos años seguramente podamos contestar a esa pregunta. Lo que sí podemos aventurar es que los androides no van a pagar con dinero fíat. Y eso va a ser algo digno de ser visto.

¿Camarada Mamdani?

Por G. atrick Lynch. El artículo ¿Camarada Mamdani? fue publicado originalmente por Law & Liberty.

Hace diez años, documenté en este sitio el ascenso de Bernie Sanders, el socialista más destacado de Estados Unidos, desde su sorprendente victoria en una elección para alcalde en Burlington, Vermont, hasta convertirse en miembro de la Cámara de Representantes, luego del Senado de los Estados Unidos y ahora un destacado político nacional de izquierda. Llamé a su versión del socialismo “gentil” y me pregunté si realmente tenía alguna relación con los revolucionarios de finales del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos, que querían confrontar a los dueños del capital, tomar el control de las industrias y luchar por los sindicatos y los trabajadores.

Ya sea que estén copiando conscientemente los pasos de Sanders para convertirse en el principal defensor del derrocamiento del “opresivo” sistema capitalista de Estados Unidos o no, ahora tenemos a tres individuos que se autodenominan o se alinean con el socialismo, sirviendo como alcaldes o en una posición muy sólida para convertirse en alcaldes de grandes ciudades estadounidenses. Al igual que Sanders, estos individuos defienden políticas muy de izquierda. Pero, ¿puede alguien que sirve como alcalde, incluso el alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos, realmente promover el “socialismo”? ¿Puede la política local ser socialista?

Brandon Johnson de Chicago ganó las elecciones generales hace solo dos años, y ahora en la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani es el ganador de la primaria demócrata, lo que probablemente le dará las llaves de Gracie Mansion. Luego, la semana pasada, en un resultado muy sorprendente en Minneapolis, otro socialista, el senador estatal de Minnesota Omar Fateh, ganó el respaldo del partido demócrata de Minneapolis en una convención, rechazando al actual alcalde Jacob Frey porque no apoyó una resolución que pedía el fin del conflicto entre Israel y Hamás el año pasado y tampoco apoyó políticas como los impuestos al carbono y el control de alquileres, argumentando, correctamente, que no funcionan.

La creciente popularidad del socialismo

El socialismo ha estado creciendo en popularidad y favorabilidad entre los dos grupos que llevaron a Mamdani a la victoria en Nueva York: los demócratas en general y los jóvenes en particular. El día después de su impresionante victoria, The Wall Street Journal informó que fue un ejército de jóvenes voluntarios lo que ayudó a organizar su campaña y lo llevó a la meta, derrotando de manera convincente al exgobernador Andrew Cuomo.

El socialismo se ha vuelto cada vez más popular entre los jóvenes y la izquierda en los últimos años. Una encuesta de Pew de 2022 mostró que el 57% de los demócratas tienen una impresión favorable del socialismo, y que la mayoría de los estadounidenses de 18 a 29 años preferían el socialismo al capitalismo. Profundizando en los datos, la encuesta encontró que los jóvenes demócratas en particular estaban predispuestos hacia el socialismo porque redistribuiría la riqueza y usaría el poder estatal para proporcionar una gran cantidad de servicios y otras “regalías”.

Las políticas principales de Mamdani fueron elegidas para atraer a los votantes jóvenes de izquierda en Nueva York, específicamente el control de alquileres, el transporte público subvencionado, las tiendas de comestibles del gobierno y otras propuestas superficialmente atractivas (y en última instancia desastrosas). Fateh tiene una visión similar para Minneapolis.

¿Por qué está creciendo el socialismo a nivel local?

Parte del problema es que durante mucho tiempo, hubo al menos un partido que defendió una posición bastante consistente a favor de menos gobierno y más mercados, en su retórica. Ese era el Partido Republicano, que surgió de las raíces de la Revolución Goldwater a través de la presidencia de Reagan hasta el final de los dos mandatos de George W. Bush en la Casa Blanca. El partido de la “derecha” fue bastante consistente en al menos hablar de capitalismo y gobierno limitado de manera positiva.

Pero el Partido Republicano ahora apoya aranceles, planificación económica y enormes programas de gasto interno, además de fortalecer el ejército. Ese cambio permite a los demócratas moverse más a la izquierda en una amplia gama de temas, y la elección de estos dos individuos ofrece un vistazo a un futuro potencial de la política nacional estadounidense.

Dejando de lado la política nacional, queda una pregunta interesante: ¿Por qué estamos viendo que el socialismo se vuelve popular a nivel local, particularmente en estas tres ciudades?

Lo primero son los procesos electorales no convencionales: En el caso de Nueva York y Minneapolis, estos candidatos tuvieron éxito a través de procesos electorales no convencionales: el voto por orden de preferencia en el caso de Mamdani y una nominación por un partido local en el de Fateh.

En segundo lugar, hay ciudades muy demócratas con una visión favorable del socialismo: Los tres candidatos han ganado en ciudades muy demócratas donde el socialismo es visto más favorablemente, pero ninguno con el apoyo de los votantes de clase trabajadora. En Chicago, Johnson fue el exlíder del sindicato de maestros, que es una de las organizaciones políticamente más poderosas del estado. En Nueva York, Mamdani ganó con el apoyo de los distritos “un poco ricos” de Brooklyn y otras áreas llenas de votantes élite altamente educados que creen que están mal pagados en relación con sus compañeros élite en Wall Street y en la tecnología.

El resentimiento de ellos impulsó su victoria, mientras que los votantes de clase trabajadora en el Bronx y Staten Island rechazaron sus llamados a tiendas de comestibles del gobierno, albergar a las personas sin hogar en las estaciones de metro y el control de alquileres. Fateh ganó el apoyo de delegados del partido de izquierda dura en una ciudad que fue la cuna del movimiento Black Lives Matter a raíz del asesinato de George Floyd.

Liderar la resistencia contra el gobierno federal: Hay una razón clave más por la que el socialismo se está volviendo más popular entre las ciudades fuertemente demócratas, y Fateh la menciona de manera prominente en la página de su campaña cuando comienza su “Visión” señalando que la Casa Blanca está ocupada por Donald Trump. Por supuesto, esto está en conjunción con las políticas de Trump. Él dice que quiere crear un Minneapolis que sea “la última línea de defensa” contra el presidente Trump y lo que él llama su “pandilla de multimillonarios no electos” en una alusión a Elon Musk. Yo apostaría que Mamdani disfruta de un impulso similar en esta elección. También vale la pena señalar que Sanders fue elegido alcalde en 1981, justo cuando Ronald Reagan iba a comenzar su primer mandato en el cargo. ¿Coincidencia?

¿Pueden los alcaldes realmente implementar el socialismo?

Esperar que los alcaldes de sus ciudades lideren la resistencia es ingenuo. Es como contratar a un punter para resolver el juego de pases de un equipo de fútbol. Los alcaldes tienen poderes limitados para enfrentar al gobierno nacional y una responsabilidad de manejar los desafíos de política local, no de emitir proclamas en apoyo de políticas en el Medio Oriente.

Cualquier ciudadano reflexivo necesita ver lo que esta pandilla de autoproclamados socialistas, que pronto serán elegidos, está vendiendo. Tienen poca experiencia gerencial; están repitiendo políticas fallidas que simplemente conducirán a un sector público más grande que ninguna de estas ciudades puede permitirse. Lo que es más, el aumento del gasto del sector público en muchas de las áreas que sugieren nunca ha sido efectivo para abordar los problemas que estos individuos afirman resolver. Por eso las ciudades demócratas han estado perdiendo población y los demócratas están perdiendo el apoyo de los obreros en las áreas metropolitanas.

¿Es esto realmente socialismo?

Entonces, ¿poner a socialistas a cargo de grandes ciudades estadounidenses ayudará a generar apoyo para las ideas y principios del socialismo? Eso va a depender en gran medida de lo que la gente considere “socialismo”. Históricamente, los socialistas han abogado por la abolición de la propiedad privada, que sería reemplazada por la propiedad colectiva y el control central de la distribución de bienes a través de la planificación central en lugar de los mercados. Esto ha llevado a disminuciones en la desigualdad, básicamente haciendo a todos tremendamente más pobres, por ejemplo, en la Unión Soviética, Corea del Norte y otros lugares.

Los defensores modernos del socialismo lo promueven como una versión mucho más suave del modelo comunista soviético, pero los principios comparten muchas similitudes. Considera los llamados de Mamdani a la abolición de la vivienda de propiedad privada y la provisión gubernamental de alimentos al por menor. Esos son pasos hacia la intervención en dos áreas críticas de la vida diaria. Por supuesto, él carece del poder para confiscar las casas de la gente y construir grandes proyectos de vivienda pública en la 5ta Avenida. Entonces, ¿puede un alcalde realmente ser un socialista?

Los fundadores de la Escuela de Economía Política de Bloomington, la ganadora del Premio Nobel Elinor Ostrom y su esposo Vincent, siempre se mostraron reacios a describir la política local utilizando divisiones afiladas entre “mercados” y “gobierno”. Ellos reconocieron correctamente que el mercado es una institución que necesita un tercero para mantener los derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos. Los gobiernos necesitan alguna forma de creación de riqueza para pagar los servicios. Argumentaron que ninguno puede existir en el vacío sin el otro.

Más bien, las ciudades y localidades ofrecen diferentes paquetes de servicios, con individuos que ejercen la opción de decidir cómo se proporcionan esos servicios. Toma algo simple como la recolección de basura. Una ciudad puede contratar a un grupo de empleados a tiempo completo y equipo, y luego construir sus propios vertederos para manejar la eliminación de basura y residuos de manera totalmente pública. O podrían trabajar con proveedores del sector privado para recoger la basura, contratar con vertederos privados y depositar la basura con ellos. La mayoría de los servicios de la ciudad ahora pueden ser proporcionados por empresas privadas, y la mayoría de las ciudades utilizan una mezcla de público y privado. Aquí en Indianápolis, los parquímetros son administrados por una empresa privada. La educación se está moviendo hacia una mezcla de lo público y lo privado.

Y como los Ostroms señalaron correctamente, son los alcaldes y los consejos municipales quienes deciden cómo se proporcionan esos servicios. Los tres candidatos a alcalde “socialistas” parecen estar de acuerdo con el principio general de que una mayor provisión pública de cosas es buena. Por ejemplo, Johnson en Chicago está luchando para restringir la elección de escuelas y proteger las pensiones y salarios de los maestros públicos, lo que puede ser una creencia de principios, pero también satisface a su grupo más fuerte de apoyadores.

Los objetivos de Mamdani de control de alquileres y transporte público “gratuito”, junto con la restricción del poder policial, también pueden ser de principios, pero satisfacen a sus apoyadores principales. Pero ninguno de esos son necesariamente “socialistas”. De hecho, se parece bastante a gran parte del gobierno de las ciudades durante las décadas de 1960 y 1970, un período de desempeño notoriamente pobre para la mayoría de las importantes ciudades estadounidenses.

Ese período de gobierno fallido incluyó lo que se conoció como el “vuelo blanco”, cuando un gran número de habitantes de la ciudad huyeron a los suburbios cuando se enfrentaron a un gobierno insatisfactorio. La opción de huir es siempre una opción para los ciudadanos cuando se trata de localidades. Para pagar estas políticas “socialistas”, los impuestos aumentarán sobre “los ricos”, quienes indudablemente huirán de la ciudad para evitar esas tasas impositivas más altas. En este momento, tanto Chicago como Nueva York están en posiciones fiscales precarias debido a los fondos de pensiones no financiados para los empleados del gobierno. Si bien Minneapolis está en una posición algo mejor, también tiene aproximadamente $100 millones en deuda por tales compromisos de pensiones con los trabajadores del gobierno.

Si bien la música de los años 60 y 70 es algo para disfrutar, su gobierno urbano, ciudades en bancarrota, calles asoladas por el crimen y servicios públicos deficientes no lo son. Y no importa qué etiqueta se les ponga, no traerán el paraíso de los trabajadores que el socialismo promete.