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Los errores del informe Stern

El informe Stern ha sido el primero de cierta importancia, digamos, institucional sobre el calentamiento global encargado a un economista. El Gobierno británico quería saber cuánto costaría el fenómeno y cuánto costaría evitarlo. Hasta entonces, los análisis venían a decir que no venía a cuenta estabilizar las emisiones de CO2, aún en el supuesto de que fuera posible, porque los costes eran superiores. Pero llegó Stern y, con él, un nuevo mantra convenientemente agitado por los ecologistas sandía: por un 1% del PIB mundial todos los años, nos ahorramos unos gastos del 20% del PIB mundial dentro de unas décadas. Lo asombroso no es ya que las conclusiones fueran contrarias a las de otros economistas, sino que lo fueran en un grado tan enorme. ¿Cómo se consiguió semejante milagro?

La respuesta es sencilla: exagerando los costes de no hacer nada y disminuyendo los de actuar hoy. La principal crítica que se le ha hecho es optar por una tasa de descuento irreal y extremadamente baja. El problema es que las personas normales y corrientes, cuando escuchamos esto, nos quedamos con cara de idiota. La tasa de descuento no es más que el tipo de interés cuando lo empleamos para calcular al revés. Es decir, si el interés está al 4% anual y se tienen 100 euros en el banco, el año que viene tendremos 104, es decir 100*(1+0,04). Pero si lo que queremos es tener 100 euros en el banco el año que viene, ¿cuánto debemos ingresar hoy? La respuesta es que ha de ser 100/(1+0,04), es decir, 96,15€. Bueno, pues cuando se usa el interés para hacer este tipo de cálculos, los economistas, supongo que por fastidiar a los legos, lo llaman tasa de descuento.

Stern considera que, moralmente, sería injusto para las generaciones venideras emplear una tasa de descuento alta, léase realista, porque colocaríamos nuestras necesidades por encima de las suyas. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo, pero más a lo bruto. Si damos exactamente la misma importancia a las generaciones futuras que a las actuales, un ahorro de 100 euros dentro de cien años merecería la pena aunque nos costara 99 hoy (de hecho, empleando el 0,1% de Stern eso es justo lo que nos daría). En los términos del informe, significa que los costes que tendrán las catástrofes predichas por los creyentes en el apocalipsis climático para dentro de varias décadas tienen el mismo valor que si sucedieran hoy mismo.

Tratar la tasa de descuento como un problema moral es un error; los seres humanos, los de hoy y los del futuro, preferimos tener algo ahora que tenerlo más tarde. Así ha sido desde que el mundo es mundo. Sólo ahorramos cuando se nos ofrece algo suculento a cambio. Por ejemplo, un interés del 4%, que es la media histórica y la que se utiliza habitualmente. Cuando se emplean cifras absurdamente alejadas se obtienen resultados absurdos. Pero aún si se tratara de un asunto moral, la cosa no es tan sencilla. En el futuro, la humanidad será más rica, y los costes brutales que esos desastres provocarían hoy serían para ellos algo mucho menos importante. El gasto que propone Stern es un impuesto que redistribuye de los relativamente pobres que somos nosotros ahora a los relativamente ricos que serán dentro de cien años. Y luego dicen que los liberales somos insensibles con los pobres.

Además del lioso asunto de la tasa de descuento, Stern hace otras cosas, que se resumen en que siempre escoge la peor opción. Demográficamente, elige un modelo del IPCC tremendamente irreal, con muy poco crecimiento per cápita pero mucho aumento de la población, especialmente en latitudes bajas donde sería más perjudicial el calentamiento global. No tiene en cuenta la capacidad de adaptación del hombre hasta unos extremos ridículos: no piensa en la posibilidad de que se construyan presas contras las inundaciones, o que los granjeros cambien los granos que siembran al no ser los actuales adecuados para el nuevo clima o que la gente no se morirá de calor porque se adaptará progresivamente a la temperatura; al fin y al cabo, los españoles estamos mejor adaptados que los suecos. El caso es que, con estos trucos y otros parecidos, amplía el coste del 3% para el 2100 calculado por Nordhaus, y que ya está entre las estimaciones más altas, hasta llegar a un 20%.

En fin, Stern fue uno de los economistas que en los 80 predijeron que sucederían grandes desastres si se adoptaba la política propuesta por Thatcher. Habría que hacerle ahora el mismo caso que se le hizo entonces.

Progresismo verruguero

La LOGSE y sus secuelas normativas han realizado una imprescindible labor modificando las conciencias de las nuevas generaciones, pero entre la escuela y las listas del paro faltaba un eslabón formativo que campañas como la de la verruga Warren suplirán con creces.

Erradicadas de la enseñanza elemental cuestiones tan reaccionarias como el esfuerzo individual, el afán de superación y, sobre todo, la transmisión de los valores morales típicos de la cultura occidental, que tanto daño nos han hecho a las generaciones anteriores a la llegada de Rubalcaba y Maravall al Ministerio de Educación, era del todo punto necesario continuar esa labor de modelado espiritual en la fase postadolescente. En esa etapa tan crítica del ser humano es necesario cincelar la mente todavía inmadura del individuo con conceptos progresistas como interculturalidad, ciudadanía global, cooperación y paz, derecho a la emancipación y, por supuesto, el imprescindible desarrollo sostenible.

Hay que convencer a los jóvenes de que tienen derecho a una vivienda digna, es decir, a que el Gobierno les proporcione un picadero decente sin necesidad de recurrir al incómodo expediente de la okupación, a un empleo también digno (bien pagado y cerca de la casa de papá) y a que el mundo se convierta en un festival ecuménico de interculturalidad, mestizaje, tolerancia y buen rollito.

La campaña de la verruga Warren es extraordinaria, ya digo, sobre todo porque explica perfectamente la receta para conseguir todos estos derechos imprescindibles que tanto preocupan a nuestros jóvenes. Se trata de que la juventud abandone el egoísmo individualista y se lance en tromba a la defensa de los derechos colectivos a través de las múltiples asociaciones puestas en marcha por los acorazados de progreso.

Hay una escena en el anuncio de la verruga que esmalta admirablemente este concepto esencial. Una chica, en el colmo de la insolidaridad, acude a una entrevista de trabajo en lugar de implicarse en la lucha por un mundo más justo a través de movimientos sociales alternativos. Entonces, su egoísmo individualista es castigado por la verruga justiciera, que boicotea la entrevista con insultos hacia el empresario que pretende contratarla. ¿Qué deben los jóvenes aprender de esto? Pues que el involucrarse en la maquinaria capitalista a través del trabajo personal para disfrutar de comodidades burguesas es un grave pecado reaccionario, de ahí que la verruga del Consejo de la Juventud se vea en la obligación de putear a la insensata.

Debemos felicitar al Consejo de la Juventud, pues acciones como esta campaña de la verruga son absolutamente necesarias si queremos que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos verdaderamente progresistas y, sobre todo, sepan lo que deben votar llegado su momento.

Calentamiento cada mil quinientos años

Hace unos 20.000 años la Tierra padeció el pico del, hasta la fecha, Último Máximo Glacial o LGM (Last Glacial Maximum) en sus siglas inglesas.

El 40% de las tierras del hemisferio norte estaba cubierto por centenares de metros de hielo (hasta 2.000 metros de grosor al norte del Báltico) y por el permafrost; los glaciares no sólo dominaban el paisaje, también hundían con su peso vastas extensiones de tierra firme (por ejemplo en el norte de Escandinavia, en donde se situaba el centro del manto helado que cubría Europa, más de 200 metros). Tal acumulación de hielo, por otro lado, provocó que el nivel del mar descendiera centenares de metros en algunos lugares, configurándose extensas regiones terrestres que el posterior deshielo borraría del mapa de la prehistoria. La temperatura media en las tierras de nuestro hemisferio era entre 5,7ºC y 8,7ºC más baja que la actual (Uriarte).

Desde luego la Tierra en la que vivieron nuestros ancestros era un lugar difícilmente reconocible en ninguna estampa alpina con la que los ecologistas quieren convencernos de la excepcionalidad del calentamiento, levísimo, que se viene observando en el planeta en los últimos años.

La historia del clima de la Tierra está dominada por la astronomía, tanto por la variación de la forma de su orbita, la elipse más o menos excéntrica que dibuja nuestro planeta alrededor del Sol, como por los cambios significativos tanto de la orientación (precesión) como de la inclinación (nutación) del eje de rotación respecto de dicho plano. Estos cambios orbitales son cíclicos (100.000, 23.000 y 41.000 años respectivamente) y ocasionan importantes variaciones en la distribución de la radiación solar que recibe la Tierra. Tales variaciones son responsables de los glaciaciones (cada 90.000 años) y de los periodos interglaciares (como el holoceno en el que vivimos) que protagonizan la historia del clima terrestre.

Junto a estos factores orbitales está ganando fuerza, entre los científicos proscritos por El Consenso, uno más directamente relacionado con la variabilidad de la actividad solar. Durante los últimos 20 años se han reunido evidencias físicas que muestran cómo el clima de la Tierra atraviesa periodos alternativos de enfriamiento y calentamiento cada 1.500 años aproximadamente. Así pues a la precesión, la nutación y los cambios en la excentricidad de la órbita terrestre, habría que añadir la dinámica solar a la hora de elaborar modelos con los que obtener predicciones fiables sobre el clima.

El fundamento de esta afirmación se encuentra en el importante papel que juegan las nubes bajas que reflejan la radiación solar hacia el espacio exterior, lo que enfría la Tierra, y cómo se relaciona la aparición de estas nubes con la variabilidad de la intensidad del viento solar, la dinámica a la que antes me refería. El nexo lo proporcionan los rayos cósmicos que bombardean la atmósfera de nuestro planeta y que al hacerlo ionizan las moléculas de aire creando el núcleo sobre el que crecerán las nubes mencionadas. Cuanto más viento solar, mayor protección y por lo tanto menos nubes. Por el contrario menos viento solar significa menos protección y por consiguiente más nubes, esto es, mayor enfriamiento (Singer y Avery, p.9).

Precisamente para Avery (ver p.6) la escasa fiabilidad de los modelos en los que se basan las conclusiones de los informes del IPCC radica en que no valoran apropiadamente el impacto que tienen las nubes en la configuración del clima. En el sumario para políticos que ya hemos podido leer, sus redactores son bastante explícitos:

Los cambios debidos al vapor de agua representan la mayor realimentación que afecta a la sensibilidad del clima y son mejor entendidos ahora que en el TAR. La realimentación de las nubes sigue siendo la mayor fuente de incertidumbre.

Sin embargo que los científicos del IPCC admitan su incertidumbre no significa que no existan estudios que evidencien la importancia de las nubes en la autorregulación del clima. El más notable, que no divulgado, como reconocen amargamente Singer y Avery (p.42), es el realizado por el equipo del investigador del MIT Richard Lindzen en el Pacífico y que con el titulo ¿Tiene la Tierra un iris infrarrojo adaptativo? ya transmitía sucintamente sus conclusiones: el océano tiende a ventilar su calor extra hacia el espacio exterior de manera natural, protegiendo la biosfera.

Frente al pavor que nos quieren infundir los prudentes amigos de Kyoto y su embajador planetario, el Sr. Gore, optimismo; puestos a temblar que sea de frío, ya que el evento climático al que debiéramos temer es el próximo periodo glacial, que se aproxima inexorablemente, aunque no se le espera hasta dentro de muchos años.

Tal vez manteniendo el ritmo del progreso tecnológico que nos sacó hace 200 años de la trampa maltusiana en la que vivía la humanidad logremos que nuestros "tataranietos" tengan una oportunidad de sobrevivir.

Apuesto a que sí.

El Gobierno inflexible de Zapatero

Nadie con un mínimo de sentido común puede esperar del Gobierno que arregle la pobreza ni los problemas del mundo. Los países que han querido cumplir tales proezas siempre han acabado estando entre los más miserables de la Tierra: la URSS, Cuba o Corea del Norte son los ejemplos más visibles. ¿Qué nos hace pensar que este Gobierno es más sensato que todos los demás?

La única forma en la que actúan los Gobiernos es mediante las restricciones y el uso de la fuerza, el mandato absoluto e irrefutable, no habido excepción jamás. El gran problema es que las medidas de represión sólo funcionan, cuando lo hacen, al principio; después, el agente económico se habitúa a ellas o las esquiva como puede.

El carné por puntos es un ejemplo. Al principio indignó a mucha gente, pero ahora forma parte del paisaje. Los conductores se van acostumbrando a él y consideran un mal menor que les quiten puntos; es preferible a no coger el coche. Ante este cambio en los hábitos, el Gobierno no aprende y pretende fiscalizar aún más al hombre libre con más represión. Ahora Zapatero pretende endurecer las medidas en las carreteras secundarias, aumentar los radares y tramitar de forma automática todas las multas para poder cobrarlas de inmediato.

La nueva decisión del Gobierno podrá funcionar durante las primeras sanciones, pero luego las personas no acatarán las órdenes del dictador social, sino que intentarán esquivarlas o tomarán las sanciones como un mal menor. Tal y como ha sucedido con el carné por puntos, son preferibles a abandonar el coche. Y cuando esto ocurra, el Gobierno dará otra vuelta de tuerca y después otra, y otra. Al final, tal vez en unos años, el Estado nos obligará a colocar un distintivo en nuestro vehículo con un número que indicará el único día del mes en que podemos usar nuestro coche.

¿Le parece exagerado? Hace diez años era impensable que el Gobierno llegase donde lo ha hecho en la guerra contra el tabaco. La propia Elena Salgado ha reconocido en alguna ocasión que el objetivo es prohibirlo, pero que no se puede hacer de golpe. También era impensable que el Estado pudiese expropiar las viviendas de la gente si no las "usaba", y la tendencia va por ahí. En las listas de prohibiciones también está restringir los refrescos, alcohol o la bollería industrial, entre otros. Sanidad ha perdido algunas batallas, pero no la guerra. Lo que antes a muchos les parecía una intromisión inadmisible del Gobierno, ahora se empieza a ver como algo normal y en el futuro parecerá incluso necesaria. Lo podemos ver más claro con la libertad de armas y drogas. Hasta el siglo XX no existía en la mayoría de países ninguna guerra contra estos productos. Cuando empezaron, a muchos les pareció una medida inadmisible. Ahora, ya todos lo ven como necesario pese a que tales prohibiciones sólo causan más crimen e inseguridad.

Las medidas para "preservar el medio ambiente" van a ir en la misma dirección. Subirán impuestos a empresas, prohibirán productos, harán subir los costes y las multas aumentarán. Las empresas y particulares no cederán fácilmente a la extorsión del Gobierno y éste, en su divina visión, aumentará más las sanciones y la intransigencia.

Piensa Zapatero combatir la pobreza con más pobreza. Puede subvencionar a su electorado con dinero de los demás tanto como quiera, pero eso sólo le hará ganar votos, no aumentar nuestro bienestar. Y es que, en definitiva, cuando un político se muestra intransigente con temas que en realidad son externos a las funciones básicas del Gobierno, sólo quiere decir que será un Gobierno intransigente y tiránico.

La importancia de la propiedad

El derecho de la propiedad es un fenómeno tan antiguo como la mismísima humanidad. La relación entre propietario y bien surgió de forma natural en los albores de la historia. Es tal la importancia que adquirió desde sus orígenes que aparece protegida en los primeros códigos legales de los que tenemos conocimiento.

Como afirmaba León XIII en la encíclica Rerum Novarum, “poseer bienes en privado, […] es derecho natural del hombre, y usar de este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no sólo es lícito, sino incluso necesario en absoluto”. La necesidad de este derecho es tal que sin éste, por ejemplo, no sería posible calcular ningún coste, ni la retribución que se le ha de pagar a una persona para desempeñar su trabajo. El desarrollo que ha experimentado el ser humano sería impensable si este derecho no existiese, y es que el ahorro es imposible sin propiedad.

No obstante, si existe un derecho que suele ser continuamente atacado y despreciado es éste. Los que más se oponen al mismo suelen basar su argumentación en que se trata del origen último de la miseria de muchas personas. Y en efecto es así, pero por razones totalmente opuestas a las que creen los que demonizan y tratan de minusvalorar el derecho de la propiedad.

Al comparar la situación económica entre los distintos países del mundo es casi inevitable preguntarse las razones por la que son tan dispares. Tradicionalmente se solía explicar esta diferencia por la distribución de las materias primas a nivel mundial. Sin embargo esta explicación dejó de tener sentido al comprobarse que países muy desarrollados podían existir en zonas de baja concentración de recursos. Posteriormente se acudió a la teoría de la explotación internacional entre los países. Según esta teoría los países pobres se encontraban en esta situación porque habían sido colonia de los países ricos. Una vez que obtuvieron su independencia partieron desde una situación de desventaja al haber quedado toda la industria en la antigua metrópoli. Esta teoría cayó por su propio peso cuando se comprobó que países en principio poco desarrollados económicamente experimentaban un desarrollo espectacular, mientras que otros que llevaban varias décadas más siendo independientes y que gozaban de una situación de partida más elevada, seguían al cabo de los años con una renta muy inferior al de las antiguas metrópolis.

Si tratamos de obtener características comunes en los países de menor riqueza económica, nos encontramos con una fundamental: la inseguridad jurídica de las propiedades de los ciudadanos más pobres. El proceso legal para adquirir y defender una propiedad frente a terceros es tan engorroso en dichos países que sólo los ciudadanos más pudientes, que pueden contratar los servicios de grandes asesores y que gozan de grandes contactos con sus respectivas administraciones públicas, pueden completarlo con ciertas garantías. Para el resto de los ciudadanos, la seguridad jurídica es nula. Así, tienen que adquirir sus viviendas, negocios, vehículos, etc., sin ninguna garantía de que el día de mañana sus derechos de propiedad puedan prevalecer frente a terceros. Los complejos procesos burocráticos son poco menos que de imposible acceso para la población en general.

Así, en estos países, la mayor parte de los ciudadanos compran y venden bienes cuya propiedad es, o bien desconocida o bien negada por sus administraciones públicas. En dicha situación el ahorro para los pequeños emprendedores se vuelve imposible. Poca gente se atreve a mejorar su negocio, cuando la propiedad de éste puede ser revocada por el Estado en cualquier momento. Además se encuentran con la dificultad añadida de que les resulta prácticamente imposible acudir a los mercados financieros, ya que no disponen de ninguna garantía que ofrecer al banco para obtener préstamos, al no ser reconocido oficialmente sus derechos de propiedad.

Es por ello que la debilidad de los derechos de propiedad se convierte en el principal obstáculo al que se enfrentan los ciudadanos pobres de los tradicionalmente denominados países subdesarrollados. El coste de este no reconocimiento de los derechos de propiedad ha sido tratado ampliamente por Hernando de Soto, que da ejemplos escalofriantes, como el hecho de que en Haití se necesiten cumplimentar 65 trámites legales, lo que suele abarcar un periodo de dos años, simplemente para obtener un permiso para arrendar un terreno público por un periodo de cinco años.

Por tanto el derecho a la propiedad no es la causa de la pobreza de muchos seres humanos. Es justo al revés: su negación es la que motiva que éstos no puedan beneficiarse del fruto de su trabajo. La propiedad es una herramienta esencial para que los ciudadanos puedan ver el resultado del trabajo que desempeñan y que éste se materialice en forma de inversión, plasmándose en diversas adquisiciones que queden, con seguridad, en las manos de estos pequeños emprendedores.

Endesa y el capitalismo de Estado

¿Verdad que suena bien? Ni rastro de dirigismo político ni de intervencionismo reprochable. Pura y simple libre competencia.

Lo siento, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

El caso Endesa es un ejemplo de lo que pasa no en un auténtico sistema capitalista, sino en el capitalismo corporativista, también conocido como neoliberalismo o capitalismo de Estado.

El capitalismo corporativista, a diferencia del liberalismo, se caracteriza porque el Estado utiliza su poder político para influir y orientar las decisiones de los individuos. Impuestos, subvenciones y regulaciones son sus rasgos diferenciadores. Es cierto que los individuos son libres para elegir, pero están sometidos a la fiscalización, la supervisión y el control del Estado.

La OPA de Gas Natural sobre Endesa estuvo diseñada desde el principio para pagar réditos electorales a los aliados del Gobierno socialista y manejar la compañía, merced al control que los políticos ejercen sobre las cajas de ahorro. El PP se opuso a la operación so pretexto de una supuesta concentración monopolística de poder, pero lo que pretendía era conservar su influencia en Endesa gracias a Caja Madrid.

Ya expliqué en su momento por qué desde un punto de vista liberal no cabía criticar la oferta de Gas Natural sobre Endesa por el tamaño resultante de la empresa, sino únicamente por el origen y el calado políticos de la operación. Por supuesto, para un poder político cualquier recurso a la demagogia es bueno, con tal de que satisfaga sus sus aspiraciones.

La aparición en escena de E.On, el 20 de febrero de 2006, pareció dar un respiro al PP y encabritó al PSOE. La oferta de Gas Natural parecía exigua ante lo que estaba dispuesto a pagar la alemana. Si todo terminaba así, el PSOE no podría cumplir sus compromisos y, lo que era peor, tomar el control de la primera eléctrica española.

Los engranajes del Estado se pusieron en marcha para tratar de obstaculizar la operación. Al día siguiente Zapatero se dirigía en tono mafioso a Bernotat para advertirle de que el Gobierno no aprobaba la OPA de E.On. En un sector tan altamente regulado como el eléctrico, Zapatero recordó a aquél que el marco regulatorio y la rentabilidad prevista para Endesa no eran "reales".

Dicho y hecho: unos días después, el Gobierno aprobaba un decreto-ley (recordemos que, según la Constitución, sólo pueden dictarse en caso de "extraordinaria y urgente necesidad") por el que se ampliaban las competencias fiscalizadoras de la CNE, controlada por el PSOE, para abarcar la OPA de E.On. Tal era la situación de acoso que, en la reunión que mantuvieron en abril Angela Merkel y Zapatero, la canciller alemana pidió al Gobierno español que respetase las reglas. Petición que, obviamente, el Ejecutivo socialista no atendió.

En julio, la CNE aprobaba unas durísimas condiciones para la OPA, entre las que destacaban la obligación de vender el 15% de los activos de Endesa y la de ceder algunos activos a empresas españolas.

E.On quería comprar; el Gobierno y la CNE, ponerle tantas trabas que finalmente desistiese de hacerlo. Tal fue la cacicada que incluso la ultraintervencionista Comisión Europea protestó airadamente y exigió que las condiciones fueran retiradas.

El Gobierno, consciente de que sus intenciones estaban quedando al descubierto y de que su táctica era insostenible, decidió entonces seguir un camino mucho más sibilino.

En los mercados de capitales es común que los inversores recurran a los brokers para ocultar su identidad. Así no descubren sus cartas; y si existen oportunidades de beneficio son capaces de aprovecharlas con disimulo. Pues bien, el Gobierno se buscó su propio broker: Acciona. Así, el 25 de septiembre la empresa de la familia Entrecanales compró el 10% de Endesa.

Recordemos que E.On comunicó su intención de adquirir Endesa el 20 de febrero. Siete meses después, la alemana no había adquirido ninguna acción de ésta, mientras que Acciona se hizo rápidamente con el 10%. La razón fue que la Ley del Mercado de Valores española, con la absurda excusa de proteger al pequeño inversor, obligaba a que toda empresa que quisiera adquirir más del 25% de una compañía lanzara una OPA.

Sin embargo, como vemos, el procedimiento para lanzar una OPA es lentísimo (y carísimo). Hasta el 16 de noviembre la CNMV no autorizó la oferta pública de adquisición. En todo este período Acciona pudo ir adquiriendo porcentajes inferiores al 25% de Endesa sin necesidad de lanzar una OPA y someterse a un proceso tan rígido. Así, el 20 de octubre ya controlaba el 20% de la compañía.

No es de extrañar que el Gobierno, inserto de lleno en este cambio de táctica, intentara lavar su imagen retirando buena parte de las condiciones que la CNE impuso a E.On. Simplemente, ya no las necesitaba.

El problema es que Acciona no podía comprar más de un 25% sin presentar una OPA, así que el Gobierno, tras reunirse en Ibiza con Prodi, concertó la participación de otro actor: la empresa pública italiana Enel, que adquirió en febrero de 2007 otro 10% de la compañía. Unas semanas después, Enel compraba hasta el 24%, de nuevo sin necesidad de acudir al lentísimo procedimiento de la OPA.

Aun cuando Endesa se encontraba ya en su práctica totalidad en manos de Enel y Acciona, E.On decidió a la desesperada aumentar el precio de su oferta hasta los 40 euros por acción, lo cual fue autorizado por la CNMV con la restricción de que no podría volver a incrementar el precio de la OPA. Siendo conscientes de ello, Enel y Acciona filtraron el rumor de que ya estaban dispuestos a lanzar una OPA a 41 euros la acción, deshaciendo así cualquier posibilidad real de E.On.

Si además tenemos en cuenta el profundo control que el Gobierno sigue ejerciendo sobre las empresas eléctricas españolas (hasta el punto de que fija sus precios), ¿a alguien le extraña que E.On decidiera retirar su OPA?

No, todo esto nada tiene que ver con un sistema capitalista. E.On no debería haber sido acosada con chantajes y regulaciones políticas; y, lo que es más importante, debería haber tenido la opción de comprar las acciones de Endesa en cualquier momento en que sus propietarios hubieran estado dispuestos a vender, sin necesidad de pasar por rígidas y lentas supervisiones.

El matonismo inicial del Gobierno dio paso al aprovechamiento de la ley en beneficio de quien ha sido capaz de bordearla: Enel, Acciona y el PSOE. Quien quiera ver en todo este despropósito un ápice de libre mercado, simplemente se equivoca. Una operación con futuro empresarial ha sido sustituida por otra cuyo principal reclamo son las recompensas por el buen servicio que pueda dejar caer el Gobierno español.

De momento, la historia, como ya predijera el pitoniso Zapatero, ha terminado con un final feliz para el Gobierno. Con todo el arsenal legislativo a su favor, lo extraño habría sido lo contrario.

Así que ya sabe: si quiere invertir en grandes empresas españolas, más le vale tener buenos contactos en las altas esferas políticas. Si no recurre a las burocracias corruptas, no obtendrá resultados, por muy rentables que pudieran ser. ¡Y a esto algunos lo llaman capitalismo!

El PSOE quiere a la SGAE como censora

Ya resultó alarmante que los primeros borradores de la propuesta de ley que reforma la LSSI, la Ley de Impulso (je) a la Sociedad de la Información (LISI), se autorizara a "órganos competentes" sin especificar a cerrar y bloquear el acceso a páginas web, una función que finalmente la LSSI del PP dejó en manos de los jueces, como no podía ser de otra forma. Cualquier alcalde podría pedir que cerraran un blog molesto. Cualquier monclovita con ánimos de censor –Moraleda, por ejemplo– podría cerrar Libertad Digital.

Sin embargo, todo es susceptible de empeorar. El último borrador especifica que con "órganos competentes" se refieren a la SGAE y demás entidades de derechos de autor. Los proveedores de servicios de Internet deberán obedecer las órdenes de Teddy Bautista cuando solicite no ya el cierre de un sitio web, sino incluso la desconexión de un usuario de Internet por hacer uso de las redes P2P.

No cabe duda de que la creación de la plataforma Todos contra el canon y su éxito en la recogida de más de un millón de firmas ha preocupado mucho al Gobierno. Es un asunto sobre el que los ciudadanos, sea cual sea su adscripción política, están de acuerdo. Ya se sabe que para Zapatero y los suyos lo único más importante que ofrecerles regalos a titiriteros y nacionalistas es ganar las elecciones. De modo que Clos y la Camarada Carmen Calvo Poyatos están haciendo el paripé de que no logran ponerse de acuerdo y posponiendo la decisión de cuánto y en qué productos se nos obligará a pagar el diezmo más allá de lo que permite la ley. Seguramente nos enteraremos del monto que habremos de pagar sumisamente a la SGAE  el 28 de mayo por la mañana, bien tempranito.

Así pues, si esta propuesta provoca el escándalo que merece, es posible, puede que incluso probable, que jamás se apruebe la ley en el estado en el que está ahora. Quizá se corrija incluso antes de llegar al Consejo de Ministros. Pero ya resulta significativo que hayan llegado a pensar en imponer algo así. Parece claro que la libertad en Internet molesta al PSOE y al Gobierno; no dudan en hacer propuestas más dignas de Cuba, Irán o China que de un país democrático. Que, ahora que lo pienso, son tres de nuestras amistades más cercanas desde que Moratinos y ZP dirigen nuestra política exterior. Al final, todo encaja.

La protección del inversor

El caso Endesa y la reforma de la Ley del Mercado de Valores ha vuelto a colocar de actualidad la idea de que el Gobierno tiene la misión de proteger a los inversores en los procelosos mercados de capitales. Bajo esta perspectiva, los pequeños accionistas tienen una especial predisposición a ser engañados por grandes y poderosos grupos económicos que podrían llegar a dilapidar los ahorros de toda una vida.

La protección frente a las ofertas públicas de adquisiciones es amplia pero me gustaría comentar una imposición en concreto: la obligación de lanzar una OPA por la totalidad del capital cuando se adquiera un cierto porcentaje de acciones (en la nueva ley el 30%).

En principio, la finalidad de la norma es que la adquisición de las compañías tenga un carácter "público" de modo que todos los inversores tengan tiempo de estudiar las condiciones de la oferta y exigir una prima superior a la que podrían obtener si las adquisiciones fueran secretas, no anunciadas y mediante comisionistas. En realidad, la normativa es un completo despropósito que destruye todos los incentivos para el aprendizaje financiero por parte de los inversores y que dificulta la reasignación de recursos hacia los nuevos proyectos empresariales.

Recordemos que una acción es una parte del capital de una compañía que da derecho a esa parte del capital y a las rentas futuras (beneficios) que genere. Dado que los beneficios futuros todavía no se han realizado y son inciertos, los inversores no capitalizan completamente esas rentas futuras en el precio de las acciones sino que las descuentan según su lejanía temporal (preferencia temporal) y la incertidumbre que puedan percibir (aversión al riesgo).

Cada individuo, en función de sus expectativas sobre las rentas futuras, de su preferencia temporal y de su aversión al riesgo estará dispuesto a desprenderse de las acciones por un precio determinado. Precio que será superior al valor presente de esas rentas futuras y que, por tanto, será mutuamente satisfactorio. Por consiguiente, cuando un gran inversor o una gran empresa quiere adquirir a otra es porque a) prevé que la compañía opada logrará beneficios superiores a los que esperan sus actuales propietarios, b) está dispuesta a esperar más tiempo para conseguirlos, c) tiene más confianza en la empresa.

El punto a) puede alcanzarse bien porque la empresa adquiriente tiene mejor información que los propietarios actuales (por ejemplo, porque cree que la demanda de sus productos se incrementará sustancialmente) o, lo que es más común, porque se cree capaz de reorientarla y mejorar su gestión actual.

La imposición de que toda adquisición se efectúe mediante oferta pública pretende que los accionistas actuales tengan la ocasión de exigir un precio superior, bien porque sospechen que la empresa opante tiene información que ellos no, o porque quieran apropiarse de parte de los mayores beneficios futuros que engendrará el nuevo proyecto. Las adquisiciones secretas, en cambio, no modifican las expectativas de los propietarios por lo que pueden hacer que vendan las acciones sin ser conscientes del mayor precio que podrían obtener.

Pero, ¿por qué motivo un accionista ha de tener el derecho a quedarse con parte de los beneficios que todavía no se han realizado y que no ha sido capaz de anticipar o, lo que es peor, con los beneficios que generará el nuevo empresario? El derecho de propiedad sobre una acción da derecho a elegir si vender o no hacerlo, pero no a elegirlo con un determinado nivel de información. De hecho, los propietarios que se desprendan más rápidamente de sus acciones serán los que anticipen menores beneficios futuros, los que los juzguen más inseguros o los que sean más impacientes por realizarlos. ¿Por qué debe privilegiárseles frente a unos adquirientes que confían en el futuro y la solidez de la empresa?

Las condiciones de adquisición que impone la legislación elevan sistemáticamente los precios de compra y desincentivan el aprendizaje y la búsqueda de información por parte de los inversores, confiados en que llegado el momento el Estado les protegerá. Por ambos motivos, el capital se asigna más ineficientemente entre los proyectos empresariales y muchas operaciones que podrían ser rentables a precios más reducidos no llegan a efectuarse.

La concesión de privilegios a algunos inversores equivale a la atrofia de los mercados financieros y de la sociedad de propietarios. Los movimientos empresariales quedan controlados, supervisados y fiscalizados por el Estado, quien les marca el paso y restringe su creatividad, y los consumidores son peor servidos de cómo podrían serlo.

Si, como dijo Mises, una sociedad pasa a ser socialista cuando los mercados de capitales han sido nacionalizados, deberíamos empezar a preocuparnos.

ONGs y corrupción

Hoy sabemos que su presidente ha convertido a la ONG en Sodoma y Gamarra. Está claro que, para ser del todo honesta, a quien debió poner en los anuncios era su presidente, que es de los que piensan que la solidaridad bien entendida comienza por uno mismo.

Intervida, "aconfesional, apartidista, independiente", ha independizado una partida inconfesable de 45 millones de destino previsto hacia destinos más lucrativos como El Roure Construcciones, Argentina Inmobiliaria o (que no decaiga el humor) "Enriquecidos" Lácteos. Todo ello según los datos que maneja la Fiscalía Anticorrupción.

La corrupción es parte de la naturaleza humana y el hecho de que estas organizaciones hayan elegido como reclamo objetivos loables como acabar con la prostitución infantil o con la pobreza en el mundo (siempre es bueno hacer grandes promesas si quieres rascarle el bolsillo a la gente), no impide que ese negro rasgo de nuestro comportamiento aparezca en una ONG como en cualquier otro lugar.

Pero claro, es que ellos piden dinero en nombre de la ética. Nos inoculan una sobredosis de ese mal de Occidente heredado del cristianismo que es la culpa existencial, para luego ofrecerse como el analgésico más eficaz. Una pastillita de ONG todos los meses, y su conciencia no volverá a dolerle. El problema es que el sistema es corrupto. El donante quiere un poco de calma para su conciencia y se contenta con entregar un dinero periódicamente. Como además (aunque esto no lo sabe) no ha hecho objetivamente nada malo ni su vida contribuye a los males del mundo, no hay nada que pueda hacer o dejar de hacer que sea más fácil, y más efectivo para su conciencia, que dar dinero. Pero no tiene ni tiempo ni ganas de investigar qué ha sido, en realidad, de su dinero. La única fuente de la que le llega algo de información sobre el destino de su dinero es la propia ONG, la que se lo pide. Más analgésico. Afortunadamente, nos queda al menos la posibilidad de elegir entre las que inspiran más y menos confianza.

Ética y estética

Los seres humanos tenemos muy buenos sensores innatos de belleza aunque no seamos bellos. La vida suele ser más fácil para los guapos, aunque obviamente la belleza exterior no es la única característica interesante de las personas (sobre todo en el mundo cultural moderno). La psicología evolucionista explica la importancia de los procesos de selección sexual para la configuración genética de la mente de los seres humanos, de forma diferente en hombres y en mujeres por su distinto papel reproductivo: el aspecto físico es muy relevante, especialmente en las mujeres, porque es un buen indicador de juventud, salud y fertilidad. Es normal que las mujeres tiendan a preocuparse más que los hombres por resultar atractivas, y que se sientan inseguras si no lo son, ya que les costará más encontrar pareja o mantener la que tienen. En el programa aparecen muchas más mujeres que hombres porque la inmensa mayoría de los aspirantes son mujeres: los críticos ven un problema social de machismo.

La asociación "El defensor del paciente" ha pedido la retirada del programa. Tal vez haya suerte y la petición legítima no se transforme en exigencia violenta de prohibición de su emisión. Empar Pineda, portavoz de "Otras voces feministas" ha tildado al programa y a su publicidad de "sexistas y engañosos". No entiende que tal vez los consumidores de cirugía plástica saben lo que quieren y no son simples marionetas frustradas por una publicidad que les informa de una posibilidad de mejora (y no simplemente fomenta su insatisfacción).

Especialmente patética ha resultado ser la Organización Médica Colegial, presunta salvaguarda de la deontología médica y representante exclusiva (mediante la coacción legal) de los médicos colegiados de España, que ha cuestionado la ética médica del programa. "Debemos criticar la instrumentalización de la medicina en un espectáculo poco respetuoso con la dignidad de las personas"; recuerdan "la especial responsabilidad de no promover un concepto consumista de la salud, evitando despertar falsas esperanzas o propagar conceptos infundados"; "ponemos en duda la validez del consentimiento en pacientes que reciben un tratamiento médico gratuito a cambio de participar en un espectáculo mediático que rompe la tradicional intimidad y confidencialidad que debe rodear el ejercicio de la medicina". Intentan de forma penosa justificar su altanería moral por un presunto deber autoimpuesto; abusan del vacuo concepto de dignidad para absolutizar sus preferencias subjetivas particulares; caen en el topicazo antimercado del consumismo y acusan sutilmente de fraude; de forma paternalista creen que los pacientes no pueden decidir por sí mismos qué les conviene; creen que la intimidad y confidencialidad de la medicina son tradiciones obligatorias.

Muchos progresistas creen erróneamente que la naturaleza humana es infinitamente moldeable mediante la cultura, desconocen sus componentes genéticos universales y critican toda manifestación que vaya en contra de su ideal de humanidad. Los igualitaristas de la estética aspiran a un mundo en el cual la belleza sea irrelevante (tal vez proyectan sus propias frustraciones reprimidas) o poco importante (hacer a todos tener el mismo aspecto es complicado), o al menos que afecte por igual a hombres y mujeres (afán que quizás refleja el resentimiento de algunas feministas por no ser hermosas, o por que otras personas no valoren en ellas lo que ellas quieren que valoren). Si algunos se indignan por la desigualdad estética tal vez se deba a que no son físicamente agraciados y tienen envidia de quienes sí lo son (por herencia genética, por cuidar su aspecto o por pagar a un cirujano plástico para que los arreglen).