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La ciencia al servicio de la política

El extraño mecanismo que ha servido para producir titulares alarmistas durante la última semana es digno de ser estudiado con más atención. El informe sobre el futuro del clima presentado en París no es un estudio científico sino un "resumen para políticos" que, desgraciadamente, también han hecho políticos. En concreto, los delegados de 150 países, que son los que han decidido qué entra y qué no entra en el mismo. Pero, eso sí, no esperen que los titulares de prensa y las noticias de la tele nos adviertan de ese pequeño detalle.

La mejor demostración de que el IPCC no es tanto un esfuerzo científico como político es el hecho de que lo primero en ser publicado es el resumen de y para políticos, basado en el segundo borrador del informe científico. Y la versión final del informe científico, según las propias reglas del IPCC, podrá ser cambiado ¡para ser consistente con el resumen político! O lo que es lo mismo, no importa lo que hayan podido decir los científicos, que es lo que decidan los políticos lo que finalmente va a misa. Nada nuevo bajo el sol de la ONU; pero precisamente porque la organización mundial funciona así, sus dictámenes deberían haber sido acogidos con un poco más de prevención.

Y es que no es la primera vez. Los científicos decían en el borrador del informe del IPCC de 1995 que "toda afirmación sobre la posible detección de un cambio significativo del clima permanecerá siendo controvertida hasta que las incertidumbres en la total variabilidad natural del sistema climático se hayan reducido". Y que "ningún estudio a la fecha ha establecido positivamente y atribuido todo, o parte del cambio de clima observado, a causas antropogénicas". Pero  el informe final, tras pasar por las manos de los políticos, concluyó que "el balance de las evidencias sugiere una discernible influencia humana sobre el clima".

Para defender las tesis del IPCC y acallar a los "escépticos" (sí, así, entre comillas; ser un científico que mantiene una actitud escéptica ha pasado ahora a ser pecado), los defensores del protocolo de Kyoto aducen que los científicos que están en desacuerdo con una parte grande o pequeña del IPCC lo hacen porque "están pagados" por las multinacionales, más en concreto ExxonMobil, que parece ser el origen de todos los males del universo, y de algunos más. Así pueden tranquilizar su conciencia sin tener que rebatir ni una sola de las objeciones científicas que éstos hacen.

Sin embargo, ya puestos en esa tesitura, ¿se creen acaso que los científicos que apoyan la teoría "estándar" del calentamiento trabajan gratis? Como afirma el socialista y físico francés Claude Allègre, detrás de los argumentos del IPCC hay mucho, muchísimo dinero; mucho más del que las "multinacionales" pondrán nunca sobre la mesa. Durante estos años, el alarmismo sobre el calentamiento global (ahora llamado cambio climático para poder echar la culpa al hombre también del frío) ha provocado una lluvia de millones sobre los climatólogos que, consecuentemente, han incidido en el alarmismo. Exagerar da dividendos. A no ser que caigamos en el absurdo de pensar que el dinero que proviene de unos altera necesariamente las conclusiones y el que viene de otros es imposible e impensable que produzca el mismo efecto. La ley del embudo aplicada al clima.

En todo caso, esto tampoco tendría tanta importancia si la excusa del calentamiento no se estuviera utilizando para, en palabras de Chirac, poner una primera piedra en la construcción de un gobierno mundial que restrinja nuestras libertades y las ponga a merced de los políticos. Si realmente fuera importante la concentración de CO2 en la atmósfera, se podría combatir con tecnologías ya existentes, como la energía nuclear, o con tecnologías en desarrollo, como las que permitirán extraer el dióxido de la atmósfera. Racionar el crecimiento económico no es el camino. Que se lo digan, si no, a Al Gore, que aún no nos ha detallado cuánto CO2 emiten los aviones en los que viaja por todo el mundo para exponer su evangelio.

No visitó la playa de Algeciras

Pero miren por donde, el asunto acabó gustándole al segundo de Clinton y al final ha hecho hasta una película y todo. No sólo eso; gracias a sus constantes desvelos por salvar al mundo, lleva una temporada siendo paseado bajo palio por medio planeta. La última escala ha sido en Madrid, donde su Alcalde le ha hecho los debidos honores. No importa que en el problema del calentamiento global no exista consenso científico sobre sus causas y, lo más importante, que no esté demostrada en absoluto la existencia de un origen antropogénico. Pero la realidad no importa. Si lo dicen los progres la derecha aplaude y contesta amén.

En la reciente huelga energética de cinco minutos para salvarnos de nosotros mismos, no fueron pocos los ayuntamientos e instituciones gobernadas por el Partido Popular que se sumaron a la fiesta apagando los ordenadores y las luces, con grave perjuicio para la actividad laboral de sus funcionarios, que a eso de las ocho de la tarde es prácticamente febril.

La ministra Narbona y ZP también están, faltaría más, encantados de escuchar los vaticinios apocalípticos del profeta clintoniano, y para ayudarle a sobrellevar su pesada carga han decidido comprar su película para enseñarla en los colegios (tendrán que arrancar a mis hijos de mis manos yertas si quieren que vayan a ver esa película de cine de terror).

Sin embargo no hay que comprar productos de Hollywood para despertar las conciencias infantiles. De hecho, tengo entendido que hay en Algeciras ahora mismo unos magníficos exteriores para rodar un documental sobre cómo resuelven las administraciones progresistas los desastres ecológicos, con un chapapote playero de lo más efectista. De forma incomprensible, a ese lugar no se acercan ni ZP, ni la ministra Calvo, ni la Narbona. Y luego querrán que los demás apoyemos el cine español.

El Plan de Estabilización de 1959

Que el régimen de Franco era ideológicamente opuesto al liberalismo está claro. Por eso resulta llamativo que, limitadas, truncadas y escasas como fueron, se aviniera a introducir las medidas liberalizadoras contenidas en el Plan de Estabilización de 1959. Para hacernos una idea del pensamiento económico del régimen basta constatar la política de autarquía que siguió consistentemente desde la victoria del bando nacional, que se prolongó durante dos décadas, aunque se suavizara tímidamente en los 50. O leer los artículos, teñidos de una especie de keynesianismo ingenuo, desarrollista y con contenido social de Hispanicus, uno de los pseudónimos de Franco, publicados en Arriba entre 1947 y 1949.

Una nueva generación de economistas

Como ejemplo representativo del pensamiento económico del régimen, valgan estas palabras de un estudio del INI de 1975: “Superadas definitivamente las viejas tesis del liberalismo económico, los ideales del lucro personal, de dominio económico, del tecnicismo a ultranza, han sido sobrepasados por ideas más generosas.”

Pero los extraños avatares de la profesión de los economistas académicos en España iba a permitir en nuestro país la aparición de varios de ellos favorables al mercado. Zumalacárregui sería un fiel seguidor del marginalismo, y con él discípulos como Manuel de Torres o José Castañeda. Joan Sardá, que había militado en ERC, iría de la mano de Alberto Ullastres al Servicio de Estudios del Banco de España. Precisamente la llegada de Ullastres como ministro de Comercio, más la de Mariano Navarro Rubio en Hacienda, iba a sumar las ideas y la capacidad política para poner en marcha el Plan de Estabilización. Otras de las características de la política de entonces era el mantenimiento de tipos de cambio múltiples, con uno por cada tipo de bien. Y la importación se autorizaba con la concesión de licencias, lo que introducía ineficacia en el sistema y era un foco de corrupción.

La autarquía

La autarquía estrangulaba el desarrollo de la industria nacional, que necesitaba de bienes complementarios de fuera, cuya entrada era muy difícil y en ocasiones imposible. Esta política de “desarrollo interno”, como se llamaba a la limitación de la participación en la división del trabajo internacional, empobrecía a nuestro país, tan aislado económicamente como lo estaba políticamente.

Pero a finales de los 50 el agotamiento del modelo autárquico era evidente, y coincidía con una crisis de la balanza de pagos que estuvo a punto de llevar al país a la quiebra. La Banca prefería colocar los ahorros en deuda pública a prestar al sector privado, que se quedaba de este modo sin otra fuente importante de crecimiento. Con la deuda pública, pero también con préstamos del Banco de España, se financiaban grandes inversiones públicas, que no se limitaban al gran papel que ejercía el INI. La política de vivienda era también muy amplia.

Moralistas y teólogos del S XVI

Con las reservas en negativo, la industria ahogada y tensiones inflacionistas que comenzaban a mostrarse, el régimen comenzó a ver de cerca un posible desastre económico que le podría desestabilizar. Navarro se entrevistó con Hispanicus para explicarle la necesidad de aplicar un plan, que habían elaborado varios economistas españoles con la supervisión de una delegación de la OSCE que había venido a España, y Franco le espetó que “no debe fiarse de los extranjeros, Navarro. Siempre han estado contra España”. Al hábil ministro le bastó con decirle a Franco que el colapso de las exportaciones retraería el bienestar y podría obligarle a volver a la cartilla de racionamiento. De mala gana, dio el visto bueno.

Según Enrique Fuentes Quintana, que participó en el Plan, el objetivo del mismo fue “introducir la economía de mercado”, en línea con el pensamiento de sus impulsores, entre los que se encontraban varios de los más destacados de los que estaban en España. Como ejemplo de la filosofía que animaba la reforma, valgan dos citas del ministro de Comercio, Alberto Ullastres: “El lucro es no sólo perfectamente lícito sino que, como decían los teólogos y moralistas del siglo XVI, al provenir de una actividad socialmente útil y provechosa, hace al comerciante honra y prez de la República, de la cosa pública”. O “para mí, libertad económica significa en primer lugar libertad de precios, manos fuera de los precios, no interferirse con su mecanismo, dejar jugar la libre concurrencia y que los precios alcancen su nivel.”

Un shock tras el plan de estabilización

Las primeras medidas del Plan de Estabilización pasaron por un descenso en el gasto público y aumento de los impuestos, acompañados de una tímida reforma fiscal. Con ello se cortó el déficit. La mejora de la situación financiera del Estado le permitió cortar el grifo del Banco de España y con él una peligrosa fuente de inflación. El Gobierno bajó el tipo de cambio, que se mantenía alto por una cuestión de prestigio nacional, a otro más realista y se liberalizó el comercio y la inversión extranjera de un modo incompleto, pero suficiente.

El primer efecto fue una caída en el empleo y en la renta real, que se mantuvo durante un año, y una mejora espectacular de la balanza de pagos. Salvado el shock inicial, los españoles experimentaron una clara mejoría como consecuencia del Plan. La llegada de bienes extranjeros y de capital foráneo permitieron renovar los bienes de capital y multiplicar la productividad del trabajo. También forzó una mayor competencia de las empresas españolas con las extranjeras, aunque tímida. A un nuevo tipo de cambio y en una sociedad con salarios y precios bajos, España pasó a ser muy atractiva para el turismo, que se convirtió en un sector en gran desarrollo. Entre los fracasos del Plan de Estabilización están la declaración, que no fue mucho más allá de eso, de que los salarios debían fijarse a la productividad.

Asombro del mundo

En solo cinco años se recuperó la apertura económica de 1935, que desde ese año había caído por la crisis internacional de los 30, la Guerra Civil y la Mundial y la política autárquica. El desarrollo económico español asombró al mundo, y ni siquiera los famosos “planes de desarrollo” que quisieron echar atrás parte del legado del 59 lograron detenerlo. Los servicios y la industria absorbieron a grandes masas que apenas subsistían en el subempleo agrícola, permitiendo así una reforma agraria silenciosa sin necesidad de practicar las expropiaciones del primer franquismo, que continuó la política de la II República.

En definitiva, la liberalización económica del 59 fue posible, como muchas otras, porque se consideró una solución de última instancia a un problema económico que amenazaba la supervivencia del propio régimen. También lo fue por el papel de un grupo de economistas que confiaban en el mercado como institución básica para el buen funcionamiento de la economía. Finalmente, esta reforma salvó al régimen, pero permitió un desarrollo social que finalmente lo haría obsoleto e inviable a largo plazo.

Ver también

Victoria de Milei: lo que puede aprender de España. (Benjamín Santamaría).

Demagogia Gore

En el lado de la ciencia podemos comprobar que IPCC reconoce que, en el informe de 2001, la influencia humana estaba sobreestimada y admite que, como decían los escépticos, la Antártica no está perdiendo hielo. Y es que nuestro conocimiento de la influencia sobre el clima de factores como el vapor de agua o la actividad solar es todavía muy limitado, al igual que lo son los modelos informáticos de predicción climática que preveían fuertes calentamientos en los dos polos.

De todo eso no nos habla Gore, porque la ciencia no parece interesarle tanto como el catastrofismo que otorgue carta blanca al intervencionismo político. Después de todo, eligió como asesor científico a un alarmista llamado Paul Ehrlich, que aseguró que, "antes del año 2000, unos 65 millones de norteamericanos" perecerían por inanición debido al sistema capitalista.

Gore intenta ocultar que existe un interesantísimo debate científico sobre el futuro del clima en la Tierra y las causas de sus cambios. Y, como no podía ser menos, ZP se ha apresurado a poner las mentes de nuestros escolares sobre el altar del fanatismo ecologista y adoctrinarles con el vídeo del ex vicepresidente. Lo cierto es que, más allá del importante debate científico, el mayor coste del Protocolo de Kioto está siendo el empobrecimiento de buena parte del Tercer Mundo, donde los recursos malgastados en Kioto perjudicarán el desarrollo energético en vez de paliar problemas como el sida o la malaria, que matan hoy a millones de personas.

¿De verdad alguien piensa que una posible subida del nivel del mar de 40 centímetros en cien años es más importante que producir energía en los países subdesarrollados o erradicar grandes lacras? En España, sólo el coste directo de los derechos de emisión supone, según Medio Ambiente, 1.953 millones de euros, 4,7 veces más del coste máximo prometido por Narbona para acallar las críticas a la aplicación del Protocolo. Eso sin contar con las distorsiones productivas que está provocando.

Y toda esta sinrazón, ¿para qué? Pues para casi nada, porque Naciones Unidas admite que, aunque todos los países cumplieran, la reducción de temperaturas que podría lograrse sería de tan sólo 0,07 grados centígrados. El colmo es escuchar a Eduardo Zaplana decir con orgullo que fue el Gobierno del PP el que firmó un irracional acuerdo de racionamiento que pone el techo de emisión por habitante en nuestro país en la mitad de países como Irlanda. Y es que la demagogia no sabe de partidos políticos.

Verdades sobre el empleo que el Gobierno oculta

Pese a todos los recursos que ha despilfarrado el Gobierno en asegurar el empleo indefinido, el temporal no ha hecho más que aumentar a lo largo del 2006, casi un 34%: la tasa más alta de la Unión Europea. A esto se suma que las bonificaciones que ha aplicado el Estado a las empresas para los contratos indefinidos tienen fecha de caducidad. Durarán cuatro años, y a partir de ese momento los nuevos empleos fijos van a tener un mayor coste para las empresas, y si España se encuentra en una situación económica poco favorable, tendremos que pagar un precio muy alto por estas estrategias cortoplacistas del Gobierno.

España también tiene una de las tasas de empleo (relación de la población ocupada y total en edad de trabajar) más bajas de la UE: un escalofriante 66%, y lo peor de todo es que apenas se incrementa con el tiempo. Las cosas no mejoran si miramos la comunidad de inmigrantes, cuyo desempleo supera el de los españoles en cuatro puntos. Ahora están en un 12%, según la EPA, tras haberse incrementado más de un 42% en el 2006. Muchos inmigrantes han venido a España a trabajar para labrarse un futuro mejor y se han dado cuenta que lo pueden conseguir trabajando en la economía sumergida y cobrando mientras tanto las prestaciones de turno. Son las leyes paternalistas e irresponsables del gobierno las que causan este tipo de situaciones.

Mientras tanto, el INEM sigue siendo un pozo de ineptitud sin fondo; sólo el 18% de los parados apuntados en él tienen posibilidades de encontrar algún empleo. En la otra cara de la moneda vemos como los colocadores privados de trabajo, las ETTs, son los que dan auténticas soluciones al desempleado dando trabajo al 15% de los inmigrantes e incluso son el salvavidas del Estado, que recurre a ellas para pedirles ayuda.

Como siempre, las palabras de los políticos no tienen nada que ver con la realidad. Mientras nos dicen que laboralmente estamos como nunca, nuestro salario medio es el mismo que el de 1997, el desempleo juvenil es uno de los más altos de la UE y el Gobierno no hace más que poner impedimentos a los nuevos empresarios con más burocracia. España es el cuarto país de la OCDE donde más difícil es abrir un negocio. Con esta situación no es de extrañar que los españoles nos endeudemos día a día para poder tirar adelante sacrificando un ahorro precioso y sufriendo nosotros, no Caldera ni su gabinete, las inevitables consecuencias de su torpeza. El equipo de ZP no tiene estos problemas, sus sueldos les dan para vivir muy bien.

Así como dejaríamos de confiar automáticamente en un gestor que nos hubiese recomendado comprar acciones de Enron en su peor momento, ¿por qué hemos de creernos las promesas y soluciones mágicas del Gobierno aún fallando una vez tras otra? El auténtico problema del mercado laboral en este país es el Gobierno. Si queremos tener un mercado laboral ágil, dinámico y próspero sólo hemos de quitar las manazas de los políticos de nuestros trabajos y asuntos laborales. Sólo entonces tendremos prosperidad, y sin que nadie nos la garantice con leyes que parecen muy bonitas pero que, como comprobamos todos los días, sólo significan pobreza.

El ecocomunismo llega a España

El ministro de Industria, Joan Clos, ya forma parte del selecto club social integrado por mandatarios de la talla de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Fidel Castro (Cuba) o Robert Mugabe (Zimbabwe), entre muchos otros. Únicamente existe un requisito para poder ingresar en este exquisito grupo de visionarios: abrazar con firmeza y convicción las exitosas políticas derivadas de la nacionalización de recursos.

Los grupos ecolojetas, entre los que ya se puede incluir sin reparos al Ministerio de Medio Ambiente, prosiguen su fervorosa e incansable misión de alertar acerca del Apocalipsis que se avecina en caso de que los ciudadanos mantengan su abusivo, irracional e, incluso, inmoral consumo de recursos naturales. Los mensajes alarmistas no tardan en surtir efecto en las privilegiadas mentes de nuestros políticos que, raudos y veloces, corren a poner en práctica las medidas necesarias que nos pondrán a salvo de la terrible venganza de la Madre Naturaleza por nuestros irresponsables actos.

Así, el Gobierno baraja, entre sus muchas opciones legislativas, dado el enorme margen de maniobra que ofrece a nuestra clase dirigente el marco estatal, prohibir que los vehículos particulares circulen por el centro de las ciudades; imponer tasas fiscales más elevadas para gravar específicamente la compra de vehículos todoterreno y de gran cilindrada; crear artificiales mercados para la compra y venta de CO2 (ese gas tan peligroso, causante del cambio climático que sufre el plantea y que, sin embargo, expiramos a cada instante tras cada bocanada de aire. ¿Podría vender yo el mío?); expropiar cientos de kilómetros de costa para evitar la terrible especulación urbanística que azota, sin distinción, a todos los municipios del país y que, durante los años 60 y 70, posibilitó el nacimiento y posterior auge del turismo de sol y playa. Un sector muy poco productivo y de escaso peso en el conjunto de la economía española, como bien saben nuestros bien informados políticos, y cuya etiqueta aún arrastramos con indignación por el mundo adelante.

Y qué decir de la protección de nuestras especies. Todo esfuerzo es poco para no perturbar el hábitat de algunos privilegiados peces o aves migratorias. El temible impacto ecológico se ha convertido en una herramienta eficaz a la hora de evaluar la validez y corrección de importantes inversiones en capital o tejido empresarial. Véase sino el último episodio acaecido en Galicia, en donde Pescanova (empresa gallega, por cierto) se disponía a invertir más de cien millones de euros para levantar una de las piscifactorías más importantes y punteras del mundo. ¡Ah, no! Cómo permitir tal osadía, y convertir la hermosa Costa da Morte en algo más que rocas y agua… ¡En todo un centro industrial, ni más ni menos! "Que se vayan a Portugal". Y se fueron.

El último episodio de esta delirante tragicomedia es protagonizada por otro recurso natural, en este caso, vital para la vida misma: el agua. España tiene sed. Según la ministra verde, Cristina Narbona, el país sufre, por tercer año consecutivo, "la sequía más grave" de su historia. La reserva hídrica nacional se sitúa en torno al 55% de su capacidad, pese a haber vivido el otoño más lluvioso de los últimos diez años. Hay, pues, que hacer algo. Las iniciativas son diversas: subir el precio de las tarifas (intervenidas y extremamente reguladas, por cierto); fomentar, o más bien imponer a través de cuotas y sanciones fiscales, un consumo "racional" de los recursos hídricos. Pero, ¿qué es racional?, se preguntan algunos ciudadanos ingenuos. Pues lo que dicte como tal el Gobierno, quién si no. También impulsará el reciclaje y la desalinización del agua marina…

Pero eso no es suficiente. El Estado es un ente hambriento difícil de satisfacer. El Ministerio de Industria ha sido contagiado ante el cúmulo de exitosas iniciativas puestas en marcha en el ámbito de la gestión de recursos naturales y, puesto que el agua es un derecho del hombre, según la propia ONU, es demasiado valiosa para quedar en manos de la terrible propiedad privada. "Nacionalicemos", pues. Y dicho y hecho, el anteproyecto que estudia el Gobierno prevé confiscar la explotación privada de los manantiales. El sector del agua mineral se ha convertido en la nueva víctima de este modo de concebir la política.

Pero, ¿por qué alarmarse? Sí, es cierto que, de llevarse a cabo, el precio del agua embotellada se encarecerá… a lo mejor se pierden algunos miles de empleos, se reduce la inversión o decrece la calidad del producto. Pero, ¿qué implican tales nimiedades frente a la garantía que nos ofrece el Estado, dado que el agua subterránea y mineral pasa a formar parte de la exitosa propiedad pública? "Es de todos", alegrémonos pues.

Y si no, pregunten ustedes lo contentos y felices que están los cubanos, venezolanos, bolivianos, y tantos millones de ciudadanos en el mundo que ya han probado en sus carnes el dulce sabor de la nacionalización de recursos… En Bolivia y Zimbabwe fueron las tierras, en Venezuela, primero el petróleo y las minas, aunque pronto será el resto de la industria, en Cuba… todo lo demás, excepto el alma quizás. En España, el agua mineral, puesto que las cuencas hidrográficas ya son de titularidad pública. Bienvenidos, pues, al club de los nacionalizadores y expropiadores forzosos. ¡Enhorabuena! A veces, me congratulo de vivir en este país. Gracias Joan.

Películas Gore de vísceras climáticas

Los climatólogos predicen, con sus todavía limitados datos y modelos, que la temperatura media del planeta puede aumentar en torno a dos grados en los próximos cien años, debido en parte al crecimiento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles como petróleo, carbón y gas natural (además de cambios de usos del terreno y otras variables naturales como la actividad solar o los volcanes). Las predicciones de mayores incrementos no son realistas, pero se enfatizan para llamar la atención. Los climas locales pueden variar de formas diversas, pero el efecto general es que el incremento principal de la temperatura se produce en las zonas y momentos más fríos (latitudes altas, en invierno y de noche). Seguramente habrá más olas de calor, pero también disminuirán las olas de frío (¿por qué será que esto no se menciona mucho?) y se alargarán las temporadas útiles para la agricultura.

Se habla mucho de la temperatura, pero es un factor al que el ser humano se adapta con facilidad, como muestran las estaciones y los viajes entre lugares con climas distintos. Más importante es el régimen de precipitaciones, que tenderán a aumentar (más calor, más evaporación, más lluvias), aunque localmente puedan empeorar las sequías. El problema del agua, sin embargo, no es que no llueva, sino la falta de derechos de propiedad y un mercado para ella, que es lo que provoca el despilfarro agrícola y las peleas entre comunidades por recibir agua gratis o fuertemente subsidiada.

La incertidumbre es alta respecto a la incidencia sobre los fenómenos climáticos extremos (huracanes, inundaciones). Las aseguradoras alertan de los incrementos de los pagos por daños, pero estos se producen principalmente porque cada vez hay más riqueza asegurada. El crecimiento del nivel del mar será de unos pocos milímetros por año, sobre todo por expansión térmica (dilatación), y no tanto por fusión de hielo. No importa que el Ártico se derrita porque es hielo flotante: Groenlandia no está cambiando mucho y la Antártida tampoco. Un proceso tan lento y suave no es una amenaza terrible para la especie humana. Nada que ver con un tsunami.

Los ecologistas intervencionistas no parecen aceptar que el cambio climático puede tener efectos positivos. Los problemas los tienen las personas según sus circunstancias y valoraciones particulares, y algunos preferirán más calor y otros más frío. Si tuviéramos el poder de decidir el clima, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser un delito alterarlo? ¿No hay agresiones más directas y serias?

Los progresistas suelen hablar de cambio y revolución, pero respecto al clima se transforman en reaccionarios: parece que casualmente vivíamos en un óptimo climático que no debemos alterar por ningún motivo, no importa el coste. A no ser que ese precio sea emplear la demonizada e incomprendida energía nuclear, momento en el que a muchos les puede la fobia e insisten en el viento (que sopla cuando quiere y no precisamente cuando hace falta) y el sol (que nos da mucha energía pero muy difusa) como fuentes de energía del futuro. Pero vivimos en el presente y aunque son técnicamente factibles aún son mucho más caras.

Para intentar cubrir el flanco económico recientemente se ha publicado el informe Stern, que ahora los ecolojetas repiten como un mantra: "1% de costes, 20% de beneficios". Se trata de un encargo político cuyo resultado final se consigue manipulando datos y modelos, o sea, haciendo trampas: exagerando los daños, minimizando los beneficios, minusvalorando la capacidad espontánea de adaptación (la no dirigida por los políticos) y, sobre todo, falseando las preferencias temporales de los individuos (preocuparse más por el presente que por el futuro lejano).

El ecologista escéptico Bjorn Lomborg (con quien Gore y muchos otros no se atreven a debatir) ya elaboró hace pocos años su proyecto de Consenso de Copenhague, en el cual prestigiosos científicos y economistas indicaron que evitar el cambio climático era el objetivo colectivo menos inteligente a intentar debido a sus enormes costes e inciertos y escasos resultados. Hay posibilidades más serias para ayudar a la humanidad como las enfermedades (malaria, sida), la pobreza, el agua potable, el hambre…

Los críticos de la moda ecologista solemos ser acusados de mercenarios a sueldo de oscuros intereses (tan negros como el petróleo y el carbón). Aparte de que es casi siempre falso, que fuera cierto no eliminaría la necesidad de rebatir los argumentos. Y conviene no olvidar que en esta campaña contra el cambio climático no sólo hay ingenuos moralistas empeñados en decirles a los demás cómo vivir (siempre consumiendo menos), también abundan los desvergonzados cazadores de rentas (subsidios a las energías renovables, regulaciones que dañen a la competencia, etc.).

Según Gore, "tenemos que preguntarnos cómo queremos que nos recuerde la historia. Si como los que fallamos y destruimos el planeta o como una generación grande que tuvo valor para hacer cambios difíciles". Megalómano como es, asume que la historia va a recordarle y vive para ello. Pero alterar el planeta no es sinónimo de destruirlo, que es bastante más difícil de lo que parece. Ya que menciona al futuro (nuestros hijos y nietos dan el toque emocional adecuado), conviene pensar que el crecimiento de la riqueza es tal que las generaciones futuras serán mucho más ricas que nosotros y les costará entender cómo tanta gente quería que los pobres actuales se sacrificaran en favor de los ricos del futuro.

También para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el cambio climático es "el reto más importante de la humanidad". Una lumbrera. Ya han propuesto a Al Gore para el Nobel de la Paz y el Príncipe de Asturias. Qué bajo han caído algunos galardones.

La leche materna de los políticos

El dinero. Esa es, según Ken Connor, la leche materna de los políticos. Y es cierto. Para ello recurren a sacar fondos de todo lo que se menea, especialmente de los ciudadanos a quienes dicen representar. Dicen, como dicen tantas cosas que no son ciertas. Los socialistas madrileños cabreados por la alianza de su candidato con IU o el enfado de los peperos por las alianzas de sus líderes con los partidos bisagra de turno son un par de ejemplos de representación mentirosa. Nos gobiernan lobbies minoritarios: nacionalismos totalitarios, líderes del leninismo gay, verdes de despacho urbano… Y todos formamos parte, con nuestros impuestos, de la escenificación de la comedia electoral.

La financiación pública de los partidos es un robo a los muchos abstencionistas que decidimos no participar en los comicios electorales. Según los datos del Ministerio del Interior, la abstención en nuestro país fue de un 24’34% en el año 2004, casi los mismos ciudadanos que votaron al PP, principal partido de la oposición; 31’29% en el 2000, más de trescientos mil más que los votantes del PP, entonces partido "ganador"; 22’62% en 1996, 23’56% en 1993, es decir, tercera fuerza política en ambos casos; y 30’26% en 1989, casi ochocientos cincuenta mil ciudadanos más que los que apoyaron al PSOE, proclamado "ganador" en esa ocasión.

El que los partidos políticos se financien con dinero de los contribuyentes en lugar de hacerlo mediante cuotas de afiliados y donaciones de simpatizantes es una vergüenza. En el caso del partido actualmente en el poder, en el año 2005 y según sus propios datos, de los 36 millones setecientos mil euros de ingresos totales, las subvenciones ascendieron a casi 23 millones de euros, frente a los 3.100.000 euros correspondientes a las aportaciones de los afiliados. No es de extrañar esta diferencia, el número de afiliados del PSOE en el año 2004 era de 460.000 nada más. Curiosamente el número de votantes fue de poco más de 11 millones. Los afiliados en ese año al Partido Popular eran muchos más que los socialistas de carné, casi trescientos mil más. ¡Qué cosas tiene la política!

Ambos partidos, además de recibir las cuotas de sus afiliados, reciben la mía, quiera yo o no, vía financiación pública directa e indirecta. No es un mandato constitucional. Nuestra Constitución, redactada por políticos, no concreta el tema. El artículo 6 de la Constitución Española dice:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

O sea, nada. Es la ley del 87 la que regula las subvenciones a que tienen derecho los partidos políticos, bien para compensar los gastos generados por los procesos electorales, como aquellas no condicionadas destinadas a financiar su actividad regular y los gastos de seguridad, como las ayudas extraordinarias dispuestas para sufragar los gastos originados por la divulgación y explicación de la conveniencia de una Constitución Europea.

La propuesta de que las cuotas de los afiliados a partidos políticos desgrave en la declaración de la renta es una burla a muchos millones de personas que no quieren afiliarse pero trabajan como el que más para sacar a su familia adelante (que en definitiva es lo que está levantando este país) y van a transferir renta a otros ciudadanos simplemente por el hecho de pertenecer a un partido, sea del color político que sea. Llueve sobre mojado, como se ha denunciado desde el Instituto en otras ocasiones.

No se trata ya de limitar el poder que tienen los partidos políticos, no tanto como representantes de los ciudadanos, que hace tiempo que no lo son, sino como donantes de gracias y concesiones económicas, en dinero o en especie, de todo tipo (cargos con remuneración y poder jugosos, por ejemplo). No se trata tampoco de limitar la capacidad de las empresas para determinar las decisiones políticas de los partidos en el poder, tanto en el gobierno como en la oposición. Se trata de la financiación de un sistema político con dinero de gente que ha manifestado su voluntad de no participar en él. Se trata de no permitir que los políticos sigan nutriéndose de mi dinero, especialmente si no voto porque no me siento representada por ninguno de ellos.

Es un robo a mano armada. No se puede decir más claro.

Los ordenadores siguen sin predecir el calentamiento

Sin embargo, los males que nos anuncian y que han sido aceptados acríticamente por los medios de comunicación, de izquierda y de derecha, no parece que estén sostenidos por el borrador del informe completo, puesto que lo que se ha publicado hace unos días no es más que el resumen para políticos hecho por políticos.

Pero, sobre todo, me preocupa como columnista en esta sección de Intenet el mal nombre que puede recibir la informática por el mal uso de los modelos computerizados como bola de cristal. Como ya indiqué hace cuatro años y medio en estas mismas páginas web (hay que ver cómo pasa el tiempo), los ordenadores no pueden predecir el calentamiento global. No piensan solos, por más que pueda parecer que están continuamente pergeñando formas de arruinarle a uno el día. Se limitan a realizar cálculos empleando los datos con los que se le alimenta en fórmulas matemáticas que se le han programado. Si los datos o las fórmulas son incorrectos, el resultado también lo será. Como es el caso de los modelos climáticos.

La climatología es una ciencia harto compleja, porque debe estudiar cientos de variables que interactúan entre sí de formas que desconocemos. Por ejemplo, el efecto directo del CO2 en la temperatura está más que estudiado y es algo en lo que no hay científico que yo conozca que esté en desacuerdo. Es bastante poco. Lo que sucede es que ese aumento en su concentración puede afectar a otros factores de múltiples maneras y no sabemos realmente cómo. De modo que se hacen modelos climáticos para simular "qué pasaría si" las hipótesis que tenemos son correctas. Si metemos los datos que tenemos y esas hipótesis y nos dice que el año que viene la temperatura media va a ser de -15ºC deduciremos que lo hemos hecho mal. Lo mismo si nos da 50ºC, a no ser que uno sea activista de Greenpeace. Pero, claro, los modelos de los que merece la pena hablar dan resultados más o menos plausibles. Y, sin embargo, fallan, porque no son más que hipótesis.

Tomemos, por ejemplo, los modelos con los que nos asustó la ONU en el año 2001. Predecían que en 2006 la cosa se habría calentado ya algo. Y resulta que no, que el aumento de temperatura ha sido de 0,03º, dentro del rango de error estadístico o, lo que es lo mismo, no puede decirse que haya subido. Tampoco predecían el enfriamiento que han sufrido los océanos desde 2003 y aseguraban que el nivel de los mares iba a crecer mucho más de lo que las mediciones muestran. Ni que la concentración en la atmósfera del metano, otro de los gases de efecto invernadero, iba a frenar su crecimiento a partir de 2001. Dicho de otro modo, los mejores modelos de hace seis años han fallado cual escopeta de feria. Pero no por culpa de los ordenadores, pobres.

Habrá que ver si los seis modelos del informe de este año superan la prueba. Los dos más catastróficos, y que por tanto son los que se emplean para los titulares de prensa, pueden darse ya por fallidos. Suponen que en 2100 seremos 15.000 millones de personas, un extremo que desmiente la misma ONU, cuyos demógrafos estiman que llegaremos como mucho a los 10.000 dentro de 40 años y luego la población empezará a descender. Pero fallan especialmente al no tener en cuenta lo más importante. Nadie sabe cómo será la ciencia y la tecnología en el año 2100. Lo más probable es que se rían de nuestra preocupación con el CO2 como nos reímos ahora de la honda preocupación que a principios del siglo XX se tenía con el aumento de los excrementos de caballo en las ciudades y sus posibles consecuencias en el 2000. Eso, se lo digo yo ya, no se puede predecir con ningún modelo informático.

¡A la rica naranja…!

La Unión Europea es una hidra socialista por múltiples motivos; uno de ellos, y de los más significativos, es la Política Agraria Común, la PAC, que suena como el CAC pero que, en lugar de censurar a los díscolos anticatalanes, se dedica a expoliar a los contribuyentes, sablear a los consumidores y arruinar al Tercer Mundo, para mayor gloria de nuestros cerdos, nuestras vacas, nuestros tomates, nuestras remolachas y nuestra naranjas. No nos olvidemos de la naranja, producto típicamente nacional y orgullo patrio desde que Naranjito nos representara, con inimitable clase y estilo propio, ante el resto del mundo.

Por fortuna para las naranjas, los naranjos, los naranjeros y alguna que otra plaga de gusanos, los muy honorables presidentes de Valencia y Murcia se reunieron en fechas recientes en Alicante para adelantar a Zapatero por la izquierda. ¿Qué digo por la izquierda? ¡Por la extrema izquierda! Preocupados por los excedentes de cítricos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel solicitaron a ZP que propusiera ante las autoridades comunitarias la prohibición de plantar nuevos cítricos en la UE.

Vamos, que estos melones pretenden prohibirle plantar un naranjo en su huerto porque les sale de las pepitas. No lo dicen así, claro; dicen que el mercado está saturado, que hay que reconvertirlo, racionalizarlo y reestructurarlo.

¿Pero qué mercado? ¡Si esto es peor que los planes quinquenales soviéticos! Es más, ¿cómo van a reestructurar lo que no entienden? ¿Dejaría usted que Camps o Valcárcel le hicieran una operación a corazón abierto? Entonces, ¿por qué dejar que nos gestionen la cartera y nos aren el huerto?

Si la gente está ansiosa por plantar más y más naranjos, eso quiere decir que el cultivo de naranjas sigue siendo rentable. ¿Cómo puede ser, se preguntará alguno, si el mercado está saturado y desbordado por una oferta que la demanda no puede absorber?

Bueno, pueden esgrimirse dos explicaciones: 1) que la gente es tan estúpida que no se da cuenta de que el mercado está a punto de saltar en pedazos; 2) que lo que los agricultores pierden en el mercado lo recuperan sobradamente gracias al Estado, esto es, a las ayudas directas, los precios mínimos garantizados, la destrucción de excedentes, los aranceles y las cuotas.

A pesar de que la gente no quiere más naranjas, el Estado es perfectamente capaz de exprimir nuestros ahorros para inyectárnoslas en vena. En lugar de permitir que los precios caigan a medida que aumente la producción, los políticos de la UE han apostado por los precios mínimos, medida que ha hecho que cada vez sean más, y no menos, los productores de ese bien.

Los políticos del PP y del PSOE, en España y en Europa, no entienden, no aprecian, no toleran el capitalismo. Viven a costa de los empresarios, de los trabajadores y de los inversores; sin pegar un palo al agua pero, eso sí, a nuestra costa.

¿Puede haber un espectáculo más bochornoso que subvencionar un cultivo para luego impedir que caigan los precios mediante la destrucción de los excedentes mientras parte de los habitantes del Tercer Mundo se muere de hambre porque, entre otras cosas, es prácticamente imposible exportar a Europa desde esa zona del mundo? Sí, ver a dos populistas brindando con zumo de naranja para pedir que se impida la plantación de naranjos. Defendamos, pues, la lectura quemando libros.

Si la saturación del mercado del cítrico les preocupara realmente, Camps y Valcárcel sólo tendrían que exigir el desmantelamiento de la PAC, para no tener que resolver ningún otro problema de desajustes productivos. Aunque quizá ésa sea la clave: si los burócratas no tuvieran problemas que solucionar, se quedarían sin trabajo.

Como buenos populistas, recurren a la demagogia provinciana, a la defensa de los intereses regionales, para tratar de arañar algún voto. Si Carod Rovira se envuelve en la cuatribarrada, éstos parecen vestirse con hojas de naranjo levantino. Pero no se engañen, el juego es el mismo.  

Lo ideal sería mandarlos a freír espárragos… o a que se bebieran el excedente de naranjas que ellos mismos han contribuido a crear defendiendo la PAC. Entre tanto, y antes de que se lo impidan, y aunque sólo sea por incordiar, ponga un naranjo en su vida…