Ir al contenido principal

El vértigo del consenso

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Por primera vez en dieciocho años, un presidente de la Generalidad de Cataluña ha decidido acudir a los actos de celebración del día de la Constitución Española. La situación no puede ser más surrealista, con un José Montilla brindando por un documento fundacional a cuya derogación de facto ha contribuido de forma directísima. Porque la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña ha tenido como primera consecuencia precisamente la superación del orden constitucional del 78. Y no sólo por el articulado estatutario, abiertamente inconstitucional sin prejuicio de que el tribunal de la materia nos sorprenda (¿nos sorprenda?) con una bendición judicial al estilo Rumasa, sino porque su espíritu subvierte los principios constitucionales en materia de equilibrio territorial y soberanía, algo que además de no tener arreglo jurídico posible deja preparado un futuro de la nación ingobernable por ningún partido político con una mínima idea de España.

En esta tesitura, rotas las reglas del juego, al PP le caben dos posibilidades: actuar como si éstas todavía existieran y adaptarse a las circunstancias para no dejar de salir en la foto o apartarse del consenso y presentarse a las elecciones con un discurso que sea una enmienda a la totalidad. No hará esto último, porque salirse del consenso supone poner en riesgo los cargos públicos de los que viven miles de sus militantes y, por otra parte, lo que ha distinguido desde la transición a la derecha española ha sido siempre su afán por obtener el visado democrático que expide la izquierda con carácter de monopolio. Si es cierto que el orden constitucional ha sido vulnerado por el gobierno con sus socios, y lo es, lo procedente es abandonar el parlamento y dedicarse a explicar a la ciudadanía un programa radical de reformas de aquí a las próximas elecciones generales, para volver de nuevo "a la senda constitucional". En lugar de eso, el PP pastelea con el PSOE las reformas estatutarias de otras comunidades avalando con su firma conceptos ambiguos como la famosa realidad nacional andaluza, por no hablar de la "realidad genética" de Núñez Feijoo en Galicia, que amenaza con darnos también grandes satisfacciones en el futuro. Suele decir Pepiño Blanco que la derecha aceptará en el futuro todas las reformas que ahora critica con tanta fiereza. Por supuesto, tiene razón. El consenso, siempre el consenso, por encima de todo, ¿verdad Majestad?

 El presidente Zapatero aprovechó para insistir en la negociación con la banda terrorista ETA a través de fórmulas confusas entre las que asoman conceptos abiertamente anticonstitucionales, como la derogación del sujeto de soberanía vigente y la modificación unipartidista del marco territorial. Por lo que respecta al PP, su presidente desgranó en su comparecencia los motivos por los cuales la actual Constitución ha de ser reformada de forma inmediata. Vamos, que ninguno de los dos se sienten cómodos con la actual constitución; el primero porque le estorba y el segundo porque no sirve para parar los desmanes de aquél. Es como organizar un cumpleaños y que los asistentes a la fiesta se dediquen toda la velada a atacar al anfitrión. Sobre la traición, crueldad.

La caridad de ZP se basa en el robo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El segundo desastre está relacionado con el reciente viaje del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, a Senegal. El presidente se ha horrorizado tanto –en un estudiado acto populista– que ha prometido más ayudas para el país africano.

Evidentemente este gesto será visto por muchos como un acto de solidaridad, pero no es así, ese es problema de ver las cosas en su mera superficialidad sin atender a las consecuencias lógicas. El Estado siempre es improductivo, por tanto, su fuente de financiación ha de ser la fuerza. Nos arrebata nuestro dinero y producción sin nuestro consentimiento para quedárselo él y, además, sin garantías de que repercuta en nosotros. Recuerde la definición de impuesto: "cantidad dineraria establecida por el Gobierno y pagada por individuos e instituciones a un organismo público sin contraprestación". Usted paga por el miedo a las represalias gubernamentales; con suerte, quizá le devuelvan algo. Como ve no es un acto de amor ni solidaridad, sino de miedo por el uso de la fuerza.

Que Zapatero nos haga más difícil aún llegar a final de mes para transferir nuestra producción y dinero a países africanos no tiene nada de loable, sino de mezquino. Además, el presidente ha desplegado la típica verborrea política para crear el sentimiento de grupo: "Senegal será objetivo prioritario de la ayuda por parte de España". No se deje engañar, esta decisión no la ha tomado España, sino un político en un calentón pancartista, y el presidente del Gobierno de España, triste es tener que recordarlo, está para servir a las personas que viven en España, no en Senegal ni en cualquier otro país.

Pero la hipocresía de ZP va más allá. Realmente sí que podría hacer algo para mejorar la situación senegalesa eliminando todas las barreras comerciales con el país africano, y cualquier otro, y eliminando también las subvenciones a la agricultura española para que los países africanos puedan empezar a competir con nosotros y ganarse un merecido nicho de mercado para el que son más aptos, pues nosotros estamos en otro escenario o fase económica. El trabajo duro bajo un sistema de libertad capitalista, y no la mendicidad a punta de pistola, es lo que hace a los países ricos y prósperos. Miren Hong Kong, Estados Unidos, Japón o Nueva Zelanda, países que en el S. XIX eran tan profundamente pobres como África; el capitalismo los transformó en los más ricos y prósperos del planeta.

Además, ¿realmente cree que el dinero de las transferencias de gobierno a gobierno tiene como destinatario la población civil? Este dinero sólo sirve para enriquecer a la oligarquía política de los países destinatarios y es usado para todo menos para socorrer a la población civil.

Resultado de la política zapateril: menos dinero en nuestros bolsillos (o más horas de trabajo para ganar lo mismo), regulaciones estatales españolas intactas que matan a la población civil africana y burócratas africanos más ricos y dotados de ejércitos mejor armados. Señor Zapatero, no se preocupe por el trabajo adicional de Solbes sino por los 44 millones de españoles que van a tener más difícil llegar a final de mes gracias a su "solidaridad".

Impuestos sobre ruedas

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos días se ha filtrado a la prensa que el Gobierno quiere incrementar el impuesto de matriculación sobre los automóviles. El secretario de Estado de Hacienda ha reconocido también que el impuesto sobre hidrocarburos está en el punto de mira. El objetivo de estas medidas es hacer que quien contamine pague. Eso sí, el señor Ocaña ha prometido no perjudicar la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, su apuesta por un incremento de los impuestos, es un varapalo al libre mercado y al bolsillo de los ciudadanos.

En realidad, bajo la excusa ecologista, se oculta el deseo de aumentar la recaudación fiscal. Y eso a pesar de que el Estado ya sangra a los ciudadanos con el 70% del precio de cada litro de gasolina. La única razón plausible para este incremento es que España tiene que elevar en un 10% los impuestos sobre hidrocarburos para converger con la Directiva Europea en esta materia. Ahora bien, cualquier incremento en la imposición de la gasolina equivale a una distorsión de la estructura productiva al aumentar el precio de los productos. Por eso, sostener que las subidas impositivas se harán sin distorsionar la competitividad, es tanto como hacer un brindis al sol.

En cambio, elevar el Impuesto sobre Matriculación no es razonable, máxime cuando el comisario de fiscalidad, László Kovács, ha propuesto a Solbes eliminar este tributo. Pero esta medida tiene como beneficiarios a las comunidades autónomas a las que se les ha cedido el tributo.

Cuando Zapatero llegó al poder, con aquel lema de que "bajar los impuestos era de izquierdas", más de uno pensó que socialismo y liberalismo podían ser compatibles. Años después, como dice con acierto Emilio J. González, "todo en España […] son subidas de impuestos, con la excepción del recorte en un punto del tipo del IRPF aprobado por Esperanza Aguirre".

El insaciable apetito estatal, se está volviendo a disparar. Los impuestos consumen capital e hipotecan el ahorro. Pensar en que los tributos son neutrales es tanto como creer que estas medidas promueven la sostenibilidad. En el fondo, lo único que importa es la salud del Estado.

El síndrome de San Pablo

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cuentan los Hechos de los Apóstoles que Saulo de Tarso cayó de su caballo camino de Damasco ante una luz que le preguntaba por qué le perseguía. Ciego y asustado, Saulo comprendió que Dios le llamaba al buen camino. Pablo, apóstol de Cristo, comenzó una senda que llevaría a la Cristiandad a la salvación. Parece que Al Gore, salvando las distancias entre uno y otro, en algún momento de su carrera política fue cegado por el ídolo del ecologismo y que su misión es convencernos de que nos acercamos a la Apocalipsis climática, guiarnos por el buen camino pese a nosotros mismos, calmar nuestras ignorancia, aliviar nuestras penas, perdonar nuestros pecados.

No es el primero ni será el último que participan de esto que he venido en llamar Síndrome de San Pablo, Lenin cayó de rodillas ante el dios marxista, Hitler se erigió en el líder de la raza aria triunfante entre los demás seres inferiores. Los convertidos son, entre los creyentes, los más pertinaces pues deben de deshacerse de su pasado pecador y demostrar su recién adquirida fe. Y no es que Al Gore fuese en el pasado un político especialmente combativo con el ecologismo –fue en la época Clinton, con Gore de vicepresidente, cuando la presidencia firmó el Protocolo de Kioto que luego no fue ratificado por un Congreso dominado por los republicanos–, pero sorprende que durante el periodo en el que tuvo ese poder no hiciera mucho más por el medio ambiente, tanto como pide ahora. La hipocresía es una de esas habituales cualidades de los hombres de estado que nos negamos a ver cuando nos son simpáticos o que incluso aplaudimos cuando cojeamos del mismo pie.

Su documental, An Incovenient Truth (Una verdad incómoda), es un alegato sin complejos a favor de las tesis ecologistas, alegato que usa las mismas armas que el ecologismo, las mentiras, las medias verdades y una buena dosis de propaganda con una excelente puesta en escena. Pese a la buena crítica por parte de los medios de comunicación, tan políticamente correctos, ha encontrado algunos periodistas y opinantes que se atreven a dudar de algunas de sus dogmas. Estos pecadores nos recuerdan que no hay verdades absolutas en un tema tan complejo como es el clima terrestre y que todo escribano tiene un borrón.

Paul Reiter, director de la Unidad de Insectos y Enfermedades Infecciosas en el Instituto Pasteur de París, pone en duda la relación entre el cambio climático y la supuesta proliferación de ciertas enfermedades tropicales:

Hace aproximadamente catorce años, un pequeño grupo de personas desconocidas en mi área de estudios empezó a publicar artículos apocalípticos –especialmente, en la prensa popular– afirmando que zonas templadas de Europa y de América estaban siendo amenazadas con "enfermedades tropicales" debido al calentamiento global, y que estas mismas enfermedades estaban subiendo a las montañas de los países centroamericanos. No había la más mínima evidencia para apoyar semejantes afirmaciones.

Este hecho, aunque desmentido y aclarado por los autores, forma parte de la argumentación de la película. El mismo Reiter nos explica alguna de las falsedades usadas por Gore:

Por ejemplo, afirma que Nairobi, en Kenia, fue fundada a gran altura con el fin de evitar la malaria, algo que simplemente no es cierto. Ubicada a mitad de camino entre Mombasa y Kampala, Nairobi fue un lugar pantanoso e infestado de malaria, donde los masai daban agua a sus manadas. Luego se convirtió en un centro de comercio. De hecho, a 1500 metros de altura, Nairobi está por debajo de la altura máxima de 2250 metros donde la malaria ha sido registrada en Kenia.

Otro que ha decido ponerle las peras a cuarto es Bjorn Lomborg, autor de El Ecologista Escéptico y crítico con el movimiento ecologista, que también saca los colores del ex candidato demócrata a la presidencia americana:

Gore muestra imágenes de la Antártida y habla de un dramático calentamiento del 2%, ignorando que el 98% del territorio ha sufrido un significativo enfriamiento durante los últimos treinta y cinco años. De hecho, según el panel de clima de Naciones Unidas, durante este siglo, la Antártida aumentará su masa de nieve. De igual modo, apunta a una disminución del hielo marino en el Hemisferio Norte, pero no menciona el aumento de hielo en el Hemisferio Sur.

Uno de los grandes aciertos del artículo de Lomborg es llamar la atención sobre la actitud moralizante de Al Gore. Para este nuevo profeta es nuestro deber hacer frente al cambio climático y dejar de lado los otros problemas que podamos tener, tanto a título individual como colectivo. Gore no duda en sacrificar el progreso de la Humanidad para hacer frente a "el peligro" sin pensar en las consecuencias de estos actos, sin pensar siquiera en su idoneidad o de si existen otros muchos aspectos mejorables a los que se puede hacer frente de manera más exitosa que a algo tan difuso como el cambio climático. El objetivo de Gore es ante todo maximizar sus neuras hasta convertirlas en las de todos. La conversión a la fe verdadera.

El alarmismo es una herramienta poderosa de propaganda y este documental es un excelente ejercicio. Por supuesto que no critico su existencia, Al Gore es muy libre de exponer sus propios miedos y neuras, dinero no le falta y poder, tampoco. Tiene a su espalda un poderoso equipo que le fabrica su mundo virtual y nos lo muestra como nuestro mundo real. Más peligroso es que, atraídos por la luz, por el carnero de oro, nuestros políticos se conviertan en actores de semejante teatro, y de paso, nos arrastren a todos en su camino.

Hasta en la sopa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Muchos han sido los que han criticado el excesivo celo intervencionista de semejante medida pero a mí, qué quieren que les diga, me parece perfectamente acorde con los tiempos. Cuando leí la noticia no me sorprendió en absoluto, ¿acaso alguien pensó que los fumadores iban a ser perseguidos con total complicidad social sin que el Estado colocara nuevas presas en su objetivo? La persecución de las drogas es la antesala de la del tabaco y del alcohol, ésta de la de la comida rápida y ésta de la de hábitos sedentarios, como llevar coche y no caminar o utilizar la bicicleta.

Lo curioso de este proceso no es la senda expansiva y la espiral intervencionista, sino la miopía de una sociedad totalmente anestesiada y complaciente que acepta de manera sumisa recortes en sus libertades. Y digo miopía por no hablar de completa ceguera en torno a todos los dislates que el Estado comete.

Si lo pensamos un momento, las competencias originales del Estado, aquellas que para muchos justifican su existencia y su razón de ser, son la defensa, la justicia y la seguridad. Uno estaría tentado a pensar que, aun por simple amor propio, la gente no habría debido consentir que el Estado se ocupara de otras tareas hasta que gestionara mínimamente bien sus primeros encargos.

Sin embargo, uno sólo tiene que observar la lamentable situación de esos tres sectores para comprobar que no ha sido así. La defensa española depende casi al completo de EEUU y la OTAN, no tenemos capacidad alguna para repeler seriamente ningún ataque exterior de cierta entereza y preparación. Los juzgados son lentos, torpes y enrevesados; muchos individuos prefieren engullirse los perjuicios de una controversia con tal de no acudir a los tribunales. Por último, la inseguridad ciudadana es cada vez más patente ante la ineficiencia de los cuerpos de seguridad.

No satisfecho con el caos generado, el Estado decidió extenderse hacia otros sectores como la moneda o las infraestructuras. Con el primero sólo ha conseguido generar una secular inflación que ha hundido el poder adquisitivo de los ciudadanos y eliminado sus ahorros. Con su diseño de las infraestructuras ha realizado pésimos y antieconómicos trazados, ha engendrado frecuentes atascos y ha encarecido los servicios hasta tal punto que en ciertas líneas el avión ya resulta más barato que el ferrocarril (y ello a pesar de que los aeropuertos siguen siendo públicos y por tanto no hay competencia en las tarifas).

Estos fracasos tampoco lograron refrenarlo y se expandió, con la aquiescencia de la mayoría de la población, hacia nuevos estadios como educación, sanidad y pensiones, esto es, el Estado de bienestar. ¿Cuál ha sido el resultado de años de dirigismo e interferencia en tales actividades? La calidad de la educación empeora año a año a la par que el fracaso escolar y el número de analfabetos funcionales. Las listas de espera colapsan la sanidad e impiden durante largos periodos de tiempo el acceso a una cura a miles de personas. Las pensiones están en quiebra técnica por lo que las futuras generaciones no percibirán aquello por lo que han contribuido coactivamente.

De nuevo, uno esperaría que antes de penetrar en nuevos ámbitos, los burócratas resolvieran el desaguisado que han generado en aquello sectores donde han metido la pata. Pero no, la huida hacia delante continúa con nuevas regulaciones sobre la vivienda, los medios de comunicación, la acogida e integración de inmigrantes o la lucha contra el consumo de drogas.

También en estos puntos el fracaso ha sido mayúsculo. El precio de la vivienda se ha disparado como consecuencias de la restricción del suelo y de la inseguridad en el mercado de alquileres, medidas que debían favorecer un urbanismo sostenible, equilibrado y justo. RTVE está quebrada y con una deuda astronómica. La pretendida integración de los inmigrantes se ha traducido en hacinamientos masivos en condiciones del todo insalubres. Y la cruzada contra las drogas no ha logrado frenar su consumo, sino que ha favorecido su encarecimiento y adulteración.

Todo esto es completamente antitético a la actuación de una empresa. Las compañías suelen comenzar a diversificarse cuando han alcanzado la máxima eficiencia en su mercado original y no pueden seguir creciendo. Es en ese momento cuando deciden aventurarse a producir otros bienes o servicios con la máxima prudencia y diligencia: cualquier error en ese nuevo mercado les puede abocar a desaparecer.

En cambio el Estado tiende a extenderse conforme peor lo está haciendo. Una de las razones, claro está, es que no necesita obtener beneficios para subsistir, basta con que suba los impuestos para financiar su ruinosa actividad. Ahora bien, ésta sólo es una parte de la explicación.

Si la ciudadanía consiente e incluso estimula tal aquelarre es porque hemos sido insuflados con el virus del socialismo. En el fondo seguimos pensando que los problemas de la sociedad son algo tan simple que puede resolverse a través de regulaciones y mandatos desde arriba. La gente consiente el Estado porque desea que se mueva, que actúe y que resuelva sus problemas.

El Estado y los políticos son conscientes de esto y cada cuatro años nos venden gruesos programas electorales con cientos de miles de propuestas para construir el paraíso definitivo. Necesitan vender humo y aparentar que no están quietos, que se preocupan por sus administrados.

Pero dado que la cantidad de regulaciones en sectores como la justicia, la educación o la vivienda es difícilmente superable, tienen que avanzar hacia otros ámbitos no regulados. Una vez han paralizado y convertido en páramos ámbitos enteros de la vida social, sienten la necesidad de buscar nuevos juguetes que ofrecer a la ciudadanía. La situación es tan grotesca que los individuos sólo son capaces de ver una paupérrima seguridad, justicia, sanidad y vivienda, pero no ven que las causas de esa miseria se encuentran en su regulación y monopolización por parte del Estado.

De hecho, muchos incautos afirman incluso que es necesario más intervencionismo para solucionar los problemas que allí aparecen. La parálisis de los sectores cautivos por el Estado transmite la impresión de que no se está haciendo nada cuando en realidad el problema es que el Estado está haciendo demasiadas cosas y obstaculiza el ejercicio de la función empresarial.

Con sus subterfugios el Estado ha logrado introducirse hasta en los ámbitos más íntimos y recónditos de nuestras vidas. Ciertas intromisiones deberían ser el acabóse; ya va siendo hora de que vaya retrocediendo.

Ley de Costas o conversión de propietarios en concesionarios

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Si usted ha comprado o heredado un terreno o una vivienda en lo que el Estado considera su costa, no auguro un final feliz a su propiedad. El Estado central, en virtud del arrollador artículo 132 de la Constitución del 78 ha decretado mediante la correspondiente Ley de Costas de julio de 1988 su dominio exclusivo de toda la ribera y rías del mar (unos 7.700 kilómetros de costas españolas, incluidas las de los dos archipiélagos) por razones de "interés público" para su "mejor" conservación, protección y uso racional. Este es un monopolio más donde el Estado, tal y como ha sucedido también con el mar territorial, los recursos marinos, los recursos hídricos o todo el espectro radioeléctrico , ha decidido mantener fuera a la propiedad privada, como si ésta no usara, conservara o protegiera convenientemente sus posesiones.

Ya la antigua Ley franquista de Costas de abril de 1969 establecía un deslinde a partir del cual empezaba el dominio público de las costas. Lo curioso es que la democrática Ley de Costas de julio de 1988 ha ido más lejos: ha fijado un nuevo deslinde con su zona de servidumbre complementaria más ambicioso con respecto al del año 69, con el agravante de no contar la ley con una definición clara de hasta dónde llega su ribera y sus rías; su delimitación es ambigua y poco precisa. Esto pasa cuando el legislador trata arrogantemente de fijar o regular realidades que, por su propia naturaleza, están en permanente cambio como es, en este caso, el acceso del mar a las costas.

Una vez llevado a cabo el acto administrativo de deslinde artificial se confiscarán coactivamente las propiedades que hayan caído dentro de esta nueva demarcación estatal de interés público, que pasarán sin más a titularidad del Estado sin importar lo que diga el Registro de la Propiedad (art. 13). Además, en vez de establecer un expediente de expropiación individual por cada propiedad, la ley arbitrariamente establece una confiscación generalizada; y como "compensación" a los antiguos propietarios afectados (que muchos de ellos han obtenido su propiedad de forma totalmente legal), de la noche a la mañana serán convertidos en meros concesionarios de su antigua propiedad. Eso sí, el Estado graciosamente les dispensará de pagar cualquier canon al respecto (art. 69) por un período de treinta años. Dicha concesión podrá renovarse por otros treinta años más hasta, como máximo, julio de 2048. Esa es la fecha a partir de la cual su uso y posesión real pasará a manos del Estado (las concesiones administrativas tienen siempre fecha de caducidad).

Es verdad que todavía no se siente de forma aguda y generalizada este robo descarado, debido a que en muchas zonas costeras el municipio o la consejería de Medio ambiente y Ordenación territorial de la Comunidad autónoma respectiva (o incluso el particular interesado) no han promovido activamente aún la resolución administrativa del procedimiento del deslinde de titularidad pública (muchas autoridades locales hacen, por el momento, la vista gorda); pero no olvidemos que el primer plazo de renovación o no de estas concesiones, es decir, julio de 2018, dará ya la primera voz de alarma y que el definitivo fin de dicha concesión graciosa llegará en julio de 2048.

A esto se debe añadir otra ocurrencia legislativa: la zona de servidumbre de protección. La conforman los terrenos contiguos al deslinde, los 100 metros –tierra adentro– a partir de ese ambiguo deslinde costero trazado a lo largo de toda la ribera española, a los que podrán añadirse, al menos, otros 100 metros más por mera voluntad de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento respectivos. Esto significa que, además, estos nuevos propietarios de los terrenos meramente colindantes habrán de someterse imperativamente a las reservas o restricciones impuestos por los poderes públicos, tales como prohibición de obras o vallado a la propiedad ya existente, límites a la edificabilidad futura, restricciones a su actividad, etc.

Todos estos abusos se traducirán en numerosos litigios futuros contra el Estado que llegarán a los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. y, a la postre, la agonía podrá desembocar en el Tribunal Supremo para ver confirmado el expolio.

Pero, además, hay un serio inconveniente para la defensa de los derechos de los propietarios en general cuando son atacados por los poderes públicos: La propiedad no está amparada por el Tribunal Constitucional (sólo cabe recurso de amparo en aquellos derechos definidos como fundamentales en la Constitución del 78 que van desde el artículo 15 al 29). La propiedad, regulada en el artículo 33 de la Constitución, no es considerada un derecho fundamental. Por tanto, después de emitida sentencia contencioso-administrativa desde la instancia superior, no cabrá, pues, recurso ante Tribunal Constitucional sino, como mucho, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (pobres propietarios de costa…).

Llegado el fatídico plazo de julio de 2048, el politiquillo local de turno no se contentará con presentarse sólo en bañador y con su carnet político, sino que lo hará acompañado con las fuerzas coactivas del Estado.

Estonia y Adam Smith

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Quizá no la haya nunca, pero sí hay ciertas cosas que parecemos saber. Nos las ha señalado, entre otras experiencias de éxito, la del pequeño país báltico de Estonia. Recientemente ha aprobado su adhesión a la Constitución Europea, sin duda una mala noticia. Mala, porque lo que le ha otorgado un éxito con pocos precedentes es exactamente lo contrario de lo que pretende el infumable texto de Giscard d’Estaing: una apuesta decidida y sin compromisos por la libertad económica.

El índice de la Heritage Foundation, que la mide, coloca a Estonia como el séptimo país que más libertad permite a sus ciudadanos. En 1992 eliminó los aranceles y prácticamente todas las barreras no arancelarias al comercio. Su primer ministro entonces, Mart Laar, abrazó el comercio como la vía a la prosperidad, y ha rechazado expresamente las ayudas al desarrollo. Sus empresas se han hecho más efectivas para poder competir en un mundo abierto, y ellas han convertido a la Estonia en una economía moderna y competitiva.

Dos años más tarde se introdujo un sistema fiscal con un tipo marginal único que se mantiene en el 26 por ciento (en Georgia es del 12); es fácil y barato de cumplimentar y recaudar; evita el fraude y es lo suficientemente moderado como para no desincentivar en exceso el trabajo, el ahorro y la producción. Además se ha recortado el gasto público y llevado a cabo un ambicioso programa de privatizaciones, que deja en manos privadas el 70 por ciento del PIB.

No podemos dejar a un lado el esfuerzo de Mart Laar por hacer funcionar lo más parecido a un reloj el sistema judicial, ya que a su juicio "no puede haber economía de mercado ni democracia sin leyes, derechos de propiedad claros y un sistema judicial que funcione". El resultado es una de las sociedades más progresivas y libres del mundo; espero que la UE no le atenace.

¡Al carajo con el Estado de Bienestar!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

El consenso es amplio, o al menos tan poderoso como para que los políticos (en Europa, no fuera) no se puedan permitir discursos contra el Estado de Bienestar.

Solo que, como todo lo político, ese consenso es falso. Pagamos impuestos porque no podemos elegir otra cosa. Pero a la hora de recibir los presuntos beneficios confeccionados por la Administración con nuestro botín, los rechazamos. No nos devuelven el dinero, una vez nos quitan lo que hemos generado con trabajo y ahorro, no hay vuelta atrás. Todo lo que rechacemos de las dádivas del Estado no lo podremos recuperar por otro lado. Para mantener una conversación con amigos y demostrar a los demás lo solidario y generoso que es uno con el dinero de los demás, incluso para votar, está muy bien eso de defender el Estado Providencia.

Pero cuando le toca a cada uno, la gente prefiere pagar una segunda vez, añadida a los impuestos, y acudir al mercado para conseguir lo que realmente quiere. A la hora de elegir educación para sus hijos, la gente corre por sacar a sus hijos de los colegios públicos, si tiene la opción. Contrata seguros privados de salud, ahorra en pensiones o acciones. Aquí, además, una parte de los servicios públicos están siendo ocupados por trabajadores de otros países y, por la razón que fuere, es innegable que muchos no se sienten del todo cómodos compartiéndolos. Como dice Toni Mascaró en La teoría del desprendimiento, "cuando éste les ofrece sus servicios ‘universales y gratuitos’, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo ‘¡no, gracias!’ que, de hecho, es un ‘¡no, gracias, y quédese el cambio!’". Asfixiada por impuestos y regulaciones, la empresa privada es capaz de convencer a la gente para que pague una segunda vez, ésta voluntaria, para obtener lo que desea. La gente, a la hora de la verdad, no quiere al Estado de Bienestar en su casa.

Este desinterés de la gente por los servicios del Estado se hará mayor cuanto más rica sea la gente, cuanto más pueda decidir sobre su vida con sus propios medios. Vivimos una carrera entre el Estado y la sociedad para ver quién se queda con la riqueza añadida que la parte privada de la economía crea cada año. Por eso es importante la iniciativa del Instituto Juan de Mariana de abogar por una sociedad de propietarios. El informe muestra que, sin excesivo esfuerzo añadido, sin más que ahorrar e invertir a largo plazo, con constancia y buen sentido, una familia media o incluso con escasa renta podría acumular en 20 ó 25 años el patrimonio suficiente como para seguir una vida independiente y segura. Incluso pueden bastar 15 años. Ha llegado la hora de sacar todo el partido a lo que nos queda de sociedad libre y desengancharnos, uno a uno, del Estado de Bienestar.

Los cárteles

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Neelie Kroes, la comisaria europea de Competencia, ha declarado que los cárteles tienen un impacto negativo en la economía y aseguró que provocan como resultado el aumento de los precios. La ocasión ha sido el anuncio de la segunda multa más alta de la historia, 519 millones de euros, impuesta por la Comisión Europea en materia de Competencia. Se trata de una sanción a cinco empresas dedicadas a la producción del caucho sintético por formar un cártel entre 1996 y 2002 cuyo objetivo, según considera demostrado la Comisión, era pactar los precios.

El episodio no puede sino traer a la memoria el origen de las políticas antitrust. A finales del siglo XIX un furibundo detractor de las uniones y los acuerdos entre empresas lideró una campaña para aprobar una ley que regulara la competencia. Este enemigo de los cárteles y los trusts era un tal John Serman, senador por Ohio. Su principal argumento para establecer leyes que intervinieran en los libres acuerdos entre productores en el mercado era el mismo que el de Neelie: los cárteles buscan elevar los precios. Sin embargo, por más que John Sherman repitió este argumento, la realidad se empeñó en no darle la razón. En aquellos mercados donde se producían acuerdos empresariales de integración vertical u horizontal el resultado fue que la producción creció un 175% de media en diez años mientras que en el resto de los sectores lo hizo un 24%. De ahí que los precios le dieran sistemáticamente la espalda a las palabrerías de Sherman.

Desconozco si los precios del caucho le dan la razón a Neelie Kroes o no, pero debo reconocer que el dato no me resulta particularmente importante. Y es que las empresas deberían de tener todo el derecho del mundo a establecer los acuerdos empresariales que estimen oportuno sin que una Neelie Kroes o un John Sherman les impongan sanciones. Habitualmente este tipo de acuerdos suele consistir en gestionar los factores de las distintas empresas para reducir los costes de producción. Pero aun si los acuerdos tuviesen como finalidad elevar los precios no queda claro cuál es la legitimidad del Estado para multarles. Toda empresa y todo individuo pueden decidir no vender por debajo de un precio. Eso sí, con esta decisión perderá parte de su clientela. ¿Por qué debería tratarse de otra forma la renuncia a vender por debajo de un precio por parte de varias empresas si son legítimos dueños de lo que ofrecen? Lo importante en estos casos es observar si existe libertad de entrada y salida en ese mercado. Siempre que la haya, los acuerdos no pueden maltratar injustificadamente al consumidor sin que se fomente la aparición de competidor que traten de aprovechar el campo abandonado por las antiguas empresas que habrán quedado especialmente desprestigiadas ante su clientela.

El origen de los organismos de defensa de la competencia en Europa está relacionado con los cárteles auspiciados por los poderes públicos de los distintos países de la Comunidad Europea mediante licencias y tratos de favor a determinadas empresas. Ningún país veía con buenos ojos a los privilegiados cárteles de los países vecinos. Sin embargo, una cosa es luchar contra los privilegios que impiden la libre entrada y salida en el mercado y otra bien distinta es imponer multas por colusión.

Las sanciones sólo sirven para alimentar los deseos de intervención por parte de políticos con ansias de ascender en el escalafón estatal a base de multas record. Por otro lado, es significativo que ese dinero nunca se emplea en compensar a los consumidores que supuestamente "pagaron de más". El estudio de la correspondencia de Sherman ha demostrado recientemente que el senador nunca estuvo en contacto con los consumidores supuestamente afectados mientras que mantuvo un gran tráfico epistolar con las pequeñas e ineficientes empresas de la competencia. ¿Estará ocurriendo lo mismo con los modernos organismos de defensa de la competencia o simplemente no saben distinguir entre la defensa del mercado libre y el establecimiento de la estructura que a ellos les gustaría que existiese?

La antropomorfa

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El Instituto de la Mujer es un departamento tan inútil como otros cientos de organismos que infestan nuestra administración, si exceptuamos los varios miles de "observatorios" existentes, pináculo de la estolidez humana hecha órgano administrativo, que en esta materia encabezan la lista a gran distancia del segundo clasificado. Jamás los supuestos problemas de las sociedades estuvieron tan observados como ahora. Eso no quiere decir que el gobierno vaya a resolverlos, claro. Los problemas seguirán ahí pero muy bien observados, lo que es un alivio, sobre todo para el bolsillo de miles de funcionarios dedicados a "observar" día y noche el problema en cuestión.

La creación de organismos sigue en las socialdemocracias el proceso inverso dictado por la lógica. Primero se crean y después se buscan las funciones que deberán realizar. No hay noticia de ningún país del mundo en el que un departamento gubernamental se haya autodisuelto por considerar que sus actividades ya no son necesarias. Al contrario, la vocación de los burócratas es crecer más y más, aunque para ello tengan que acabar protagonizando majaderías como ahora el Instituto de la Mujer y su campaña "nombra en red", o la otra empresa cultural del mismo instituto destinada a reformar los cuentos infantiles en clave progresista, uno de cuyos primeros requisitos es exigir que se hable de personajes y "personajas".

Rosa Peris, la presidenta del invento, afirma con total seriedad que la modificación de los sustantivos genéricos es "una necesidad existencial de la mujer", convirtiéndose así en portavoz de todas las mujeres, la inmensa mayoría de las cuales no pierde el tiempo con las gilipolleces de su instituto. Pero los progres son así; como ungidos que son suelen hablar en nombre del género humano. También dice "la presidenta de las mujeres" que el masculino genérico es un "ladrillo simbólico del patriarcado", para finalizar metiéndole un chorreo a la Real Academia por permitir que la lengua española tenga tantas connotaciones "antropomórficas" y además por no cumplir el requisito de paridad entre sus miembros. Con su facilidad para el patinazo metafórico, yo creo que a doña Rosa habría que hacerle un hueco en la academia, sentadita al lado de Carmen Calvo, la sucesora de Antonio Nebrija, gran experta en etimología latina. Menudo par de personajas.