Ir al contenido principal

La quiebra que viene

Pues bien, algo similar ocurrió la semana pasada con el sistema público de pensiones. Joaquín Almunia, comisario europeo de Economía y Finanzas y antiguo candidato socialista a la presidencia del Gobierno español, sostuvo en el diario francés Libération que el modelo social europeo está en crisis y que será insostenible dentro de 40 años.

Que los políticos, defensores, impulsores y principales beneficiaros del sistema de dependencia estatal, empiecen a reconocer su quiebra no significa, desde luego, que se hayan convertido en unos ultraliberales sin complejos de la noche a la mañana, sino que ni siquiera ellos pueden ocultarla, con su poderosísimo aparato propagandístico. Si un socialista reconocido habla en tales términos será porque la situación es realmente alarmante.

Ciertamente, poco más cabía esperar de un sistema de pensiones patrocinado por el Estado y basado en una absurda redistribución intergeneracional. Las nociones económicas más elementales sugieren que antes de consumir debo producir y que si en un momento no puedo producir pero quiero consumir deberé haber ahorrado la producción precedente. O dicho de otro modo, si soy incapaz de trabajar durante la tercera edad y quiero seguir consumiendo al ritmo anterior, deberé ahorrar durante mi juventud y madurez.

Los políticos, dictadores y demás ralea, desde Bismarck y su Sozialpolitik, encontraron otra vía para lograr consumir sin pasar por el engorroso trámite de la producción: basta con arrebatarle la producción al vecino. Así, los ancianos deben dejar de preocuparse sobre cómo sobrevivirán cuando dejen de trabajar; otros, los más jóvenes, pagarán la factura.

Claro que ni siquiera los demagogos más redomados podían aprobar un sistema donde una parte de la población –por muy desvalida y tierna que nos parezca– robara con tanta claridad y desparpajo a la otra parte. De ahí que se intentara convalidar el invento con un apaño que sólo institucionalizaba el delito: los jóvenes de hoy aguantaban estoicamente la sustracción de parte de sus rentas porque en el futuro el Estado les prometía que serían ellos los que rapiñaran las rentas de sus hijos.

Este esquema, asentado sobre el robo, la corrupción y el engaño, pasó a denominarse con el tiempo "sistema de reparto", y para muchos resultaba ser el máximo exponente de la llamada "solidaridad intergeneracional"; a saber, hoy trincas tú, mañana trinco yo.

Por supuesto, no hacía falta ser una lumbrera para darse cuenta de que este sistema de reparto sólo funcionaría mientras los jóvenes contribuyentes fueran relativamente más que los ancianos pensionistas. Pero este principio es internamente inestable, ya que si hoy el número de contribuyentes es mayor que el de pensionistas, mañana habrá tantos pensionistas como contribuyentes, a menos que el número de estos últimos esté en continua e imparable ascensión; lo cual es equivalente a afirmar que podemos evitar los disparos de una pistola si corremos delante de las balas pero más deprisa que ellas.

Lo cierto es que la quiebra del sistema de reparto es la muestra más visible de su fracaso. Pocas críticas más devastadoras existen contra un mecanismo como la de que no funciona ni puede funcionar. Sin embargo, no deberíamos caer en el error de creer que esta estafa sin proporciones –lo que Almunia llama "nuestro modelo social"– fue una suerte de luna de miel demasiado cara. No deberíamos mirar hacia atrás con añoranza, lamentar la deformación de nuestra pirámide poblacional y decir amargamente: "Fue bonito mientras duro". Una cosa es que el fracaso se haga visible ahora hasta para los socialistas y otra muy distinta que su funcionamiento no fuera intrínsecamente miserable desde el principio.

Como ya hemos explicado, los sistemas de reparto hacen prescindible el ahorro como provisión para la jubilación. La contribución mensual de cada trabajador a la Seguridad Social no se ahorra hasta que éste llegue a la vejez, sino que se entrega ipso facto a un pensionista actual, que previsiblemente la consumirá en su práctica totalidad.

Esto tiene dos efectos perversos sobre el bienestar de los individuos. El primero es que la contribución mensual no es capitalizada, y por tanto no se incrementa a un interés compuesto periódico. El segundo es que la acumulación de capital es mucho menor de lo que podría haber sido.

En los próximos días el Instituto Juan de Mariana publicará un estudio sobre la Sociedad de Propietarios donde se explica cómo la capitalización de nuestros ahorros podría proporcionarnos, siendo conservadores en la estimación, unas rentas mensuales de más de 3000 euros a partir de los 50 años. En otras palabras, la retención coactiva por parte del Estado de la cuota de la Seguridad Social imposibilita que los trabajadores españoles inviertan esa porción de sus salarios y lograr remuneraciones mucho mayores a las que, aun en las previsiones más optimistas, podrá proporcionarles la Seguridad Social.

Por tanto, los intervencionistas son culpables de imponer por la fuerza un sistema que no sólo es ruinoso, sino que sólo ha distribuido unas míseras pensiones del todo insuficientes para lo que ellos mismos denominan una "vida digna". Cuando un estatista le diga que la privatización de las pensiones va en contra de la tercera edad, recuérdele que, muy al contrario, es la Seguridad Social y su intervencionismo rampante lo que empobrecen a los jubilados, atándoles a unas paupérrimas e inciertas rentas.

No sólo eso, a diferencia de los sistemas de reparto, los de capitalización incrementan los ahorros disponibles, y de este modo la inversión, la acumulación de capital y la productividad, dando lugar a aumentos de salario y a reducciones de precios.

En resumen, las pensiones privadas no quiebran, permiten incrementar los salarios, reducir los precios y, sobre todo, lograr una independencia financiera mucho mayor a la obtenida de las pensiones públicas.

Los principios de solidaridad y bienestar blandidos por los intervencionistas no son más que patrañas que ocultan una verdad inquietante: los sistemas de reparto empobrecen a todo el mundo salvo a los políticos, que siguen gestionando y manejando las vidas y ahorros de toda la sociedad. En la consecución de este fatal objetivo no se han privado de utilizar mentiras, propaganda, sentimentalismos baratos y torrentes de demagogia.

Poco les ha importado que estuvieran arruinando el presente e hipotecando el futuro de la sociedad. Los políticos sólo se mueven por la sed de poder; los de ahora no tendrán que afrontar la quiebra del sistema en el futuro, por lo que no moverán ni un dedo para ampliar nuestra libertad. Pero lo cierto es que cada día que pasa la transición se vuelve más complicada y costosa; su inacción represora actual será nuestro gran problema mañana. Lo saben todos tan bien como Almunia: es hora de poner fin a un esquema intervencionista que sólo ha traído pobreza y que nunca debería haber nacido.

Reexaminando la crisis de los 70

Tras tres décadas de pensamiento único keynesiano, la crisis de los años 70, que trajo a la vez paro y subida desbocada de precios, sumió en la confusión a los apóstoles de la macroeconomía de la inflación. Según la macroeconomía keynesiana, las causas de las crisis y del paro eran la demanda insuficiente de bienes y el atesoramiento excesivo. Contemplar a la vez el paro y la inflación en el doble dígito no les cuadraba.

Aunque hubo bastantes deserciones en las filas keynesianas, los inflacionistas más pertinaces se sacaron curiosísimas explicaciones para explicar lo que ellos habían reputado imposible. Aparecieron diversos chivos expiatorios: los árabes y el petróleo, las políticas de rentas y los trabajadores que querían aumentos de salarios para compensar la depreciación monetaria o los siempre denostados especuladores que “hacían subir los precios”. Se habló de “inflación de costes” (de una nueva naturaleza) y de no sé cuántos pretextos más.

Eso sí, han mantenido silencios culpables con relación al definitivo cierre de la ventanilla del oro al que condujeron tres décadas de keynesianismo inflacionista, sobre la naturaleza del sistema monetario instaurado a partir de entonces y, en definitiva, sobre la mayor o menor confianza que el papel moneda gubernamental suscitaba entre los particulares.

Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, los grandes mercados alcistas en materias primas del siglo XX –1907-1920, 1933-1953, 1968-1981– han coincidido y, no por casualidad, con largos periodos de inflación monetaria. Han sido éstas épocas de turbulencias asociadas a un gasto y a unos déficit públicos desbocados, y a conflictos armados (la Primera Guerra Mundial; la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea; la Guerra de Vietnam y el desorden monetario de los 70). En tales entornos, la práctica totalidad de las materias primas, ya se traten de productos agrícolas, metales o fuentes de energía, aparecen como refugios alternativos bastante más idóneos para la conservación de los patrimonios que el dinero de curso legal y los activos financieros en él denominados.

El sistema monetario actual se compone así de un amplio abanico de activos –un popurrí de divisas, toda clase de activos financieros e inclusive un número significativo de materias primas en épocas de inflación e incertidumbre– susceptibles de ser utilizados como instrumentos monetarios según conveniencias de tiempo, espacio o legislación. El gran problema de todo ello es que la piedra angular de este nuevo sistema, las divisas nacionales (que no son otra cosa que el pasivo de los diversos bancos centrales nacionales en forma papel moneda inconvertible) carecen de las propiedades que un buen dinero debe poseer.

Algunos pueden considerar paradójico que durante casi veinte años la misión de dar estabilidad al dólar haya recaído en Alan Greenspan, un declarado partidario del patrón oro, discípulo además de Ayn Rand, una de las más ilustres defensoras del libre mercado en el siglo XX. Sin embargo, la designación de Greenspan en EE.UU., igual que la apuesta por la ortodoxia en las cuentas públicas del Tratado de la UE en Maastrich, muestra, antes que nada, un intento casi desesperado por parte de los gobiernos de dar credibilidad a su papel moneda y evitar una huida seguramente devastadora. Estas son las características del nuevo sistema donde, más que nunca, la cantidad ha dejado paso a la cualidad y donde una buena parte de la clave para comprender las idas y venidas en los precios de las materias primas y de las distintas monedas nacionales hay que buscarla en la utilización alternativa por parte del mercado de variados instrumentos para llevar a cabo las funciones monetarias.

Todo el periodo de la crisis de los 70 nos dejó una valiosa enseñanza que Carl Menger ya había explicado un siglo antes. El dinero no es una cantidad que pueda generarse o imprimirse a partir de la nada y por decreto, sino una cualidad –la liquidez– que el mercado descubre en los bienes y en los activos. La liquidez consiste en no sufrir pérdidas de valor (o pérdidas de tiempo) al desprenderse de cantidades incluso enormes de un bien. Ora el dinero mercancía, ora los activos monetizables, han de ser aquellos que constituyen o representan los bienes más deseados por el mercado. Aquellos con una demanda más amplia, estable y permanentemente insatisfecha. Inexorablemente, la violación de esta ley significa tener que pagar el precio de las recesiones. Que sean “deflacionarias” o “inflacionarias” sólo dependerá del activo que tomemos como referencia para expresar los precios.

Precios contra la pertinaz

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha propuesto que los ayuntamientos apliquen tarifas crecientes en diferentes tramos, a partir de los 60 litros por persona y día. El objetivo es claro: limitar el consumo a los usos más urgentes.

No es la peor de las ideas que puede salir de ese Ministerio, pero las hay mucho mejores. La tarifa es un precio falso, un mal reflejo de lo que haría un mercado en libertad. ¿Por qué no, entonces, introducir verdaderos precios?

El agua es un bien escaso, y por tanto un buen candidato para el mercado. No hace mucho Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, explicaba en un artículo en el Wall Street Journal cómo los empresarios han llevado agua de calidad y a buen precio incluso a las áreas más pobres de Iberoamérica; a las que no llega el agua pública. Si es así entre los más pobres, ¿cómo no hacerlo en un país rico pero deficitario en agua?

La mayoría del agua se la bebe el campo, donde se pierde mucho líquido por mala gestión y falta de infraestructuras. Si los dueños y gestores del agua tuvieran interés en sacar del líquido el mejor provecho, las fugas se reducirían notablemente y tendríamos más aguas para usos muy necesarios.

Los precios, a diferencia de las tarifas, se ajustan automáticamente a la escasez relativa del bien, con lo que subirían cuando hay sequía, fomentando el ahorro, y daría un respiro al bolsillo en época de abundancia. La diferencia de precios entre regiones crearía oportunidades de beneficio para los trasvases, y sólo se harían si fueran económicamente eficientes. Por último, el enfrentamiento regional desaparecería, porque el dinero fluiría en sentido opuesto al agua. Todos saldrían ganando, que ese es el principio del intercambio.

Una historia Gore

Desde que dijo que él se había inventado Internet, Al Gore le ha cogido gusto a decir la verdad al público. Su tema preferido es el del calentamiento global y a él le ha dedicado muchas horas de estudio. Ha recorrido el mundo en busca de los efectos de la subida del termómetro de la Tierra, recogiendo las opiniones de los científicos que cuadraran con su propia visión y perfeccionando su mensaje charla tras charla. La combinación de todo ello con el mejor hacer de Hollywood ha dado como resultado un documental extraordinario: Una verdad incómoda.

El relato es sencillo. Un gráfico que ordena 650.000 años, los últimos, con la evolución del CO2 y la temperatura de la Tierra. Parece la historia de dos amigos inseparables. Luego Gore abre la espita del CO2 en los últimos años, y termina con una vertical que rompe el gráfico. Si la temperatura le sigue en su trayecto, nos viene a decir, esto se va a convertir poco menos que en un nuevo Marte. No dice, claro, que en los períodos interglaciares la temperatura de la Tierra fue mayor a la actual, con menos CO2. Hace creer al espectador que el gas es la principal causa de variación de la temperatura, lo que sencillamente es falso. Es más, si la Tierra se está calentando o no, no es una cuestión cerrada, ya que la medición más precisa de la temperatura global, la recogida por los satélites en la atmósfera, no dice que sí. También somete al espectador al ejercicio de imaginarse cómo se fundirá el océano antártico y sus terroríficas consecuencias, sin mencionar que su temperatura es variable y que no hay que irse muy atrás en el tiempo, en los 1930’, para encontrar años menos fríos por esas latitudes que los actuales.

Pero más allá de las inexactitudes, de las sugerencias tramposas, de las ausencias resonantes en materia científica, llama la atención que mienta cuando dice que el consenso científico es total y que él viene a ser un torpe y humilde portavoz. No hay más que ver las declaraciones sucesivas hechas por Científicos Atmosféricos del Cambio Climático (CAECI) y las de Heidelberg, Leipzig y Oregón, en las que miles de científicos de primer orden reconocen que el consenso científico no existe y denuncian que hay un intento por manipular la ciencia con objetivos políticos.

Pero lo mejor es el final. Una vez metido el miedo en el cuerpo, Gore nos dice que todo se puede conseguir con voluntad política. Y pone un ejemplo muy aleccionador: si utilizáramos una serie de tecnologías más eficientes, reduciríamos nuestras emisiones de CO2 no ya por debajo de 1990, como pretende Kioto, sino de las de 1970. Muy bien, pero ¿quién desarrolla e implanta tecnologías más avanzadas? ¿Los políticos? ¿No serán más bien los empresarios en el mercado? Pues eso parece. Y no tenemos más que ir al ejemplo de… los Estados Unidos que, gracias a la viveza de su economía, pese al aumento de población y al crecimiento económico, de 1997 a 2003 aumentaron las emisiones de CO2 en un 0,007 por ciento. Nada. Vamos, que no necesitamos a los políticos. A usted tampoco, Mr. Gore.

Terrorismo y cambio climático, según ZP

Incluso suponiendo que fuera cierto que la actividad humana es la principal responsable de un cambio climático que estuviese provocando muchas más muertes de las normales, la comparación es totalmente obscena. La reacción de un hombre decente debería de ser: "¿y qué?". Mientras que el supuesto incremento de las muertes por el cambio del clima no serían intencionales y se parecerían mucho a las que tienen lugar en los accidentes de carretera, el terrorista mata conscientemente a sus víctimas para conseguir algún tipo de fin político; en el caso de ETA la sangre derramada hasta ahora tiene el propósito de establecer un estado socialista en el País Vasco. Comparar lo uno con lo otro es fruto de una mente retorcida y perversa capaz de obviar la gigantesca diferencia que hay entre la decisión de asesinar y la ocurrencia de una accidente. Es precisamente lo que ha hecho el entorno de ETA durante años comparando el número de asesinatos con los muertos en accidentes de tráfico para concluir que tampoco es para tanto lo que hacen.

La comparación es todavía más detestable si tenemos en cuenta que los científicos todavía no tienen nada claro en qué medida la actividad del ser humano puede estar contribuyendo al cambio del clima, a través de las emisiones de CO2, en comparación con otros factores como el vapor de agua o la actividad solar. Lo que sí parece que reúne cierto consenso científico es el hecho de que, aunque congelásemos las emisiones de dióxido de carbono como pretende el Protocolo de Kyoto, el calentamiento apenas se reduciría en 0,07 grados centígrados.

Pero es que además, ¿cómo puede Rodríguez culpar al cambio del clima de la muerte de tanta gente si el clima siempre ha estado cambiando? Sospecho que el calentamiento que se produce desde la última era glaciar hasta la actualidad ha salvado millones de vidas. Si se refiere sólo al calentamiento que ha tenido lugar en los últimos cien años, en los que el planeta se ha calentado en torno a los 0,6 grados centígrados, éste puede haber sido malo para algunas personas pero, sin duda alguna, está siendo buenísimo para otras muchas. No olvidemos que, según los modelos usados por las Naciones Unidas, el calentamiento tiende a darse sobre todo en las regiones más frías del planeta. ¿Quién decide qué es más valioso? ¿El mal o el bien que causa el cambio actual del clima? ¿O es que vamos a renunciar a pensar que el calentamiento –tenga la causa que tenga– tiene efectos positivos sobre el ser humano? Detrás de las palabras de ZP también se esconde la peligrosa idea de un óptimo climático que deberíamos de estar persiguiendo continuamente.

Sin embargo, hay un aspecto del que no nos habla ZP en el que el cambio climático y el terrorismo se parecen extraordinariamente. Esa similitud no es otra que la reacción de los gobernantes ante dos fenómenos tan distintos. Y es que tanto el terrorismo como el continuo cambio del clima les sirven de coartada para concentrar más poder político en manos del Estado. Cada mensaje ecológico catastrofista y cada alarma por acciones terroristas están sirviendo a los gobiernos para reducir las libertades económicas y civiles de los individuos. Si no decimos "basta ya" a tiempo, un día nos encontraremos vagando por una sociedad donde un gran hermano vigila todos nuestros movimientos "con el fin de protegernos" mientras que un comité de planificación central ordena cómo producir y cómo resolver los problemas medioambientales con los que nos vayamos encontrando.

Observando a los medios

El pasado 17 de octubre el Instituto Juan de Mariana presentó el primer estudio del Observatorio de Medios. Nuestra finalidad es que en un breve período de tiempo el Observatorio se convierta en un verdadero fiscal contra el sesgo antiliberal que impera en los medios de comunicación españoles y en la mayoría de los profesionales del periodismo. Pero el OM pretende ser mucho más que esto. La idea es que las palabras de nuestros venerados políticos no caigan en el saco del olvido; que una institución ajena a los medios de comunicación recopile todas las promesas en defensa de la libertad y las vuelva a sacar a la luz cuando sean incumplidas, así como recordar sus desvaríos y disparates liberticidas a los que tan acostumbrados nos tienen cuando sus consecuencias sean obvias para la población.

En el primer estudio del OM se ha realizado un seguimiento del Ministerio de Medio Ambiente y las noticias medioambientales en los medios de comunicación. Las principales conclusiones son que la mayoría de las informaciones en este campo son creadas por las propias administraciones públicas (46,24%) seguidas por los grupos ecologistas (18,04%). En general las noticias están concebidas para ayudar a las primeras a poner en marcha medidas administrativas y organismos de difícil justificación sin la aparición de estas noticias y, presumiblemente, para justificar mayores niveles de gasto en las administraciones y mayor afluencia de fondos hacia las organizaciones ecologistas.

Además, el carácter de urgencia de la mayor parte de las noticias juega a favor del objetivo común a estos dos tipos de organizaciones: reducir el ámbito de las libertades individuales en este campo logrando poderes de gestión propios de una sociedad donde la idea de libertad ha sido devorada por la de democracia y el ejercicio de los derechos individuales queda circunscrito al movimiento de muñeca con el que participamos en la elección de nuestros amos y señores. Para conseguirlo se sirven del alarmismo más descarado y cuentan con la colaboración pasiva –y en ocasiones incluso activa– de la mayoría de los medios de comunicación, que raramente analizan de forma crítica la veracidad o el grado de soporte científico de estas informaciones.

De hecho, el momento del lanzamiento de este primer informe sobre medio ambiente no podía ser más oportuno. Pocos días después, WWF/Adena reavivó el catastrofismo más rancio de los años 70 y anunció en la presentación de su informe Living Planet 2006, como ocurriera en Los Límites del Crecimiento del Club de Roma, que en menos de 45 años habremos acabado con el planeta Tierra. El anuncio fue recogido por todos los medios de comunicación generalistas sin el más mínimo comentario crítico. La organización ecologista aprovechó para pedir un urgente cambio de estilo de vida y, cómo no, de modelo de sociedad. No hay duda de cuál es el patrón que todos deberíamos de seguir en opinión de estos enemigos acérrimos del capitalismo porque, según el propio informe, sólo hay un país en el mundo en el que se cumplen los criterios de desarrollo sostenible. Ese paraíso no es otro que Cuba, la isla cárcel de Fidel Castro en la que lo único sostenible es el régimen de terror.

Así mismo, dos semanas después de presentar nuestro informe, la ministra de Medio Ambiente propuso limitar el consumo de agua para uso doméstico bajo el pretexto de que se trata de un bien muy escaso de primera necesidad que se nos agota. Esta señora es una absoluta demagoga que oculta que el 80% del agua se emplea en un sistema agrícola de planificación central en el que el agua está subvencionada. Pero eso ya lo sabíamos. Quizá es más importante recordar que si contásemos con un mercado y un precio libre para el agua, no tendríamos los problemas de carestía que tenemos.

Sería interesante ver qué hubiese sido de ciudades como Phoenix (Arizona) si hubiesen tenido una Narbona a principios de siglo XX. Lo que es seguro es que hoy no habría pasado de ser un pequeño pueblo en medio del desierto. La libertad de mercado y el precio libre del agua es lo que permitieron que los empresarios llevaran el agua al desierto para crear una de las ciudades más prósperas de EE.UU. Narbona merece que alguien le recuerde esta propuesta el día que la prensa no se acuerde de sus estupideces. En sólo un año los medios olvidaron que prometió que el coste de Kyoto nunca superaría los 85 millones de euros anuales así que cabe esperar que su nueva criatura intelectual sea olvidada antes de la próxima Navidad. Trataremos de que el Observatorio de Medios esté aquí mucho más tiempo para recordarle a ella y a toda la clase política sus promesas y sus desvaríos.

Queda mucho trabajo por delante en esta y en otras áreas, pero el hecho de que un instituto independiente que defiende las libertades individuales haya emprendido una empresa como esta es en sí mismo un motivo para mirar el futuro con más optimismo.

Llega la narbomulta

Cada cual es muy dueño de establecer sus pautas higiénicas (diarias, semanales, mensuales, etc.); allá él (o ella) y los que les rodean, pero lo que no está bien es tratar de imponer a los demás esas costumbres, por otra parte más que dudosas, que no deberían sobrepasar la parcela más íntima del ser humano.

La ministra Narbona, que desde que llegó al cargo no para de darnos alegrías, amenaza ahora con castigar pecuniariamente a quienes gastemos más de sesenta litros de agua diarios. Para fijar el cupón de esta cartilla de racionamiento higiénico se ha hecho asesorar, según ella misma confesó, por la ONG Ecologistas en Acción. Hombre, hubiera sido mejor que tomara como modelo de consumo a cualquiera de sus colegas de gabinete, de los que tienen chalecito con césped, piscinita y jacuzzi, porque con esa media hubiéramos tenido un respiro los demás, que no tenemos más remedio que recurrir a la ducha hogareña para toda la familia, en muchos casos numerosa. Porque si se toma como referencia a unos señores acostumbrados a luchar por la salvación del planeta pegando barrigazos por los sembrados y haciendo gala de su compenetración telúrica con su aspecto y hábitos, al final acabamos todos fastidiados. Es como si me toman a mí, alopécico galopante (el exceso de testosterona, ya se sabe), como referencia para la producción nacional de peines; al final, los que lucen una envidiable cabellera acabarían todos multados.

Pero es que el caso del racionamiento del agua es todavía peor, porque, en esencia, no existe ningún motivo para que su uso deba ser restringido. En España, como es notorio, no hay escasez de agua. Hay tan sólo un desequilibrio entre las cuencas del tercio norte y las del tercio sur, para lo cual el ingenio humano inventó los trasvases, el último de los cuales fue suprimido precisamente por el partido de la ministra Narbona. Que sea ella precisamente la que venga a reñirnos (y multarnos) por lo que no es más que una consecuencia de su propia ineficacia y mala fe es algo que sólo puede admitir sin rebelarse una sociedad políticamente anestesiada como la española.

Por otra parte, este asunto del racionamiento del agua potable suscita múltiples interrogantes, a cual más ominoso: Si tengo un vecino ocupa, ¿puedo comprarle su abundante excedente hídrico mensual para evitar la narbomulta? ¿Servirá la gastroenteritis, debidamente justificada con un informe médico, como atenuante del exceso de agua consumido ese mes? ¿Las mascotas entran en el cupo de sesenta litros por persona o se les asignará una parte adicional en proporción a su peso y altura? ¿Volverá Raúl a la selección española? ¡Que llamen a Garzón!

Bolígrafos para la democracia

No me refiero a una ONG inspirada por Robert Dahl, ni tampoco pretendo hacer una reflexión sobre el republicanismo de los Discorsi de Maquiavelo. Mi objetivo es más modesto: ilustrar la utilidad de los métodos cuantitativos y experimentales en las ciencias sociales pese a sus críticos.

El sociólogo marxista Bourdieu, cuya aportación al conocimiento es indirectamente proporcional a su fama, es el autor de una de las críticas más cacareadas a los métodos cuantitativos. En particular, el francés despreciaba los estudios de opinión pública, en su opinión estructuralmente sesgados porque sus objetivos no eran otros que perpetuar el statu quo y reproducir y legitimar los valores de la clase opresora.

Es cierto que la opinión pública es más que una encuesta, y que con relativa frecuencia los investigadores realizan un juicio a priori sobre lo que preocupa a los ciudadanos, dejando fuera de su investigación temas relevantes. No obstante, otras veces los sondeos ayudan a desmontar el discurso de la élite y dan la voz al pueblo en asuntos fundamentales. Precisamente eso ocurrió en Nicaragua tras las elecciones presidenciales de 1990, las primeras libres tras la dictadura de Daniel Ortega.

La sorprendente victoria de Violeta Chamorro, quien aventajó al socialista en 14 puntos porcentuales, es para muchos un misterio, pues las encuestas previas dieron ganador al líder sandinista. Sin embargo, un experimento posterior demostró que más que un problema técnico, el fallo se debió al miedo.

Los investigadores diseñaron tres muestras homogéneas de la población, dos experimentales y una de control. El tratamiento consistió en el bolígrafo de los encuestadores: un grupo llevaba uno en el que se leía "Ortega presidente", otro exhibía el nombre de la coalición opositora, "UNO". Los encuestadores del grupo de control no portaban ningún signo partidista. La pregunta era bien sencilla: "¿A quién votó en las presidenciales?".

Los resultados fueron tan llamativos como la comparación entre las encuestas preelectorales y la votación real. La muestra de encuestadores aparentemente sandinistas dio la victoria a Daniel Ortega con el 62% de los votos, casi el doble del porcentaje que el dictador había obtenido en las elecciones. El grupo de control también se mostró favorable a los sandinistas, mientras que los encuestadores presuntamente chamorristas consiguieron unos resultados casi idénticos a los reales (Bischoping & Schuman, American Journal of Political Science, 1992: 331-351). Es decir, que todo lo que quedó de la experiencia socialista en Nicaragua, además del colapso económico, la guerra y el genocidio de los indios misquitos, fue un inmenso terror. Triste legado y sin duda motivo de vergüenza y bochorno para los progres europeos y norteamericanos que durante los años del FSLN se aficionaron al turismo político. Los testimonios de arrepentimiento son escasos, y en casi todos los casos, incompletos. El a menudo plagiado y raramente reconocido Pareto ya había advertido en su Manual de Economía Política que la religión jacobino-socialista fomentaba una piedad morbosa de cuya fe sería muy difícil abjurar.

Infelizmente, la democracia no ha conseguido desterrar ni la corrupción ni la oligarquización de la política nicaragüense. Si a esto le sumamos la división en el campo liberal-democrático y la labor conjunta de zapa de somocistas y sandinistas, el panorama político de Nicaragua tras las elecciones generales del cinco de noviembre no puede ser peor: mayoría sandinista en el legislativo y nueva presidencia de Daniel Ortega, aunque tal vez esto pueda ser evitado si se produce una segunda vuelta en la elección presidencial.

El etnocentrismo, la arrogancia y el cinismo llevan en ocasiones a considerar que algunos países no tienen remedio, mientras que aquí todos son iguales. En efecto, la diferencia entre unos y otros puede en algunos casos limitarse a unos cuantos grados de intervencionismo y clientelismo. Pero existe otra, cualitativa y fundamental, que desde la abulia de las sociedades ricas es difícil de percibir: el derecho al pataleo, mínima expresión de la irrenunciable libertad de expresión que unos permitirán y otros se afanarán por reprimir.

Entre el business as usual (el salvadoreño Francisco Flores es la excepción que confirma la regla) y la nueva revolución, no cabe la displicente neutralidad del libero-pijo de Primer Mundo, quien contempla el mundo desde su cómoda torre de marfil, o que víctima de cierto elitismo pseudoleninista (el radical chic también es transversal) se imagina una Arcadia surgida necesariamente tras la hecatombe. Muchos ecuatorianos y nicaragüenses les responderían que en estos momentos más vale dejar la revolución para otro día.

Bolígrafos para la libertad y gafas para la miopía. También la nuestra.

El camarada Solbes nos sube los impuestos

Esta última forma de actuar es la que caracteriza al gobierno: el responsable de que Cuba sea una ruina no es el comunismo, sino los norteamericanos; el fraude fiscal no se debe a los altos impuestos, sino a la codicia de los contribuyentes; que la gente no ahorre no se debe a los elevadísimos impuestos y políticas monetarias expansivas, sino al consumismo enfermizo de los ciudadanos. Y en fin, así todo.

Ahora Solbes ha dicho que se verá forzado a subir las tarifas eléctricas y agua porque el "sistema actual no es sostenible". La culpa –no falla– es nuestra porque gastamos demasiado.

Como el sistema socialista no funciona, y en esto Solbes tiene toda la razón, el ministro ha decidido seguir con el mismo régimen. Y es que el incapaz no aprende nunca. El razonamiento de Solbes es imponer un precio "disuasorio que discrimine" a los consumidores para conseguir "criterios económicos de mayor eficacia", es decir, más impuestos. Mientras que este carácter disuasorio y la eficiencia se crean solos en un escenario de libre mercado, siendo además el resultado de nuestras decisiones, Solbes nos excluye del proceso creyendo que él nos representa mejor porque es más ilustrado, justo y responsable que nosotros mismos. Es decir, que somos idiotas; debe ser por eso que le votaron.

El libre mercado, que no es más que la gente interactuando, ya equilibra solito la oferta y demanda por medio de la variación de precios generando así beneficios para todos, ya seamos consumidores o accionistas. En cambio, cuando es el Estado quien emula el sistema de libre mercado manipulando los precios con impuestos (sistema Solbes) sólo hay un ganador: el propio Estado. Ni los consumidores ni las empresas ganan en este proceso, que provoca una continua escasez y precios más altos. Las medidas de Solbes no van a arreglar ningún problema; sólo lo aplazarán en el tiempo. Y es que, en el fondo, la decisión del gobierno no es más que otra medida recaudatoria.

Además de vaciarnos la cartera hemos de escuchar cómo nos vilipendian. Nos dicen que la culpa de esta situación insostenible la tenemos nosotros, por querer ducharnos y usar el aspirador, cuando los únicos responsables de tan nefasto panorama han sido los fatales controles de precios al estilo soviético impuestos por el gobierno. En la antigua URSS los precios también eran designados por los altos burócratas y, al igual que ocurre ahora con nuestra agua y energía, se producían carestías que sólo pagaba el ciudadano.

La solución, camarada Solbes, no es rebajar nuestro nivel de consumo a cotas de países tan "modernos" y "avanzados" como Zimbabwe –que consume 10 litros de agua por persona y día tal y como le gustaría a nuestro ministro–, sino que quienes no somos burócratas tengamos libertad de elección, que seamos nosotros quienes dictemos los precios, que seamos nosotros quienes digamos quién nos suministra agua o electricidad y quién no. La solución consiste en llevar a cabo privatizaciones bien hechas, y eso significa eliminar impuestos a consumidores y empresas, desregular, liberaliza, y dar entrada libre a la competencia e innovación. Privatizar no es sacar a bolsa Endesa o Repsol; eso no fue más que otra estrategia para engordar las arcas estatales.

El control de precios y planificación central fueron las principales responsables del sufrimiento de millones de personas bajo el comunismo y, finalmente, de su desaparición. Eliminémoslo de España también.

Liberalismo, humanidades y ciencias naturales

El liberalismo es fundamentalmente filosofía política, un cuerpo de conocimiento ético y económico acerca de la convivencia social de los seres humanos. Muchos de sus defensores son humanistas (gente de letras, economistas, juristas, filósofos, historiadores), aunque desgraciadamente no todos los humanistas son liberales.

Muchos de los críticos del liberalismo (obviamente no los únicos) son gente de ciencias, estudiosos de la naturaleza (físicos, biólogos), ingenieros. Sus ámbitos se caracterizan por el rigor del formalismo matemático y la comprobación empírica controlada. Han tenido grandes éxitos en la comprensión y la manipulación de sistemas simples, y erróneamente extrapolan sus métodos epistemológicos al ámbito de las sociedades humanas, órdenes espontáneos hipercomplejos no diseñables intencionalmente ni planificables de forma centralizada y coactiva. No entienden que la ingeniería social no funciona (el orden no viene de la orden), y no saben apenas nada de economía y ética, lo cual además comparten con la gran mayoría de quienes se consideran expertos en economía y ética (esos humanistas que no son liberales).

Muchos liberales (reales y presuntos) son ignorantes en los ámbitos de las ciencias naturales. Pero algunos (desconocidos o famosos) de forma temeraria critican algunas de las teorías científicas más sólidas, como la relatividad, la mecánica cuántica y la evolución biológica; lo hacen patéticamente, quedando en ridículo intelectual, a menudo por referencias de segunda mano a escritores marginales que se creen genios cuando son locos equivocados. Parecen creer que el ser humano tiene un alma mágica sobrenatural que fundamenta su consciencia y su libre albedrío, y que el bien y el mal son decididos y sancionados por la divinidad. Defienden a sus memes religiosos antes que reconocer la verdad de la realidad: y es posible explicar científicamente por qué lo hacen, aunque no suele servir de nada contárselo (también esto es predecible).

El subjetivismo es perfectamente compatible con el naturalismo. La acción y la elección están integradas en la biología humana como mecanismos de supervivencia. La ciencia cognitiva y la psicología evolucionista explican cómo la mente humana es muy sofisticada pero no requiere milagros para sentir emociones y sentimientos morales, tomar decisiones, preferir, elegir, actuar. No son necesarios imposibles espíritus incausados para dirigir la conducta. La mente no es un misterio insondable, no surge de la nada, es la descripción funcional a alto nivel de la actividad del cerebro. Los seres vivos son agentes autónomos, y los seres humanos son agentes autónomos intencionales (capaces de planificar, de preparar el futuro y no simplemente reaccionar ante el presente). Cada persona toma decisiones particulares por la interacción entre su sistema cognitivo (único en sus detalles, resultado de sus genes y su historia ambiental pasada) y la información percibida de las circunstancias de su entorno (realidad objetiva).

No nos quedemos sólo en las humanidades desconectados del mundo físico, biológico y psicológico. El materialismo naturalista reduccionista es cierto y funciona; no es ningún prejuicio metafísico. Las ciencias naturales sirven de fundamento profundo del liberalismo y es un completo disparate ir en su contra en lo que tienen de correcto. No parece acertado renunciar al conocimiento científico (provisional, revisable, criticable, pero también abundante, preciso, consistente y explicativo) a favor de la superstición. Los liberales somos pocos y sabemos que la mayoría (socialistas y conservadores) están equivocados (o son deshonestos) respecto a la organización social. Pero la analogía no vale en las ciencias naturales: no nos pasemos de listos con nuestra pose rebelde negando lo que ya se sabe; así la gente inteligente no nos tomará en serio y nos hará aun menos caso (si es que eso es posible).

Leer más