La existencia de una cierta migración es un fenómeno que no debería sorprender a casi nadie. Que la gente quiera trasladarse desde las zonas menos prósperas a las más ricas tiene bastante de lógico. Sin embargo, junto con las ventajas económicas consustanciales al desplazamiento, el inmigrante tiene que confrontar el desarraigo de su entorno social, su cultura y su modo de vida. O dicho de otro modo: cabe esperar una cierta resistencia por parte de los inmigrantes a abandonar su lugar de origen, máxime si dicho lugar no es excesivamente pobre o, en especial, si las inversiones pueden afluir libremente a él.

La ciencia económica sabe perfectamente que existe una tendencia a que los trabajadores vayan allí donde los salarios están más altos, o bien a que el capital acuda allí donde los salarios son más bajos. En el primer caso, el mayor número de trabajadores reducirá los salarios; en el segundo, la mayor inversión los incrementará.

Este aumento de salarios en las zonas pobres derivado de la inversión procedente de las zonas ricas (lo que los progres tildan hoy de deslocalización) reduce aun más el incentivo para marcharse de unas zonas cada vez menos pobres.

En la actualidad podemos observar que la contención de la migración hacia Occidente funciona en lo relativo a los trabajadores asiáticos, pero parece carecer de la más completa influencia con respecto a los africanos. Con la irrupción del pánico social derivado de la "invasión africana", los políticos han adoptado, como de costumbre, la más irresponsable de entre las opciones disponibles: atacar los síntomas y no las causas y criminalizar a los africanos.

Ya vimos en otros artículos que la causa última de la pobreza en África es la falta absoluta de respeto a la propiedad privada por parte de sus gobiernos tiránicos. Allí donde el ser humano no sea libre de contratar y gestionar sus dominios libremente, nadie estará dispuesto a realizar cuantiosas inversiones que mejoren la vida de los consumidores, trabajadores y accionistas.

Los estados occidentales son en buena parte responsables de sustentar las dictaduras y regímenes socialistas africanos. Muchos de sus dirigentes han sido respaldados y educados por jerarcas europeos, y sus gobiernos reciben multimillonarias ayudas a través de la ONU y de patochadas altermundistas como el 0’7%. Sin ir más lejos de nuestro país, Zapatero ha defendido en varias ocasiones incrementar la ayuda para los tiranos africanos.

Con este tipo de propuestas sólo se logra reforzar un poder centralizado y opresor, que impide a los africanos abandonar la pobreza extrema. Si la inmigración supone un problema para Europa, los estados europeos deberían dejar de castrar las posibilidades de promoción de esos inmigrantes dentro de sus sociedades nativas.

Pero aun en el caso de que las sociedades africanas fueran un Edén de libertades, no parece que nuestros políticos tengan ningún interés en facilitarles las cosas. Los aranceles de la Unión Europea restringen enormemente los movimientos de capitales y las inversiones hacia África, ya que reducen la rentabilidad de las exportaciones hacia Europa.

De nuevo, no parece que obstaculizar las inversiones occidentales en África sea la mejor solución para contener las migraciones masivas. Si el capital no acude al trabajo, el trabajo acudirá al capital.

Estado de Bienestar

Uno de los peligros más grandes que supone el desarraigo está relacionado con el desamparo a que puede sucumbir el inmigrante. En las sociedades nativas existe una suerte de vínculos familiares y amistosos que, en buena medida, sirven de colchón cuando la mala fortuna se ceba con una persona en concreto. Sin embargo, cuando el inmigrante se introduce en una sociedad extranjera esos vínculos se ven enormemente debilitados. La sociedad receptora no tiene por qué ayudar a un desconocido en caso de necesidad y, por tanto, el riesgo de fracaso acarrea un coste considerable que refrena el impulso migratorio.

En Occidente, con todo, la asistencia social es un auténtico free lunch para los inmigrantes. El Estado, a través del expolio fiscal, crea toda una red educativa, sanitaria y de subsidios varios que trata de eliminar la inseguridad. El inmigrante sólo tiene que acudir a Occidente para saber que, en caso de necesidad, la sociedad extranjera forzosamente le ayudará.

Es más, en muchos casos convendrá simplemente migrar a esas sociedades extranjeras por el beneficio neto que supone dicha red de asistencia social. Mientras que en una sociedad africana la sanidad puede resultar prácticamente inaccesible, en España es gratuita. ¿Qué sentido tiene permanecer en esa sociedad, por muchos vínculos familiares y amistosos que se tengan?

El Estado de Bienestar occidental, por consiguiente, no sólo atrae inmigrantes, sino que socava las bases de la convivencia y de las relaciones entre los africanos. La necesidad de colaborar entre ellos desaparece por mor de la posibilidad de parasitar al Estado europeo.

Si de verdad queremos reducir la presión migratoria, basta con que eliminemos el Estado de Bienestar y hagamos que el inmigrante soporte enteramente el coste y los riesgos de migrar. Pero, por supuesto, los políticos mienten nuevamente cuando dicen que su voluntad es solucionar el problema de la inmigración.

¿Qué quieren realmente los políticos?

Tres simples –pero a la vez profundos– cambios serían necesarios para reducir el flujo migratorio hacia Europa: eliminar las ayudas al desarrollo, suprimir los aranceles y desmantelar el Estado de Bienestar. No obstante, a los políticos europeos les interesa poco o nada contener la inmigración. Como siempre, la única preocupación de todo político es ampliar su esfera de poder y control sobre la población.

La inmigración supone un medio perfecto: el problema es generado por los políticos de un modo que la mayoría de la población no comprende, y la inmigración genera un evidente pánico social. El resultado es previsible: el Gobierno reclamará "poderes extraordinarios" y "recursos adicionales" para hacer frente al problema.

Por un lado, parte de esos recursos se destinarán a enriquecer aún más a las dictaduras africanas, con la excusa de la ayuda al desarrollo; por el otro, se destinarán a crear una red de acogida de inmigrantes que dé respuesta al "drama humanitario", de modo que la inmigración se verá aún más estimulada.

Por si esto fuera poco, los poderes extraordinarios en materia militar y policial suponen la creación de nuevos e inquietantes controles sobre la sociedad civil. El control de las fronteras se incrementa, y los estados europeos adoptan cada vez más la apariencia de un centro de presidiaros.

No es casualidad que ocho estados europeos, entre ellos España y Francia, hayan solicitado a la Comisión Europea más fondos y medios policiales para controlar la inmigración. Como ya hemos visto, todo forma parte del mismo juego obsceno de los políticos: estimular la inmigración para generar un pánico que legitime la ampliación de su poder.

Ninguna de las propuestas de los "estadistas" occidentales pasa por una mayor liberación del comercio internacional, ni por la inmediata retirada de apoyo financiero a los regímenes tiránicos. Más bien discurren por la dirección opuesta. La consecuencia de todo este desaguisado no será menos sino más inmigración y, gracias a su habilidosa manipulación, no menos sino más Estado. Sólo denunciando las auténticas causas del problema podremos darle solución.

Ningún error podría ser mayor en este caso que el de criminalizar a unos pobres individuos que acuden a Europa a intentar mejorar sus míseras condiciones de vida, mientras confiamos nuestras almas a unos panzudos políticos que son los genuinos creadores de este caos. Precisamente porque eso es lo que ellos esperan que hagamos.