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Europa frente al proteccionismo.

Europa frente al proteccionismo. Por una respuesta inteligente a la guerra comercial Europa frente al proteccionismo.

Ante la escalada de las tensiones comerciales que han desatado los aranceles impuestos por Estados Unidos en abril de 2025, el Instituto Juan de Mariana presenta un documento de contexto, titulado “Europa frente al proteccionismo”. Sus conclusiones son las siguientes:

🎯 Contexto general:

– Algunas políticas económicas de Trump (rebajas fiscales, desregulación, eficiencia gubernamental) pueden ser positivas para el crecimiento, pero la deriva proteccionista de La Casa Blanca tiene el efecto contrario.

– La ronda de aranceles masivos anunciada en abril de 2025, con tasas del 34 por ciento a China, 24 por ciento a Japón o 20 por ciento a la UE, supone una escalada que ahonda en el preocupante fenómeno de la desglobalización.

– El nuevo orden mundial, marcado por las crecientes hostilidades entre Estados Unidos y China, así como por el papel destructivo que viene desempeñando Rusia, obliga a abordar las grandes cuestiones económicas con una mirada geopolítica de largo plazo.

📉 Impacto económico inmediato:

– Esta medida provocó la cuarta mayor caída bursátil desde 1980, solamente superada por el crash de 1987, el punto crítico de la Gran Recesión en 2008 y el estallido de la pandemia del covid-19 en 2020.

– Los indicadores de incertidumbre en materia de política comercial y de política económica se han disparado y alcanzan valores máximos, propios de los peores momentos de la pandemia del covid-19.

❌ La equivocada obsesión con el déficit comercial:

– El déficit comercial no es un problema en sí mismo: puede coexistir perfectamente con un crecimiento económico robusto, como ha ocurrido durante décadas en Estados Unidos.

– Importar más de lo que se exporta no empobrece un país: al contrario, refleja una economía fuerte con consumidores activos y empresas que demandan bienes de capital y consumo.

– El déficit comercial suele ir acompañado de un superávit en la cuenta de capital. Otros países invierten en Estados Unidos, lo que equilibra su flujo financiero total.

– Estados Unidos tiene una economía menos abierta que otras potencias exportadoras: el comercio exterior representa apenas el 26 por ciento de su PIB, gracias a que su mercado doméstico es de enorme tamaño. Esta cifra es marcadamente inferior al 79 por ciento de Alemania o el 66 por ciento de España. Esperar un equilibrio bilateral con todo socio comercial es ilusorio.

– Usar el déficit bilateral como excusa para imponer aranceles es técnicamente erróneo, puesto que ignora el comercio de servicios, el papel de las cadenas globales de suministro y la función del dólar como moneda de reserva internacional.

📉 Efectos negativos del proteccionismo en la primera presidencia de Trump:

– Por cada empleo creado en la industria siderúrgica, Estados Unidos destruyo más de 16 puestos de trabajo en sectores que usan el acero.

– La guerra comercial con China costó 57.000 millones de dólares a los consumidores y las empresas de Estados Unidos.

– El hogar medio pagó 830 dólares anuales más por estas medidas.

⚠ Aranceles arbitrarios y técnicamente infundados:

– La fórmula usada para imponer aranceles basa en calcular el déficit en la balanza de intercambio de bienes.

– No se toman en cuenta los servicios ni se miden posibles prácticas desleales, como subsidios que distorsionen la competencia. Por tanto, se ignoran los procedimientos técnicos del comercio internacional y se recurre a un instrumento rudimentario y punitivo.

🇪🇺 Impacto en la UE:

– Bruselas estima un coste arancelario total de hasta 81.000 millones de euros al año, frente a los 7.000 millones que recaudaba hasta ahora Estados Unidos con los aranceles a la UE. Esto supone multiplicar por 12 la carga arancelaria aplicada a la UE.

– El impacto incluye 6.500 millones de euros de aranceles adicionales al acero y el aluminio, 16.500 millones “extra” a la industria automovilística y 58.000 millones en cargas nuevas para el resto de bienes exportados a suelo norteamericano. El 70 por ciento de las exportaciones europeas a Estados Unidos ven afectadas.

🇪🇺 Qué debería hacer Bruselas:

– Completar el mercado único. Ello conlleva beneficios de hasta 814 millones de euros, diez veces más que el coste de los aranceles aplicados por Trump. Consolidar de una vez por todas la integración económica europea supondría un incremento del 5 por ciento en el PIB comunitario. Para ello, es clave eliminar barreras en campos como los servicios, el ámbito digital, la energía, la contratación pública y las finanzas.

– La Brújula de Competitividad de la propia Comisión Europea apunta que reducir las trabas burocráticas dependientes de Bruselas en un 25-35 por ciento supondría un ahorro de costes administrativos de 37.500 millones de euros, lo que amortiguaría casi la mitad del golpe arancelario asestado por Trump.

– Asimismo, Bruselas puede acompañar estas reformas con una nueva agenda climática basada en replegar las restricciones “verdes” más costosas, como las que afectan a la industria automovilística, y en favorecer el despliegue nuclear, esencial para ofrecer un soporte energético fiable, seguro y limpio.

– Europa debe apostar por liderar una estrategia global de respuesta basada en más acuerdos comerciales. Es momento de responder con un liderazgo basado en la apertura, y no con más proteccionismo.

Si desea descargar el informe completo pinche aquí.

Donald Trump ha roto con el capitalismo democrático

Por Dalibor Rohac. El artículo Donald Trump ha roto con el capitalismo democrático fue publicado originalmente en CapX.

Poco después de convertirse en presidente, Vladimir Putin celebró una reunión ya histórica en el Kremlin con los oligarcas rusos. El acuerdo que puso sobre la mesa en el verano de 2000 era sencillo: la élite económica del país podía conservar y seguir acumulando su enorme riqueza, adquirida en la mayoría de los casos por medios legal y éticamente dudosos, pero debía permanecer leal al líder.

En los años siguientes, Putin fue implacable a la hora de hacer cumplir el nuevo contrato social. Mijaíl Jodorkovski, en aquel momento el hombre más rico de Rusia, fue expropiado rápidamente y encarcelado durante una década cuando se atrevió a criticar la corrupción del régimen en una reunión televisada con Putin en 2003. Antes, Vladimir Gusinsky, entonces propietario de una cadena de televisión independiente, cumplió una pena de cárcel y emigró, al igual que Boris Berezovsky, que se había enfrentado a Putin en las primeras semanas de su presidencia.

No es exagerado afirmar que los aranceles draconianos de Donald Trump contra el resto del mundo, anunciados el 2 de abril, pretenden recrear en Estados Unidos una economía política al estilo ruso. Su objetivo no es recuperar puestos de trabajo en el sector manufacturero ni aumentar los ingresos, ni tampoco extraer concesiones comerciales o de otro tipo de los socios comerciales de Estados Unidos. En cambio, su objetivo es afirmar el control político sobre la economía de mercado más grande y dinámica del mundo, asegurando que la riqueza económica independiente no plantee un desafío al control del poder político de Trump durante los próximos cuatro años, y potencialmente más allá.

¿Suena descabellado? Claro, la economía estadounidense no está controlada por 21 oligarcas, como los que se unieron a Putin en aquella trascendental reunión del verano de 2000, ni está organizada en torno a industrias extractivas altamente concentradas, que producen rentas económicas, en lugar de beneficios bien ganados para los innovadores y los que asumen riesgos. Por «renta», los economistas entienden un flujo de ingresos relacionado con la propiedad de un activo por encima de su uso productivo. El control de la riqueza mineral de Rusia es una de esas fuentes de rentas, sin relación con las habilidades o la perspicacia empresarial de los oligarcas del país. Los aranceles -especialmente en la escala gargantuesca desplegada por la administración Trump- son otra.

En las próximas semanas y meses, espere que algunas empresas estadounidenses clamen por exenciones para los insumos importados que utilizan en la producción con sede en Estados Unidos. Espere que otras luchen para que el Gobierno mantenga -e incluso aumente- la protección arancelaria para su producción comercializada en Estados Unidos. Otros aún pueden acudir a Trump para pedirle que haga concesiones a los gobiernos extranjeros que habrán tomado represalias contra el proteccionismo estadounidense, perjudicando a las empresas estadounidenses.

En resumen, los aranceles han desatado una guerra de ofertas por favores concedidos por un gobierno federal cada vez más personalista. Los economistas, empezando por Gordon Tullock y Anne Krueger, han llamado a este fenómeno «búsqueda de rentas», y lo han utilizado para explicar por qué los costes económicos visibles de los aranceles, los monopolios artificiales y el clientelismo gubernamental son sustancialmente mayores de lo que predeciría la teoría económica estándar. La búsqueda de rentas implica el uso de recursos económicos por parte de intereses especiales para cambiar la política o mantener las estructuras existentes, a menudo concediendo favores a miembros de la clase política.

Aunque la búsqueda de rentas siempre ha existido en todos los sistemas políticos, incluido el de Estados Unidos, esta versión es diferente. Una preocupación común, especialmente en la izquierda, ha sido siempre la influencia indebida de intereses bien organizados -grandes empresas tecnológicas, oligarcas, «dinero negro»- en la política del país. La innovación de Trump consiste en darle la vuelta a esa lógica del mismo modo que lo hizo Putin. Como líder personalista que reivindica una discrecionalidad sobre la política arancelaria que ningún presidente anterior creía posible, está convirtiendo al sector privado en un suplicante, cuyas actividades de búsqueda de rentas implicarán inevitablemente doblar la rodilla ante el propio Donald Trump, al igual que en la Rusia de Putin.

Hay otra novedad. Aunque es bien sabido que la presencia de recursos naturales y las rentas asociadas a ellos (pensemos en Rusia o el Congo) generan disfunciones políticas y autoritarismo, hasta ahora pocos habían imaginado a un presidente estadounidense creando nuevas rentas económicas de la nada por decreto ejecutivo, especialmente en una gran economía de mercado. A menor escala y tras años de paciente esfuerzo, Viktor Orbán hizo algo parecido, al utilizar indebidamente los fondos de la UE como herramienta de clientelismo y convertir a sus compinches en multimillonarios. De un plumazo, Trump condicionó el éxito continuado de las empresas, inversores y emprendedores estadounidenses a que se mantuvieran en buena sintonía con su Administración.

No se equivoquen. Las rentas que acaban de crear los aranceles de Trump y la búsqueda de rentas que están poniendo en marcha se producirán a costa de la economía estadounidense, hasta ahora la envidia del mundo. Con un arancel medio aplicado que ronda el 30%, la rentabilidad de cualquier empresa estadounidense depende ahora esencialmente de navegar por el sistema y llegar a «acuerdos» con Trump y su Administración, más que de la perspicacia empresarial, las buenas prácticas de gestión o el acceso a la financiación. Y esa es una receta para el amiguismo y el declive económico generalizado.

No se trata de un problema a corto plazo, aunque los estadounidenses tengan suerte y Trump no consiga atrincherarse en el poder como Putin. A medida que el nuevo sistema se consolide, las empresas se adaptarán y se asegurarán de estar, en neto, en el extremo receptor de las rentas recién creadas. Una vez que lo estén, lucharán con vehemencia contra cualquier cambio, incluso si un régimen de libre comercio es una opción mejor para todos e incluso si los recursos gastados en la búsqueda de rentas anulan cualquier ganancia que dichas empresas acaben obteniendo de la protección arancelaria y las políticas asociadas. Tullock denominó a esta paradoja la «trampa de las ganancias transitorias», y la utilizó para explicar por qué las políticas altamente disfuncionales tienden a ser rígidas.

Los taxistas con licencia lucharían, por ejemplo, para mantener el sistema de medallones de la ciudad de Nueva York, incluso cuando el precio de un medallón superara las ganancias que esa barrera de entrada creaba para los titulares. Recordemos que los aranceles de Trump al acero y al aluminio de la primera legislatura, triviales en comparación con las medidas proteccionistas puestas en marcha por este Gobierno, sobrevivieron mucho tiempo en el Gobierno de Biden, precisamente porque su supresión creó pérdidas a corto plazo para intereses especiales bien organizados.

A menos que se reviertan rápidamente y en su totalidad, los aranceles introducidos la semana pasada representan un cambio drástico, y no sólo para los aliados y socios comerciales de Estados Unidos, que ya no pueden confiar en el liderazgo estadounidense sino que tienen que trabajar en torno a Estados Unidos. También suponen una ruptura aún más profunda con la tradición estadounidense de capitalismo democrático, imperfecta como ha sido a menudo, que sitúa a Estados Unidos en una senda firmemente alejada de los cimientos de su prosperidad y su gobierno constitucional.

Ver también

Los aranceles de Trump. (Fernando Herrera).

¿Por qué queremos cerrar el Banco Central?

Lawrence H. White se graduó de economista en la Universidad de Harvard y obtuvo un PhD in economics en UCLA. Hoy enseña Teoría y Política Monetaria en la George Mason University, y es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Anteriormente, enseñó en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Georgia y la Universidad de Missouri – St. Louis.

Se especializa en la teoría e historia de la banca y el dinero. Representa junto a George Selgin y Kevin Dowd una corriente moderna de la Free Banking School, o Escuela de la Banca Libre.

En un artículo ya clásico que lleva el título de “La Banca Central: una recapitulación”, el autor sistematiza las debilidades principales de una autoridad monetaria central. No se trata, en particular, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sino que son cuestionamientos abstractos a la naturaleza del monopolio de emisión que constituye cualquier autoridad central.

El artículo no es nuevo, pero puede permitir comprender, en forma técnica, los cuestionamientos que la Escuela Austriaca, y en particular Javier Milei, hacen a la autoridad central. La síntesis que presentamos mantiene los subtítulos del documento original, pero lo resumimos para este medio.

I. Los riesgos prácticos de la banca central

La banca central es una institución riesgosa debido a sus dos principales funciones: regular los depósitos bancarios y ejecutar la política monetaria. Ambas actividades generan distorsiones que afectan la estabilidad financiera.

1. Regulación inadecuada de los bancos comerciales

Los bancos centrales son organismos burocráticos con incentivos erróneos, pues no están sujetos a la disciplina del mercado. Esto les permite ignorar las ineficiencias de sus regulaciones y solo reaccionar ante crisis evidentes.

Además, los bancos comerciales presionan al banco central para obtener privilegios legales que les garanticen mayores rentas. Estas rentas provienen de restricciones como:

  • Límites a las tasas de interés que pueden ofrecer.
  • Restricciones a la creación de nuevos bancos.
  • Limitación de la apertura de sucursales.
  • Prohibición a empresas no bancarias de prestar servicios financieros.
  • Préstamos a tasas preferenciales a los bancos comerciales.

Este proceso genera ineficiencia, reduce la competencia y debilita la industria bancaria, impidiendo que surjan innovaciones que podrían beneficiar a los consumidores.

2. Expansión monetaria y ganancias gubernamentales

El banco central genera ingresos mediante la emisión de dinero, un fenómeno conocido como señoreaje. Como la emisión de dinero tiene un costo de producción casi nulo, la diferencia entre su valor de cambio y su costo de impresión representa un ingreso para el gobierno.

El problema es que la tentación de aumentar la oferta monetaria sin límites provoca inflación. Esta inflación actúa como un impuesto oculto que reduce el poder adquisitivo del dinero en manos del público. Los gobiernos prefieren este tipo de impuesto porque no es coercitivo ni fácilmente detectable.

Para mantener la demanda de su dinero, los bancos centrales suelen imponer medidas que limitan la competencia, como:

  • Exigir reservas obligatorias a los bancos comerciales.
  • Restringir las tasas de interés sobre depósitos.
  • Prohibir el uso de monedas extranjeras o metales preciosos.

3. Manipulación macroeconómica con fines políticos

Los gobiernos pueden usar la política monetaria para mejorar su imagen y aumentar sus probabilidades de reelección. Esto ocurre cuando:

  1. Los votantes reaccionan a los niveles de inflación y desempleo al elegir a sus líderes.
  2. El banco central puede reducir el desempleo temporalmente mediante una inflación inesperada.
  3. Los gobernantes presionan al banco central para estimular la economía antes de las elecciones.

A largo plazo, esta práctica genera ciclos de inflación y desestabilización económica. Si el público anticipa esta estrategia, la inflación se convierte en una profecía autocumplida: la gente espera inflación, y el banco central termina creándola.

4. Política económica errática y destructiva

El problema fundamental del banco central es que carece de la información necesaria para ajustar correctamente la oferta monetaria. A diferencia de un empresario que ajusta su producción según la demanda del mercado, el banco central no cuenta con señales claras sobre cuánta liquidez debe emitir.

En sistemas con dinero convertible (como el patrón oro), la escasez de reservas obliga a los bancos a corregir excesos en la oferta monetaria. Sin embargo, en sistemas de dinero fiat, el banco central puede expandir indefinidamente la base monetaria, sin consecuencias inmediatas, lo que aumenta el riesgo de inflación crónica.

5. Independencia del banco central y reglas monetarias

Algunos economistas proponen la independencia del banco central o la aplicación de reglas monetarias estrictas para limitar sus excesos. Sin embargo, la independencia no elimina las presiones políticas ni corrige la falta de incentivos adecuados.

Las reglas monetarias (como el crecimiento constante de la oferta de dinero) pueden ser útiles, pero no garantizan estabilidad a largo plazo. Los bancos centrales suelen encontrar formas de evadirlas o debilitarlas con el tiempo.

II. La injerencia gubernamental no es necesaria para asegurar un sistema monetario estable

La alternativa a la banca central es un sistema monetario basado en el mercado libre, donde la oferta de dinero y servicios bancarios se ajusta a la demanda sin intervención estatal. A continuación, se presentan las características de este sistema.

1. Una unidad monetaria común emergería sin intervención gubernamental

Carl Menger demostró que el dinero surge de manera espontánea en el mercado, cuando los comerciantes eligen el bien más líquido como medio de intercambio. Históricamente, el oro y la plata se convirtieron en las principales monedas sin necesidad de regulaciones gubernamentales.

2. Competencia entre emisores de dinero

Un sistema sin banco central permitiría la competencia entre bancos emisores de dinero, similar a la competencia entre empresas de otros sectores. Los consumidores elegirían los medios de pago más eficientes y confiables.

En un mercado libre, los bancos competirían para ofrecer:

  • Mayor seguridad contra falsificaciones.
  • Convertibilidad fácil entre distintos activos.
  • Depósitos con mejores rendimientos y servicios adicionales.

3. La reserva fraccionaria no es fraudulenta

La reserva fraccionaria, donde los bancos mantienen solo una fracción de sus depósitos como reserva, ha sido demonizada por algunos economistas. Sin embargo, esta práctica permite un uso más eficiente del capital y ha existido históricamente en sistemas bancarios estables.

Mientras los bancos puedan cumplir sus compromisos con los depositantes, la reserva fraccionaria no representa un problema. En un mercado libre, los bancos serían disciplinados por la competencia y la vigilancia de sus clientes.

4. Cámaras compensadoras como reguladoras del sistema

En sistemas bancarios libres, las cámaras compensadoras han desempeñado el papel de supervisores del sector. Estas instituciones privadas certifican la solvencia de los bancos y facilitan la compensación de pagos entre ellos, reduciendo el riesgo de crisis bancarias.

5. Eliminación del pánico financiero y las corridas bancarias

Uno de los principales argumentos a favor de la banca central es que previene las corridas bancarias. Sin embargo, la historia demuestra que los sistemas bancarios libres han funcionado sin episodios generalizados de pánico. La clave para evitar crisis bancarias es permitir que los bancos adopten mecanismos de autorregulación, como:

  • Fondos de reserva ante emergencias.
  • Suspensión temporal de pagos en situaciones excepcionales.
  • Convertibilidad flexible de los depósitos en activos financieros.

6. Prestador de última instancia no es necesario

Los defensores de la banca central sostienen que es necesario un prestamista de última instancia para evitar quiebras bancarias en tiempos de crisis. Sin embargo, en sistemas bancarios libres, las cámaras compensadoras han desempeñado este papel con éxito, proporcionando liquidez a bancos solventes con problemas temporales.

7. La cantidad de dinero se autorregula

En un sistema de banca libre, la cantidad de dinero se ajusta automáticamente a la demanda, similar a cómo ocurre en un patrón oro. Si un banco emite demasiado dinero, los clientes transferirán sus depósitos a bancos más sólidos, obligando al emisor a reducir su oferta.

8. Integración con los mercados de capital globales

Un sistema bancario libre facilitaría la integración con mercados internacionales sin necesidad de una autoridad central. En un mundo sin bancos centrales, podría establecerse una moneda global basada en estándares de mercado, eliminando las distorsiones del nacionalismo monetario.

Conclusión

La banca central genera distorsiones económicas al regular ineficientemente el sector financiero, expandir la oferta monetaria para financiar al gobierno y manipular la economía con fines políticos. La alternativa es un sistema de banca libre, donde la competencia disciplinaría a los bancos y la cantidad de dinero se ajustaría a la demanda sin intervención gubernamental.

Ver también

Los aranceles de Trump

Esta semana hemos vivido uno de esos días que tienen pinta de ir a ser históricos. Su protagonista, como el de tantas cosas los últimos meses, ha sido el presidente de los Estados Unidos, el nunca bien ponderado Mr. Donald Trump. El tipo llevaba anunciando con toda pompa y boato la llegada del día de la Liberación, en que el país que él preside, y gracias a su iniciativa, pasaría a liberarse de los productos y servicios que le suministran desde el extranjero. La iniciativa no tiene nada de rompedora: consiste en poner aranceles a diestro y siniestro, a las empresas de todos los países que comercian con empresas de EE.UU., de forma que los precios de los bienes importados se encarezcan respecto a los de producción local, y así dar una ventaja a las empresas situadas en el país protegido. A su vez, esto beneficia a la economía nacional tanto por la creación de empresas como de puestos de trabajo.

Por supuesto, lo que acabo de contar no es más el mito mercantilista, y todos los economistas conocen a estas alturas bastante bien cuáles son los verdaderos efectos de las políticas arancelarias, nada buenos para los ciudadanos de los países “protegidos” por el arancel. Lo que tiende a ocurrir es que el precio de los bienes/servicios sube, puesto que se ha reducido la oferta, al encarecer artificialmente parte de ella. Con esta subida de precios, se reduce la demanda, como cabe esperar: menos usuarios pueden comprar el bien y lo hacen a un precio más caro. Difícilmente esto conduce a una mejora en el bienestar de los consumidores.

Las cosas son distintas en el lado empresarial, claro, por eso a las empresas domésticas les encantan los aranceles. La reducción de la oferta les permite subir los precios e incrementar sus beneficios. Si el mercado en cuestión no tiene barreras legales de entrada, competidores locales atraídos por el exceso de rentabilidad empezarán a servirlo y los beneficios volverán a la normal, por lo que esa ventaja se disipa con el tiempo.

Lo que también ocurre es que las empresas que entran al mercado son posiblemente más ineficientes que las extranjeras, pues solo han podido hacerlo cuando se ha dejado fuera a las últimas con el arancel. Dicho de otra forma, la rentabilidad vuelve a la normal, pero sobre unos costes superiores, un mayor consumo de recursos, que anteriormente. O sea, que se produce menos y peor, y se extrae renta de los consumidores para dársela a los empresarios.

¿Qué decir de la innovación? Como las empresas están más protegidas de la competencia que antes del arancel, su apetito por correr riesgos e innovar no es tan acusado como si tuvieran que hacer frente a competidores potentes. Eso nos lleva a la pérdida de competitividad de las empresas así protegidas.

Y supongo que se crearán más puestos de trabajo domésticos en esos sectores ceteris paribus, claro que sí. Pero estos empleados recibirán unos salarios con los que tendrán que comprar bienes más caros. Al que le caiga del cielo ese puesto de trabajo, le saldrá bien la jugada de arancel en neto, pero no está claro que lo mismo ocurra en su unidad familiar o en su comunidad, donde la gente tenía sus trabajos y sus salarios, con los que ahora podrá comprar menos cosas.

No se olvide que esos nuevos trabajos son en empresas menos competitivas, que previsiblemente no podrán pagar los mejores sueldos, y sufrirán inestabilidad estructural, dependiendo su viabilidad futura de la decisión política de mantener el arancel, y menos de su desempeño en el mercado.

Todo ello, rápidamente explicado, muestra que los aranceles no son nada buenos para el país que los impone, por mucho que políticos y lobbies empresariales traten de hacerlo así creer a la opinión pública. Solo hay que ver la respuesta con la que está amenazando la Unión Europea a la política arancelaria de Trump con, supongo, muchos empresarios frotándose las manos.

Pero no querría yo detenerme en el análisis clásico del arancel, porque lo realmente interesante y hasta divertido es entender de dónde se ha sacado Trump los niveles arancelarios con que pretende castigar a cada país, para ver si podemos deducir algo de sus intenciones reales.

Oficialmente, parecían haber calculado el arancel efectivo que sufren las empresas americanas en cada jurisdicción, añadiendo al real lo que llaman “Currency Manipulation and Trade Barriers”. O sea, habrían incorporado, sobre el tipo del arancel, una estimación de lo que suponen los difusos conceptos anteriores. Por ejemplo, si consideran que el Digital Market Act de la Unión Europea impone barreras de comercio a las empresas americanas, habrían estimado cuantitativamente un arancel equivalente a dichos obstáculos cualitativos.

Así, los asesores de Trump estiman que la UE les mete un arancel efectivo del 39%, mientras que el de China sería un 67%. De la misma forma, resulta que Vietnam tiene unos aranceles del 90% y Camboya, el líder absoluto, les mete un 96% a los productos de EE.UU.(¡!). Como lo oyen.

Sería fascinante saber cómo los economistas de cabecera de Trump han calculado un tipo arancelario equivalente a las imposiciones regulatorias del citada DMA en la UE. Por desgracia, para los friquis, no han hecho nada de esto. En realidad, esos números que lucen bajo el engolado título, no son más que la llamada “tasa arancelaria de reciprocidad”, esto es, el tipo arancelario que tendría que poner EE.UU. a las importaciones de un país determinado para que el déficit comercial con dicho país fuera cero. Es un típico constructo macroeconómico sin correspondencia alguna en la realidad, por lo que poco o nada tiene que ver con el arancel que dicho país pone a los productos de EE.UU.[1]

Con esto ya se pueden entender los enormes “aranceles” de Vietnam y Camboya, que tienen la desgracia (a estos efectos) de ser países que venden mucho más a EE.UU. de lo que los estadounidenses venden allí. Hombre, normal, el poder adquisitivo de camboyanos y vietnamitas se antoja muy inferior al de los americanos, por lo que les resultará difícil poder comprar bienes de este origen. Y al contrario, dado que el poder adquisitivo de los americanos es muy superior, los productos de ambos países les resultarán baratísimos. Es como cuando nos vamos de viaje a países con menor poder adquisitivo, que todo nos parece baratísimo y compramos más; y en cambio si nos vamos a Canadá o Noruega, todo nos parece carísimo.

Y como hay países con los que EEUU tiene superávit comercial, el tipo arancelario de reciprocidad saldría negativo. ¿Qué hace con dichos países entonces el señor Trump? Pues nada, ha considerado que el arancel que sufre EEUU es el 10%. Porque hoy es hoy.

En suma, Trump ha tomado unos números calculados a la remanguillé como aranceles que sufre EEUU, y los utiliza como referencia para fijar los que cobrará EEUU. Quizá a algún ingenuo le extrañe esta forma de proceder. A quienes conocemos cómo se toman las decisiones de regulación de precios no nos extraña en absoluto. Son decisiones políticas, no técnicas, pero que requieren de un barniz “científico” para que no se transparente su arbitrariedad. Es claro que Trump necesitaba un número gordo para asustar a China y la Unión Europa (los dos primeros países de su tabla), y el cálculo de la tasa arancelaria de reciprocidad se lo daba.

La cuestión ahora es qué pretende conseguir con todo esto. Dado que ninguno de los países amenazados tiene realmente los aranceles que dicen estos cálculos, va a ser imposible que los quiten, por mucho que amenace Trump con ponerle uno. Si no existen, ¿cómo eliminarlos?

Y me cuesta creer que a Trump le importe lo más mínimo que la balanza comercial sea cero, diez o cien. Es más, dado el supuesto absurdo para el cálculo de que las importaciones no variarían con el arancel, obviamente su imposición, que sí haría variar las importaciones en realidad, no llevaría a cero a la balanza comercial, sin olvidar que el arancel que propone Trump tampoco es la tasa que le sirve de referencia.

Yo creo que todo esto es un ejercicio propagandístico para facilitar determinadas negociaciones. La retórica del “Día de Liberación”, las imágenes de Trump con su tabla de dos columnas, esa “tasa reducida” en plan “te lo dejo baratito”, lo ocurrido con México y Canadá, o el precalentamiento del ambiente durante estos meses son indicios de lo que digo.

Quizá lo que busca Trump haya que buscarlo en eso que en la cabecera de la tabla llaman “barreras al comercio”, las normas domésticas de cada país que Trump considera que perjudican a las empresas estadounidenses. Ya he hablado antes del Digital Markets Act en la Unión Europea, y seguro que unas cuantas similares se pueden encontrar en China. Su efecto es inconmensurable, pero podría constituir ese arancel equivalente que se queja de sufrir.

El problema principal es que mientras los políticos de los países afectados debaten cómo responder o no a los aranceles de Trump, la incertidumbre económica puede acabar con el tejido empresarial por parálisis. Lo que marca con claridad la ruta a los políticos, entre ellos a los europeos: eliminar a toda velocidad los aranceles convencionales y las regulaciones que Trump considere que perjudican a las empresas americanas, para que no se consume el arancel de Trump. Y si tras hacer eso, Trump se mantiene en sus trece, entonces el problema será realmente serio, pero sobre todo para los estadounidenses que le han votado mayoritariamente.

Las buenas, no, buenísimas, noticias es que esto también vendrá bien a los ciudadanos de las jurisdicciones extranjeras, pues al fin y al cabo supondría la eliminación de barreras al comercio, de las que somos los principales damnificados, según se ha expuesto al comienzo del artículo.

A ver si al final va a resultar que los aranceles de Trump son los más liberales de la historia!


[1] En el cálculo no se han complicado demasiado la vida y han asumido que no hay variación en las importaciones con las subidas de precio debidas al arancel. Aprovecho para agradecer a Paco Capella que me haya suministrado la información sobre cómo se había hecho el cálculo.

Neoliberalismo: la Sociedad Mont Pèlerin y su verdadero significado

Hace ya un buen tiempo siento que me he tomado más del prudente para intentar ofrecer una clarificación. Muchas veces, en nuestras casi mensuales salidas con amigos del colegio a comer hamburguesas, en particular uno de ellos se queja del “neoliberalismo” y de cómo las iniciativas políticas que surgen de allí terminan empobreciendo a muchos y enriqueciendo a pocos. En otras ocasiones, he escuchado un clamor por el regreso a políticas neoliberales, hartos ya de aquellas con una clara y explícita intención socialista —de planificación central en la asignación de recursos. Los primeros quieren alejarse cuanto antes del neoliberalismo; los segundos no ven la hora de volver a abrazarlo.

Cada vez que escucho estas opiniones, me hago una breve nota mental para, en un momento más apropiado —cuando no tenga la boca llena de comida, y recordando que con la boca llena no se habla—, ofrecer una explicación que ayude a unos y otros a salir de lo que considero una profunda confusión.

Esa nota mental se ha transformado en una modesta urgencia, sobre todo al escuchar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, referirse recientemente al término. El 10 de marzo, durante una extensa sesión del Consejo de Ministros —que Petro ha convertido en hábito transmitir en vivo por televisión, interrumpiendo partidos de fútbol de la selección Colombia o telenovelas—, interrumpió varias veces a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Planeación Nacional de día y novelista del narcotráfico de noche, mientras este presentaba avances de su entidad. Petro criticó el enfoque de “focalización” de subsidios, tildándolo de neoliberal y divisivo, y abogó por un modelo basado en derechos universales, como en el caso de la salud.

Hoy quiero dedicarme a explicar, por un lado, qué significa realmente el término “neoliberalismo” y, por otro, mostrar a mis amigos de las hamburguesas —y al imberbe presidente Petro— que tanto el anhelo como el rechazo que expresan son, en el fondo, dos caras de la misma hipocresía.

¿De dónde viene el término? ¡Pues quién sabe!

A lo largo de los años he encontrado muchas versiones sobre el origen del término. Dos de ellas, más anecdóticas que sistemáticas, se me vienen a la mente. He leído que el término surgió en un entorno académico, especialmente en los debates del conocido Coloquio Walter Lippmann, una reunión de intelectuales celebrada en París para discutir los retos del liberalismo clásico frente a fenómenos como la Gran Depresión. Con el tiempo, al parecer, el término adquirió un uso marcadamente político. Desde los años 70 y 80, fue adoptado por críticos del modelo económico dominante —especialmente desde la izquierda— para denunciar políticas de liberalización, privatización y reducción del papel del Estado. Así, “neoliberalismo” dejó de ser una categoría teórica precisa para convertirse en una etiqueta peyorativa —una caricatura.

Sin embargo, prefiero explicar el término a partir de una anécdota particular que, además de ofrecer una referencia contextual útil, permite separar con claridad el neoliberalismo del liberalismo clásico y del libertarismo. Esta historia involucra a Ludwig von Mises, Friedrich A. von Hayek, un profesor invitado, y las intrigas, traiciones y tensiones internas en la Sociedad Mont Pèlerin.

Puñales en la espalda en la Mont Pèlerin

La Sociedad Mont Pèlerin fue fundada por Friedrich Hayek como una iniciativa para recuperar y revitalizar la tradición del liberalismo clásico, en un contexto marcado por la devastación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, el descrédito del pensamiento liberal y el auge de propuestas estatistas. En abril de 1947, un grupo de 39 intelectuales de 17 países —entre ellos Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Karl Popper y Wilhelm Röpke— se reunió en Suiza para establecer formalmente la sociedad.

Su propósito era fomentar el intercambio intelectual y defender la libertad individual frente al avance del poder estatal. En su declaración fundacional, advirtieron que en vastas regiones del mundo las condiciones esenciales para la dignidad y la libertad humanas ya habían desaparecido o estaban seriamente amenazadas por políticas que erosionaban la autonomía del individuo y de los grupos voluntarios frente al poder arbitrario.

Desde el inicio, la intención era mantener un espíritu ecuménico dentro de la Sociedad Mont Pèlerin, de modo que coexistieran distintas manifestaciones del pensamiento liberal. Sin embargo, Ludwig von Mises se mostró escéptico ante ese carácter integrador. Aun así, durante los primeros años, su escepticismo no generó mayores fricciones, ya que la corriente dominante provenía de intelectuales liberales radicados en Estados Unidos, como el propio von Mises y von Hayek, quienes contaban además con mayor respaldo financiero, lo que les permitía imponer -hasta cierta medida- los temas a discutir en las reuniones.

En ese entonces, las ideas predominantes en la Sociedad Mont Pèlerin giraban en torno a la crítica a la planificación central, la concepción de la economía como una ciencia de la acción humana, y los riesgos de la manipulación monetaria por parte de los bancos centrales. Sin embargo, el espíritu ecuménico inicial también permitió la entrada de otras posiciones, que no veían con malos ojos cierto grado de intervención estatal en el libre mercado. Uno de los primeros representantes de esta visión fue Albert Hunold, economista y empresario suizo, invitado por Hayek a la fundación de la sociedad. Hunold, que aportó valiosos contactos financieros, fue elegido secretario de la organización, pero con el tiempo aspiró a presidirla. Para lograrlo, intentó volverse indispensable, asumiendo tareas incluso menores y gestionando correspondencia a las espaldas de Hayek. Esto generó crecientes tensiones, que a partir de 1956 se intensificaron hasta casi provocar la disolución de la sociedad.

Un profesor luxemburgués se atora con un trago de café

Con la creciente influencia de Hunold, la Sociedad Mont Pèlerin empezó a incluir más miembros que se alejaban de la línea dura del liberalismo clásico. Esta diversidad ideológica se volvió evidente incluso para los recién llegados. Tal fue el caso de Jean-Pierre Hamilius, joven profesor de economía de Luxemburgo, invitado por von Mises a la reunión de 1953 en Seelisberg, Suiza. Hamilius notó de inmediato que la sociedad estaba dividida en clanes ideológicos e idiomáticos. Se sentía más cercano a von Mises, Hayek y Henry Hazlitt, pero durante las discusiones —formales o en los cafés— escuchó críticas hacia la llamada “vieja guardia”, acusada de conservadurismo. Entusiasmado, Hamilius participó activamente en las discusiones, donde algunos miembros defendían propuestas claramente intervencionistas: John van Sickle abogaba por gravar las grandes herencias, Wilhelm Röpke apoyaba subsidios a propietarios de vivienda y Otto Veit sostenía que altos impuestos no desincentivarían la actividad empresarial.

Si hubiéramos estado ahí, al otro lado del salón durante una pausa para el café, seguramente habríamos notado la expresión de sorpresa de Hamilius tras un sorbo, exclamando para sí, y con los ojos bien abiertos: “¡Owe! ¡Que es que acá lo que hay son dos grupos!”. Se refería, por un lado, a los liberales clásicos, radicales en sus principios, y por otro, a un nuevo grupo de “otros” liberales. A estos últimos, por claridad, mejor llamarlos neoliberales. Y a sus ideas, pues, neoliberales.

Desde entonces, la influencia de los neoliberales dentro de la Sociedad Mont Pèlerin se hizo cada vez más visible. Gran parte de ello se explica por el éxito de las políticas promovidas por Ludwig Erhard, entonces ministro de Economía de Alemania Occidental y posteriormente canciller en 1963. Considerado precursor de la transición de una economía de planificación central a una economía de mercado, Erhard aplicó reformas como la reducción del control estatal y la liberalización de precios. Esto permitió eliminar el racionamiento, reactivar la producción y fomentar la inversión privada, lo que dio origen al llamado “milagro económico alemán”. Aunque figuras como von Mises no consideraban milagrosas tales medidas —pues ya conocían la superioridad del mercado como forma de organización social eficaz contra la pobreza—, Erhard representaba a esa corriente que, con su propuesta de “tercera vía”, hoy conocida como economía social de mercado, empezó a ganar legitimidad.

Así es como, a mi juicio, debe entenderse el concepto de neoliberalismo. Se trata, como lo percibió Hamilius, de una postura sobre cómo organizar la sociedad, nacida del distanciamiento de algunos intelectuales de la Sociedad Mont Pèlerin respecto al liberalismo más “radical”, por no decir verdadero. Estos pensadores rechazaban el escepticismo total frente al Estado y proponían lo que muchos consideraban -con toda la razón- imposible: una tercera vía, donde el mercado y el Estado coexisten, y este último actúa cuando el primero falla.

Ni nuevo, ni liberal aquel neoliberalismo

No obstante, esta propuesta —ni plenamente liberal ni realmente nueva— parte de una desconfianza en el mercado como mecanismo eficiente y éticamente defendible de asignación de recursos, y acepta sin reservas cierto grado de intervencionismo estatal. Pero tal idea es insostenible: el Estado, al no operar dentro de un sistema de precios, carece de la información necesaria para asignar eficientemente los recursos, por mínima que sea su intervención. Y cualquier intento del Estado por “proteger” a los individuos de sí mismos cae en una contradicción insalvable, pues requiere violar sistemáticamente su derecho de propiedad sobre sus propias vidas.

Ante esto, tanto al presidente Petro como a mis amigos de las escapadas mensuales les digo que anhelan y rechazan dos versiones de una misma hipocresía. La diferencia entre alguien como Petro y los neoliberales —así como entre mis amigos, los socialistas y los neoliberales— es solo de grado, lo que quiere decir que no hay ninguna diferencia real. Y, frente a esto, no me queda más que repetir, con la misma furia con la que lo hizo Ludwig von Mises ante la Sociedad Mont Pèlerin cuando varios apoyaban un impuesto progresivo sobre la renta: “You’re all a bunch of socialists!”

Juan Ramón Rallo, Premio Instituto Juan de Mariana 2025

Nos llena de alegría anunciar que el galardonado del Premio Instituto Juan de Mariana 2025 a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad es Juan Ramón Rallo. El galardón se entregará el viernes, 30 de mayo, en la tradicional Cena de la Libertad, que se celebrará en el Casino de Madrid.

Este premio, elegido por los anteriores galardonados junto con dos miembros de la directiva del Instituto, ha reconocido a lo largo de los años a grandes referentes del pensamiento liberal:

2007 – Luis Reig Albiol

2008 – Manuel Ayau Cordón

2009 – Anthony de Jasay

2010 – Carlos Alberto Montaner

2011 – Giancarlo Ibargüen

2012 – Mario Vargas Llosa

2013 – Carlos Rodríguez Braun

2014 – Pedro Schwartz

2015 – Robert Higgs

2016 – Jesús Huerta de Soto

2017 – Alberto Benegas Lynch (h)

2018 – Alejandro Chafuen

2019 – Antonio Escohotado

2020 – Federico Jiménez Losantos

2022 – Dalmacio Negro Pavón

2023 – Miguel Anxo Bastos

2024 – Javier Gerardo Milei

Este año, además, el premio coincide con la celebración del 20 aniversario del Instituto Juan de Mariana.

Juan Ramón Rallo: profesor, autor y divulgador incansable

Juan Ramón es actualmente decano de la Escuela de Grado de la Universidad de las Hespérides y profesor en la Universidad Francisco Marroquín (Madrid), donde en 2023 fue reconocido con un doctorado honoris causa. A lo largo de su carrera, también ha sido profesor en instituciones como el Instituto de Empresa, la Universidad Rey Juan Carlos y el Máster de Economía de OMMA Business School Madrid.

Pero si algo ha marcado su trayectoria, además de su labor académica e investigadora, es su capacidad para divulgar. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan:

  • Anti-Marx (2020)
  • Liberalismo: Los diez principios básicos del orden político liberal (2019)
  • Contra la Teoría Monetaria Moderna (2017)
  • Contra la renta básica (2015)
  • Una revolución liberal para España (2014)
  • El liberalismo no es pecado (2011, con Carlos Rodríguez Braun)

Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Vernon Smith (2009), el Premio Libre Empresa (2010) de la Fundación Rafael del Pino y la Mención de Honor del Premio Julián Marías (2011).

Y si hay un lugar donde Rallo ha sabido conectar con miles de personas, es en YouTube, donde su canal supera los 800.000 seguidores. También ha dejado su huella en medios como EsRadio, La Razón, El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, La Sexta Noche y Espejo Público.

Este premio celebra la enorme aportación de Juan Ramón Rallo al pensamiento liberal y su incansable labor divulgativa.

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Los Menas y la maraña legislativa

Después de meses de negociaciones clandestinas[1], que se remontan al verano pasado, cuando la acumulación de inmigrantes irregulares en centros de acogida de las islas Canarias indujo a sus autoridades a pedir al gobierno central un reparto de los denominados “menores extranjeros no acompañados (Menas)” hacia las demás comunidades autónomas; el gobierno dictó un decreto ley la pasada semana para reformar la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros[2].

Esta enésima reforma legislativa nacía con la pretensión de crear un complejo mecanismo para decidir sobre sus deportaciones – descodificando el eufemismo “traslados” – que satisfaga a los separatistas catalanes y vascos, muy reacios a que sus administraciones regionales asuman responsabilidades que consideran ajenas, pero interesados en sostener a un ejecutivo que, por ejemplo, les delegue competencias estatales en materia de inmigración[3] en contra de la Constitución.

En todo caso, desde hace ya tiempo, con carácter general, corresponde a las autonomías la competencia de proteger a los niños en situaciones de riesgo o desamparo, asumiendo su tutela en defecto de sus progenitores o familiares directos.

A priori el transcurso de tanto tiempo desde la aparición de la “crisis” o ”situación de contingencia migratoria extraordinaria” habían convertido al decreto ley en un instrumento improcedente. Precisamente, la duración en el tiempo de esta situación impide equiparar la acción voluntaria y recurrente de individuos organizados para arribar a las costas españolas con un fenómeno meteorológico o un suceso imprevisible. A pesar de que confluye un transporte irregular de personas habitual, el legislador motorizado gubernamental distorsiona la realidad para invocar el supuesto de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificaría (ex art. 86.1 CE) la oportunidad de dictar un Real decreto ley.

Por otro lado, dado que su objeto viene a ser la regulación de mecanismos administrativos que afectan a los derechos, deberes y libertades de los extranjeros, el gobierno infringe, asimismo, la reserva de ley orgánica prevista en la Constitución (art. 81 CE) e intenta eludir la prohibición de afectarlos mediante este tipo de legislación excepcional[4]. Cualquiera que hubiera sido su contenido, nada, excepto el gusto autocrático por el hecho consumado, habría impedido durante estos meses la tramitación ordinaria de un proyecto de Ley Orgánica para reformar la Ley de Extranjería.

El mecanismo aludido se atribuye a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia[5], con sede en el Ministerio de Juventud e Infancia, la cual adoptará la decisión del reparto de cuotas por unanimidad. Si este consenso no se produce, decidirá el “órgano competente de la Administración General del Estado” según un modelo que atenderá parámetros muy difíciles de objetivar. En resumen, una fachada de regulación para que, al final, prime el apaño, fruto de negociaciones ocultas entre el gobierno (ya identificado de facto con el PSOE) y los partidos nacionalistas con mayor potencial de sustentarlo en el poder, al tiempo que despliegan su chantaje separatista.

 Hasta ahora, por desgracia, a falta de una estrategia procesal adecuada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[6], el gobierno sigue haciendo y deshaciendo todo tipo de normas y actos administrativos internos con desprecio por los límites constitucionales y legales, tomando las partes que le convienen en un momento dado de convenios internacionales multilaterales[7] o bilaterales[8] y del derecho comunitario europeo[9] y desechando las que le disgustan.

Porque esta es la gran falacia de la acogida de los menores extranjeros no acompañados. A pesar de la existencia de acuerdos internacionales bilaterales para la prevención de su entrada irregular y el retorno concertado[10], por una serie de intereses creados, el ejecutivo actual pretende imponer el dogma de la inevitabilidad de su llegada y acogida, como si fuera una obligación mantener a costa de los españoles a presuntos menores sin una indagación previa sobre su edad, identidad, sus antecedentes penales, o el paradero de sus padres. Desde cualquier perspectiva legal, estos últimos son realmente los responsables de la guardia y custodia de sus hijos y mantenerlos en su compañía.

Si a todo ello añadimos que la mayoría de estos menores extranjeros no acompañados proceden de países que no están asolados por la guerra, singularmente de Marruecos y Argelia, y de que el gobierno solamente repatrió a cinco de los 10.288 llegados por vía marítima en pateras entre 2021 y 2023[11], la necesidad de un replanteamiento de toda esta política se revela como urgente.

Notas

[1] A pesar de que la inclemente máquina adoctrinadora del gobierno presente la situación como normal, trapichear con un partido (Junts per Catalunya) cuyo dirigente máximo, Carles Puigdemont i Casamajó, se encuentra en rebeldía y fugado de la Justicia, tiene implicaciones muy graves. Debe insistirse en que solo se explica por la necesidad de un gobierno autocrático y corrupto de mantenerse a toda costa en el poder.

[2] Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

[3] Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, presentada el 11 de marzo por los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.

[4] Por mucho que la nueva disposición final cuarta de la Ley de Extranjería proclame que esta materia no queda reservada a una ley orgánica cuya aprobación, modificación o derogación (ésta es la clave) exigiría “la mayoría absoluta del Congreso, en una votación sobre el conjunto del proyecto”. (art. 86.2 CE)

[5] Un “conferencia sectorial” en el enrevesado sistema autonómico español es, según los artículos 147 a 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, un “órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado”, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno central que resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

[6] Constatado el carácter ancilar respecto al ejecutivo de la mayoría de los magistrados del actual Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido Tourón a la cabeza, los jueces españoles, aprovechando el engarce a la jurisdicción europea comunitaria, deben desprenderse del temor reverencial al gobierno y a sus adláteres que están pavimentando la presente tiranía. Otro tanto cabe decir de los partidos de la oposición o los ciudadanos. En este sentido, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de la U.E, de fecha 5 de junio de 2023 en el Caso C‑204/21, mediante la cual, confirmando otras anteriores, el Tribunal responde a las trampas legislativas que intentó el gobierno polaco del PiS  para eludir su cumplimiento.

[7] Principalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de la ONU el 20 de noviembre de 1989.

[8] Un buen ejemplo es el Acuerdo, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

[9] La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

[10] El mismo art. 35 de la L.O de Extranjería alienta y prevé actuaciones internacionales del gobierno para prevenir estas situaciones y repatriar a los menores de forma concertada, que pongo en duda que se cumplan.

[11] Rubén Pulido. El Gobierno sólo repatrió a cinco de los más de 10.000 menas llegados a España entre 2021 y 2023, la mayoría magrebíes.

Impuestómetro 2025

El Instituto Juan de Mariana presenta Impuestómetro, su informe anual dedicado al estudio de la onerosa carga fiscal que soportan los contribuyentes españoles. Los principales hallazgos de la edición de 2025 son los siguientes:

– Desde 2019, España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras que el promedio para el conjunto de la UE-27 arroja un descenso de 0,9 puntos. Mientras España ha incrementado el peso de los impuestos y las cotizaciones, 14 de los 27 países de la UE han reducido su presión fiscal, entre ellos Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos o Suecia.

– El aumento de la recaudación desde 2019 asciende a 127.744 millones y, ajustado a impuestos, alcanza los 59.461 millones. Esto equivale a 2.627 euros por habitante y 6.614 euros por hogar, en términos nominales, o 1.223 euros por habitante y 3.079 euros por hogar, en términos reales.

– El Impuestómetro de 2025 plantea, en primer lugar, la incidencia de las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA sobre un sueldo medio. Este ejercicio revela que el coste laboral total (o “salario completo”) abonado para emplear a un trabajador que percibe el salario medio asciende a 39.480 euros. No obstante, a esta cifra se le descuentan 9.243 euros de cotizaciones a cargo de la empresa, 1.959 euros de cotizaciones a cargo del trabajador, 4.279 euros de Impuesto sobre la Renta y 2.942 euros de IVA. Así, el impacto acumulado de estas tres figuras recaudatorias es de 18.865 euros anuales, lo que supone el 47,8 euros de coste laboral total (o “salario completo”), a razón de 21.607 euros anuales por cada contribuyente que percibe el sueldo medio.

– El gobierno de Pedro Sánchez ha querido transmitir la idea de que el IPRF no ha crecido con fuerza presentando datos referidos al tipo medio. Sin embargo, este indicador resulta engañoso, puesto que toma en consideración a millones de contribuyentes de rentas bajas que no abonan este tributo en la práctica. Además, ha aumentado un 13 por ciento bajo mandato del dirigente socialista. De hecho, aunque las bases imponibles sobre las que recae este gravamen han subido un 30 por ciento, los ingresos obtenidos por este tributo han crecido un 47 por ciento, es decir, un 57 por ciento más. El grueso de tal incremento se explica por la no deflactación del impuesto, que ha activado una importante subida encubierta de la presión fiscal. Así, de 2019 a 2023, la recaudación del IRPF ha aumentado en 27.600 millones de euros a raíz de la “progresividad en frío”. No deflactar este gravamen ha supuesto un golpe de 563 euros por persona.

– La Administración Sánchez insiste en que es preciso subir más los impuestos para lograr la “armonización” de muestra presión fiscal con el promedio europeo. Tal ejercicio supondría aumentar la recaudación en 44.940 millones de euros, un incremento equivalente a 2.747 euros por hogar. El Ejecutivo no solamente se equivoca al plantear esta deriva, que indudablemente golpearía negativamente la actividad económica y el bolsillo de las familias, sino que además pasa por alto que la presión fiscal es menor en España porque nuestra tasa de paro casi duplica el promedio comunitario y porque nuestros niveles de renta se sitúan por debajo de la media europea. Sobre este último punto, si estimamos cual sería el esfuerzo fiscal soportado por un contribuyente español si los impuestos aplicados en nuestro país fuesen comparables a los de Alemania, encontramos que su factura tributaria caería en 3.578 anuales. En comparación con Dinamarca, el ajuste sería aún mayor y el sacrificio fiscal se reduciría en 4.677 euros por contribuyente.

– El gobierno ha decidido que los trabajadores que cobran el salario mínimo queden sujetos al IRPF, a raíz a de la no actualización del mínimo exento de este gravamen. Esta decisión afecta a medio millón de asalariados. Por tanto, Hacienda percibirá el 42 por ciento del incremento salarial aplicable a los trabajadores que cobran el SMI. De hecho, el diseño del impuesto hace que, para ciertos tramos de renta, el salto de presión fiscal que se producirá alcanza niveles cercanos al 50 por ciento.

– No tiene sentido alegar que quienes más ganan realizan una contribución fiscal insuficiente, como suele afirmar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El 5,2 por ciento de los declarantes del IRPF que perciben más de 60.000 euros generan el 41,7 por ciento de todo lo recaudado por IRPF. Considerando todos los impuestos, y ajustando los datos para descontar las ayudas sociales y las transferencias monetarias y en especie, vemos que el grueso de la aportación fiscal con que se financian la operativa del sector público y el Estado de Bienestar provienen del 20 por ciento que más gana.

– Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del gobierno de España, los contribuyentes han sufrido 94 subidas de impuestos y cotizaciones, soportando además la no deflactación del IRPF y otros gravámenes. La voracidad recaudatoria del Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Sumar contrasta con la que se ha venido aplicando la Comunidad de Madrid, donde el periodo 2019-2025 se ha saldado con 90 rebajas de la presión fiscal autonómica. De hecho, si ampliamos el periodo de estudio para analizar las dos últimas décadas podemos comprobar que en Madrid se han aprobado 144 rebajas fiscales por valor de casi 75.000 millones de euros.

– Las continuas modificaciones fiscales aprobados por la Administración Sánchez incrementan la litigiosidad y la inseguridad jurídica. Cada año se presentan más de 200.000 reclamaciones ante los distintos Tribunales Económico-Administrativo. De 2021 a 2023, estos expedientes se han elevado en un 20 por ciento. En el 40 por ciento de los casos, los fallos emitidos respaldan al contribuyente y resuelven en contra de la Agencia Tributaria.

– Comparando el IRPF de 2024 con el de 2008, se puede apreciar que la no deflactación del impuesto ha elevado sustancialmente el tipo medio efectivo abonado por los contribuyentes, con subidas de entre el 45 y el 60 por ciento para los distintos niveles de renta.

– La natalidad ha alcanzado en España el segundo nivel más bajo del toda la UE (apenas 1,12 hijos por mujer en 2023). En este sentido, es importante recalcar que un trabajador con hijos que percibe el salario medio soporta un cuña fiscal (IRPF y cotizaciones) apenas 4,7 puntos porcentuales menor que un asalariado con idéntico salario, pero sin descendientes. En la OCDE, la rebaja media que se aplica en un escenario así es de 9,1 por ciento, es decir, un 93 por ciento más.

Para descargar el informe completo pincha aquí.

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El lenguaje económico (L): Ambigüedad

Un tipo de falacia informal consiste en usar el lenguaje de modo ilegítimo, abusivo o inductor a confusión; en otras palabras: el hablante usa términos ambiguos, equívocos o imprecisos (Vega, 2007: 196). Veamos algunos ejemplos.

Desarrollo sostenible

Aunque se refiere a un crecimiento que satisface las necesidades del presente sin comprometer las futuras, su aplicación práctica es imprecisa. No siempre está claro cómo se miden los límites de la sostenibilidad o cómo se equilibran los objetivos económicos, sociales y ambientales.

Establecer categorías o clases de bienes

Los economistas clásicos no entendían por qué el «hierro» valía menos que el «oro», siendo el primero más útil que el segundo. La famosa paradoja del valor fue debida a que «los primitivos economistas no se percataron del peligro que encerraba el emplear tales vocablos de uso general sin adoptar las oportunas precauciones» (Mises, 2011: 750). Es propio de la teoría económica manejar conceptos —capitalismo, intervencionismo, valor, dinero, beneficio, interés, etc.— e incluso categorías de bienes —materias primas, bienes de capital, servicios, etc. —, pero sin olvidar que el hombre siempre actúa (produciendo, intercambiando, consumiendo) sobre específicas cantidades y calidades de bienes económicos.

Flexibilidad laboral

Para un sindicalista, «flexibilidad» laboral significa que sus patrocinados disfruten de horarios y condiciones de trabajo mejores de los que obtendrían en el libre mercado. Estas «mejoras» proceden de la violencia sindical y la complicidad del gobierno. En cambio, para los empresarios y, en general, amantes de la libertad, flexibilidad laboral significa menor regulación y mayor libertad contractual.

Inflación

Los hablantes en general entienden por inflación la subida generalizada de los precios. Un economista sabe que la inflación, stricto sensu, es el aumento artificial de la cantidad de dinero, producido por el banco central y por la banca con reserva fraccionaria. Este aumento, desde el punto de vista económico, provoca los mismos efectos que una falsificación privada de dinero: enriquece al falsificador a expensas del resto de la población, que ve reducida su capacidad adquisitiva. La subida de los precios, por tanto, no es la inflación, sino su consecuencia. Cuando ésta es acusada, es frecuente apelar a metáforas equinas: inflación «galopante» o «desbocada», como si de un fenómeno externo se tratara.

Inversión pública

Es una expresión equívoca porque la inversión es un fenómeno exclusivo del sector privado. Los gobiernos nunca invierten, solo gastan. Recordemos el artículo La falacia de la inversión pública.

Libre mercado

En la práctica, ningún mercado es completamente libre de intervención estatal o regulación. Interpretar qué es un «mercado libre» varía según la ideología, por ejemplo, para un anarcocapitalista, libertad de mercado es la ausencia absoluta de coacción gubernamental o laissez faire; para un minarquista, es «mínima» coacción mercantil; por su parte, el socialista odia el libre mercado y lo mantiene parcialmente intervenido porque la planificación económica pura significaría la ruina de la sociedad.

Movilización del ahorro privado

«Movilizar» bien podría significar una confiscación directa —quita— de las cuentas corrientes de los europeos, pero siendo esto tan impopular, lo más probable es que Bruselas legisle dando «palo y zanahoria»: castigo a quienes no inviertan su dinero en aquello que los políticos consideran apropiado y premio a los obedientes. 

Pensiones garantizadas

Por mal que funcione el Estado, siempre quedará algo de dinero para pagar las pensiones públicas. Nunca se dice si la nómina del pensionista le permitirá vivir dignamente o en la miseria.

Solidaridad intergeneracional e interterritorial

En el primer caso, el gobierno confisca violentamente el dinero de los trabajadores activos para dárselo a los pensionistas. En el segundo, confisca el dinero de los ciudadanos de una región y lo transfiere a los de otra. En ambos casos, no es solidaridad, sino robo y reparto del botín fiscal.

Bibliografía
  • Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
  • Vega, L. (2007): Si de argumentar se trata. España: Montesinos
Serie ‘El lenguaje económico’

Sobre el anarcocapitalismo (III): ¿más o menos Europa?

Todo apunta a que el gobierno de Donald Trump ha cambiado sus alianzas y, de apoyar incondicionalmente a Ucrania, parece mostrar ahora su preferencia por llegar a acuerdos con el presidente Putin. Al mismo tiempo, inflige una grave humillación a los gobernantes europeos, que parece que no van a ser llamados a la mesa de negociaciones, a pesar de que el conflicto se desarrolla en el espacio europeo.

Algunos acusan de traición a Trump por ningunear a la OTAN y por retirar su apoyo a Zelenski, o mejor dicho, por condicionar su apoyo a una contraprestación en forma de concesiones de minas de tierras raras. Yo no lo llamaría traidor, pues es algo que lleva tiempo anunciando e incluso formó parte de su discurso electoral. Lo que sí rompe en parte es la línea de continuidad en política exterior de los Estados Unidos, en la que los aliados europeos jugaban un lugar central.

En cualquier caso, los líderes europeos se han dado cuenta de que la intención de Trump es dejar de subvencionarles los gastos de defensa, proponiendo incluso la reducción de las bases militares y de los efectivos desplegados en nuestro continente. Para un antiimperialista, y los anarcapitalistas lo somos, no deja de ser una buena noticia, pues supongo que no es razonable esperar que los norteamericanos se encarguen de solventar nuestros problemas y de protegernos otros 80 años más. Algún día tendrían que retirarse y ese momento parece haber llegado, y los europeos tendremos que encargarnos de nuestros desafíos de defensa.

¿Más Europa?

Pero esto abre un nuevo debate en nuestro espacio, que consiste en determinar cuál debería ser el tipo de defensa del que deberíamos dotarnos y si esa forma de defensa implica o no cambios en la configuración de la Unión Europea. La mayoría de las voces que se expresan desde el poder, tanto desde los estados como desde la propia Unión, parecen reclamar “más Europa” tanto en el ámbito político como en el militar. Han encontrado en el abandono norteamericano una ventana de oportunidad para reforzar el proyecto centralizador europeo.

Así, se habla ya abiertamente de incrementar los poderes de la Comisión Europea en el ámbito interno y de expandir la Unión a nuevos países —Ucrania incluida— en el ámbito exterior. Por supuesto, se vuelve a discutir la idea de establecer un ejército único europeo para atender los problemas de la defensa. Creo que llevar a cabo tales medidas sería un inmenso error, pues los objetivos de recuperar influencia en el mundo no solo no se conseguirían, sino que muy probablemente el declive europeo sería irreversible.

Aunque, dicho sea de paso, a veces me sale la vena aceleracionista y reconozco que esas medidas no me disgustan del todo, en el sentido de que acabarían de una vez con este proyecto centralizador que ha llevado a Europa al estancamiento económico, político y cultural. Si algo me disuade de desearlo en serio es que ese proceso no sería ordenado y podría dar lugar a severas disfunciones sociales y económicas, arrastrando a todos los que lo integren sin distinguir justos ni pecadores.

Una unión europea (con minúsculas)

En primer lugar, hay que recordar que Europa está más unida políticamente que nunca en su historia y que, como ya hemos señalado alguna vez, siempre se ha caracterizado por estar dividida y fragmentada. Es más, su éxito económico se debió precisamente a esa fragmentación, como nos recuerdan el olvidado Jean Baechler, Eric Jones o Joel Mokyr, que condujo a una fértil competencia en todos los ámbitos y que impidió que el capitalismo fuese ahogado en sus primeras etapas. A la inversa, fue la centralización uno de los factores que explican el estancamiento y la decadencia de China hasta comienzos del siglo XXI y lo que, a mi modo de ver, impedirá que se consolide como un espacio económico de alto desarrollo.

Nunca llegará a ser Singapur —también de cultura china— porque frenará su crecimiento mucho antes, como se puede constatar viendo su desempeño en los últimos años, ni siquiera Hong Kong, a pesar de que desde que está incorporado a un espacio político más grande crece relativamente mucho menos. Incrementar los poderes de la Comisión solo puede conducir a la creación de un superestado al estilo del chino, que vacíe de competencias a los actuales estados e impida la competencia entre ellos. Si la Comisión se equivoca, se equivoca todo el continente con ella, y careceríamos de parámetros de comparación a pequeña escala. Solo podríamos compararnos con Estados Unidos o China, y no serían buenos referentes dadas las distancias culturales existentes.

Unión Europea: expansión y euroescepticismo

Extender la Unión Europea a otros estados, como Ucrania, Moldavia o Serbia, sería un magnífico regalo para los euroescépticos. No solo complicaría la toma de decisiones, a menos que se eliminasen las posibilidades de veto que aún existen —lo cual dejaría a los estados miembros poco más que como provincias de la UE—, sino que ya se están dando problemas tanto en el ámbito de la política exterior como en la interna con varias de las recientes incorporaciones del este de Europa; mucho más se darían si se incorporasen estados de grandes dimensiones como Ucrania, con conflictos abiertos o latentes con potencias extracomunitarias.

Estos nuevos países serían receptores netos de ayudas y no creo que contribuyesen demasiado a la mejora de la competitividad del espacio, dado que aún cuentan con una fuerte cultura estatista, plagada de empresas públicas heredadas del viejo Estado comunista, y sus grados de corrupción siguen siendo muy elevados. Ayudar a esos países pasaría más por abrir mercados a su producción, algo a lo que, por cierto, se oponen muchos sectores económicos —como el agrario— de varios estados del este de Europa. Una mayor extensión territorial no hará más fuerte a Europa, ni una mayor integración la hará más competitiva.

Otra cuestión que dificultará mucho esta salida es el hecho de que sus sistemas políticos y sociales son muy disímiles entre sí. Los sistemas de bienestar europeos —sanidad o pensiones, por ejemplo— se plantean con principios diferentes en cada país y responden a dinámicas históricas propias y a tradiciones intelectuales endógenas. En Europa hay sistemas sanitarios tipo Beveridge, como el español, en el que los servicios son gestionados de forma directa por el Estado, y otros como el alemán, a base de cajas de seguros (similares a MUFACE en España), de gestión privada y con financiamiento parcial del Estado.

¿Un euroejército?

El problema sería determinar cuál sería la forma de prestación al unificarlos, pues probablemente no contentaría a todos e implicaría problemas y costes de transición a corto y medio plazo. Solo hay que ver lo que sucedió con la simple posibilidad de transferir a los asegurados de MUFACE a la Seguridad Social, para imaginar lo que sería transicionar hacia un modelo de salud unificado en Europa. Además de la forma en que se presten los servicios sociales, habría que discutir cuál debería ser la cantidad gastada en ellos y cuáles deberían ser las prioridades a atender; en esto tampoco parece haber acuerdo.

Si la unificación de políticas sociales ya es compleja, mucho más lo sería la creación de un euroejército unificado. No solo por la integración bajo un mismo sistema de mando de soldados con diferentes idiomas y culturas, sino también por el problema de definir cuáles deberían ser las prioridades en la defensa europea. Y estas no están en absoluto claras ni bien establecidas. Los países del Este y Centroeuropa, supongo, definirán su defensa en relación con Rusia, a la que temen por la posibilidad de que retome el viejo imperio de los zares, Polonia y Finlandia incluidas.

Países como España verán en el norte de África sus potenciales amenazas, mientras que Francia y Bélgica podrían estar más interesadas en controlar sus antiguas colonias en el Sahel o en África Central. No es fácil atender a todos estos espacios a la vez y, supongo, el futuro mando europeo tendría que priorizar unos sobre otros a la hora de requerir armamento, material y recursos humanos. En definitiva, el euroejército tendría que desatender los intereses de algunos de sus miembros para atender los de otros y acabaría siendo dirigido por el país que tuviese mayor influencia política en el conjunto, exactamente igual que ocurre ahora en el funcionamiento de la OTAN.

Rearme, sí o no

El problema de definir al enemigo que justifique una integración militar no es nada claro ni simple, pues, de darse los pactos que se anuncian entre Rusia y los Estados Unidos, el gran país eslavo pasaría de ser enemigo a aliado del priTamncipal miembro de la Alianza Atlántica. Habría que justificar muy bien las razones para armarse contra un “amigo del jefe”. Salvo, claro está, que los países europeos abandonen la OTAN y establezcan un esquema de seguridad propio al margen de los Estados Unidos.

Entonces habría que discutir el fin de las bases militares en territorio europeo, abandonar los programas conjuntos de desarrollo tecnológico y de inteligencia militar, y comenzar a pensar en sustituir nuestro armamento, que en algunos casos requiere permiso norteamericano para operar, sin contar con repuestos ni municiones. Además, dada la naturaleza cambiante de las relaciones internacionales —como estamos comprobando en estos momentos—, resulta peligroso centrarse solo en un enemigo cuyo potencial de conflicto, a mi juicio, se está exagerando deliberadamente, descuidando otras posibles formas de enfrentamiento que no necesariamente tienen que ser armadas.

Pienso, por ejemplo, en el uso de la inmigración como arma o en potenciales ataques terroristas o cibernéticos, incluso desde el interior del propio espacio europeo. Estos no requieren un rearme, sino más bien capacidades policiales o de inteligencia que no suponen tanto gasto. Van a tener razón las afirmaciones del hoy casi olvidado libertario Seymour Melman, quien, en su genial El capitalismo del Pentágono, ya advirtió sobre el complejo militar-industrial norteamericano y su constante capacidad para inventar o redefinir nuevos enemigos con el fin de justificar su propia existencia. Y no cabe duda de que ese complejo militar, junto con la Comisión Europea, serían los principales beneficiados del rearme, al permitirles idear nuevas formas de obtener recursos fiscales con el aplauso de buena parte del espectro político, tanto de derecha como de izquierda.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’