De todas las trampas (y, como explicábamos ayer en Libre Mercado, son muchas) de la ley Celaá, la peor, sin duda, es aquella que tiene que ver con la concertada y el dinero público. Además, es una trampa relativamente exitosa: he discutido alguna vez con amigos liberales que defendían el cierre del modelo concertado con argumentos no tan diferentes a los que emplean los miembros del Gobierno.

El razonamiento viene a ser del tipo:

• El Estado no debe promover una ideología u otra.
• En el ámbito de la escuela, eso implica que debe ser imparcial. Las creencias particulares se enseñan en casa.
• Y con dinero público no debemos financiar esas creencias.
• Por una cuestión de equidad y para impulsar la igualdad de oportunidades, el Estado sí debe financiar los estudios de todos. Y para eso está la pública.
• El que quiera algo especial o una educación que encaje con sus creencias, que se lo pague.

En plan burdo, lo podríamos resumir en el siguiente tuit del juez Joaquim Bosch (y lo traigo aquí en parte por esa condición de magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia):

Los mismos neoliberales que exigen Estado mínimo ahora se enfadan si no se subvenciona por todo lo alto la educación privada o concertada. Libertad de enseñanza es poder optar, pero el que no quiera la pública no puede reclamar el gratis total con el dinero de toda la sociedad.

Pero no lo tomen más que como un ejemplo. En el último mes hemos podido leer declaraciones similares en boca de la propia Isabel Celaá, en columnistas, editoriales de periódicos, etc…

La ‘neutralidad’ de la escuela pública

Hay que ser muy ingenuo para pensar que la escuela pública es neutral. O, incluso, para pensar que puede llegar a serlo. Cojan ustedes el plan de estudios o los libros de texto disponibles en las escuelas rusas, chinas, alemanas, francesas o españolas. A ver qué se encuentran. ¿Neutralidad? No, por supuesto: hay un componente ideológico muy claro en cada una de ellas.

De hecho, no nos tenemos que ir tan lejos. Comparen los contenidos de los manuales que estudian los estudiantes madrileños, catalanes o castellano-leoneses. ¿Iguales? Ni mucho menos. Y no hablamos de lo que tiene que ver con el nacionalismo o la lengua. Ahí las diferencias son abismales. Incluso en asignaturas en teoría neutras (matemáticas, ciencias…) podemos encontrar enfoques, ejemplos, ejercicios, materias complementarias, etc. que no tienen nada que ver entre sí y que contienen mucha carga ideológica.

Por poner un ejemplo muy sencillo, de esos que pasan casi desapercibidos: en los libros de mi hijo de 8 años, yo me he encontrado ejercicios que consistían en “Tacha las imágenes negativas para el medio ambiente”. Y, claro, el dibujo que había que tachar era el de una fábrica. Pues bien, yo creo que el 99% de las fábricas que hay en España son positivas para el medio ambiente: sí, emiten gases contaminantes; y sí, gracias al plástico que se utiliza en esas fábricas no hay que talar miles de árboles y el uso de la energía es mucho más eficiente que si cada uno produjéramos esos bienes en casa. No seamos ingenuos, ideología hay en cada cosa que hacemos, incluso sin darnos cuenta.

Desde el campo liberal, el origen del error está en una famosa y acertada cita de Jefferson:

Obligar a un hombre a pagar contribuciones para la propagación de opiniones en las que no cree es pecaminoso y tiránico; incluso forzar a este hombre a apoyar este o aquel maestro religioso es privarle de la confortable libertad de entregar sus contribuciones a las particulares pasiones que siente son más correctas.

Los padres fundadores norteamericanos vivían en un entorno en el que se mezclaban personas de diferentes confesiones religiosas y sabían que esos pioneros no aceptarían que sus impuestos fueran destinados al sostenimiento de una iglesia que no era la suya.

Pero aquí es donde llega el triple salto mortal dialéctico (con tirabuzón y doble pirueta) que viene a decir que la religión es parte de las creencias privadas de cada familia y tiene que quedar al margen de las aulas… pero los planes de estudio actuales son “neutrales”, “científicos”, “pedagógicos”, “imparciales” y “no están contaminados por creencias particulares”.

Sería risible si el tema no fuera tan grave y la trampa no estuviera tan extendida. Es tan burdo que llama la atención. ¡Y muchos denominados liberales se la creen! O dicen que se lo creen; yo en realidad hace tiempo que he asumido que la mayoría no se lo traga, pero que, como buena parte de lo que se enseña ahora encaja en sus creencias particulares, miran de forma hipócrita para otro lado (son los mismos que bramarían de indignación, y con razón, si a sus hijos los metieran a estudiar religión).

La ‘neutralidad’ de la Ley Celaá

Cojo los siguientes párrafos del muy completo artículo resumen que Olga R. Sanmartín escribió para El Mundo a propósito de la ley Celaá:

• La ley quiere “reforzar la autoestima” de sus alumnos promoviendo la “diversidad”, la “empatía” hacia los “seres sintientes” y la “educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial”
• La educación financiera se convierte en el reconocimiento del “papel social de los impuestos y de la justicia fiscal”. La seguridad vial pasará a llamarse “movilidad segura y sostenible”
• Los alumnos recibirán educación afectivo-sexual ya desde Primaria. Tendrán que “conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad”
• Las actividades complementarias serán gratuitas y, por consiguiente, obligatorias, para blindar las charlas LGTBI ante el pin parental de Vox.
• Los centros que separan por sexos no podrán recibir ya fondos públicos, pese a que el modelo lo avala el Tribunal Constitucional.
• Se crea una nueva asignatura de Valores, en donde los partidos de la oposición ven una nueva Educación para la Ciudadanía. Los alumnos estudiarán contenidos de “Memoria Democrática”.
• La Religión ya no contará para la nota ni para pedir becas.

¿Y aquí no hay ideología? ¿El que quiera ideología o creencias particulares que se las pague? ¿Los que busquen neutralidad a la pública? ¿Cerrar la concertada es lo liberal?

Aquí alguno sacará la carta PSOE: esto es culpa de la ley Celaá, lo que hay que hacer es trabajar para tener una escuela pública neutral. Y no, aunque haya leyes más sectarias que otras (como ésta, por ejemplo, que va mucho más allá de lo que habíamos visto en las últimas décadas), la escuela pública siempre tendrá ideología, como todas las demás escuelas.

Tendrá ideología porque la tendrán los maestros que allí enseñan. Uno de los puntos de la lista de arriba habla de la educación financiera. Lo usaremos como ejemplo con una cuestión de apariencia técnica. Pensemos en una clase sobre qué es el tipo de interés. Parece un tema no sujeto a conflicto. Ahora imaginen dos profesores, uno que comienza su clase diciendo “hoy os explicaré lo que es el tipo de interés para que podáis maximizar vuestros ahorros” y otro que lo hace diciendo “si manejáis bien este concepto, evitaréis que os engañen los bancos”. Las fórmulas matemáticas que escriban en la pizarra serán las mismas… la idea que se lleven sus alumnos a casa no tendrá nada que ver.

Esto no quiere decir que los maestros lleguen cada día a clase pensando: “Hoy les voy a adoctrinar con…”. Los habrá más proclives a hacerlo; otros lo serán menos y preferirán centrarse en los contenidos y en ofrecer herramientas a sus alumnos para que estos piensen por sí mismos. Pero no es el tema de este artículo.

Probablemente, la mayoría de los profesores emplea el 80-90% del tiempo en el aula de forma similar, en el colegio más progresista y en el más conservador que podamos imaginar. Intuyo que, en ambos casos, la mayor parte de las clases se usa en enseñar a sumar o a poner bien las tildes. Tampoco es eso de lo que hablamos, sino de si los padres tienen algo que decir en el ideario de los centros a los que van sus hijos y de si ese ideario puede ser neutral.

Otro tema del que los periodistas sabemos muchísimo: la selección de contenidos. La relevancia que se le da a los temas, el espacio que se le otorga, el enfoque del titular, lo que se cuenta y lo que no, las fotos que acompañan al texto… a menudo son mucho más importantes que la información tratada. Se puede no mentir (en el sentido de no dar datos falsos) y dar una imagen completamente distorsionada de la realidad.

Pues lo mismo ocurre con los planes de estudio. Esos planes los establece el Ministerio, pero la aplicación práctica en el aula la deciden colegios y profesores. No nos hagamos trampa: cada uno, si fuéramos maestros, le daríamos más relevancia a aquello que creemos que la tiene. Y sí, eso también es ideología.

El papel de la religión

Un tema capital es el papel de la religión, una de las grandes trampas de nuestros progresistas y nuestros liberal-progresistas. Es una manipulación que se ha extendido mucho y que comparte una mayoría de la población, incluso muchos creyentes, probablemente en parte como respuesta al predominio que la Iglesia tuvo en la educación durante años. Me refiero a esa idea absurda de que si no hay religión en las aulas lo que allí se enseña es neutral. Pues no, el enfoque ateo o agnóstico de la vida es tan ideológico como el que pueda defender un protestante evangélico de los que interpretan la Biblia de forma literal.

Sé que esto les chocará a muchos ateos-agnósticos liberales, que tienen un largo camino por delante para salirse de su marco mental, porque llevan años viviendo en esa ficción de que lo suyo o no son creencias ¡o son ciencia! Los niños hacen millones de preguntas sobre temas morales y metafísicos: de hecho, para explicar algunas cuestiones, es casi inevitable tomar una postura al respecto. Pero sin añagazas, no hablar a los niños de Dios desde los 6 a los 18 años es una decisión ideológica tan respetable como leerles la Biblia cada día… pero igualmente cargada de subjetividad y creencias.

Es que incluso en lo más básico, el 2+2=4, hay ideología. No en la fórmula, pero sí en todo lo que rodea a la ecuación: si el profesor es más o menos exigente con los alumnos que fallan el problema, si manda más o menos deberes para casa, si usa un método más tradicional o más innovador de enseñanza… ¿Que ahí no hay ideología? Saquen el tema en casa en las próximas Navidades y ya verán si todas estas cuestiones son objetivas o es fácil llegar a un consenso.

¿Un acuerdo de mínimos?

Si no nos queremos hacer trampas, sólo hay una solución posible: un acuerdo general entre los grandes partidos para establecer un currículo de contenidos mínimos que sean realmente muy mínimos (lengua, matemáticas, contenidos básicos de historia y ciencias naturales, lengua extranjera y poco más) y que al mismo tiempo otorgue mucha libertad de acción a los centros, tanto públicos como privados (privados puros o concertados). Una libertad que alcanzaría a los contenidos pero también a las técnicas pedagógicas y a los niveles de exigencia.

Y todo esto unido a un formato tipo cheque escolar, que permita a los padres elegir centro.

Además, hay muchas maneras de aplicar ese famoso cheque escolar: por ejemplo, se podrían buscar fórmulas para equilibrar el porcentaje de alumnos desfavorecidos en los centros si se detecta que hay determinados colectivos que no tienen acceso a los colegios que pretenden sus familias.

Voy a copiar por segunda vez en dos días la cita de Víctor Lapuente para El País, aunque sólo sea para que quede claro que ese acuerdo es perfectamente posible.

Si comparas el sistema español con los de nuestro entorno, alcanzar un acuerdo para una educación más inclusiva es fácil. Bastaría con integrar de verdad a la concertada y la pública en una red de centros que compitieran entre sí por unos (idénticos) recursos públicos en pie de igualdad, sin el doping de las aportaciones de los padres. En este pacto todo el mundo cede. El Estado paga más por cada alumno a los colegios concertados y, a cambio, estos ponen en marcha mecanismos para evitar la segregación. Eso sí sería auténtica libertad educativa —de todos los centros para introducir los métodos pedagógicos que creyeran más efectivos y de todos los padres para elegir el mejor colegio para sus hijos sin pensar en el dinero—.

Para lograr este consenso, lo primero es señalar lo obvio: ideología tenemos todos, también los que dicen que con su dinero no quieren pagar aquello en lo que no creen… pero no nos dejan a los demás decir exactamente lo mismo.

Estamos enredados en una trampa. No es que vayamos hacia ella y podamos hacer algo por evitarla. Es que tenemos los dos pies bien metiditos en la zona embarrada y las arenas movedizas nos van engullendo poco a poco.

Lo explicaba hace unos días, en este mismo periódico, José García Domínguez con su precisión característica y desde una perspectiva más keynesiana (creo que Pepe no sólo me permitirá el calificativo, sino que lo celebrará): “El sistema de pensiones vigente en nuestro país es completamente inviable en el tiempo, algo que todo el mundo sabe. Y alterar de modo profundo su naturaleza es absolutamente imposible, algo que no todo el mundo sabe pero que debería saber. (…) Tratar de desmantelar ahora el sistema de reparto, el mismo que todos los cálculos actuariales serios consideran abocado a la quiebra segura e inevitable en torno al año 2030, constituirá una quimera. Es empresa imposible”.

Firmo cada palabra. Quizás lo del “sistema” es lo único que me escama. No es un sistema: es, simplemente, la principal partida de gasto del Estado español (de eso trata nuestro último Economía para quedarte sin amigos). Pero vamos, yo he usado el mismo concepto cientos de veces: es lo que tienen las ficciones políticas, que acaban poseyéndonos un poco a todos.

Dice García Domínguez al final de su columna que la productividad nos podría salvar. Y es cierto, pero con matices. ¿Consigamos un país más rico y podremos pagar prestaciones igual de generosas que las actuales? Sí y no.

Hace unos días, presentábamos el informe “Las pensiones en España. Una propuesta real y sostenible” (del que he sido co-autor, junto a Francisco Coll y José Francisco López, para la Fundación Naumann, Civismo y el Instituto Juan de Mariana). Perdonen la autocita, pero incluíamos un apunte al respecto que creo que es importante:

El incremento de la productividad se perfila como una ayuda clave para el sistema de pensiones, pero no resolvería el problema fundamental que espera a los futuros pensionistas: la caída de la tasa de sustitución (relación pensión/salario).

Lo explicaremos con un ejemplo (con cifras no reales):

• Imaginemos que el sueldo medio en un país es de 3.000 euros al mes, incluyendo el coste de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa
• Las cotizaciones sociales para la jubilación ascienden al 25% de ese salario
• Si en ese país hay 3 trabajadores por cada pensionista, la pensión media equivaldrá al 75% del salario. En este caso, 2.250 euros al mes
• Supongamos que, a lo largo de un par de décadas, se dispara la productividad y el sueldo se eleva, en términos reales, un 50%, hasta los 4.500 euros al mes
• Las cotizaciones sociales se mantienen en el 25% del salario total. Pero la tasa de dependencia ha empeorado y ahora sólo hay dos trabajadores por pensionista. Por lo tanto, la pensión media ahora asciende al 50% del salario medio: 2.250 euros al mes.
• El incremento de la productividad sí ha sido muy positivo. Ha permitido que la pensión se mantenga en 2.250 euros al mes. Sin esa mejoría de la productividad y los salarios, la prestación media habría bajado hasta los 1.500 euros al mes (el 50% de 3.000 euros)
• Pero no ha tenido ningún impacto en la tasa de sustitución: al final, la relación entre la pensión media y el salario medio (si no tocamos las cotizaciones o hay ingresos extra vía presupuestos) dependerá fundamentalmente de la ratio entre el número de trabajadores y el de pensionistas.

¿Un incremento de la productividad puede ayudar a mantener la tasa de sustitución? Porque esa es lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en nuestra pensión futura: cómo será mi prestación en relación a mi salario. Sí, podría, pero no es sencillo:

• Por una parte, al tener sueldos más altos, en teoría se podrían subir las cotizaciones sin hacerles tanto daño a esos trabajadores del futuro (solución con las patas cortas; estarías dañando la misma competitividad que te ha permitido crecer)
• Ese país más rico también recaudará más impuestos normales (IRPF, IVA, IS, especiales…). Con ese extra de recaudación podría incrementar las transferencias de desde los PGE hacia la Seguridad Social y subir la ratio Gasto en Pensiones / PIB. Si hay más pensionistas respecto al total de población, la única forma de mantener la tasa de sustitución individual de cada uno de ellos es dedicar más parte de la renta total del país a esta partida. ¿Posible? Sí, pero ni sencillo ni barato. De hecho, viendo cómo va a evolucionar la tasa de dependencia, parece casi imposible subir el porcentaje del PIB destinado a pensiones en la medida que sería necesaria para mantener la tasa de sustitución de cada pensionista.
• Mejora demográfica: ese país más productivo atrae inmigrantes jóvenes y muy cualificados, de los que ganan sueldos altos y cotizan por el máximo. Sería el mejor escenario desde un punto de vista financiero y fiscal. Hasta ahora, España no se ha caracterizado por su capacidad para lograr que los ingenieros holandeses o los desarrolladores informáticos canadienses se vengan a vivir aquí.

En resumen, sí: la subida de la productividad es nuestra mejor baza. Pero ni es fácil, ni resolvería todos nuestros problemas ni hemos hecho nada en los últimos años que nos invite al optimismo al respecto.

El ahorro

La productividad actúa como el asidero socialdemócrata (y esto no lo digo como crítica a la columna de García Domínguez, que me parece muy realista; sino porque es la típica buena solución de la que a veces olvidamos los matices). En el bando liberal, ese papel lo cumple el ahorro. Nos encanta… y por eso no siempre recordamos sus peros.

La formulación parece sencilla: si la tasa de sustitución de las pensiones públicas va a caer (desde un 75-80% hasta un 55-60%), la única forma de que el trabajador actual pueda mantener su nivel de vida tras la jubilación es el ahorro particular. De hecho, a mí me gusta tanto esta solución que en nuestro informe hemos planteado dos propuestas para impulsarla:

• Incentivar el ahorro a través de planes de empresa, un poco al modo británico, con planes de suscripción por defecto (te puedes salir si quieres, pero si no haces nada, el Estado te apunta). Nuestra idea consiste en realizar ajustes en las cotizaciones sociales actuales para trasladar hasta 3-4 puntos (la mitad de contingencias comunes y la otra mitad de desempleo) a una nueva bolsa de ahorro individual. Empleados y empresas aportarían otros 3-4 puntos extra.
• Sicav para todos: abrir una cuenta de ahorro a largo plazo a todos los españoles de 18 a 65 años. Además, para los actuales menores de edad, esa cuenta de ahorro tendrá un extra: cuando cumplan 18 años, les hacemos un pequeño regalo de 1.000 euros, como empujoncito estatal para incentivar el ahorro. La regulación de estas cuentas sería similar a la de las Sicav o los fondos de inversión: mientras no se retiren, los beneficios no tributan y el propietario puede mover el dinero entre todo tipo de activos (siempre dentro de la cuenta). Por supuesto, habría incentivos fiscales para el dinero ingresado cada año en la cuenta y, si se mantiene el ahorro hasta la jubilación, se podría plantear que tanto la aportación inicial como los rendimientos apenas tributen.

He hablado con varios amigos del tema y, en general, les encantan las dos ideas. Lo de los planes de empresa (ese segundo pilar mítico de las pensiones, del que tanto se habla, pero sobre el que no se hace nada) y la cuenta de ahorro. Y celebro que les gusten: las hemos planteado porque nos parecían dos buenas formas de avanzar hacia esa “Sociedad de propietarios” que es la base de cualquier páis próspero a medio plazo (aquí, un enlace al informe con ese título que Raquel Merino, María Blanco y Juan Ramón Rallo firmaron hace ya 14 años para el Instituto Juan de Mariana: un documento excelente para el que esté interesado en estos temas).

Eso sí, también hay que hacer una advertencia desde el principio: como con la productividad, esto ni es gratis ni sencillo. Que sí, que nos encanta el lenguaje del ahorro… pero nos olvidamos a menudo, en nuestro día a día y en lo que tiene que ver con las cuentas públicas, en la micro y en la macro, de que ahorrar consiste en dejar de gastar hoy para tener más mañana.

En este caso, además, con un añadido que está muy claro en la columna de Pepe y en el que tiene toda la razón: mientras tanto, hay que seguir pagando las pensiones de los actuales jubilados.

El salario neto de un trabajador medio español es un 40% inferior a lo que paga el empresario en concepto de coste laboral total. Y no hablamos de un millonario, sino de un sueldo medio de 26.500 euros al año (aquí, todos los detalles). Hay 13.500 euros de diferencia entre los 34.500 euros que abona la empresa hasta los apenas 21.000 euros que recibe en su banco el empleado: y el 70% de esa diferencia se debe a las cotizaciones sociales (aunque es verdad que para sueldos más elevados el porcentaje de esa brecha fiscal que se debe al IRPF es mayor).

No todo lo que se paga en cotizaciones va destinado a las prestaciones de jubilación. Pero en un cálculo un poco de números gordos, podemos asumir que unos 22-25 puntos de nuestro coste laboral total va dirigido a esta cuestión.

Y aquí es donde volvemos al tema del ahorro. ¿Podemos destinar 6-8 puntos de sueldo a los planes de empresa? ¿Puede la Seguridad Social quitarse dos puntos de cotizaciones? ¿Estamos dispuestos a reducir nuestro neto en otros dos puntos? Y la “sicav para todos”, ¿cómo la vamos a llenar?

Esta misma semana hemos publicado este informe y estas propuestas. Por lo tanto, sí, pienso que podemos responder de forma afirmativa a todas estas preguntas. También creo que sería positivo a medio plazo para la inversión y el crecimiento. Pero no me engaño. Habría que tomar decisiones difíciles: recortes en otras partidas de los PGE, cambios en la fórmula de revalorización de las actuales pensiones e incremento de las tasas de ahorro de los hogares (lo que implicaría, repetimos, menos gasto salvo que haya salarios mucho más altos). ¿Estamos dispuestos a asumir esos costes? Aquí soy más pesimista: creo que como sociedad no aceptaremos nada que implique sacrificios a corto plazo hasta que nos llegue el hachazo, un poco a la griega. Suena muy bonito lo de la productividad-reformas y el ahorro-largo plazo… pero hay que aceptarlo, lo usamos más como excusa que como plan.