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Chips, inteligencia artificial, y la politización de los mercados

Escrito por George Youkhadar en . Publicado en Análisis diario.

El libre comercio es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes económicos. En el interior de una nación, se traduce en libertad de empresa con mercado libre y una intervención estatal muy limitada. En el exterior, implica el libre intercambio de bienes y servicios con mínimas o inexistentes barreras al comercio internacional y al desplazamiento de los factores de producción en aras de una optimización eficiente de la producción y distribución, beneficiando a los consumidores globales en términos de calidad y precios de bienes y servicios.

La libertad económica, por ende, ha sido un motor trascendental en la creación de riqueza, bienestar social y desarrollo tecnológico de la humanidad. Sin embargo, siempre ha tenido que enfrentarse o acompañarse de diversos grados de intervención estatal, no solo a escala nacional sino también internacional.

No obstante, es importante resaltar, de cara al actual escenario geoeconómico global, la reflexión de Andrew McAfee, citado anteriormente, según la cual la batalla por la supremacía en los semiconductores no solo es vital geopolíticamente, sino también económicamente para la prosperidad de las naciones. Esta reflexión lleva implícita una fuerte intervención estatal, pues los imperativos geopolíticos y de seguridad nacional mencionados por McAfee anteceden en su reflexión como condición previa para alcanzar la prosperidad económica de las naciones, en especial de las grandes potencias, según nuestra interpretación. Esto conlleva implícitamente un contenido mercantilista y de intervencionismo estatal.

El cálculo estratégico, el desarrollo de la IA y la guerra de los chips

El cálculo estratégico podría concebirse como un proceso en el cual un gobierno u organización privada o pública de cualquier género evalúa la efectividad de un plan para alcanzar sus objetivos, sean de naturaleza política, económica, empresarial o social, entre otros. Dicho plan estaría conformado por un conjunto de decisiones condicionales que definirían los actos o pasos a ejecutar en función de los objetivos perseguidos y de las circunstancias susceptibles de presentarse en el futuro.

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y su incidencia en la evolución de una nueva generación de chips de alta capacidad han creado una relación simbótica en la que ambas tecnologías se retroalimentan en un frenesí de avances. Las implicaciones de esta relación no solo se han limitado al ámbito empresarial y tecnológico, sino que también han impactado ámbitos como la economía civil, la seguridad nacional, la ciberseguridad y el sector militar.

Por ende, el cálculo estratégico de los actores gubernamentales y empresariales que han desarrollado estas dos industrias posiblemente no previeron la multiplicidad de efectos ambivalentes en las áreas mencionadas, así como el impacto que estas industrias tendrían en los conflictos geopolíticos y geoeconómicos a escala global. Como prueba irrefutable de este escenario, podemos mencionar la guerra comercial entre China y EE. UU., cuyas secuelas acumuladas en los últimos seis años han incrementado el riesgo geopolítico e introducido mayor incertidumbre en el comercio internacional y en las cadenas de suministro globales. En este contexto, la seguridad nacional se ha impuesto sobre el crecimiento económico y se ha convertido en el principal riesgo en los flujos de capital, acciones, bonos, divisas y materias primas.

La fabricación de estos chips también ha planteado desafíos logísticos y estratégicos significativos. La producción de semiconductores de alta tecnología requiere materiales raros y procesos de fabricación complejos, lo que implica una cadena de suministro global sometida al estrés de los enfrentamientos geopolíticos y económicos internacionales. En este escenario, los países poseedores de tierras raras vitales para la fabricación de estos dispositivos comienzan a ser considerados objetivos de alto valor estratégico en la lucha por la supremacía tecnológica mundial.

Conclusiones

Todo el escenario descrito y sus respectivas secuelas han comenzado a delinear un nuevo orden internacional donde la incertidumbre política, motorizada principalmente por la intervención de las grandes potencias económicas y militares bajo imperativos netamente geopolíticos y de seguridad nacional, ha terminado por politizar el libre desempeño de los mercados globales, en especial en las líneas de producción de microchips.

Este conjunto de políticas parece tener una tendencia difícilmente reversible, que está llevando al surgimiento de un nuevo orden geopolítico y geoeconómico internacional compartimentado en tres bloques principales: el chino, el estadounidense y el europeo. Aún está por definirse el rol que desempeñarán Japón y Corea del Sur, ambos gigantes tecnológicos a escala global.

Lo que sí es cierto e irrefutable es que todas las ventajas en términos de calidad, precios e innovación en la producción de bienes y servicios a escala global, promovidas por la globalización económica bajo el Orden Económico Liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial, han comenzado a perderse de manera gradual y escalonada debido a la alta politización de los mercados, en especial el de los microchips y la inteligencia artificial.

¿Será posible que los altos niveles de interdependencia económica inherentes a la globalización puedan servir como contención ante esta creciente tendencia intervencionista, proteccionista y de compartimentalización global? Por ahora, el cálculo estratégico de los actores inmersos en esta nueva guerra fría apunta a la prevalencia de los criterios geopolíticos y de seguridad nacional sobre las políticas de libre mercado.

La época de Jrushchov ya está aquí

Escrito por Andras Toth en . Publicado en Análisis diario.

Hace un año establecí un paralelismo entre el estancamiento de Europa y el de la Unión Soviética bajo Leonid Brézhnev. Debía de tener cierta validez, ya que Niall Ferguson estableció recientemente un paralelismo entre la extinta Unión Soviética y el estado actual de Occidente. Lamentablemente, un año después, la metáfora sigue vigente: Europa sigue estancada, pero disfruta de un nivel de vida envidiable y de una relativa calma política. Sin embargo, las señales de los problemas están en las portadas de todos los periódicos importantes, y la UE también está sintiendo la presión del cambio.

Una de las razones por las que ha surgido esta repentina necesidad de transformación es el drástico cambio que se ha producido en Estados Unidos. Tras la reelección de Donald Trump, Estados Unidos se encuentra en una nueva era que guarda un asombroso paralelismo con la época de Jrushchov.

La época de Jrushchov

Jrushchov se convirtió en el líder supremo de la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. Stalin dejó un legado terrible, a pesar del glorioso triunfo en la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la Unión Soviética y la creación de un imperio que incluía una serie de estados satélites en Europa Central y Oriental. La Unión Soviética estaba al borde del colapso. La legitimidad del Estado del terror dependía de la temible presencia de Stalin. El nivel de vida era muy bajo y la escasez hacía la vida difícil. Jrushchov, que era uno de los secuaces de Stalin, sabía que el imperio necesitaba reformas para evitar el colapso.

Jrushchov era consciente de que la reforma no sería fácil. El legado estalinista estaba custodiado por una maquinaria de poder sólida, formada por burócratas, la policía secreta y una arraigada creencia en la grandeza de Stalin. Su estrategia consistió en exponer al público algunos de los atroces crímenes de Stalin y sus trágicas consecuencias, que se cobraron millones de vidas. El gran acontecimiento fue la profanación de Stalin en el XX Congreso del Partido Comunista. El discurso secreto se filtró y pronto se dio a conocer en todo el mundo. Causó conmoción entre los comunistas, mientras que quienes odiaban y temían al régimen sintieron que la historia les daba la razón. Pero sirvió al objetivo de Jrushchov: debilitó mortalmente a la facción estalinista y permitió emprender un gran programa de reformas del régimen socialista.

Jrushchov no era un anarcocapitalista rothbardiano. No quería desmantelar el imperio soviético ni acabar con la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación estatal. Simplemente, buscaba una versión más sostenible y reformada del socialismo, con la esperanza de que algunas reformas limitadas orientadas al mercado y un menor uso del terror permitieran un mayor dinamismo interno y mejores niveles de vida. Su reforma también consistía en reducir las tensiones internacionales y el gasto militar. Sin embargo, Jrushchov no quería renunciar a todo el imperio soviético. Mientras buscaba un entendimiento con Occidente sobre Austria y firmaba la paz con la Yugoslavia de Tito, aplastaba la Revolución Húngara de 1956.

Sus reformas fueron bastante exitosas. La Unión Soviética evitó el colapso y el imperio reformado duró otros 30 años. Sin embargo, las reformas mucho más profundas de Deng Xiaoping tras la muerte de Mao demostraron que las tímidas reformas de Jrushchov solo bastaban para prolongar la vida de un sistema inviable, pero no para dar paso a un rejuvenecimiento dinámico. Gorbachov se dio cuenta y lanzó una nueva ronda de reformas a mediados de los años ochenta. Esta vez, el plan de reformas más audaz de Gorbachov pretendía copiar el exitoso modelo chino. Pero ya era demasiado tarde: el rígido sistema soviético se había podrido tanto durante los años de estancamiento brezhneviano que los nuevos esfuerzos reformistas condujeron al colapso del imperio.

Trump 2.0: La era de la reforma jrushchoviana

Trump ganó la campaña de 2024 contra todo pronóstico. El Estado profundo, liderado por Biden, intentó frenarle mediante una guerra legal; la campaña de Harris contaba con más recursos económicos, y la prensa dominante estaba en su contra. A pesar de ello, ganó tanto el voto electoral como el popular, lo que le otorga una legitimidad que le fue esquiva en 2016.

Trump regresó tras cuatro años de guerra constante contra la maquinaria de la administración de Biden. Volvió lleno de ira y odio, con la firme determinación de debilitar la maquinaria del Estado dominada por el Partido Demócrata. Su objetivo es devolver el país a un estado anterior, libre de “infestaciones”. También prometió un programa de reformas económicas para evitar la debilidad causada por la deuda creciente y la desindustrialización. En cuanto a los objetivos de política exterior, Trump se presentó como el candidato de la paz que pondría fin a la era de las guerras perpetuas iniciada por la facción neoconservadora que ha dominado el aparato del Estado desde la presidencia de Bush II.

Una verdadera era de reformas jrushchovianas. El objetivo es devolver al país un período anterior de grandeza. «Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande» es una señal de que hubo una época en el pasado en la que el país era la mayor potencia económica y militar, y estaba orgulloso de sí mismo. Trump espera que el país vuelva al futuro.

Para lograr su objetivo, debe destruir la maquinaria del Estado dominada por el Partido Demócrata y la facción neoconservadora, así como la compleja burocracia que alimenta el círculo más amplio de ONG y medios de comunicación que sirven a sus intereses. Una tarea jrushchoviana. Las revelaciones sobre el gasto de la USAID no solo deslegitiman las prácticas de la maquinaria demócrata, sino que sin duda debilitan la imagen internacional de Estados Unidos. Como ocurrió con la campaña de profanación de Jrushchov.

Pero Trump, al igual que Jrushchov, no es un radical anarcocapitalista rothbardiano. Tampoco es un Milei con un programa de reformas claro y bien fundamentado. Sus reformas políticas, dirigidas a revertir el giro extremista woke, son un cambio bienvenido, pero su programa de reformas económicas es una mezcla incoherente. Recortar impuestos, reducir la regulación y la burocracia gubernamental, y eliminar el gasto políticamente motivado o corrupto es importante para reducir el papel manipulador del Estado. Sin embargo, el nacionalismo económico podría tener consecuencias negativas importantes.

¿Cuál será el desenlace? ¿Jrushchov, Deng, Gorbachov o FDR al revés?

Trump comenzó su presidencia como un reformista al estilo de Jrushchov, que quiere destruir el legado de sus predecesores y construir un país más fuerte. Su huella en la historia dependerá de lo audaces que sean sus reformas para reducir el papel del Estado y aumentar el de la coordinación del mercado.

Pero las reformas promercado en un solo país no bastan para reequilibrar el mundo, y el nacionalismo económico de Trump podría tener consecuencias peligrosas. La economía mundial funciona con un patrón dólar puro. Pretender eliminar la balanza comercial negativa de EE. UU. podría provocar una escasez de dólares y una crisis económica global.

Para evitar el caos, se necesita una gran conferencia internacional, como lo fue Bretton Woods en 1944. Sin embargo, para lograr esa cooperación, es necesario poner fin a las guerras actuales. Solo cuando cesen los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, habrá espacio para la cooperación entre las grandes potencias.

¿Debemos defender el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo?

Escrito por Daniel Morena Vitón en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en ¿Debemos defender el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo?

Cuando se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo, muchos libertarios lo consideran un derecho incuestionable. Desde que el PSOE lo aprobó en España en 2005, y el Tribunal Constitucional lo confirmó en 2012, prácticamente no ha habido oposición liberal ni libertaria. ¿Pero tienen razón o se equivocan? ¿La mayoría de las naciones que no lo han aprobado están violando sistemáticamente los derechos de las personas con tendencias homosexuales? La respuesta no es sencilla.

Libertarios a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo

Stephan Kinsella es uno de los libertarios que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario. Sus argumentos se basan en la idea de que, en un orden jurídico privado, las uniones con derechos y obligaciones, incluidas las entre personas del mismo sexo, serían reconocidas de manera gradual. Esto es cierto. Sin embargo, también sostiene que, mientras el Estado monopolice el matrimonio y controle asuntos como la copropiedad, la tutela de menores o la custodia, debe permitir también los matrimonios entre personas del mismo sexo. Según él: “¿Viola el matrimonio gay los derechos de alguien? No. No es un acto de agresión. ¿Viola los derechos de las personas homosexuales al impedirles que, debido al monopolio estatal del sistema legal, sus relaciones tengan efecto jurídico? Sí.”

El orden espontáneo y el matrimonio entre personas del mismo sexo

El principal problema del matrimonio entre personas del mismo sexo no es que viole derechos, sino que las élites están promoviendo la distorsión de la institución del matrimonio. ¿Por qué esto debería sonar problemático para aquel que defienda el principio de no agresión?

Según César Martínez Meseguer, la ley surge mediante un proceso de evolución a través de larguísimos periodos de acumulación inconsciente de conocimiento, a través de procesos de prueba y error. Esto no quiere indicar que toda ley surgida bajo este proceso (lo contrario sería un mandato) sea buena por definición y no se deba revisar racionalmente. Pero sí es un argumento a favor de cierta prudencia en el momento de aceptar nuevas leyes. Friedrich Hayek argumenta que la carga de la prueba se sitúa en quienes surgieren revisar una norma arraigada que ha sido generalmente considerada como positiva.

El matrimonio como institución representa la perfección del individuo, uniendo al hombre y a la mujer en su complementariedad natural, dando lugar a la familia, donde se conciben y educan nuevas generaciones. ¿Y qué ocurre cuando se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sin entrar ahora en si es una verdadera ley o un mandato impuesto desde las élites, pasa a indicar que el matrimonio que da apertura a la vida está al mismo nivel de parejas que, sin entrar en su validez moral, no pueden contribuir de la misma manera a la civilización, es decir, disuelve el matrimonio tradicional. No cabe concebir por este motivo un rechazo al matrimonio entre personas de diferente sexo que sean estériles, debido a que la ley se caracteriza por su generalidad y no es lo mismo excluir a B y C de una acción que solo B y C pueden realizar por definición que excluir a C y C de realizar esa acción.

Por tanto, Kinsella y otros libertarios tienen razón en afirmar que no viola ningún derecho, pero olvidan que disuelve el significado de una institución (el matrimonio tradicional, entendido como el matrimonio entre personas de diferente sexo) fundamental para la civilización.

El libertarismo y el matrimonio entre personas del mismo sexo

Personalmente, creo que muchos libertarios no escribieron sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en los años 70 simplemente porque era un tema inaceptable en aquella época. No formaba parte del debate público. En realidad, es un concepto nuevo promovido por élites progresistas e igualitarias en las naciones occidentales.

Kinsella, continuando con su argumento, admite que podría aceptar llamar al matrimonio entre personas del mismo sexo unión civil: “Ahora, si el Estado simplemente dijera: ‘llámalo una ‘unión civil’ y lo reconoceremos,’ (…) Si ‘matrimonio’ es la única clasificación legal para la cual el Estado reconocerá efectos civiles de una relación, entonces el Estado debe permitir que las relaciones homosexuales (o cualquier tipo de relación: amigos, hermanas solteras, lo que sea) califiquen también para ‘matrimonio.’”

Personalmente, considero que la cuestión etimológica es fundamental. En primer lugar, la cuestión aquí no trata sobre derechos individuales, como dice Thomas Sowell: “Lo que los activistas buscan es la aprobación social oficial de su estilo de vida… La retórica de los ‘derechos iguales’ se ha convertido en el camino para obtener privilegios especiales para todo tipo de grupos.”

Como continúa explicando sobre los activistas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo: “Algunos se conforman con desviar parte del dinero de los contribuyentes hacia sí mismos. Otros, sin embargo, quieren desmantelar parte de la estructura de valores que hace viable a una sociedad.”

Curiosamente, cuando Zapatero aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en España en 2005, Rajoy propuso llamarlo unión civil y votar a favor, con exactamente los mismos privilegios legales, pero Zapatero se opuso. ¿Por qué? Porque hay una clara intencionalidad ideológica. La realidad es que no había en esa época una demanda social, ya que, la mayoría de las parejas homosexuales no pretendían casarse. Esto deja entrever que quizá no sea una ley en el sentido hayekiano, que busque la generalidad y la abstracción, sino un mandato impuesto por ingenieros sociales con la intención de modificar el comportamiento humano.

No obstante, ¿debería un libertario abogar por la existencia de una unión civil para garantizar derechos civiles equivalentes al matrimonio para las parejas del mismo sexo? No necesariamente, aunque la gravedad no sea la misma. Como explica Lew Rockwell:

A veces se argumenta que, dado que los libertarios quieren que el Estado salga del negocio del matrimonio —como debería salir de todos los negocios—, el Estado debería ser neutral entre el matrimonio convencional y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, si el Estado otorga licencias de matrimonio, que no debería, entonces debería concederlas indiscriminadamente a todos los que las soliciten. De manera similar, mientras exista un ejército nacional, se argumenta, las mujeres y los homosexuales deberían ser admitidos en el servicio en los mismos términos que los hombres. El Estado, se dice, no puede discriminar. Pero esto no se deduce en absoluto. El libertarismo es una teoría sobre cómo deberían ser los derechos de las personas. Excluye al Estado; y, en la desafortunada medida en que el Estado exista, los libertarios sostienen que el Estado debe, en la mayor medida posible, abstenerse de violar los derechos de las personas. Más allá de esto, el libertarismo no le impone nada al Estado. Los libertarios no tienen por qué sostener que el Estado debe otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

Conclusión

Los argumentos libertarios a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en la situación actual se dividen en dos puntos: el primero es que no viola ningún derecho. Esto es cierto. Sin embargo, el problema, como he explicado anteriormente, es que dilapida el matrimonio entre personas de diferente sexo y su importancia social. Esta nueva definición de matrimonio es promovida por élites igualitarias y relativistas que buscan modificar el comportamiento humano para sus intereses.

El segundo argumento es que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola la adquisición de derechos civiles relacionados con el matrimonio por parte de los homosexuales. Sin embargo, esto no implica que el Estado deba reconocer repentinamente cualquier tipo de unión. Esto no se deduce de ninguna manera. Sowell lo deja claro al señalar que las leyes distinguen entre diferentes tipos de comportamientos. La analogía que utiliza es la siguiente: “Las leyes que prohíben a las bicicletas circular por autopistas obviamente tienen un efecto diferente en las personas que tienen bicicletas, pero no coches. Pero esto no es discriminación contra una persona. El ciclista que sube a un coche es tan libre de conducir por la autopista como cualquier otra persona.”

Como reconoce Rockwell, mientras el Estado exista, debería violar los derechos de sus ciudadanos lo menos posible. Pero esto no significa que deba emitir licencias de matrimonio para todo tipo de parejas bajo una lógica igualitaria, ¿también habría que permitir la poligamia que deshumaniza a la mujer?

Cuando Murray Rothbard comenzó a escribir sobre ideas libertarias en los años 70, el matrimonio entre personas del mismo sexo no era una lucha libertaria ni un tema de debate público. ¿Por qué debería convertirse ahora en una lucha libertaria, especialmente después de haber sido promovido por las élites estatales con las que queremos acabar durante los últimos 30 años?

Una nueva guerra ¿tibia?

Escrito por Andrés Ureña Rodríguez en . Publicado en Análisis diario.

Hace unas semanas, los mercados internacionales se despertaron repentinamente con una especie de histeria colectiva por el lanzamiento de la plataforma DeepSeek, una herramienta más dentro de lo que se ha convertido en un verdadero portafolio de usos comunes de la llamada inteligencia artificial. No fue extraño escuchar comentarios apocalípticos sobre la supuesta victoria china en la nueva carrera tecnológica. Sin embargo, con el paso de los días, muchos comenzaron a llamar a esta nueva herramienta un “momento Sputnik”: es decir, un adelanto temporal en una carrera de largo alcance, que no implica una victoria duradera para quien lo consigue.

En cualquier caso, este episodio trae a colación un tema que ha estado presente en las últimas dos décadas de la agenda global: la carrera por la hegemonía en el siglo XXI. Y es que, al igual que con el episodio tecnológico de DeepSeek, muchos pregoneros han vaticinado durante años la inevitabilidad de la primacía china sobre Estados Unidos y Occidente. Dicho argumento se basa en una concepción del gigante asiático como una potencia económica cohesionada y asentada sobre sólidas bases de crecimiento y expansión. Por otro lado, otros juglares de la época moderna han defendido la supremacía norteamericana como algo imbatible e inevitable, sostenido sobre valores y poderes militares indestructibles.

Está claro que ambas hipótesis no solo denotan un punto cómico, sino que también se alejan sustancialmente de la realidad actual. Por una parte, tenemos a China, la potencia asiática milenaria que ha expandido su poder durante las últimas cuatro décadas gracias a una mezcla de mano de obra barata, copia y posterior venta a la baja de invenciones occidentales, un gran poder comercial y, sobre todo… una dictadura de partido único con capacidades coercitivas casi ilimitadas. Y aunque esto pareciera una condición óptima para ganar la maratón de las potencias, suele pasarse por alto que China tiene una de las pirámides demográficas más invertidas del planeta y que su mala praxis económica interna, tras años de crecimiento acelerado, le está comenzando a pasar una factura nada menor.

Por otra parte, está el conocido Tío Sam, una potencia que parece sufrir más de fenómenos coyunturales que estructurales, como la parálisis institucional y lustros de enfrentamientos sociopolíticos que no permiten un avance homogéneo en temas sociales y económicos. Basta con ver las últimas tres elecciones norteamericanas para concluir que, independientemente del ganador, el país está profundamente polarizado, con similitudes a un transatlántico con el timón atorado.

¿Quién ganará la maratón?

Frente a este panorama, ¿quién puede ganar entonces la maratón? Podría decirse que lo más probable es una coexistencia de ambas potencias, alimentada por la imperiosa necesidad de no aniquilarse y, hasta cierto punto, depender la una de la otra. Es previsible que haya avances e hitos en cada sociedad, aunque, tal como DeepSeek, el avance chino parece estar asentado sobre arcilla movediza. El pasado 31 de enero, la empresa tecnológica Qualys señaló, mediante un experimento, las grandes vulnerabilidades que la plataforma china tiene frente a sus rivales estadounidenses. Parece ser algo más barato que hace lo mismo… cuando en realidad tiene fallos sistemáticos que difícilmente lo convierten en un competidor serio a mediano plazo. Sirva este dato como metáfora de la realidad del gigante asiático: un país con pocos jóvenes, un sistema dependiente de un Estado exorbitante y una resaca económica que comienza a hacerse evidente.

¿Un nuevo siglo de dominio americano?

¿Significa esto que veremos otro siglo de dominio estadounidense? Aunque pareciera probable, debido a su capital de inmigrantes profesionales y su consolidado hub tecnológico, no se puede ignorar que el país está liderado por un presidente ocurrente, con grandes ansias de exhibicionismo político, y una oposición que ni siquiera encuentra la causa de su propio laberinto ideológico. Estos son elementos que no deben descartarse, pero aun así… no parecen suficientes para que el mundo sea capitaneado desde Pekín (lo cual no implica que eventos como avances tecnológicos o la anexión de Taiwán no puedan ocurrir).

Por ahora, tenemos a ChatGPT y a su amigo chino haciendo ruido, enormes tecnologías por descubrir y utilizar, y un mundo cada vez más complejo… con tintes de preponderancia americana. Pero, como suele ser norma hoy en día… el futuro es, cuando menos, opaco.

El lenguaje económico (XLIX): Criptomonedas

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario.

La aparición de las criptomonedas ha supuesto novedades conceptuales y terminológicas de cierta dificultad para los hablantes. La naturaleza, producción y funcionamiento de las criptomonedas, bajo la tecnología “blockchain” o «cadena de bloques», es una innovación tecnológica de gran utilidad, pero también de difícil comprensión para la inmensa mayoría de la población; no obstante, «cripto» significa oculto o encubierto. El lenguaje de las criptomonedas está dominado por anglicismos: altcoin, stablecoin, blockchain, wallet, exchange, halving, lightning; y metáforas: contrato inteligente, frase semilla, minería, monedero frío/caliente, etc.

Bitcoin (BTC)

Es la primera criptomoneda y la de mayor capitalización (1.898.885.404.324 $) de mercado.  Fue creada en 2009 por Satoshi Nakamoto[1] y sirve principalmente como reserva de dinero, pero también como medio de pago. Las ventajas de Bitcoin, frente al dinero fiat (falsificación legal que practican los gobiernos), son muchas: es descentralizado, producción tasada (deflacionario, a partir de 2140), incorruptible, divisible, almacenable, transportable, transferible y pseudónimo. El Bitcoin incluso supera al oro debido a su naturaleza no física (digital).

Altcoins

Son criptomonedas alternativas a bitcoin y que han surgido para mejoran algunos inconvenientes de bitcoin, pero también para especular. Los dólares digitales (USDT, USDC) son criptomonedas respaldadas por dólares fiat, creadas para reducir la volatilidad de bitcoin, por ello se llaman stablecoins (monedas estables). Otro problema de bitcoin es el tiempo que requiere validar una transacción —entre pocos minutos y varias horas—, de aquí la aparición de nuevas blockchains, como la red lightning, que permite enviar fracciones de bitcoins (satoshis) de forma instantánea a muy bajo coste.

Blockchain (cadena de bloques)

Es la tecnología subyacente de las criptomonedas. Se trata de un libro de contabilidad digital descentralizado que registra todas las transacciones y las agrupa en bloques de información conectados entre sí. Es una tecnología descentralizada, transparente y segura.

Contrato inteligente 

Una forma de metonimia consiste en transferir una cualidad humana (inteligencia) a una cosa (contrato). Los inteligentes aquí son los informáticos que diseñan programas que ejecutan automáticamente acciones en una blockchain cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Estos contratos eliminan la necesidad de intermediarios, son transparentes e inmutables.

Frase semilla

En esta ocasión, la metonimia es una metáfora vegetal. Cada vez que alguien configura un monedero o billetera cripto, el programa genera, de forma aleatoria, una «frase semilla» o lista de 12 o 24 palabras (entre 2048 posibles). En caso de que la billetera se pierda, su dueño puede recuperar los fondos con esta lista.

Hodl

Este anglicismo es una variación de la palabra “hold” (contener, sostener). La mayoría de bitcoiners cree que el precio de bitcoin seguirá subiendo a medio y largo plazo. Por ello, un número creciente de ahorradores transfiere su ahorro a bitcoin y lo mantiene, al margen de su volatilidad, con la finalidad de reducir el robo inflacionario que perpetran los gobiernos.

Minería

Se trata de una metáfora industrial. La minería de bitcoin es un proceso informático cuyo fin es crear (minar) nuevos bitcoins y validar las transacciones en la red. Los «mineros» utilizan ordenadores con alta capacidad de procesamiento para resolver problemas matemáticos muy difíciles. El primer minero que lo resuelve lo comunica al resto de mineros, que certifica la veracidad de la solución, algo que dificulta el fraude. Los mineros reciben recompensas por la producción (minado) de bitcoins y por la validación de las transacciones. Cada 4 años, la producción de bitcoins se reduce automáticamente a la mitad en un evento llamado “halving”. En 2140, una vez alcanzada la cifra de 21 millones, ya no se producirán más bitcoins y la moneda se volverá deflacionaria. A partir de aquí, los mineros solo recibirán comisiones por validar las transacciones.

Monedero o billetera (wallet)

Es una herramienta digital que permite almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Los monederos pueden ser «calientes» o «fríos», según estén o no conectados a Internet; también pueden estar alojados en un “exchange”: banco o plataforma de intercambio donde se compran, venden, prestan y almacenan las criptomonedas. En puridad, las criptomonedas no están almacenadas en nuestro ordenador, teléfono móvil o dispositivo-almacén (pen drive), sino en las redes blockchain. La propiedad del activo reside en quien posea la clave de acceso o «frase semilla».

[1] Pseudónimo de una persona o grupo de personas.

Serie ‘El lenguaje económico’

¿Qué significa ser inglés?

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Por Sunder Katwala. El artículo ¿Qué significa ser inglés? fue publicado originalmente en CapX.

Ni Suella Braverman ni Konstantin Kisin se identifican como ingleses. Resulta extraño que hayan decidido establecer nuevas normas sobre quién puede ser inglés, unas normas que la gran mayoría de quienes se consideran ingleses rechazaría. Es moreno e hindú, ¿cómo puede ser inglés?», preguntó Kisin, el locuaz presentador del podcast “Triggernometry”, sobre Rishi Sunak. Su afirmación de que tanto la raza como la fe de Sunak deberían ser barreras para que otros acepten la identidad inglesa de Sunak ha sido respaldada también por Suella Braverman.

Debemos respetar que tanto Kisin como Braverman se identifiquen como británicos, no como ingleses. Pero también deberíamos buscar un poco de respeto recíproco para aquellos cuya identidad inglesa simplemente descartan por improbable, falsa o carente de sentido. El principal defecto es que ni Kisin ni Braverman demuestran siquiera un mínimo de curiosidad por comprender el amplio consenso inglés sobre cómo se llega a ser inglés.

La confusión de Kisin sobre los ingleses es fácil de anatomizar. Nacido en Rusia, antes de venir aquí de colegial, está orgulloso de haberse nacionalizado británico, pero no cree que el inglés esté abierto a él. En esto, sigue lo que siempre han hecho la mayoría de los emigrantes que han llegado a Inglaterra a lo largo de los siglos. Su experiencia personal subraya algo cierto: que ser inglés no es tan cívico como la identidad británica. Al darse cuenta de ello, Kisin salta erróneamente a la suposición binaria de que en su lugar debe tratarse de una identidad étnica basada en la sangre.

La verdad es bastante más interesante. La identidad inglesa actual es producto de un fenómeno poco reconocido y que suena paradójico, el del «nativismo inclusivo». Kisin no cree que sus hijos, nacidos en Inglaterra, puedan identificarse como ingleses a causa de la «sangre». Pero es posible que lleguen a hacerlo por su lugar de nacimiento. Mientras que los emigrantes se identifican invariablemente como británicos, más que como ingleses, durante la mayor parte de los últimos diez siglos, los hijos y nietos de emigrantes han sentido a menudo un derecho de nacimiento a ser ingleses también, a menudo sorprendiendo a sus padres judíos o irlandeses, o cada vez más a sus padres negros, asiáticos y quizás, con el tiempo, también rusos.

Así pues, el consenso de sentido común es que las personas se convierten en inglesas si han nacido en Inglaterra y se identifican como ingleses, y por ello son aceptados como ingleses por la mayoría de los ingleses.

Al pedir que se llegue a un consenso sobre quién puede ser inglés, Braverman no se ha dado cuenta de lo mucho que ha crecido el consenso de sentido común al respecto en las últimas tres décadas. Nueve de cada diez ingleses están de acuerdo en que los nacidos aquí que se identifican como ingleses deben ser aceptados como tales. El número de los que lo rechazaban se ha reducido a la mitad entre 2012 y 2019, en gran parte porque las personas mayores se dieron cuenta de la nueva norma social y la adoptaron también. (Una franja tóxica y racista rechazaría la pretensión de Braverman y Kisin de ser británicos: el 3% de la gente creía que era importante ser blanco para ser verdaderamente británico cuando Ipsos Mori lo preguntó en 2020).

Este nativismo inclusivo -que nacer y criarse en Inglaterra cuenta, independientemente del color de la piel o la fe, si te identificas como inglés- es totalmente pasado por alto por Braverman, que escribe desdeñosamente sobre «un billete de avión y un certificado de nacimiento» como si fueran la misma cosa. ¿Cuántas generaciones deben pasar antes de que uno pueda afirmar que es inglés? ¿Cinco? ¿Seis? Es una pregunta sin respuesta fácil», escribe en su artículo del Telegraph. Lo único caritativo que se puede hacer con esta reflexión es suponer que no se ha pensado en ella en absoluto.

La irreflexión podría ser una defensa importante para Braverman. Parece muy poco probable que defienda los resultados que lógicamente implica su artículo, cuando se aplica a los casos específicos de quienes se identifican como ingleses, sin cinco o seis generaciones de ascendencia inglesa. Pero seguramente perdería el látigo conservador si estuviera dispuesta a hacerlo, ya que implicaría rechazar la identidad inglesa -por motivos raciales- de muchas personas aceptadas como inglesas por casi todo el mundo que no es un racista declarado y declarado.

Braverman tiene más de 100 colegas parlamentarios conservadores que se identifican como ingleses. Si comprobara su teoría con ellos, vería improbable que alguno declarara que Marcus Rashford y Jude Bellingham son demasiado negros para ser ingleses, ni que la declaración de Moeen Ali sobre su orgullo de ser inglés fuera rechazada por su barba visiblemente musulmana y su ascendencia pakistaní. Puede parecer aún más desconcertante que las «reglas Braverman» rechacen también a Harry Kane y Wayne Rooney por ser demasiado irlandeses para ser ingleses.

Los racistas declarados y la extrema derecha impugnaron esta cuestión a principios de los años ochenta. Cyrille Regis recibió una bala por correo tras su convocatoria con Inglaterra, advirtiéndole de que no pisara el césped de Wembley. Un contingente organizado del Frente Nacional coreó «uno a cero» cuando John Barnes puso a Inglaterra dos a cero arriba con un brillante gol en el Maracaná de Brasil en 1984 porque, para ellos, los goles negros no contaban. Cuando Paul Ince se convirtió en 1993 en el primer capitán negro de la selección inglesa, la polémica ya estaba zanjada.

Así pues, el simbolismo deportivo ha afianzado sin duda este consenso de sentido común de que la identidad nacional inglesa es multiétnica desde la década de 1990. Ésa es una de las razones por las que la identidad asiático-inglesa resulta menos intuitivamente familiar que la negro-inglesa, con escasa presencia en el fútbol en particular. Pero no se trata sólo de una cuestión deportiva. Braverman -nacido en Harrow y criado en Wembley- opta por no identificarse como inglés. Eso era habitual en los años setenta y ochenta, pero la mayoría de los asiáticos y negros nacidos en Inglaterra se identifican como pertenecientes a Inglaterra, y la mayoría han llegado a llamarse a sí mismos ingleses además de británicos.

El argumento de Braverman no se centra únicamente en su decisión de no identificarse como inglesa. Sostiene que las minorías étnicas «no deberían» hacerlo, al menos antes de tener cinco o seis generaciones de ascendencia inglesa. Esto parece implicar que casi nadie negro, asiático, hindú, musulmán o judío que se identifique como inglés podría hacerlo -según las normas de Braverman- hasta dentro de un par de generaciones como mínimo.

La necesidad de tener ascendencia inglesa para identificarse como inglés nos habría dejado con un grupo inglés que no contendría casi ninguno de los que se convirtieron en ingleses después del año 948 d.C. La identidad inglesa actual, claramente multiétnica, no es tanto una ruptura como una continuación de cómo ha funcionado la identidad inglesa durante diez siglos: los nacidos en Inglaterra se identifican como ingleses y son aceptados por ello.

Sin embargo, este consenso del 90% sobre la identidad inglesa sigue siendo infravalorado por los creadores de opinión de los medios de comunicación de centro-derecha y de izquierda liberal, por razones coincidentes y diferentes. Las clases graduadas, tanto en la izquierda como en la derecha, son más propensas a identificarse como más británicas que inglesas, por lo que tienden a caricaturizar a quienes se identifican como más ingleses que británicos.

Las instituciones del Reino Unido en Inglaterra tienden a no pensar en una dimensión inglesa, al igual que en Escocia y Gales, por lo que la norma social reflejada en el deporte rara vez se reconoce fuera de él. Los progresistas tienden a ser excesivamente pesimistas sobre la magnitud del cambio intergeneracional contra las actitudes exclusivistas y racistas, mientras que los de derechas, al ver que el pensamiento racializado se amplifica cada vez más en la plataforma X de Elon Musk, confunden sus cámaras de eco con la opinión pública.

El ruidoso esfuerzo de algunos sectores de la derecha online por hacer que el inglés vuelva a ser racialmente exclusivo tiene pocas posibilidades de éxito. Nos dice más sobre el ecosistema de una minoría ruidosa que sobre cualquier cambio en el consenso cada vez más arraigado sobre cómo la gente se convierte en inglesa.

La llamada a la libertad de Bob Dylan

Escrito por Law & Liberty en . Publicado en Análisis diario.

Por Titus Techera. El artículo La llamada a la libertad de Bob Dylan fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Bob Dylan es, como he escrito anteriormente para Law & Liberty, el «artista de posguerra definitivo» de Estados Unidos. La nueva película de James Mangold, Un completo desconocido, protagonizada por Timothée Chalamet como el joven Dylan en la primera parte de su carrera, 1961-65, demuestra lo importante que es el músico para la cultura estadounidense.

La primera vez que el Dylan de Chalamet habla de sí mismo y de la fama sugiere que uno tiene que ser un bicho raro, como en una feria, ciertamente, algo a lo que la gente no puede apartar la mirada. Su novia le compara, quizá desfavorablemente, con Sinatra, que no es un bicho raro. Sinatra sería el artista definitivo de la posguerra si clasificar la música popular importara mucho, pero el público estadounidense es mucho más amplio que la clase que lleva traje. Otro aspirante al papel podría haber sido Elvis, que fue más popular que Dylan, pero Elvis es mucho más una criatura de su Sur natal que de las ciudades del Norte que dieron a Estados Unidos los medios de comunicación de masas y la cultura pop.

Comparado con ellos, Bob Dylan apenas sabía cantar, pero sabía escribir. Es el representante artístico natural de una democracia dedicada al aprendizaje, quizás incluso al acceso universal a la educación superior. La fama de Dylan parece un reproche al amor nacional por California, ese paraíso terrenal donde se puede olvidar la historia estadounidense. California parece ininteligible en la América que Dylan describe en su música. Así, mientras el público de Dylan buscaba justicia social en su música, el propio artista estaba más preocupado por la justicia en el alma humana.

Ascenso a la fama

Gracias a la desconexión entre el artista y su público, nadie podía decir que Dylan era un artista que pretendía ayudar a los oyentes a comprenderse a sí mismos, si no también a cambiar sus vidas. Antes de ser célebre, era un vago, un vagabundo, un vagabundo, un hombre sin respeto por las exigencias de la familia o el trabajo, la lealtad o la opinión popular. Eso le convertía en un criminal para los críticos o en un individuo para sus admiradores.

A través de sus canciones de protesta, Dylan decía a todo el mundo que era la conciencia de la nación. A Complete Unknown las incluye en gran medida, desde las particularmente malas como «Masters of War» a las particularmente buenas como «The Times They Are A-Changin’». Esta música se basaba en la combinación de sentimentalismo y deseo de castigar a «El Hombre» que estaba presente en la música folk de Woody Guthrie (Scott McNairy), Pete Seeger (Edward Norton, en una interpretación muy aplaudida) y Joan Baez (Monica Barbaro).

Un completo desconocido se salta el meteórico ascenso a la fama de Dylan en sus primeros 20 años, y en su lugar lo presenta como un hombre que simplemente se adapta a los tiempos. Mientras que muchos espectadores pueden adorar extrañamente los movimientos de los 60, a otros les puede resultar difícil entender cómo el movimiento juvenil que Bob Dylan representaba se apoderó del país. Propongo que consideremos este movimiento como un caso de locura nacional, el momento en que las drogas, las fugas, los disturbios y la delincuencia quebraron la confianza de políticos, policías y familias por igual. Dylan no es inocente de los vicios de su época, pero sus motivos no son los de su público ni los de sus promotores, y sólo en una época así había un hueco para un artista que carecía de encanto.

Dylan aprendió de la música folk, el blues y el country que el modo de vida descrito en esa música, perdido en el proceso de modernización, industrialización y construcción de la prosperidad histórico-mundial de mediados de siglo, podía vengarse, podía volver como una especie de educación de los sentimientos de una nueva generación. El éxito estadounidense dio lugar a una nueva exigencia democrática de dar cuenta del modo de vida y el carácter del pueblo estadounidense, una exigencia que sorprendió a las élites que llevaron a Estados Unidos con tanto éxito a través de la Segunda Guerra Mundial y al espacio, que pensaban que esas cuestiones estaban resueltas. El sentimiento artístico, más que el talento, sustituyó a la meritocracia. La música sustituyó a la ciencia, la política e incluso la religión como ámbito de la moralidad democrática y norma de virtud.

A Complete Unknown dramatiza este conflicto social y generacional en su trama como el auge de la música folk a través de festivales juveniles destinados a ablandar el corazón, despertar la conciencia y promover la hermandad universal del hombre -y luego su sustitución por algo mucho más individualista, en el que comunistas como Seeger, el héroe original del movimiento folk, no tenían cabida. Esa transformación, de independiente a mainstream, un ciclo repetido muchas veces en la música popular, puede haber alejado al género de sus raíces, pero tenía sentido para una sociedad estadounidense cada vez más definida por la incapacidad de cualquier institución o líder para decir no. Ni una pequeña escena puede contenerse, ni la sociedad estadounidense puede defenderse de las revoluciones culturales. Es precisamente la promoción que hace Dylan de la moralidad americana, la llamada de la libertad, lo que le lleva a romper con las convenciones blandas y sentimentales del folk y a pasarse a la música eléctrica en el Festival de Música Folk de Newport, y a dejar atrás la ilusión de que la música puede o debe intentar fomentar la paz, el amor y el entendimiento en América.

El carácter de los artistas

La película es un clásico bildungsroman, por lo que no basta con hablar de los artistas en sociedad, sino que también nos hace indagar en sus vidas privadas. El joven Dylan sale con una chica muy guapa llamada Sylvie Russo (interpretada por Elle Fanning) que hace todas las cosas correctas; es partidaria de la moralidad, los derechos civiles, la educación superior, las artes y, al parecer, también de la cultura. Ella dice que habla mucho de sí misma, mientras que él calla; al final, lo compara a él con un plato giratorio y a ella con el plato. Para ella, la autocomprensión significa saber que el público es en cierto modo víctima del artista.

Dylan la sustituye por Joan Baez (interpretada por Monica Barbaro), una artista, que encuentra en Dylan las canciones que pueden hablar de los deseos que ella expresa en su canto; él critica su mediocre composición; ella se enamora de «Blowin’ in The Wind», que no es una gran canción. Él la entiende mejor de lo que ella se entiende a sí misma en este sentido: ella cree que el sentimiento que comparte con el público hace a la moralidad del arte, pero entonces no puede dar cuenta de las exigencias de la individualidad: su orgullo como artista y su vida al margen del bien común, por ejemplo, su relación amorosa con Dylan.

En conjunto, Mangold pinta a Dylan como un tipo antipático, insatisfecho con su público, sus compañeros artistas o su lugar en América. Creo que capta bien el atractivo básico de Bob Dylan. Hacer música es plantear exigencias: el público debe cambiar, no en el sentido de volverse angelical, sino en el de comprender su propia necesidad, lo que fomenta en nosotros el deseo de tiranizar a los artistas para que nos embellezcan. La película tiene, por tanto, un propósito mucho mayor que el de ser un bonito recuento de los inicios de la carrera de Dylan. Pretende dejar clara una cosa: aunque era necesario que los oyentes dejaran de lado descaradamente los modales estadounidenses para convertir a Dylan en una celebridad, también era necesario que Dylan los hiciera infelices, para debilitar su confianza en su propia actitud exigente hacia los artistas. De este modo, se protegía a sí mismo.

Al hacer un espectáculo de la vida en lugar de vivirla, al embellecerla, el artista también exige que el hombre esté por encima de la crítica o que no se engañe sobre lo que realmente le conmueve. Johnny Cash (Boyd Holbrook) es el apoyo del joven Dylan en sus momentos difíciles, un artista que vivió el drama americano y sobrevivió, que reconoce que Dylan es con mucho el más inteligente de los dos, pero que necesita que le aseguren que no es del todo ajeno. Cash es el único artista cuya autoridad moral le permite hablar directamente y con confianza, una forma de autenticidad que Dylan busca al llevar sombras.

Así que lo que empieza como una cuestión de salvar a América de los peores instintos -la autoimportancia- se convierte en una historia sobre Dylan haciendo que América trabaje para él. Su misión es mucho más egoísta que moralista, pero es útil y fiable por esa razón. Es música que no crea fanáticos -fans, como decimos- sino inadaptados. No es sólo autodefensa para los artistas, sino protección para Estados Unidos. Por ejemplo, podría haber salvado al país de legiones de hippies californianos.

Poesía en América

Mangold no es ni de lejos tan buen artista cinematográfico como Dylan es músico. Su yuxtaposición de las canciones de amor de Dylan y sus aventuras amorosas es quizá lo más flojo de la película; su descripción de las mujeres en la vida de Dylan es bastante interesante, pero habría tenido que esforzarse mucho más para conseguir una historia satisfactoria; algo de audacia habría ayudado, mientras que parece sentirse acorralado por todos lados, desde el glamour de la nostalgia hasta las exigencias del feminismo. Incluso es posible que anhele la libertad artística que muestra a Dylan adquiriendo, lo que no ayudaría, ya que es un delirio.

A uno le llama la atención que Mangold no se inspirara en la historia de Dylan para volverse audaz; quizá no se pueda enseñar eso. Su película no va a ser recordada, por desgracia; tiene demasiada modestia y su cuidadosa evitación del lado sórdido de la vida no le libera para restaurar la posición de Dylan entre la gente que durante tanto tiempo lo ha dado por sentado como un «anciano estadista» de las artes estadounidenses. La solución de Mangold es cómoda para un país cuyas élites ya no creen en la poesía y no se preocuparían por algo que siquiera aludiera a la genialidad. En su lugar, obtenemos mediocridad; el público tampoco la convirtió en una película popular.

Chalamet ha sido aplaudido por su imitación de Bob Dylan, quizá con demasiado entusiasmo. Creo que arruinó Dune y tampoco creo que haya tenido éxito con Dylan, porque su talento está demasiado ligado a la decadencia del cine: Dylan pertenecía al momento de la ambición, no del agotamiento. Nuestro momento es post-artístico, pero la nostalgia de la inspiración artística domina a nuestras élites: la imaginación puede ser exaltada, pero carece de contenido. Además, lo más difícil para un actor es convencernos de que su personaje es inteligente; al fin y al cabo, eso está en el argumento, no tanto en el actor. En este caso, la caracterización fracasa: Dylan es el más hablador de nuestros artistas y el que más insistió en la inteligencia de sus versos, por lo que una película tendría que interpretar su ambición, utilizar las palabras para conquistar América, y dramatizarla. A Complete Unknown ni siquiera lo intenta: es la invasión de la intimidad más educada y menos curiosa que se pueda imaginar. Dylan la ha aplaudido públicamente, pero quizá sabe que necesita la publicidad.

Sobre el anarcocapitalismo (II): tamaño y grupos de presión

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario.

En varias ocasiones me he referido en esta sección a la anarquía dentro del gobierno y a cómo esta es indispensable para el funcionamiento de un organismo complejo y de gran alcance como la Unión Europea. Basta con observar la gestión de la llamada transición energética para darnos cuenta de la falta de coherencia en las medidas adoptadas y de cómo cada unidad político-administrativa actúa por su cuenta y de acuerdo con sus propios intereses. No debería sorprendernos, dado que, desde el principio, los miembros de la Comisión son nombrados a propuesta de los gobiernos de cada país, los cuales representan una gran diversidad de colores políticos. Además, la presidencia de la Comisión funciona más como un primus inter pares que como un poder efectivo en sí mismo, pues el poder de los grandes Estados sigue siendo determinante.

Hay que reconocer, sin embargo, que la actual presidenta ha aprendido con el tiempo y ha desarrollado una gran capacidad de maniobra, logrando en muchas ocasiones que sus criterios sean tomados en cuenta.

Si volvemos a la transición energética, podemos observar un conjunto de medidas encaminadas a ese fin, como los impuestos a las emisiones de carbono en la industria, las restricciones a la movilidad o la fijación de fechas para la electrificación del parque automovilístico y el consiguiente abandono de los combustibles fósiles para dicho propósito. También vemos cuantiosas subvenciones a la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y desde plantas nucleares, dado que esta última forma de generación ha sido considerada “verde”.

Sin embargo, al mismo tiempo, se están reabriendo minas de carbón en Alemania para su uso en plantas de generación eléctrica, debido a la suspensión de las compras de gas a Rusia tras su invasión de Ucrania.

Ahora se está discutiendo la suspensión de algunas de las medidas más polémicas, como las multas a las empresas automovilísticas por el exceso de emisiones, que podrían eludirse comprando derechos de emisión a empresas como Tesla. Esto último permitiría a la compañía amortiguar el daño causado por la pérdida de ventas en Europa, derivada en gran parte de la mala prensa de Elon Musk y del descenso en el interés por la movilidad eléctrica que se ha registrado en los últimos meses.

Pero es obvio que muchas de estas medidas son contradictorias entre sí. Mientras algunos comisarios perseveran en su implementación, otros hablan abiertamente de modificarlas o incluso de suspenderlas ad calendas graecas.

El papel de los lobbies en la transición energética

Parece evidente que la presión de los lobbies asociados a la industria automovilística europea está detrás de este cambio de postura, dado que los resultados económicos del sector dejan mucho que desear. Se habla de recortes salariales, despidos e incluso cierres de plantas en empresas líderes del sector. La industria automovilística europea ha sido empujada a una transición para la cual no estaba preparada, mientras que la industria china, adaptada desde el principio a la producción de autos eléctricos, ha resultado ser mucho más competitiva en este segmento, tanto en precio como en calidad.

Este era un escenario previsible para los legisladores europeos, ya que la producción de autos de combustión no es la misma que la de vehículos eléctricos. Rediseñar plantas y cadenas de suministro y logística es más costoso que crear nuevas infraestructuras diseñadas desde el principio para esa finalidad. Se requieren plantas de producción distintas y personal especializado, lo que implica tiempo de reciclaje o formación de nuevos cuadros adaptados.

El resultado ha sido que las fábricas europeas han abandonado un producto en el que eran líderes mundiales en calidad para apostar por otro en el que no son capaces de competir adecuadamente. Todo ello, además, por seguir las directrices de la burocracia de Bruselas.

Buena parte de los problemas actuales derivan de la fatal arrogancia de la tecnocracia europea, que pensó que con unas cuantas leyes y decretos podía modificar en un breve plazo una industria tan compleja como la automotriz y sus sectores auxiliares, incluyendo refinerías y distribución de combustibles.

La centralización europea y la captura de políticas por grupos de interés

La cuestión central que queremos plantear en este escrito es: ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué tienen que peligrar miles de puestos de trabajo y la viabilidad de una industria consolidada y competitiva solo por las decisiones de un grupo de políticos y burócratas? La respuesta parece simple: la UE es un esquema centralizado que opera sobre una población muy grande, lo que la convierte en una presa fácil para los grupos de interés organizados.

Si Europa estuviera fragmentada políticamente, pero mantuviera relaciones económicas libres entre sus distintas unidades políticas, los lobbistas tendrían que convencer a cada legislador de cada país sobre la conveniencia de las medidas de transición ecológica, por seguir con el ejemplo. Y, en caso de éxito, sus beneficios serían mucho más reducidos, pues afectarían a una población menor en cada caso.

Coordinar las mismas normas en todos los países sería extremadamente difícil, ya que los lobbies verdes pueden ser poderosos en algunos Estados, pero no en otros. Pensemos en un país pequeño con una fuerte industria renovable y en otro cuyo principal activo sea la fabricación de autos de combustión. En el primer caso, la legislación ecológica podría salir adelante, pero difícilmente en el segundo.

El resto de los países podrían esperar a tomar partido, observando cuál de las soluciones es más efectiva antes de implementarla. Si una regulación fracasa, no la adoptan o la abandonan; si funciona, la copian, tratando de mejorarla. Este proceso, que históricamente ha funcionado en Europa como un laboratorio de innovación, minimiza el daño potencial de cualquier ocurrencia política.

En cambio, en un sistema centralizado como la UE, basta con convencer a unas pocas docenas de actores clave para aprobar leyes absurdas que benefician a ciertos grupos bien organizados, muchas veces situados fuera del espacio de la Unión. Esto también explica la persistencia en el tiempo de medidas que han demostrado ser ineficaces o contraproducentes. Con unos cuantos políticos y técnicos estratégicamente situados, es suficiente para seguir perpetuando los errores, hasta que la realidad termine por liquidarlas. Pero en ese intervalo de tiempo, el daño al tejido industrial europeo puede ser enorme… e incluso irreversible.

Contradicciones estructurales y el estancamiento de la transición energética

La facilidad para hacer lobby en sistemas centralizados también explica la divergencia de políticas y sus notorias contradicciones. Si cada lobby logra capturar a una agencia europea e influir en sus decisiones, el resultado será la formulación de políticas contradictorias entre sí, conllevando un sustancioso desembolso de recursos y generando confusión en la población.

No se puede, por un lado, condicionar la movilidad estableciendo un plazo estricto para el abandono del automóvil de combustión y, al mismo tiempo, imponer elevados aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos, mucho más baratos a igual calidad.

Si la prioridad es la descarbonización de Europa, lo lógico sería fomentar la importación de autos eléctricos asequibles para acelerar la transición. Por otro lado, si el objetivo es proteger a la industria automovilística europea, lo más lógico sería suspender las políticas de transición o, en su defecto, otorgar plazos más largos para permitir la adaptación gradual de las empresas a las dinámicas del mercado.

Pero se mantienen ambas medidas al mismo tiempo, lo cual es un sinsentido, pues cumplir ambos objetivos a la vez no parece factible.

Si estas políticas contradictorias se sostienen es porque los grupos de presión asociados a las energías renovables y al sector eléctrico presionan para continuar con la transición, pues ya han invertido enormes sumas de dinero en ella (costes hundidos), mientras que el poderoso lobby automovilístico solicita protección ante la competencia externa.

El resultado es claro: ni una ni otra política logran avanzar, y el costo lo paga la industria y la sociedad europea. Pero pocos parecen darse cuenta de que el verdadero problema no es la falta de regulación o la mala planificación… sino la centralización política a gran escala.

Serie ‘Sobre el anarcocapitalismo’

A todo tren y cuesta abajo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El gobierno más despótico y arbitrario que ha conocido España desde la dictadura del general Francisco Franco Bahamonde consumó en noviembre del año 2020 una flagrante violación de las libertades de establecimiento y movimiento de capitales de los inversores residentes en los países de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio[1] – las cuales forman el Espacio Económico europeo.

En efecto, recordemos que, aprovechando la pandemia del Covid-19, el gobierno añadió un artículo 7 bis a la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales[2], para mediatizar el acceso de inversores de países terceros[3] a activos localizados en España. Aparte de las tradicionales excepciones a la libre inversión en caso de afectar a actividades relacionadas con el ejercicio del poder público, la defensa nacional, o al orden, la seguridad o salud públicos; el nuevo precepto añadió una larga lista de sectores económicos susceptibles de considerarse como estratégicos y que, por lo tanto, comportarían la obligación de obtener la autorización gubernamental.

Dando la vuelta de tuerca mencionada al principio, la disposición transitoria del decreto-ley de noviembre de 2020[4] amplió a las inversiones procedentes del Espacio Económico Europeo el régimen de suspensión de la libertad de inversión en los sectores económicos “estratégicos”, siempre que se superasen determinados umbrales cuantitativos. Esto es, temporalmente, hasta el 30 de junio de 2021, las inversiones directas que confiriesen el diez por ciento o más del capital de una sociedad española cotizada en bolsa, o aquellas que superasen los 500 millones de euros, realizadas por residentes del Espacio Económico Europeo, requerirían el visto bueno del gobierno.

Las consecuencias de prescindir de la autorización previa del gobierno en unas operaciones que, por su dimensión, debe conocer el órgano supervisor de los mercados de valores (la Comisión Nacional del MV, cuyos miembros son nombrados por el gobierno) no pueden menospreciarse. Estos decretos leyes sancionan con la nulidad a las inversiones llevadas a cabo sin la preceptiva autorización.

Acaso para despistar a funcionarios inanes de la Comisión Europea o preparar la coartada para las omisiones de los cargos políticos, la treta legislativa utilizada para salvar una primera causa de infracción del Derecho Comunitario, cual es fijar medidas restrictivas de las libertades de establecimiento y de circulación de capitales permanentes[5], consistió en prorrogarlas mediante tres decretos leyes sucesivos que modificaban la disposición transitoria original en un texto separado de la Ley 19/2003.

Aun con todo, resulta extraordinariamente chocante que a lo largo de estos años la Comisión Europea no haya instado un expediente de infracción contra el gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón por este caso. El control previo gubernamental prorrogado atenta contra la libre circulación de capitales entre España y el resto de países de la UE y la AELC (art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE) así como el libre establecimiento y prestación de servicios (Arts. 49 a 55 del mismo tratado)

Lejos de corregir el rumbo intervencionista y pedir disculpas por los daños causados a los españoles y los europeos afectados – tanto los visibles, como los que no se han visto, por la imposibilidad de conocer cuantas inversiones exteriores se han descartado de antemano para evitar la arbitrariedad – el gobierno ha vuelto a prorrogar esa medida de suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026, en uno más de sus acostumbrados, aunque no por ello menos inválidos, decretos leyes motorizados, amañados con sus socios de legislatura[6].

Ni siquiera con el desenvolvimiento de estas trabas en casos como el de Talgo las autoridades comunitarias o los estados miembros afectados reaccionan ante la arbitrariedad del gobierno. El espectáculo de la injerencia directa del gobierno en las negociaciones de venta de las acciones de una empresa privada cotizada en Bolsa, rechazando otras ofertas de empresas europeas y auspiciando compras de empresas afines[7], no augura un desarrollo muy boyante a los mercados de capitales regulados en España.

De instituciones como la CNMV, colonizadas por replicantes de película distópica enviados por el gobierno, poco cabe esperar, a pesar de que la Ley 6/2023 (art. 18.2 ) le encomienda “velar por la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines”

Es por esto por lo que, al amparo de los arts. 258, 259 y 260 del Tratado mencionado, debe instarse un procedimiento específico de infracción, bien sea promovido por la Comisión u otro estado miembro, o mediando la denuncia de un particular, también por la Comisión, como garante del respeto y el cumplimiento de los tratados fundacionales.

Como primer paso, la Comisión debería emplazar al gobierno a dar explicaciones en un plazo perentorio. De no atender el previsible dictamen contrario a su legislación, quedaría expedita la presentación de demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo, con solicitud de medidas cautelares para impedir que continúen los atropellos.

Notas

[1] A la que pertenecen Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.

[2] Mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias.

[3] Ajenos a Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio

[4] Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

[5] Desde la perspectiva constitucional interna también cabe oponer un argumento similar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido Tourón se ha convertido en una cámara de resonancia del gobierno que lo nombró. De esta manera, más que controles de constitucionalidad, expide avales falsos para su mandante.

[6]  La disposición transitoria de marras ha quedado con la siguiente redacción, dada por el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad:

Régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.

1. El régimen de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España regulado en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2026 a las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros, realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. A estos efectos, se considerarán sociedades cotizadas en España aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España.

2. A efectos de este régimen transitorio, se entenderá por inversiones extranjeras directas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 % del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio diferentes a España, como si se realizan por residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.

[7] La anunciada venta de un paquete de acciones que representarían el 29´77 % de la compañía, pertenecientes al Fondo Trilantic, al grupo liderado por Sidenor, justo por debajo del 30 % que implicaría la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (arts 108 y 111 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) y a un precio inferior por acción al ofrecido por el grupo semipúblico polaco PFR por el 100 por cien del capital, que el gobierno ha vetado, seguro que tendrá repercusiones en otros potenciales inversores en España.

Metiendo mano

Escrito por Cristóbal Matarán en . Publicado en Análisis diario.

Esta semana ha saltado a la palestra algunos casos que hierven la sangre, salvo para los que viven de ellos. En primer lugar, nos hemos enterado de que el exministro José Luis Ábalos, número 2 del PSOE en su momento y sujeto elegido por Pedro Sánchez para defender la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, eligió la amistad de Jésica a través de un catálogo para meretrices. Posteriormente, el ministro colocó a la señorita en dos empresas públicas dependientes de la Administración en la que gobernaba, en una nueva defensa a ultranza de lo público. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta joven llegó a percibir entre 6.000€ y 12.000€ mensuales, amén del pago de un alquiler en Plaza de España por la nada desdeñable cifra de 2.700€ mensuales. Luego dicen que hay crisis de vivienda o que los salarios no suben para los jóvenes. No cabe mayor delicia que recordar que, en esos momentos, 2021 y 2022, José Luis Ábalos e Irene Montero se sentaban juntos en el Consejo de Ministros.

Pero los pontificadores de los derechos feministas no se quedan aquí. Esto viene de lejos. El caso de Ramiro Santalices, asesor de Yolanda Díaz en el Parlamento gallego por la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Ya saben: uno de los rasgos distintivos de los comunistas desde la caída del Muro de Berlín es que tienen que esconder en sus siglas que son comunistas, aparte de cambiarse de formación cada dos por tres. La situación es que los propios militantes de Izquierda Hundida habían denunciado de forma interna las “actividades” (ya me entienden) de este asesor. La situación se resolvió con la suspensión de militancia de los denunciantes. Sí, sí, de los denunciantes. El debate saltó a la opinión pública, salvo para los que vean el programa de Silvia Intxaurrondo o similares, cuando este señor (por llamarlo de alguna forma) fue detenido, condenado a año y medio de prisión y a la prohibición de trabajar con menores por un periodo de cuatro años. Santalices accedió a estos indeseables contenidos desde los ordenadores del parlamento gallego.

Vamos: que Yolanda Díaz sabe muy bien, como poco, vigilar a los suyos. Viendo el percal, el caso Errejón se antoja poco menos que una anécdota. Lo mejor fue cuando le dijo al juez que tuvo que dejar sus cargos, tanto en el partido como en el Congreso, porque en su formación se presume que las mujeres dicen siempre la verdad, por lo que, en caso de querer defenderse de las acusaciones vertidas contra él, tendría que hacerlo desde fuera. ¡Eso es voto de obediencia y no lo del clero! Errejón tuvo la desgracia de militar en Más País, porque de haber estado en Alternativa Galega de Esquerda, la situación podría haber sido diferente.

Pero la traca final ha llegado esta semana: a Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores de Podemos, le ha salido un procedimiento interno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por, supuestamente y siempre respetando la presunción de inocencia que tanto odian, acosar a alumnas. Billetero ya tuvo sus líos con Hacienda allá por 2015, una situación que le valió que su nombre sonara como candidato al Premio Juan de Mariana del año correspondiente. Billetero había facturado lo que cobró del gobierno asesino de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia (vaya clientes) a través de una sociedad (Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, S.L.). El combo completo: cobrar en el extranjero, intentar declararlo a través de una sociedad instrumental, no dar parte a la UCM (que tenía derecho a cobrar la mitad) y no incluirlo en su IRPF. El día después, pero el día después literalmente, de gritar en Sol “Montoro, no te tengo miedo”, Billetero pagó 200.000€ (regularizó en términos orwellianos) a Hacienda para evitarse un posible pleito.

La cosa no acaba aquí: el remate es que, al procedimiento de la UCM, le ha salido otro por la misma conducta, supuestamente, en el partido. En septiembre de 2023 (¡septiembre de 2023!) el partido lo ha apartado. Ione Belarra, la que se ha quedado gobernando la ruina, ha dicho que no hicieron públicas estas supuestas conductas para, cito textualmente, “proteger a las víctimas”. Vamos: que ha que montar un ministerio, con sus funcionarios, secretarios de Estado y todo lo que nos cuesta, pero cuando tenemos un supuesto caso de esos malísimos en las narices, entonces hay que lavar los trapos sucios en casa. Lo que se aprende del feminismo.