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Contra la hidra identitaria

Pablo Casado ha destituido a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Las razones de Casado son muy graves: le ha hecho saber a la diputada por Barcelona que su partido no libra batallas culturales, algo que es estrictamente falso. Como señala Federico Jiménez Losantos, “el PP siempre entra en las batallas culturales. Lo que pasa es que, para no darlas, lo hace al lado de la Izquierda”. Lo grave es que esa recriminación parta de Casado. Aún recuerdo aquél discurso de Pablo Casado en el 14 Congreso Regional del PP de Madrid. Entonces hablaba con descaro contra la izquierda, no se sometía a sus dictados. Entonces le daba la vuelta al 68 para reivindicar el 89. “No caemos en la corrección política. Llamamos a las cosas por su nombre. Y no vamos a permitir ni una lección de la izquierda”. Corrección política es lo que le ha aplicado a Cayetana Álvarez de Toledo. Y las lecciones de la izquierda ya no las acepta el Partido Popular, porque las ha asumido todas. Yo me imagino que Pablo Casado se avergonzará, si ve ese vídeo. Lo que no sé es si de él Casado de entonces, o del de ahora.

Esta decisión política ha suscitado reacciones muy interesantes. No me refiero, claro está, al torrente de elogios con los que los periodistas quieren ahogar todo lo bueno que aún haya en el Partido Popular, que eso va en el sueldo. Me refiero a la reflexión de que Cayetana debe asumir que es una pieza más del engranaje de su partido, y que debe por tanto lealtad al mismo. Creo que es honrado señalar que un diputado ha de tener la inteligencia y la voluntad de un engranaje, en un sistema político como el actual. Es lo que se exige de los diputados este pseudoparlamento: que suspendan todo pensamiento propio. Pero me parece poco ambicioso. Aferrarse a los engranajes, sí, de un sistema que lamina la inteligencia y encumbra la mediocridad da la idea de hasta qué punto muchos han tirado la toalla, o han caído en uno de los innúmeros pecados del periodismo, que es el cinismo.

No se diga que toda la operación no es congruente. Cayetana Álvarez de Toledo le habla a los españoles como si fueran adultos. Apela a la razón, y esgrime los ideales de justicia, libertad e igualdad con un meditado apasionamiento. Su voz es el dibujo de un pensamiento, y éste es el depósito de lo mejor de nuestra tradición política. No se ha sustituído por un pensamiento alternativo, sino por alguien que no pasaría el test de Turing.

Vaya, si lo ha explicado el propio Pablo Casado: “Un partido no puede pretender que una sociedad se parezca a él por mucha razón que tenga. Lo que debe hacer es parecerse lo más posible a la sociedad y caminar junto a ella para mejorar su vida y para ir conquistando espacio para nuestras ideas desde los gobiernos”. Un partido se llama así porque representa a parte de la sociedad, no a toda ella. Pero Casado no quiere mimetizarse con esa parte de la sociedad a la que representa, sino con la sociedad toda, arrastrada hacia la izquierda por una confluencia de empresarios, organismos internacionales, medios de comunicación, políticos y votantes, que se reirían de estas palabras de Casado si no le atendiesen con una minucioso y cuidado desprecio. ¡Qué brusca y desabrida rectificación la de Casado! Hace diez años, quizá hace uno, Pablo habría pensado que lo que hay que hacer es dialogar con la sociedad en nombre de media España para salvarla toda. Pero ¡quiá!

La destitución de Cayetana Álvarez de Toledo supone aparcar, o expulsar definitivamente, un proyecto político interesante. Cayetana ha zaherido tres manifestaciones distintas de la ideología identitaria en España: El nacionalismo, el feminismo, y el populismo de derechas.

El nacionalismo no es el amor por la propia comunidad, ni es el intento de crear una comunidad política donde no la hay, como muchos piensan en España. Es una ideología que anula al individuo y lo subsume en la comunidad, sobre la que se proyectan un conjunto de valores esencialistas. A ellos se debe cada uno de los ciudadanos, y el que no los asuma se convierte en un mal alemán, catalán, vasco, y demás.

El tardofeminismo, o el totalitarismo de tercera ola, como también se le puede llamar, también anula a la persona. “Ante todo, mujer”, decía uno de los lemas cucos de la manifestación del 8M. Las personas están definidas por infinidad de características, comunes unas, propias las más de ellas, y juntas hacen de cada individuo un ser único, y por tanto radicalmente digno. El tardofeminismo disuelve a la persona, y sobre ese vacío coloca el cartel “mujer”, que no es una cualidad del individuo (hay mujeres con pene), sino una etiqueta política, que lleva aparejado un discurso identitario. Es un feminismo que degrada a la persona, y la convierte en un instrumento para la lucha política, para el ejercicio del poder.

Una de las declaraciones más chocantes de Cayetana Álvarez de Toledo es la que dice: “Vox no es un partido de derechas. Se parece más a la izquierda”. Yo así lo creo. Como el Partido Popular, Vox se ha mimetizado con la izquierda. Pero no en el punto de llegada (la sociedad perfectamente igualitaria en el pensamiento, con clones progresistas como trasuntos de ciudadanos que el PP parece buscar para España), sino en el método. Vox es la derecha identitaria que yo critiqué ya en 2018.

Tres cabezas de la hidra identitaria que hay que cortar con un discurso basado en la libertad y la igualdad ante la ley. Un discurso que hoy no tiene voz en el Congreso.

Sin empresas no hay recuperación ni sector público que valga

La mejor política social es crear empleo, y la peor política pública es ignorar a las empresas y tratarlas como cajeros automáticos. Los aristócratas del gasto público olvidan que no existe sector público sin el sector privado, y que viven de él.

Es aterrador que la destrucción de empresas no sea noticia diaria en titulares. Con datos de junio de 2020, España tiene menos empresas que antes de la crisis de 2008, 126.000 empresas menos que en junio de 2019 y en estos doce meses hemos perdido 85 grandes empresas.

El Banco de España ha alertado que una cuarta parte de las empresas españolas se encuentra hoy en quiebra técnica, con obligación de disolver la sociedad. Este porcentaje se elevaría hasta casi el 30% en el caso de que la agonía económica se alargue en el tiempo, algo que ya es más que probable.

No es solo el turismo. Según el Banco de España, están en riesgo de cierre a fin de año el 25% de las empresas en el sector manufacturero, el 23% del sector de construcción, el 30% del comercio, el 40% del sector del automóvil, y el 24% del sector del transporte. El porcentaje de empresas con patrimonio neto negativo se eleva al 15%.

¿Cuáles han sido las medidas del Gobierno ante una crisis brutal creada por el incompetente cierre forzoso más agresivo e inútil de la OCDE? “Aparentar, silenciar y extender” (Pretend, Gag and Extend), me decía un inversor norteamericano.

“Aparentar, silenciar y extender”

Primero, aparentar que hacían algo. Anunciar enormes avales para endeudarse para pagar impuestos en el futuro. Unos avales que, como puede entender cualquier persona que haya pedido una hipoteca con aval en su vida, no hacen que dejes de deber el dinero o de tener los mismos problemas. Segundo, silenciar. Todo aquel que no haya alabado las maravillas del Gobierno ha sido silenciado, ninguneado y torpedeado mientras el Gobierno se rodeaba de gente que le dijera que “sí, presidente, la economía se va a recuperar en V en mayo”. Tercero, extender. Todas las medidas son patadas hacia delante mientras aplican la política del avestruz, meten la cabeza en el agujero de oro de su ministerio y esperan que todo pase.

En esta columna ofrecimos propuestas para evitar un colapso. Salir fortalecidos de la crisis sin pedir un rescate, un pacto por la industria serio, un plan realista contra la recesión.

Extender el problema es lo peor. Prolongar hasta fin de año la agonía de las empresas al borde de la quiebra como si no pasase nada no es una medida de apoyo a empresas, sino de querer ignorar la realidad. Ofrecer como solución endeudarse para pagar impuestos seis meses después no es una medida de apoyo, sino orientada a tirar balones fuera mientras se pueda. Los ERTE, que no son una medida de este Gobierno, que existían desde 1995 y se flexibilizaron gracias a la reforma laboral de 2012, no son una panacea. Son una condición necesaria pero no suficiente porque han ignorado el problema de cierre empresarial.

El gran error del Gobierno ha sido aferrarse a su ridícula estimación de una salida de la crisis rápida e indolora y no revisar sus errores ante la evidencia de la magnitud del desastre. Desde abril se les advirtió del desastre que se avecinaba en el turismo, y la ministra de economía nos decía que la recuperación iba a ser “robusta”. Se extendieron 4.200 millones de ayudas tarde y mal, de las cuales el 93% eran préstamos, y el turismo se enfrenta a 98.000 millones de pérdidas según el sector. Lo peor ha sido que esa falta de previsión y esa combinación de arrogancia e ignorancia nos han llevado a donde estamos ahora. Solo les falta intentar prohibir las quiebras como pretendían en Argentina.

Ignorar y frivolizar la destrucción empresarial es letal. Sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay recuperación, y sin empresas y empleo no hay sector público, ni ayudas ni toda esa ristra de medidas mal llamadas “sociales” que se han inventado.

La medida propaganda estrella

La vergüenza máxima se refleja en la medida propaganda estrella, el Ingreso Mínimo Vital. En vez de fortalecer los mecanismos que ya existían -todas las Comunidades Autónomas tenían renta mínima de inserción- o lo que realmente funciona, facilitar la creación de empresas, atracción de inversión y el empleo -de eso ni hablar- montaron un dispositivo propagandístico que no reduce la pobreza y encima no lo pagan. Cuando se aprobó repetían machaconamente que beneficiaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas) y hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes de 510.000 peticiones, de las que la mitad se denegarían, según las estimaciones del propio ministro Escrivá.

Es decir, que la medida propaganda estrella iba a llegar en el mejor de los casos a 255.000 hogares, ni el 30% de la cifra que repetían a bombo y platillo y en cualquier caso ni se da ni se paga.

Nos dicen que es porque la Administración está colapsada. Culpar a los funcionarios es algo muy típico de los políticos que fingen defenderles.

Los más de 10.500 trabajadores de la Seguridad Social son competentes, capaces y eficientes como para procesar y aprobar mucho más que 3.966 solicitudes (además de las 71.000 dadas de oficio). Lo que esconde esta medida propagandística es la evidencia de la utilización de la excusa del “colapso administrativo” para tapar una realidad mucho más evidente: ni pensaban pagarla ni tienen dinero.

Sin sector privado no hay sector público. Sin empresas no hay empleo. Sin inversión, empleo y crecimiento no hay ayudas ni subterfugios “sociales”.

El Gobierno, que se ha pasado el año amenazando a empresas e inversores con enormes subidas de impuestos y ataques a la seguridad jurídica, debería darse cuenta de que está al servicio de los contribuyentes y creadores de empleo, no al revés. O empiezan ya a tomar medidas serias para evitar el cierre empresarial en cadena al que nos vemos abocados, o la excusa del colapso de la Administración no les valdrá ante el desastre de empleo al que nos enfrentamos.

Ahora nos dirán que todo esto no tiene nada que ver con ellos. Más ministerios, más asesores y comités de expertos que nadie, pero nunca -nunca- son responsables de nada. Fascinante.

Menos mal que no iba a dejar a nadie atrás. Se están llevando por delante a empresas, autónomos y sectores industriales.

La única política social es preservar y fortalecer el tejido empresarial y crear empleo. Imprímanlo y pónganlo en la puerta de cada uno de los ministerios.

La educación libre es un imperativo para el futuro

Esta semana he leído un artículo publicado en Brookings a finales de abril, en el que se calcula el coste del cierre de centros de enseñanza en Estados Unidos hasta esa fecha. Es una aproximación que, como todas, tiene sus sombras, pero arroja luz sobre un tema muy relevante y de candente actualidad. Por desgracia. Porque la educación de los niños no debería estar sobre el tapete.

Sin embargo, pasado el ecuador del mes de agosto, no está claro si los colegios van a abrir o la educación va a ser online, o no va a ser de ninguna manera. Y se trata de la infancia, esa etapa donde, además de los conocimientos, aprendemos los modos, las formas, los caminos para sobrevivir a lo que nos toque, de aquí en adelante. De manera que, en estos momentos, les estamos mostrando hasta qué punto estudiar es importante, no solamente para ellos, sino para nosotros, sus mayores.

Yo estoy convencida de que, al madurar es cuando valoramos verdaderamente el tesoro de la educación. Es mi caso. Por eso, jamás dejaré de estudiar. Y no digo formación, sino educación, porque, en mi experiencia, además del análisis económico, he aprendido los porqués, los cómo, los valores que se esconden detrás de las hipótesis y las teorías. Y eso se debe a que, en mi infancia, una maestra estimulaba mi curiosidad mientras me obligaba a memorizar datos y a aprender conceptos.

Lo que les enseñamos a los niños es que no nos importan ellos sino el paisaje político. Les dejamos al albur de que sus padres puedan y sepan ser los guías de su aprendizaje. ¿Resulta chocante hablar así de los padres? No. Hasta marzo, el Estado español y el 99% de los partidos políticos consideraba que el home schooling era una aberración propia de padres frikis que podían ser peligrosos para sus hijos. Esa es una de las razones que nos cuentan quienes claman por el dirigismo educativo, la homogeneización total de los estudios, el control férreo estatal, etc. Que se lo cuenten a Laura Mascaró, que lleva quince años defendiendo la educación en casa, y dando apoyo legal y personal a padres que, contra viento y marea, eligen esta opción.

Las consecuencias de tan errado prejuicio es la rigidez extrema de nuestro sistema de enseñanza. Y, en esas condiciones, ante una pandemia, los colegios apenas tienen capacidad para amoldarse y reaccionar.

A finales de julio, tuve la suerte de compartir panel, por desgracia virtual, por lo que no pude conocerle personalmente, con Luis Garicano, en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento Andaluz. Ambos hablamos de educación, de la transformación digital en las aulas, y él puso encima de la mesa una idea muy buena: la existencia de tutores, digitales o no, que reforzaran la educación en tiempos como los que vivimos.

Imaginemos tutores que refuerzan a grupos de 10 niños. Estas tutorías más las clases online podrían suplir las deficiencias del sistema que se ha seguido desde marzo hasta final de curso, con los resultados que todos conocemos.

No hay dinero para esto. No hay maestros. No salen las convocatorias para profesorado infantil porque, como todo, se paralizó el proceso. Falta de todo. Especialmente imaginación política y libertad de elegir.

Todo este desbarajuste tiene un coste para el niño del mañana, el trabajador que va a tenerlo un poco peor por esta mala gestión. No obstante, como estamos en una sociedad en la que el individualismo no tiene mucho predicamento, me gustaría aportar algunos datos del artículo de abril, en el que hay que poner las cifras en cuarentena porque se refieren a Estados Unidos, que tiene un mercado de trabajo y un nivel de renta por habitante diferentes y un sistema educativo distinto.

Los autores, George Psacharopoulos, Harry Patrinos, Victoria Collis, y Emiliana Vegas, calculan que, cada año de escolarización adicional representa un 10% de ingresos salariales extra en el futuro. Considerando el número de alumnos de Estados Unidos y los meses que colegios y universidades han cerrado en dicho país; suponiendo un modelo de 45 años de vida laboral, con unos ingresos anuales medios de 53.490 dólares y una tasa de descuento del tres por ciento, el resultado al que llegan es que se pierden más de 1.300 dólares al año por estudiante.

Conscientes de que esa cifra no suena lo suficientemente escandalosa, los autores han presentado los resultados agregados, y estiman que la pérdida es equivalente un 12,7% del PIB de Estados Unidos.

Yo no soy muy partidaria de este tipo de cálculos, porque creo que se dejan muchas cosas atrás. Además, depende del país, de la región, de la evolución de esas variables (recordemos que la hipótesis caeteris paribus no es real), y de demasiados factores que influyen en esta cuestión.

Sin embargo, sí creo que la conclusión es acertada: el deterioro de la enseñanza afecta negativamente a la creación de riqueza del futuro, igual que la mejora de la misma, afecta positivamente.

Si los padres no tenemos en nuestra mano educar a nuestros hijos, las instituciones no son lo suficientemente flexibles, tanto por imperativo legal y como por problemas estructurales, y no hay voluntad política de solucionar el tema, como lo demuestra a dónde han ido los millones de euros que nuestro gobierno transfirió en medio de una pandemia, es muy improbable que los colegios, institutos y universidades abran sus puertas en septiembre.

Por culpa de esas maestras de mi colegio, pero sobre todo, de mi padre, que ha sido mi mayor estímulo en este sentido, no puedo evitar plantearme alternativas, como que se abran más tarde, menos días, que se facilite el acceso a la enseñanza a los opositores, de manera transitoria, como refuerzo al sistema digital.

El gasto en educación debería ser una prioridad para los gobiernos porque es una inversión en el futuro del país. Y, por esa razón, debería mirarse con microscopio el impacto y la eficiencia de ese gasto, y debería ser imperativa la diversidad institucional y la libertad de elegir.

Viaje al corazón de George Soros

George Soros ha cumplido 90 años, y lo ha celebrado concediéndose una entrevista en el diario El País. La periodista le pregunta por los enemigos internos y externos de Europa, sobre la mutualización de la deuda de los países europeos, y otros asuntos de interés. Es una buena ocasión para intentar entender a este octogenario que quiere cambiar, él solo, el curso de la historia.

Decía en otro artículo que “la izquierda ama la humanidad, pero aborrece a las personas”. No es que la izquierda aborrezca a las personas, a no ser que éstas, aferradas a lo que son, se conviertan en un obstáculo a sus planes de reforma. Sin llegar necesariamente a esto, lo que sí ha demostrado Soros desde joven es una incapacidad para tener empatía por las personas. No se siente medianamente incómodo cuando le preguntaron por su actitud durante el holocausto. Su padre, para evitar que se perdiese toda su familia, la dividió y la colocó en otras familias no judías. George acompañaba a su padre adoptivo, que trabajaba deportando judíos y requisando sus bienes. “Yo era un mero espectador”.

Lo del espectador es interesante, porque en otras abracadabrantes palabras mostraba su deseo de convertirse en un dios benévolo y que todo lo ve: “como el Dios del Antiguo Testamento (…) Ya sabe, como invisible. Yo era muy invisible. Benevolente. Era muy benevolente. Panóptico. Intento ser panóptico”. Invisible, (es decir, actuando en la trastienda de la vida pública), benevolente (en favor de causas progresistas), y panóptico (se ve en la necesidad de verlo todo, acaso para controlarlo todo).

Nuestro hombre heredó de su padre un interés por el esperanto, idioma artificial que busca ser el instrumento de un hermanamiento definitivo entre personas, independientemente de su cultura. El esperanto es un instrumento ideal para crear una sociedad sobre nuevas bases, y que con la herencia cultural borre todas las injusticias adheridas al pasado de las distintas sociedades. Así, se podrá crear una humanidad, una, sobre la que podemos volcar todos nuestros anhelos de justicia. Esta idea la reforzó de joven con la lectura de Popper y su libro sobre la sociedad abierta, que él interpretó como una sociedad sin las ataduras del pasado.

En realidad, tal como recoge en su último libro, Soros ve tres tipos de sociedades. Las sociedades abiertas, y sus dos némesis: las sociedades marcadas por la tradición y las guiadas por ideologías totalitarias. En realidad, no hay países que respondan por completo a ninguno de estos tres modelos, sino que son las tres claves con las que hay que interpretar, a su juicio, la sociedad. Soros contribuye a la lucha contra el elemento tradicional promoviendo una migración masiva que funcione como la segunda ley de la termodinámica, borrando las diferencias entre unos países y otros, para tener una sociedad común.

Cuando cayó el muro de Berlín, George Soros creó la Universidad Europea Central en Praga, en 1991. Dos años más tarde, la alojaría en Budapest, y desde 2018 en Viena. Es una universidad centrada en las ciencias sociales, no en las disciplinas científicas, o técnicas, que no sirven ningún propósito para las ideas de Soros. Y en ella, por ejemplo, se enseña que Europa era un crisol de culturas, que en la Edad Media había una “interseccionalidad de religiones”. Y que la esencia de Europa es esa, la amalgama de religiones, su diálogo ilustrado y, en última instancia, automutilante.

Por otro lado, es encomiable que Soros luche contra el totalitarismo; él, que ha vivido en Hungría el nazismo y el comunismo, de los que huyó para estudiar en la London School of Economics bajo Karl Popper. Pero su visión al respecto está desenfocada: ve el zarpazo del totalitarismo en el movimiento favorable al Brexit y en la persona de Donald Trump. Soros ha dicho que Trump cumpliría sus anhelos convirtiéndose en dictador de los Estados Unidos, pero que no puede alcanzarlos porque le restringe la Constitución de los Estados Unidos. Lo cierto es que hasta el momento Trump no ha asaltado la Constitución, mientras que su patrocinada Kamala Harris habla con soltura de que cuando sea presidenta legislará al margen del Congreso y de las resoluciones del Tribunal Supremo.

El pensamiento de Karl Popper le ayudó a acuñar el concepto de “reflexividad”. Soros critica la economía neoclásica; cree que su automatismo parte de una visión pobre del hombre, y le lleva a describir un mundo de ajustes perfectos que en muy poco, o nada, contribuyen a entender lo que ocurre realmente en el mercado. Soros se define a sí mismo, en cuanto tiene ocasión, como un hombre egoísta. No es esa visión estrecha del hombre como un animal que sólo busca su propio interés lo que le aleja de la economía neoclásica, sino su constatación de que nos movemos en un mundo dominado por las sombras, en el que los valores son opiniones sobre lo que la gente desea, no un reflejo exacto de esos deseos. Soros se ve moviéndose entre las sombras con confianza. Puesto que los ajustes no son perfectos ni automáticos, sino que está sujeto a vaivenes marcados por oleadas de ideas y, sobre todo, por feedback negativos, los inversores pueden beneficiarse de esos vaivenes. Los feedback negativos son los procesos en los que el avance de un elemento crea las condiciones para su propio retroceso. A todo esto George Soros lo llama “reflexividad”.

El hecho de que la teoría neoclásica no refleje la realidad del mercado quiere decir que no pasa el cedazo del contraste con la realidad. Es una teoría científica, falsable, sí, pero falsa. Y como identifica al libre mercado con la economía neoclásica, cree que el mercado no debe quedar sin regular por parte de las autoridades. Pero sólo el mercado; la moral, las migraciones, los usos sociales… todo ello debe quedar fuera del alcance de la mano muerta del Estado.

Es normal que un discípulo de Popper sea antimarxista. George Soros, ya lo hemos visto, no utiliza las clases sociales para interpretar la historia, sino esa tríada de sociedades abiertas, tradicionales o totalitarias. El método de Marx, además, no es falsable, y en consecuencia no es científico, según la concepción de la ciencia de Popper.

Soros es individualista. Aunque es un individualismo falso; me recuerda al de Ayn Rand en ese sentido. Para ambos hay súper individuos, capaces de transformar la sociedad con su genio empresarial. Para Soros la existencia de millonarios como él es necesaria, ya que éstos pueden poner su riqueza al servicio de la lucha contra el totalitarismo. Esos individuos extraordinarios entienden el mundo, se enriquecen con él, pero están tocados por un interés humanista. En ambos casos, el de Soros como el de Rand, esos súper individuos tienen el contraste de la gran masa, que rumia cabizbaja el alimento espiritual que le ofrecen los totalitarios, por un lado, o los súper individuos, por otro.

Hay otra idea que le vincula a Ayn Rand, aunque parezca fruto de una mala digestión de sus obras, lo mismo que parece haberle ocurrido con Karl Popper. Soros entiende que su egoísmo es virtuoso, porque ese egoísmo le ha conducido a ganar dinero y luchar por causas que él llama filantrópicas. Nada que ver, en realidad con Ayn Rand. La ex rusa señalaba al egoísmo como la preocupación por el propio interés, entendido éste en un sentido muy amplio. Y lo colocaba como base de la defensa de los derechos individuales, no como la justificación de su propia biografía, como hace Soros.

Esa dicotomía entre la masa y los grandes individuos es relevante. Él tiene en mente instituciones globales que recojan y transmitan esta idea de lo que él llama “sociedad abierta”. Pero no contempla las sociedades intermedias, por más que sean fruto, en gran parte voluntario y en parte también fruto de la coacción, de la interacción social. Éstas se convierten potencialmente en un obstáculo para sus planes.

Una imagen a escala galáctica de sí mismo, unos deseos de observar el mundo para cambiarlo, un capital al alcance de dos centenares de personas, y la convicción de que el dinero mueve el mundo. ¿Qué puede ir mal?

Tras el informe del Banco de España: ¿es inevitable un recorte de las pensiones?

Han sido dos palos, de los gordos, en menos de dos semanas. Primero, el Tribunal de Cuentas publicaba su “Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social y su situación a 31 de diciembre de 2018”. Las conclusiones eran demoledoras: gastos que se disparaban muy por encima de los ingresos, déficit crónico del sistema, “insuficiencia de los ingresos de naturaleza contributiva” y, como consecuencia de todo ello un “problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural”. Nada que no se supiera… pero preocupante en cualquier caso.

Pero todavía más llamativas y comentadas han sido las conclusiones de otro informe, en este caso del Banco de España: “Una estimación del rendimiento financiero del Sistema de Pensiones” (firmado por María Moraga y Roberto Ramos). Según sus cálculos, el rendimiento financiero medio del sistema de pensiones se sitúa en el 3,5% (para los pensionistas que se jubilaron en 2017). Es una cifra elevada, por encima de la que pueden presentar la mayoría de los planes de pensiones privados que se comercializan en España y que también es superior al crecimiento del PIB en las últimas tres décadas. De hecho, éste ha sido el punto más polémico y destacado del informe: porque su principal conclusión es que, si suponemos una tasa de descuento para las pensiones actuales equivalente a este mismo crecimiento del PIB, “el sistema proveería de 1,74 euros de pensión por cada euro de cotización aportado”.

Sobre la tasa de descuento se puede discutir mucho, pero parece lógico usar el crecimiento del PIB (y es lo habitual en este tipo de trabajos desde hace décadas, ver aquí, por ejemplo, la excelente explicación de Juan Francisco Jimeno y Omar Licandro en un informe para la Fundación Sepi de 1999). Para empezar, porque es coherente con la retórica política que asegura que la pensión es un salario en diferido dentro de un sistema que otorga a los trabajadores actuales el derecho a cobrar en el futuro la parte de su sueldo que se les minora cada mes. En este sentido, el pensionista cobraría por lo aportado con sus cotizaciones y podría decirse que por lo generado con su trabajo: ha ahorrado en un peculiar producto financiero que podríamos llamar algo así como “bonos del mercado laboral de mi país” (si hay más trabajadores y tienen salarios más altos, el rendimiento de mi inversión será más alto; si hay menos trabajadores y salarios más bajos, le sucederá a la inversa). De esta manera, todos los trabajadores somos partícipes de ese producto como inversores forzosos y, al mismo tiempo, contribuimos a su rentabilidad.

Porque, además, a largo plazo ese crecimiento del PIB es lo que determina el límite de sostenibilidad del conjunto del sistema: los trabajadores contribuyen a que el país sea cada vez más rico y el sector público pueda recaudar más (y pagar prestaciones más altas). Pero esos pagos extra tienen un límite, el que viene marcado por el crecimiento económico: si el país crece al 1% y el montante total de las prestaciones lo hacen al 2%, el diferencial tiene que salir de algún sitio.

En muchas ocasiones se dice que el sistema de Seguridad Social en España es uno de los más generosos del mundo. Aunque normalmente esa comparación se hace comparando las tasas de sustitución y reemplazo (relación entre pensión media y salario medio o entre primera pensión y último salario): también ahí los pensionistas españoles salen ganando si comparamos la media de la UE. La novedad de esta semana es que la generosidad se plantea en términos puramente contables (tanto aporto, tanto recibo). Y la cifra es llamativa: 1,74€ cobrados por cada 1€ aportado. Quizás por eso esta noticia ha generado más debate que otros informes sobre pensiones y ha provocado que muchos expertos se pregunten si es sostenible un sistema con esta base financiera. ¿Estas cifras: hacen inevitable un recorte de las prestaciones en el corto-medio plazo?

En realidad, la respuesta a esa pregunta es negativa. Porque sí se pueden pagar prestaciones más altas que las derivadas de un cálculo actuarial. De hecho, es lo que hacemos desde hace décadas. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que no haya contraprestaciones a esa decisión.

Bismarck y la esperanza

Los modernos sistemas de reparto nacen hace casi siglo y medio. La historia ha sido contada muchas veces (aquí un buen resumen en un informe de José Ignacio Conde-Ruiz para Fedea sobre los sistemas europeos y su evolución en el tiempo). Otto von Bismarck quería un sistema con el que legitimar el naciente Estado alemán, contener al socialismo y generar estabilidad social. Y lo que se le ocurrió fue un sistema de seguros para la vejez: cada mes se le cobraba al trabajador un impuesto con el que se pagaba la pensión de los jubilados; y ese trabajador generaba a su vez un derecho para cuando alcanzase la edad de jubilación.

En realidad, el sistema se basaba en la esperanza más que en un cálculo financiero muy depurado por parte de sus teóricos beneficiarios. En 1900, apenas un 25-30% de la población llegaba a los 65 años. Y la mayoría de los que lo lograban moría poco después. Por eso las piezas encajaban para el Estado: muchos contribuyentes y pocos pagos. No sólo eso, además el sistema se podía permitir ser muy generoso con los que sobrepasaban la edad fijada (que, inicialmente, fueron los 70 años).

Decimos que el sistema se basaba en la esperanza porque la mayoría de los contribuyentes no cobraban nada (o lo hacían durante muy poco tiempo). Pero el ser humano no es así: todos pensamos que llegaremos a jubilarnos (nadie piensa en sí mismo como el que morirá joven de su cohorte) y a todos nos gusta que nos digan que, si lo logramos, el Estado nos pagará una muy buena pensión. La legitimidad de la que goza la Seguridad Social, en España y en todos los países del mundo, se deriva en buena parte del hecho de que sus rendimientos han sido muy interesantes… aunque sean insostenibles a medio plazo (y aunque sean inferiores a los que se podrían haber conseguido con una inversión en cualquiera de los grandes índices bursátiles mundiales).

Para el Estado era la combinación perfecta: un esquema muy rentable financiera (de hecho, podía dedicar los excedentes a otras tareas) y políticamente.

Porque, además, la otra columna sobre la que se sostiene el sistema es mucho menos atractiva… pero de ésa no se habla. Nos referimos a la columna de los que mueren antes de los 65 o muy poco después de esa edad: en un sistema de capitalización, lo que hubieran ahorrado estos trabajadores se lo quedarían sus descendientes; en un modelo de reparto, esas cotizaciones se las lleva el viento (y las recoge el ministro de Hacienda de turno).

Ficciones

Esta reflexión sobre la historia o las bases del sistema no tiene sólo un interés teórico. En realidad, es clave para entender su situación actual y sus perspectivas a futuro. De todo lo hablado hasta ahora, se pueden sacar unas cuantas conclusiones:

  • Cada vez hay más integrantes del primer grupo (personas que viven mucho y obtienen del sistema mucho más de lo que pusieron) y menos del segundo (trabajadores que mueren antes de los 65 años y pierden todas sus cotizaciones). Y la tendencia se mantendrá en las próximas décadas.
  • Este primer punto es bueno, porque quiere decir que vivimos más, pero financieramente es un problema muy importante.
  • El sistema no está en quiebra… ni deja de estarlo. Porque no sigue un esquema financiero de activos-pasivos-neto. La Seguridad Social no recibe aportaciones de los trabajadores y las invierte con el objetivo de generar un excedente futuro. Lo que hace es gastar lo que ingresa este año en pagar pensiones este año. Y lo que no tiene, se lo pide al Estado.
  • La imagen del “salario diferido” o del “seguro para la vejez” es muy equívoca. La Seguridad Social se parece más, en sus fundamentos financieros, a una ayuda social o una subvención. Cada año, el Estado recauda unos fondos vía impuestos (y la cotización es un impuesto) y los reparte a unos beneficiarios a los que organiza con unas reglas que también cambian cada poco tiempo.
  • A los trabajadores nos gusta la tríada “cotización” – “derecho” – “pensión”, porque nos suena a “ahorro”, a premiar el esfuerzo o a cobrar el fruto de nuestro trabajo. Pero es una imagen en cierto sentido ficticia.
  • Por todo esto, también es ficticio lo del euro aportado y los 1,74€ recibidos. Lo cierto es que los jubilados actuales pagaron impuestos en los años 80 y 90; y ahora reciben una ayuda pública como jubilados. La relación entre ambas realidades es más una fábula político-social que una realidad financiera.
  • Esto no quiere decir que el informe del Banco de España (y otros similares) sea un trabajo absurdo. Ni mucho menos. Este tipo de cálculos son clave para afrontar la situación: es muy importante saber cómo evolucionan esas variables para poder diseñar esa solución mixta de la que hablamos al final del artículo.
  • Pero al final, la realidad se impone. Las pensiones eran muy altas cuando los contribuyentes eran muchos y los beneficiarios de la ayuda, pocos. Y serán menos altas cuando se dé la situación contraria.
  • Los políticos aseguran que las cotizaciones sociales son un impuesto finalista. Y esto es otra ficción: eso no existe. El dinero de los impuestos entra de forma conjunta a las arcas del Estado y sale de allí para pagar los diferentes gastos públicos.
  • Llegados a este punto, la buena noticia es que la Seguridad Social no puede entrar en quiebra. Porque siempre estará ahí el Estado para cubrir su déficit. La mala noticia es que ese Estado sí puede entrar en quiebra (y el Reino de España lleva coqueteando con ese peligro desde hace una década).

El canciller prusiano probablemente nunca se imaginó que llegaríamos a la situación actual: con el impuesto finalista no se cubren los gastos prometidos, por lo que el Estado no sólo no puede financiar otras partidas con los ingresos de ese impuesto… sino que tiene que dedicar parte de los ingresos a sostener el sistema. Ante esto, la pregunta que debemos hacernos es política, no económica: ¿cuántos gastos del sistema queremos cubrir con el resto de impuestos?

Si queremos mantener el gasto (y ahí se incluye esos 74 céntimos por euro aportado que cada pensionista cobra de más), podemos hacerlo. Sólo hay que reducir el resto de las partidas del presupuesto en una cantidad equivalente. Si llevamos esta lógica al extremo, podríamos decir que España puede pagar su Seguridad Social sin ningún problema e incluso ser todavía más generosa que ahora: sólo habría que destinar el 100% de lo recaudado en impuestos cada año para el pago de pensiones (y dejar de hacer carreteras, hospitales o escuelas).

Como esto también es políticamente poco viable, lo normal es que vayamos hacia una solución mixta:

  • Sí seguiremos (de una forma u otra) aumentando el porcentaje de gasto público que se dedica a cubrir los riesgos derivados del envejecimiento
  • También reduciremos la generosidad del sistema, sobre todo incidiendo en la tasa de sustitución, a través de reglas de acceso mucho más estrictas (años cotizados para cobrar el 100%, años que se usan para el cálculo de la base…). Si hay suerte, el poder adquisitivo de las pensiones sí podría mantenerse; pero no será tan sencillo mantener la relación pensión media / salario medio.
  • Y casi seguro que veremos un incremento de la edad de jubilación, para acercarnos lo máximo posible (no del todo, porque no puede ser… pero sí lo máximo que podamos) a una situación bismarckiana (más cotizantes y menos beneficiarios)

Hasta un 30% de ERTE se convertirán en parados

“No romance without finance”. Gwen Guthrie.

El Gobierno que demoniza constantemente la reforma laboral de 2012 se quiere apuntar los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) como un éxito de Sánchez. El presidente no se sonroja cuando dice que en la anterior crisis -en la que gobernaba su partido, por cierto- se “recurrió al despido masivo” y ahora dice que ellos han hecho “la gran reforma estructural” de los ERTE.

Los ERTE ya existían en la anterior crisis, señor presidente, desde 1995 (artículo 47). En la crisis de 2008 a 2011, con su partido en el Gobierno, se destruyeron casi tres millones de empleos.

La verdadera “reforma estructural”, la flexibilización del procedimiento de ERTE que intenta Sánchez apropiarse se hizo en la reforma laboral. Es en la reforma laboral de 2012 (título VI) donde se establece el cambio de regulación que agiliza y establece el procedimiento de ERTE que hoy conocemos.

Antes de la reforma laboral, un ERTE era un procedimiento lento, burocrático e ineficiente donde se requería la autorización administrativa de la autoridad laboral. Eso se suprimió en el título VI de la Reforma de 2012. Para que se hagan una idea, si en esta crisis se hubiera mantenido el procedimiento como existía antes de la reforma laboral de 2012, la mayoría de los expedientes estarían desde marzo en procedimientos eternos, lentos y asfixiantes.

En las principales economías europeas hay unos 40 millones de trabajadores en esquemas de paro similares. Y se presenta un invierno complicado.

Según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Social, a 10 de agosto, y tras casi tres meses de apertura de la economía, todavía quedan 959.000 personas en ERTE. A este ritmo, terminaremos septiembre con 900.000 personas todavía en este esquema de desempleo temporal, que probablemente se volverá a extender.

Poco que celebrar

Se han reducido las personas en ERTE en 2.226.800 desde el máximo. Esto ha permitido que las cifras de paro oficial aparecieran como inferiores a lo que podría haber sido, y a pesar de ello España cierra julio con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, 15,6%, por encima de Grecia. El paro femenino alcanza el 17,1% y el de menores de 25 años un 40,8%, también las mayores tasas de la Unión Europea.

¿Y ahora, qué?

Los ERTE siempre han sido una condición necesaria pero no suficiente. Al rechazar tomar medidas serias de exoneración de impuestos y líneas de liquidez sin recurso para pequeñas empresas sin acceso a crédito, el Gobierno ha llevado a España a la mayor destrucción del parque de empresas de la Unión Europea.

Se han perdido más de 130.000 empresas entre junio de 2019 y junio de 2020, y España continúa destruyendo grandes empresas (79 menos desde el cierre forzoso). España tiene hoy 125.000 empresas menos que en 2009. Eso significa menor potencial de empleo, menor riqueza e inversión.

Incluso considerando el rebote por efecto base, el índice de cifra de negocios de la industria muestra una caída anual del 16,5%, según el INE. En un país donde casi la mitad de las empresas estaban en pérdidas en 2018, según la AEAT, vamos a sufrir un desplome de beneficios y un tsunami de pérdidas sin precedentes.

Eso hace que hasta grandes empresas con capacidad de aguantar la crisis estén forzadas a reducir plantilla. El último índice compuesto publicado por Markit alertaba de que la industria continuaba reduciendo plantilla en julio a pesar del rebote expansivo.

¿Qué nos puede esperar en octubre?

Se juntan tres grandes problemas para el Gobierno a la hora de continuar disfrazando las cifras de paro. El primero es el despido por cierre empresarial.

Si cerramos la temporada de agosto con 900.000 personas en ERTE y un paro del 15% oficial, el riesgo es que la inevitable caída de muchas empresas, que hoy tiene en riesgo a casi 84.000 negocios por el desastre de cifras de ventas tras la reapertura, va a disparar las cifras de paro oficial hasta al menos un 20,5% según estimaciones, incluso si se mantienen los ERTE hasta diciembre.

Desde las asociaciones de empresarios y pymes llegan cifras simplemente terribles de pérdidas, con negocios que están funcionando tras meses de apertura con un 40% de actividad con respecto al año pasado.

El segundo es que el disfraz del crédito se seca. Muchas empresas han podido sobrevivir gracias a fuertes aumentos de crédito, endeudándose para poder sacar adelante su negocio. Muchos de esos préstamos-puente vencen entre septiembre y octubre con la cifra de negocios de esas empresas a niveles de derribo y su situación de solvencia empeorando.

Si en países dinámicos y abiertos ya se está notando esa caída de acceso a crédito, imaginen en un país donde la medida estrella del Gobierno ha sido conceder a los creadores de empleos la magnánima generosidad de endeudarse para pagar impuestos tres meses después.

El tercer problema es que el Gobierno parece creer que el empleo cae del cielo. La mayoría de la creación de nuevos puestos de trabajo viene de empresas de nueva creación y pequeñas empresas, dos segmentos que han sido completamente olvidados en esta crisis.

Las empresas que no tienen activos mobiliarios ni acceso a crédito para pedir avales, las que acaban de empezar, esa son las que están siendo cercenadas. Las sociedades mercantiles creadas (anual acumulado) registran una caída del 30% en junio, según el INE.

A todo ello hay que añadir una muy pobre gestión de los rebrotes que amenaza a la economía si se vuelven a implementar los ineficaces, devastadores e incompetentes cierres forzosos.

Mientras el mundo aprende que los países que no han llevado a cabo cierre forzoso y que han gestionado de manera eficiente la pandemia con protocolos serios también caen menos y con menos paro, España puede empeorar de manera muy peligrosa si volvemos a los confinamientos, algo que la economía -ya maltrecha- no se puede permitir.

Muchas estimaciones ya asumen que hasta un 30% de los ERTE pueden convertirse en paro y las más pesimistas muestran que esos 900.000 trabajadores que siguen en ERTE no se puedan recuperar.

El desastre va a ser muy grande si el Gobierno no implementa urgentes medidas como las que hemos pedido en varias ocasiones en esta columna (exoneración de cargas, facilidades administrativas, políticas serias de atracción de capital y empleo, lean este link).

Se presenta un otoño muy difícil en el que los parches de crédito y ERTE no van a poder disfrazar el gravísimo problema al que se enfrenta nuestra economía.