Entrevista a José Luis Puerta – Consideraciones sobre la Sanidad española
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¿Somos responsables de lo que votamos?
Soy bastante crítico con la población en general. No me gusta centrar las críticas en políticos, partidos, empresarios o instituciones porque creo que es necesario combatir la costumbre de culpar a los demás que todo ser humano adopta cuando las cosas van mal.
Por ejemplo, mientras mucha gente recuerda los errores de Zapatero durante los primeros años de la crisis, yo recuerdo a muchas personas de mi entorno que se mostraban sorprendidos por la incapacidad de los políticos de prever la burbuja (porque era su responsabilidad preverlo) o confiaban la solución de la crisis al gobierno (que los que saben resuelvan el problema).
La conclusión obvia que se saca observando a la sociedad en su conjunto, y no solo a su clase política, es que sus miserias no se deben a unas políticas más o menos acertadas, sino que son el simple resultado del comportamiento de millones de personas que a duras penas saben convivir de forma civilizada.
Se puede pensar, entonces, que soy de los que afirman que las personas somos responsables de lo que votamos, y que, por tanto debemos apechugar con la responsabilidad de lo que hagan nuestros representantes en el gobierno.
Pues la verdad es que opino exactamente lo contrario: no somos responsables de ninguna decisión que tome un gobierno. Y no lo somos por una razón muy sencilla: cuando se vota no se decide sobre una medida legal concreta, sino simplemente se le da carta blanca a un determinado político (o a unas siglas políticas) para tomar decisiones bajo el amparo de nuestro voto.
Vamos a ser realistas; un Estado como el español maneja un presupuesto de 400.000 millones de euros (más o menos). ¿De verdad el ciudadano común puede tener la información mínima para conocer el 1% de decisiones que hay que tomar para administrar ese gasto? Ya no digamos la información necesaria para desarrollar las leyes que regulan el resto de la economía que no maneja directamente el gobierno, y que afectan a sectores tan diversos que el ciudadano común ni siquiera conoce la existencia de la mayoría.
Y aunque redujéramos el número de temas de los que decide un gobierno a su mínima expresión, es improbable que tantas personas se pongan de acuerdo en tal número de temas durante cuatro años, así que el sistema se basa simplemente en votar con el que más se simpatiza, para luego sentirse personificado en todas sus decisiones, a no ser que sean tan radicalmente distintas a las tuyas como para repudiarle y esperar cuatro años para votar a otro.
Por lo tanto si un gobierno toma unas medidas con consecuencias nefastas lo lógico es pensar que es el sistema que ha aupado a ese gobierno al poder, y sobre todo el que le proporciona ese poder a cualquier gobierno, el que es responsable, y no la población que ha votado al partido o partidos que gobernaban.
Por supuesto, los sistemas no funcionan solos, ni los ha impuesto un ser ajeno a la población del país donde rigen. Pero es bastante distinto culpar a los votantes de un determinado partido político de los males del país, que culpar a la sociedad en su conjunto. En el primer caso se responsabiliza a una parte de la ciudadanía, que aunque es ligeramente mayoritaria, se le opone claramente otra parte. Dando así la impresión de que hay una alternativa errónea y otra acertada dentro de la sociedad.
Por otro lado es otro error poner el foco en un acto que los ciudadanos realizan cada 4 años, en vez de señalar a las ideas erróneas que sostienen durante cada día de sus vidas.
Por ejemplo si en la España de un universo paralelo el asesinato fuera tolerado por el conjunto de la sociedad, tendríamos diferentes partidos presentándose a las elecciones proponiendo diferentes tipos de asesinatos: por riqueza, por raza, por actitudes sociales minoritarias, etc. Provocando así el caos y llevando al país al desastre.
Si un observador de esta dimensión tuviera que emitir un juicio sobre cuál es el problema de dicha España, obviamente diría que es el poco respeto por la vida ajena que manifiesta la sociedad. A nadie se le ocurría culpar a los votantes del partido que apoya matar a las personas con ingresos superiores a 100.000 euros, cuando podían haber votado a los que proponían matar a los inmigrantes, o haberse abstenido por pensar que ningún partido de los existentes asesina lo suficiente.
Por lo tanto, sí, mirémonos al espejo a la hora de buscar culpables a las crisis que vivimos como sociedad, pero no caigamos en la trampa de pensar que la solución pasa por reflexionar qué papeleta escogemos cada cuatro años. Son los actos y las ideas que expresamos cada día los que dan forma a la sociedad en la que vivimos. Si no nos gusta lo que vemos, significa que muchas cosas tendrán que cambiar en cada uno de nosotros antes de que unas urnas sirvan de algo.
¿Las máquinas destruyen el empleo?
Cada vez que leemos la noticia de que ésta o aquella compañía introduce máquinas para hacer esto o lo otro, siempre surgen las típicas quejas que afirman que esto creará desempleo. Por ejemplo, es el caso en el momento que escribo esta líneas de las máquinas de cobro en el gigante textil Zara.
Puede que resulte sorprendente que diga esto, pero sí, una máquina comienza por regla general y en lógica creando desempleo. Esa máquina nos hace prescindir de una persona para una o varias tareas. Sin embargo, hemos de hacer hincapié en que como mucho podemos afirmar que Pedro ya no es necesario para cobrar al cliente si una máquina lo hace. Pero no podemos deducir de modo automático que Pedro ya no es necesario para nada, o dicho de otro modo, que el empresario prescindirá inevitable y totalmente de él. Pedro no será empleado para cobrar, esto es todo cuanto puede asegurarse.
A primera vista, pueden suceder muchas cosas lógicas. El empresario puede emplear a Pedro en otras tareas que considera que deben o pueden estar mejor atendidas (por lógica el coste de la máquina es inferior al coste que se ahorra teniéndola pues si no, no la tendría). En esto es fundamental la fuerza de la competencia. Los empresarios viven de servir a los clientes, y de hacerlo mejor que sus competidores. Si realmente ‘disfrutaran’ echando a empleados para ganar más dinero, no tendrían ninguno y, es más, acabarían sin beneficios porque los competidores les sobrepasarían con empleados buenos y eficientes.
También puede que despida a Pedro pero necesite contratar los servicios de otras personas para el mantenimiento de sus máquinas. No olvidemos, además, que las máquinas son diseñadas por personas.
Pero pensemos que finalmente Pedro acaba siendo despedido cuando llega la máquina. Éste es el efecto inmediato. Pero los efectos de la máquina no acaban en que Pedro sea despedido. Al reducirse los costes con la máquina, los precios tienden a bajar para los consumidores. Así, los consumidores tienen más dinero disponible sin tener que modificar su consumo y favorecerá la creación de más empleo quizás en otros sectores. Al reducirse (por la reducción de costes con la máquina y la fuerza de la competencia) el precio de lo que vendía Pedro, con el dinero ahorrado sus clientes Juan y Lucas pueden comprar un libro, Joaquín una silla o Marta un cosmético. Cuantos más medios tengamos a nuestro alcance (máquinas) podremos obtener más fines (bienes y servicios).
Y las máquinas no sólo reducen los costes, sino que aumentan la productividad. Podemos obtener y satisfacer más fines realizando menor trabajo.
Las máquinas además típicamente suelen hacer trabajo gravoso para el hombre (ya no tenemos que cavar manualmente enormes hectáreas), hacer mejores o más fáciles otras actividades humanas (movernos de un lado a otro en coche, metro o avión) o incluso realizar tareas antes no posibles sin ciertas máquinas que crean así nuevos sectores de empleo (obtener petróleo). Es harto difícil defender que es más "digno" trabajar de sol a sol que en una oficina con aire acondicionado.
En resumen, al valorar los efectos de una máquina debemos considerar no sólo los efectos instantáneos sino a largo plazo y no sólo los efectos sobre Pedro sino sobre la sociedad en conjunto. Es en el fondo sobre lo que advertía Frederic Bastiat: centramos nuestra atención en lo inmediato que vemos, pero olvidamos los efectos a largo plazo que no advertimos en el momento.
Si realmente pensamos que las máquinas son malas porque crean desempleo, acabaremos en lógica defendiendo ideas tan peregrinas y absurdas como que deberíamos usar cucharas en lugar de palas para hacer zanjas y así crear empleo, o que las calculadoras son malas porque crean desempleo entre las personas que saben calcular. Nadie puede negar que la invención de la imprenta por Gutemberg en el siglo XV desempleó en su original trabajo a incontables copistas.
Todo esto, el pensar que las máquinas son malas para el empleo y la humanidad, es una falacia económica con nombres y apellidos. Dicha ocurrencia fue popularizada de Ned Ludd (creador del ludismo) a comienzos del siglo XIX, y como tantos otros sofismas y falsas creencias, sigue siendo creído por innumerables víctimas de cualquier genialidad anticapitalista de última hora.
Una de las consecuencias del capitalismo de libre mercado es que tendemos a tener cada vez más tiempo libre y a la vez más capital y bienes disponibles. Gracias en gran medida a que las máquinas trabajan para nosotros.
@AdolfoDLozano
De la economía de guerra a la guerra de intereses
La transición de una economía de guerra a una civil es, como algunas relaciones, complicada. En una guerra total, como la Guerra Civil estadounidense, la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, la economía, los esfuerzos financieros y buena parte de las acciones colectivas o particulares suelen estar dirigidos a satisfacer las necesidades del conflicto, que se pueden resumir en una fundamental, acabar con el enemigo como amenaza bélica.
La producción de bienes de consumo destinados a la población civil sufre un descenso a la vez que la de las industrias y empresas que se dedican a la fabricación de munición, armamento y cualquier producto o servicio que puedan servir para el esfuerzo bélico, experimenta un crecimiento que tiende a hacerse mayor según se alarga el conflicto.
La producción industrial y agrícola de un país puede tener que verse compensada con importaciones de terceros, que pueden ser aliados, neutrales o no beligerantes; o por el contrario, puede compensar la de los aliados más perjudicados por las circunstancias. De esta manera, una guerra, aunque esté limitada geográficamente, puede llegar a afectar a lugares remotos. Durante la Primera Guerra Mundial, las despensas del Imperio Austrohúngaro fueron abastecidas por Alemania, pues los campos del imperio de los Habsburgo no fueron capaces de producir comida suficiente y esto se produjo incluso cuando, en momentos concretos, los alemanes pasaron por situaciones complicadas. En las potencias aliadas, los imperios coloniales suministraron buena parte de los bienes y servicios que las metrópolis no podían producir, países como Argentina exportaron carne, como harían también en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, hasta su entrada en la guerra en 1918, no sólo financió las necesidades de británicos y franceses, sino que llegó a aportar barcos mercantes y de escolta.
Las economías de guerra están centralizadas y es razonable que sea así, en tanto su objetivo, como he comentado antes, es el de satisfacer estos esfuerzos destinados a vencer al enemigo. Las maneras de obtener estos resultados pueden estar en su fase más inicial muy ligadas a la competencia entre empresas, a la investigación y el desarrollo, a la prueba y el error; en este sentido, las empresas de países donde hay algún tipo de economía de mercado tienen la opción de buscar los nichos financieros ligados a las necesidades de las fuerzas armadas, del gobierno y del Estado en general. Esta fusión entre lo público y lo privado es más fuerte si el conflicto ya está en marcha, no sólo por la necesidad, sino por una cuestión de patriotismo. El complejo militar-industrial casi siempre ha sido poderoso, sobre todo cuando la tecnología ha empezado a ser determinante. Para que nos hagamos una idea, en 2010, según datos del Departamento de Seguridad Interior, en Estados Unidos unas 3.100 organizaciones trabajaban en programas de seguridad nacional e inteligencia, empleaban a 854.000 personas y gastaban unos 80.000 millones de dólares.
Por otra parte, las autoridades financieras de los países en guerra buscan recursos por tres vías; en primer lugar, a través de impuestos, aunque no es la más habitual pues no es demasiado exitosa, genera demasiadas protestas y está mal visto quitar dinero a ciudadanos que ya están muriendo en el campo de batalla. Es más habitual, sobre todo para las familias de los soldados, recibir subsidios y ayudas especiales, como créditos de bajo interés.
El esfuerzo de poner un impuesto es excesivo cuando resulta mucho más fácil que los mismos ciudadanos financien a su gobierno voluntariamente. Para eso están las campañas de propaganda para la compra de bonos de guerra. Las emisiones de bonos y otros productos financieros similares son adquiridas por ciudadanos particulares, por instituciones públicas y privadas e incluso por otros países, cuyos contribuyentes podrán ver atónitos cómo el dinero de sus impuestos puede terminar en el campo de batalla. Además, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras también otorgan préstamos directamente a los contendientes.
El tercer sistema consiste en la emisión de dinero o la monetización de deuda y, cuando esto se generaliza, la situación suele haber llegado a un punto demasiado complicado. En estas circunstancias, a ningún gobierno le interesa que la inflación se dispare, manteniendo bajo control, en la medida de lo posible, al menos los precios de los productos más esenciales. No es extraño, por tanto, que lo primero que hicieran los países aliados en la Primera Guerra Mundial fuese salirse del patrón oro y luego tomar medidas para controlar los precios.
Hasta cierto punto, los ciudadanos lo comprendían e incluso lo aceptaban, era por un bien mayor, por un sentimiento patriótico, por una necesidad colectiva. Al fin y al cabo, las guerras se hacen por la victoria y por ello hay que hacer sacrificios. Esto, que puede sonar a filfa, a engaño colectivo, es lo que mantiene los conflictos encendidos; cuando cesa, el país en el que primero ocurre, es derrotado.
La misma estructura de la sociedad experimenta un terremoto. En las tres grandes guerras que he comentado fueron movilizados, de entrada, los hombres entre 18 a 30 años, donde se centraron la mayoría de las bajas. Además, parte de éstos se movilizaron en las industrias y actividades ligadas a la guerra. En la Primera Guerra Mundial se incrementaron los salarios para mantener contentos a los trabajadores, se generaron horarios de trabajo más razonables, en algunos casos con la ayuda de sindicatos y algunos partidos de izquierda, y se incorporó a la mujer al tejido industrial y empresarial, lo que hizo por el movimiento feminista más que varias décadas de búsqueda de la igualdad de derechos.
Vamos a pararnos un momento en lo que tenemos. En primer lugar, un gobierno que tiende a centralizar sus decisiones, que interviene en una serie de procesos económicos, que tiene importantes objetivos que cubrir, en este caso bélicos, pero también de salvaguardia de familias, heridos y afectados; un gobierno que tiene a su cargo una serie de colectivos que reciben ayudas, prebendas o privilegios, que favorece a unos en detrimento de otros, una serie de lobbies y grupos de presión que buscan favores del gobierno y parte de la riqueza que maneja; un gobierno que, para encontrar la financiación necesaria, es capaz de endeudarse o pedir crédito más allá de lo razonable y, si es necesario, devaluar su propia moneda o entrar en déficit.
Hasta ahora he estado hablando de un conflicto bélico, pero este resumen es perfectamente aplicable al sistema socialdemócrata, al Estado de bienestar. Efectivamente, la destrucción ligada a una guerra no es tan evidente, pero las servidumbres y las dependencias, los regalos y las asimetrías son similares. ¿Es el Estado de bienestar una especie de guerra de baja intensidad sin apenas víctimas mortales, pero igualmente destructiva?
Y ahora, volvamos al principio. Cuando una guerra termina, vencedores y vencidos se enfrentan a una situación complicada. El sistema económico generado ya no tiene sentido, ya no hay enemigo, ya no son necesarias ni tantas municiones, ni tantas armas, las industrias tienen que desmantelarse, redirigirse a otros sectores, y algunas simplemente desaparecen. Los recursos económicos quedan libres para ser usados allá donde se necesiten, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Los lobbies presionan para seguir ligados a las necesidades del Estado y aquéllos que dependen del gobierno quieren seguir haciéndolo, o al menos tener un trato preferencial.
Los que han estado en el frente retornan y los que han ocupado sus puestos de trabajo, ¿deben cederlos a los que vuelven? Las mujeres, que durante los años 1914 a 1918 ocuparon un puesto muy importante en la industria, cambiando su forma de vivir, incluso de vestir, fueron expulsadas en su mayoría y no volverían a ser tan “útiles” para los poderes políticos hasta la siguiente gran guerra. Pese a ello, algo quedó: consiguieron en muchos casos el derecho al voto y se las liberó de varias cargas ligadas a la dependencia del género masculino, al menos legalmente, y se incrementó el número de mujeres en puestos administrativos y en universidades. ¿Se debe ayudar a los veteranos de guerra en la recuperación de sus puestos de trabajo, darles otro u otorgarles un sueldo? Al fin y al cabo, han luchado por los que quedaron atrás, por la nación, por la patria, por los ideales. Todos deben hacer frente a los bonos emitidos, a los créditos pedidos y, en el caso de los perdedores, a las indemnizaciones de guerra. No sólo hay que reconstruir lo destruido, hay que seguir haciendo frente a las necesidades que suponen todas estas cargas fruto del conflicto.
Después de la Primera Guerra Mundial, cada país que participó en la contienda afrontó la postguerra de distintas maneras y con consecuencias muy distintas. Gran Bretaña y Francia conservaron más o menos su imperio y sus instituciones e hicieron algunos cambios, manteniendo su sistema democrático, pero ahondaron en las diferencias con sus socios y aliados y se mostraron temerosos de las intenciones del resto. Rusia se sumió en una guerra civil que terminó por generar ese monstruo que fue la Unión Soviética. Estados Unidos inició un curioso camino que, por una parte, le haría aislarse en política exterior y, por otra, realizar una serie de inversiones en Europa que, cuando estalló la crisis del 29, ayudaron a que ésta se extendiera al otro lado del océano.
Los imperios Austrohúngaro y Otomano desaparecieron, dando lugar a una serie de pequeños países que aparecieron como víctimas y no como culpables de la guerra. Además, ayudaron a incrementar el número de fronteras en el Viejo Continente, a elevar los aranceles y a reducir el comercio, alejándose de un mercado común europeo. Este papel de malo le tocó en exclusividad a Alemania y, en parte, de manera merecida. Nunca asumieron el papel de perdedores y, hasta cierto punto, es normal que así pensaran sus habitantes, pues Alemania no fue ocupada durante la guerra. Los alemanes se sintieron traicionados y Versalles nunca fue aceptado. El resultado fue que Alemania, tras un inicio de postguerra peligroso, con un intento de creación de un sistema soviético, terminó en manos del nacionalsocialismo. Algo similar le pasó a Italia y Japón, pues a pesar de estar ambos en el bando vencedor, la mala gestión de la postguerra les enemistó con sus socios y terminaron creando un sistema político fascista en el primer caso y militarista en el segundo.
Y ahora vuelvo a la similitud entre la economía de guerra y el Estado de bienestar. Cuando se desmantela una economía de guerra es difícil saber qué va a pasar. Hay muchos intereses y muy poderosos que no se preocupan por el conjunto de la sociedad o de la economía, sino por satisfacer sus necesidades, no perder los privilegios, conseguir otros y, si es posible y existe, machacar al enemigo. Para ellos, los recursos son finitos y es un juego de suma cero, para algunos incluso es un juego mortal, donde la supervivencia de uno es la muerte del otro.
Si existe un paralelismo entre el Estado de bienestar y la economía de guerra es posible que, cuando desde el liberalismo queramos desmantelar la socialdemocracia, ocurran cosas que no nos gusten, se produzcan revoluciones que no nos esperamos y movimientos agresivos, pese a que el interés del liberal es permitir unas condiciones donde todos seamos más libres. No digo que no propongamos y hagamos lo que debe hacerse, sino que estemos preparados para sus consecuencias, incluso para las más negativas. Los hundimientos son peligrosos porque nadie sabe si el tejado le va a caer encima o la demolición va a ser controlada. No toda la información está generada. Es habitual que alguien diga con cierta soberbia que qué más da, que si han tenido unos privilegios, éstos son ilegítimos, pues han sido otorgados por el Estado a costa de lo robado a otros. Todo eso es cierto, pero quitárselos de golpe podría tener consecuencias no deseadas.
El castillo de naipes educativo
Esta semana han vuelto las "oscuras golondrinas" de las revueltas universitarias a pesar de estar en febrero y no en primavera. Ni que decir tiene que tampoco son lo que eran. No hay masas de universitarios recorriendo las calles de Madrid, convencidos o simplemente divertidos, protestando por "sus derechos". Lo de "ir a la mani" parece que ha pasado de moda. Al menos hasta que los líderes sindicales así lo digan.
Tampoco es que hubiera mucho que protestar. El decreto por el que se abre la posibilidad (con intención de que se vaya imponiendo poco a poco) al 3+2 como sustituto del 4+1 tampoco es muy grave, a estas alturas del partido. Una vez que hemos tragado hasta aquí, no parece que haya mucha vuelta atrás. Y realmente parece que estamos en un partido y que se trata de determinar cuál es estrategia de defensa o de ataque. No deja de ser curioso que ciertamente hablamos de una estrategia, de la más importante de cara a la lucha contra el paro en un futuro cercano, aunque tal vez no inmediato.
Porque ese 3+2 y ese 4+1 se refiere a los años de duración del grado y del posgrado necesarios para que un joven universitario pueda trabajar de manera profesional, homologada, con sello y bendición estatal. Al parecer, la protesta surge porque dos años de master implicaría un mayor coste sobre los hombros de los alumnos y uno coste menor para la administración. Y eso, si bajaran los impuestos en la misma medida, podría tener sentido, pero después de las repetidas subidas de impuestos, de manera que el coste para cada español de los servicios públicos es mayor, la cosa cambia. No parece aceptable que, además, el estudiante (o sus padres) tenga que hacerse cargo de un porcentaje mayor de la educación pública. Es una nueva subida de impuestos encubierta. Eso, que conste, no es privatizar la educación. Lo sería si el Estado dejara de cobrar la educación pública y que los padres y los estudiantes decidieran dónde estudiar y con qué sistema.
El origen del problema es la insostenibilidad del sistema de educación pública. Lo estipulado era que, puesto que los recursos son escasos, el Estado se comprometía a garantizar una educación gratuita (o casi) a los españoles desde los 6 años hasta el final de los estudios universitarios de licenciatura (ahora llamado grado). No entro en lo que sucede en jardín de infancia porque eso es otro cantar del que se puede discutir. Esta vez me quiero centrar en el tramo superior. Lo que sucedió es que cuando la reforma propuesta y firmada del Plan de Bolonia (la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior) estableció la homogeneidad en la duración y estructura de los estudios universitarios, los españoles, acostumbrados a cinco años de carrera como poco (en ingenierías y medicina era alguno más), tuvimos que amoldarnos. Pasar a cuatro años de estudios implicaba recomponer departamentos. En la universidad privada eso significa despedir profesores. Pero en la pública no se puede despedir a nadie. Y el coste para el Estado aumentó. Añádase a eso el descenso de la población y, por ende, del número de matrículas universitarias.
A este panorama hay que sumarle que también se impuso la necesidad de obtener un máster para poder ejercer una profesión. Era algo que los médicos ya conocían y que los abogados empezaron a sufrir con el master en práctica jurídica. Probablemente el MIR, el período de residencia médica, tiene mucho sentido. No lo sé. Pero el master en práctica jurídica sustituyendo lo que toda la vida se ha llamado "pasantía", entendiendo por esto el período de training y aprendizaje del nuevo jurista, no ha aportado nada a los futuros abogados. Eso sí, ha encarecido la factura de su formación.
De la misma forma, el cambio en la estructura de la enseñanza universitaria de 5 años de licenciatura a 4 de grado más uno de master, y ahora a 3 de grado y 2 de master, no va a suponer una mejora del aprendizaje, que es incluso peor, y sí es percibido por estudiantes y profesores como una estrategia para abaratar el coste estatal de la enseñanza. Con lo fácil que habría sido aprovechar el Plan de Bolonia para dejar que las universidades se apuntaran o no libremente, que estructuraran los estudios, para aplicar el cheque universitario, y de esa manera ir comprobando cómo la libertad educativa funciona. Sería un primer paso y ganarían los estudiantes.
Por el contrario, nuestros diferentes gobiernos, han decidido demostrar que nuestro sistema de educación universitario puede ser incluso peor y mucho más caro. Perdemos todos, no hay duda.
Inmigración (XIX): la cruz rusa
"Sin exagerar, el problema central de la Rusia contemporánea es el demográfico, reforzar la familia, mejorar la tasa de natalidad… nuestras mujeres saben qué es lo que tienen que hacer, y cuándo".Vladimir Putin.
"Debido a la caída de la natalidad la inmigración ayuda a completar la fuerza laboral. En muchos mercados laborales locales hay déficit parcial e, incluso, total de trabajadores". Konstantin Romodanovski.
"Las cuestiones relativas a la migración se convertirán en inevitables y serán prioritarias en la agenda de Rusia en el siglo XXI". Anatoly Vishnevsky.
"Se pueden fijar cuotas, poner límites, alambres de espino, pero los inmigrantes seguirán viniendo porque aquí hay trabajo y los están esperando". Olga Vorobiova.
"Una de las pruebas más importantes de una sociedad desarrollada es su capacidad de atraer y hacer suyo un flujo diverso de personas que se trasladan al país a estudiar y trabajar". Piotr Schedrovitski.
Rusia, el país más extenso del planeta, tiene un problema serio con sus indicadores demográficos por lo menos desde hace un par de décadas. Su tasa de mortalidad ha subido de forma alarmante y los índices de natalidad están por los suelos. Las causas del aumento de muertes son debidas a un conjunto variado de factores, entre los que destacan las enfermedades cardiovasculares así como el problema del elevado consumo de alcohol de alta graduación. El descenso de nacimientos se debe, ente otros, a su tradicional primer puesto de entre los países con mayores tasas de abortos del mundo. A esto se le suma un envejecimiento de la población y una escasez correlativa de mano de obra joven. Se ha producido un fenómeno grave, lo que los demógrafos han denominado la cruz rusa; desde 1992 el número de muertes sobrepasó al número de nacimientos y se ha mantenido así en mayor o menor medida desde entonces. Algo parecido ha sucedido en otros países pertenecientes al antiguo telón de acero.
En la actualidad la Federación rusa posee una población de unos 143 millones de habitantes, frente a los 149 que tenía en 1991. La pérdida de población que comenzó al inicio de los años 90 (cuando la población llegó incluso a perder un millón de personas al año), unido al éxodo de rusos al exterior, es un problema acuciante para dicho país. Representa una disminución poblacional del 5% en 22 años. Es el periodo más largo de despoblación ocurrida nunca en un país en tiempos de paz.
La aparición de Gorbachov fue una tenue esperanza para el destino de los rusos; sin embargo, se intentó una quimera: modernizar, abrir y apuntalar un régimen comunista ya insostenible. Yeltsin fue el que finalmente lo desmanteló en 1993 de forma bastante caótica y desordenada, por cierto.
Los soviéticos, que vivían paradójicamente enclaustrados en un inmenso país, no sintieron en lo esencial que habían conquistado grandes dosis de libertad cuando Gorbachov inauguró la glasnost, ni cuando se pudo uno expresar sin temor a ser represaliado, ni cuando después se "privatizaron" las grandes empresas públicas o cuando se liberalizaron los precios. Sólo se hicieron realmente conscientes de ello cuando se acordó una mayor libertad de movimientos por el interior del país y fuera del mismo. Fue entonces, y sólo entonces, cuando empezaron a sentir verdaderamente lo que significaba la libertad.
Inmigración interna
La otrora URSS tuvo un sistema parecido al sistema hukou chino de control de la movilidad poblacional dentro del país mediante el registro y pasaporte interno conocido como propiska. Hasta hace bien poco existía aún un registro de movilidad más indulgente pero con claras reminiscencias estalinistas.
Se sabe que la libertad de movimiento de trabajadores en el interior de las fronteras juega un papel importante en el desarrollo económico de cualquier país ya que hace más eficiente la adjudicación espacial de los recursos y mitiga las diferencias de ingresos y de desocupación que se puedan dar entre regiones. Esto es especialmente relevante en Rusia debido a la desquiciada herencia recibida de la planificación soviética que llevó la industrialización a zonas con poco o nulo significado económico.
La recolocación/reutilización de los factores productivos o activos empresariales es siempre y en todo lugar problemática, pero en Rusia lo es todavía más por su inmenso territorio de 17 millones de kmt².
A pesar de las diferencias salariales tan acusadas entre las diversas regiones dentro de Rusia (mayores que en EE UU o en la UE) la movilidad interna es mucho menor en la primera -especialmente si se compara con los EE UU- porque el mercado ruso es bastante menos dinámico y flexible y porque existe un muy pobre desarrollo del sector inmobiliario. Incluso si no existieran estas lacras, los bienes de capital no fluirían con facilidad debido a los costes de los trámites administrativos y otras barreras burocráticas endémicas del país.
En la Federación rusa se sigue produciendo hasta el día de hoy de manera bastante ineficiente. Los planificadores soviéticos, con sus alocados diseños industriales, sobre invirtieron en zonas del país que bien son demasiado frías o están demasiado alejadas para hacer óptima la producción con criterios de mercado. Es más, el actual reparto urbano del país está distorsionado. Se observa un fenómeno curioso: el tamaño de las ciudades secundarias es más pequeño de lo habitual dado su nivel poblacional. Durante la época zarista y, sobre todo, soviética muchos asentamientos permanentes de Siberia y del Lejano Este se levantaron con criterios exclusivamente políticos que nunca se hubiesen producido bajo un orden espontáneo o de economía de mercado. En la actual época post soviética ciudades como Novosibirsk, Omsk o Ekaterimburgo y otras poblaciones menores de Siberia tendrían que reducir aún más rápidamente su tamaño poblacional en favor de otras ciudades del centro o suroeste del país -de clima y geografía más benignos- caso de haberse dado ya la recolocación de la producción en dichas zonas. Todos estos cambios requieren tiempo.
Inmigración externa
La desintegración de la URSS afectó la evaluación del ranking de Rusia con respecto a la inmigración internacional. Se creó el mito de que era el segundo destino del mundo preferido por los emigrantes tras los EE UU. Una interpretación errónea de las estadísticas de la ONU sugería aquello cuando la realidad era que se tomaban por inmigrantes a residentes o ciudadanos rusos que habían nacido en ex repúblicas soviéticas y que habían sido ya integrados o naturalizados hacía bastante tiempo.
En la actualidad los dirigentes rusos afrontan un complicado dilema: cada vez es más evidente la necesidad de inmigrantes para mantener el crecimiento de su economía pero sus nativos han dado muestras más que suficientes de que les preocupa, y mucho, el riesgo de perder su identidad cultural. Los nativistas rusos tienen un problema: se da la paradoja, además, que el mayor incremento poblacional en su propio país está concentrado en minorías nacionales no rusas.
La legislación rusa ha ido incrementando las restricciones en torno a la inmigración desde hace unos años pese a que dichas medidas contradicen las necesidades demográficas del país.
Con todo, la aplicación de dicho régimen de racionamiento del capital humano dista mucho de ser eficaz por lo que los flujos de inmigración siguen produciéndose de manera clandestina o indocumentada (mediante el soborno correspondiente al funcionario o policía de turno para aligerar el expediente convenientemente "engrasado"). Se da sobre todo en aquéllos provenientes de Asia central (uzbecos, kazajos, tayikos, kirguises, turkmenos) o de países CEI eslavos (ucranianos, bielorrusos, moldavos). Es realmente como la tasa de entrada a los inmigrantes propuesta por Gary Becker pero, en vez de ser transparente y cierta, es opaca e incierta con el añadido, además, de padecer todos los inconvenientes que trae consigo la inmigración ilegal (inseguridad jurídica, abusos, impago de impuestos, baja productividad, falta de incentivos para invertir en su formación, etc.).
Es una lástima que la presión de los nativistas rusos y sus temores imaginarios sean tan acusados en su país ya que cuentan con dos ventajas sobre el resto de las naciones europeas. Por un lado, una vasta mayoría de inmigrantes actuales (legales y clandestinos) provienen de repúblicas de la extinta URSS, por lo que son ruso parlantes (lo que favorecería su integración) y, por otro lado, el estado de bienestar ruso está mucho menos sobredimensionado que en los países de la Unión Europea por lo que el argumento nativista del supuesto abuso de las prestaciones sociales por parte de los inmigrantes es menos persuasivo.
Nadie puede decir con seguridad cuántos inmigrantes residen hoy en Rusia. Las cifras aproximadas oscilan entre 4 y 11 millones de personas, la mayoría de las cuales se encuentran en situación ilegal.
Proyecciones futuras y deberes pendientes
El envejecimiento de la población continuará en Rusia. Las peores estimaciones sugieren que para 2050 la población se reducirá entre un 15-20% (120-114 millones). En un breve lapso de tiempo se prevé, por tanto, que haya grave escasez de mano de obra joven. Las tendencias poblacionales son muy difíciles de revertir y requieren dilatados periodos de tiempo para lograrlo.
Ante estos desafíos demográficos que afronta el país y para compensar estas sombrías proyecciones, el presidente de la Federación, Vladimiro Putin, aprobó diversas medidas para minimizar la disminución de la población, como el llamado ‘capital materno’ (cheque-bebé de casi 7.000 euros), campañas propagandísticas para promover el modelo tradicional de familia e incentivos varios para que las mujeres tengan tres niños en las regiones más despobladas.
Putin comenzó su programa para mejorar la natalidad en 2007. El año 2008 fue declarado en Rusia como ‘Año de la familia’. Otras medidas simbólicas fueron reconocer jornadas vacacionales el 12 de septiembre como ‘Día del contacto familiar’ o, más recientemente, el 8 de julio como ‘Día de la familia, el amor y la fidelidad’, fechas en la que las autoridades llaman a hacer ‘el amor patriótico’ y ofrecen premios materiales (frigoríficos, televisiones…) para las madres que den a luz nueve meses después.
Todo esto es insuficiente pese a sus buenas y divertidas intenciones. Dirán los partidarios de estas medidas que la natalidad por mujer en edad fértil ha mejorado y es verdad: pasó de 1,25 en el 2000 a 1,7 en la actualidad, pero sigue estando por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Se está aún lejos de alcanzar los niveles poblacionales previos a 1990 y es dudoso se consiga a medio plazo. Con la anexión por las bravas de la península de Crimea, Rusia ha añadido 2,4 millones de personas a su jurisdicción pero no creo en absoluto que sea ese el camino para resolver sus problemas demográficos.
Lo que realmente necesita Rusia es un flujo de inmigrantes 3 ó 4 veces superior al actual, es decir, un millón de inmigrantes al año como mínimo. El flujo migratorio actual es de más de 300.000 personas al año. La política de inmigración se debe reorientar completamente y dejar de estar en manos de la policía y de los intermediarios laborales corruptos. Debería ofrecer mayores canales de entrada legal a los inmigrantes. El sector empresarial ruso debe trabajar en ‘blanco’ y la situación laboral de los inmigrantes debe regularizarse. Sería lo más sensato para beneficio de la economía del país.
La propia directora del Instituto de políticas de inmigración, Olga Gúlina, reconoce que solo hay dos formas de luchar contra la inmigración irregular: la legalización o la deportación. Conocedora del pesado gasto y empleo de recursos que supone la deportación por la aquilatada experiencia de los gobiernos de la UE o los EE UU, llega a la conclusión realista de que se debería aplicar mejor una "amnistía" para los inmigrantes ilegales que ya están trabajando en suelo ruso.
Ante todo, debería liberalizarse mucho más la economía rusa en todos sus frentes, facilitarse todo lo posible la reubicación de la producción (con el cese de ayudas públicas a zonas industriales caducas y reducir los trámites burocráticos) y favorecer aún más la inmigración interna del país (mediante la supresión de controles administrativos y de la reminiscente cartilla laboral que hace poco flexible el cambio de ocupación laboral). Todo esto, junto a una muy necesaria mejora del mercado inmobiliario (ofreciendo una mejor seguridad jurídica mediante la adecuada protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos), mitigaría las diferencias de ingreso y de desempleo entre regiones al permitir la movilidad de trabajadores de zonas de baja productividad y menores salarios hacia otras de mayor productividad y mayores ingresos.
La historia económica nos enseña que con decrecimiento demográfico es difícil alcanzar la prosperidad; también nos enseña que la otra pata para alcanzarla es la productividad. En ambas asignaturas la Federación rusa está suspendiendo con su actual régimen autocrático.
A pesar del fuerte sentimiento anti-inmigrante que existe entre los rusos y de las medidas de repoblación un tanto berlusconianas que propone Putin, el potencial de la economía rusa necesita fomentar también la inmigración como palanca demográfica más significativa con la que poder contar a corto y medio plazo. Caso de no recurrir a ella, cargará con su propia cruz durante décadas.
Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII.
Espectáculo del poder
Hace unos meses, a propósito de una operación de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, que abordaron el barco de Carmen Thyssen en Ibiza para notificarle la apertura de un nuevo expediente fiscal, reclamó un editorial de El Mundo: "Buscar la eficacia fiscal sin necesidad de espectáculos"
Este es el pensamiento mayoritario a propósito de la fiscalidad: hay que cobrar los impuestos que marque la ley, hay que perseguir a quienes no los paguen, pero ¿para qué montar tanto alboroto?
Es un análisis equivocado, porque si aceptamos que hay que cobrar y perseguir, el alboroto es indispensable. En efecto, aceptar que hay que pagar lo que el Estado diga es renunciar a la libertad y permitir al poder que usurpe los bienes de sus súbditos no en la medida en que éstos lo deseen sino en la medida en que le convenga al propio Estado, que es claramente lo que sucede, en particular en los regímenes democráticos, donde se da la paradoja de que, al revés del supuesto de que el Estado obedece a los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos siempre quiere pagar menos impuestos y siempre termina pagando más.
La dinámica del Estado, así, lo lleva a legitimarse mediante el gasto público, para que se vean los "logros y conquistas sociales del Estado de Bienestar", pero a la vez a subir continuamente la presión fiscal y a extenderla mucho más allá de "los ricos". Los Estados actuales no pueden financiarse gravando a los ricos, ni siquiera expropiándolos completamente, cosa que evitan hacer porque en tal caso los ricos aguantarían sólo una expropiación, y después la evitarían no generando propiedad ni riqueza, o generándolas en otro país.
Por tanto, los Estados deben castigar a la mayoría de la población. Cuando la corrección política dice que hay que perseguir a los que no pagan y "luchar contra el fraude fiscal" lo que en realidad está diciendo es que el poder político y legislativo debe reprimir y perseguir a millones de modestos ciudadanos. El Estado lo sabe, y por eso monta espectáculos como el de la señora Thyssen, para transmitir la idea de que es particularmente rudo con los ricos, y ocultar la verdad, a saber, que usurpa cada vez más bienes a cada vez más ciudadanos corrientes y molientes.
El espectáculo, en consecuencia, es imprescindible, y por eso siempre se ha hecho. En nuestro país empezó con los socialistas en los años 80 tras los pasos de Lola Flores, y ahora con las autoridades del PP persiguiendo a la Pantoja: todos quieren por esta vía disfrazar los atracos que perpetran contra las personas que no son famosas, ni ricas.
(Entre paréntesis, el truco funciona no sólo en el caso de los impuestos sino también a todos los niveles de violencia estatal, desde los regímenes revolucionarios y comunistas más carnívoros hasta los socialdemócratas más vegetarianos. Por eso los comunistas mataron a la familia del zar, y los revolucionarios franceses al rey y a María Antonieta: era para dar la idea de que iban contra los privilegiados y ocultar que decenas de miles de trabajadores franceses cayeron asesinados en la guillotina, y decenas de millones de trabajadores fueron muertos por los comunistas).
¿Cuánto le ha costado la revolución cubana al mundo?
Raúl Castro ha puesto condiciones a Barack Obama para reestablecer relaciones diplomáticas. Una de ellas es recibir una compensación por los daños producidos por el embargo comercial.
¿A cuánto asciende el perjuicio? Según los puntillosos economistas del gobierno cubano, la cifra es exactamente 116.860 millones de dólares. No tengo la menor idea sobre cómo han llegado a esa suma monstruosa, pero démosla por buena a los efectos de esta columna.
Naturalmente, eso nos precipita a una pregunta inevitable: cuánto ha costado la incompetencia y la injerencia de la revolución cubana al mundo.
Hagamos unos apuntes contables.
– Primero, claro, están los perjudicados cubanos. En 1959 Cuba tenía 6.000.500 habitantes. Al margen de 1.800.00 viviendas, existían 38.384 fábricas, 65.872 comercios y 150.958 establecimientos agrícolas. Todo eso fue estatizado sin compensación real, lo que provocó el súbito empobrecimiento de la sociedad cubana. ¿A cuánto asciende el despojo? Probablemente el Estado debe a los propios cubanos treinta veces lo que hoy Raúl Castro reclama a Obama. Pasaron de los primeros lugares de desarrollo en América Latina a los últimos.
– Estados Unidos. Los norteamericanos, muy conservadoramente, valoran en 7.000 millones las propiedades confiscadas en la Isla. No incluyen en la cuenta, por ejemplo, entre otros rubros olvidados, el costo enorme de integrar a dos millones de refugiados cubanos en Estados Unidos (el 20% de la población de la Isla), ni los daños provocados por los miles de criminales deliberadamente sacados de las cárceles cubanas y enviados a USA durante el éxodo del Mariel, en 1980. Tampoco tienen en cuenta los derechos de propiedad norteamericanos sobre libros, canciones, películas, programas de televisión, medicinas, programas de informática y objetos de todo tipo copiados o utilizados sin límite por los cubanos. Una suma astronómica. Deberían sumarlos.
– España. La Sociedad 1898, constituida en Madrid para defender los intereses de los españoles perjudicados en la Isla –eran dueños de una buena parte del comercio minorista–, afirma que, sólo a las 3.000 familias españolas que han logrado localizar, les deben unos 8.000 millones, a valor del dólar actual.
– URSS. Según la economista rusa Irina Zorina, los subsidios a Cuba, sin contar las cuantiosas donaciones de armamentos, excedieron los 100.000 millones de dólares. En el verano del 2014 Vladimir Putin condonó a Cuba el 90% de una incobrable deuda de 35.000 millones reconocida a Rusia ante el Club de París. El 10% restante, que tampoco cobrará, hipotéticamente se invertiría en la Isla.
– Venezuela. El economista Carmelo Mesa-Lago calcula el subsidio venezolano en unos 13.000 millones de dólares anuales. Ernesto Hernández-Catá, otro gran profesional, lo rebaja a 7.000. En todo caso, una cifra descomunal que explica, entre otras razones, la magnitud del desastre venezolano.
– Argentina. La deuda original de 2.400 millones, contraída en los años 70, al no pagarla, hoy excede los 11.000 millones.
– Japón. Cuba le debía 1.400 millones. Los japoneses condonaron el 80% de la deuda y el 20 restante lo aplazaron en 20 años. Naturalmente, eliminaron las líneas de crédito a los cubanos.
– México. Hizo más o menos lo mismo que Japón. Cuba debía 487 millones de dólares y el gobierno mexicano le perdonó 341 y le aplazó la devolución del remanente a lo largo de una década.
Y ahora acerquémonos, parcialmente, a la injerencia, pero con más preguntas que respuestas, porque, que sepamos, nadie todavía ha puesto números al costo de la intromisión cubana en los asuntos internos de otros países.
¿Cuánto le costó a Venezuela el desembarco de guerrillas cubanas en los años 60 y el apoyo de los Castro a las guerrillas y terroristas venezolanos durante más de una década? ¿Cuánto le cuesta la disparatada asesoría que ha llevado el país a la ruina?
¿Cuánto le costó a Bolivia el intento del Che Guevara, acompañado de militares cubanos, de derrocar al gobierno del país?
¿Cuánto le costó a Chile la radicalización del gobierno de Salvador Allende, en gran medida motivada por la presencia de las tropas especiales cubanas en su territorio y por el consejo suicida de La Habana?
¿Cuánto le costó a Centroamérica en vidas humanas y en recursos económicos la ayuda de Cuba a la creación y mantenimiento de guerrillas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua? (Nicaragua, por ejemplo, todavía no ha recuperado los índices de desarrollo económico que tenía en 1979, año del triunfo sandinista).
¿Cuánto le costó a Colombia la vinculación de Cuba al Ejército de Liberación Nacional o ELN, al M-19 de Jaime Bateman y a las FARC?
¿Cuánto pagaron los argentinos por combatir al Ejército Guerrillero del Pueblo, organizado por Cuba y dirigido por Jorge Ricardo Masetti, como prueba el periodista e historiador Juan Bautista Yofre en su libro Fue Cuba, o el insensato ataque al cuartel de La Tablada, con armas cubanas, durante el gobierno de Raúl Alfonsín?
¿Para qué seguir? La pequeña isla de Cuba, dirigida por un loco que, como tantos, se creía Napoleón Bonaparte, pero que realmente intentó serlo y a ello dedicó toda su vida, ha sido una catástrofe, no sólo para los cubanos, sino para medio planeta. Una catástrofe que ha costado una inmensa cantidad de dinero.
¿Qué deuda griega es la que hay que reestructurar?
El principal objetivo del nuevo Gobierno de Syriza es "reestructurar" la insoportable losa de la deuda pública griega, actualmente ubicada en el 175% del PIB. Según se nos dice, Grecia no puede pagar, lo que hace imprescindible una profunda reestructuración de la misma: a saber, alargar los plazos de vencimiento, reducir los tipos de interés o incluso aplicar una quita al principal.
En realidad, buena parte del discurso sobre la insostenibilidad de la losa financiera griega está infundada. En las economías modernas, caracterizas por Gobiernos expansivos y monedas inflacionistas, el principal de la deuda pública nunca se devuelve, sólo se refinancia; de ahí que el coste de estar endeudado dependa únicamente del tipo de interés que el Estado deba abonar por el conjunto de su deuda pública.
En 2011 Grecia estaba obligada a pagar unos intereses equivalentes al 7,3% de su PIB, con diferencia la carga más alta de Europa y difícilmente sostenible. Sin embargo, con la reestructuración de su deuda pública orquestada por la Troika en 2012, ha conseguido rebajar su losa de intereses al 4% del PIB, que, si bien no es bajo, tampoco resulta inmanejable. De hecho, países como Irlanda, Italia o Portugal –que hasta el momento no han reclamado reestructuraciones en su deuda pública– están soportando ahora mismo costes financieros mayores.
Fuente: Eurostat
Teniendo en cuenta que el PIB de Grecia está por los suelos (ha caído un 23% desde su máximo) y, ciertamente, muy por debajo del PIB potencial de que podría disfrutar en caso de que liberalizara y estabilizara su economía, es difícil concluir que la reestructuración de la deuda sea una absoluta e inexorable necesidad.
Acaso cupiera alegar que, pese a lo anterior, podríamos ser más generosos con Grecia y brindarle algo más de oxígeno, rebajar un poco más la carga de su deuda y blindarla frente al riesgo de refinanciación (pues, aunque hoy paga un tipo de interés moderado, si en el futuro refinancia su deuda a tipos de interés más altos, regresará a una situación de insostenibilidad financiera). Aquí entroncarían, de hecho, las exigencias de Syriza de alargar el vencimiento de la deuda y rebajar el tipo de interés medio sobre la misma. Pero es difícil que, a este respecto, la Troika pueda hacer mucho más de lo que ya ha hecho: como decimos, en 2012 la deuda griega ya fue reestructurada por la Troika en condiciones difícilmente mejorables.
El vencimiento medio de la deuda griega es, con diferencia, el más elevado de la Eurozona y, también, de otros países de nuestro entorno.
Fuente: OCDE
Lo mismo sucede con los tipos de interés medios sobre su deuda, los terceros más bajos de la Eurozona e incluso más reducidos que los que está pagando Alemania:
Fuente: Eurostat
En otras palabras, los Gobiernos europeos están subsidiando al Gobierno griego, ya que le están extendiendo crédito a unas condiciones más ventajosas a las que se están endeudando ellos para extenderle ese crédito. Es como si usted se endeudara al 10% para prestarme a mí al 5: es obvio que con la operación estaría perdiendo dinero. No parece que haya mucho margen para regalar, todavía más, tales condiciones.
Entonces, si no existe mucho margen para alargar los vencimientos de la deuda y para reducir los tipos de interés medios, ¿qué queda en pie de las demandas de reestructuración? Lo único que queda es una quita a su deuda, es decir, que no paguen. A este respecto, conviene no olvidar que la deuda pública griega en manos de acreedores privados ya fue sometida en 2012 a una quita del 53,5% sobre su valor nominal (que, computando el alargamiento del plazo y el recorte de intereses, ascendió al 75% sobre su valor actual). Siendo así, ¿hay que someter a Grecia a una nueva quita?
En general, creo que conviene desdramatizar las quitas de deuda. Todo inversor en deuda pública es consciente de que en algún momento ésta puede ser impagada por el Estado emisor sin que sea posible forzarle a pagar (dado que la soberanía estatal impide ejecutar forzosamente los contratos con el Estado): la amortización en plazo de la deuda pública apenas es una cuestión de buena fe y de responsabilidad del Gobierno de turno. Como digo, éste es un riesgo que todo inversor conoce y que tiene interiorizado, también cuando los inversores son otros Estados (como es el caso actual: el 80% de la deuda griega está en manos de organismos oficiales); por tanto, sólo cabe exigir a los inversores, públicos y privados, que sean consecuentes con los riesgos que voluntariamente tomaron al prestar al Gobierno griego.
Ahora bien, del mismo modo que los inversores deben aceptar la responsabilidad por conceder crédito a un Gobierno que en cualquier momento puede impagar impunemente su deuda, el Gobierno griego también debe aceptar las consecuencias de decretar una quita unilateral sobre su deuda: a saber, la imposibilidad de financiar su déficit público. Lo llamativo de Syriza no es que quiera impagar sus obligaciones financieras: es que quiere hacerlo al tiempo que postula la necesidad de aumentar de manera muy sustancial el gasto público sin subir los impuestos: es decir, quiere no pagar la deuda para seguir emitiendo deuda.
Semejante cuadratura del círculo sí que es imposible: si Syriza opta por rechazar a la Troika como interlocutor y por aplicar una quita unilateral, se estará mostrando como un Gobierno poco confiable al que nadie querrá prestar cantidad alguna de dinero. Y, por tanto, tendrá que mantener estrictamente a raya sus cuentas: no podrá gastar un euro (o, más bien, una dracma) más de lo que ingrese. Así, la asfixiante "ultraausteridad" actual será la situación por defecto en la que tendrá que vivir Grecia durante años.
En suma, si Syriza no quiere pagar, que no pague; pero que dejen de pedir crédito a los demás para años más tarde no devolverlo. Ya lo dijoclarividentemente el vicepresidente de la CDU: "Los griegos tienen derecho a votar por quien quieran, pero nosotros tenemos el derecho de no financiar la deuda griega". Sea. Esperemos que, en esta ocasión, todos los actores estén a la altura de las circunstancias, se decida lo que se decida. Ni más componendas ni más presiones por ninguno de los dos lados. Eso sí, haga lo que haga Syriza, por favor, que lo haga lo antes posible para que así los demás podamos tomar buena nota.
Andrea Martos – Ciencia: la última excusa del estatismo
Andrea Martos analiza cómo el Estado altera el desarrollo de la ciencia el 31/01/2015 en conferencia en el Instituto Juan de Mariana.
