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¿El fin de los estímulos?

“Though the jobless rate has declined to 5.9%, this is in part due to people leaving the work force and the ranks of those counted as unemployed” Jon Hilsenrath.

Esta semana hemos visto el “final” del programa de recompra de activos (quantitative easing) de Estados Unidos y, a la vez, la decisión del Banco de Japón de aumentar sus estímulos monetarios hasta 181.000 millones de dólares para alcanzar la monstruosa cifra de 725.000 millones de dólares anuales.

El balance de la era del helicóptero travieso –ese que reparte dinero sólo entre el Estado y los bancos- es, cuando menos, impresionante. Estados Unidos ha creado la mitad de la masa monetaria de toda su historia como país independiente entre 2008 y 2014.

Además, los países del G7 han añadido casi 18 billones de dólares de deuda hasta un récord de 140 billones, con casi cinco billones de expansión del balance de sus bancos centrales para generar solamente un billón de dólares de PIB nominal. Es decir, en cinco años, para generar un dólar de crecimiento se han “gastado” 18 dólares. Todo ello manteniendo la deuda total consolidada del sistema en el 440% del PIB.

Pero “no hay inflación”. Entonces no pasa nada. Inflación que, para empezar, es imposible que se genere cuando se suben los impuestos y se bajan los salarios reales mientras se inyecta dinero a mansalva en los sistemas financieros para “dar confianza”. Se ha creado una monstruosa inflación de activos financieros, con las bolsas en máximos y los bonos de alto riesgo dando la rentabilidad más baja de los últimos treinta años. Y la deuda total, pública y privada, en EEUU, Japón y Reino Unido no ha bajado, de hecho ha crecido. Los efectos secundarios de esa enorme inflación de activos financieros y repetir la búsqueda del riesgo a cualquier precio no los podemos ignorar como “irrelevantes”. 

Japón ha sido el paradigma de la ineficacia de los estímulos monetarios y el alumno aventajado de “no se hizo suficiente, repetir”. Estaba destinado a fracasar, al no llevar a cabo las reformas estructurales necesarias, atacar la sobrecapacidad, las rigideces y los llamados “intereses especiales” para solo cubrir la economía de dinero salido de la nada.

Como comentábamos en esta columna cuando se lanzó el plan de estímulos llamado “Abenomics” y los analistas de consenso decían que Japon iba a crecer un 4%, al ignorar el pasado y los fracasos anteriores, disfrazándolo bajo el gas de la risa monetario creaban el efecto contrario al deseado. Tras más de un billón de dólares de estímulo, Japón crece menos que España o Alemania, el consumo minorista se ha desplomado tras las subidas de impuestos, la construcción cae un 40% y la inversión real un 10%. Además, la deuda pública, que supera el 240% del PIB, no baja y el déficit comercial se ha triplicado, al hacer los productos importados mucho más caros devaluando. Con los salarios reales a mínimos de 20 años, la solución que nos proponen no podía ser otra que… repetir.

Ya saben ustedes, la excusa del keynesianismo selectivo, que sólo se acuerda de Lord Keynes para gastar y estimular y nunca para ahorrar y liberalizar, es que “no se hizo suficiente” y “hay que repetir”. Cuando Keynes pedía que interviniese el Estado, éste pesaba un 10% del PIB –no un 46%- y ahorraba, no se endeudaba un 100% y anualmente un 4-7% del PIB.

Pero en Estados Unidos los estímulos monetarios ha sido un “éxito” ¿no?… Y eso los justifica en cualquier otro país. Como dice un amigo mío, para que las cosas vayan como en EEUU, lo primero que hace falta es tener americanos, refiriéndose a  la libertad económica, iniciativa privada, flexibilidad, espíritu emprendedor y capacidad de competir.

En cuanto a los estímulos, tras cuatro billones de dólares inyectados en la economía (eufemismo para decir “el sistema financiero”), hasta el propio New York Times o el Wall Street Journal dudaban de los resultados.

Es cierto que hay mucho que alabar de la recuperación de EEUU, aunque sea frágil y endeudada, pero no es por obra de la varita mágica de la Fed.

Las famosas mentiras del éxito de EEUU con los estímulos empiezan por el empleo, como comentábamos aquí. En EEUU se ha retirado de las listas de desempleo a 11,5 millones de personas y el índice de participación laboral ha caído al nivel más bajo desde 1978. Y no, no es una cuestión demográfica, sino de empleo “zombi” y en gran parte sacar parados de las listas (la cifra de desempleo real es del 12%). 

Siempre que el Club de la Impresora habla de EEUU y los estímulos se olvida del “pequeño”, “ínfimo”, “irrelevante” dato de que… ¡han encontrado petróleo y gas hasta producir más que Arabia Saudí y ser casi independientes energéticamente!

Les recomiendo que lean “El fracking salvó a Obama”, para que vean lo diferente que es el crecimiento de EEUU con y sin la revolución energética (que, todo sea dicho, la administración Obama intentó sabotear y después ha apoyado).

De hecho, usando las estadísticas del Bureau of Labor Statistics, en EEUU si quitamos el empleo creado en Texas por la industria energética, hoy hay 963.000 empleados menos que en 2008. Mientras, en EEUU los salarios reales siguen desplomándose.

El programa de estímulos de la Fed ha tenido, como mucho, un efecto fundamental: dotar de confianza y seguridad al sistema financiero. Que sea positivo o no y, sobre todo, que fuera necesario inyectar 4 billones para conseguirlo, es más que debatible. Pero como todos los incentivos perversos, ha llevado a que ese sistema financiero, en vez de reducirse y fortalecerse, se haya acostumbrado a los tipos bajos y las recompras de activos de bancos centrales para tomar mayor riesgo y engordar. En el camino, la deuda pública ha continuado marcando récords… y nos ponen como “éxito” una reducción de un déficit que sigue por encima del 4,5%. Es decir, no se reduce el agujero, solo se cava más lento.

Ya comentábamos en su momento las razones por las que, como en Japón, un programa de Quantitative Easing europeo fracasaría. Decía Winston Churchill que "lo que nos enseña la historia a los hombres es que los hombres no aprendemos de la historia”. Repetir los errores de 2008 no soluciona los desequilibrios de economías con estados y sistemas financieros hipertrofiados si no se lleva a cabo una limpieza de sectores ineficientes. En EEUU hemos visto quiebras, reestructuraciones que en Europa o Japón nos parecerían impensables.

Muchos me dicen “a pesar de todo, ojalá estuviéramos como EEUU”. Y siempre repito que sí, por supuesto, pero también nos hubiéramos cambiado con los ojos cerrados por el EEUU de 2008 con un 16% de desempleo real (U6).

Las cifras macroeconómicas, efectivamente, son pobres en Europa, y el infraempleo, el endeudamiento y el bajo crecimiento se pueden extrapolar a cualquier país, sea España o Francia. Pero esa comparación es precisamente la que nos muestra que el gas de la risa monetario no es la panacea, es sólo un placebo para que las bolsas y activos de riesgo se disparen. “La confianza”. Se implementa por un momento de pánico irracional y se justifica eternamente por comodidad. Hemos convertido medidas “no convencionales” en las más convencionales, y lo puntual en eterno.

Por eso me hace gracia leer “Estados Unidos acaba la etapa de los estímulos” cuando mantiene los tipos a 0%.Y luego hablan de Greenspan e “incentivar el riesgo excesivo”. Hemos convertido el sistema financiero en un yonqui de las políticas expansivas y eso, amigos, no puede terminar bien.

Los bancos centrales seguirán llevando a cabo medidas mal llamadas expansivas, ya que son regresivas –sostener al endeudado e ineficiente a costa del ahorrador y eficiente-. Los incentivos son demasiado altos. Y la promesa “social” de justificarlo “para reducir el paro” siempre cuela. Pero mientras tanto, la fragilidad del sistema sigue aumentando.

La velocidad del dinero, que mide la actividad económica, sigue cayendo y sólo hay una política que puede cambiar esa fragilidad. Acabar con el asalto impositivo a la clase media y las empresas. Bajar impuestos, aumentar la renta disponible, incentivar el ahorro, no el gasto indiscriminado, apoyar la cordura, no empujar a endeudarse a niveles estratosféricos “que no pasa nada”. Porque cuando el colchón del banco central pierde plumaje –y créanme, lo pierde- entonces nadie les rescata a ustedes.  

Las consecuencias reales no las vamos a notar a corto plazo. Estados Unidos probablemente vea los fondos que se han desplazado estos años a mercados emergentes volver “a casa”, lo que tiene inmediatamente un impacto en el crecimiento e inversiones fuera de la OCDE. Los países “reserva de valor” (EEUU, Alemania, UK) se verán beneficiados de un entorno de “vuelo a la seguridad” (flight to safety) y veremos sectores apalancados y sobredimensionados que no han hecho los deberes sufrir por el menor apetito por el riesgo. Pero, para entonces, la nueva administración americana tal vez sea republicana (el Congreso y el Senado con casi total seguridad), y ya les podremos culpar a ellos, los malvados neocons, de que se tomó riesgo excesivo. Y nos recomendarán… estimular.

España sin élites

Para algunos la democracia es la expresión auténtica de la voluntad general, para otros es el gobierno de la mayoría cuando respeta a la minoría…, mientras que hay quienes afirman que es un instrumento pacífico de selección de élites.

De entre estas tres concepciones, la última, la de los elitistas, nunca ha tenido demasiada buena prensa. Su propia denominación invita a pensar que es una aproximación sociológica que promueve la creación y mantenimiento de élites cuando su ambición es meramente descriptiva, intenta explicar cómo es la realidad política y no cómo debería ser. En realidad, su etimología tomada del francés (élite) proviene del latín eligere, que no es otra cosa que "elegir" o "seleccionar".

En cualquier caso, parece que la democracia de nuestros días no puede escapar de la Ley de hierro de la oligarquía enunciada por Robert Mitchels como la física terrestre no escapa a la Ley de la gravedad. Sean llamadas élites extractivas (en la terminología de Daron Acemoglu y James A. Robinson), casta (la última tendencia podemita) o burócratas (de toda la vida para los liberales), una minoría copa los resortes de poder de la democracia y gobierna a la mayoría a través de una organización oligárquica. Es un concepto que va más allá del político electo o designado, en el que se incluyen empresarios privilegiados por el capitalismo de Estado y funcionarios que viven de y para el Estado.

En España la sensación general es que estas élites extractivas han empobrecido el país en los últimos años, pero las élites inclusivas no pasaron a ser extractivas de la noche a la mañana o como resultado de un mero cambio de partido en el gobierno. La crisis económica que sacudió los cimientos del sistema que creíamos seguro desde 1978 tan sólo mostró las miserias que la bonanza de los últimos años había escondido gracias a la recaudación extraordinaria de impuestos que permitían regar con gasto público todos los estratos sociales. Durante años se compró con dinero de los contribuyentes la felicidad social, más tarde se intentó mantener con deuda y hoy vivimos el descontento de la frustración vivida durante más de una década.

El contexto político es desolador, la corrupción parece manchar a todos los partidos y sindicatos generando todavía más desconfianza social. Surgen nuevos rostros que quieren disputar el poder a los ya establecidos y las encuestas aventuran un mapa político fragmentando. Sustituir a una casta por otra no soluciona nada, si acaso durante un corto periodo de tiempo podría traer la ilusión de que ha habido una renovación que ha terminado con las élites pero el resultado tan solo se traducirá en una sustitución de élites por otras.

Si analizamos la cuestión de fondo sin que el árbol nos impida ver el bosque cabría preguntarnos qué ha pasado en España para que las élites -hasta ahora incontestadas- se vean agotadas y sin un buen banquillo de reserva preparado para tomar el relevo. La transición política del franquismo a la Constitución del 78 de "la ley a ley" fue un proceso inclusivo de élites en las que los franquistas permitieron el acceso al poder que hasta el momento habían mantenido en forma de monopolio a socialistas. El paso del socialismo franquista al socialismo democrático fue suave y casi natural. La creación de la facultad de Ciencias Políticas para formar la élite del régimen anterior ya estaba preparando a la siguiente generación socialista cuando Franco vivía y no es casualidad que entre sus pasillos y despachos se encuentre la fundación del partido de inspiración bolivariana Podemos.

Quebrado el Estado del Bienestar no parece haber alternativa, España se ha quedado sin élites y parte de una sociedad exhausta pone sus esperanzas en una nueva élite capaz de ofrecer una opción diferente a lo que existía hasta ahora. Lamentablemente las recetas que ofrecen son, en la mayoría de casos, aumentar la capacidad extractiva del Estado y, por tanto, no solo repetir sino que acrecentar los errores cometidos en el pasado. 

Tres tienen más que nueve millones

Nadie negará que este titular de la organización progubernamental Intermón Oxfam no resulta llamativo e incluso indignante: las tres personas más ricas de España poseen el doble de riqueza que el 20% más pobre de ciudadanos. Es decir, tres tienen más que nueve millones. El colmo de las desigualdades que debería llevar a un fulminante aristocidio como el que la propia Intermon Oxfam reclama en su informe cuando jalea la necesidad de empoderar al pueblo para “arrebatar el 1%”.

En otras ocasiones, Oxfam ya nos demostró su profunda incomprensión de los procesos sociales de generación de riqueza y de persistencia de la pobreza. Esta vez, para no salirse del guion, vuelve a las andadas. En este artículo, trataré de explicar por qué, más allá del amarillismo inicial, el titular no debería sorprendernos en absoluto. Mi argumento básico es el siguiente: es absolutamente normal que el 20% de la población no posea apenas riqueza debido a la edad y a los sesgos existentes en la definición de riqueza; y, asimismo, es absolutamente normal que haya unas pocas personas que posean mucha riqueza en una economía global. 

El 20% depauperado: la edad como determinante de la riqueza

Uno de los principales factores que determinan la acumulación de riqueza es la edad. Al comienzo de su vida laboral, la inmensa mayoría de personas no poseen ningún patrimonio simplemente porque no les ha dado tiempo a ahorrarlo y acumularlo. Diría que el siguiente ejemplo es bastante ilustrativo:

Supongamos una de las sociedades más extremadamente igualitarias que podamos imaginar: en esta sociedad se trabaja desde los 26 a los 65 años y se vive del patrimonio acumulado desde los 66 a los 85. Asumamos que el salario es el mismo para todos los trabajadores y que todos ellos ahorran un 30% del mismo, el cual logran rentabilizar cada año a una tasa media del 5,5%. Igualmente, asumimos que las herencias se destruyen una vez fallece el propietario y que la cantidad de trabajadores en cada franja de edad es la misma. Igualitarismo extremo: no hay nunca diferencias de partida y el salario es el mismo para todos los trabajadores.

Pues bien, en esta sociedad el 20% de los individuos más pobres (que serían los más jóvenes) apenas poseería el 4,9% del total de riqueza total. En cambio, el 1% más rico poseería el 3,2% y el 10% más rico, el 28,8% (el 10% de la población poseería casi seis veces más riqueza que el 20% más pobre). 

 

Es decir, en la sociedad más igualitaria que nos podamos imaginar, el 20% de individuos más pobres apenas poseería nada (lo irían adquiriendo conforme envejecieran y capitalizaran su patrimonio).

Hoy en día, de hecho, en las sociedades nórdicas —con un, para muchos, igualitarismo ejemplar—, el 50% de la población (no ya el 20%) apenas posee el 10% de la riqueza, mientras que el 1% más rico posee el 20% (según recoge Thomas Piketty). Atendiendo a estas cifras, que en España el 1% de la población posea más que el 70%, según denuncia Oxfam, parece mucho menos escandaloso. A pesar de que nos intente convencer de que estamos ante cifras de un país subdesarrollado, no lo son.

El 20% depauperado: los activos ocultos

Por supuesto, la otra parte de la explicación de por qué el 20% más pobre no tiene ningún tipo de riqueza cabe hallarla en dos esenciales sesgos que contienen las mediciones habituales de riqueza. La primera es excluir del cómputo de riqueza el capital humano; la segunda, excluir asimismo el derecho a la percepción de prestaciones del Estado.

Comencemos por el capital humano: cuando en el punto anterior hemos afirmado que los jóvenes carecen de activos, la afirmación no era del todo correcta. Los jóvenes poseen un activo clave que es su formación, esto es, el capital humano. El capital humano es un activo a todos los efectos salvo en que no es directamente transferible (la marca de Apple también sería muy difícilmente transferible a una compañía distinta de Apple y no por eso dudamos de que sea uno de sus principales activos actuales): es una inversión que requiere tiempo y que proporciona rentabilidad en forma de sobresueldos por encima del personal no cualificado. Y, sin embargo, el capital humano no figura en los cómputos más extendidos de riqueza (que sólo incluyen la tierra, los inmuebles y la riqueza financiera). Dicho de otra manera, sobre las estadísticas, un trabajador parado con apenas 10.000 euros en la cuenta corriente es más rico que un recién licenciado por el MIT con matricula de honor.

La no inclusión del capital humano sesga notablemente la distribución de la riqueza en una dirección desigualitaria, ya que los jóvenes son quienes más y mejor capital humano tienen y quienes menor riqueza financiera y real poseen. En el caso de EEUU, por ejemplo, el capital humano representa en torno al 40% de toda la riqueza nacional y su inclusión en las estadísticas de riqueza haría que la riqueza nacional en manos del top 1% cayera del 33% al 22%.

El segundo activo oculto que no figura en las estadísticas son las prestaciones del Estado. En nuestras sociedades, el Estado nos arrebata mes a mes una ingente cantidad de nuestro salario (alrededor del 40% para el trabajador típico) para financiar su funcionamiento, dentro del cual se incluye la prestación de determinados servicios como la sanidad o las pensiones. Los españoles disfrutan del derecho a recibir, sin contraprestación económica adicional, pensiones y servicios sanitarios del Estado: ese derecho posee un valor económico (el valor actual de las rentas y servicios pagaderos en el futuro) que no figura en las estadísticas de riqueza (pese a que es riqueza personal: el derecho a percibir rentas futuras). En cambio, si la sanidad o las pensiones fueran privadas, dado que los ciudadanos deberían destinar parte de sus rentas a contratar un plan privado de pensiones y auténticos seguros sanitarios, esos activos sí integrarían las estadísticas de riqueza. Basta con preguntarse lo siguiente: ¿quién es más rico: un pensionista medio español sin ningún ahorro o un pensionista con 20.000 euros de ahorros en un país donde la sanidad y las pensiones sean privadas? Según las estadísticas de riqueza que empleamos, el segundo.

Nuevamente, la no inclusión de los derechos a recibir prestaciones del Estado sesga las estadísticas de riqueza. Un recién jubilado en España posee, por ejemplo, el derecho a recibir anualmente una pensión media de casi 1.000 euros mensuales así como tratamientos sanitarios con un coste anual media de 3.500 euros: prestaciones que descontándolas a presente para una esperanza de vida de 20 años arrojan un valor actual de 235.000 euros. Es decir, de media los recién jubilados en España poseen un patrimonio de 235.000 euros (derecho a pensiones y tratamientos sanitarios futuros) que no figura en las estadísticas de distribución de la riqueza. Si extendiéramos el cálculo al resto de personas mayores de 65 años, obtendríamos que estamos dejando fuera del cómputo al menos un billón de euros de riqueza, esto es, el 15% de la riqueza total.

Por tanto, si en las economías modernas estamos dejando de contabilizar entre el 35% y el 55% de la riqueza total de los individuos, que además se halla predominantemente en manos de las clases bajas y medias, ¿cómo pretendemos que estas clases medias y bajas no aparezcan como artificialmente pobres?

Los superricos

Ya hemos explicado por qué el 20% de los individuos de un país apenas posee patrimonio: la clase de activos que miden las estadísticas al uso tienden a acumularse con la edad; y los activos que, en cambio, sí poseen los jóvenes (capital humano, en esencia) o que en todo caso poseen los ciudadanos pobres (prestaciones del Estado) no aparecen en las estadísticas. Pero nos queda por explicar por qué resulta tramposo utilizar como medida de la desigualdad la riqueza de los superricos.

Imaginemos dos tipos de sociedades con 1.000.000 habitantes cada una: en la sociedad A, todos los individuos poseen una riqueza media de 50.000 euros salvo uno de ellos que posee una riquza de 50.000 millones de euros gracias a que ha creado una compañía multinacional; en la sociedad B, la mitad de los individuos posee un patrimonio de 5.000 euros y la otra mitad uno de 195.000 euros. ¿Qué sociedad es más desigualitaria en términos de riqueza? A mi entender la sociedad B, no sólo porque si aplicáramos el criterio rawlsiano del maximin (maximicemos la riqueza de los que menos tienen), todos escogeríamos vivir en A, sino porque el individuo superrico de la sociedad A es claramente un outlier. Sin embargo, cualquier podría decir que un solo individuo de la sociedad A posee más riqueza que todos los demás individuos juntos, mientras que un solo individuo de la sociedad B ni siquiera posee más riqueza que el 0,004% más pobre de esa sociedad.

Nuestras economías modernas se caracterizan por la ultracompejidad de los procesos productivos: es lo que Nassim Taleb denomina Extremistán. Eso significa que aquellos pocos individuos que son capaces de elucubrar proyectos empresariales ultraexitosos se vuelven archimillonarios (aunque sólo durante el tiempo en que esos proyectos empresariales sigan siendo ultraexitosos: seguir siendo muy rico en el dinámico mercado actual es complicadísimo). Por eso, en nuestras economías siempre habrá algunos individuos que, durante algunos años, se ubicarán al final de la cola de la distribución de riqueza (y que ni siquiera tienen por qué ser siempre los mismos). Tomar esos casos sueltos de éxito y compararlos con el resto de la sociedad es hacer trampas.

En España, por ejemplo, el hombre más rico es Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de unos 50.000 millones de euros. Amancio Ortega no se ha enriquecido arrebatando a los españoles parte de su riqueza, sino proporcionando bienes y servicios valiosos para todos los habitantes del planeta. No se trata de que hubiera una “riqueza natural” en España que Amancio Ortega se haya quedado para él en exclusiva y a costa del resto: es que Amancio Ortega ha creado una de las mayores y mejores empresas del mundo donde antes no había nada. Su patrimonio deriva esencialmente de ser propietario de Inditex. Punto. ¿Serían los españoles más ricos si no existiera Amancio Ortega? No: serían más pobres. ¿Pueden los españoles apropiarse ahora de parte de la riqueza de Amancio Ortega? Solo nacionalizando Inditex. ¿Qué derecho tienen los españoles que no crearon Inditex y que no invirtieron en ella cuando estaba comenzando a operar a quedarse ahora con la empresa (quienes confiaron e invirtieron en ella ya han obtenido notabilísimas plusvalías)? Ninguno.

En suma, comparar la riqueza (truncada a la baja) del 20% más pobre de la sociedad con los outliers dentro del 1% más rico de la sociedad es buscar un titular escandaloso y sesgado. Lo que nos tiene que preocupar no es si la riqueza está bien “distribuida” (qué porcentaje tiene cada uno), sino si tiene un origen justo (si se ha adquirido/creado ese porcentaje justamente): en ese sentido, distribuciones muy igualitarias pueden ser enormemente injustas (pensemos un régimen esclavista donde se repartiera la producción a partes iguales entre esclavo y dueño) y distribuciones muy desigualitarias absolutamente justas (un sistema donde nadie hubiese adquirido la propiedad ejerciendo la violencia sobre nadie). Nuestro sistema económico actual combina ambos tipos de riqueza y en lugar de atacar al rico por el simple hecho de ser rico, deberíamos tratar de evitar y reparar los ataques sistemáticos que se producen contra la libertad, la propiedad y los contratos voluntarios.  

Las trampas de los test de estrés

Si algo han demostrado las pruebas de solvencia realizadas a la banca europea durante estos años de crisis es, sin duda, su absoluta inutilidad a la hora de estimar de forma fidedigna y certera las necesidades de capital y, por tanto, la auténtica solidez de las entidades financieras de la Zona Euro en caso de graves dificultades económicas. En 2009, tras la histórica quiebra de Lehman Brothers y en medio de la mayor tormenta global desde la Gran Depresión, los 22 bancos examinados por los reguladores comunitarios aprobaron sin mayor dificultad los test de estrés, ya que ninguno bajaba del ratio de capital mínimo exigido en el escenario adverso (6% de Tier 1).

Un año más tarde, coincidiendo con el inicio de la fatídica crisis del euro, el análisis se extendió a 91 entidades y el resultado, en líneas generales, siguió siendo muy favorable para el sector. Entonces sólo suspendieron siete –cinco cajas españolas, un banco alemán y otro griego–, pero lo más relevante es que las entidades nacionales, en teoría, apenas precisarían una inyección extra de 2.000 millones de euros en capital para garantizar su solvencia ante el peor escenario, una factura ridícula en comparación con el coste que, hasta el momento, ha supuesto el rescate público de las cajas (más de 50.000 millones).

Por si fuera poco, dichas pruebas fueron superadas por los bancos irlandeses y el resto de bancos griegos, cuya quiebra –explícita o implícita– aconteció poco después. Si a ello se suma que en 2011 únicamente suspendieron ocho bancos europeos pero ninguno español y escasos meses después el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que pedir a la UE un crédito extraordinario de 41.000 millones de euros para auxiliar a casi la mitad del sistema financiero nacional, es evidente que la credibilidad de las famosas pruebas de estrés es, simplemente, inexistente, tal y como se alertó desde estas mismas páginas.

¿Por qué los test publicados el pasado domingo deberían ser diferentes? En esta ocasión, el número de entidades suspendidas asciende a 13 y el déficit de capital ronda los 10.000 millones de euros, pero, una vez más, el citado examen adolece de graves problemas estructurales que, por desgracia, arrojan serias dudas acerca de los resultados obtenidos. A primera vista, destacan, sobre todo, tres errores o, mejor dicho, trampas ideadas para ofrecer una imagen distorsionada acerca de la verdadera solvencia de la banca europea en caso de que vengan mal dadas. Así, uno de los principales defectos tiene mucho que ver con el tan citado "escenario adverso", es decir, el cuadro macroeconómico más pesimista que dibujan los reguladores comunitarios. Si el objetivo último de este análisis es conocer el grado de vulnerabilidad de la banca ante el azote de una nueva tormenta perfecta en la Zona Euro, su utilidad carece de sentido en caso de que se limite a medir el posible impacto de una simple marejada sobre los balances bancarios.

El "escenario adverso" de los test de estrés es, en general, bastante complaciente. En el caso de España, por ejemplo, se prevé que el PIB apenas retroceda un 1% en 2015 (-1,4% en la Zona Euro), con una tasa de paro enquistada en el 27% y una caída adicional del 9% en el precio de la vivienda hasta 2016. Así pues, nada especialmente catastrófico, más allá de prolongar la trágica agonía que sufre el país. De hecho, ni siquiera contempla el riesgo de deflación (caída sostenida de precios), a pesar de ser una de las habituales excusas que emplean los Estados miembros y el propio Banco Central Europeo (BCE) para reclamar nuevas medidas de estímulo fiscal (más gasto) y monetario (más liquidez). En el peor de los casos, la inflación en la Zona Euro se situaría en el 0,6% en 2015 y el 0,3% en 2016. Por último, ni siquiera contempla un recrudecimiento sustancial de la crisis de deuda soberana que estalló en el seno de la Unión en 2010, ya que el pronóstico más agorero a este respecto es que la rentabilidad del bono español a 10 años repunte hasta el 5,5% el próximo año y el 5,6% el siguiente, lejos del 7% que llegó a alcanzar en 2012. Es decir, el temido "escenario adverso" sería, en todo caso, mucho más suave que la larga recesión y las fuertes tensiones financieras sufridas hace poco más de dos años.

Otro factor de incertidumbre son los habituales maquillajes contables que protagoniza la banca con el beneplácito de Gobiernos y reguladores. A este respecto, basta señalar que, gracias a un real decreto, el sistema financiero español contabiliza como capital de máxima calidad unos 30.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA), cuya exclusión habría reducido el Tier 1 medio de la banca desde el 9,1 al 7,1%, con la consiguiente dificultad que tendría más de una entidad para superar el citado examen.

Más allá de estas y otras argucias, uno de los aspectos más preocupantes es que la deuda pública sigue contando para los reguladores como un activo de máxima calidad, a pesar de que la Zona Euro sigue inmersa en una profunda crisis soberana de inciertas consecuencias. Es cierto que los test aplican precios de mercado a la deuda incluida en las carteras de negociación (bonos que se ponen a la venta), pero su volumen es muy reducido en comparación con la que figura en sus balances hasta vencimiento, y cuyo riesgo de impago, prácticamente, se descarta. En concreto, la banca de la Zona Euro poseía cerca de 1,75 billones de euros en deuda soberana a cierre de 2013, equivalente al 5,7% del total de sus activos.

Estas tenencias se han disparado un 25% (355.000 millones extra) desde que el BCE inició sus manguerazos de liquidez a finales de 2011, especialmente entre los países más débiles de Europa, como bien refleja el caso de las bancas italiana (+62%), portuguesa (+52%) y española (45%). El sector financiero ha triplicado en España e Italia su exposición crediticia a los bonos soberanos desde 2008. En Italia, con una exposición de 407.000 millones de euros, y España, con 297.000 millones, casi el 10% de los balances bancarios está invertido en deuda pública, y ésta, además, se concentra en bonos nacionales (75% y 70% de estas carteras, respectivamente), con lo que el riesgo es, si cabe, mayor debido a la baja calidad de estos activos.

Desde que comenzó la crisis económica, la deuda pública en el conjunto de la Zona Euro ha subido desde el 66 hasta el 93% en 2013, aunque el incremento más sustancial corresponde a la periferia europea: en Grecia se mantiene en el 175%, en Portugal e Italia ronda el 130%, mientras que en España roza el 100%, y nada indica que esta peligrosa tendencia se vaya a revertir a corto y medio plazo, sino más bien al contrario. Si se tiene en cuenta que el mundo desarrollado ostenta hoy el mayor nivel de endeudamiento público desde la II Guerra Mundial, que la deuda en manos de extranjeros alcanza un récord histórico, que el número de reestructuraciones soberanas desde 1950 asciende a 600 casos en un total de 95 países –con deudas inferiores a las de España e Italia–, que la opinión pública del sur de Europa rechaza frontalmente la austeridad pública, que el populismo de reciente cuño aboga por impagar la deuda y que, además, Alemania no está por la labor de pagar la factura de otros, contabilizar dichos bonos como activos de bajo riesgo es una insensatez y una grave temeridad, equiparable tan sólo a la inversión inmobiliaria en tiempos de la anterior burbuja.

Los empresarios son los que cambian el mundo

“Reto a los jóvenes a que construyan un laberinto invisible (con nuevas ideas empresariales y disruptivas), un laberinto de libertad”.

Giancarlo Ibargüen (maestro de muchos liberales). Fragmento de su discurso tras recibir recientemente el premio Manuel F. Ayau de Students for Liberty 2014.

El pasado sábado tuvo lugar la conferencia regional de Student for Liberty en Madrid. Fue un encuentro extraordinario con ponentes de primer nivel como Jesús Huerta de Soto, que impartió una conferencia titulada Liberalismo vs Anarcocapitalismo, o Miguel Anxo Bastos, que explicó cuáles son los caminos para la creación de riqueza. Además, pudimos presenciar interesantes debates como el que protagonizaron sobre la reserva fraccionaria Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana y profesor del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA), y Philipp Bagus, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También hubo una mesa de discusión en la que participaron los miembros del Instituto Juan de Mariana Antonio José Chinchetru y Fernando Díaz Villanueva, Laura Blanco, John Müller y María Fuster.

Me llamaron especialmente la atención las recomendaciones para los jóvenes amantes de la libertad que hizo mi maestro el profesor Jesús Huerta de Soto. Destacaron sus consejos para reducir o suprimir la coacción estatal, para lo que no recomendó la vía política, aunque reconoció su afiliación al P-Lib, sino que insistió en que el cambio sólo podrá venir desde el estudio y la reflexión sobras las ideas. Sin embargo, aunque nos habló de las nuevas tecnologías y la importancia de la función empresarial durante su exposición, obvió trasladar esta idea fundamental a sus recomendaciones finales: “sean empresarios y creen nuevas ideas o empresas que cambien el mundo hacia un lugar con más libertad y prosperidad”.

Son muchos los que piensan que para cambiar el mundo y reducir ese ente corruptor y coactivo conocido como el Estado, que en su ponencia el profesor Huerta de Soto llegó a identificar con el Diablo, hay que ser un gran líder político con un importante poder que le permita llevar a cabo tan importante hazaña. También son bastantes los que piensan que a través de la academia se puede llegar a ser un gran erudito y con sus ideas reducir o eliminar el aparato estatal. No se puede negar que han existido políticos que han ayudado a que se produjeran cambios o adelgazamientos del Estado, siempre mínimos, pues el Estado no ha hecho más que crecer desde el principio de sus días hasta hoy, como por ejemplo Ruth Richardson, directora del Banco Central y ex ministra de Finanzas de Nueva Zelanda. Tampoco negaremos que han surgido grandes pensadores y divulgadores como Frédéric Bastiat y Henry Hazlitt o académicos como Friedrich A. Hayek y Milton Friedman, que con algunas de sus ideas ayudaron a mejorar nuestra sociedad. Sin embargo, ninguno de estos políticos, pensadores o académicos ha conseguido transformar el mundo en un lugar mejor como lo han hecho los empresarios y fundadores de grandes empresas como Henry Ford (padre de la producción en serie), Jimmy Wales (Wikipedia), Bill Gates (Microsoft), Peter Thiel (PayPal), Larry Page (Google), John Deere (fabricante de maquinaria agrícola), Mark Zuckerberg (Facebook), Reid Hoffman (Linkedin), Satoshi Nakamoto (Bitcoin), Steve Jobs (Apple) o Amancio Ortega (Inditex), entre otros.

En mi opinión, es la función empresarial, piedra angular de la teoría de la eficiencia dinámica del profesor Huerta de Soto, la que puede conseguir que el Estado se reduzca e incluso llegue a desaparecer en el futuro y el mundo se convierta en un lugar con mayor libertad y prosperidad. No necesitamos luchar contra el Estado, hagamos lo que defendemos los amantes de la libertad, compitamos con él con grandes ideas empresariales.

No podemos olvidar que la función empresarial es aquella característica innata al ser humano que hace posible que se descubran nuevas ideas que coordinen los desajustes existentes, consiguiendo satisfacer a los distintos individuos de la sociedad creando riqueza y bienestar. Supuestamente el Estado existe porque son muchos los que creen, de forma equivocada como demuestra Juan Ramón Rallo en su último libro Una revolución liberal para España, que lo necesitamos para que los que tienen menos recursos puedan acceder a la educación, sanidad y otros muchos bienes y servicios. Por ello, es necesario, desde la perspectiva intervencionista, más Estado y menos mercado o, lo que es lo mismo, más coacción y menos libertad.

Sin embargo, los empresarios de las grandes compañías alimentarias han demostrado que para que haya alimentos a precios asequibles no se requieren cartillas de racionamiento o los empresarios de la industria textil han conseguido evidenciar que no hace falta ser rico para ir a la moda. Por ello, a casi ningún estado se le ocurriría competir con estas empresas porque lo haría bastante peor que ellas y los usuarios no comprarían sus productos.

No es muy difícil imaginar qué pasaría si mañana fuéramos capaces de estudiar en las grandes universidades como MIT, Stanford o Harvard desde cualquier lugar del mundo y a unos precios muy accesibles gracias a las nuevas tecnologías; o si tienen éxito las investigaciones que están realizando un nutrido número de médicos y expertos en programación y tecnología en Silicon Valley para lograr revolucionar el mundo sanitario mediante una medicina individual, más barata e incluso autogestionada por el paciente en algunos casos; o si surgen nuevos sistemas de pago y atesoramiento seguros y estables como el de Bitcoins. Sin duda, las universidades públicas, los hospitales públicos y los bancos centrales monopolísticos quebrarían y cerrarían.

No sería sorprendente que los estudiantes prefiriesen recibir aquella educación que sea mejor y más barata, por lo que las universidades públicas tendrían que cerrar por la falta de alumnos y las regulaciones educativas desaparecerán por no tener sentido alguno, tampoco es que lo tengan hoy, más allá que posponer este inevitable cambio. Los pacientes previsiblemente dejarían de utilizar los actuales modelos hospitalarios, por lo que también desaparecerían los hospitales públicos; y, por último, los bancos centrales controlados por los Estados no tendrían su razón de ser, pues la gente no usaría las monedas de curso forzoso que imponen.

Por todas estas razones, es magnífico estudiar y reflexionar, como recomendó el profesor Huerta de Soto, cuya contribución a la causa de la libertad, tanto en España como en el resto del mundo, es enorme. No obstante, no hay que quedarse ahí. En mi opinión, lo más importante es emprender nuevas acciones empresariales, como la que llevó a cabo Manuel Ayau en 1971 fundando la Universidad Francisco Marroquín o las que ha impulsado Gabriel Calzada promoviendo el Instituto Juan de Mariana en 2005 y el Centro de Estudios Superiores OMMA en 2012, entidades, todas ellas, que están ayudando a transformar y mejorar la sociedad.

En definitiva, es importante estudiar y reflexionar sobre las ideas, pero es imprescindible y necesario lanzarse a crear nuevos proyectos empresariales que contribuyan a satisfacer las necesidades de los distintos individuos pues, sólo así, mediante la libre competencia, la creatividad empresarial y las nuevas tecnologías conseguiremos reducir o incluso, quién sabe, eliminar el aparato opresor del Estado. 

¿Qué entiende Cáritas por exclusión social?

Todos los medios de comunicación han destacado en sus noticiarios que, según un reciente informe de Cáritas, el 25% de los españoles vive en una situación de exclusión social severa o moderada por culpa de la crisis. Es más, según ese mismo informe, únicamente el 34,3% de los españoles disfruta de una integración plena en sociedad. Preocupantes cifras que describen un país casi tercermundista: uno donde la inmensa mayoría sobrevive al borde de la miseria, parasitada por una minoría privilegiada y castuza.

Acaso sorprenda al lector saber que en todos los indicadores no financieros de privación material (cuántos españoles pueden ahorrar frente a imprevistos, cuántos no tienen automóvil, lavadora, teléfono, ordenador, ducha, inodoro o luz natural en sus habitaciones, cuántos viven en barrios afectados por la delincuencia…) estamos mucho mejor que hace 20 años y, en su mayoría, también mejor que hace 10; o que España es el país de Europa que más ha visto reducida su desigualdad salarial desde 1995; o que el crecimiento económico que hemos vivido entre 1973 y 2011 ha beneficiado más a las rentas bajas que a las altas. Y es que estos datos, también recogidos en el informe de Cáritas, han tenido  nula repercusión en la prensa.

Mas mi objetivo no es remarcar las lecturas positivas que podría tener el informe, a poco que la prensa no optara en comandita por adoptar un enfoque amarillista y populista, cuanto responder a una pregunta muy simple: cuando Cáritas nos indica que el 25% de los españoles padece de exclusión social (o que el 65,7% no está "plenamente integrado"), ¿a qué se está refiriendo? A la postre, más allá de las etiquetas, eso es lo relevante: ¿en qué situación real se encuentra ese 25% (o 65,7%)?

Cáritas elaboró el año pasado un Indicador Sintético de Exclusión Social (ISES) con 35 parámetros, que es el que actualiza y utiliza ahora. Una persona está integrada plenamente en la sociedad cuando su situación no se ajusta a ninguno de esos 35 parámetros, se halla en integración precaria cuando convive con uno, padece exclusión moderada cuando experimenta dos o tres y sufre exclusión severa cuando soporta cuatro o más. Copio a continuación los 35 indicadores, así como el porcentaje de españoles que la sufre, para que podamos valorarla con más elementos de juicio.

% personas 2007

% personas 2013

Personas que viven en un hogar cuyo sustentador principal está en paro desde hace más de un año.

1,1%

9,2%

Personas que viven en un hogar cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: vendedores a domicilio, vendedores ambulantes (apoyo), vendedores ambulantes (marginal), empleadas del hogar no cualificadas, peones agrícolas eventuales temporeros, recogedores de cartón, repartidores de propaganda, mendigos.

3,1%

3,7%

Personas que viven en un hogar cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: que no tiene cobertura de la Seguridad Social (empleo irregular).

3,5%

3,2%

Personas que viven en hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM.

4,7%

7,6%

Personas que viven en hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año.

8,7%

36%

Personas que viven en hogares con todos los activos en paro.

2,3%

12,3%

Pobreza extrema: ingresos inferiores por hogar al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Umbral estable en euros constantes como media de los 3 años (2.891€ en 2007, 3.014€ en 2009 y 3.273€ en 2013).

3,5%

7,3%

Personas que viven en hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico) y que no pueden permitírselo.

No hay información

1,6%

Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: personas que viven en un hogar con alguna persona de 18 o más años de nacionalidad extracomunitaria (sin convenio de reciprocidad).

8,4%

6,1%

Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana.

4,2%

8,5%

Personas que viven en hogares con menores de 3 a 15 años no escolarizados.

2%

1,6%

Personas que viven en hogares en los que nadie de 16 a 64 años tiene estudios: de 16 a 44, sin completar EGB, ESO o graduado escolar; de 45 a 64, menos de 5 años en la escuela.

5,5%

3,3%

Personas que viven en hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir o no ha ido a la escuela.

5,4%

4,1%

Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar.

1,6%

0,8%

Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc.

1,4%

1,8%

Humedades, suciedades y olores.

7,6%

10,2%

Hacinamiento grave (<15 m2 persona).

6,9%

7%

Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente).

2,7%

1,6%

Entorno muy degradado.

0,5%

2,7%

Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar.

2,6%

5,5%

Gastos excesivos de la vivienda (ingresos – gastos viv. < umbral pobreza extrema con umbral estable).

5%

14,1%

Alguien sin cobertura sanitaria.

0,6%

0,3%

Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado ahora.

2%

4,5%

Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de salud que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaria.

1,1%

1,2%

Personas que viven en hogares con alguna persona dependiente, que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria y que no la reciben.

0,8%

1,1%

Personas que viven en hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un año.

0,7%

1%

Personas que viven en hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.

5,4%

15,8%

Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años.

No hay información

2,7%

Personas que viven en hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas.

1,5%

0,8%

Personas que viven en hogares con alguna persona que tiene o ha tenido en los 10 últimos años problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego.

No hay información

2,6%

Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja.

2%

1%

Personas que viven en hogares con alguna persona que tiene o ha tenido en los 10 últimos años problemas con la justicia (antecedentes penales).

2,5%

1%

Personas sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o de dificultad.

2,8%

2%

Personas que viven en hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos.

1,6%

0,5%

Personas que viven en hogares con alguna persona en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros de drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres.

0,3%

0,2%

Sinceramente, muchos de los elementos que aparecen en este listado me parecen una absoluta frivolización de la pobreza que no entiendo que una asociación como Cáritas consienta. Es cierto que Cáritas en todo momento habla de exclusión social y no de pobreza, pero la organización debería ser consciente de la demagógica equiparación que suele hacerse entre ambas, sobre todo cuando se las vincula a la crisis actual. Y facilitar -e incluso promover- una completa manipulación del significado de las estadísticas en un sentido vejatorio para los verdaderamente pobres debería estar en los antípodas de los objetivos sociales de Cáritas.

Ni estar peleado con tus vecinos, ni estar peleado con tu pareja, ni tener un abuelo semianalfabeto, ni ser madre soltera, ni vivir en un hogar con ciudadanos extracomunitarios ni ser apolítico equivale a ser pobre. Es más, diría que ni siquiera equivale a estar excluido socialmente. Y, sin embargo, acabo de mencionar seis indicadores que, en caso de que coincidieran en una misma persona, la calificarían como de "severamente excluida" de la sociedad (esto es, la categoría más grave posible dentro del informe de Cáritas). De hecho, basta con que coincida uno de ellos para que esa persona no esté "plenamente integrada" en sociedad, o que haya dos de ellos para que el individuo esté parcialmente excluido de la sociedad. Es decir, con dos de los anteriores seis criterios… usted integraría ese 25% de los españoles a los que la crisis ha empujado a una situación de exclusión social según Cáritas.

El colmo del despropósito, claro está, se halla contenido en el parámetro 32, a saber, "haber tenido problemas con la justicia en los últimos 10 años": vamos, que para Cáritas todos los políticos condenados por haber saqueado y construido fortunas personales a costa de los contribuyentes… deben figurar como no integrados plenamente en sociedad. Y si la corrupción les ha llevado a pelearse con sus vecinos o con su pareja comenzarían a formar parte de ese 25% de españoles excluidos de la sociedad. Delirante.

En este sentido, que la exclusión social haya aumentado del 16,3% en 2007 al 25,1 en 2013 (nota: la crisis en todo caso habrá causado el aumento de nueve puntos en la exclusión social entre 2007 y 2013, no los 25 puntos de 2013) se explica por un elemento de sobra conocido: el paro. Los problemas relacionados con el paro abarcan seis de los 35 indicadores, de manera que no es tan complicado que una persona se encuentre en varios de ellos (y además en alguno de los otros 29 indicadores). Sólo el punto 5 (personas que viven en hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año) aumenta del 8% al 36%: algo de sobra conocido por todo aquel que siga la evolución de nuestra tasa de paro.

Y si por "aumento de personas excluidas socialmente" queremos decir "aumento de personas en paro", ¿a qué se debe tanta algarabía con el informe de Cáritas? Al cabo, la EPA que se publica trimestralmente ya recoge esa misma información. Pues la algarabía se debe a que los datos que presenta Cáritas pueden ser manipulados e instrumentados políticamente: cosa que se ha hecho sin pudor alguno y a lo que Cáritas se ha prestado orgullosamente.

Lo anterior no significa, claro está, que los indicadores desagregados que presenta Cáritas sean inútiles. Únicamente implica que la cifra del 25% de excluidos sociales hay que desecharla por descabellada. Pero el listado anterior sí nos permite conformarnos una imagen de qué porcentaje de personas lo están pasando verdaderamente mal durante esta crisis: el cruce de los puntos 7 (pobreza extrema), 8 (carencia de bienes básicos), 14 (infraviviendas) o 23 (haber pasado hambre en los últimos diez años) nos indica que el porcentaje de españoles que puede estar atravesando dificultades verdaderamente acuciantes (dificultades que, en todo caso, se habrían considerado el estándar de normalidad hace 40 o 50 años) se halla en torno al 5%, frente al 2-3% del pico de la burbuja de prosperidad de 2007.

Ese 5% de españoles son el público objetivo al que atiende Cáritas y que debido a su volumen absoluto -más de dos millones de personas- es comprensible que esté desbordando sus instalaciones. Pero el 5% no es ni el 25% ni el 66%: acaso a Cáritas le parezca que hay demasiados pocos pobres y se vea en la tentación de inflar exageradamente su número.

Cáritas es en muchos sentidos una organización ejemplar a la que todos tenemos mucho que agradecer. Pero que sea ejemplar en muchos sentidos no significa que lo sea en todos: frivolizar e instrumentar el verdadero drama de la pobreza en aras de un mayor autobombo y de la defensa de un modelo de Estado omniabarcante no debería entrar en su agenda. Y, por desgracia, se está convirtiendo en parte constituyente de la misma.

Las tribus liberales

No veía el momento de escribirles sobre un libro con este título que acaba de presentar nuestra compañera de Comentarios, María Blanco. Lo hizo una de estas calurosas tardes de otoño en la FNAC, flanqueada por Carlos Rodríguez Braun y el editor Roger Domingo, y bien acompañada de muchos amigos: hasta vimos a Carlos Cachanosky (un argentino al que puedes encontrar en cualquier parte del mundo); por cierto, que me pareció notar una pequeña subida en el deje porteño del profesor Rodríguez Braun cuando le saludó…

A lo que iba: todo fueron elogios para este librito que, ya comprobarán, se lee de un tirón. Allí nos explicaron por qué: se trata de un texto no propiamente académico escrito por una persona que sí lo es. Y todos estaban muy de acuerdo con el título elegido: las tribus… Verdaderamente es algo consustancial a la naturaleza humana: enseguida nos agrupamos en clanes, y cada uno reclama la exclusividad (“estos no son de los nuestros”). Lo cuenta CRB en el Prólogo, y la autora no para de insistir en ello a lo largo de su obra. Por eso celebramos el título elegido: también los liberales tendemos a encontrar cualquier pequeña excusa para discutir por encima de los grandes y formidables consensos que nos unen. Aunque hay una lectura positiva que verán en la Introducción: la batalla de las ideas para un liberal está más cerca de un combate de esgrima, con normas éticas y estéticas, junto con una gran capacidad para desenvolvernos cada uno en el terreno que nos parece más adecuado. Esto conlleva una excelente vacuna contra cualquier borreguismo de manada, típico de otras ideologías. Pero en ocasiones nos impide actuar con más eficacia contra el enemigo común, el Estado Leviathan.

No puedo desmenuzar aquí las principales aportaciones del libro, que se construye en torno a cuatro elegantes tópicos (en el sentido literal de la palabra: lugares) de la cultura griega: los templos de Atenea y Eris, el Olimpo y el Hades. Pero sí les copio un sumario bien armado de la editora, donde se explica que “en el liberalismo no existe una única doctrina ni una sola escuela. El pensamiento liberal se ramifica en distintas tribus ideológicas, en ocasiones aparentemente enemistadas, que hacen de su entendimiento un objeto escurridizo para la mayoría de las personas. María Blanco cree que, si el liberalismo es percibido por la gente corriente de una manera tan equivocada, los liberales están siendo cómplices, por soberbia, de esa confusión. La comunicación es, sin duda, una batalla que el liberalismo no ha sabido ganar. Hasta ahora”; termina con un reto para ver quién recoge el guante.

Y diré que Almudena Negro lo hacía casi online en su tweet; o que al día siguiente nuestro compañero Antonio J. Chinchetru entrevistaba a la autora en Periodista Digital. Añado que alrededor de esa fecha varias de las tribus liberales hicieron acto de presencia en el panorama mediático y académico; algo de lo que también quería hablarles.

Por orden cronológico comienzo por la presentación de otro libro, publicado ahora por el Centro Diego de Covarrubias: “Liberalismo, pensamiento cristiano y bien común”. Tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino y se trata de una recopilación de los ensayos seleccionados para el I Premio Diego de Covarrubias (que por cierto, próximamente celebrará su segunda edición). Allí tomaron la palabra Vicente Boceta, Presidente del Centro Diego de Covarrubias; el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, Francisco José Contreras (ganador del Premio), así como el economista y presidente del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo (pueden escuchar aquí un extracto).

A los pocos días se celebraba en Pamplona una nueva reunión organizada por el profesor Huerta de Soto en torno a uno de nuestros autores escolásticos, en esta ocasión fue Martín de Azpilcueta (precisamente conocido en su tiempo como el doctor Navarro). La Fundación Occidens, del cabildo catedralicio, actuó de anfitriona junto con el Instituto M. de Azpilcueta de la Universidad de Navarra. Intervinieron Agustín González Enciso, de la UNAV; Mario Šilar, Manager del Centro Diego de Covarrubias; Jesús Huerta de Soto (“con una conferencia que no dejó indiferente a nadie”, señala el Twitter de Occidens) o el profesor Philippe Nemo.

Termino con un recordatorio de la reciente Conferencia Regional de European Students for Liberty, un refrescante encuentro de gente joven interesada por el pensamiento liberal, proveniente de muchas partes de España junto con algunas delegaciones extranjeras. Organizada (muy bien) por Greta Katasinka, tuvo entre sus ponentes a Miguel Anxo Bastos, Orlando Samoes, Jesús Huerta de Soto, Antonio J. Chinchetru, Juan Ramón Rallo o Philipp Bagus (estos últimos sosteniendo un debate en torno a la reserva 100% o fraccionaria). No pude escuchar más que al profesor Bastos, brillante comunicador como es, explicando que la pobreza se debe a la pérdida de tres ideas fundamentales: el concepto de tiempo (o sea, la preferencia temporal), la necesidad del ahorro, y el olvido del trabajo duro. Fue todo un espectáculo escucharle hablar sobre cómo hay que mantener costumbres de frugalidad, frente los que se dedican a “quemar y consumir el capital”. Sospecho que también lo fue la intervención de Huerta de Soto: “Liberalismo vs. Anarcocapitalismo”, pero lamentablemente no pude quedarme… ¿querrá alguno de los asistentes compartir lo que allí se dijo?

La penúltima astracanada liberticida

Surrealismo es el vocablo más educado con el que uno puede definir el modus operandi de CIU-ERC-CUP. Transcurridos dos años desde las últimas elecciones autonómicas, la suerte de los catalanes no ha mejorado en lo relativo al empleo, sanidad, bienestar o educación. Esto no debería sorprender a nadie, puesto que su gobierno ha estado ocupado en buscar el enfrentamiento permanente con el gobierno de la Nación (es decir, con Madri-t).

Sin embargo, a pesar de no poder ejercer "el derecho a decidir", subterfugio léxico con el que se enmascara el derecho de autodeterminación, el nacionalismo catalán sí ha sacado rédito de sus acciones. En efecto, gracias al recurso al victimismo, es probable que en la próxima convocatoria electoral no sufra la debacle que su gestión gubernamental merecería.

La razón de ello es que a través de la subvención pública a los medios de comunicación, ha creado una sociedad acrítica, capaz sólo de percibir agravios y menosprecios, más ilusorios que reales. El resultado es que cualquier diario, radio o televisión que ilustre la menor muestra de disidencia para con el paradigma oficial queda excluida del "alpiste público" y cuando no, estigmatizada. La elaboración de listas de catalanes buenos y malos, desde luego, no es algo que pueda relacionarse con la libertad.

Aspectos graves sin duda, pero no únicos. Hay más. Uno de ellos es la capacidad que tiene el nacionalismo catalán en dotar de personalidad humana, cuasi-mística, a lo que simplemente es el terruño. De hecho, es frecuente escuchar expresiones del tipo "Cataluña ha sido humillada" o "Cataluña es expoliada". Nuevamente aparece la subordinación obligatoria del individuo a los designios de la construcción nacional.

Todos estos componentes se han ido gestando en las últimas décadas, si bien actualmente sobresalen con mayor crudeza. Aún con ello, el nacionalismo catalán ha tenido la virtud de presentarse ante el resto de España como una ideología "progresista" y ha conseguido que en distintas partes del Estado se empatice con sus mantras, en particular con el derecho a decidir. La anormalidad se convierte de este modo en lo cotidiano.

Desde el resto de España, y esto es lo grave, se ha aceptado que así sea, básicamente, por cobardía. Al respecto, cuando alguien osa desacreditar la armadura nacionalista, se le acusa de generar independentistas por doquier. Quizás, sólo quizás, las semillas de esos nuevos secesionistas que aparecen ahora como las setas, esté relacionada más bien con el sistema educativo (y de valores) que ha impulsado la Generalidad desde 1980.

Así las cosas, la show continúa. En efecto, nos hallamos en la fase de los acuerdos esperpénticos entre CIU y los anti-sistema de las CUP. Los dirigentes de esta última formación practican una demagogia sin complejos que acompañan de amenazas e insultos. El fenómeno de las CUP vendría a ser a nivel autonómico lo que PODEMOS implica a nivel nacional, aunque sin tanta fuerza mediática por parte de las huestes de David Fernández. No obstante, la peligrosidad para la democracia de uno y otro es idéntica.

El complejo de amplios sectores de la derecha para combatirlos y el buenismo de la izquierda a la hora de referirse a ellos, se convierten en sus mejores armas para medrar. Así es la izquierda española, siempre dispuesta a aceptar los liberticidios cuando proceden de partidos como los aludidos CUP o Podemos, sin darse cuenta de que en sus afanes totalitarios, no dudarán engullirla por las buenas o por las malas. En cuanto a la derecha, es probable que malgaste esfuerzos en hacerse perdonar, en vez de combatir argumentalmente las falacias vertidas sobre ella.

Éxito y mejora

Solemos escuchar con frecuencia que la reforma laboral del Partido Popular fue una argucia política para favorecer a las grandes empresas. Supuestamente, la medida se adoptó con el único propósito de reducir los costes de los ajustes de plantilla de las grandes corporaciones, olvidándose de las necesidades reales que tenían las pymes españolas y que en ningún caso pasaban por una mayor flexibilidad laboral.

El discurso es especialmente recurrente entre los dirigentes de Podemos y de otros partidos satélites, los cuales buscan ofrecer una imagen de transversal moderación exonerando de sus críticas antimercado a los pequeños empresarios y concentrándolas en la intrínseca maldad de la casta corporativa. La reforma laboral es mala no porque beneficie a los empresarios, dicen, sino porque solo beneficia a la casta plutocrática.

El problema, claro está, es que la realidad casa mal con la ideologizada doctrina. Entre finales de 2011 y finales de 2013, la economía española perdió más de un millón de empleos, de los cuales el 60% eran contratos indefinidos y el 40% contratos temporales. Y, como podemos observar en la siguiente tabla, la mayor parte de la destrucción de empleo, tanto en términos absolutos como relativos, se concentró en las microempresas de hasta 9 trabajadores, mientras que las grandes empresas de más de 250 trabajadores fueron las que menos ocupaciones destruyeron en términos relativos. De hecho, es fácil comprobar que existe una relación inversa entre tamaño y caída de la ocupación: a mayor tamaño, menor reducción de la plantilla. 

 

       
         

Dado que la definición de pyme atañe a todas aquellas empresas con menos de 250 trabajadores, acaso convenga presentar las cifras de un modo más sintético: entre 2011 y 2013, las pymes destruyeron 830.000 empleos, esto es, el equivalente al 8,9% de todos sus puestos de trabajo; por el contrario, las grandes empresas perdieron 232.000 empleos (casi 600.000 menos), que equivalían al 4,4% de toda su plantilla. En suma: las pymes destruyeron el doble de empleo que las grandes empresas.

Los datos resultan especialmente ilustrativos en dos sentidos. Primero, y en contra del muy oficial discurso, España muy probablemente necesite de empresas de mayor tamaño: no hay motivo para enorgullecerse por el hecho de que seamos un país esencialmente de pymes (sobre todo cuando el crecimiento de éstas se halla artificialmente limitado por la legislación). Segundo, la reforma laboral ha beneficiado esencialmente a las pymes, a saber, a la parte más débil de nuestra economía y más necesitada de unos reajustes internos que la anterior normativa laboral encarecía arbitraria y absurdamente. Sin reforma laboral, el reajuste de las pymes españolas habría sido muchísimo más oneroso de lo que finalmente ha sido y muchas de ellas habrían tenido que desaparecer bajo el yugo de unos costes desproporcionados.

Quienes buscan revertir la reforma laboral y ahondar en las hiperregulaciones estatales –en lugar de profundizar en la muy necesaria liberalización de nuestra economía– no luchan contra los privilegios de la casta con el objetivo de proteger a la pyme: muy al contrario, buscar atenazar la libertad de todos los españoles para reforzar el poder omnímodo del Estado.

¿Quién se ha beneficiado más de la reforma laboral?

La retórica ha sido siempre un arma de los poderosos para someter a sus súbditos. Cuando el poder alcanza cotas de intrusión inéditas, y encima lo hace bajo el sistema político que más presume de respetar los deseos de los ciudadanos, el bien decir de la mentira política se vuelve imprescindible.

Eso explica la brillantez de los giros y oropeles lingüísticos, en especial en lo que se refiere a la expresión más clara de la coacción política y legislativa: la Hacienda. Que, para empezar mintiendo bien, siempre se llama "pública", como si fuera de todos, como si todos realmente tuviéramos la llave de ese Tesoro y la capacidad de decidir sobre sus ingresos y erogaciones.

Pondré dos ejemplos sugestivos relacionados con la deuda y la recaudación. Es habitual que autoridades y medios celebren que el Estado haya "colocado con éxito" más deuda, y que la recaudación impositiva mejore

El verbo colocar es de entrada equívoco, porque la acepción que teóricamente más se ajustaría al fenómeno en cuestión sería la de "encontrar mercado para algún producto". Sin embargo, lo que está sucediendo no tiene que ver con el mercado en aspectos muy fundamentales: el Estado no es una empresa, el Estado puede obligar y de hecho obliga a los ciudadanos a que paguen esa deuda que él emite y, en caso de impago, puede darse el lujo que acometer esa práctica, letal para cualquier empresa, y no desaparecer ipso facto.

Además, y dejando de lado los matices de la colocación¿en qué estriba el famoso "éxito"? Generalmente en dos criterios: la cantidad y el precio. Así, cuando el Estado coloca todo que pretendía, y a un precio bajo, o menor al de la colocación anterior, todo son plácemes. Muy rara vez, o nunca, sin embargo, los relatos sobre estas colocaciones tan exitosas subrayan una incuestionable realidad: el éxito radica en que las autoridades logran que los ciudadanos les presten ahora dinero a cambio de unos papelitos cuya rentabilidad exigirá que aumente en el futuro la coerción de esas mismas autoridades o (más frecuentemente) sus sucesoras sobre los ciudadanos. Este uso de la fuerza no debería ser motivo de aplauso.

Como tampoco debería serlo el hecho de que las autoridades se apropien de una suma mayor de los bienes de sus súbditos. ¿Por qué va serlo? Más bien lo plausible sería lo contrario, es decir, que el pueblo conservara lo que es suyo, sus bienes, sus propiedades, y por supuesto sus salarios. Pues parece que no, parece que lo bueno es que la gente tenga menos dinero y que el poder le quite aún más. Por eso se dice que la recaudación "mejora", en vez de decir que "aumenta".