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Los datos del PIB del tercer trimestre de este año ahondan en las sensaciones que ya transmitía el PIB del segundo trimestre: la economía española brega por lograr un cambio de modelo productivo desde 2008 con escaso éxito. La lentitud del proceso es del todo evidente atendiendo a a los datos de Contabilidad Nacional: no es que nada se esté moviendo en nuestra economía, pero el ritmo es a todas luces insuficiente para recolocar a los tres millones de trabajadores que han quedado desempleados con la crisis.

Échemosle un vistazo primero al valor agregado bruto de los distintos sectores de la economía española (la suma de todos ellos constituye el PIB) con respecto al que exhibían en 2008. Claramente, existen tres actividades cuyo valor agregado bruto ha caído intensamente con respecto a 2008 (las actividades financieras, la industria y, muy especialmente, la construcción) y un sector que ha aumentado notablemente: las actividades inmobiliarias (también crecen con respecto a 2008, en menor grado, el comercio y la hostelería, y los servicios vinculados a las Administraciones Públicas). En el tercer trimestre, la destrucción bruta de valor con respecto a 2008 era de 27.146 millones de euros (frente a 27.348 millones en el segundo trimestre) y la creación bruta de valor apenas ascendía a 9.624 millones de euros (frente a 9.150 millones en el segundo trimestre).

Sucede que, en realidad, el sector de actividades inmobiliarias es un sector fantasma, pues en su mayor parte recoge las rentas imputadas por propiedad de vivienda (el valor que derivan los propietarios de habitar en una casa de su propiedad); es decir, es un sector que contablemente se revaloriza sin que hagamos nada y sin que haya más actividad económica. Eliminando la influencia contable de este sector fantasma, pues, nos topamos con un panorama desolador: frente a una destrucción de valor agregado bruto de 27.146 millones de euros con respecto a 2008 (en agricultura, industria, construcción, información y comunicaciones, actividades financieras y actividades profesionales) sólo hemos sido capaces de generar 3.625 millones de nuevo valor agregado bruto (en turismo, administraciones públicas y ocio); de hecho, eliminando la influencia siempre distorsionadora del sector público, la creación de valor en el sector privado es de apenas 2.211 millones de euros (frente a los 1.626 del segundo trimestre de 2014). A este ritmo “acelerado” de generación de nueva actividad dentro del sector privado (unos 600 millones de euros por trimestre), todavía tardaríamos más de una década en recuperar todo el terreno perdido frente a 2008.

Como decía, lo anterior no significa que nada se esté moviendo en la economía española: la industria manufacturera está volviendo a levantar cabeza y el turismo está en su mejor momento histórico, pero estas mejoras distan de bastar en medio de un cuasi completo estancamiento del resto de sectores.

Una radiografía similar a la anterior nos la ofrecen los datos de empleo según Contabilidad Nacional: con respecto al tercer trimestre de 2008, la economía española ha perdido 3,09 millones de empleos (3,35 millones el segundo trimestre). El único sector con más ocupados que en 2008 es el de “administraciones públicas, sanidad y educación”, mientras que la construcción y la industria han concentrado las mayores destrucciones de empleo (nótese cómo el sector de actividades inmobiliarias es completamente irrelevante en términos de empleo por lo que hemos explicado: es un sector fantasma con nulas repercusiones sobre la actividad económica).

Asumiendo una creación de empleo de entre 250.000-300.000 personas al año (que son los puestos que terminaremos creando en 2014), tardaríamos, de nuevo, entre 10 y 12 años en regresar a los niveles de ocupación de 2008. Nuevamente desolador.

La inutilidad de la solución keynesiana

Desde Podemos y otros ámbitos de la izquierda, se nos asegura que los problemas económicos de España se solventan corrigiendo la contracción de la demanda agrega que se inició con los “recortes” acaecidos desde 2010. En cierto modo, pues, se atribuye gran parte del deterioro actual de nuestra economía real a la falta de demanda interna.

En este sentido, ¿cuáles han sido los sectores que más han sufrido desde el tercer trimestre del año 2009, momento en el que el Plan E estaba funcionando a plena potencia? Pues esencialmente dos: el ladrillo y la banca. El resto de sectores están aproximadamente igual que en 2009 (agricultura, industria, turismo y ocio están algo mejor ahora que en 2009; actividades profesionales, las Administraciones Públicas e información y comunicaciones, algo peor; omito mencionar el sector fantasma de las actividades inmobiliarias).

Reinflar keynesianamente la demanda sin cambiar el modelo productivo, tal como hicimos en 2009, sólo nos serviría para para relanzar la actividad de bancos y constructoras: esto es, la actividad de la casta empresarial. Acaso por ello Podemos centre su programa de estímulo en, por un lado, la rehabilitación de viviendas y, por otro, la institución de un “derecho al crédito”. El nuevo modelo productivo de los keynesianos es el de siempre: ladrillo y crédito barato.

El imprescindible cambio de modelo productivo

Mas si aspiramos a una economía de alto valor añadido, competitiva y sostenible, no queda otra que cambiar nuestro modelo productivo. ¿Y cómo lo cambiamos? Pues no tratando de resucitar los mortecinos sectores existentes de 2007 (banca y ladrillo), sino creando otros nuevos. Y para crear sectores nuevos no queda otra que invertir en ellos: la clave de nuestra recuperación a largo plazo, pues, no es el gasto en consumo interno, sino en inversión.

Por desgracia, la inversión sigue por debajo de los niveles de 2008 (no así el consumo público y apenas el consumo privado), cuando debería hallarse muy por encima para beneficiarnos de un reajuste interno acelerado. Es verdad que, despejada la incertidumbre del riesgo de quiebra (finales de 2012, merced a la OMT de Mario Draghi), el gasto en inversión no residencial ha reflotado con cierta fuerza, pero aun así sigue a niveles claramente insuficientes para transformar nuestro modelo productivo.

España requiere de muchísima más inversión privada y para ello necesitamos dos elementos: libertad de mercado (para que emerjan oportunidades de inversión) y ahorro interno (para financiar esas oportunidades de inversión). El último de estos elementos (el ahorro) sólo puede proceder de un menor consumo público y privado, pues ahorro es igual a no-consumo: por tanto, deberíamos estar presenciando fuertes recortes del gasto público y no mantenimientos o aumentos del mismo.

Sé que muchos estarán tentados de afirmar que si no consumimos, nadie querrá invertir para no vender, pero ése es un argumento erróneo: España necesita invertir no para satisfacer el consumo interno, sino el consumo exterior (dado que hemos de amortizar nuestra gigantesca deuda externa); cuanto más consumamos internamente, menores recursos podremos relativamente dirigir a aumentar nuestra producción orientada hacia la exportación. Ahorro, ahorro y ahorro. No hay otra.

Conclusión

En suma, la economía española está estancada. Salvo por el turismo y el dopaje del mayor gasto público viviendo en los últimos trimestres, los niveles de actividad y empleo siguen por los suelos. La solución a este problema no es más consumo interno y más gasto público (como propone, por ejemplo, Podemos) sino libertad de mercado y ahorro: las dos variables que se han hallado del todo ausentes en la política económica española desde que se desató la crisis y que, desafortunadamente, parece que lo seguirán estando durante los próximos años. Parece que la casta y la neocasta política se conjuran para japonizarnos o, peor, para argentinizarnos.

Nadie negará que este titular de la organización progubernamental Intermón Oxfam no resulta llamativo e incluso indignante: las tres personas más ricas de España poseen el doble de riqueza que el 20% más pobre de ciudadanos. Es decir, tres tienen más que nueve millones. El colmo de las desigualdades que debería llevar a un fulminante aristocidio como el que la propia Intermon Oxfam reclama en su informe cuando jalea la necesidad de empoderar al pueblo para “arrebatar el 1%”.

En otras ocasiones, Oxfam ya nos demostró su profunda incomprensión de los procesos sociales de generación de riqueza y de persistencia de la pobreza. Esta vez, para no salirse del guion, vuelve a las andadas. En este artículo, trataré de explicar por qué, más allá del amarillismo inicial, el titular no debería sorprendernos en absoluto. Mi argumento básico es el siguiente: es absolutamente normal que el 20% de la población no posea apenas riqueza debido a la edad y a los sesgos existentes en la definición de riqueza; y, asimismo, es absolutamente normal que haya unas pocas personas que posean mucha riqueza en una economía global. 

El 20% depauperado: la edad como determinante de la riqueza

Uno de los principales factores que determinan la acumulación de riqueza es la edad. Al comienzo de su vida laboral, la inmensa mayoría de personas no poseen ningún patrimonio simplemente porque no les ha dado tiempo a ahorrarlo y acumularlo. Diría que el siguiente ejemplo es bastante ilustrativo:

Supongamos una de las sociedades más extremadamente igualitarias que podamos imaginar: en esta sociedad se trabaja desde los 26 a los 65 años y se vive del patrimonio acumulado desde los 66 a los 85. Asumamos que el salario es el mismo para todos los trabajadores y que todos ellos ahorran un 30% del mismo, el cual logran rentabilizar cada año a una tasa media del 5,5%. Igualmente, asumimos que las herencias se destruyen una vez fallece el propietario y que la cantidad de trabajadores en cada franja de edad es la misma. Igualitarismo extremo: no hay nunca diferencias de partida y el salario es el mismo para todos los trabajadores.

Pues bien, en esta sociedad el 20% de los individuos más pobres (que serían los más jóvenes) apenas poseería el 4,9% del total de riqueza total. En cambio, el 1% más rico poseería el 3,2% y el 10% más rico, el 28,8% (el 10% de la población poseería casi seis veces más riqueza que el 20% más pobre). 

 

Es decir, en la sociedad más igualitaria que nos podamos imaginar, el 20% de individuos más pobres apenas poseería nada (lo irían adquiriendo conforme envejecieran y capitalizaran su patrimonio).

Hoy en día, de hecho, en las sociedades nórdicas —con un, para muchos, igualitarismo ejemplar—, el 50% de la población (no ya el 20%) apenas posee el 10% de la riqueza, mientras que el 1% más rico posee el 20% (según recoge Thomas Piketty). Atendiendo a estas cifras, que en España el 1% de la población posea más que el 70%, según denuncia Oxfam, parece mucho menos escandaloso. A pesar de que nos intente convencer de que estamos ante cifras de un país subdesarrollado, no lo son.

El 20% depauperado: los activos ocultos

Por supuesto, la otra parte de la explicación de por qué el 20% más pobre no tiene ningún tipo de riqueza cabe hallarla en dos esenciales sesgos que contienen las mediciones habituales de riqueza. La primera es excluir del cómputo de riqueza el capital humano; la segunda, excluir asimismo el derecho a la percepción de prestaciones del Estado.

Comencemos por el capital humano: cuando en el punto anterior hemos afirmado que los jóvenes carecen de activos, la afirmación no era del todo correcta. Los jóvenes poseen un activo clave que es su formación, esto es, el capital humano. El capital humano es un activo a todos los efectos salvo en que no es directamente transferible (la marca de Apple también sería muy difícilmente transferible a una compañía distinta de Apple y no por eso dudamos de que sea uno de sus principales activos actuales): es una inversión que requiere tiempo y que proporciona rentabilidad en forma de sobresueldos por encima del personal no cualificado. Y, sin embargo, el capital humano no figura en los cómputos más extendidos de riqueza (que sólo incluyen la tierra, los inmuebles y la riqueza financiera). Dicho de otra manera, sobre las estadísticas, un trabajador parado con apenas 10.000 euros en la cuenta corriente es más rico que un recién licenciado por el MIT con matricula de honor.

La no inclusión del capital humano sesga notablemente la distribución de la riqueza en una dirección desigualitaria, ya que los jóvenes son quienes más y mejor capital humano tienen y quienes menor riqueza financiera y real poseen. En el caso de EEUU, por ejemplo, el capital humano representa en torno al 40% de toda la riqueza nacional y su inclusión en las estadísticas de riqueza haría que la riqueza nacional en manos del top 1% cayera del 33% al 22%.

El segundo activo oculto que no figura en las estadísticas son las prestaciones del Estado. En nuestras sociedades, el Estado nos arrebata mes a mes una ingente cantidad de nuestro salario (alrededor del 40% para el trabajador típico) para financiar su funcionamiento, dentro del cual se incluye la prestación de determinados servicios como la sanidad o las pensiones. Los españoles disfrutan del derecho a recibir, sin contraprestación económica adicional, pensiones y servicios sanitarios del Estado: ese derecho posee un valor económico (el valor actual de las rentas y servicios pagaderos en el futuro) que no figura en las estadísticas de riqueza (pese a que es riqueza personal: el derecho a percibir rentas futuras). En cambio, si la sanidad o las pensiones fueran privadas, dado que los ciudadanos deberían destinar parte de sus rentas a contratar un plan privado de pensiones y auténticos seguros sanitarios, esos activos sí integrarían las estadísticas de riqueza. Basta con preguntarse lo siguiente: ¿quién es más rico: un pensionista medio español sin ningún ahorro o un pensionista con 20.000 euros de ahorros en un país donde la sanidad y las pensiones sean privadas? Según las estadísticas de riqueza que empleamos, el segundo.

Nuevamente, la no inclusión de los derechos a recibir prestaciones del Estado sesga las estadísticas de riqueza. Un recién jubilado en España posee, por ejemplo, el derecho a recibir anualmente una pensión media de casi 1.000 euros mensuales así como tratamientos sanitarios con un coste anual media de 3.500 euros: prestaciones que descontándolas a presente para una esperanza de vida de 20 años arrojan un valor actual de 235.000 euros. Es decir, de media los recién jubilados en España poseen un patrimonio de 235.000 euros (derecho a pensiones y tratamientos sanitarios futuros) que no figura en las estadísticas de distribución de la riqueza. Si extendiéramos el cálculo al resto de personas mayores de 65 años, obtendríamos que estamos dejando fuera del cómputo al menos un billón de euros de riqueza, esto es, el 15% de la riqueza total.

Por tanto, si en las economías modernas estamos dejando de contabilizar entre el 35% y el 55% de la riqueza total de los individuos, que además se halla predominantemente en manos de las clases bajas y medias, ¿cómo pretendemos que estas clases medias y bajas no aparezcan como artificialmente pobres?

Los superricos

Ya hemos explicado por qué el 20% de los individuos de un país apenas posee patrimonio: la clase de activos que miden las estadísticas al uso tienden a acumularse con la edad; y los activos que, en cambio, sí poseen los jóvenes (capital humano, en esencia) o que en todo caso poseen los ciudadanos pobres (prestaciones del Estado) no aparecen en las estadísticas. Pero nos queda por explicar por qué resulta tramposo utilizar como medida de la desigualdad la riqueza de los superricos.

Imaginemos dos tipos de sociedades con 1.000.000 habitantes cada una: en la sociedad A, todos los individuos poseen una riqueza media de 50.000 euros salvo uno de ellos que posee una riquza de 50.000 millones de euros gracias a que ha creado una compañía multinacional; en la sociedad B, la mitad de los individuos posee un patrimonio de 5.000 euros y la otra mitad uno de 195.000 euros. ¿Qué sociedad es más desigualitaria en términos de riqueza? A mi entender la sociedad B, no sólo porque si aplicáramos el criterio rawlsiano del maximin (maximicemos la riqueza de los que menos tienen), todos escogeríamos vivir en A, sino porque el individuo superrico de la sociedad A es claramente un outlier. Sin embargo, cualquier podría decir que un solo individuo de la sociedad A posee más riqueza que todos los demás individuos juntos, mientras que un solo individuo de la sociedad B ni siquiera posee más riqueza que el 0,004% más pobre de esa sociedad.

Nuestras economías modernas se caracterizan por la ultracompejidad de los procesos productivos: es lo que Nassim Taleb denomina Extremistán. Eso significa que aquellos pocos individuos que son capaces de elucubrar proyectos empresariales ultraexitosos se vuelven archimillonarios (aunque sólo durante el tiempo en que esos proyectos empresariales sigan siendo ultraexitosos: seguir siendo muy rico en el dinámico mercado actual es complicadísimo). Por eso, en nuestras economías siempre habrá algunos individuos que, durante algunos años, se ubicarán al final de la cola de la distribución de riqueza (y que ni siquiera tienen por qué ser siempre los mismos). Tomar esos casos sueltos de éxito y compararlos con el resto de la sociedad es hacer trampas.

En España, por ejemplo, el hombre más rico es Amancio Ortega, con un patrimonio estimado de unos 50.000 millones de euros. Amancio Ortega no se ha enriquecido arrebatando a los españoles parte de su riqueza, sino proporcionando bienes y servicios valiosos para todos los habitantes del planeta. No se trata de que hubiera una “riqueza natural” en España que Amancio Ortega se haya quedado para él en exclusiva y a costa del resto: es que Amancio Ortega ha creado una de las mayores y mejores empresas del mundo donde antes no había nada. Su patrimonio deriva esencialmente de ser propietario de Inditex. Punto. ¿Serían los españoles más ricos si no existiera Amancio Ortega? No: serían más pobres. ¿Pueden los españoles apropiarse ahora de parte de la riqueza de Amancio Ortega? Solo nacionalizando Inditex. ¿Qué derecho tienen los españoles que no crearon Inditex y que no invirtieron en ella cuando estaba comenzando a operar a quedarse ahora con la empresa (quienes confiaron e invirtieron en ella ya han obtenido notabilísimas plusvalías)? Ninguno.

En suma, comparar la riqueza (truncada a la baja) del 20% más pobre de la sociedad con los outliers dentro del 1% más rico de la sociedad es buscar un titular escandaloso y sesgado. Lo que nos tiene que preocupar no es si la riqueza está bien “distribuida” (qué porcentaje tiene cada uno), sino si tiene un origen justo (si se ha adquirido/creado ese porcentaje justamente): en ese sentido, distribuciones muy igualitarias pueden ser enormemente injustas (pensemos un régimen esclavista donde se repartiera la producción a partes iguales entre esclavo y dueño) y distribuciones muy desigualitarias absolutamente justas (un sistema donde nadie hubiese adquirido la propiedad ejerciendo la violencia sobre nadie). Nuestro sistema económico actual combina ambos tipos de riqueza y en lugar de atacar al rico por el simple hecho de ser rico, deberíamos tratar de evitar y reparar los ataques sistemáticos que se producen contra la libertad, la propiedad y los contratos voluntarios.  

Todos los medios de comunicación han destacado en sus noticiarios que, según un reciente informe de Cáritas, el 25% de los españoles vive en una situación de exclusión social severa o moderada por culpa de la crisis. Es más, según ese mismo informe, únicamente el 34,3% de los españoles disfruta de una integración plena en sociedad. Preocupantes cifras que describen un país casi tercermundista: uno donde la inmensa mayoría sobrevive al borde de la miseria, parasitada por una minoría privilegiada y castuza.

Acaso sorprenda al lector saber que en todos los indicadores no financieros de privación material (cuántos españoles pueden ahorrar frente a imprevistos, cuántos no tienen automóvil, lavadora, teléfono, ordenador, ducha, inodoro o luz natural en sus habitaciones, cuántos viven en barrios afectados por la delincuencia…) estamos mucho mejor que hace 20 años y, en su mayoría, también mejor que hace 10; o que España es el país de Europa que más ha visto reducida su desigualdad salarial desde 1995; o que el crecimiento económico que hemos vivido entre 1973 y 2011 ha beneficiado más a las rentas bajas que a las altas. Y es que estos datos, también recogidos en el informe de Cáritas, han tenido  nula repercusión en la prensa.

Mas mi objetivo no es remarcar las lecturas positivas que podría tener el informe, a poco que la prensa no optara en comandita por adoptar un enfoque amarillista y populista, cuanto responder a una pregunta muy simple: cuando Cáritas nos indica que el 25% de los españoles padece de exclusión social (o que el 65,7% no está "plenamente integrado"), ¿a qué se está refiriendo? A la postre, más allá de las etiquetas, eso es lo relevante: ¿en qué situación real se encuentra ese 25% (o 65,7%)?

Cáritas elaboró el año pasado un Indicador Sintético de Exclusión Social (ISES) con 35 parámetros, que es el que actualiza y utiliza ahora. Una persona está integrada plenamente en la sociedad cuando su situación no se ajusta a ninguno de esos 35 parámetros, se halla en integración precaria cuando convive con uno, padece exclusión moderada cuando experimenta dos o tres y sufre exclusión severa cuando soporta cuatro o más. Copio a continuación los 35 indicadores, así como el porcentaje de españoles que la sufre, para que podamos valorarla con más elementos de juicio.

Sinceramente, muchos de los elementos que aparecen en este listado me parecen una absoluta frivolización de la pobreza que no entiendo que una asociación como Cáritas consienta. Es cierto que Cáritas en todo momento habla de exclusión social y no de pobreza, pero la organización debería ser consciente de la demagógica equiparación que suele hacerse entre ambas, sobre todo cuando se las vincula a la crisis actual. Y facilitar -e incluso promover- una completa manipulación del significado de las estadísticas en un sentido vejatorio para los verdaderamente pobres debería estar en los antípodas de los objetivos sociales de Cáritas.

Ni estar peleado con tus vecinos, ni estar peleado con tu pareja, ni tener un abuelo semianalfabeto, ni ser madre soltera, ni vivir en un hogar con ciudadanos extracomunitarios ni ser apolítico equivale a ser pobre. Es más, diría que ni siquiera equivale a estar excluido socialmente. Y, sin embargo, acabo de mencionar seis indicadores que, en caso de que coincidieran en una misma persona, la calificarían como de "severamente excluida" de la sociedad (esto es, la categoría más grave posible dentro del informe de Cáritas). De hecho, basta con que coincida uno de ellos para que esa persona no esté "plenamente integrada" en sociedad, o que haya dos de ellos para que el individuo esté parcialmente excluido de la sociedad. Es decir, con dos de los anteriores seis criterios… usted integraría ese 25% de los españoles a los que la crisis ha empujado a una situación de exclusión social según Cáritas.

El colmo del despropósito, claro está, se halla contenido en el parámetro 32, a saber, "haber tenido problemas con la justicia en los últimos 10 años": vamos, que para Cáritas todos los políticos condenados por haber saqueado y construido fortunas personales a costa de los contribuyentes… deben figurar como no integrados plenamente en sociedad. Y si la corrupción les ha llevado a pelearse con sus vecinos o con su pareja comenzarían a formar parte de ese 25% de españoles excluidos de la sociedad. Delirante.

En este sentido, que la exclusión social haya aumentado del 16,3% en 2007 al 25,1 en 2013 (nota: la crisis en todo caso habrá causado el aumento de nueve puntos en la exclusión social entre 2007 y 2013, no los 25 puntos de 2013) se explica por un elemento de sobra conocido: el paro. Los problemas relacionados con el paro abarcan seis de los 35 indicadores, de manera que no es tan complicado que una persona se encuentre en varios de ellos (y además en alguno de los otros 29 indicadores). Sólo el punto 5 (personas que viven en hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el último año) aumenta del 8% al 36%: algo de sobra conocido por todo aquel que siga la evolución de nuestra tasa de paro.

Y si por "aumento de personas excluidas socialmente" queremos decir "aumento de personas en paro", ¿a qué se debe tanta algarabía con el informe de Cáritas? Al cabo, la EPA que se publica trimestralmente ya recoge esa misma información. Pues la algarabía se debe a que los datos que presenta Cáritas pueden ser manipulados e instrumentados políticamente: cosa que se ha hecho sin pudor alguno y a lo que Cáritas se ha prestado orgullosamente.

Lo anterior no significa, claro está, que los indicadores desagregados que presenta Cáritas sean inútiles. Únicamente implica que la cifra del 25% de excluidos sociales hay que desecharla por descabellada. Pero el listado anterior sí nos permite conformarnos una imagen de qué porcentaje de personas lo están pasando verdaderamente mal durante esta crisis: el cruce de los puntos 7 (pobreza extrema), 8 (carencia de bienes básicos), 14 (infraviviendas) o 23 (haber pasado hambre en los últimos diez años) nos indica que el porcentaje de españoles que puede estar atravesando dificultades verdaderamente acuciantes (dificultades que, en todo caso, se habrían considerado el estándar de normalidad hace 40 o 50 años) se halla en torno al 5%, frente al 2-3% del pico de la burbuja de prosperidad de 2007.

Ese 5% de españoles son el público objetivo al que atiende Cáritas y que debido a su volumen absoluto -más de dos millones de personas- es comprensible que esté desbordando sus instalaciones. Pero el 5% no es ni el 25% ni el 66%: acaso a Cáritas le parezca que hay demasiados pocos pobres y se vea en la tentación de inflar exageradamente su número.

Cáritas es en muchos sentidos una organización ejemplar a la que todos tenemos mucho que agradecer. Pero que sea ejemplar en muchos sentidos no significa que lo sea en todos: frivolizar e instrumentar el verdadero drama de la pobreza en aras de un mayor autobombo y de la defensa de un modelo de Estado omniabarcante no debería entrar en su agenda. Y, por desgracia, se está convirtiendo en parte constituyente de la misma.

A través de un artículo de Paul Krugman llego a un post del economista italiano Franceso Saraceno titulado Jean-Baptiste Hollande. Aunque la anotación tiene ya unos meses, se encuentra de plena actualidad dado las recientes críticas que le están cayendo al otrora azote de la austeridad, François Hollande, a propósito del supuesto ajuste presupuestario vivido en el país occidental con un mayor Estado.

Según Saraceno, Hollande aseveró hace unos meses que “necesitamos actuar sobre la oferta. ¡Sobre la oferta! No hay contradicción entre la oferta y la demanda. De hecho, la oferta genera la demanda”. Según el italiano, Hollande está resucitando la archirrefutada Ley de Say, ésa que Keynes en su momento resumió con esa disparatada máxima de que “la oferta genera su propia demanda”. Para mostrarnos el grado de disparate implicado en la Ley de Say, Saraceno nos ofrece un párrafo de John Stuart Mill donde aparece resumida:

"Los medios de pago con los que la gente compra la producción de otras personas consisten en aquellos bienes que ellos poseen. Todos los vendedores son inevitablemente compradores. Si de repente pudiéramos duplicar la capacidad productiva del país, duplicaríamos la producción de mercancías en cada mercado; pero, al mismo tiempo, estaríamos duplicando nuestro poder adquisitivo. La demanda de todo el mundo se duplicaría junto con la oferta: todo el mundo sería capaz de comprar el doble porque todo el mundo tendría el doble que ofrecer a cambio."

El párrafo de Mill parece una ridiculez, ya que en un primer vistazo nos está diciendo que la gente está dispuesta a demandar el doble de lo que actualmente está consumiendo: el doble de comida, el doble de televisores, el doble de viviendas, el doble de ropa, el doble de mesas, el doble de sillas, etc. Es decir, el párrafo parece estar negando la posibilidad de que se produzcan errores de inversión, de que algunas mercancías se fabriquen en exceso, de que aparezcan sobreproducciones parciales en una economía. Si eso fuera así, sería obvio que la Ley de Say sería un disparate propio de economistas poco formados.

Ahora bien, si uno ha leído a Mill debería preguntarse ¿por qué Saraceno detiene su cita en ese punto? ¿Por qué no cita, no ya el siguiente párrafo, sino la continuación de ese mismo párrafo? Veamos cómo continúa Mill:

"Probablemente, claro, algunas cosas serían producidas en exceso. Aun cuando la sociedad estuviese dispuesta a duplicar su consumo agregado, podría disponer ya de suficientes cantidades de algunas mercancías, prefiriendo en cambio más que duplicar la producción de otros bienes, o materializar ese nuevo poder adquisitivo en la fabricación de nuevos bienes. En tal caso, la oferta tenderá a adaptarse y el valor de los bienes se alineará con su coste de producción. De hecho, resulta absurdo pensar que todos los bienes caerán de valor y que, en consecuencia, todos los productores serán insuficientemente remunerados. Si las utilidades de los bienes no cambian, el nivel de precios resulta irrelevante, ya que la remuneración de los productores no depende de cuánto dinero obtengan, sino de cuántos artículos pueden comprar en el mercado a cambio de los que venden: si todas las mercancías se duplicaran en cantidad, esto también incluye duplicar la mercancía que actúa como dinero, de manera que los precios no cambiarían como no lo harían las utilidades.

Una sobreproducción generalizada, un exceso de todas las mercancías sobre su demanda es una imposibilidad, en la medida en que la demanda consiste en medios de pago [en producción]."

Mill era perfectamente consciente de que podían aparecer sobreproducciones parciales: de que los inversores de una economía pueden equivocarse y producir demasiadas viviendas, demasiados ferrocarriles, demasiados automóviles, etc. La Ley de Say no trata sobre eso, sino sobre algo mucho más simple: para demandar hay que producir. No existe demanda sin oferta: demandar sin ofrecer equivale a comprar sin pagar. Para adquirir bienes hay que tener renta y para tener renta hay que vender bienes (o servicios).

Es verdad que la oferta con la que se demanda puede no ser oferta presente sino oferta futura (comprar prometiendo entregar producción futura: es decir, endeudarse), pero eso no cambia la muy sencilla realidad: no puede existir una carestía de demanda en relación con la oferta, pues la demanda es oferta. Cuestión distinta es que nuestra oferta actual de bienes y servicios no se corresponda con la oferta deseada: esto es, que produzcamos demasiado de unos bienes y demasiado poco de otros bienes. Pero las sobreproducciones parciales no son sobreproducciones generales (no hay demasiado de todo, sino demasiado de unos bienes y demasiado poco de otros). Es simplemente deshonesto tratar de refutar la Ley de Say equiparándola con una ley que niega la posibilidad de sobreproducciones parciales (“la oferta crea su propia demanda”).

Saraceno no es el primero que cita a Mill a medias. El propio Keynes lo hizo mucho antes, ya en La Teoría General, cortando la cita de Mill exactamente en el mismo tergiversador punto. Además, démonos cuenta de otro detalle más grave. ¿Por qué Keynes y Saraceno critican la Ley de Say pero jamás citan al propio Say? ¿No sería más lógico buscar citas del propio Say que expusieran lo calamitosas que eran sus teorías? Pues no y por una razón elemental: Say se expresaba con mucha más claridad que Mill. Al francés no se le puede tergiversar: no se le puede hacer decir lo que no quiso decir. Por ejemplo, lean cómo Say era plenamente consciente de la existencia de sobreproducciones parciales:

"Una sobreproducción de mercancías particulares se produce porque la oferta de esa mercancía ha desbordado su demanda debido a una de esas dos razones: o porque se ha producido en exceso o porque la producción de otras mercancías es insuficiente."

Es más, si el economista italiano hubiese leído con algo más de detalle a Say no habría caído en algunos de los errores más clamorosos de su post. En él Saraceno nos intenta mostrar lo absurdo de las declaraciones de Hollande apelando a la típica encuesta a empresarios que señalan que sus dificultades económicas provienen esencialmente de la falta de demanda sobre sus productos (en concreto, un 70% de los empresarios que reconocieron tener dificultades los atribuyeron exclusivamente al lado de la demanda). Así, concluye Saraceno: “El mensaje parece bastante claro: desde el comienzo de la crisis los problemas de las empresas francesas han procedido de una insuficiente demanda. Keynes tiene razón, Say (y François Hollande, y la Comisión Europea y Angela Merkel) está equivocado”.

A este respecto, sin embargo, vean precisamente cómo comenzaba Say el capítulo de suTratado de Economía Política donde exponía su famosa ley:

"Es habitual escuchar entre los emprendedores de distintos sectores industriales que sus problemas económicos no residen en el lado de la producción, sino en las dificultades para vender sus mercancías; que la producción siempre sería abundante si existiera suficiente demanda para absorberlas. Cuando la demanda por sus mercancías es demasiado lenta, retraída y poco efectiva, los emprendedores tienden a afirmar que el dinero es escaso; su objeto de deseo es un consumo vigoroso que acelere las ventas y eleve los precios.

(…)

[Y, ciertamente], un hombre dedicado a invertir su tiempo de trabajo en crear objetos de valor y que proporcionen algún tipo de utilidad no puede esperar que ese valor sea apreciado y remunerado a menos que otras personas dispongan de medios para adquirirlo. Ahora bien, ¿en qué consisten estos medios? En el valor contenido en otros productos, como los frutos de la industria, del capital y de la tierra. Todo lo cual nos conduce a una conclusión que a primera vista podría resultar paradójica: a saber, que es la producción la que permite la demanda de otros productos."

La encuesta que enlaza Saraceno, por tanto, no demuestra nada: la falta de demanda es un síntoma o de falta de producción presente valiosa o de falta de producción futura igualmente valiosa (la famosa falta de crédito). Si es un problema de falta de oferta presenta, entonces la cuestión es cómo cambiar el modelo productivo actual: liberalización económica, impuestos bajos, presupuestos equilibrados y estabilidad financiera. Si, en cambio, es un problema de falta de oferta futura (falta de crédito), entonces la cuestión es cómo mejorar la existencia de producción futura (de nuevo, el cambio de modelo productivo) o cómo reducir los extraordinarios compromisos presentes (sobreendeudamiento presente) sobre esa producción futura: desapalancamiento mediante el aumento del ahorro interno.

No hay más. Los empresarios, personas no necesariamente versadas en la ciencia económica, pueden confundir los síntomas (falta de demanda) con las causas profundas (falta de oferta presente o futura). Los economistas no deberían: les basta con leer a Say para entenderlo. Si Saraceno lo ha leído, mal por ocultar el auténtico significado de la Ley de Say. Si Saraceno no lo ha leído, peor por criticar a Say sin haber leído a Say