Ir al contenido principal

Etiqueta: Fiscalidad

Feijóo y el nuevo populismo fiscal del PP

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Anunciaba el presidente de la Xunta de Galicia una medida que, en apariencia, debería congratular a todos los liberales: en los Presupuestos de la región de 2014, se contemplará una rebaja de medio punto porcentual –del 12% al 11,5%– en el tramo autonómico del IRPF para aquellas rentas con una base liquidable inferior a 17.700 euros. Toda reducción de las exacciones fiscales debería ser tan bienvenida como denostado todo incremento en las mismas; y siendo así, todos deberíamos aplaudir a Feijóo por su compromiso. Pero como ya sucediera con la farsa tributaria de Monago, la rebajita del gallego no deja de ser una cortina de humo para consolidar propagandísticamente un régimen fiscal confiscatorio.

La rebaja en su contexto

Aunque Feijóo afirme que su minoración fiscal afectará al 70% de los gallegos, lo cierto es que lo hará de un modo marginal y cicatero. Si la base liquidable máxima sobre la que se aplicará la rebaja fiscal es de 17.700, eso significa que el ahorro máximo será de medio punto porcentual sobre esos 17.700 euros, es decir, 88,5 euros anuales, o menos de 7,5 euros mensuales. En realidad, sin embargo, la minoración será todavía menor, ya que el cálculo del mínimo personal (que reduce el importe final de la cuota líquida a pagar) también se calcula a partir de ese mismo tipo marginal mínimo que Feijóo ha rebajado, de manera que el importe efectivo de éste caerá en unos 25,5 euros (el 0,5% del mínimo personal de 5.151 euros): es decir, el impacto máximo de la rebaja fiscal de Feijóo será de menos de 63 euros anuales, unos 5 euros al mes. Para rentas con una base liquidable de 12.000, el efecto no llegaría ni a los 35 euros anuales, ó 2,8 euros mensuales.

El coste total de la medida para las arcas gallegas se ha estimado por debajo de los 60 millones de euros, es decir, alrededor del 3,2% de los ingresos por IRPF de la Xunta en 2013 o, atención, menos del 0,75% de sus ingresos totales. Una reducción verdaderamente raquítica que ilustra una vez más qué entienden nuestros políticos por bajar impuestos: repartir un vergonzante aguinaldo a un año de las elecciones. Feijóo en ningún momento se ha planteado perder competencias a favor no del Gobierno central, sino de la sociedad civil: cerrar departamentos enteros de su Ejecutivo y devolverles esas sumas de dinero a los ciudadanos para que sean ellos quienes las gestionen del mejor modo que sepan. No: apenas se ha dignado a repartir las puntas ociosas de tesorería que no le pongan en ningún aprieto financiero.

Con todo, la estampa que nos lega Feijóo es todavía más deprimente que la ilustrada en los párrafos anteriores. No se trata sólo de que su prometida minoración tributaria haya quedado en agua de borrajas, sino que ni siquiera merece recibir tal nombre: al tiempo que, por un lado, reducía exiguamente el IRPF, por otro Feijóo decidió incrementar el mal llamado ‘céntimo sanitario’ que grava los hidrocarburos. En concreto, el recargo sobre la gasolina se incrementó en 2,4 céntimos por litro y en 3,6 céntimos el de gasoil. Dicho de otro modo, cada vez que un gallego llene su depósito estará pagando de media un euro más por el combustible. Al final, casi lo comido por lo servido.

Populismo fiscal con las quejas catalanas de fondo

Pese a la nimiedad del movimiento tributario de Feijóo (o previamente de Monago), existe un problema más de fondo que refleja a la perfección la absurda naturaleza de nuestro sistema de financiación autonómico. Mientras los ciudadanos de algunas autonomías –Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Islas Baleares, fundamentalmente– están padeciendo elevadísimos y crecientes impuestos para financiar coactivamente la disparatada “solidaridad interterritorial”, los gobiernos de aquellos otros territorios que son receptores netos de tales fondos –en el caso que estamos tratando, Galicia y Extremadura– se dedican a bajarlos, al menos sobre el papel. Dicho de otra manera, el mensaje que nuestros torpes políticos están transmitiendo a la ciudadanía es que madrileños, catalanes y valencianos estamos pagando cada vez más impuestos para que gallegos y extremeños puedan pagar cada vez menos. Como vemos, ni siquiera esto es del todo cierto, ya que al final los impuestos tampoco terminan bajando (o lo hacen de un modo casi inapreciable) en las comunidades que son receptoras netas de la redistribución interna de ingresos, pero no hay duda de que estos gestos propagandísticos han de generar una sensación de hastío entre los ciudadanos residentes en las comunidades que son pagadoras netas.

No en vano, la capacidad tributaria de Galicia en 2011 fue de 4.987 millones de euros y, pese a ello, recibió 6.929 millones de euros del sistema de financiación autonómico; una ganancia muy en línea con el saldo positivo de su balanza fiscal en 2005, tasado por el Ministerio de Hacienda en 3.338 millones de euros (según el enfoque carga-beneficio). Mientras tanto, y según esas mismas balanzas fiscales, los catalanes estarían perdiendo más de 11.000 millones anuales y los madrileños más de 14.000.  

No parece que éste sea el momento más inteligente para seguir tensando la cuerda fiscal entre los españoles, máxime cuando una parte del país, Cataluña, ya se ha dado cuenta del atraco que supone esta exagerada redistribución interna de la renta –hasta el punto de amenazar con independizarse del resto de España– y la otra –con los madrileños a la cabeza– sería deseable que no tardara demasiado en descubrirlo. Rebajas de impuestos sí –sobre todo, entre las regiones más pobres–, pero una vez se haya puesto fin a la “solidaridad interterritorial”; o, si ésta se mantiene en cierta medida, rebajas de impuestos sí, pero a costa de bajar el gasto público propio, no a costa de subir los impuestos al resto de españoles.

Consolidando el régimen vampírico de Montoro

Por último, el movimiento de Feijóo (como antes el de Monago) tiene indudables implicaciones sobre la estrategia fiscal del PP en 2014. Como es sabido, el año que viene Montoro debe anunciar la reversión de las sangrantes subidas de impuestos que él mismo aprobó nada más llegar al poder. El ministro de Hacienda ha jurado en numerosas ocasiones que sufre horrores cada vez que habilita a sus funcionarios a que nos metan la mano más hondo en nuestros bolsillos, pero lo cierto es que existen dudas más que razonables de que tal contrición sea sincera: Montoro, y todo el PP, adoran ante todo el ‘hiperEstado’ del que han vivido y mamado durante toda su vida. ¿Cómo erradicar, pues, la onerosísima losa fiscal que han colocado sobre las espaldas de los españoles si ésta sigue siendo imprescindible para sufragar su particular becerro de hojalata?

Sea como fuere, pronto descubriremos si dicen la verdad: la reforma fiscal que aprobará el Gobierno en unos meses será la auténtica prueba del algodón. Si bajan los impuestos con intensidad, probablemente haya sido cierto que los subieron con compungimiento; si los mantienen, constataremos que su misión desde el Gobierno era la de consolidar durante esta legislatura un régimen fiscal cainita. El test parece bastante claro… ¿o tal vez no?

Mi apuesta personal es que Montoro seguirá el camino trazado por Feijóo y Monago: bajar mínimamente los impuestos a las rentas más bajas (la pérdida de recaudación por tal rúbrica es ínfima) para vender a la opinión pública que “el 90% de los españoles se ha beneficiado de una rebaja fiscal” y así apuntalar la rapiña fiscal en los tramos medios del IRPF y en el resto de figuras tributarias. Visto desde esta perspectiva, el movimiento de Feijóo no sería una cicatera pero bien orientada apuesta ideológica por empezar a rebajar los impuestos, sino un campo de pruebas más para la gran mascarada vampírica a la que asistiremos el año que viene. Dicho de otro modo: mientras Feijóo se coloca la piel de cordero al anunciar menores impuestos, Montoro sigue afilando sus colmillos entre las sombras. 

Cataluña debe a Murcia 16.126 millones de euros

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La Generalidad de Cataluña ha cuantificado lo que España le lleva robado a Cataluña, que según sus cálculos asciende a casi diez mil millones de euros. El dato está referido a día de hoy, así que a poco que se retrase la declaración de independencia habrá que actualizar los números en la parte proporcional correspondiente. Urge por tanto solventar con premura este asunto, no sea que al final nos llevemos un susto cuando veamos la cuenta definitiva.

Esto de hacer balanzas fiscales como si fueran los territorios los que pagan impuestos en lugar de los ciudadanos es una melonada tramposa para justificar la depredación del bolsillo ajeno, pero puesto que esa es la perspectiva adoptada por los nacionalistas para amenazar con separarse de España (aterrorizados estamos), voy a hacer mi modesta contribución a esta peculiar contabilidad para obtener el saldo definitivo interregional, al menos en lo que respecta a la región de Murcia.

La principal decisión política con efectos económicos impulsada por la clase política catalana sin excepción fue, como es bien sabido, la derogación del trasvase del Ebro, una petición que Zapatero aceptó de mil amores firmando el decreto correspondiente en su primer día de mandato, allá por 2004. Esta decisión que a los políticos catalanes llenó de felicidad impidió la creación de 550.000 puestos de trabajo, según estudios académicos interdisciplinares, principalmente en Alicante, Murcia y Almería, que iban a ser las tres provincias más beneficiadas. Apliquemos una reducción del 30% en virtud de las cifras de paro actuales, aunque en la agricultura es bastante menor, pero hoy estoy generoso. Esto nos da 385.000 puestos de trabajo, que a trece mil euros de salario anual, multiplicado por los nueve años transcurridos desde la supresión del trasvase, da un total de 45.045 millones de euros que esas tres provincias han dejado de ingresar gracias a la política discriminadora de Cataluña hacia el resto de España.

Descontemos de esa cantidad los 9.375,7 millones que los nacionalistas catalanes dicen que les ha robado el resto de España y que, en un arrebato de generosidad tan propio de tierras levantinas, asumimos en exclusiva. Resulta entonces que Cataluña debe a esas tres provincias 45.044.990.624 euros con treinta céntimos. A partir de aquí sólo hay que hacer un reparto proporcional entre el número actual de alicantinos, murcianos y almerienses, con el resultado final de que, siguiendo el régimen contable ideado por los nacionalistas, Cataluña debe a Murcia los 16.126 millones de euros reflejados en el título de esta columna.

Cada murciano toca por tanto a 10.969 euros con cincuenta céntimos. Como en casa somos cuatro, la Generalidad me debe 43.878 euros. En cuanto el señor Mas me los abone (acepto transferencias desde el extranjero), puede declarar la independencia, que yo votaré a favor.

Estatolatría presupuestaria

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Lejos de resultar tranquilizador, el desglose por partidas de los Presupuestos Generales del Estado que Montoro dio a conocer el pasado viernes solo ha servido para agravar la preocupación por la insostenibilidad de nuestras cuentas públicas.

Primero, el Gobierno estima que en 2014 alcanzaremos un nivel de deuda pública equivalente al 99,8% del PIB. Tal era la cifra que el Ejecutivo confiaba rozar en 2016: por tanto, la acumulación de deuda pública, lejos de frenarse con ese potaje broteverdista de (falsa) austeridad y (exigua) recuperación, continúa acelerándose. Pero descuiden, que si las previsiones de Montoro son tan atinadas como las de hogaño, en el próximo ejercicio desbordaremos con amplitud el 100% (ese nivel que Rajoy se comprometió a no superar jamás). No en vano debíamos cerrar 2013 con una deuda del 91,4%, y lo haremos, según los nuevos cálculos hacendísticos, con el 94,2%. Como ya predijimos algunos, el déficit y la deuda se mantienen fuera de control.

Y aquí nos topamos con el segundo y preocupante dato clave: pese a que el pronóstico de crecimiento del PIB para 2014 es del 0,7%, el gasto de la administración central y de la Seguridad Social se expandirán un 2,7%; es decir, cuatro veces más rápido. Lejos de ajustarse a la razonable política de incrementar el gasto por debajo del aumento del PIB (no les generemos urticaria pidiéndoles recortar los desembolsos públicos), lo multiplican a calzón quitado. No es austeridad, sino estatolatría, la nota dominante de estos Presupuestos.

Acaso caigamos en la trampa de pensar que el incremento del gasto se produce como consecuencia del pago de mayores intereses. Pero no: el coste financiero de la deuda se reduce un 5,2%. O dicho de otra manera, si excluimos los intereses del gasto público total, éste aumenta un 3,5%. Este año la cantinela estatista de que gastamos más por los pérfidos gnomos de Zúrich no sirve: gastamos más porque padecemos un Ejecutivo socialdemócrata muy parecido al de Zapatero.

De hecho, el gasto público se incrementa en casi todas las partidas: políticas activas de empleo (+6%), desempleo (+10%), vivienda (+4,4%), educación (+10%), agricultura (+0,7%), industria y energía (+26%), comercio (+5%), subvenciones al transporte (+36%) e I+D (3,4%). Las pocas rúbricas que sufren recortes (justicia, defensa, seguridad, sanidad, cultura o infraestructuras) lo hacen de un modo más bien testimonial.

Pero el aumento del gasto más preocupante de todos no es ninguno de los anteriores, sino el de las pensiones. Pese a que el Ejecutivo las ha congelado de facto (revalorización del 0,25%), los desembolsos totales en pensiones crecen un 5%, o sea, en unos 6.000 millones de euros (aproximadamente, el monto de déficit que el Gobierno debe reducir en 2014 con respecto a 2013). Las pensiones ya consumen el 12,5% del PIB y casi el 30% de todo el gasto público del Estado.

En suma: la irresponsable y chapucera reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno el pasado viernes no sirve de nada. Aun cuando se congelen por muchos años las pensiones (como desde luego programa hacer el PP), la inercia del sistema es tal que amenaza con quebrar el sistema: a este ritmo, el fondo de reserva no durará ni cuatro años más. Resulta del todo indispensable restablecer la versión original del informe de los expertos, donde se contemplaba la posibilidad de recortar nominalmente las pensiones en caso de un desequilibrio persistente de las cuentas de la Seguridad Social como el que desde luego padecemos ahora mismo.

Así pues, si los presupuestos de 2012 fueron los de los sablazos fiscales y los ajustes chapuceros y los de 2013 fueron los de la irresponsabilidad, los de 2014 podemos calificarlos como los del broteverdismo manirroto. Reabiertos los mercados de capitales merced a Draghi, retomamos las viejas costumbres de dilapidar el dinero de los contribuyentes en lugar de devolvérselo.

Claro que tampoco deberíamos esperar mucho más. Este Gobierno no da más de sí: llegó al poder clamando austeridad del sector público y se marchará como el Gabinete que más ha incrementado los impuestos y la deuda pública en toda nuestra historia. Plas, plas.

La fiscalidad real de las grandes empresas oscila entre el 13% y el 27%

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Artículos en prensa.

En los últimos días se ha venido afirmando en diversos medios e incluso desde la Agencia Tributaria que las grandes empresas tributan tan sólo a un 4,13% de sus beneficios. Cifra que, obviamente, se utiliza para justificar reiteradas subidas de impuestos a estas empresas y para contraponer la injusta diferencia de tributación de las grandes corporaciones frente a las Pymes.

Sin embargo, las grandes empresas no pagan sólo esta proporción. En realidad, y tras usar una corrección en los cálculos (una metodología utilizada por la propia Dirección General de Tributos), los grupos consolidados habrían pagado en 2012 más del 13% y las grandes empresas el 27%. Porcentajes muy lejos de la versión oficial de los partidos políticos y la mayoría de medios de comunicación.

Pagan más del 4,13%

En primer lugar, lo que torticeramente se llama grandes empresas que apenas pagan impuestos, en realidad son las empresas que aplican un régimen especial de consolidación fiscal. Pero a este régimen pueden acogerse los grupos de empresas grandes y pymes, aunque sean mayoría las primeras. Al mismo tiempo, no todas las grandes empresas forman grupos consolidados. Luego no es correcto y es demagógico afirmar que las grandes empresas pagan apenas el 4% de impuestos.

Por otra parte, la cifra del 4,13% se explica atendiendo a las estimaciones contenidas en el Informe Económico y Financiero que acompaña al proyecyo de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Según este informe, las subidas de impuesto del Gobierno han elevado en 2012 la tributación efectiva de estas empresas un 18% en comparación al ejercicio 2011, año en el que, según el último Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria, estas empresas pagaron tan sólo el 3,5% de sus beneficios.

No obstante, tampoco es cierto que sólo pagaran el 3,5% de sus beneficios, como dice la Agencia. El motivo es que este cálculo omite una necesaria corrección del tipo efectivo que permitiría hallar una medida de tributación efectiva más realista. Por cierto, esta corrección es utilizada por los técnicos de la propia Dirección General de Tributos en sus análisis de la recaudación fiscal de cada año.

La tributación efectiva corregida

La mencionada corrección se basa en descontar el efecto de las deducciones que corrigen la doble imposición. La doble imposición se produce cuando se tributa dos veces por la misma renta. Por ejemplo, los beneficios de una empresa derivados de haber recibido dividendos de una participada están sujetos al impuesto. Sin embargo, esos dividendos fueron beneficios que ya pagaron en la empresa que los distribuyó. Se produce así una imposición en la empresa que los recibe y en la que los distribuyó.

Para corregir este efecto, el Impuesto permite aplicar estas "deducciones por doble imposición" a las empresas que reciben esas rentas que ya tributaron en su momento, y así evitar pagar dos o más veces por lo mismo. Tradicionalmente, éstas son las deducciones más elevadas que aplican las empresas, sobre todo las grandes, porque están más internacionalizadas y tienen más vínculos de propiedad con otras empresas.

El problema es que estas deducciones distorsionan enormemente el cálculo del tipo efectivo. En palabras de la Dirección General de Tributos (página 205 del documento enlazado), las deducciones por doble imposición son "minoraciones técnicas que no persiguen eximir de tributación ciertas rentas, sino evitar gravar dos o más veces los mismos beneficios". Es decir, con estas deducciones no se pretende favorecer o reducir los impuestos a las empresas, no es una concesión que privilegia a las entidades, sino que se pretende evitar que se pague dos o más veces por lo mismo.

Aislar esta distorsión a la hora de calcular la tributación efectiva de las empresas conduce a que debamos excluir estas minoraciones por doble imposición del cálculo del tipo efectivo (que es lo que realmente se paga en impuestos respecto al beneficio o resultado contable). Y el resultado es que el tipo efectivo descontando esta corrección, aumenta.

Lo que realmente pagan en impuestos

Tras excluir las minoraciones por doble imposición, y teniendo en cuenta los datos del Informe Anual de Recaudación 2012 de la Agencia Tributaria, obtenemos una tributación efectiva corregida para los grupos consolidados para el ejercicio 2011 de poco más del 11% aproximadamente, en lugar del 3,5% mostrado por la Agencia. Si a esto le añadimos el 18% de incremento anunciado en el Informe Económico y Financiero, obtenemos que los grupos tributarán a poco más del 13% en 2012.

Es decir, las medidas del Gobierno habrían incrementado los impuestos a estos grupos más del triple de lo anunciado a bombo y platillo por la Agencia, los partidos políticos y algunos medios. Y si aun así puede parecer poco el nivel de tributación efectiva, ésta se debe en muy buena medida a las pérdidas (compensables fiscalmente) que estos grupos han acumulado durante la crisis.

Respecto a las grandes empresas (que no consolidan), la tributación efectiva corregida ascendería aproximadamente a más del 23% en 2011. Si, hipotéticamente, aplicamos el mismo incremento del 18% para las grandes empresas y no sólo a las consolidadas (aunque aquí nos faltan detalles que expliquen este incremento), obtendríamos una tributación efectiva corregida para las grandes empresas del 27% en 2012. Así pues, ambas cifras están muy alejadas de la tradicional propaganda utilizada para subir los impuestos.

La insoportable condicionalidad del “si”

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Llegados a este punto del año en que se va septiembre y llegan octubre y el otoño de la mano, también salen a escena los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con sus borrones, previsiones y promesas de vida eterna. Pero lo que se presenta como una certeza no es sino un tal vez, sometido fastidiosamente a un si condicional.

Las previsiones, otra vez las previsiones

La importancia de los PGE no descasa en un solo aspecto. Obviamente es el plan del gobierno de la nación respecto a nuestro dinero, nos cuentan en qué van a gastar los euros que, durante unos siete meses, hemos obtenido con el sudor de nuestra frente y cada vez más esfuerzo.

Pero, además, las previsiones en las que se basan las cuentas del Gobierno constituyen el referente para elaborar las políticas económicas y sociales del próximo año. A partir del dato de crecimiento económico previsto se calcula el ingreso del Estado y, de ahí, se destinan futuros ingresos a partidas de gasto.

Pero ¿hasta qué punto las previsiones son seguras? Es verdad que, otros años, la diferencia entre lo previsto y lo real rozaba la definición de ciencia ficción. En el año 2009 Rubalcaba anunció un déficit del 2% y la cosa acabó en un 11%. Al año siguiente tampoco acertó. Y en el 2011, según el PP, el gobierno socialista ocultó 30.000 euros de déficit. Nadie denunció semejante atropello ante los tribunales pero se utilizó para justificar la gran mentira de Rajoy: la subida de impuestos.

Rajoy, por su parte, ha hecho verdaderos juegos malabares (descontar lo que se le ha inyectado a la banca, pedir un plazo mayor para cumplir con Europa…) para que cuadren las cuentas, al menos sobre el papel.

Porque ese es el verdadero drama. El juego consiste en hacer que cuadre sobre el papel y después ya veremos cómo hacemos. Si un arquitecto hace eso no hay casa que se sostenga sobre sus pilares en este país. Pero todo tiene su lógica, y la de las previsiones que se estiran y se encogen es clara: han de permitir un gasto políticamente correcto. Tan políticamente correcto como para que los españoles traguen algún sapo, como la congelación de salarios de funcionarios o el tema de pensiones.

La importancia del apellido presupuestario 

Mientras el Gobierno presenta su encaje de bolillos ante el Congreso, la prensa destaca las primeras impresiones respecto a los presupuestos siguiendo los pasos del propio gobierno, quien ya ha llamado a los del 2014 "los presupuestos de la recuperación". Se trata de un guiño al optimismo tras los "presupuestos de la austeridad" de presente 2013. Cualquier observador que conozca el significado de las palabras sabe que un aumento del 9% del gasto público no es austeridad, lo que lleva a plantearse si también el significado de "recuperación" está adulterado.

Una hojeada a los periódicos permite distinguir entre quienes viven en permanente genuflexión de los que lo hacen con un hacha en la mano. La realidad es que si damos por buenas las previsiones, si se recauda lo previsto, si no hay sorpresas europeas, si no sucede un imprevisto, si… y si… tal vez se cumpla lo que el Gobierno ya celebra con champán. Pero ¡qué incómodo resulta siempre el sí condicional! ¡Qué inquietante es la duda cuando son miles de millones de euros de los españoles lo que está en juego! Obviamente el Gobierno juega la carta de la profecía autocumplida: se transmite una sensación de optimismo y se espera que la gente, protagonistas de la acción económica, opere con optimismo y eso dé buenos resultados. Débil estrategia.

El mismo día que Montoro sonríe bajo una leve llovizna y entrega los trastos a Jesús Posada, la abeja reina del FMI, Christine Lagarde, en nombre de la delegación de la "troika", avisa de la situación de riesgo que aún padecemos y pide mucho ojo al Gobierno porque no está el ancla perfectamente enganchada en el fondo. Nuestra economía sigue siendo frágil. Queda fatal decirlo. De nuevo estos aguafiestas vienen a contarnos que el gasto aumenta y que la deuda está alta.

Pero lo cierto es que estos aguafiestas nos abrieron una línea de crédito para rescatar la banca, Draghi pronunció las palabras mágicas ("… lo que sea necesario…") para que nuestra prima de riesgo recuperara valores confiables, y solamente apuntan lo que varios analistas españoles llevan mucho tiempo señalando: nuestra deuda ha trepado hasta casi el 100% del PIB. Y con nuestra estructura económica y el nivel de paro que tenemos es insostenible.

De aquí a diciembre nos toca un mes de análisis presupuestario, debates económicos y, como siempre, peticiones del oyente reclamando más gasto en lo suyo. Más gasto. Recordando a los geniales Chunguitos, es como decir: "Dame veneno que quiero morir".

El envilecimiento fiscal internacional

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La crisis económica no sólo ha servido a Montoro para subirnos los impuestos en España. En el ámbito internacional hay una enorme cantidad de técnicos y burócratas en las estructuras paraestatales (OCDE, etc.) al servicio de los Gobiernos (especialmente del G20) para que estos aseguren sus recaudaciones fiscales en los niveles más elevados posibles.

Estas organizaciones, al mandato de sus gobiernos, han estado ideando un plan (todavía no concluido) con tres pilares fundamentales: cambiar las reglas de la tributación fiscal internacional (proyecto BEPS), implementar mecanismos para el intercambio automático de información financiera entre Estados, y la realización de una revisión del cumplimiento de estas medidas por parte de un gran número de países (no sólo ellos).

Poner en marcha estos planes a nivel internacional no es tarea fácil, y está siendo posible por el interés y necesidad de los manirrotos y anquilosados Gobiernos de los países más ricos (especialmente los europeos), que buscan nuevas maneras para recaudar urgentemente más dinero de la población. Es decir, que lo que ocurre “a nivel” Montoro está ocurriendo en los países e instituciones más socialistas del mundo desarrollado.

En cuanto a los cambios en la fiscalidad, destaca el modo en que los Estados van a tratar de gravar la economía digital. Internet está permitiendo una increíble y radical modificación de los modelos de negocio. Y esto tiene sus consecuencias para los Estados, que ven cómo la actividad de las empresas llega a sus territorios pero sin necesariamente haber una presencia (física) de la empresa, algo que permitiría un claro mordisco fiscal. También pretenden fiscalizar y auditar a las empresas para que no separen y deslocalicen los ingresos, del valor que los genera, ideando para ello métodos administrativos costosos e invasivos que podrían llegar a dictar dónde se crea el valor para así gravarlo.

Precisamente, la fiscalización y el control de la información es lo que todo Estado fuerte necesita. Y este otro pilar es lo que están impulsando (en parte ya se ha aprobado), de modo que se establezcan mecanismos de intercambio de información que en lugar de realizarse a petición de las administraciones y de sus burócratas (como hasta ahora), se haga de manera automática. Para ello colonizarán en mayor medida a las entidades financieras, que estarán obligadas a “colaborar“, e incluso están pensando en obligar a las empresas a declarar al Fisco la estrategia fiscal que diseñen. (Por cierto que este tema también se relaciona con el big data y el espionaje del Estado).

Y, ¿cuáles son las razones, si quiera de cara a la galería, para justificar estos cambios? Según los últimos informes de la OCDE, el organismo que está diseñando estas políticas, existe “una creciente percepción” (sic) de que los Gobiernos están perdiendo ingresos fiscales por la panificación fiscal de las empresas. Y es una “percepción” porque al mismo tiempo admiten su incapacidad para cuantificar esta menor recaudación. De ahí la necesidad de fiscalizar y controlar toda la información para poder monitorizarnos y cuantificarnos. Por otra parte, la propia OCDE recoge en otros trabajos que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades ha ido creciendo desde 1965, salvo el descalabro producido durante la actual crisis. Es decir, que quitando el efecto de la crisis, la recaudación media de los países de la OCDE se ha ido incrementando.

En cualquier caso, con esta “percepción” han aireado y ayudado a propagar acusaciones interesadas contra empresas como Google, Amazon, Starbucks, Adobe, etc. (sobre todo en EEUU y Reino Unido), con el fin de manipular a la población y mostrar que estas empresas han poco menos que evadido impuestos, lo que explicaría su poco nivel de tributación. No hay más que ver el vergonzoso interrogatorio que soportó Tim Cook, el CEO de Apple, en el Senado de EEUU (por cierto, únicamente defendido por Rand Paul), que no se cansó de reiterar que pagaban lo que debían legalmente, y que el sistema fiscal yanqui crea muchas desventajas a Apple.

Y es que es así. En primer lugar, las empresas multinacionales suelen pagar lo que dicta la ley. Hecho que han reiterado todas las empresas acusadas, Google, Starbucks, Adobe, etc., aunque luego hayan tenido, motu proprio, que pagar más (Starbucks) para evitar el descrédito que están creando los burócratas y periodistas socialistas. Es decir, que no hace falta incumplir la ley (la ley de los gobiernos) para rebajar la mordida fiscal.

Lo que ocurre es que la propia operativa de las empresas conduce o facilita este hecho. Aquí en España, las mayores deducciones fiscales las encontramos en las deducciones por doble imposición internacional. Es decir, las empresas grandes se deducen grandes cantidades para no pagar dos veces (!). Y esto es posible porque son las multinacionales las que tienen diversificados los mercados y operan en más de una jurisdicción. Es decir, la mayor eficiencia operativa de una gran empresa también se refleja en el tema fiscal. Sobre todo en el coste fiscal, que es el peor de todos, pues no es un input que cree valor a la operativa, sino un peaje, un chantaje, para poder relacionarse con los consumidores de un territorio. De ahí que las empresas, ciertamente, modifiquen sus modelos de negocio para rebajar su factura fiscal y poder llegar a todos sus destinatarios de la mejor manera posible, rendir las mejores cuentas a sus propietarios, y ser más eficientes en un entorno de presión competitiva global.

Y esa eficiencia fiscal no sólo la buscan las grandes multinacionales, también cualquier persona que en su IRPF opta por un beneficio fiscal. Y si no lo hace por miedo, es por evitarse “líos” (es decir, el miedo a pagar finalmente más). Por tanto, la denominada economía de opción se ejerce en todas partes y es natural al obligado tributario (pues es obligado). No debería ser perseguida y no es algo que las malvadas compañías grandes busquen por su ruin naturaleza. Que, por cierto, se habla de grandes corporaciones, pero estas suelen tener propietarios pequeños, sus accionistas. Aun así, se aplican medidas progresivas (es decir, más agresivas) hacia estas cuando sus propietarios pueden ser más bien pequeños ahorradores. Son estos ahorradores y, en general, toda la población, la que debería desacreditar y señalar a los burócratas y gobiernos cuando se embarcan en ofensivas fiscales que no ayudan a la economía, y mucho menos a su recuperación, en lugar de competir sanamente por rebajar esas barreras a empresas y personas.

Se acabaron las reformas y los recortes

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los socialistas de todos los partidos están de enhorabuena. El Gobierno del PP ha dado por concluido el grueso de las reformas estructurales y los recortes de gasto con el fin de liberalizar la economía española y reducir el déficit público. Se acabaron los tan impopulares ajustes. La razón es doble. En primer lugar, el recién estrenado ejercicio político, más allá de suponer la mitad de la legislatura, marca el inicio oficial de la larga campaña electoral en la que, casi permanentemente, vive instalado este país, y, por tanto, no es momento de perder votos extra. Lo único que importa ahora es revalidar el cargo, aun a costa del sufrimiento que padecen muchos españoles por culpa de unos graves y profundos problemas económicos que la clase política se niega a resolver.

Y, en segundo lugar, el Ejecutivo confía en que la ansiada recuperación termine por corregir los fuertes desequilibrios que siguen presentes, sin necesidad de aprobar nuevas reformas y, aún menos, reducir partidas presupuestarias, lo cual no sólo supone una gran irresponsabilidad, dada la enorme fragilidad de la actual coyuntura, sino, sobre todo, una quimera. Si la actual cúpula del PP de verdad piensa que España volverá a crecer a tasas del 3 ó 4% anual -sin burbujas de por medio-, es decir, al ritmo que necesita el país para reducir de forma drástica el paro a corto plazo, una de dos, o bien miente o bien su ineptitud es muy superior a lo que, en principio, cabría esperar.

Así pues, se acabó lo que se daba. A partir de ahora, el objetivo del Gobierno es realizar algunos retoques y pequeños maquillajes a fin de dar la impresión de que se hace algo cuando, en realidad, todo el pescado está vendido. Normalmente, los gobiernos aprovechan los dos primeros ejercicios de la legislatura -fundamentalmente el primero- para poner en marcha las medidas económicas más dolorosas, aunque necesarias, a fin de que la herida electoral cicatrice con la recogida de unos buenos resultados en los años posteriores.

Y lo que ha dado de sí el mandato de Mariano Rajoy para combatir eficazmente la crisis se resume en tres medidas: una reforma laboral positiva, pero insuficiente; una reforma de las pensiones necesaria, aunque muy incierta y, en todo caso, tardía; y una recapitalización bancaria que, si bien era imprescindible, se ha quedado corta y ha sido ejecutada de forma errónea y contraproducente, cargando la inmensa factura del rescate sobre el bolsillo de los contribuyentes. Mientras, por el lado más negativo, la guerra contra el déficit está muy lejos de concluir con éxito. La estrategia de combinar salvajes subidas de impuestos con tímidos recortes del gasto se ha traducido en un elevado déficit y una deuda pública ingente que amenaza con asfixiar aún más el crecimiento potencial de España a medio y largo plazo, cuando no debilitar aún más la escasa credibilidad de los inversores.

Ante tales resultados, y a sabiendas de que la actitud reformista de Rajoy será muy pasiva de aquí a 2015, no es de extrañar que la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, acreedores públicos del Reino de España, hayan elevado el tono en los últimos días para advertir al Gobierno que la recuperación, en caso de haberla, está "muy, muy verde" y, pese a todo, tiene que poner en marcha nuevos ajustes clave para mejorar la competitividad económica y apuntalar la solvencia estatal. Sin embargo, por desgracia, Moncloa está haciendo oídos sordos. No en vano, acaba de suavizar el factor de sostenibilidad de las pensiones, retrasando su aplicación, además, hasta 2019; se niega a profundizar en la flexibilidad laboral; y, por si fuera poco, minimizará los recortes en 2014, permitiendo que el gasto público total vuelva a crecer un año más.

Lo más trágico del actual panorama es que, si el PP no logra la reelección en 2015, PSOE e IU, en caso de formar gobierno, ya han avanzado que darán marcha atrás a cada uno de los tímidos e insuficientes avances estructurales puestos en marcha por el actual Gobierno para llevarnos por la vía rápida y directa hacia el abismo. Se acaban las reformas y los ajustes, sí, pero no porque los deberes estén hechos sino porque las elecciones están a la vuelta de la esquina… Y ahí fuera, al margen de la política -es decir, en la vida real-, hace muchísimo frío.

¿Y si Gibraltar no fuese un “paraíso fiscal”?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

De un tiempo a esta parte, y gracias a los buenos oficios y la pesadez de socialistas de izquierda y derecha, la definición de paraíso fiscal es simple: todo aquel lugar que tenga un IVA inferior al 21%, un marginal del IRPF por debajo del 56% y un impuesto de Sociedades que no llegue al 30% sobre los beneficios. La única fiscalidad posible es la que padecemos en España, todo lo demás es pirateo, aprovechamiento y delitos contra la Hacienda Pública. Con un baremo tan estricto es normal que el mundo esté lleno de paraísos fiscales. Hace unos meses, cuando estalló lo de Chipre, la principal –por no decir única– acusación que los pirracas habituales le hacían es que era un “paraíso fiscal”. Evidentemente Chipre no es un paraíso fiscal. Existe el impuesto sobre la renta, el de sociedades, el IVA y un ramillete interminable de tasas. Pero, ay, el IVA en la isla es del 15%, y eso sí que no, hasta ahí podríamos llegar. O nos roban a todos por igual o se rompe la baraja.

Aunque parezca mentira, los países de la Unión Europea no pueden fijar el IVA que les venga en gana. La unión fija un mínimo que, adivine cuál es… bingo, del 15%. A partir de ahí cada Gobierno puede ponerlo donde le venga en gana. Los que han decidido dejarlo en el mínimo deberían ser motivo de admiración, no de reproche. Pero la estatalización de las mentes ha llegado ya a tal extremo que buena parte de la población aplaude con las orejas cuando el Gobierno sube los impuestos. Creen, o quieren creer, que el dinero recaudado se va a ir en “servicios sociales”, mejores carreteras o calles más limpias y seguras. Nada de eso. Luxemburgo, el país de la UE con los impuestos más bajos, tiene los mejores “servicios sociales”, las carreteras más cuidadas y las calles más pulcras. En España, en cambio, pagamos el 21%, seis puntos más, y soportamos “servicios sociales” abarrotados e ineficientes, carreteras llenas de baches y calles sucias e inseguras. Podríamos hacer el mismo ejemplo con Holanda, y hasta con la mitificada Suecia que, a pesar de lo que se cree, tiene una presión fiscal inferior a la nuestra. ¿Ve como no hay una relación directa entre impuestos altos y bienestar?

Si los incrementos fiscales no repercuten necesariamente en la mejora de los servicios comunes, ¿en qué se emplea todo ese dinero? Básicamente en política y clientelas, o, mejor dicho, en mantener políticos y en que a las redes clientelares de los mismos no les falte de nada. De ambas cosas vamos sobradísimos en España. Tenemos más políticos por habitante que cualquier otro país europeo y, respecto a las clientelas, las coleccionamos de todos los colores. Las tenemos blancas –de la sanidad estatal–, verdes –de la educación estatal–, negras –de la minería estatal– y así sucesivamente hasta completar un arcoíris de dependientes del maná estatal que nos ha dejado baldados.

Llegados a este punto podríamos concluir sin temor a equivocarnos que los impuestos altos significan atraso económico y, más malestar que bienestar para la gente común. No sería este un descubrimiento especialmente novedoso. Desde los tiempos de la antigua Roma las épocas de crisis y descontento siempre han ido unidas a una fiscalidad dura. En la España medieval, por ejemplo, en aquel puñado de reinos que plantó cara al Islam y lo expulsó de la península se pagaban pocos impuestos y en ocasiones ninguno. Unos siglos más tarde, con el reino en plena decadencia, amenazado por la despoblación, los españoles trabajaban de sol a sol para mantener las ínfulas imperiales de sus gobernantes. Está todavía pendiente un estudio serio sobre el impacto de los impuestos y el despilfarro real en la desintegración del imperio español. No lo harán porque es más fácil echar la culpa a los curas, a los judíos o al sursuncorda. Todo con tal de no tocar al Estado.

En definitiva, lo que la historia nos enseña la mala teoría económica y los periódicos nos lo desenseñan. En lugar de admirar a esos pocos lugares privilegiados en los que han sabido contener al Leviatán les miramos por encima del hombro, les tachamos de piratas y, en algún caso bien conocido por todos, hacemos lo posible por anexionárnoslos para que ellos también padezcan nuestra enfermedad. Hablo, claro, de Gibraltar. Dicen que es un paraíso fiscal, y eso ya es motivo suficiente para condenarles al averno.

Pero antes, digo yo, habría que definir qué es un paraíso fiscal. ¿Es un país en el que los impuestos no existen o uno en el que los impuestos sean bajos o, simplemente, más bajos que en los países vecinos? En el primer caso no hay paraísos fiscales ni los ha habido nunca. En Mónaco, Liechtenstein, las islas Vírgenes, Gibraltar o Singapur hay que pagar impuestos, unos cuantos además. La clave es que no son altos. Monegascos, gibraltareños o singapurenses tienen que retratarse regularmente ante el fisco, lo que no hacen es trabajar para el fisco. ¿Entiende la diferencia? Bien, pues apliquémonosla y dejemos de hacer el primo con el asunto de Gibraltar

Sobre las reformas fiscales “para el crecimiento”

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

En el último mes se han hablado de propuestas de reformas fiscales "para el crecimiento" y el fomento de la recuperación. Incluso el Gobierno ha creado un comité de sabios que diseñe la reforma fiscal que pretende aprobar en 2014. La guía para la mejora de la tributación directa pasaría, según estas propuestas, básicamente por ampliar las bases imponibles eliminando las deducciones y reducir los tipos impositivos. Con una reforma basada en estos puntos en el ámbito de la fiscalidad directa, dicen sus proponentes, se reducirían las distorsiones económicas y se maximizaría lafferianamente la recaudación. ¿Es posible esta cuadratura del círculo? ¿Es deseable desde un punto de vista económico?

Eliminar deducciones, ¿sí o no?

En primer lugar, y centrándonos en la tributación empresarial, las deducciones no son distorsionadoras per se, por lo que no debería proponerse su simple eliminación. La deducción de las amortizaciones de los activos, la deducción de los gastos financieros, o de cualquier gasto de la actividad no debería limitarse, ni mucho menos eliminarse. De lo contrario se tributaría por beneficios inexistentes creándose distorsiones adicionales.

Ahora bien, es cierto que hay deducciones asimétricas que crean distorsiones económicas, pero no como suele entenderse. Por ejemplo, el ahora tristemente famoso tax lease del sector naval, una deducción fiscal que Almunia pretende eliminar retroactivamente y recaudar, es una deducción que crea una situación distorsionadora. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la distinta imposición efectiva de las empresas en el sector naval y las que estén en otros sectores traerá consigo una modificación de los precios relativos de los activos que no existiría en ausencia de impuestos. La distinta estructura de costes fruto del impuesto soportado hará que la demanda de recursos productivos y la oferta de los bienes y servicios producidos de las distintas empresas según su sector sea diferente a como habrían sido en ausencia de impuestos, hecho que modificará la constelación de precios de los bienes y servicios. Entonces, ¿debería eliminarse esta deducción porque crea una distorsión?

La deducción a un sector es algo positivo porque consigue minorar su tributación efectiva, es decir, reducir sus impuestos, algo económicamente positivo porque se acerca más a la situación en la que se estaría en una economía libre. Es el hecho de que otros sectores no tengan una deducción u otra bonificación que reduzca su imposición efectiva a los niveles del sector que tiene la deducción lo verdaderamente negativo. El problema no es la existencia del tax lease o deducción, sino que otros sectores sufran una imposición superior. Luego la distorsión no proviene de la existencia de la deducción, sino de que el resto de sectores (simplificando) padezca una imposición superior.

En definitiva, hay una diferencia en la tributación efectiva que debe corregirse no quitando deducciones sino extendiéndolas al resto de sectores de modo que lo que antes era una deducción específica (a un sector) ahora sea una deducción generalizada, o lo que es lo mismo, eliminar la deducción por la vía de reducir los tipos impositivos nominales para que todos soporten una tributación efectiva igualmente baja.

Por tanto, desde un punto de vista económico no debería aceptarse la eliminación de deducciones en aras de un sistema impositivo más eficiente y "para el crecimiento". Más que eliminarse deberían respetarse las propias de la actividad económica y generalizarse las que son específicas para reducir la imposición efectiva de todas las actividades económicas. O, si se quiere simplificar el sistema fiscal, sustituir éstas últimas por considerables rebajas de tipos impositivos nominales (algo improbable hoy en día).

La cuadratura lafferiana del círculo: más eficiencia económica y mayor recaudación

Justificar las rebajas de impuestos usando únicamente como argumento que esta ganancia en eficiencia incrementaría la recaudación, como sugiere la denominada Cruva de Laffer, es contradictorio.

Esta curva es la representación gráfica de la relación entre el tipo impositivo y la recaudación. Es una curva porque según el tipo impositivo vaya incrementándose habrá un efecto recaudatorio directo (el efecto mecánico de extracción de renta) que se verá parcial o totalmente contrarrestado por un efecto indirecto (efecto comportamiento, o la respuesta de los agentes económicos a mayores tipos impositivos: mayor fraude y/o menor actividad económica). En la parte ascendente de la curva, el efecto mecánico prevalecerá sobre el efecto comportamiento: a medida que se incrementa el tipo impositivo se incrementa la recaudación. En la parte descendente de la curva el efecto comportamiento contrarrestará el efecto mecánico de tener un tipo impositivo cada vez más elevado, reduciendo la recaudación. Cuando ambos efectos son iguales (el punto de inflexión o la parte más elevada de la curva), se obtiene la máxima recaudación, a un tipo impositivo Laffer (el óptimo).

La justificación de la rebaja de tipos usando esta curva no hace más que sustituir una distorsión por otra, por eso cuadraría el círculo y contentaría a una Hacienda Pública inteligente. Menor efecto comportamiento (menos distorsión y más eficiencia) y mayor recaudación. Sin embargo, la mayor recaudación también es un efecto distorsionador porque disminuye la renta de los agentes económicos, cosa que dispara innumerables distorsiones de todo tipo. Extraer la riqueza generada y los usos que se harían con ella en busca del valor y la satisfacción de las necesidades más urgentes de la población es una distorsión sobre la economía igualmente grave.

Por tanto, usar este tipo de argumentos para justificar una reducción de impuestos no es un razonamiento que vaya indiscutiblemente a favor de un sistema impositivo eficiente (¿qué ocurriría si se usara la curva para justificar subidas de impuestos?). Desde luego es equívoco usarlo como base de una reforma fiscal "para el crecimiento". El crecimiento se obtiene reduciendo los dos efectos comentados, no deteniendo la disminución de uno de ellos a conveniencia de la recaudación, es decir, del Estado. Usar, en suma, este razonamiento es impregnarse de una perspectiva estatal que somete "el crecimiento" económico al bienestar del Estado por lo que disfraza un razonamiento a favor de la economía libre en un argumento poco claro y contradictorio.

El fraude fiscal lo provoca el Gobierno

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

A nadie se le escapa a estas alturas que España tiene un grave problema en sus cuentas públicas. En 2012, por ejemplo, el Estado español gastó alrededor de 490 mil millones de euros. Pese a las sofocantes subidas de impuestos, la recaudación fue de 382 mil millones. Así que se repite la misma historia que se viene produciendo desde 2009: el déficit está desbocado, superando los 110 mil millones de euros, un 10.6% del PIB. Si no contamos el rescate bancario, el déficit sería de 81 mil millones, un 7.1%. Pero es que hay que contarlo, qué se le va a hacer. Lo de no contarse partidas contables no es que esté muy bien visto a nivel internacional.

La causa de este problema no tiene mucho misterio. Durante los años de la burbuja económica y el boom inmobiliario, el gasto público aumentaba cada año a un ritmo astronómico al calor de unos ingresos tributarios artificiales y excepcionales, que no volverán. Como dice Juan Ramón Rallo, es como si alguien le toca un año la lotería y, creyendo que esos son los ingresos normales que va a recibir todos los años, consolida gastos anuales a esos niveles. Cuando la burbuja pinchó y se dejaron de reconocer esos ingresos artificiales, el Estado siguió aumentando sus gastos como si no hubiera que pagarlos. Para hacernos una idea, en el año pico de la burbuja, 2007, el Estado recaudó 433 mil millones de euros. Es decir, que ni en el año que nos tocó la lotería podríamos haber hecho frente a los 490 mil millones que gastamos en 2012.

Pese a esto, aún hay quien dice que España no tiene un problema de excesivo gasto público. Todos los días aparecen en periódicos y tertulias quienes hablan de una excesiva austeridad, de unos recortes insoportables, de que se pretende desmontar el Estado. Un vistazo a los números globales basta para refutar esta postura. Si bien es cierto que el Gobierno ha recortado en algunas partidas concretas (sobre todo en las más dolorosas para los ciudadanos, no vaya a ser que la gente se dé cuenta de que los políticos gastan en cosas inútiles, como decía el gran Thomas Sowell), la suma total del gasto público sigue creciendo y ha batido todos los records. El gasto público en 2012 alcanzó el 47% del PIB en 2012. Si eso es desmantelar el Estado es que nos estamos volviendo locos.

¿Cuál es la solución mágica de quienes defienden esta postura? Que esto se arregla aumentando impuestos y, ante todo, combatiendo el fraude fiscal. Aquí quería yo llegar, al fraude fiscal. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), publicó recientemente una nota en la que decía que debido al fraude fiscal, Hacienda dejaba de ingresar 90 mil millones, 2.000 euros por español. Déficit solucionado, ¿no? Pues no. Para empezar, porque sus propios cálculos son absurdos. Y es que si asumimos, como hacen ellos, que la economía sumergida es del 23% del PIB (alrededor de 230 mil millones de euros), estarían suponiendo que Hacienda recaudaría como impuestos nada más y nada menos que un 40% del total de la actividad económica sumergida. Con un par.

Hay una parte muy importante de la economía sumergida que es pura subsistencia. Uno de los mejores economistas de España, José María Gay de Liébana, suele hablar de "Paquita la Peluquera", esa típica trabajadora que deja de poder ganarse la vida en la economía oficial por los impuestos y la regulación, y se ve obligada a recurrir a la economía sumergida para sobrevivir. El único motivo por el que no estalla la violencia en un país como España, con un 27% de paro, es gracias a la economía sumergida. Si el Gobierno se empeñara en "sacar a flote" los ingresos fiscales de todas las paquitas y los manolos, el problema empeoraría aún más. No sólo porque no se recaudaría nada, al no ser rentable esa actividad en la economía oficial. Es que además quedarían totalmente desamparados. Buena parte de ese 23% de economía sumergida de la que habla Getsha simplemente no puede aflorarse. Y mucho menos recaudar el 40%.

Hay otra parte muy importante de la economía sumergida que tampoco puede sacarse a flote. Es la que se produce, no por el hecho de ahorrarse impuestos, sino simplemente porque proviene de actividades ilegales. Es imposible recaudar de actividades que están prohibidas, por mucho que se empeñen los del sindicato Gestha. La mayoría de los casos de fraude fiscal que aparecen a diario en las noticias son de este tipo. Se habla del fraude fiscal de Bárcenas, Urdangarín y compañía. Pero no defraudan por evitar pagar impuestos, sino porque la actividad es ilegal en sí misma. Lo curioso de este tipo de fraude fiscal es que los políticos son los primeros que lo practican. Como dice Gay de Liébana, en los partidos españoles desde el primero hasta el último están pringados en casos de corrupción. Y luego nos piden un esfuerzo cuando nos suben los impuestos. El Gobierno tampoco puede recaudar de este tipo de fraude, pero al menos podría dejar de practicarlo.

Por supuesto, con lo que se llenan la boca quienes buscan soluciones mágicas al problema del déficit es con las grandes empresas y las acaudaladas sociedades de inversión. Esto existe, no cabe duda. Lo que pasa es que, aunque lo metan en el mismo saco, lo que hacen normalmente es legal. Si una empresa opera en todo el mundo, no tiene más que elegir como sede el país que más le interese y asegurarse con costosos abogados y asesores de cumplir con todas las enrevesadas normativas. A los políticos esto les encanta, porque luego se garantizan un retiro dorado como consejeros. No nos engañemos: los impuestos están diseñados para que los pague la clase media. Con las grandes empresas pueden hacerse vistosos titulares y grandes programas políticos, pero no es fácil recaudar de ahí. Basta con apretarlos un poco y se van a otro lugar. No sólo nos quedamos sin recaudar sino también sin la actividad y la inversión que generan.

¿Acaso tanto PP como PSOE son tan tontos como para preferir desangrarse electoralmente con subidas de impuestos y dolorosos recortes, pudiendo solucionar el problema del déficit combatiendo el fraude fiscal, como pretende un amplio espectro de abanico mediático? Les encantaría, pero no pueden. Siempre que lo intentan descubren que la recaudación no aumenta. Es importante entender cuál es la lógica general de la economía sumergida. El fraude no es otra cosa que una decisión económica, es la respuesta a una evaluación de beneficios contra costes. Los beneficios son los impuestos no pagados y la regulación evitada. Cuando se suben los impuestos o se aumenta la regulación, el Gobierno está provocando el fraude fiscal. Está enviando, en el margen, a los ciudadanos y empresas a la economía sumergida. Nadie quiere trabajar en la economía sumergida, sin acceso a la justicia para resolver disputas, sin poder usar contratos, cobrando en un dinero negro con muy bajo poder de compra y con el permanente riesgo de que te pillen. Así que sólo se defrauda si los tipos impositivos son muy altos y la regulación es elevada y costosa. Ahí están los motivos por los que en España hay tanta economía sumergida.

Es absurdo proponer al mismo tiempo subir los impuestos y combatir el fraude fiscal como solución al déficit, porque subiendo impuestos el fraude aumenta, la actividad cae y se recauda menos. Si quieren disminuir el fraude fiscal, bajen impuestos, simplifiquen el sistema impositivo y hagan menos costosa la disparatada regulación a todos los niveles administrativos. Hagan, en definitiva, menos sangrante la economía oficial. Pero nuestros políticos van siempre en dirección contraria. Aunque se presenten como la solución, en realidad son el problema. El fraude fiscal lo está provocando el propio Gobierno.