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Etiqueta: Inmigración

El nuevo imperialismo es ideológico

Escrito por Mario F. Castaño en . Publicado en Análisis diario.

Antes de 1880, los europeos apenas controlaban algunas zonas costeras africanas, las cuales solo aprovechaban para comerciar con esclavos, marfil, oro, etc. África central y subsahariana seguía siendo hasta entonces un territorio desconocido para ellos. Esas tierras estaban ocupadas por cientos de tribus, con lenguas y religiones diversas y ausentes a su vez de Estados centralizados como ocurría en Europa.

Tras la Conferencia de Berlín (1884-1885), organizada por el canciller alemán, Otto von Bismarck, las potencias europeas se reunieron con el fin de evitar guerras entre ellas mientras llevaban a cabo el reparto del continente. Anteriormente, no existía un reparto claro del interior de África, existían conflictos latentes entre estados por territorios superpuestos y Alemania, recién unificada (1871), no quería quedarse fuera de dicha repartición. La Conferencia, como si de un árbitro se tratara, puso orden en la carrera colonial.

Siete fueron las potencias europeas que se lanzaron, tras este acontecimiento, a la ocupación y reparto de territorios africanos. Los Estados trazaron fronteras rectas e incoherentes sobre los mapas, ignorando culturas, tribus, lenguas y enemistades ancestrales. Algunos pueblos, como los tuareg, fueron divididos en varias colonias distintas: Argelia, Sudán Francés (actual Mali), Níger y Mauritania bajo dominio francés, y también en Libia, que quedó en manos de Italia. Otro ejemplo son los somalíes, que quedaron divididos bajo el control de Reino Unido, Francia e Italia.

Otros pueblos con culturas antagónicas fueron forzados a convivir dentro de fronteras impuestas. Etnias rivales, religiones enfrentadas, estructuras sociales incompatibles…todo fue mezclado por conveniencia natural. Ejemplos como los hutus y tutsis en Ruanda bajo el dominio de Alemania y más tarde Bélgica, el cual acabó desembocando en el genocidio de Ruanda (1994) o Nigeria, que también vivió una gran guerra, consecuencia de la unión forzada de cristianos (igbos y yorubas) y musulmanes (hausa-fulani), chocando por sus creencias, leyes, valores, educación o estilo de vida. Tampoco se puede obviar la unión en el Raj Británico, donde el Imperio Británico gobernó directamente sobre India, Pakistán, Bangladés y Birmania (Actualmente Myanmar) como una única colonia. Hindúes, musulmanes y sijs acabaron dentro del mismo Estado.

Estos hechos tuvieron consecuencias en forma de guerras, rebeliones y conflictos armados, algunas perduran hasta el día de hoy, como la Guerra civil somalí o los choques entre India y Pakistán.

Hoy en día, aunque latentes este tipo de actos por parte de los Estados, somos espectadores de otro imperialismo: el ideológico. No son necesarios mapas para determinar qué minorías entran dentro de un mismo ideario, basta con pertenecer a unos estándares que políticos o gente influyente determinan.

Los partidos considerados de derechas han englobado en sus filas a individuos conservadores y liberales, cristianos y ateos, intervencionistas y no intervencionistas…personas que incluso discrepando en ciertos aspectos, tanto políticos como culturales, pueden pertenecer a una cuerda ideológica sin grandes contrariedades ya que no parten de posiciones totalmente opuestas. Sin embargo, asistimos a un panorama rocambolesco por parte de los partidos de izquierda, partidos que entre sus calificativos se atribuyen palabras como: socialistas, demócratas, ecologistas, cientificistas, feministas, etc., una palabra destaca entre esta serie de propiedades en torno a la figura del votante de izquierda: antiimperialista. Este concepto, siempre usado en contra de los países que quieren ejercer poder sobre territorios de estados menos potentes, no coincide con las acciones que toman estos grupos.

Pasó hace poco cuando en redes sociales, varios jóvenes homosexuales subían vídeos hablando sobre su posición en cuanto a la inmigración ilegal, alegando que cruzan nuestras fronteras cierto tipo de personas que no solamente no se quieren adaptar, sino que al ser intolerantes con el colectivo homosexual, actúan de manera violenta hasta el punto de que salían a la calle a «cazar» homosexuales, como dijo una víctima en Valencia.

Lo sorprendente de estas personas es que ya comienzan sus vídeos en redes sociales con la premisa de «me van a criticar por lo que voy a decir», parece que ya saben cómo les va a tratar su grupo al exponer sensaciones. Ya no es solo que jóvenes homosexuales, transexuales o mujeres tengan mayor miedo a salir a la calle últimamente, el número de extranjeros que comete actos de violencia de género representa más de un tercio de los asesinatos a mujeres, se puede verificar con los datos que tanta ambigüedad se les da a la hora de interpretarlos: en el año 2024, 47 mujeres fueron asesinadas a manos de parejas o exparejas.

De esos  agresores, el 37% eran de origen extranjero, cuando las personas de origen extranjero representan aproximadamente el 19% del total de nuestro país. Este tipo de datos no van con ningún objetivo racista o xenófobo, son simplemente datos a tener en cuenta, y que un 19% (en los cuales habría que restar a las mujeres) comete un 37% de los feminicidios es preocupante.

Paquete ideológico como frontera principal

Cuando estos jóvenes exponen su miedo, chocan de frente con el concepto colonial que caracteriza a estos grupos políticos. La frontera está artificialmente colocada en torno a una serie de dogmas intocables. Quien ose traspasarlos, su pasaporte para volver será inservible. En forma de insultos, rechazo, cancelación, etc., individuos como estos sufren cada día el odio desenfrenado de un dogma que no acepta el pensamiento crítico y, como si de los tuaregs se tratase, acaban separados del resto de sus pensamientos, alejados de compañeros, amigos o incluso, familiares. El ostracismo es la consecuencia de haber dejado de callar.

Varios ejemplos que podemos observar si lo comparamos con la unión de pueblos incompatibles pueden ser el del apoyo al islamismo, conviviendo artificialmente junto a otros colectivos como el feminista o el LGTB. Se trata de la contradicción más grande dentro del espectro político de la izquierda, desde el cual, durante muchos años se criticaron los piropos, el llevar tacones, faldas, maquillaje o la práctica de la depilación. Hoy en día, un gran porcentaje de ese mismo grupo feminista que habló de libertad, seguridad y del nuevo rol de la mujer en un mundo dominado por hombres lucha contra sus propios principios al callar, o incluso defender el hiyab como un símbolo de empoderamiento.

Democracia, etiquetas, derechos

La democracia se ha convertido en el uniforme obligatorio del nuevo imperialismo, uniforme que va acompañado siempre de un arma, el lenguaje. La democracia se presenta como el sistema superior, el más justo para el pueblo y el moralmente correcto. Sin embargo, observamos como precisamente estos Estados democráticos restringen libertades en nombre del bien común, usando la censura, el control del lenguaje, los castigos sociales o incluso penales por opiniones distintas al relato oficial. Es irónica la proclamación de la democracia cuando existen etiquetas (machista, facha, ultra, etc.) que actúan como muros dialécticos entre colonias de pensamiento, las cuales impiden el debate deslegitimando a la persona en lugar de rebatir argumentos.

Si a su vez añadimos el ataque continuo al capitalismo y al esfuerzo, obtenemos una sociedad totalmente infantilizada, que no dudará en acudir al Estado paternalista en lugar de tomar las riendas de su vida. Estado al cual piden derechos, derechos que acaban socavando los fundamentales como la libertad o la propiedad privada y acaban formando una amalgama de privilegios sin base común, multiplicando conceptos como «derecho a no ser ofendido», «derecho a la identidad sentida»… que no están ligados a la libertad individual, sino a demandas emocionales y colectivas, entrando así en contradicción condenando violaciones de los derechos humanos en países ideológicamente contrarios, pero se toleran o ignoran en territorios considerados «oprimidos» o con unas ideas políticas similares.

Consecuencias reales: inmigración fallida, crimen, subsidios

El Estado traza nuevas fronteras mediante gasto público en incorporar culturas incompatibles, luego, ante el caos, crea medidas simbólicas para calmar a los que ya vivían dentro. Es como si el Imperio Británico hubiera traído mercenarios hostiles a Delhi y, tras los primeros disturbios, colocara toldos de colores para proteger a los locales de las piedras. La protección no es real. Se subsidia el problema y se sobreprotege al damnificado con una serie de medidas que no hacen descender los crímenes. Y ambos casos los paga el mismo contribuyente.

En Europa tenemos ejemplos como las plazas de aparcamiento seguras para mujeres en Alemania, Austria y Francia. Estas medidas se implementaron para garantizar la seguridad, estando situadas dichas plazas cerca de salidas, bien iluminadas e incluso vigiladas. No ha habido estudios oficiales comparativos que confirmaran la disminución de delitos después de implementar estas plazas, sin embargo, en Alemania, los delitos violentos en aparcamientos siguen manteniéndose por debajo del 0,1%, indicando así que la reducción real es inobservable. Estas medidas, según los expertos, mejoran la sensación de seguridad, pero no abordan las causas estructurales de la violencia.

El Estado ha permitido la formación de «colonias» sin controles ni estructuras de integración efectivas: población inmigrante joven, desempleada, excluida, con índices de violencia superior a la de la población nativa. Pero esta lógica del abandono no se limita a la inmigración. Se extiende también hacia colectivos convertidos en banderas ideológicas: mujeres, comunidad LGTB, seguidores de movimientos body positive, etc., que reciben una protección simbólica institucionalizada a través de subsidios, legislación específica y otro tipo de gestos, provocando un doble abandono: los «recién llegados», atrapados en una tutela estatal que los convierte en súbditos dependientes y los «ciudadanos nativos», relegados al papel de colonizados, censurados o culpabilizados.

La primera consecuencia observable es la fractura social. Las políticas identitarias han sustituido la integración por la segmentación. Se crean guetos culturales con un vínculo claramente escaso con el entorno, donde la ley común queda relegada por normas paralelas, ya sean religiosas, tribales o ideológicas. La multiculturalidad impuesta no ha producido una convivencia enriquecedora, sino una coexistencia forzada, frágil y, en muchos casos, hostil.

A ello se le suma un notable aumento de la criminalidad, especialmente en barrios periféricos donde se concentran estos colectivos. Las estadísticas europeas muestran un repunte de delitos violentos, agresiones sexuales y disturbios vinculados a la inmigración descontrolada y a jóvenes sin oportunidades reales. En España, por ejemplo, se estima que entre un 45% y un 46% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros, y que en torno al 43% de las violaciones grupales también lo son.

Por otro lado, el feminismo institucional ha entrado en conflicto directo con otras agendas impulsadas por el mismo aparato estatal. La legislación sobre la identidad de género ha provocado tensiones entre mujeres biológicas y personas trans, especialmente en espacios tradicionalmente protegidos como cárceles, vestuarios, cuotas de género en oposiciones, etc., el Estado, que en teoría protege a la mujer, permite al mismo tiempo que su definición se diluya o sea reemplazada por demandas incompatibles entre sí. Lo que comenzó como un proyecto de empoderamiento femenino se ha convertido en un campo de batalla entre colectivos subvencionados por un mismo sistema, compitiendo por cuotas de victimismo institucional. Esta lógica ha derivado en leyes desequilibradas que tratan preventivamente al varón como sospechoso. El ejemplo más claro ha sido la legislación en torno a la violencia de género, donde la palabra de la mujer puede bastar para que un hombre duerma en el calabozo sin pruebas concluyentes. Con la Ley Orgánica 10/2022, ley del solo sí es sí, se mantiene una asimetría legal que trata por defecto al hombre como culpable y a la mujer como víctima estructural, anulando la presunción de inocencia.

El ciudadano occidental acaba siendo desplazado sin moverse. Vive en su tierra y sostiene el sistema con sus impuestos pero ahora forma parte de la nueva minoría ignorada, tratados como los antiguos causantes de las represiones del resto de colectivos, no serán merecedores de protección y pasarán a ser parias del imperio de las identidades.

Occidente acomplejado

La final de la Champions nos dejó una escena tan simbólica como reveladora del complejo de occidente hacia el resto del mundo: el gesto del exluchador de la UFC, Khabib Nurmagomédov, con la periodista Kate Scott.

Khabib fue invitado por la cadena CBS Sports a hablar sobre el partido con el resto de integrantes del programa UCL Today. Uno por uno fue saludando al youtuber IShowSpeed y a los exfutbolistas Jamie Carragher y Micah Richards. Antes de saludar al último hombre del plató, el también exfutbolista Thierry Henry, Kate Scott aproximó la mano al exluchador ruso mientras decía: «Encantada de conocerte, bienvenido al programa». Khabib negó el saludo mientras contestaba: «Un placer conocerte». Kate, al darse cuenta de la razón por la que el ruso no le había dado la mano, contestó: «Te pido disculpas. Muchas gracias». El exluchador, musulmán, no tiene permitido tener contacto con mujeres que no sean familiares cercanas. La noticia armó revuelo, y las redes sociales, como siempre, se dividieron entre quienes aplaudían la coherencia religiosa de Khabib y los que se preguntaban qué habría pasado si en lugar de un musulmán hubiera sido un sacerdote católico.

Otro ejemplo notorio del complejo de occidente frente a los valores musulmanes es su afán de evitar la ofensa con las referencias cristianas, cancelando o minimizando la decoración navideña de espacios públicos, mientras se celebran y se difunden mensajes institucionales por el Ramadán. Ese esfuerzo por lograr la máxima inclusividad posible con ciertos grupos que interesan ha dado lugar al «feliz solsticio de invierno» o «felices fiestas». También lo es la crítica hacia las procesiones católicas por «rancias», «retrógradas» o «patriarcales».

Ya que el relato ataca a las tradiciones centenarias, a la estética y al papel de la Iglesia en la educación o la moral pública, alegando por una neutralidad del Estado, de un Estado que debe ser puramente laico. Sin embargo, el enfoque cambia con las celebraciones musulmanas como el Eid al-Fitr (fin del Ramadán). En ciudades como Madrid o Barcelona, se ceden parques públicos para oraciones multitudinarias, se cortan calles para facilitar su desarrollo, y se despliegan dispositivos policiales para proteger la festividad de posibles críticas o protestas. Ayuntamientos, partidos y organismos oficiales felicitan abiertamente la festividad en redes, con campañas institucionales que no tienen reparo en visibilizar la espiritualidad musulmana, mientras felicitan las fiestas para no herir sensibilidades.

Podemos encontrar otro complejo dentro del progresismo, que provoca a su vez un ataque directo contra la igualdad, contra el esfuerzo y vuelve a fulminar la meritocracia, y este es el deporte femenino y la ideología de género.

Desde hace años, hombres biológicos que se identifican como mujeres han empezado a competir en categorías femeninas, la gran mayoría con resultados predecibles. Ejemplos como Lia Thomas, mediocre en natación universitaria masculina (puesto 65 en la clasificación) pero logró ser campeona nacional femenina en 2022 venciendo a rivales como Emma Weyant, medallista olímpica. Imane Khelif, boxeadora argelina transgénero y oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024 también es un gran ejemplo de la desigualdad en el deporte femenino que impone la política identitaria. Desató gran polémica su pase a cuartos tras el abandono de la italiana Angela Carini a los 46 segundos de combate. Carini explicó a la prensa el motivo de su retirada, una mezcla de frustración, decepción y miedo por su integridad física, llegando a decir: «nunca había sentido un golpe así». Horas después se disculpó públicamente con Khelif por su actitud al negarle la mano tras el combate y aceptando la decisión del COI sobre la inclusión de la argelina en los Juegos.

La ideología identitaria se vuelve, de esta manera, más valiosa que el esfuerzo, y la protección institucional no apoya la igualdad en el deporte femenino, el cual está separado del masculino por las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, en su lugar se apoya en el relato dominante.

Estos fenómenos no deberían resultarnos desconocidos. Ya en el siglo XVIII, Rousseau filosofaba sobre la idea del «buen salvaje», la imagen romántica del hombre natural y libre de pecado, ajeno a la corrupción de la civilización occidental. Hoy, esa misma idea ha mutado en forma de ideología: todo lo ajeno es inocente, y todo lo propio, culpable. Bajo ese prisma, el nuevo imperialismo ya no se impone desde Europa, sino que se arrodilla ante quienes considera moralmente superiores, por el hecho de no ser parte de occidente, alimentado además por un sentimiento de culpa colectiva basado en un pasado histórico que, en su mayoría, se desconoce.

El nuevo yugo no viene de fuera

Occidente ha cambiado el látigo por la corrección política y los ciudadanos piensan que son más libres que nunca llevando ese yugo con orgullo, consecuencia de pensar que su moral es impecable, que están en contra de lo malo y a favor de lo bueno porque los gobiernos, partidos, medios, y élites inoculan ideologías como herramienta de control. La diversidad forzada ha sustituido a la integración real, la aceptación de unos valores que sí que se deberían exhibir con orgullo, sin embargo, acomplejan, y esa imposición ha creado fragmentación social, enfrentamientos internos y bloques ideológicos. Porque por motivos éticos, políticos o económicos, esas élites han propagado ideas sin grises a la población, sin oportunidad de disentir, alejándose de la honestidad al ver datos o incluso con vivencias propias.

Al surgir altercados entre minorías incompatibles, el resto mirará hacia otro lado, porque el dogma no admite la discrepancia. Y mientras se jactan de atacar el colonialismo, hablar de la leyenda negra o de posicionarse en conflictos en cualquier lugar del mundo, no se dan cuenta de que en el fondo, ellos mismos son imperialistas.

Torre-Pacheco y la inmigración

Escrito por Juan Navarrete en . Publicado en Análisis diario.

Tras los últimos acontecimientos, esta población de Murcia se encuentra en el ojo del huracán mediático, ya que se ha convertido en un auténtico polvorín. El 30% de la población de la ciudad es extranjera, la mayoría de ella marroquí, hasta el punto de que la ciudad es conocida en los alrededores como “Torre Marruecos”.

Los sucesos comenzaron cuando un grupo de magrebíes apalearon brutalmente a un anciano local, lo que trajo consigo represalias por parte de los españoles hacia la población marroquí. Muchos hemos venido avisando de la situación tan complicada de la inmigración y la población extranjera. Puede que estos conflictos étnicos sean una novedad en nuestro país, pero desde luego no lo son en otros países europeos, como el Reino Unido o Francia, alumnos aventajados de la inmigración descontrolada. Es imposible pensar que grupos de poblaciones completamente antagónicas se vayan a integrar a la perfección, muchos de ellos no es que tengan otro idioma, religión y modo de vida, sino que son personas con antecedentes o delitos que no aceptan ni en las cárceles de sus países.

La inmigración restrictiva que algunos apoyamos sirve, en gran medida, para evitar problemas como el que tenemos ahora, que es enorme. El problema es enorme por muchos motivos. En primer lugar, está claro que, mientras siga este gobierno, va a continuar la entrada masiva de inmigrantes sin ningún tipo de control, cada uno de ellos es un voto, y los incentivos democráticos son enormes. La destrucción a largo plazo del país les da igual a nuestros políticos, a largo plazo, todos muertos. En segundo lugar, es una inmigración de un perfil muy concreto, hombres jóvenes, que en muchas ocasiones no quieren trabajar. Sus países de origen tienen costumbres muy diferentes a las nuestras, muchos de ellos utilizan la violencia como método de resolución de conflictos, y cuando llegan aquí quieren replicar lo que conocen, no adaptarse a la civilización.

A todo ello hay que sumarle que la mayoría profesan una religión que, en muchas ocasiones, considera a la mujer un mero objeto para satisfacción o disfrute, o un ser con carácter únicamente reproductivo. Esto ha provocado el aumento de las violaciones individuales y en manadas en nuestro país. Y esto ha provocado que en países como en Francia se violen 80 mujeres de media al día.

La izquierda patria vendrá ahora a decir que la violencia ultraderechista se abre paso por las calles, y que malvados nazis están yendo a cazar inmigrantes. No niego que si la situación se descontrola habrá grupos que aprovecharán para cometer barbaridades, pero las protestas que están teniendo lugar no tienen matiz racista, tienen matiz de supervivencia. Los nacionales no están apaleando a extranjeros por ser extranjeros. No he visto ninguna tienda o restaurante chino siendo atacado, tampoco he visto ningún ataque a ningún eslavo. Los habitantes de Torre-Pacheco están defendiéndose de un grupo determinado de inmigrantes que les está haciendo la vida imposible.

¿Vamos también a criticar que algunos españoles se levanten contra aquellos que apalean, roban y violan? ¿Vamos a tener que desenvainar el sable para defender que el pasto es verde?

Otro de los grandes problemas es el de la deportación. Vox es el partido que más ha tratado este tema. Pero esto lleva muchos problemas, muchos de ellos no tienen papeles, no sabemos de dónde vienen, y no los vas a dejar en el mar. Esto es un problema para el que VOX no ha traído una solución clara. Igual que anteriormente, el problema de las deportaciones se hubiera evitado limitando la entrada desde un principio, pero ya es demasiado tarde para eso. El problema de la deportación también trae otro aparejado, y es el de la nacionalidad. La alegría con la que se da la nacionalidad en este país es pasmosa.

Muchos de los inmigrantes que están cometiendo crímenes ya tienen la nacionalidad española, ya que son de segunda o tercera generación, como ocurre en Francia. Es cierto que cambiando las leyes se puede revocar la nacionalidad, pero entramos en un terreno tremendamente peligroso. ¿Qué criterio utilizamos para dar la nacionalidad? ¿Y para revocarla? ¿El comportamiento, la sangre, la raza, la religión, la antigüedad? Todos pueden ser igualmente válidos, pero igualmente problemáticos.

Europa se ha tapado los ojos durante mucho tiempo con este tema, las batallas entre nacionales e inmigrantes crecerán, esto es sólo el principio, unos no quieren integrarse, y los otros quieren vivir como antes lo hacían, con tranquilidad y seguridad. Es posible que el problema ya no tenga solución, lo que sería terrorífico, pero creo que ya hemos llegado a un punto en el que cualquier solución va a ser traumática y muy dura, y posiblemente ninguno de nosotros estemos preparados.

La estulticia de Trump con la inmigración

Escrito por Álvaro Martín en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos años, Estados Unidos ha hecho de la inmigración uno de los puntos más candentes de su agenda política. No es novedad que el país viva en una tensión constante entre su narrativa fundacional como tierra de oportunidades y un creciente repliegue sobre sí mismo, alimentado por pulsiones nacionalistas, temores identitarios y cierta miopía económica. Pero lo realmente llamativo no es el debate en sí, que siempre ha existido de una forma u otra, sino cómo ha virado la praxis migratoria reciente hacia un estrangulamiento progresivo del flujo migratorio legal y una aceleración drástica de las deportaciones. Y todo ello sin evaluar, ni mucho menos, sus implicaciones económicas de fondo.

Porque más allá de los titulares sobre muros, la realidad estructural es que la economía norteamericana depende, más de lo que muchos están dispuestos a admitir, de la mano de obra inmigrante. No se trata de un argumento ideológico, sino de datos, del funcionamiento del mercado laboral y de lógicas demográficas.

En la última década, el grueso del crecimiento de la fuerza laboral ha estado impulsado por la inmigración. La Congressional Budget Office (CBO) lo ha dejado claro: una reducción sostenida de la inmigración neta limitará de forma estructural la capacidad de crecimiento de la economía estadounidense durante los próximos 30 años. No es que falte talento local, es que la pirámide demográfica ya no alcanza. La realidad es que, sin inmigrantes, Estados Unidos simplemente no puede crecer al ritmo al que está acostumbrado.

Este desfase entre oferta y demanda laboral ya se deja notar con especial intensidad en sectores con alta intensidad de trabajo manual: construcción, logística, hostelería, manufactura, agricultura… Todos ellos, en mayor o menor medida, dependen de inmigrantes para mantener su actividad diaria. El resultado inmediato de este estrangulamiento es la escasez de trabajadores, lo que presiona al alza los salarios en los tramos más bajos del mercado. Podría parecer una buena noticia para ciertos trabajadores, pero en un entorno inflacionario, esta presión sobre costes se transmite directamente a los precios finales y merma los márgenes empresariales. Es decir, alimenta la inercia inflacionista y erosiona la competitividad.

Además, menos trabajadores disponibles implica también menos posibilidad de crecimiento para las empresas. Y sin inversión productiva, no hay mejora de productividad ni crecimiento sostenido. Estados Unidos corre así el riesgo de entrar en una etapa de crecimiento estructuralmente más bajo, en parte autoinfligido por políticas migratorias miopes.

Pero hay una dimensión aún más estructural: la demografía. La economía norteamericana envejece, y lo hace rápido. Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores en activo para sostener el peso de programas como Medicare o la propia Seguridad Social. Aquello que durante años fue sostenible gracias al dinamismo poblacional hoy ya no lo es. La inmigración, lejos de ser un problema, es uno de los pocos mecanismos que puede revertir o, al menos, amortiguar esta tendencia. Los inmigrantes son, de media, más jóvenes que la población nativa, están en su etapa más productiva y contribuyen con sus cotizaciones sin absorber, al menos de entrada, tantos recursos fiscales.

No se trata solo de cubrir vacantes. La inmigración aporta valor estructural, sobre todo cuando se canaliza a través de estudios y formación que reconocen sus capacidades profesionales. Ingenieros, enfermeros, técnicos de laboratorio, matemáticos, programadores… Muchos de los trabajadores más demandados en la economía estadounidense actual provienen del extranjero. Y sin ellos, el sistema de salud, el ecosistema tecnológico y la industria de innovación perderían parte esencial de su capital humano.

A esto se suma otro elemento menos discutido pero igual de relevante: el papel de los inmigrantes como motores del dinamismo empresarial. Estados Unidos siempre se ha jactado de su espíritu emprendedor, pero ese impulso ha tenido siempre a la inmigración como un componente central. Desde los restaurantes de barrio hasta las startups tecnológicas más punteras, los inmigrantes han sido agentes económicos clave. Según datos recientes, el 60% de las compañías de inteligencia artificial con sede en Estados Unidos cuenta con al menos un fundador nacido en el extranjero. Limitar su entrada o dificultar su estancia es, por tanto, limitar el crecimiento futuro.

El enfoque centrado en deportaciones masivas y restricciones a la inmigración legal cada vez más duras no solo tiene un coste humano y social, sino que provoca un efecto perverso en comunidades inmigrantes ya asentadas. Gente que podría estar consumiendo, invirtiendo o emprendiendo decide retraerse, reducir su huella visible por miedo a la inseguridad legal. Y eso, traducido a la macroeconomía, es menos consumo, menos inversión y menos crecimiento.

Incluso desde una óptica fiscal, la inmigración representa un activo neto. No solo porque los inmigrantes trabajan y pagan impuestos, sino porque su dinámica poblacional rejuvenece al país. En un modelo como el estadounidense, que financia sus grandes programas sociales a través del trabajo activo, una población activa amplia y joven es fundamental para evitar desequilibrios insostenibles.

El verdadero problema, sin embargo, es que el debate migratorio en Estados Unidos está secuestrado por la dinámica electoral. Se habla de identidad, de fronteras, de amenazas, pero muy poco de PIB, de productividad o de sostenibilidad fiscal. Y, esa omisión, en un contexto de tipos de interés altos, deuda desbocada y crecimiento anémico, puede salir muy cara.

Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva estructural. Puede persistir en una política migratoria cortoplacista, dictada por titulares y encuestas, o puede rediseñar su arquitectura migratoria en función de sus verdaderas necesidades económicas y demográficas. Porque si algo queda claro al analizar los datos y no los discursos, es que frenar la inmigración no fortalece al país, lo debilita. Y cada año que pasa sin corregir el rumbo hace que las consecuencias sean más difíciles de revertir.

No se trata de abrir las puertas sin condiciones, ni de negar que existen retos. Pero una política migratoria inteligente y adaptada al contexto actual es, hoy por hoy, una de las pocas palancas que le quedan a Estados Unidos para sostener su prosperidad futura.

Revertir la tendencia anti-migratoria no es simplemente una cuestión de moral. Es una decisión de Estado. Porque si la economía estadounidense quiere seguir liderando en el siglo XXI, necesita mano de obra, necesita ideas, necesita impulso demográfico. Y en todos esos frentes, la inmigración no es una amenaza: es una condición indispensable del éxito económico de un país.

Los Menas y la maraña legislativa

Escrito por José Antonio Baonza Díaz en . Publicado en Análisis diario.

Después de meses de negociaciones clandestinas[1], que se remontan al verano pasado, cuando la acumulación de inmigrantes irregulares en centros de acogida de las islas Canarias indujo a sus autoridades a pedir al gobierno central un reparto de los denominados “menores extranjeros no acompañados (Menas)” hacia las demás comunidades autónomas; el gobierno dictó un decreto ley la pasada semana para reformar la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros[2].

Esta enésima reforma legislativa nacía con la pretensión de crear un complejo mecanismo para decidir sobre sus deportaciones – descodificando el eufemismo “traslados” – que satisfaga a los separatistas catalanes y vascos, muy reacios a que sus administraciones regionales asuman responsabilidades que consideran ajenas, pero interesados en sostener a un ejecutivo que, por ejemplo, les delegue competencias estatales en materia de inmigración[3] en contra de la Constitución.

En todo caso, desde hace ya tiempo, con carácter general, corresponde a las autonomías la competencia de proteger a los niños en situaciones de riesgo o desamparo, asumiendo su tutela en defecto de sus progenitores o familiares directos.

A priori el transcurso de tanto tiempo desde la aparición de la “crisis” o ”situación de contingencia migratoria extraordinaria” habían convertido al decreto ley en un instrumento improcedente. Precisamente, la duración en el tiempo de esta situación impide equiparar la acción voluntaria y recurrente de individuos organizados para arribar a las costas españolas con un fenómeno meteorológico o un suceso imprevisible. A pesar de que confluye un transporte irregular de personas habitual, el legislador motorizado gubernamental distorsiona la realidad para invocar el supuesto de “extraordinaria y urgente necesidad” que justificaría (ex art. 86.1 CE) la oportunidad de dictar un Real decreto ley.

Por otro lado, dado que su objeto viene a ser la regulación de mecanismos administrativos que afectan a los derechos, deberes y libertades de los extranjeros, el gobierno infringe, asimismo, la reserva de ley orgánica prevista en la Constitución (art. 81 CE) e intenta eludir la prohibición de afectarlos mediante este tipo de legislación excepcional[4]. Cualquiera que hubiera sido su contenido, nada, excepto el gusto autocrático por el hecho consumado, habría impedido durante estos meses la tramitación ordinaria de un proyecto de Ley Orgánica para reformar la Ley de Extranjería.

El mecanismo aludido se atribuye a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia[5], con sede en el Ministerio de Juventud e Infancia, la cual adoptará la decisión del reparto de cuotas por unanimidad. Si este consenso no se produce, decidirá el “órgano competente de la Administración General del Estado” según un modelo que atenderá parámetros muy difíciles de objetivar. En resumen, una fachada de regulación para que, al final, prime el apaño, fruto de negociaciones ocultas entre el gobierno (ya identificado de facto con el PSOE) y los partidos nacionalistas con mayor potencial de sustentarlo en el poder, al tiempo que despliegan su chantaje separatista.

 Hasta ahora, por desgracia, a falta de una estrategia procesal adecuada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea[6], el gobierno sigue haciendo y deshaciendo todo tipo de normas y actos administrativos internos con desprecio por los límites constitucionales y legales, tomando las partes que le convienen en un momento dado de convenios internacionales multilaterales[7] o bilaterales[8] y del derecho comunitario europeo[9] y desechando las que le disgustan.

Porque esta es la gran falacia de la acogida de los menores extranjeros no acompañados. A pesar de la existencia de acuerdos internacionales bilaterales para la prevención de su entrada irregular y el retorno concertado[10], por una serie de intereses creados, el ejecutivo actual pretende imponer el dogma de la inevitabilidad de su llegada y acogida, como si fuera una obligación mantener a costa de los españoles a presuntos menores sin una indagación previa sobre su edad, identidad, sus antecedentes penales, o el paradero de sus padres. Desde cualquier perspectiva legal, estos últimos son realmente los responsables de la guardia y custodia de sus hijos y mantenerlos en su compañía.

Si a todo ello añadimos que la mayoría de estos menores extranjeros no acompañados proceden de países que no están asolados por la guerra, singularmente de Marruecos y Argelia, y de que el gobierno solamente repatrió a cinco de los 10.288 llegados por vía marítima en pateras entre 2021 y 2023[11], la necesidad de un replanteamiento de toda esta política se revela como urgente.

Notas

[1] A pesar de que la inclemente máquina adoctrinadora del gobierno presente la situación como normal, trapichear con un partido (Junts per Catalunya) cuyo dirigente máximo, Carles Puigdemont i Casamajó, se encuentra en rebeldía y fugado de la Justicia, tiene implicaciones muy graves. Debe insistirse en que solo se explica por la necesidad de un gobierno autocrático y corrupto de mantenerse a toda costa en el poder.

[2] Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

[3] Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración, presentada el 11 de marzo por los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.

[4] Por mucho que la nueva disposición final cuarta de la Ley de Extranjería proclame que esta materia no queda reservada a una ley orgánica cuya aprobación, modificación o derogación (ésta es la clave) exigiría “la mayoría absoluta del Congreso, en una votación sobre el conjunto del proyecto”. (art. 86.2 CE)

[5] Un “conferencia sectorial” en el enrevesado sistema autonómico español es, según los artículos 147 a 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, un “órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado”, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno central que resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

[6] Constatado el carácter ancilar respecto al ejecutivo de la mayoría de los magistrados del actual Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido Tourón a la cabeza, los jueces españoles, aprovechando el engarce a la jurisdicción europea comunitaria, deben desprenderse del temor reverencial al gobierno y a sus adláteres que están pavimentando la presente tiranía. Otro tanto cabe decir de los partidos de la oposición o los ciudadanos. En este sentido, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de la U.E, de fecha 5 de junio de 2023 en el Caso C‑204/21, mediante la cual, confirmando otras anteriores, el Tribunal responde a las trampas legislativas que intentó el gobierno polaco del PiS  para eludir su cumplimiento.

[7] Principalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en el seno de la ONU el 20 de noviembre de 1989.

[8] Un buen ejemplo es el Acuerdo, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

[9] La Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

[10] El mismo art. 35 de la L.O de Extranjería alienta y prevé actuaciones internacionales del gobierno para prevenir estas situaciones y repatriar a los menores de forma concertada, que pongo en duda que se cumplan.

[11] Rubén Pulido. El Gobierno sólo repatrió a cinco de los más de 10.000 menas llegados a España entre 2021 y 2023, la mayoría magrebíes.

Thomas Sowell y la España de 50 millones de habitantes

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Thomas Sowell y la España de 50 millones de habitantes

El pasado mes de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos provisionales de población a 1 de octubre de este año. España cuenta ya con 49 millones de habitantes. Lo que supone un aumento de un millón de personas en dos años. Si la tendencia continúa, España alcanzará los 50 millones de habitantes en octubre de 2026. Todo un hito para nuestro país.

Yo nací en el año 81, así que la primera cifra que vi en mis libros de texto del colegio sobre la población española fue de 37 millones. En algún momento de mi adolescencia supe que habíamos superado la barrera de los 40 millones. Y más tarde, durante el fin del boom económico de la burbuja inmobiliaria, la cifra de 45 millones copó los titulares. Ya entonces muchos teníamos claro que no estábamos ante un mero incremento de población. La inmigración pasó a ser un tema importante de debate social, pero duró poco tiempo porque la burbuja estalló y con ella el flujo migratorio.

Desde entonces, 44 millones de habitantes es la cifra que ha quedado congelada en el imaginario colectivo. Han sido muchos años estancados en ese número y eso, unido a la pésima información que recibe el ciudadano medio, hace que muchas personas no conozcan la situación actual.

La España de los 50 millones es muy distinta a la España de los 40 millones que conocí en mi juventud, pero también supone un cambio importante respecto a la España de 2014. La inmigración ha pasado de ser un fenómeno social más que hay que considerar, al factor principal en los cambios sociales que se van a dar en la próxima década.

La mitad de los nacimientos son de madre española

Hay 9 millones de personas que habitan España que no han nacido en nuestro suelo. Solo el 50% de los nacimientos de niños son de madre española. Y la tendencia va a profundizar esta situación.

Así las cosas, habría que empezar a asumir la realidad y dotarnos de herramientas que nos permitan navegar en este mar. Una de estas herramientas debería ser el libro de Thomas Sowell, recientemente traducido por Deusto: Discriminación y disparidades: ¿Por qué hay personas, grupos sociales y países con mayor progreso económico que otros?

Una de las citas que se recogen al principio del séptimo capítulo refleja bastante bien la actitud con la que se debe abordar este tema:

Las cosas son como son, y sus consecuencias serán las que sean. ¿Por qué, entonces, deberíamos engañarnos a nosotros mismos?

Wiston Churchill

La inmigración hace correr ríos de tinta, pero por desgracia casi nadie atiende a la realidad, sino que repiten dogmas que les hacen sentirse bien y les unifica a sus respectivos grupos. Por suerte, la gran capacidad de análisis de Sowell nos permite centrarnos en lo importante.

España va a enfrentarse a la convivencia de diferentes grupos sociales, con culturas dispares y desigualdad económica creciente. Va a ser el caldo de cultivo de muchos conflictos si no sabemos afrontar la situación correctamente. Y hay que asumir que no vamos a ser capaces de hacerlo.

La raza no, pero la cultura sí

Por tanto, hay que agarrarse a las pocas certezas que tenemos. Y Sowell nos las da en su libro:

  • La raza de los inmigrantes no es un factor determinante en su conducta. Por suerte, España no arrastra la rémora del racismo más allá de cuatro elementos aislados, y cierta juventud a la que le gusta escandalizar a las ursulinas del sistema público soltando barbaridades.
  • La cultura de los inmigrantes sí es un factor importante en su conducta. Las sociedades prosperan o fracasan por varios factores, no por mera suerte. El capital social es tan importante o más que el económico. Como dijo Antonio Escohotado:

Un país no es rico porque tenga petróleo; un país es rico cuando tiene educación. Educación significa que, aunque tú puedas robar, no robas […] En definitiva, la riqueza es conocimiento y respeto ilimitado por los demás.

Antonio Escohotado.
  • La imagen de un grupo social se ve afectada por el comportamiento de sus elementos más conflictos. Esto siempre ha sido así, e ignorarlo no va a servir para nada.

La España de los 50 millones

Nuestros antepasados lo tenían muy presente, tal como explica Sowell:

El miedo a la regresión social debido a la llegada de miembros menos aculturados del propio grupo no era exclusivo de los afroamericanos ni de Estados Unidos. Cuando los refugiados judíos de Europa intentaron llegar a Australia después de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad para el Bienestar de los Judíos de Australia expresó su oposición a la admisión de «hordas» de refugiados al país, y aquellos que al final pudieron quedarse en la isla recibían unas tarjetas de esta organización en las que se leía: Los judíos como colectivo son juzgados por lo que hacen personas concretas. Tú tienes personalmente una gran responsabilidad.

Thomas Sowell
  • El Estado de bienestar y la justicia social son perjudiciales a la hora de integrar a grupos dispares en una sociedad. Los datos que da Sowell sobre la población negra en Estados Unidos antes y después de los años 60 así lo atestiguan. Su conclusión no puede ser más contundente:

Podríamos imaginar que liberar a las personas de las cargas y las presiones asociadas a tener que proporcionar continuamente alimento, vivienda y otras necesidades a sí mismas y a quienes dependen de ellas iba a liberarlas de gran parte de su ansiedad vital y les permitiría perseguir otros objetivos al tener la cabeza más tranquila. Pero lo que ha ocurrido, en realidad, entre las personas despojadas de cualquier responsabilidad personal y un verdadero propósito en sus vidas, resulta muy descorazonador, en el mejor de los casos.

Nuestro país va a pasar por unos cambios sociales que estamos lejos de imaginar. Las ideas dominantes durante este cambio serán determinantes para afrontar el desafío. De momento, podríamos conformarnos si la población empieza a ser consciente de que va a vivir en un país muy distinto al que conoció en su niñez o juventud. La España de los 50 millones ya está aquí, e ignorarla no va a servir de nada. Como ya nos advirtió Ayn Rand:

Podemos ignorar la realidad. Lo que no podemos es ignorar las consecuencias de ignorar la realidad

Ayn Rand
Ver también

Inmigración y ultraderecha. (José Carlos Rodríguez).

Liberales contra la inmigración. (José Carlos Rodríguez).

Inmigración, dependencia, e intereses creados. (José Antonio Baonza Díez).

Cómo la reacción frente a la inmigración debilita la democracia

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Por Garett Jones. El artículo Cómo el retroceso de la inmigración debilita la democracia fue publicado originalmente en CapX.

En Europa, hemos visto el patrón una y otra vez desde 2015:

  • La inmigración masiva poco cualificada provoca una reacción violenta.
  • El contragolpe fortalece a los partidos nacionalistas, que entonces consiguen el 10, 20, 30 por ciento de los escaños en la legislatura
  • Los partidos políticos normales crean un cordón sanitario, una especie de promesa de no hacer negocios con los malos
  • Finalmente, la política nacional se convierte en un enorme caos, más volátil, más díscola, más contenciosa que antes.
  • Durante casi una década hemos visto versiones de esto en Bélgica, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos. Todo el proceso se inicia con el primer paso -las oleadas de inmigración masiva poco cualificada- y el proceso suele desembocar en el último paso: una versión peor de la política nacional.

Se ha vertido mucha tinta culpando a los malos, los nuevos partidos nacionalistas, por su papel en el empeoramiento de la política europea. Y no cabe duda de que entre ellos hay más de la cuota habitual de malos actores con malos motivos, incluso para los estándares de la política electoral. Pero mientras Europa siga siendo democrática, permitiendo elecciones libres y que personas de todos los puntos de vista se presenten a las elecciones, estos partidos nacionalistas van a presentarse y van a ganar escaños.

Contra el cordón sanitario

En lugar de sumarme a las quejas sobre los partidos nacionalistas -una tarea digna de otro momento-, quiero explicar por qué el cordón sanitario es malo. Y no lo hago para animar a los partidos normales a empezar a cerrar acuerdos con la extrema derecha. En lugar de eso, voy a argumentar que el cordón sanitario es tan malo, tan destructivo para la buena gobernanza democrática, que los países europeos deberían recortar masivamente su nivel de inmigración poco cualificada. Los países europeos deberían dejar de alimentar el motor del declive democrático. Eso no será divertido, no te hará amigos en las altas esferas y será más difícil tener Ubers baratos y comidas de Deliveroo.

Pero a largo plazo, y puede que incluso a corto plazo, mejorará tu democracia. La razón es sencilla: las democracias funcionan por mayoría, y es más difícil llegar a un acuerdo del 50% cuando ya has decidido que no puedes tratar con el 25% de tu parlamento.

La política es el arte del compromiso. E incluso en una democracia sana estamos acostumbrados a ver lo difícil que es llegar a un acuerdo suficiente sobre los detalles de la legislación para conseguir algo significativo. Pero si has decidido que el 25% de los legisladores están fuera de lugar, eso significa que necesitas un acuerdo de dos tercios entre los legisladores restantes para conseguir una mayoría que te permita aprobar algo.

Los costes de negociación

Piensa en el esfuerzo que supone conseguir que el 67% de los legisladores se pongan de acuerdo en algo: es incluso más de lo que se necesita para acabar con un obstruccionismo en el Senado de EE.UU., ¡sólo necesitan el 60%! Los países que se adhieren a un cordón sanitario están aceptando los elevados costes de las negociaciones políticas, las mayores fricciones políticas y el patrón de fracasos repetidos de la gobernanza de coalición que conlleva.

Mis difuntos colegas de la Universidad George Mason, Gordon Tullock y el Premio Nobel James Buchanan, subrayaron que cuando se pasa de la regla de la mayoría a este tipo de regla de la supermayoría, aumentan los costes de negociación para llegar a un acuerdo. Y, en la práctica, eso significa que muchos buenos acuerdos no se llevarán a cabo, de modo que la lata se queda en el camino y reina el statu quo. Arreglar las carreteras, reformar el ejército, decidir la edad de jubilación nacional… todo se vuelve más difícil cuando tienes que alcanzar el 51% utilizando sólo el 70% u 80% de la legislatura.

El caso del Reino Unido

Por ahora, el Reino Unido puede parecer inmune a estos problemas, con los laboristas disfrutando de una enorme mayoría parlamentaria y un sistema de mayoría relativa que dificulta la obtención de escaños a los partidos marginales. Pero hay que tener en cuenta cuánto capital político se ha invertido en la gestión de la reacción contra la inmigración, incluso antes del reciente estallido de disturbios de extrema derecha. Reform UK ya se ha superado y no es probable que desaparezca. Algunos conservadores están discutiendo abiertamente si necesitan formar una coalición con Reform para recuperarse electoralmente, mientras que otros quieren mantener un cordón sanitario a toda costa. Y Reforma, o sus sucesores, supondrán un reto aún mayor si los partidarios de la reforma electoral ganan terreno.

Sí, las democracias tienen muchas formas de debilitarse, y los elevados costes de un cordón sanitario son sólo una más. Pero es una que aparecerá en docenas, quizá cientos de pequeñas formas. Es como la obesidad: sabes que es mala, pero nunca puedes estar seguro de que un resultado negativo concreto -un derrame cerebral, un ataque al corazón- sólo haya ocurrido porque el tipo era obeso mórbido. Literalmente, le podría haber pasado a cualquiera.

El factor de la inmigración poco cualificada

Así que no esperen que diga que esta o aquella mala ley, esta o aquella reforma eternamente retrasada, se debieron a la reacción política contra la inmigración poco cualificada. Esto no funciona así. En lugar de eso, hay que mirar el panorama general, comprobar qué países están cayendo en un patrón inusual de esclerosis política y volatilidad política. Sospecho que un buen estadístico puede encontrar pruebas de lo que digo, pero tú también puedes verlo, si simplemente miras a tu alrededor.

La reacción política ante la inmigración poco cualificada empeora la democracia, pero es posible acabar con esa reacción. Si los partidos normales toman la dura decisión de recortar mucho la inmigración poco cualificada -quizá cambiando mucho hacia un programa que favorezca mucho la inmigración altamente cualificada- dejarán de alimentar el motor del declive. Y para terminar con un tópico que tiene muchas posibilidades de ser cierto, acabar con la reacción violenta de la inmigración dará a Europa más posibilidades de construir un futuro más armonioso y próspero.

Ver también

Posibles soluciones a la inmigración descontrolada (II)

Escrito por Daniel Morena Vitón en . Publicado en Análisis diario.

En el artículo anterior analicé diferentes posiciones sobre la inmigración dentro de la tradición de pensamiento libertaria, que se basa en el derecho de propiedad privada y en el principio de no agresión. Ahí expliqué a nivel teórico que defender las fronteras abiertas en la situación actual podía provocar daños mayores a la propiedad privada de los ciudadanos de un Estado al obligarles a aceptar inmigrantes que podrían o no querer en su propiedad.

En una sociedad libertaria, las calles son privadas. Pero es incoherente pensar que mientras exista un Estado las vías públicas son suyas. Más bien son de los contribuyentes, y el Estado tendrá que respetar mínimamente el bien común. No debe permitir que se ande desnudo o entren miles de inmigrantes sin permiso. A su vez, el profesor Jesús Huerta de Soto añadió que los servicios públicos no podían ser gratis para los inmigrantes (lo que se llama chovinismo del bienestar), a no ser que por ejemplo un hombre de negocios local decidiese voluntariamente pagar la sanidad o los seguros de trabajo a los jornaleros que el mismo invitase, y no podían tener nada similar a un «derecho» a voto, porque podía ser que se usase como arma arrojadiza.

Criminalidad

Pero sí que puedo contemplar que inmigrantes, aunque salten ilegalmente una valla, se asienten en territorios vírgenes despoblados y monten comunidades con sus propias leyes, ya que eso fomentaría la descentralización, y realmente así es como fue la próspera inmigración a Estados Unidos. Aunque habría que vigilar que no se violasen los derechos de los locales y no hubiese un reemplazo étnico, como les pasó a los indios. El partido político Liga Norte lo indicó correctamente en un cartel de campaña, en el que salía un indio nativo: “¡No pudieron poderle reglas a la inmigración, ahora viven en las reservas!”

Por tanto, en este artículo pretendo coger la teoría esbozada en el artículo anterior y tratar de valorar diversas medidas políticas, intentando seguir los principios libertarios, lo que implica violar lo menos posible los derechos de propiedad de los ciudadanos locales y de los inmigrantes para solucionar un problema real. Lo que es inaceptable y necesita cambios urgentes es que en 2021 el 12% de la población cometa el 32% de los delitos totales, y la criminalidad esté en aumento, mucho más la sensación de inseguridad. Aun así, como buen derechista viejo yo no creo en el nacionalismo ni mucho menos en el nacionalismo étnico, por lo que al final tengo una propuesta que he llamado taifas, para solucionar los problemas de cohesión social que causa la multiculturalidad.

Eliminar el reparto entre comunidades

Como argumenté en el artículo anterior, las decisiones sobre inmigración deben descentralizarse lo máximo posible, como según entiendo el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad implica que “ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia deben suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones intermedias” según el Catecismo de la Iglesia católica, por lo que las comunidades fronterizas son las que principalmente se deben encargar de la recepción de inmigrantes o de la vigilancia de fronteras, pero veo cierta ilegitimidad en que el gobierno central distribuya a los inmigrantes mediante un sistema de cuotas.

Mucho peor es que la Unión Europea fuerce a los Estados a aceptar un número determinado de inmigrantes, y creo que una medida correcta para evitarlo puede ser salirse del espacio Schengen, ya que el libre comercio no es compatible con la libre inmigración, como dice Hans-Hermann Hoppe: “el principio subyacente al libre comercio en realidad requiere tales restricciones.”

La tragedia de los comunes

Y no creo que sea injusto que determinades comunidades tengan que soportar una determinada presión inmigratoria mayor y además no poder distribuir a los inmigrantes. En el caso de España las fronteras con Francia, Portugal, Andorra y Gibraltar no son problemáticas debido a la similitud cultural y a unos niveles de renta similares (Andorra y Gibraltar en cambio limitan mucho la aceptación de inmigrantes también españoles, por la renta y seguramente por ideas socialistas).

Aun así, es adecuado vigilarlas, sobre todo en el caso de Francia, ya que pueden ser usadas como arma arrojadiza, quitándose ellos un problema que tienen dentro. Pero, la verdadera presión la tienen Ceuta, Melilla, Canarias y quizá Cádiz, ya que el nivel de renta y la cultura son muy distintos. Lo que propongo soluciona realmente la tragedia de los comunes que está ocurriendo, ya que, al no tener que soportar toda la presión inmigratoria esas comunidades, no tienen incentivos a construir un muro eficaz ni militarizar las aguas. En cambio, un gobierno pequeño, como puede ser el de Melilla, que soporte la invasión que vivimos tiene unos incentivos mucho mayores a solucionar el problema.

Control real de fronteras

No hay motivo alguno por el que el Estado, con el poder que tiene sobre nuestras vidas, sea incapaz de controlar las fronteras. Seguramente haya una ideología globalista detrás y verdaderamente piensan que las culturas y etnias europeas son malas y opresoras y deben mezclarse forzosamente con otras. Pero curiosamente en el caso contrario es colonialismo. Y si el Estado no quiere proteger las propiedades privadas de sus ciudadanos, sea por ineficiencia o no interés, la respuesta más lógica sería permitir que los ciudadanos se organizasen en milicias para vigilar sus propiedades, es decir, seguridad privada de fronteras. Por tanto, así la inmigración sería únicamente por invitación o respondería a los intereses más particulares que sean posibles en favor de los contribuyentes.

Aun así, seguiría habiendo solicitudes de asilo que tendrían que solucionar los gobiernos, por lo que creo adecuado rechazar medidas colectivistas, como la propuesta por Vox del cierre absoluto de fronteras con los países de mayoría musulmana que rodeaban a Israel. Los solicitantes de asilo deben valorarse por su potencial integración en la sociedad, por lo que habría que tener factores en cuenta como religión, riqueza o hasta una simple prueba en la que reflejen sus opiniones, tanto culturales como políticas. Pero eso no se puede extrapolar a todo un país, por ejemplo, allí donde hay en mayor cantidad ideologías ligadas a una religión que implican inmolarse para llegar a un paraíso lleno de vírgenes también puede haber cristianos de buena moral, lo único que habría que hacer es vigilar más al potencial candidato.

Eliminación de ayudas

Este punto no creo que necesite de una mayor explicación. Como indicó Jesús Huerta de Soto “los seres humanos que emigren deben hacerlo a su propio riesgo.” Eso no implica que no existan promotores, como pueden ser los hombres de negocios que necesiten trabajadores, o las familias deseosas de adoptar, que se hagan responsables de todos los costes sanitarios, educativos (y hasta de servicios como las carreteras) relacionados con los inmigrantes. También cabe la posibilidad de que existan agencias en determinados países que ofrezcan seguros a los inmigrantes, lo que provocaría que existiesen flujos migratorios asegurados. Todo ello promovería la libertad individual y acabaría con el “efecto llamada”, en el que mafias que se dedican a comerciar con seres humanos les mandan hacia Europa sin ninguna garantía, perdiendo muchos de ellos la vida en el mar. Se debería perseguir y condenar a los empresarios y ONG ligados a estas muertes.

Asambleas de vecinos para otorgar nacionalidades

Hace no mucho salió la noticia de que en el Congreso de España se había votado la regularización de 500.000 inmigrantes de manera centralizada. Las buenas decisiones sobre la inmigración deben estar descentralizadas, ya que solo los vecinos más cercanos saben si los inmigrantes con los que conviven son buenos vecinos, es decir, respetan los derechos de propiedad ajenos.

Quizá el modelo más coherente es que el inmigrante que quiere obtener la nacionalidad (el “derecho” a voto es otra cuestión), aparte de estar limpio de crímenes y haber aprendido entre otras cosas la lengua, obtenga la aceptación por sus vecinos más cercanos. Dependerá de la situación si se le acepta en el bloque, calle, barrio o pueblo tras haber estado conviviendo varios años con ellos. Esto evitaría que los vecinos, por ejemplo, tuviesen que aguantar a menores sueltos que consumen pegamento y cometen crímenes y robos de manera habitual. No tendrían que preocuparse de que se expulsase al dueño del kebab más barato del barrio.

El voto de los inmigrantes

El ”derecho” a voto creo que es una cuestión distinta al pasaporte. Yo no creo que exista nada similar a un derecho a controlar la vida de los demás, pero por desgracia vivimos en sistemas democráticos. El voto de los inmigrantes puede ser un arma arrojadiza que hay que evitar. Por ejemplo, un empresario con ideales socialistas invita a muchos inmigrantes socialistas a un área conservadora y con bajos impuestos. Asume los costes y tras varios años se acepta a los inmigrantes en la comunidad y obtienen la nacionalidad. Posteriormente hay elecciones y todos votan a partidos socialistas que promueven la expropiación de propiedades a los ciudadanos locales.

Se puede poner el mismo ejemplo en un área cristiana en la que musulmanes salafistas aplican medidas como velo obligatorio o cierre de Iglesias. Por tanto, otorgando la capacidad de votar a esos inmigrantes se llega a situaciones en donde se ataca con más frecuencia las propiedades y libertades de los locales. El “derecho” a voto no debería ser una opción, ni para segundas ni terceras generaciones.

Privatización de los centros de menas

Los centros de menas (menores extranjeros no acompañados) son uno de los mayores focos de violencia y de inseguridad. Instalaciones destrozadas, poco personal y menores de edad totalmente descontrolados que en un alto porcentaje atracan con violencia y en otro muy alto cometen delitos contra la integridad sexual de las mujeres, con una sensación total de impunidad. Casi todos los vecinos de las áreas afectadas se oponen a su existencia. Son los gobiernos los que mandan a ciudadanos de áreas más humildes aguantar sus efectos adversos, curiosamente no construyen ninguno en zonas con alto poder adquisitivo ni, mucho menos, donde viven las élites, desde los políticos hasta los periodistas que defienden a esos jóvenes. Muchas veces lo hacen tapando su nacionalidad cuando cometen crímenes.

Mi propuesta es sencilla, privatizar estos centros. En el momento que pasen a manos privadas, la empresa responsable de los menores tutelados sería responsable penalmente de cada uno de los delitos que causasen esos jóvenes. Si la empresa decidiese cerrarlo, tendría que traspasar esos derechos de tutela a familias deseosas de adoptar a un jovenlandés. Si no, el gobierno tendría que facilitar la deportación con sus padres. Aun así, esto no debería ocurrir, los políticos y periodistas que promueven su entrada masiva porque creen firmemente que van a ser el “motor de la sociedad” no deberían tener ninguna objeción a adoptarles y pasar a ser responsables legalmente. Aun así, queda añadir que habría que endurecer la responsabilidad penal.

Taifas

Como conclusión, si entran muchos individuos de una cultura hermética y hostil a un determinado área, se producen daños a la cultura local, ya que esa cultura hermética es muy probable que actúe como caballo de Troya. La multiculturalidad con ese tipo de culturas herméticas lleva a la ghettificación y a la imposición de esa cultura a los ciudadanos locales, que producen daños considerables a los derechos de propiedad existentes, haya o no componentes económicos (subvenciones) que lo agraven. Por tanto, ¿cuál es la solución a este problema?

Personalmente creo que la deportación masiva no es viable. Muchos individuos de esas culturas son inmigrantes de hasta tercera generación y tienen pasaportes. Y como además creo que saltar una valla de manera ilegal para ocupar un área no es una agresión, la solución más adecuada es promover que los individuos de estas culturas formasen en territorios vírgenes sus “taifas”. Consistirían en comunidades dentro del mismo Estado. Formarían su propio gobierno y de sus propias fronteras.

Por tanto, no existiría nada similar a una integración forzosa, como los ghettos actualmente existentes, sino diversas comunidades en competencia y con sus propias nacionalidades, que no estarían subvencionadas por los locales y gozarían de plena libertad de gestión en su área. El comercio entre locales y “taifas” promovería la paz, aunque siempre habría que vigilar que estas “taifas” no tuviesen el poder militar suficiente como para invadir a territorios locales. Es una solución pacífica y compatible con los principios libertarios a un conflicto que tenemos dentro y no vamos a poder expulsar.

Ver también

Posibles soluciones a la inmigración descontrolada. (Daniel Morena Vitón).

Una defensa económica de la inmigración. (Álvaro Martín).

Liberales contra la inmigración. (José Carlos Rodríguez).

Inmigración y ultraderecha. (José Carlos Rodríguez).

Si todo es extrema derecha, el término ha perdido todo su significado

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Si todo es extrema derecha, el término ha perdido todo su significado

Por Joanna Williams. Este artículo fue originalmente publicado por CapX.

El jueves pasado, el centro de Dublín parecía una zona de guerra. Turbas violentas se amotinaron durante más de tres horas en lo que se ha descrito como “los peores disturbios vividos en décadas”. Se incendiaron vehículos, incluidos coches de policía, y se destruyeron tres autobuses y un tranvía. La “enorme destrucción” dejó tiendas gravemente dañadas y ventanas rotas. Siguieron los saqueos.

Se cree que la violencia fue desencadenada por un ataque con arma blanca que tuvo lugar en la ciudad ese mismo día. Tres niños y dos adultos resultaron heridos, cuatro de los cuales permanecen hospitalizados. Entre ellos hay una niña de cinco años, que se encuentra “en estado crítico”, y una profesora auxiliar que “utilizó su cuerpo como escudo” para proteger a los niños del apuñalamiento. El sospechoso es “un ciudadano irlandés de unos 40 años que lleva 20 viviendo en el país”. Pero más allá de esto, poco se sabe sobre el ataque. La policía y los políticos han advertido a quienes quieren saber más sobre la “desinformación”.

Comparece la “extrema derecha”

Sin embargo, sorprendentemente, en medio de la destrucción de los disturbios y la violencia del ataque con cuchillo, un hecho ha quedado firmemente establecido. Parece que tanto la policía como los políticos están absolutamente seguros de los motivos de los alborotadores. Eran de “extrema derecha”. El jefe de la policía irlandesa, Drew Harris, declaró a la prensa que los responsables de la violencia habían sido una “facción lunática y gamberra impulsada por una ideología de extrema derecha”. Además, anunció que había un “elemento de radicalización” en los disturbios, derivado de “suposiciones de odio” basadas en material que circuló por Internet tras los apuñalamientos.

El Presidente de Irlanda, Michael D Higgins, compartió esta información sobre las afiliaciones políticas de cada uno de los aproximadamente 500 alborotadores. El apuñalamiento, sugiere, estaba siendo “abusado por grupos con una agenda que ataca el principio de inclusión social”. Resulta sorprendente que, mientras las víctimas de los apuñalamientos permanecen en estado crítico en el hospital, y con las llamas apenas extinguidas en O’Connell Street, los dirigentes irlandeses hayan encontrado tiempo para completar un análisis exhaustivo de la ideología política que impulsaba a la turba amotinada.

O, al menos, esto sería notable si “extrema derecha” no se hubiera convertido en una etiqueta comodín, utilizada repetidamente cada vez que nuestra élite política y cultural quiere expresar su desprecio por un grupo de personas y, al mismo tiempo, cerrar cualquier debate.

“Extrema derecha” allí donde mires

¿Recuerdas a los manifestantes en el cenotafio, descontentos por el hecho de que se hubiera permitido la celebración de marchas pro Palestina el fin de semana del recuerdo? “Extrema derecha”, nos dijeron. Estaban actuando sin sentido las palabras de la exministra del Interior, Suella Braverman, que también es, al parecer, de “extrema derecha”. Antes de eso, eran los votantes del Brexit, las feministas críticas con el género y cualquiera que cuestione los altos niveles de inmigración o apoye el derecho de Israel a la autodefensa. Todos “extrema derecha”. Esta etiqueta es simplista, pero sirve para algo. Distingue a los virtuosos de las masas y, al mismo tiempo, erige una señal retórica de “peligro” para ahuyentar a los curiosos.

La belleza de gritar “extrema derecha” es que también funciona en el escenario mundial. ¿La elección de Javier Milei en Argentina? Extrema derecha. ¿Geert Wilders en Holanda? También extrema derecha. Igualmente, Orbán en Hungría y la italiana Georgia Meloni. En realidad, Meloni, según un columnista de The Guardian, no es simplemente de “extrema derecha”, sino “fascista adyacente”. Y luego, por supuesto, está Donald Trump, que no es ni de “extrema derecha” ni “fascista adyacente”, sino directamente fascista. Por supuesto, no se está menospreciando sólo a estos líderes elegidos democráticamente, sino a todos los millones de ciudadanos que les votaron.

Los peligros del insulto comodín

Pero lanzar el término “extrema derecha” con tanto desenfreno entraña ciertos peligros. Cuando un término se vuelve tan elástico que abarca a representantes electos, feministas, vándalos nihilistas y 17,4 millones de ciudadanos británicos que votaron a favor de abandonar la UE, pierde su significado. No cabe duda de que algunos de los líderes, manifestantes o ideas mencionados aquí merecen realmente la etiqueta de extrema derecha. Pero si todos lo son, entonces la frase no es más que un insulto de patio de recreo.

El problema de este insulto comodín es que elimina cualquier necesidad de examinar más a fondo los argumentos o quejas de la gente: la etiqueta es a la vez explicación y conclusión. La forma en que una turba violenta arrasó el centro de Dublín anoche fue censurable. Pero “extrema derecha” sirve de poco para explicar sus acciones.

¿Quiénes son? Cómo se ven? ¿Por qué fueron?

Necesitamos saber: ¿Quiénes eran los implicados? ¿Qué les motivó a unirse y actuar de esa manera? ¿Se ven a sí mismos como manifestantes? ¿O tienen más en común con los bromistas y ladrones de Oxford Street? ¿Fueron los disturbios producto de la política, la furia o el nihilismo? El mero hecho de gritar “extrema derecha” impide que se plantee cualquiera de estas preguntas.

Mientras tanto, se dice a la opinión pública que centre su atención en estos despreciables alborotadores y se olvide del hombre realmente responsable de acuchillar a niños y hospitalizar a personas. Pero también debemos preguntarnos qué le motivó. Por mucho que nuestros líderes políticos y jefes de policía hagan todo lo posible por aplastar la emoción, es comprensible que la gente se enfade cuando se entera de que han apuñalado a unos niños. No se trata, por supuesto, de condonar la violencia de anoche en Dublín. Pero enfadarse porque un niño se enfrente a un posible asesinato no convierte a alguien en una persona de extrema derecha.

Ver también

¿Qué es la ultraderecha? (José Carlos Rodríguez).

Ultraderechistas de izquierda. (Albert Esplugas).

Inmigración y ultraderecha. (José Carlos Rodríguez).

Posibles soluciones a la inmigración descontrolada

Escrito por danimv19e@gmail.com en . Publicado en Análisis diario.

En este artículo me gustaría analizar varias posiciones sobre la inmigración en la tradición libertaria e intentar trazar nexos entre ellas. Me voy a centrar en las ideas de Hans-Hermann Hoppe, Walter Block y Jesús Huerta de Soto, aunque hay muchos más autores que hablan del tema. Para empezar, quiero recalcar que estas posturas pueden ser usadas por individuos de otras ideologías, pero no correctamente entendidas sin partir desde la teoría política libertaria, basada en el derecho de propiedad privada y, extrapolando la lógica de la propiedad privada, en el principio de no agresión.

Fronteras en una comunidad libre

Lo primero, creo que las fronteras son totalmente legítimas en una comunidad o sociedad libre (que no afirmo que sean necesariamente útiles, eso es otro debate, ya que al final la utilidad es subjetiva) siempre que las fronteras sean el deseo de los miembros de esa comunidad. Por el contrario, las fronteras estatales son y serán siempre ilegítimas, a no ser que se cumpla la voluntariedad en el arreglo de los derechos de propiedad privada del ejemplo anterior. Aunque esto tiene matices, los defensores libertarios de una inmigración controlada quieren decirnos que, dadas las circunstancias actuales, no es anti-libertario, es decir, no va en contra de la teoría política fundamentada en el derecho de propiedad privada, proponer la inmigración controlada.

No se defiende en realidad al Estado ni a las fronteras en sí, sino que se defiende a los contribuyentes de los usos que puede o no hacer el Estado en su condición de monopolista de los servicios de seguridad y defensa. Es más, cabe añadir que se centran en el tema de la secesión para conseguir descentralizar las decisiones estatales hasta el nivel del individuo o de la comunidad, entendida como un conjunto de propietarios, consiguiendo eliminar ese poder estatal. Lo que yo quiero añadir posteriormente son dos conceptos que, a mi gusto, deben ser matizados.

La lógica de la propiedad privada

La tesis de Hans-Hermann Hoppe se basa en seguir la lógica de la propiedad privada respecto a la inmigración. Es coherente decir que tú, como propietario, tienes libertad absoluta para discriminar en tu propiedad, por lo que en una sociedad libre el debate sobre la inmigración estaría zanjado. En caso de que así lo quisieran los propietarios en esa sociedad privada o libre, la única inmigración existente (se podría extrapolar al turismo) sería mediante invitación o mediante la compra o alquiler de alguna propiedad. Cabe añadir que los propietarios podrían decidir abrir las fronteras de sus propiedades y decidir voluntariamente que ningún propietario pudiese discriminar (en sentido prohibitivo) en esa propiedad comunal, lo que sería totalmente legítimo.

Estado como usurpador

El problema viene cuando el Estado es propietario legal (que no real ni justo) de vastos territorios, vías de transporte, y de distintos bienes y servicios habiendo impuesto normas muchas veces completamente arbitrarias en ellos. No quiero decir que todas las normas sean realmente arbitrarias, muchas de ellas responden a razones técnicas y coherentes del objetivo mismo de las cosas en sí, por ejemplo, no puedes tener un mismo carril para ambos sentidos en una ruta para vehículos. Realmente la propiedad estatal es propiedad expropiada o financiada a costa de los propietarios legítimos. Entonces, ¿podría el Estado limitar la inmigración o, en su contrario, incentivarla? Vamos a analizarlo.

Ilegitimidad de las actuaciones del Estado

Moviéndonos a la situación actual, tenemos la postura de Walter Block, que defiende la ilegitimidad absoluta de las actuaciones del gobierno, cito: «(en una piscina pública) a cualquiera se le debería “permitir” llevarse el agua de la piscina, incluso los ladrillos que la componen». Respecto a la inmigración, Block da a entender que no podemos limitar la entrada a inmigrantes en nuestras calles ya que la propiedad pública está indefinida.

Para mí, esta es una postura incoherente. ¿Puede ser legítima la postura de Block siguiendo la lógica del derecho de propiedad? No creo, ya que la propiedad pública realmente pertenece —aunque sea imperfectamente— a los contribuyentes, y si la dañas, los contribuyentes tienen un mejor derecho para reclamar el daño que cualquier otro que no sea un contribuyente respecto a esa propiedad pública; ¿es adecuada en el contexto actual?

Rotundamente no. Podría argumentar que la existencia de policía estatal es ilegítima y no por ello estaríamos actuando éticamente, bien al impedir que detuviesen a un violador y se hiciese justicia entre actores privados, ni al impedir que el Metro de Madrid funcionase y los contribuyentes recibiesen una contraprestación mínimamente compensatoria y útil en sus vidas, ni al quemar los libros de la biblioteca pública que usasen los mismos contribuyentes que la financiasen, etc. Afirmar que todo esto es legítimo por la simple contaminación del Estado en nuestras vidas, es una receta para el colapso social donde los ciudadanos (muchas veces poco familiarizados con el derecho de propiedad aplicado consistentemente) estarían sufriendo mayores abusos que antes, lo que empeoraría la situación revictimizando a las ya víctimas de la institución estatal.

El Estado no debe causar un mal mayor

Contrariamente, encontramos la afirmación de que el gobierno, ya que existe y no se puede renunciar a él, es el encargado de “proteger” las propiedades de la gente. ¿Protege? No tanto, es más, las decisiones centralizadas a gran escala suelen proteger más bien poco. Pero lo que sí está claro es que mientras exista Estado (y más de “bienestar”, aunque he decidido no meterme en ese tema) se deberían seguir (o no va necesariamente contra el libertarismo que se sigan) políticas restrictivas a la inmigración que evitasen una situación peor de la que ya tenemos.

Liechtenstein

Me gustaría explicar con un ejemplo tanto por qué se podría evitar una situación peor como por qué una política restrictiva a la inmigración no es necesariamente algo dañino (promover y lograr un mayor respeto al derecho de propiedad que uno menor): ¿qué pasaría si de repente entrasen 20.000 socialistas en un próspero país como Liechtenstein? Allí, sus 38.000 habitantes, mayoritariamente son católicos y tienen unos valores tradicionales, con los que gracias a ellos valoran la vida, libertad y propiedad como valores fundamentales. Este mayor respeto del derecho de propiedad en comparación a otros países de la región y, por ende, del libre mercado, les ha hecho ser uno de los lugares más prósperos de Europa.

Si en un tiempo relativamente corto entrasen a Liechtenstein 20.000 socialistas que no se adhiriesen al catolicismo ni respetasen la propiedad privada, al igual que los ciudadanos de Liechtenstein, y pudieran imponerse social y paulatinamente mediante mecanismos democráticos para regular e invadir el libre mercado y la propiedad privada respectivamente, entonces, expulsarían al príncipe eliminando su poder de veto, expropiarían propiedades de los ciudadanos locales y destruirían mediante decretos sus tradiciones y creencias por considerarlas retrógradas (o lo que fuese) y opuestas al “bien común” que ellos consideran. Por lo tanto, se llegaría a una situación peor (al menos para los antiguos ciudadanos) debido a la entrada masiva de individuos que no respetasen de manera similar el derecho de propiedad ni los valores que han favorecido llegar a unos niveles de riqueza y prosperidad jamás vistos en la historia de la humanidad.

No es racismo, son valores

Por lo anterior, a Hoppe le han tachado de racista cuando él especifica que se trata de valores y no de arbitrariedades como el color de la piel, cito textualmente: «todos los inmigrantes potenciales deben ser examinados y probados no sólo por su productividad, sino también por su afinidad cultural… Cualquier comunista o socialista conocido, de cualquier color, denominación o país de origen, debe ser excluido de un asentamiento permanente». Me gustaría mencionar brevemente al filósofo Karl Popper al respecto. Él dice en su paradoja sobre la tolerancia que si se tolera a los intolerantes (a los que él considera personas dispuestas a utilizar la violencia para conseguir sus fines), ellos acabarán destruyendo a los tolerantes y, con ellos, la tolerancia. Esta paradoja coincidiría con el supuesto mencionado antes.

Chovinismo del bienestar

Jesús Huerta de Soto muestra también dos soluciones a este problema: el chovinismo del bienestar y la eliminación del derecho a voto para inmigrantes. Según el profesor Huerta de Soto:

Los seres humanos que emigren deben hacerlo a su propio riesgo. Esto significa que en ningún caso la inmigración debe verse subsidiada por el Estado del bienestar… Estas prestaciones no sólo son las que tradicionalmente proporciona el Estado del bienestar en el ámbito de la educación, la sanidad, la seguridad social, etc., sino que además incluyen las que surgen de la posibilidad de usar gratis las diferentes parcelas de tierra que hoy se consideran bienes públicos.

Jesús Huerta de Soto

Es más, la contratación de seguros privados, realizada por empresarios cuyo deseo es invitar inmigrantes para tener una mayor mano de obra reduciría drásticamente el poder de los organismos públicos y acabaría con el efecto llamada que provoca la asistencia social totalmente gratuita (para los inmigrantes) que en sus países de origen no tienen. Después está el derecho a voto para inmigrantes, ¿por qué es contraproducente y causa más daños aún que el sistema democrático universal dentro para los ciudadanos locales? Según Huerta de Soto: «la concesión automática de derechos políticos a los emigrantes puede convertirse en una verdadera bomba de relojería que, utilizada demagógicamente por las mayorías políticas que preponderen en cada circunstancia, puede llegar a destruir no sólo el mercado sino también la cultura y lengua diferencial de cada país». Esto enlaza perfectamente con el ejemplo anteriormente mencionado sobre la emigración repentina de 20.000 socialistas a Liechtenstein.

No intervención militar

No obstante, hay que admitir que muchos inmigrantes no emigran para beneficiarse de los sistemas de seguridad social occidentales, sino que son refugiados de guerra o solo buscan un futuro mejor, así que se pueden aportar otras soluciones como acabar con las intervenciones militares que destrozan sus hogares, finalizar con la ayuda al desarrollo que solo sirve para financiar a dictadores sin escrúpulos cuyo único objetivo es perpetuar la pobreza para mantener sus regímenes, enseñarles los beneficios del libre mercado y comerciar con ellos, mandarles ayuda económica y medicinas mediante organizaciones privadas, apoyar a los misioneros católicos que desinteresadamente van a ayudarles… Y muchas otras opciones más.

Restringir fronteras

Eso sí, tengo que añadir que las restricciones principales deberían corresponder a las comunidades acogedoras, que generalmente suelen ser las fronterizas las que sufren primero, pero el Estado acostumbra a redistribuir el problema en todas las comunidades mediante un sistema de cuotas de inmigrantes totalmente arbitrario, y no al gobierno central, ya que serán esas comunidades las que asimilen la inmigración. Restringiendo, no eliminando, la movilidad entre fronteras, realmente no se dañaría ningún derecho de ningún inmigrante en mayor medida que cuando, por ejemplo, te dicen que no puedes circular en dirección contraria por la autovía. Y así tampoco se dañarían o arriesgarían los derechos de propiedad de los vecinos sobre las calles, ni los derechos de propiedad de los vecinos que quisiesen invitar a un determinado número de inmigrantes.

Los libertarios partidarios de la inmigración controlada estamos únicamente hablando de que la inmigración debería ser por invitación o responder a los intereses más particulares que sean posibles en favor de los contribuyentes, de aquí la importancia de la descentralización política; no estamos ni mucho menos justificando un etno-Estado autárquico completamente cerrado al exterior como Corea del Norte. Una vez ya invitados los inmigrantes, si fuesen buenos vecinos (con buenos me refiero a que no dañen derechos de propiedad ajenos ni promuevan la falta de respeto a los mismos), se pudiesen quedar.

Naturalización de inmigrantes

Hoppe plantea una solución posible al problema de la «naturalización de inmigrantes» siguiendo de alguna manera el modelo suizo, en el que las asambleas locales, no el gobierno central, determinan quién puede convertirse en ciudadano suizo y quién no. Este modelo es bastante mejor que otros por su descentralización en la toma de decisiones, que es necesaria para evitar una mayor represión.

Es decir, se debería favorecer la descentralización política porque esto acercaría la presión de los ciudadanos hacia sus autoridades responsables y se conseguiría una probabilidad mayor de que las decisiones de estas no fuesen tan contraproducentes para los intereses locales en general. Es más fácil imaginar que como ciudadanos locales nos “gobernaríamos” aún más y mejor a nosotros mismos, si pudiésemos esperar de nuestras autoridades, respuestas y acciones concretas más conectadas a nuestros reclamos y no a miles de kilómetros de distancia y con un montón de intermediaciones diluyentes por medio.

Vigilancia de fronteras

Extrapolando lo dicho a la vigilancia de las fronteras, sería inadecuado para los intereses de los ciudadanos que el gobierno central controlase lo que ocurriese en esa frontera, pero sí sería bastante adecuado que un ejército local (como una milicia) vigilase esa frontera. Terminando con la tesis, sería legítimo que un empresario asumiese los costes de un inmigrante para su negocio mediante una invitación, pero ilegítimo que los asumiese toda la sociedad. Por último, sería lógico que una asociación de vecinos decidiese a qué inmigrantes quieren tolerar y a qué inmigrantes no. Es un análisis sencillo que realmente saca significativamente de la ecuación al Estado y da mayor autonomía a la comunidad privada y a los individuos.

Ahora, quiero analizar dos críticas que se le han planteado al razonamiento del control fronterizo de los países. La primera es que, si esta lógica se aplica a las fronteras nacionales, entonces, ¿por qué no se aplica también a las fronteras entre comarcas o provincias? Citando a Block:

La inmigración a través de fronteras nacionales debería analizarse de una forma idéntica a la emigración que tiene lugar dentro de un país… Si la emigración a través de fronteras nacionales es de alguna manera ilegítima, eso también debería aplicarse a la variedad interior.

Walter Block

Comarcas dentro del mismo Estado

Esta analogía es incorrecta porque las comarcas o provincias se refieren a un mismo monopolio territorial final que es el Estado al que pertenecen; en cambio, la relación entre fronteras estatales responde a la relación entre dos monopolios distintos (soberanías nacionales independientes entre sí). Pero, si las provincias o comarcas se independizaran, podrían de nuevo aplicar fronteras tales como las fronteras nacionales a las que pertenecían anteriormente. Por supuesto, los Estados pueden ser todavía más perjudiciales para la convivencia social en una determinada situación en la que un monopolio se haya apropiado de más de una nación cultural totalmente diferenciada. Si se descartasen las fronteras entre diferentes naciones por pertenecer al mismo monopolio, estaríamos hablando de la misma integración forzosa de antes. Aquí el profesor Jesús Huerta de Soto muestra las diferencias:

Los principios anteriores deberían aplicarse a los flujos migratorios tanto intranacionales como internacionales. Aunque es cierto que dentro de las fronteras de los actuales Estados-naciones, al estar dotados de una mayor uniformidad cultural y económica, los problemas que plantean los flujos migratorios no son tan serios, muchos efectos externos negativos se resolverían si se aplicaran de forma sistemática los principios indicados en el texto principal. Es, sin embargo, en relación con los flujos migratorios internacionales cuando más importante y vital es aplicar los principios que hemos indicado en este artículo.

Jesús Huerta de Soto

Urbanizaciones privadas

En un sentido, un hecho que cuaja con la crítica de Block es la existencia de urbanizaciones privadas con fronteras propias. Pese a pertenecer al mismo monopolio territorial, ser homogéneas culturalmente hablando y, en muchos casos, considerarse las vías de titularidad pública, los Estados actuales permiten esa existencia de fronteras en esas urbanizaciones. Este sistema funciona de manera similar a como funcionaría en una sociedad privada. Lo que nos deberíamos preguntar todos es por qué se les prohíbe a otras comunidades y se les obliga a integrar forzosamente a cientos y miles de personas, mientras a otros (que suelen ser de las élites) se les permite tener fronteras.

Tierras vírgenes

Un argumento de Walter Block que sí se puede valorar, es decir, que la existencia de fronteras estatales no equivale a lo que haría el propietario privado, ya que el Estado se ha apropiado territorialmente de tierras vírgenes sin trabajar. Aunque sigue sin invalidar a Hoppe ya que él usa el ejemplo del propietario privado como referencia para lo que debería hacer el representante público; que se supone que debe velar por los intereses de los ciudadanos. No es una equivalencia directa, sino una referencia comparativa para sostener el razonamiento del control fronterizo como sensato. Además, la comparación de Hoppe, y su oposición a la inmigración irrestricta, no se basa en el asunto de la apropiación de las tierras vírgenes en sí, sino en analizar las alternativas con las condiciones dadas, y defender tanto la legitimidad del control fronterizo contra la inmigración irrestricta en el interés de los pagadores de impuestos y lo recomendable y la justicia relativa de la política de control basada en la inmigración por invitación. Block dice:

Cuando hay un territorio virgen, no hay razón legítima para que se impida a los inmigrantes hacer que produzca frutos. Rothbard dice: «Todos deberían tener derecho a apropiarse como suyo territorio previamente sin dueño u otros recursos». «Todos» presumiblemente incluye a inmigrantes, así como ciudadanos o residentes del país.

Walter Block

Sigue:

¿Qué pasa con los enormes espacios abiertos en las Montañas Rocosas y Alaska que nadie ha colonizado? ¿Qué aspecto del libertarismo puede violar un inmigrante si llega de alguna forma a este territorio e inicia una agricultura y ganadería de subsistencia?… Al adoptar el análisis de Hoppe, impiden a gente completamente inocente llevar a cabo su actividad legal de ocupar territorio vacío.

Walter Block

Para mí es la mejor crítica que se puede hacer, ya que Block no habla de territorios trabajados por los ciudadanos y expropiados por el Estado, sino de territorios vírgenes apropiados ilegítimamente por el Estado. Para mí, puede estar en lo correcto. Si un grupo de inmigrantes (en el caso de Alaska sería que no fuesen estadounidenses) se asentase en los bosques vírgenes de Alaska saltándose las fronteras estatales, no habría ninguna justificación para expulsarles. Lo mismo pasa en cualquier territorio virgen del que se haya apropiado un Estado sin siquiera trabajar u ocuparlo, aunque puede haber matices con las reservas naturales nacionales cuyos cuidados son financiados con los impuestos y que como tales están simplemente cerradas a los propios ciudadanos del país para ser aprovechadas.

Soluciones temporales

En conclusión, creo que la tesis de Hoppe respecto a la propiedad privada de los vecinos y, por ende, los límites que se pueden poner a la inmigración en la situación actual para evitar violaciones del derecho de propiedad aún mayores, es correcta, pero siempre hay que tener en cuenta que esas decisiones deben estar descentralizadas a favor de la comunidad, lejos del arbitrio de autoridades del Estado que guarden poca o ninguna relación con la comunidad. También hay que añadir que las propuestas de Huerta de Soto sobre el chovinismo del bienestar y la eliminación del «derecho» a voto para inmigrantes pueden ser medidas útiles que solucionen temporalmente el problema y reduzcan el daño que hace la administración estatal.

Creo que Block no acierta en decir que esa lógica se tiene que seguir en los territorios intranacionales ya que estos territorios intranacionales no son independientes, pero es precisamente por esto por lo que hay que buscar la ansiada descentralización política para que sean independientes políticamente. Por último, no existe una correcta justificación para impedir la inmigración en tierras vírgenes apropiadas por el Estado. Siendo el Estado ilegítimo, y no habiendo ocupado ni trabajado la tierra, esa sí que es tierra de nadie.

 Referencias
https://mises.org/es/library/mesa-redonda-sobre-inmigracion-hans-hermann-hoppe
https://mises.org/es/library/mesa-redonda-sobre-inmigracion-walter-block

https://digitalcommons.lmunet.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1071 &context=lmulrev

https://www.lewrockwell.com/2018/07/hans-hermann-hoppe/immigration-and- libertarianism/

https://mises.org/library/case-free-trade-and-restricted-immigration-0
https://www.mises.org.es/2021/09/diez-puntos-de-una-estrategia-libertaria/

http://www.jesushuertadesoto.com/wp-content/uploads/2014/05/9.-TEORIA-LIBERAL-SOBRE-LA-INMIGRACION.pdf

Las maniobras de Lukashenko

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Solapada por la más vistosa e impactante maniobra de transportar a su frontera  miles de emigrantes del Oriente Medio para que irrumpan por las bravas en los países vecinos de la Unión Europea (Letonia, Lituania y Polonia) la represión contra miles de disidentes del  régimen de Aleksander Lukashenko ha quedado bastante silenciada.

El todopoderoso tirano detenta el poder en Bielorrusia desde las elecciones presidenciales de 1994 en un proceso de sucesión de dictaduras que asimila el país a otros países asiáticos dominados por regímenes comunistas, incluido el gigante ruso. Dentro de aquella cultura y experiencia políticas se crió. Ya en el año 2013, el periodista bielorruso de la minoría polaca Andrzej Poczobut(1) publicó “El sistema bielorruso” (System Białoruś, en el original polaco) en el que repasaba las argucias empleadas por tan pintoresco personaje para encaramarse en la cima del poder. Previamente, con el desmembramiento de la Unión Soviética el entonces joven director del Sovjós (granja estatal) Haradziec en la región de Shklov, al Este de Bielorrusia, fue esgrimiendo sucesivos banderines de enganche para atraerse el voto de una mayoría de bielorrusos conmocionados por el hundimiento del sistema. Aunque ahora parezca irrisorio; entre ellos adoptó un nacionalismo bielorruso acorde a las fuerzas centrífugas del momento y una arrebatada pose de luchador contra la corrupción. Sin embargo, los modos autoritarios aprendidos no cambiaron en absoluto. Desde el momento que se alzó con la presidencia del país, no cejó de acrecentar sus poderes despóticos, hasta edificar una dictadura implacable, basada en la adhesión a su persona.

El libro ofrece, además, jugosos detalles sobre su obsesión por obtener información comprometedora, tanto de sus rivales, como de sus detractores, a través de los espías del KGB heredado del soviético. De cómo, con notable osadía por su falta de capacitación, el entonces novato director de una granja estatal aprovechó su conocimiento del ecosistema bielorruso para forjarse la imagen popular adecuada. Conseguido el primer objetivo de llegar a la presidencia, apuntaló un régimen postcomunista con algunas formas democráticas. 

No obstante, las elecciones presidenciales de agosto de 2020, en las que la candidata independiente – y esposa del disidente encarcelado, Serguéi Tijanovski – Svietlana Tijanovska(2) denunció el fraude de los comicios y proclamó su victoria, marcaron el endurecimiento del régimen dando término a todas las apariencias. Ya durante la campaña electoral, el financiero de la oposición, Viktor Babariko, había sido detenido por la policía al servicio de Lukashenko. Recientemente el Tribunal Supremo le ha condenado a catorce años de prisión. Tijanovska y Veronika Tsepkalo, otra destacada colaboradora del Consejo bielorruso de coordinación de la oposición, huyeron del país. Peor suerte han corrido Maria Kolesnikowa, quién fue detenida ilegalmente por fuerzas parapoliciales durante el transcurso de las protestas callejeras pacíficas posteriores a las elecciones fraudulentas. Este otoño fue condenada por un tribunal de Minsk – junto a su abogado Maksim Znak – a una pena de prisión de 11 años por los vaporosos cargos de “cometer acciones contra la seguridad nacional, crear y encabezar una organización extremista y conspirar para tomar el poder de manera inconstitucional”. Asimismo, Serguei Tijanovsky y otros opositores han sido condenados este mes a penas de prisión de más de catorce años, de manera que, según organizaciones humanitarias, las cárceles bielorrusas albergan 912 presos políticos y decenas de miles de personas viven el exilio. 

La persecución de los disidentes políticos se amplió a los mensajeros, aduciendo cargos peregrinos o, simplemente, convirtiéndoles en chivos expiatorios. Así, en marzo de este año que termina, fue detenido, junto a otras personas, el mencionado Poczobut, corresponsal de Gazeta Wyborcza y miembro del consejo de la Asociación de polacos en Bielorrusia. Desde su privilegiada posición para comunicarse con los medios polacos, informó profusamente sobre la represión de los opositores y las vulneraciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Lukashenko. Tras más seis meses de detención arbitraria, y de ofrecerle un indulto a cambio de desmentir la existencia de presos políticos en Bielorrusia, también en septiembre se le informó de la acusación de “incitación al odio nacional y religioso”, tipificado en el artículo 130 del Código Penal por organizar distintas actividades como miembro de la asociación de polacos en Bielorrusia, que lleva aparejada la pena de privación de libertad entre 5 y 12 años Nótese como el descabezamiento de la oposición ha corrido parejo a las maniobras de atracción de emigrantes aspirantes a refugiados en la Unión Europea. Aunque la alianza con el régimen autoritario de Vladimir Putin, puede permitir a Lukashenko sobrevivir cierto tiempo, esperemos que las sucesivas sanciones adoptadas por la Unión Europea surtan el efecto deseado y contribuyan a la caída de su larga dictadura.

(1) La minoría polaca en Bielorrusia constituye una parte significativa de la población, especialmente en la frontera con Polonia. Ha de tenerse en cuenta que, como consecuencia de los acuerdos de Teherán (1943) y Yalta (1945) las fronteras polacas se desplazaron hacia el Oeste después de la Segunda Guerra Mundial, a costa de Alemania. No obstante, también perdió una franja de terreno de unos 200 kilómetros a favor de las repúblicas soviéticas de Lituania, Bielorrusia y Ucrania.

(2) El parlamento europeo concedió el premio Sajarov del 2020 a todas estas opositoras.