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Etiqueta: Liberalismo

Breve aproximación al liberalismo en España

El liberalismo español es un movimiento político y filosófico de gran relevancia a lo largo de la historia del país. Aunque su origen se remonta al siglo XIX, su influencia y presencia en la sociedad española continúan hasta el día de hoy. El liberalismo se caracteriza por su defensa de la libertad individual, los derechos humanos, el Estado de derecho, la separación de poderes y la economía de mercado. Estos principios son fundamentales para el desarrollo y consolidación de la democracia liberal en España.

En España, el liberalismo tuvo sus primeros influjos en el siglo XVIII, durante el periodo de la Ilustración. Los ilustrados españoles, como Jovellanos y Campomanes, abogaron por la implementación de reformas políticas y económicas, promoviendo la tolerancia religiosa, la modernización de la agricultura y la industria, y la educación como vía para el progreso.

La Constitución de 1812

Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando el liberalismo español adquirió un protagonismo especial. Durante el reinado de Fernando VII, se promulgó la Constitución de 1812, conocida como la “Pepa”, que establecía una monarquía constitucional y garantizaba derechos fundamentales como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.

Tras un periodo de inestabilidad política, durante el cual se sucedieron diferentes pronunciamientos militares, en 1834 se creó la figura de los liberales progresistas, liderados por personajes como Mendizábal y, más tarde, el general Espartero. Estos sectores impulsaron la desamortización de los bienes eclesiásticos, la modernización del país y la mejora de las condiciones de vida de las clases populares.

El liberalismo español tuvo su apogeo durante la Primera República (1873-1874), amparada en parte por la Constitución de 1869. Fue un régimen republicano y reconocía derechos como el sufragio universal y la libertad de asociación. Sin embargo, la inestabilidad política y la falta de consenso llevaron al fin de esta experiencia republicana en España.

Con el establecimiento de la Restauración Borbónica y la llegada de la monarquía de Alfonso XII, el liberalismo español encontró un nuevo cauce en el Partido Liberal liderado por Sagasta. Durante este periodo, se llevaron a cabo importantes reformas como la Ley del Sufragio Universal Masculino, que ampliaba el derecho al voto a un sector más amplio de la sociedad.

El siglo XX

El siglo XX estuvo marcado por diferentes etapas políticas en España, entre las que destacan la dictadura de Miguel Primo de Rivera y, posteriormente, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Durante la dictadura, el liberalismo estuvo prácticamente ausente, pero tras la muerte de Franco, España vivió una transición hacia la democracia en la que los principios liberales fueron fundamentales.

Con la aprobación de la Constitución de 1978, España se estableció como un Estado democrático y de derecho, garantizando derechos y libertades individuales. En este sentido, movimientos políticos y orgánicos fueron actores importantes en la de la actual Constitución.

En la actualidad, el liberalismo español continúa siendo una corriente política relevante. Aunque con matices considerables, algunos partidos políticos de tendencia liberal que defienden ideas como la reducción del tamaño del Estado, la liberalización de la economía, la reforma de la administración pública y la defensa de los derechos individuales.

Asimismo, el liberalismo ha encontrado eco en la sociedad civil, a través de organizaciones y movimientos que promueven la libertad individual, el emprendimiento y la igualdad ante la ley.

En conclusión, el liberalismo en España es un movimiento político y filosófico que ha dejado una importante huella en la historia y la sociedad españolas. Sus principios de libertad individual, derechos humanos y economía de mercado son fundamentales para el desarrollo y consolidación de la democracia liberal en el país, y continúan siendo relevantes en la actualidad.

Ver también

¿Liberalismo en Ortega? (Antonio Nogueira).

Clara Campoamor. (José Carlos Rodríguez).

La libertad en Francisco Ayala. (José Carlos Rodríguez).

¿Deberían los liberales británicos apoyar la monarquía?

Este artículo fue originalmente publicado por el IEA.

Sam Collins, Asesor Principal de Política de la AIE, sostiene que sí:

El liberalismo clásico es un movimiento político que se basa en promover -entre otras cosas- la libertad individual, la igualdad ante la ley y la movilidad social. La idea de una monarquía hereditaria, en la que alguien asume un papel en la estructura constitucional por el mero hecho de nacer (y, hasta los recientes cambios en la ley, por el género), parece incongruente con estos ideales. No pretendo defender la monarquía como un ideal que querríamos adoptar si estuviéramos creando una nueva sociedad y una nueva constitución desde cero.

Considerando la alternativa

Sin embargo, sea lo que sea lo que deseemos, el papel de jefe de Estado parece entrelazado en todos los sistemas políticos. Y la cuestión que se plantea entonces es cuánto poder queremos que tenga esta persona. También hasta qué punto se implica en el juego cotidiano de la política. ¿Es la actual monarquía constitucional británica mejor o peor que lo que probablemente la sustituiría?

El Rey no sólo es el Jefe de Estado del Reino Unido. También actúa como Jefe de la Commonwealth y, en este papel, proporciona un enfoque internacional muy necesario para el Gobierno británico. La Commonwealth, personificada por el monarca reinante, actúa como un útil organismo internacional que ha impulsado la cooperación y el comercio entre sus miembros. El fin de la monarquía por parte de los líderes de la Commonwealth no podría sino reducir (o incluso acabar) con esta institución única y convertir a Gran Bretaña en un país más insular.

Al margen de las luchas políticas

En segundo lugar, están los esfuerzos casi patológicos de la Corona por mantenerse al margen de los tejemanejes de la política. Como cuando el Palacio de Buckingham dejó claro que la Reina “no estaría disponible” en caso de que el Primer Ministro intentara disolver el Parlamento para evitar ser depuesto de su cargo.

Esto contrasta fuertemente con las alternativas que probablemente sustituirían a la monarca. Habría que elegir de algún modo a un presidente. Ya sea elegido directa o indirectamente (como en Austria y Alemania), el riesgo de que la política de partidos juegue un papel es alto. Especialmente teniendo en cuenta nuestra fragmentación política. Tanto en Austria como en Alemania, las recientes contiendas presidenciales han resultado profundamente partidistas. Hasta el punto de que es una supuesta máxima política alemana que “si puedes crear un Presidente, serás capaz de formar un gobierno”.

Apolítico y volcado al exterior

Lo mismo cabe decir de la no injerencia de la Corona en el proceso democrático. Aunque el monarca conserva, en principio, el derecho de veto sobre la legislación, este poder no se ha utilizado desde 1708. Contrasta de nuevo con Alemania, donde el Presidente interviene en el debate político, aunque sea ocasionalmente. Y utiliza el poder de veto para rechazar la legislación de la cámara elegida popularmente por considerarla inconstitucional.

La simple realidad es que, a pesar de todos sus defectos y de lo fuera de lugar que está en una democracia liberal moderna, es probable que proporcione a Gran Bretaña un Jefe de Estado apolítico y de cara al exterior. Y ésa es probablemente la mejor opción disponible.

Harrison Griffiths, responsable de comunicación de la AIE, sostiene que no:

La oposición radical a la monarquía no ha sido una creencia universal entre los liberales. En Gran Bretaña, los liberales abogaron por un acuerdo que conciliara la continuidad del estatus constitucional de la Corona con la soberanía parlamentaria y la libertad individual. El filósofo radical de la Ilustración francesa Voltaire apoyó el papel de un monarca constitucional ilustrado. E incluso los revolucionarios norteamericanos se mostraron abiertos a mantener la monarquía británica antes de considerar que no tenían más opción que una república independiente.

La Revolución Gloriosa

La Revolución Gloriosa consolidó la superioridad constitucional del Parlamento sobre la Corona y estableció firmemente leyes que protegían la libertad individual (al menos para los protestantes). Fue una clara victoria del liberalismo sobre el despotismo de la monarquía absoluta. Sin embargo, el acuerdo creado en 1689, que aún hoy sustenta nuestra monarquía constitucional, debe considerarse un paso pragmático hacia una constitución liberal, no la fructificación de la misma.

La Corona sustenta el sistema constitucional británico que otorga al Estado un poder casi ilimitado para pisotear nuestras libertades individuales. El Rey legitima la soberanía parlamentaria. Sus prerrogativas reales dan al ejecutivo herramientas para eludir los controles parlamentarios que quedan sobre su poder. Y el propio monarca tiene poca o ninguna autoridad para ejercer prerrogativas como conceder clemencia o denegar el ascenso real para proteger a los individuos y mantener los controles institucionales sobre el poder del Estado.

Pináculo del estatismo

Eliminar a la Corona de la Constitución es un requisito previo vital para revisar las instituciones de gobierno centralizadas y estatistas de Gran Bretaña.

Por otra parte, podemos ver en los bienes de la Corona una institución que da poder al Estado a expensas del libre mercado. Valorado en más de 15.000 millones de libras esterlinas, el Estado posee tierras con derechos sobre vastos yacimientos de minerales, metales preciosos y recursos naturales. Aunque el Estado a veces arrienda derechos de minería y perforación al mercado, ha negado a los agentes privados la capacidad de adquirir, comerciar y explorar libremente sus propiedades. Se convierte, así, en un vehículo para la planificación central estatal de los recursos naturales y la extracción de rentas económicas. A diferencia de las grandes carteras privadas, el Estado no puede quebrar. Esto reduce los incentivos para maximizar los beneficios o vender tierras para un uso más productivo cuando los ingresos son bajos.

Privilegios

Por último, existe un argumento liberal contra el privilegio legal hereditario. El Rey sigue sin poder ser procesado legalmente y no existe ningún mecanismo constitucional para apartarlo del poder. Aunque no tenemos por qué oponernos a la riqueza y las oportunidades heredadas per se, los liberales deberíamos sospechar cuando esos privilegios heredados se sustentan en el poder del Estado.

Dicho esto, la monarquía es una institución bastante benigna que llena a mucha gente de un sentimiento de estabilidad y orgullo nacional. ¿Quién soy yo para negárselo a la mayoría de los británicos que apoyan la monarquía? Siento un enorme respeto por la difunta Reina Isabel II y otros miembros de la realeza, como el Rey, la Reina Camilla y la Princesa Ana, cuyos rasgos de carácter inconformista y compromiso con el deber son admirables.

Espero que algún día se pueda convencer a un número suficiente de personas para que se opongan a la monarquía como parte de un movimiento más amplio que impulse a Gran Bretaña en una dirección más liberal. Hasta entonces, sólo puedo desear al Rey lo mejor en la ingente tarea de estar a la altura del legado de su difunta y gran madre.

Entre el liberalismo y la democracia

El nuevo gobierno israelí ha propuesto una ley que limitaría el poder de su poder judicial no elegido. La reforma impediría al Tribunal Supremo anular leyes simplemente por ser “irrazonables”. Permitiría a la Knesset -el poder legislativo israelí- anular decisiones por mayoría de votos. Reformaría el actual proceso de selección judicial, en el que los jueces tienen mucho que decir a la hora de elegir a sus sucesores, y en su lugar permitiría a la Knesset una influencia mucho mayor en la selección.

No es de extrañar que estas propuestas hayan sido muy controvertidas, no sólo en el propio Israel, sino en todo el mundo. Pero quizá lo más sorprendente ha sido un estribillo constante: las propuestas son antidemocráticas. Incluso el Secretario de Estado de Estados Unidos lo insinuó en su última visita, expresando su preocupación por la “importancia fundamental de los principios e instituciones democráticos”. A primera vista, estas críticas parecen muy extrañas. Bajo la simple definición de democracia, estas propuestas parecen bastante democráticas, transfiriendo más poder a los representantes del pueblo de una oligarquía que se autoperpetúa. Y el despliegue de este tipo de crítica democrática incongruente no es exclusivo de Israel. Cuando Polonia reformó su poder judicial para dar más poder a sus ramas representativas, sus acciones fueron calificadas de antidemocráticas. Incluso la anulación de Roe contra Wade ha sido calificada de antidemocrática, aunque Dobbs devuelve la política del aborto a las decisiones de los ciudadanos de varios estados.

Quizá esta inversión lingüística pueda descartarse simplemente como la transformación de un concepto político en un epíteto. Fascista se utiliza a menudo como término de oprobio para atacar cualquier idea de derechas que disguste a un orador de izquierdas; quizá “antidemocrático” siga una trayectoria similar. Pero, en mi opinión, las razones son más complicadas. Lo que pasa por ser el ideal moderno de democracia en Occidente no es el gobierno puro del pueblo, que era lo que definía la democracia en la época clásica. En su lugar, la democracia actual es una abreviatura de la democracia liberal representativa. Y el problema es que el liberalismo está en tensión sustancial con la democracia porque pretende poner (algunas) libertades más allá de (algún) grado de control democrático. Por tanto, “antidemocrático” puede utilizarse para decir que las líneas trazadas entre liberalismo y democracia son incorrectas. Pero el concepto de democracia liberal en sí mismo no nos dice cuáles son las correctas y, por tanto, la crítica es indeterminada y siempre está disponible como ataque partidista.

¿Democracia liberal o democracia liberal?

Una forma de intentar que las líneas sean más determinantes es entender la democracia como el valor principal de la democracia liberal, siendo el liberalismo sólo un instrumento para promover la democracia. Así, a veces se dice que la libertad de expresión debería limitarse al discurso político porque sólo ese tipo de discurso es necesario para que la democracia funcione. John Hart Ely escribió un famoso libro, Democracy and Distrust (Democracia y desconfianza), en el que justificaba el liberalismo aparentemente expansivo del Tribunal Warren como un esfuerzo por perfeccionar la democracia protegiendo el derecho de voto y deshaciéndose de la legislación que se basaba en estereotipos y no en una verdadera deliberación democrática.

Pero no está claro hasta qué punto esto ayuda a que las líneas sean más determinantes. En primer lugar, muchas libertades pueden contribuir al florecimiento de la democracia, pero no obstante tienen costes que pueden motivar incluso a mayorías bienintencionadas a suprimirlas. El arte y la literatura, así como la expresión política, ayudan a la gente a imaginar futuros diferentes que contribuyen a las decisiones políticas. Pero estas amplias protecciones de la libertad de expresión también pueden proteger la indecencia y otros vicios que pueden hacer que la sociedad sea menos civilizada. Por lo tanto, es difícil trazar la línea a priori para determinar hasta dónde debe llegar la libertad de expresión para promover la democracia. Además, la propia democracia es un concepto controvertido. ¿Hasta dónde debemos preocuparnos por proteger la deliberación profunda a expensas de una lectura más cruda de las preferencias de la mayoría?

En su lugar, podríamos intentar trazar líneas que hagan de la democracia el instrumento de la libertad y no al revés. Históricamente, muchas sociedades se preocuparon por proteger las libertades frente a los gobernantes y recurrieron a la democracia porque era un mecanismo mejor que la monarquía y otras formas de gobierno que podían ejercerse fácilmente por decreto personal.

Esta visión de la relación entre democracia y libertad lleva naturalmente a los partidarios a sentirse más cómodos con las limitaciones del proceso democrático, ya que la protección de los derechos es primordial para empezar. Además, los mecanismos que ralentizan el proceso democrático (como el bicameralismo), o lo fragmentan (como el federalismo), ayudan a evitar que la democracia actúe por decreto de la mayoría, lo que no es tan diferente del gobierno personal que los defensores de la libertad consideran una amenaza.

Pero, de nuevo, no está muy claro dónde trazar los límites. Una vez que se reconoce que la elección democrática puede ser importante para proteger la libertad, hacer que la democracia sea demasiado rígida o proporcionar un conjunto de derechos demasiado detallado puede socavar tanto la democracia que provoque una reacción contra la libertad.

Una última opinión es que tanto la libertad como la democracia son bienes humanos importantes. Ninguno puede reducirse a ser el instrumento del otro. La capacidad de participar con otros en la gobernanza es parte de lo que nos permite florecer en sociedad: el hombre es un animal político y la democracia es, por tanto, tan propicia para su bienestar como el comer. Pero la libertad, es decir, la capacidad de llevar a cabo los proyectos que uno elija y de poseer los bienes que se ha ganado, también forma parte de lo que permite una vida floreciente.

Esta visión de la relación entre democracia y libertad tiene sus atractivos: Es intuitivamente plausible que una criatura que es social, pero que también tiene un fuerte sentido de sí misma, deba tener un orden político que respete tanto su naturaleza individual como social. Pero tal pluralismo de valores políticos hace aún menos obvio dónde trazar la línea entre el control democrático y la libertad individual.

La democracia liberal como régimen mixto

En cualquier caso, el liberalismo en la democracia liberal moderna es tan importante que, en los términos de la filosofía política clásica, transforma una democracia en un régimen mixto. En concreto, nuestro régimen mixto moderno mezcla elementos democráticos y oligárquicos. Por su naturaleza, los derechos otorgan poder a aquellos grupos de ciudadanos que pueden utilizarlos con éxito. Los derechos de propiedad, por ejemplo, dan más poder a los que tienen propiedades que a los demás; los derechos de libertad de expresión dan más poder que a los demás a la clase parlanchina que escribe y habla para ganarse la vida. Por tanto, estos grupos tienen un poder adicional al de la mayoría de los ciudadanos que se deriva directamente de las normas del régimen. Incluso la necesidad de una revisión judicial para resolver las complejidades de la democracia liberal y proteger los derechos recogidos en su constitución otorga poder a un grupo concreto: los abogados. Los abogados a veces median entre otras clases y a veces reflejan los intereses de unas más que de otras. Por ejemplo, a principios de la república, los abogados reflejaban sobre todo los intereses de la clase comercial propietaria. Hoy reflejan sobre todo los intereses de la clase intelectual.

Esto hace aún más difícil trazar la línea divisoria entre los elementos liberales y los elementos democráticos en la constitución de una sociedad. Hay que tener en cuenta los efectos dinámicos del poder creado por los distintos derechos porque los grupos con poder probablemente utilizarán sus derechos para intentar cambiar las reglas del régimen a su favor. Por desgracia, como no nos gusta admitir que nuestras sociedades son regímenes mixtos y no democracias, es difícil hablar abiertamente de esta dinámica.

Tradición y circunstancia

El análisis anterior sugiere que conseguir la combinación adecuada de elementos liberales y democráticos en la democracia liberal es muy difícil, independientemente de si se prioriza la democracia, la libertad o ninguna de las dos. También sugiere que es poco probable que haya una respuesta correcta para todas las sociedades. Las tradiciones y circunstancias de cada una afectarán sin duda a la necesidad de algunas líneas particulares y a los efectos dinámicos de la mezcla.

Por lo tanto, cualquier denuncia de los cambios propuestos por el gobierno israelí como antidemocráticos es una grandilocuencia simplista. La verdadera cuestión es si los cambios darán lugar a una democracia liberal mejor que la antigua.

Ciertamente, la autoridad de los jueces en Israel para invalidar la legislación por ser “irrazonable”, combinada con su poder para elegir a sus propios sucesores, sugiere que el poder judicial posee poderes arraigados y amplios de un tipo raramente visto en Occidente. Su alejamiento de las normas de revisión judicial y selección judicial debería hacernos sospechar de la sensatez de esta estructura.

Por otra parte, el propio Israel presenta ciertas características inusuales. Se encuentra continuamente bajo una amenaza existencial. Tiene una fuerte religión estatal en el judaísmo, pero sufre un grave conflicto entre judíos religiosos y judíos seculares, así como entre judíos y minorías religiosas. Esto hace que su política parlamentaria sea muy inestable. A diferencia de la mayoría de las democracias, su política no se centra principalmente en cuestiones distributivas: las religiosas y militares también importan en la toma de decisiones políticas cotidianas. Por ello, las coaliciones gobernantes tienen aún menos probabilidades que en otras naciones de formar mayorías democráticas coherentes sobre una cuestión concreta, lo que quizá haga más apropiada una mayor supervisión judicial. Aun así, para una persona ajena al país, el poder judicial en Israel parece muy extremo.

Independientemente de la suerte que corra la nueva legislación, Israel, como otros grandes países occidentales, seguirá siendo una mezcla incómoda y combustible de elementos democráticos y liberales.

Los pesimistas de nuestro tiempo

Hace unos días asistí a una conferencia en una prestigiosa institución académica de Madrid que destaca, entre otras cosas, por la pluralidad de los temas que se tratan en sus distintas aulas, debates y publicaciones, es decir, que se caracteriza por ser un abanico de posibilidades, tanto por los portavoces que discurren a su estrado como las ideas que ahí se vierten, aunque a veces rocen el imaginario de lo utópico, esto es, radicalidad y exceso en términos de propuesta.

En concreto y para no faltar a la verdad, cabe decir que en aquel conversatorio daba la impresión de estar frente a una ponencia acerca de las alegóricas nostálgicas del leninismo, pero trasladado y adaptado al siglo que aquí nos tiene. Lo cierto es que muchas cosas no han cambiado desde entonces; todavía hay adeptos a aquellas ideologías que la humanidad bien conoce y que defienden nuevas definiciones de cuestiones que hoy no caben en una sociedad no poco distinta, pero valorable en cuanto a la experiencia vivida. Es más, resulta hoy más incomprensible la radicalidad de las adaptaciones y es más condenable aún, precisamente, por el hecho de que no es una verdad menor que el ser humano, como individuo y como animal social, ha cambiado poco. Pero en su agrupación y concepción como sociedad libre, ésta ha evolucionado hacia nuevos paradigmas a los que enfrentarse con contundencia y seriedad. Eso es, por lo menos, lo que uno espera, más aún en un momento y contexto como el que hoy nos toca vivir.

En aquel acto se profirieron ideas o conceptos como ‘ecofeminismo’, ‘democracia asamblearia’ o ‘poderes mediáticos’. Cabe decir que no fue una sorpresa las corrientes políticas que allí se denotaron –tanto por la temática como por los ponentes–, sino la espontaneidad y seguridad con la que se defendían cuestiones que hoy parecerían difíciles de encajar en el imaginario colectivo, aunque se las intente trasladar al día a día de ciudadanos que tienen otras ocupaciones y que poco les importa la política y los políticos. No obstante, frente a ello, se puede caer en el error si nos detenemos solo a discutir que aquellas ideas o propuestas son solo metáforas de corto calibre, cuando la izquierda más radical ha entendido que la batalla política es, por encima de todo, cultural y que se debe librar en los medios de comunicación y en las aulas, con el objetivo de articular ‘normalidades’, tal y como hoy ocurre.

Libertad, se decía al referirse a la forma de democracia que ellos defendían, es poder elegir en el día a día, reduciendo la significancia de tal idea a un simple valor de sufragio repetitivo. En oposición, cabe decir que el individuo hoy sí concibe la libertad, con una consistencia y consciencia aún mayor, pero no bajo el sentido de la vinculación directa y permanente con el poder público. Al contrario, prima en el ‘hombre moderno’ otro sentimiento hacia tan importante principio. Precisamente, Benjamín Constant se refirió al ‘hombre moderno’ y su acepción a la libertad, cuando sostuvo, en el Ateneo de París en 1819, que “la finalidad de los modernos es la seguridad de los goces privados; y ellos llamaban libertad a las garantías acordadas a esos goces por las instituciones”.

Encaminados, en consecuencia, en la lógica de atracción de las nuevas identidades que abraza, llamémosle socialismo o comunismo de nuestro tiempo, el discurso de los conferenciantes no dejo de lado la estela que precede a nuestro tiempo y la imposición de mensajes sobre la base de la adaptación que los adeptos a esas ideologías ponderan empecinadamente. Por ello, se rubricaron frases como que el capitalismo está viviendo una etapa fatídica y que la idea del libre mercado está llegando a su fin porque, sencilla y llanamente, es la realidad de los hechos la que nos lo testifica.

Lo cierto es que, más allá del debate sobre la supervivencia de la democracia o de la crisis del liberalismo en nuestro tiempo, cuyo análisis trae consigo más elementos para reafirmar lo contrario, al menos en las sociedades occidentales donde la dignidad humana y la libertad del individuo sí tienen precedentes sólidos desde el arraigo a las ideas vinculantes a la ley y la igualdad, y el valor de la persona como individuo libre en relación constante con el otro, cabe decir, que los defensores de aquellas ideas, bien podamos llamar ‘liberticidas’, deben ser vistos como los pesimistas de nuestro tiempo, dado que el ser humano, más aún en un entorno democrático y a pesar de las grandes dificultades que todavía arrastramos en términos sociales, políticos y económicos, nunca antes había experimentado tal nivel de desarrollo, crecimiento y bienestar. Descifrando aquello, Johan Norberg señala en Progreso que vivimos en el mejor momento de nuestra historia y, sin embargo, se ha extendido la creencia generalizada de que el mundo va exageradamente peor.

No extraña, por tanto, la usurpación de los mensajes y su proliferación en beneficio del interés particular de los colectivistas. La democracia asamblearia, amparada por justificaciones como la participación ciudadana, no es una idea nueva ni nueva es su intención de promocionarla frente al carácter innatamente representativo de la democracia moderna. Porque, cierto es, que la participación del ciudadano es necesaria, pero no debe ser ésta la que remplace el sistema en que políticamente vivimos porque estaríamos cayendo en un error incompatible con la democracia tal y como hoy la conocemos y la concebimos. Esa particular idea resulta, por tanto, antidemocrática y antiliberal, y es una expresión antagónica a las bases democráticas sobre las que sostiene nuestro sistema, aunque, invocando a la libertad y a la democracia se quiera manifestar y convencer de lo contrario.

En medio de la turbiedad de la colectividad, el individuo siempre perderá su condición de tal, sujeto de derechos y obligaciones ante la ley, cuando éste se doblega en la masa enervada que todo lo abarca y cuando se somete, ineludiblemente, a una élite autoritaria. La persona nunca ha pensado en forma colectiva porque es imposible hacerlo, el grupo siempre será manipulable ‘a lo grande’, por ello, la democracia asamblearia en enfrentamiento con la representación política presentará muchos vicios. El hombre moderno (Constant), como se dijo, tiene otras ocupaciones y preocupaciones vinculadas al mundo volátil, de cambios y presiones que nos toca vivir, pero siempre rescatará ese valor que lo dispone en su día a día: la libertad.

Nunca se ha reivindicado tanto la democracia por quienes la repudian. No hay democracia sin ciudadanos libres y conscientes de su condición y del entorno en el que viven. Son muchos los interesados en confundirnos para convertirnos en seres más fácilmente manejables, especialmente aquellos pesimistas que en nombre de la democracia pretenden destruirla.

El Motín de Esquilache

En 1763 finalizaba la Guerra de los Siete Años de la que España había salido muy perjudicada. El monarca que reinaba en aquella época era Carlos III, hijo de Felipe V, que sucedió a su hermano Fernando VI en el trono en 1759. 

Motín de Esquilache, atribuido a Francisco de Goya 
(ca. 1766, colección privada, París)

Carlos tenía la firme decisión de implementar las ideas ilustradas que recorrían toda Europa a la monarquía hispánica, quería una reforma política, económica y social del país. Aunque si bien es cierto, la crítica francesa ilustrada a las instituciones del Antiguo Régimen encontró poco apoyo en España ya que tanto los gobernantes como el pueblo español seguían siendo profundamente católicos y fieles al absolutismo. Se buscaba, por lo tanto, un cambio en la administración, en la economía y en la educación, y no tanto de filosofía. 

Para esta tarea de modernización Carlos III optó por nombrar a ministros extranjeros, a los que tenía mucha simpatía, en particular a los italianos debido a su reinado en Nápoles y Sicilia. Los dos principales fueron el marqués de Grimaldi como Secretario de Estado, y nuestro protagonista, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, como ministro de Hacienda. 

Como hemos señalado anteriormente, la Guerra de los Siete Años había dejado una situación económica muy complicada a la monarquía hispánica, produciendo una alta inflación, que sumada a las malas cosechas provocó una subida generalizada de los precios. Sumado a todo ello, Esquilache elevó gran cantidad de impuestos, estas medidas provocaron un malestar generalizado en los súbditos de la Corona. 

La gota que colmó el vaso fue el intento de Esquilache de hacer cumplir una antigua ley que prohibía a los hombres llevar en Madrid sus chambergos de ala ancha y sus largas capas so pretexto de que eran una tapadera para el crimen ya que se podía esconder fácilmente un arma. Esto se vio como un ataque a una manera de vestir de pura tradición española, aunque paradójicamente esta moda había sido introducida apenas cien años atrás por el duque Schomberg y popularizada por Mariana de Austria en la capital. Esto provocó un episodio de revueltas y motines entre el 23 y el 26 de marzo de 1766 al grito de “¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Muera Esquilache!

En la capital se asaltaron las viviendas de los ministros italianos e incluso el propio rey se vio forzado a trasladarse a Aranjuez, tras varios días Carlos aceptó las condiciones impuestas por los insurrectos en humillantes condiciones, entre ellas estaba el destierro del marqués de Esquilache, revocación de la medida de los atuendos y la bajada de los precios de los alimentos. 

Según la versión oficial, estas revueltas no solo fueron un movimiento en contra de la imposición de Esquilache sino un intento de alterar la estabilidad del gobierno por vía insurreccional. La verdadera causa de las revueltas fue, como en casi todas las ocasiones, el hambre. Hay algunos historiadores que defienden que este motín fue motivado por grupos de nobles y eclesiásticos que deseaban expulsar a los ministros extranjeros y paralizar las reformas que querían imponer. Las dos versiones siguen hoy día a debate, V. Rodríguez Casado sostiene que las revueltas fueron planeadas con el consentimiento de los jesuitas, esta acusación pudo ser utilizada por el gobierno para expulsar a la orden un año después, en 1767. En cambio, también hay otros historiadores como C. Eguía en su obra Los Jesuitas y el Motín de Esquilache, que defiende que fue un movimiento espontáneo por parte de la población. 

Sea como fuere lo cierto es que este suceso es uno de los acontecimientos más significativos dentro de la política interior del reinado de Carlos III y deja vislumbrar la resistencia que había en el pueblo español a las ideas ilustradas y que cimentaría la resistencia contra los franceses en 1808.

Refundar Ciudadanos: la quimera naranja

La formación naranja contó, y todavía cuenta, con un caladero de votos entre los que se identifican como liberales

A nadie se le escapa que el partido que un día casi atrapó al PP se encuentra hoy en horas bajas. Tras perder varios de sus gobiernos de coalición, su presencia en ejecutivos autonómicos (Murcia, Madrid, Castilla y León, y más recientemente, Andalucía), perdiendo incluso, en algunos casos, su representación parlamentaria, y ante unas encuestas que le sitúan también fuera del Congreso de los Diputados, Ciudadanos ha decidido refundarse.

A priori, lo de “refundación” puede sonar a estrategia de marketing para atender a las presiones internas que demandan cambios, o para recuperar notoriedad en prensa y redes sociales. Bien planteado, puede ser una buena oportunidad para definir una opinión propia sobre temas controvertidos en torno a los que otros partidos no quieren o no pueden permitirse hablar, para poner nuevas cuestiones en la agenda política, para llevar a cabo una defensa de un liberalismo más amplio y, quién sabe, si incluso así recuperar algo del voto perdido.

Inés Arrimadas durante el Comité Ejecutivo del partido político Ciudadanos, verano 2022.

Pero a la palabra “refundación” en este caso, le sigue la de “liberal”. Ciudadanos pretende así un rearme ideológico que les muestre, a ojos de sus electores y, en especial del votante liberal, que son la única alternativa con posibilidades y que tiene un discurso coherente en defensa de la libertad individual en todas sus esferas.

Ciudadanos nunca fue un partido liberal al uso. No es el FDP en Alemania, Iniciativa Liberal en Portugal, ni siquiera los tories en el Reino Unido. Y no, no basta con formar parte del grupo liberal del Parlamento Europeo o de la alianza mundial Liberal International. Tampoco basta con que algunas de los perfiles que engrosan las filas de las formaciones políticas tengan una trayectoria notable en la defensa del liberalismo. La ideología de líderes y figuras destacadas de los partidos no es baladí pero tampoco determinante. Ello dependerá de la posición de estos líderes y su capacidad para influir en la toma de decisiones y, en especial, en los posicionamientos del partido.

Los partidos, aunque parezca que cada vez es menos cierto, se nutren de ideas. Quizás un tanto inconcretas o incoherentes en algún momento, pero al fin y al cabo, ideas.

Liberalismo y feminismo

Hasta la fecha, lo único que sabemos de la refundación ideológica de Ciudadanos está recogido en el decálogo que compartieron hace unos días en su página web y sus redes sociales. Diez principios prudentes en algunos casos, inconcretos o incoherentes en otros, pero que dejan entrever algunos guiños para conectar con un electorado que poco a poco ha ido dejando de sentirse identificado con los planteamientos y decisiones tomadas por el partido. Quizás uno de estos planteamientos sea el adoptado respecto a las reivindicaciones de cierta parte del movimiento feminista.

El segundo de los diez mandamientos de la refundación, que habla de la igualdad de todos los ciudadanos, añade una referencia sobre el feminismo. En concreto, proclama la negativa a “aceptar interpretaciones divisivas del feminismo, ni de la redistribución ni de la brecha generacional”. Una afirmación ambigua que no deja claro lo que pretende expresar. ¿Un rechazo de la pluralidad de corrientes y posiciones intrínseca al movimiento feminista? ¿Un intento por recuperar las tesis que en 2015 les llevaron a proponer la reforma de Ley Integral contra la Violencia de Género y que fueron cediendo a favor de las presiones de la izquierda hegemónica?

Si bien el primero de los principios del decálogo proclama la protección de la esfera individual y la autonomía de las personas y situaba la libertad como único dogma, el quinto punto recoge una afirmación un tanto peliaguda. A saber, el reconocimiento de los elementos prepolíticos que conforman la nación y la preexistencia de la misma a la formación de nuestra democracia. Todo ello sin especificar de qué elementos se trata o cuál es su importancia y, dejando algunas dudas sobre la posición jerárquica en la que se sitúan esos elementos respecto de los derechos y libertades de los individuos.

Derechos humanos

El séptimo punto del decálogo parece abrir una brecha en la línea políticamente correcta que había asumido la formación naranja en los últimos años, si bien se echa en falta una mayor contundencia. La afirmación que “la mejor manera de proteger el medio ambiente es fomentar el desarrollo económico y la investigación” junto con la mención a cómo “la inestabilidad internacional obliga a dotarnos de los recursos suficientes” deja entrever una tímida crítica a la situación en la que las políticas ecologistas aplicadas hasta el momento nos han dejado. Subordinando la libertad individual ante medidas que, o bien no contaban con respaldo empírico alguno o que nos han dejado a merced de las decisiones de países que no respetan los derechos humanos, el imperio de la ley o la soberanía de Estados independientes.

Lejos de caer en un discurso ingenuo, pues quien esto escribe es consciente de las dinámicas propias de la política que alejan a los legisladores de la realidad cotidiana o de que las purezas ideológicas se terminan cuando los partidos empiezan a ganar notoriedad, votos, y no digamos cuando tocan poder, todas estas cuestiones no pueden ser la excusa a la que aferrarse para renunciar a los principios.

Los principios sirven para dar contenido y desarrollar posicionamientos políticos, sirven de guía y, sobre todo, de línea roja, pero necesitan coherencia y concreción. Son las decisiones concretas y la coherencia entre ellas, y no las declaraciones de principios, las que miden el compromiso de una formación política con unas ideas.

Ciudadanos contó, y todavía cuenta, con un caladero de votos entre los que se identifican como liberales. Según el último barómetro del CIS (julio 2022), el 36,8% de quienes se dicen liberales votarían en unas supuestas elecciones generales a Ciudadanos, frente al 24,6% que lo haría por VOX y el 22% que se decantaría por el PP. De la habilidad de quienes lideran la refundación y de la valentía, coherencia y credibilidad que transmitan al electorado, dependerá que sean capaces de aglutinar un mayor porcentaje.

En defensa de lo irracional

Hace años, leyendo el libro Las trampas del deseo de Daniel Arieli, me molestó mucho cierta tendencia a menospreciar la razón oculta o instintiva que tenemos las personas a la hora de comportarnos.

Por ejemplo, Arieli describe lo irracionales que somos a la hora de escoger la bebida que ordenamos al camarero cuando acudimos al local acompañados de más personas. Al parecer, en vez de escoger lo que racionalmente tendríamos que desear, nos vemos influidos por las decisiones de los demás. Y eso le parecía tan malo que propone escoger las bebidas de forma que nadie sepa qué piden sus acompañantes hasta que estén todas las bebidas ordenadas.

Con los años, esta idea, que de primeras ya me pareció absurda, ha ganado terreno en mi cabeza como una de las raíces de la deriva absurda al que nos está conduciendo el mundo intelectual.

Si una persona decide entrar en un bar con otros seres humanos, no hace falta ser muy inteligente para entender que tiene algún interés social o profesional con ellos, y, por tanto, todo lo que haga durante su estancia irá dirigido en torno a esa relación, no en su mera preferencia en el consumo de bebidas. 

¿Es esto racional? No, es humano. Eso significa que puede ir en interés de la persona actuar así, o no, según las circunstancias, ya que no hay un análisis consciente a la hora de tomar la decisión. Pero encaja perfectamente en cómo se comporta una persona sana, que no tiene tiempo para analizar cada cosa que hace y se fía de lo que conocemos vulgarmente como instinto.

Al liberalismo económico se la ha acusado muchas veces de ver al ser humano como una especie de ordenador aislado que sólo piensa en maximizar sus beneficios. Doctores tiene la iglesia, así que no voy a refutar esa caricatura. Pero sí creo que el mundo intelectual tiende a juzgar demasiadas situaciones desde una perspectiva racionalista, y el liberalismo puede caer en este vicio.

El mes pasado expliqué el caso de José Lomas, un librero de 77 años que disparó tres veces a un asaltante en mitad de la noche. Por desgracia, mis sospechas fueron acertadas, y la ausencia del más mínimo apoyo mediático ha hecho que este señor pase a ser juzgado como un homicida corriente. José mató a alguien que decidió asaltar su domicilio en una secuencia de acciones rápidas e imprevisibles, pero para la justicia es como si hubiera matado al primer tipo que pasó por delante de su puerta a sangre fría.

Pero, dejando a un lado a los medios de comunicación, lo cierto es que nos hemos encontrado con la necesidad por parte de muchas personas, que no carecen de inteligencia, de realizar un análisis racional, humanista y centrado del suceso. Y dado que aplicar la racionalidad a un asalto a una finca apartada en mitad de la noche es una completa estupidez que descalifica a cualquiera que lo intente, seguramente haya que volver a aclarar algunos conceptos básicos para intentar sacarles de su error.

Veamos, tienes 77 años, con la capacidad física y mental asociada a esa edad. Vives a 3 kilómetros del casco urbano de una ciudad mediana. En mitad de la noche, con total oscuridad, sales a ver qué ocurre en tu patio y te encuentras con un extraño 40 años más joven que tú. ¿Qué proceso racional se produce en ese momento en la cabeza de José?

Ninguno. Nadie, y menos una persona sin entrenamiento de ninguna clase y de esa edad, se pone a pensar qué debe o qué no debe hacer. No analizas al agresor más que por características muy generales (¿es humano? ¿es adulto?) y reaccionas de las dos formas que todo mamífero utiliza ante una amenaza: atacar o huir.

Somos humanos, no máquinas. No pensamos igual con el corazón a 80 pulsaciones que a 160. Con luz o a oscuras. Solos o acompañados. En pleno siglo XXI no creo que haya que explicar todo esto, pero al parecer hay personas que se empeñan en juzgar estas situaciones como si fuera el dilema del tranvía. En el mundo real no hay decisiones, sino reacciones.

En muchos países existe la doctrina castillo por una razón muy sencilla: el que inicia la agresión a una morada es el responsable de la reacción que desencadena en su morador. Y es responsable porque esa reacción es altamente impredecible. Y esa incertidumbre no puede ir en contra de la víctima del asalto.

Pero aquí, en España, el mundo intelectual ha decidido que ante este tipo de situaciones los ciudadanos somos responsables de actuar con proporcionalidad y raciocinio. ¿Es eso posible?

No, no lo es. Así que la élite intelectual española le está imponiendo a toda la ciudadanía, y concretamente a la que está más expuesta a la violencia, unos parámetros de actuación imposibles. O, dicho de otra manera, está provocando que cualquiera que repela con violencia un asalto sufra algún tipo de condena judicial.  

La propiedad privada no vale más que una vida, dicen desde su petulante ignorancia. ¿Qué clase de estúpido dilema es ese? Aquí hablamos de acciones y reacciones humanas básicas y perfectamente comprensibles por todo el mundo, menos por aquellos a los que ciertos libros les han atrofiado la mente.

Es la naturaleza humana, y esa irracionalidad que tanto detestan, la que ha mantenido a lo peor de la sociedad lejos de las moradas ajenas cuando sus habitantes estaban dentro. Y la necesidad física de recargar el arma tantas veces como sientas que debes hacerlo mientras que la amenaza exista en tu cabeza, lo que ha mantenido vivo a nuestros antepasados que han tenido la desgracia de ver su vida amenazada.

Es hora de dar al mundo intelectual que se empeña en ignorar el comportamiento humano natural el desprecio que se merece. Es hora de defender abiertamente lo irracional.

Sobre Borges y el libro de Martín Krause

Mi admirada Irune, subdirectora de esta casa, me mandaba un pantallazo del libro “Borges y la economía” de Martín Krause, editado por Unión Editorial. Al día siguiente lo tenía en casa. Así funciona la innovación, también conocida como capitalismo, y que algunos quieren repensar. Que repiensen lo que quieran, con el dinero de los demás por cierto, pero que no nos protejan de comprar algo y tenerlo al día siguiente, por favor. Un día es un libro y otro es un medicamento.

El libro es precioso y sentí ganas de escribir sobre ello. Desde este rincón doy mi enhorabuena a Unión Editorial y a Martín Krause. 

Los que defendemos las ideas de la libertad estamos demasiado acostumbrados a oír sobre Hayek, Mises o Friedman, eminencias a las que no me corresponde quitar mérito. También oímos hablar mucho sobre el liberal Mario Vargas Llosa o sobre la escritora rusa Ayn Rand. Rara vez se escucha en esta batalla, que algunos creemos necesario librar, a Jorge Luis Borges. 

Empezaré fuerte, diciendo que la obra de Borges es bastante más libertaria, anarquista, minarquista o liberal, como cada uno le quiera llamar a “dejar-en-paz-al-de-al-lado”, que la obra de Vargas Llosa. Separando al escritor del pensador, la obra de Vargas Llosa, no se sienta lejos de García Marquez, por poner un ejemplo cercano. Y lejos de debatir, porque no me corresponde ni me interesa, el porqué de ese giro copernicano, diré que los valores que defiende Borges en su vida y en su obra responde más al liberalismo clásico que casi cualquier otro escritor que podamos pensar.

Aquella frase del profesor Bastos, que tanta enjundia tiene a la vez que sorna en redes y dice “capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa”, es lo que vemos repetidamente en la obra de Borges. El escritor no habla de estados, de impuestos, banderas o ni siquiera de países, Borges habla de individuos, como casi lo único real. Borges no necesita exponer al siempre excitante Howard Roark, ni aquella heroína Dominique Francon, encima de edificios viendo como los hombres de bien vencen a los hombres colectivistas. Borges comparte historias que comienzan siendo aparentemente humildes pero acaban situando al hombre en medio de todo, como piedra angular de la vida como la conocemos. 

Tenemos al hombre que se pregunta si puede existir otro hombre en su propio sueño, en ese cuento que se llama “Las ruinas circulares”; tenemos a dos Borges encontrándose en un banco obviando el tiempo en “El otro”, como si el hombre pudiera superar en alguna realidad o en el futuro los límites el tiempo. ¿Quién podría hacerlo sino el hombre?. Tenemos a Pierre Menard intentando escribir, otra vez, “El Quijote”; tenemos a Funes, capaz de recordar todo, capaz de contener un “Aleph” en su memoria; tenemos los cien poemas que mencionan a Heráclito con la cuestión del ser. Y con el hombre, Borges, también hace mención y homenaje a los oficios, todos ellos respetables hasta el extremo de la admiración, por esos cuchilleros apátridas a los que solo les queda el honor de ser quiénes son. Tenemos esa crítica con el fino estilo borgiano al “azar” en la lotería de Babilonia, donde el trabajo duro ha dejado paso al “azar” convirtiendo en tiranía lo que era la democracia. No sé si les suena. O esos “inmortales” que, privados de la muerte, se dan cuenta que están privados de su capacidad de ser hombres, ese “salario mínimo vital” que es saber que al día siguiente seguirás vivo pase lo que pase dejando incluso, como se describe en el cuento que un pájaro, “anidaba en su pecho”.
Aunque nos hagan creer que el capitalismo es “American Psycho” de Easton Ellis, está en nuestra mano demostrar que el capitalismo es ser honrado, ahorrar, usar la cabeza e intentar sobrevivir con dignidad. No hay otra cosa, como diría Bastos.

Madrid contra el comunismo

“María, tienes que votar a Ayuso. Todo lo demás es comunismo”. Esta frase me la dijo un miembro del PSOE. Uno de los socialistas de toda la vida que ya ha agotado su inventiva para tratar de defender lo que está haciendo el sanchismo. Me lo dijo en privado y no voy a revelar su nombre, entre otras cosas, porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Me explicó que no creía que Edmundo Bal fuera a sacar votos suficientes y “votar a Gabilondo es votar a Pablo Iglesias”. Me lo dijo antes del destape del candidato socialista en el debate de televisión.

La campaña de la izquierda en la Comunidad de Madrid, con la inigualable ayuda del Gobierno de la nación, ha tenido varios componentes, entre los cuales, destaca el miedo. En concreto, miedo a los fachas. Yo no tengo ninguna duda de que, para Ayuso, gobernar con Bal tiene que ser más fácil que gobernar con Monasterio. Pero Vox es uno de los partidos que ha permitido que el PP y Ciudadanos gobiernen en Madrid, ¿por qué habría que temérseles ahora? ¿Qué cosa tan terrible van a hacer?

Así que, como estrategia complementaria, la campaña de la izquierda ha tratado de desmontar todo aquello que hace que los madrileños, voten lo que voten, estén a gusto en la Comunidad de Madrid. Sin estridencias, con fallos en la administración, con errores políticos descontados, pero a gusto. O al menos, más a gusto que en otras comunidades autónomas.

Este sentimiento se ha reforzado durante la gestión de la pandemia, con el resultado de que la actividad económica ha sufrido menos y los ciudadanos, dentro de las restricciones que nos agobian a todos, llevamos una vida más normal. Le pese a quien le pese, la gestión de Ayuso es ejemplo en varios países porque ha logrado un equilibrio complicado entre rigor sanitario y apertura económica.

En consecuencia, el gobierno de la nación decidió abrir el frente de los impuestos, que es una de las banderas de Ayuso, levantada por el Consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

A riesgo de poner en evidencia otros regímenes fiscales privilegiados, se señaló a Ayuso y a los madrileños como insolidarios con el resto de las regiones. No importa que sea una de las comunidades que más aporta, no importa que en España exista libertad para que las autonomías gestionen la parte de los impuestos cedida por el Gobierno de la nación como más les convenga. Madrid es egoísta e insolidaria porque lo hace mejor.

En cambio, hay un silencio absoluto hacia el régimen foral de País Vasco y Navarra, cuya excepcionalidad histórica les permite recaudar todos los impuestos y ceder al gobierno la parte correspondiente. Ya lo denunció Luis Garicano el pasado noviembre en el Parlamente Europeo con ninguna repercusión.

El siguiente foco se ha centrado en la gestión sanitaria. Y aquí, han disparado a todo lo que se mueve. Si los hospitales privados han colaborado con los públicos en los primeros momentos, malo. Si algunos hoteles también han servido de desahogo para el cuidado de los pacientes en cuarentena, malo. Si se construye, en tiempo récord, un hospital público, especialmente diseñado para la atención a los afectados por la pandemia, peor.

La crueldad en este tema ha llegado hasta el paroxismo y la delincuencia. Los sanitarios del Hospital Zendal han sufrido el boicot de sus propios compañeros que han atascado inodoros, desenchufado calentadores e incluso, han hecho desaparecer equipos y han saboteado el instrumental necesario para medir las constantes vitales de los pacientes.

Está en manos de la policía. No tengo mucha fe en su resolución. El Ministerio de Sanidad y los representantes de los partidos políticos no dicen nada. Los sindicatos y mareas de sanitarios, que nos afeaban la conducta a quienes les aplaudíamos cada día a las 8 de la tarde, no se han manifestado pidiendo respeto a los trabajadores del Zendal, y sobre todo, a los enfermos atendidos en el Zendal. Si de verdad fueran defensores de la sanidad pública tendrían que haber apoyado esta iniciativa. Pero el odio hacia quienes no son los suyos está por encima de la atención a los enfermos.

El tercer punto afecta al Estado de derecho, que es el único marco en el que puede darse progreso económico. Esta vez, el protagonista es Vox, el partido que le daría o no el gobierno a los populares madrileños, a menos que todo el mundo vote a Ayuso y logre una mayoría absoluta, que sería lo ideal.

Todo empezó cuando Vox decidió convocar un mitin en Vallecas y fueron agredidos, porque al parecer no hay libertad de expresión y de pensamiento en el antiguo barrio de Pablo Iglesias.

A continuación, empezaron a llegar cartas con amenazas: ocho cartas con amenazas de muerte dirigidas a varios representantes políticos, entre ellos, dos candidatos a las elecciones del 4M, dos ministros, un exvicepresidente del Gobierno y la directora general de la Guardia Civil. Desde el primer momento, Pablo Iglesias y la izquierda radical lo han asociado con Vox. Pablo Iglesias protagonizó una desagradable situación con Rocío Monasterio llegando a levantarse y abandonar un debate. Fue bochornoso.

El pasado fin de semana se ha sabido que quienes agredieron a los asistentes al mitin de Vox y a la policía en Vallecas eran trabajadores de seguridad de Podemos. El “cordón sanitario” contra Vox debería aplicarse a los verdaderos violentos.

Pero hay más: se sabía hace tiempo y no se dijo, manteniendo la imagen de Vox como partido camorrista. La connivencia del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, cierra el círculo de la ignominia. Y aún no ha dimitido. Estamos ante una grave agresión al Estado de derecho. Iglesias ya ha insinuado que si la derecha pierde en Madrid se va a reproducir el episodio del Capitolio en Madrid. Después de los incidentes de Vallecas no queda claro si, en realidad, está amenazando a los madrileños con desencadenar actos violentos asaltando la democracia española. Este es el candidato comunista que quiere gobernar la Comunidad de Madrid.

La concepción del Estado y la democracia en la teoría marxista

Hace escasamente un mes se originó en Twitter, a raíz de unas declaraciones de la Ministra de Trabajo sobre comunismo y democracia, un interesante debate acerca de la concepción del Estado y la democracia liberal en la teoría marxista. Leyendo a ciertos marxólogos como Callinicos (2011), se me ocurrió profundizar en el asunto y tratar de expandir mi argumento sobre por qué el marxismo clásico y la democracia liberal son antagónicos y se repelen entre sí por sus propias bases teóricas. No es poca la influencia de las ideas marxistas en el campo de la teoría democrática, siendo más relevante incluso la fuente de la que emana dicha teoría en la escuela marxista: la concepción del Estado por parte del filósofo prusiano.

La concepción de Estado y democracia en la teoría marxista van inextricablemente unidos al funcionamiento del sistema capitalista y las teorías de Marx en torno a este. La idea principal de Marx en este sentido es que la existencia de un gobierno democrático es imposible en una sociedad capitalista. Según Marx, la concepción liberal del Estado (Locke, Mill…) es una mera ilusión, debido a que la libertad formal y la igualdad ante la Ley y en materia de derechos individuales se verían afectados por efectos parciales de las medidas de ese mismo Estado, que nunca serían neutrales, debido a la imposibilidad de la “neutralidad estatal”, tan perseguida en ocasiones por muchos liberales. Acorde a la teoría marxista, el Estado defendería los intereses de la clase capitalista, ya que esta sería a su vez la base material de la propia estructura estatal.

Es por ello por lo que Marx ve las capacidades transformadoras de movimientos como el del sufragio universal como extremadamente constreñidas por la desigualdad existente entre las diferentes clases sociales y las consecuencias propias de dicha estructura de clases en lo referente al acceso al poder político y socioeconómico, encontrándose íntegramente ligados, según Marx. Marx, por tanto, se opone frontalmente a la democracia representativa y pone constantemente en tela de juicio su funcionamiento y estructuras. Para Marx, las elecciones y el voto son un medio incapaz de controlar los poderes del Estado o variar mínimamente su funcionamiento. Marx ve al Estado meramente como un ente coordinador de una sociedad de clases en pro de la clase dirigente, siendo esta la poseedora del poder económico.

Una de las obras de las que creo que más se puede extraer acerca de la concepción marxista del Estado es El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852). Dicha obra analiza la llegada y asentamiento en el poder de Luis Bonaparte entre 1848 y 1852, describiendo los medios a través de los cuales el mandatario francés logró acumular poder y centralizarlo en el ejecutivo, erosionando la capacidad de influencia de la sociedad civil sin poder económico sobre el destino de la nación y el funcionamiento del Estado. En este libro, Marx elimina cualquier halo de bondad o benevolencia de la figura del Estado y lo representa como un agente político que ejerce coerción sobre la sociedad civil de manera constante y cuyas acciones no dependen de los designios ni deseos de esta. Para Marx no es la sociedad civil la que modela al Estado, sino que son el Estado y sus múltiples instituciones asociadas las que constriñen los poderes de la sociedad civil (tanto en el plano económico como político) y la modelan al antojo de los planes de este gran ente, situándolo como uno de los principales agentes de la superestructura.

Marx ve al Estado como una fuerza coercitiva y coaccionadora de la sociedad civil por la influencia que sobre él ejerce la clase económicamente dominante. El Estado previene cualquier movimiento social contrario a los poderes establecidos, reprimiendo cualquier fuerza que trate de alterar el orden políticamente predominante, como sería el caso de la revolución proletaria. El Estado, por lo tanto, funcionaría como un mecanismo de defensa y protección de los poderes fácticos y no un mecanismo de coordinación de los intereses y designios de la sociedad. La tesis principal de Marx en lo que respecta su concepción del Estado se basa en que, en un orden económico de carácter capitalista, el Estado jamás podrá llegar a ser independiente de la clase económicamente dominante, es decir, de aquella que controla los medios y procesos de producción, ya que el poder y continuidad del Estado dependerían en gran parte de las bases materiales de la sociedad, como ocurrió en el caso de Luis Bonaparte y su protección de los intereses económicos y el poder material de la clase capitalista durante la Segunda República en Francia.

Para Marx la distribución del poder económico va estrechamente ligada a la distribución del poder político (un asunto que recientemente ha tratado Thomas Piketty desde una renovada perspectiva). Tal y como Marx pone de relieve en el Manifiesto Comunista (1848), el Estado ejercería de mero comité coordinador de los intereses de la burguesía, sirviendo para resolver conflictos de interés entre distintas facciones del poder económico y coordinar las diferentes fuerzas que conforman a este. El limite de acción del Estado, de acuerdo con la teoría marxista, sería aquel en el cual la actuación del ente estatal tuviera efectos perniciosos para la acumulación de capital en la economía, ya que estaría erosionando las bases materiales del propio Estado, siendo las relaciones de producción la principal brújula de la acción estatal. Por ello, Marx cree que los mecanismos constitucionales de control y limitación del poder del Estado, propios de las democracias liberales, no son más que un sistema de legitimación y defensa de los intereses de la clase capitalista. Por lo tanto, el marxismo clásico argumenta que la libertad propia de las democracias de corte liberal no es más que un elemento puramente formal, ya que la igualdad material sería un eje fundamental para la verdadera construcción de la libertad de la sociedad civil y, hasta que dicha libertad real no sea alcanzada, no se podría construir una verdadera democracia. Siguiendo esta línea argumental, las tesis marxistas defienden la necesidad del derrocamiento del sistema capitalista y sus estructuras previamente a la instauración de la democracia real, únicamente realizable en el sistema comunista.

Llegados a este punto debemos tratar de entender cual es el concepto de democracia en el marxismo y que implicaciones políticas tiene. La realización de la democracia, en la teoría marxista va inextricablemente ligada a la llegada al estadio del comunismo, basando la idea de libertad en una planificación económica centralizada, la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y su colectivización, y la obligación de trabajar, llegando así a una igualdad material relativa (“De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades”), que llevaría a la realización plena de la libertad. Es decir, frente a la democracia liberal y representativa, Marx propone un modelo de democracia obrera y participativa (entendido esto último como algo muy cercano a ciertos modelos de democracia directa). Un caso en el que dicho modelo fue aplicado prácticamente en su plenitud fue la Comuna de París, en la que todos los políticos y funcionarios públicos permanecían en un estatus de permanente revocabilidad. Marx reniega completamente del modelo de democracia representativa y teoriza un modelo en el que la participación de la ciudadanía en la política no es únicamente un derecho, sino una condición sine qua non para el correcto funcionamiento de la democracia participativa.

Finalmente, a lo largo de los últimos 170 años, no todos los marxistas permanecieron en estas posiciones, y muchos teóricos de la segunda y tercera Internacional, como es el caso de Eduard Bernstein, teorizaron un revisionismo marxista que aceptaba las instituciones y funcionamiento propios de la democracia representativa, defendiendo la idea de que dichos elementos podrían proveer de poder de emancipación a la clase obrera a través de la representación política y la canalización de los intereses del proletariado mediante los partidos. Pero ese, es tema para otro artículo.

Referencias:

Callinicos, A. (2011). The revolutionary ideas of Karl Marx. Haymarket Books

Engels, F., & Marx, K. (1848). Manifiesto comunista. Alianza Editorial.

Marx, K. (1852). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Alianza Editorial.