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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

La propiedad en China y el asombro

Dos tercios del PIB chino están en manos privadas, una propiedad sancionada por el mero uso, pero sobre la cual no cabía defensa alguna frente al Estado. Las expropiaciones a los pequeños campesinos eran comunes, y llevaban a miles de ellos incluso a enfrentarse a la feroz dictadura cuando no tenían ya nada que perder, pues sin su pequeña tierra la propia vida corría un grave riesgo.

El poder de la propiedad privada sorprende incluso a sus mayores estudiosos. Cuando uno sabe que puede contar con seguridad con lo que le pertenece, comienza a dedicar sus esfuerzos a mejorarlo y hacerlo más productivo, en la confianza de que los frutos serán tan suyos como los esfuerzos y sacrificios. La emergente clase media que ocupa las ciudades tiene el suficiente poder e influencia como para hacer valer sus derechos, pero los campesinos no. Esta es la marca de los “dos sistemas” bajo un mismo régimen. Y acaso, cuando el socialismo se limite a la dictadura, con sus discursos y símbolos del pasado, cuando surja una sociedad nueva con exigencias nuevas y con más medios con los que defenderlas, el propio régimen tendrá que cambiar.

En los años por venir veremos una auténtica transformación social. Valdría la expresión revolución silenciosa, si no fuese porque el término está ya muy gastado. Una revolución con fecha de inicio, pero con millones de protagonistas desconocidos, con pequeñas aportaciones, interrelacionadas en la red del mercado, e inaprensibles para el ojo del historiador que quiera fijar los hechos heroicos con que trabar su relato.

Si en las últimas tres décadas han superado el umbral de la pobreza 400 millones de personas en China, este cambio permitirá a los que poco tienen progresar aún más rápido. La economía china desafía año a año las persistentes previsiones de enfriamiento. Ahora el asombro puede ser aún mayor.

Apartheid sexual

La malhadada ley es un compendio de la hética socialista, así, con h, que sin ella la desconocen. Propone sustituir la realidad por sus fantasías, con el método poco imaginativo de imponer cuotas por sexos en este u otro lugar que se les antoja; principalmente en los altos cargos de la administración, las listas electorales y los consejos de administración de las empresas.

Por descontado que la ley es sexista. En lugar de considerar que el sexo es una cualidad más de cada una de las personas, y que todas ellas, independientemente de ésta u otras cualidades que puedan tener, han de ser iguales ante la ley, nos definen a cada uno por ese aspecto de nuestra personalidad, dándole una importancia que no tiene. No la tiene para el trabajo, es decir; no para el desarrollo profesional o para la actividad que cada uno decida que debe ser su principal ocupación. Sí para las relaciones personales, y claro está que no siempre. Además de sexista resulta discriminatoria, ya que literalmente impone una discriminación en función del sexo.

Es arbitraria, además, porque igual que nos quiere discriminar en función de nuestro sexo, también podría hacerlo en función de nuestra raza, con lo que además de sexista sería racista. ¿Qué tiene de malo el racismo que no lo tenga el sexismo? ¿Qué tiene de especial el sexo para que al Gobierno le parezca bien utilizarlo para discriminar y fijar cuotas, que no lo tenga la raza? ¿Qué tiene este apartheid sexual de bueno? Y es contradictoria con otras políticas de este Gobierno, que por un lado desdibuja un hecho natural, como que cada uno tenga un sexo, permitiendo que cada cual lo cambie en el DNI a voluntad, mientras por otro le da una relevancia para la vida laboral que no tiene.

La dignidad de cada individuo está en gran medida al carácter único de cada cual. No ya en sus cualidades personales, sino en sus aspiraciones y deseos, en sus oportunidades vitales, en el encuentro con miles de otras personas tan únicas como él. Reducir esa variedad al sexo es de un obtuso chocante.

Luego, cada cual se busca la vida como le da la gana. Tiene que ser así, y no de otra manera. Y que la realidad refleje esa variedad personal ni nos debe sorprender ni es un hecho malo por sí. ¿Qué en ciertos puestos se ven menos mujeres que hombres? No es asunto del Gobierno; y si es el resultado de la libre elección de cada uno, nadie es quién para decidir que debiera haber sido de otro modo.

Además criminaliza comportamientos normales, y le permitirá al Gobierno perseguir a tal o cual empresa con esta excusa. Desde beber vino a fumar, pasando por anunciar hamburguesas o contratar hombres nos convierte ahora en un fuera de la ley, cada cosa que hacemos normalmente nos hace vulnerables frente al poder. Lo del feminismo no es más que una fachada para su ideología de poder.

El problema es la subvención

Lo que de verdad resulta obsceno de todo este escándalo es el hecho de que la mamarrachada se haya financiado con dinero público, que al contrario de lo que opina la CCCP, pertenece a los ciudadanos que pagamos impuestos, es decir, todos menos los luchadores por un mundo más justo y otros especimenes alternativos, que con su afán de salvar a la humanidad de la humanidad misma ya dan por cubierta su cuota solidaria.

Ahora bien, no se trata de dejar de financiar expresiones culturales porque ofendan a una parte de la población, aunque sea mayoritaria, sino de acabar de una vez con la inmoralidad del fenómeno de la subvención. Cuando un organismo oficial dedica dinero público a editar un libro, está cogiendo recursos propiedad de los ciudadanos para invertirlos según el criterio estético de sus dirigentes, y no hay que ser un antropólogo avezado para constatar que los políticos no son precisamente unos expertos literatos. Ahí está la ministra de Cultura para demostrarlo. Lo decente no es dejar de subvencionar a unos para hacerlo a favor de otros, sino acabar con las subvenciones a la (supuesta) cultura de una vez. ¿No quieren los socialistas la igualdad? Pues no se me ocurre otra fórmula más igualitaria que acabar con el nepotismo subvencionador y que cada cual viva de su talento, en lugar de sus relaciones con el político de turno.

Estoy seguro de que los extremeños podrían sobrevivir perfectamente sin que su presidente financie las paranoias exhibicionistas de un abuelete depravado. Si se trata de juzgar el criterio inversor de las autoridades, la construcción de un hospital o de una carretera seguramente contaría con una mayor aprobación popular que estas obras polémicas. En buena lógica política, cualquier desvío de fondos públicos para subvencionar los caprichos de un artista debería tener un coste electoral. Sin embargo, el socialismo ha conseguido penetrar de tal forma en la mentalidad moderna que la ecuación se ha invertido radicalmente. Así pues, si un político actual, sea del partido que sea, decidiera cerrar un departamento de cultura y devolver a los ciudadanos esas ingentes cantidades de dinero malgastado, no duraría ni cinco minutos en la poltrona.

La "redistribución de la riqueza" nos hace malas personas. Desincentiva al creador con talento en favor de una fauna apesebrada que sólo activa su intelecto para descubrir la manera de influir en la voluntad de los políticos, de cuyo favor depende. Sin la subvención de la junta extremeña, el "artista" Montoya tendría que haber buscado un editor privado y confiar en que el público aclamara su talento comprando el libro. Montoyita sería más feliz, constatando que su arte tiene aceptación popular, y los extremeños tendrían un motivo menos para avergonzarse de sus políticos, así que todos contentos. Porque "otro mundo es posible", acabemos con las subvenciones.

Sí, propiedad

"Propiedad" es el título de un artículo publicado ayer (14/3/2007) en La Vanguardia por el teólogo José Ignacio González Faus, responsable de teología de Cristianisme i Justicia, en el que éste defiende nada menos que la moralidad de la ley sobre el derecho a la vivienda del gobierno de la Generalidad de Cataluña.

La propiedad privada es el principio ético esencial en una sociedad libre, por eso no es de extrañar que en defensa de un gobierno proto-totalitario se le dé a aquella un carácter secundario. Y es que para el señor González Faus la ley-expolio "que contempla la posibilidad de poner en alquiler casas no habitadas, y medidas semejantes" (sic) es de un "valor moral" incuestionable, si bien prefiere no pronunciarse sobre la eficacia de la misma ni, por lo tanto, se para a cuestionar si las medidas supondrán, además de la promesa de una amenaza, un menoscabo en el uso eficiente de las bienes expropiados. Sencillamente no le importa porque se trata de hacer justicia con una ley cocinada al efecto.

Sin perder de vista que lo que me importa destacar en este artículo es la lamentable defensa que se hace del totalitarismo sui generis que padece la sociedad catalana, quisiera destacar el modo grosero en que se recurre a la moral y a la teología para justificarlo.

Afirma el teólogo que la propiedad no es un derecho sagrado, destacando que sirve a una "finalidad más amplia y más justa que es el destino universal de todos los bienes de la tierra". Se apoya en la afirmación que Juan Pablo II dejó escrita en la Sollicitudo rei sociales (42):

Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana: los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava una hipoteca social, es decir, posee, como cualidad intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes.

Como señalaba Rafael Termes,

esto es precisamente lo que en el sistema capitalista tiene lugar, cuando los bienes poseídos en privado son destinados al proceso de producción, creando puestos de trabajo y rentas para los demás.

Y es que la mencionada encíclica significa un encendida defensa de la iniciativa privada que llevaba a Juan Pablo II a denunciar que

entre otros derechos, es reprimido a menudo el derecho de iniciativa económica. No obstante eso, se trata de un derecho importante no sólo para el individuo en particular, sino además para el bien común. La experiencia nos demuestra que la negación de tal derecho o su limitación en nombre de una pretendida "igualdad" de todos en la sociedad, reduce o, sin más, destruye de hecho el espíritu de iniciativa, es decir, la subjetividad creativa del ciudadano. (15)

Continúa el señor González Faus encadenando disparates hasta llegar a la traca final en la que plantea a los lectores un juego: adivinar el autor de varias citas en las que, en cualquier caso, es imposible ver la justificación ni moral ni mucho menos teológica del atraco nacionalsocialista que él defiende. Y es que, en contra de lo que quiere hacernos creer, aunque Santo Tomás no elevo a natural el derecho a la propiedad privada, es decir, no remató debidamente un teoría de los derechos naturales, sí que la justificó.

No siendo contraria a la ley natural, la propiedad privada, como invención de la razón humana, se justifica, según el Aquinate, porque el hombre siempre defenderá más y mejor su posesión que lo que es de muchos; porque dedicará mayor esfuerzo en beneficio propio que en el de los demás y porque, en definitiva, "es la mejor garantía de una sociedad pacífica y en orden" (Rothbard, p.87).

Santo Tomás de Aquino alude a cuestiones económicas cuando suscitan problemas de teología moral, precisamente esto es lo que parece acontecer, pasados los siglos, con los teólogos que pretenden justificar el expolio, que prepara un gobierno nacionalsocialista, con una poco refinada argumentación moral y teológica.

En realidad lo que parece alimentar el celo franciscano, es un decir, del señor González Faus es la nostalgia y lo que le da impulso es el desconocimiento de la evolución y el progreso.

Cuando afirma que "en una economía mucho más primitiva y de intercambio, los padres de la Iglesia repetían que la limosna no era un acto de caridad sino de justicia" esta soslayando que, en contra del propósito de la Generalidad, la limosna era voluntaria. El revestimiento moral que cada cual le quisiera dar a su conducta en aquellos tiempos "primitivos", o ahora, nada tiene que ver con la redistribución coactiva administrada por el actual gobierno catalán.

La publicidad y el sexo

"La próxima temporada haremos una nueva campaña poniendo una mujer desnuda sobre un hombre". Esta es la conclusión a la que han llegado los modistos italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana después de retirar, el pasado mes, la fotografía que ha despertado las iras de los sectores más hipócritas de la sociedad. Ahora es Amnistía Internacional en Italia quien demanda a los diseñadores por el mismo motivo.

La foto pertenece a la campaña Secret Ceremony realizada por el famoso y controvertido fotógrafo Steven Klein, para quien han posado, entre otros, el cantante Prince y el futbolista David Beckham. En ella, aparece un grupo de hombres en una piscina que rodean y observan pasivamente a una pareja: él sujeta por las muñecas a una mujer tumbada, vestida de noche, con la cara relajada, que se ofrece a él levantando las caderas. No hay violencia ni en el encuentro, ni en los testigos, que más bien parecen sacados del imaginario gay. Todas las fotos de la campaña adolecen de una marcada afectación, todas están manifiestamente retocadas y hay una clara intención, marca de la casa, de evocar escenas de película, de ensueño o de fantasías. También es característico de Dolce Gabbana la trasgresión, la provocación, el guiño erótico y, en esta campaña, como ellos mismos han explicado, se trata de imágenes "que exploran la delgada frontera entre la moralidad y la inmoralidad, dos dimensiones paralelas que coexisten y que dividen el mundo".

Pero en España esa frontera la delimitan las instituciones que nos gobiernan. En concreto, el Instituto de la Mujer (IM) que, so pretexto de defendernos de nosotras mismas, ha presionado a la firma italiana para que retire el anuncio hasta que finalmente lo ha conseguido. El argumento de María Jesús Ortiz, directora de Comunicación del IM, es que la censura viene de los ciudadanos, quienes han puesto el grito en el cielo pidiendo que lo quiten. He de confesar que no conocía la campaña hasta la polémica, como tantas otras personas. Al investigar quiénes son esos "ciudadanos" tan ofendidos aparecen Los Verdes, la asociación de consumidores Facua (fuertemente vinculada a la izquierda andaluza, y con un convenio con la Universidad de La Habana) y una veintena de particulares, probablemente miembros, familiares y amigos de las mismas.

No voy a entrar en el componente político ni en la hipocresía ideológica de estas asociaciones o la curiosa afinidad entre ellas y los supuestos defensores de nosotras, las mujeres, porque daría para otro comentario. Me voy a centrar en el grueso del argumento. Tanto unos como otros hacen referencia al artículo 3 de la Ley General de la Publicidad y en concreto al apartado en el que señala aquellos anuncios que "representan a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados, coadyuvando a generar violencia".

En primer lugar, la mujer de la foto es una modelo que ha aceptado voluntariamente el uso de su cuerpo y su imagen para una composición fotográfica. No cabe el adoctrinamiento del comisariado político: es un intercambio libre, prima la voluntad de la mujer.

En segundo lugar, si el anuncio se centrara en la pureza del espíritu de las féminas, en su sentido del humor o en su habilidad para el cálculo numérico, no se consideraría vejatorio incluso si también los anunciantes se centraran en una parte de nuestra personalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se destaca de la modelo es su cuerpo serrano. Así que las feminazis que nos adoctrinan por nuestro bien y que penalizan lo que tan desafortunadamente llaman "cosificación de la mujer" no hacen sino transmitirnos de nuevo la idea de que nuestro cuerpo es vergonzante y no debe ser exhibido a nuestro antojo. Sí podemos mostrar nuestros demás dones, en especial los que nos acercan al macho, levantamiento de piedra, albañilería; eso sí, nada de mostrar los dones carnales.

Pero su argumento más fuerte es asociar la imagen a la incitación a la violencia. Los Verdes, para que no falte nada, consideran además que el modelo del fondo que sostiene un vaso en la mano está induciendo al consumo de alcohol. No puede ser un té helado. Sin comentarios. Lo cierto es que la imagen recrea una fantasía sexual de mujer, principalmente. Los juegos de dominación son un clásico. Ella yace tranquilamente y se ofrece a uno o varios –ese no es el tema– voluntariamente, ante la mirada (lo sorprendente es que sea indiferente) de otros varones de buen ver. No hay violencia en absoluto, no hay pornografía. Lo que sí hay es erotismo, fantasía y sutileza.

Pero ¿y si hubiera pornografía? Pues tampoco induciría a la violencia. Tal y como expone Wendy McElroy, feminista individualista y libertaria, por mucho que les duela a las feministas represoras, la pornografía será moral o inmoral, pero tiene una función social y no perjudica a la mujer necesariamente, sino que en muchas ocasiones la beneficia. ¿En base a qué se afirma que la fotografía de Dolce Gabbana induce a la violencia cuando en realidad sugiere una actitud con la que fantasean muchas mujeres en todos los países?

En el fondo, no hace sino reflejar la inmadurez de nuestras dirigentes tan preocupadas por nuestra defensa. No han superado la imagen neolítica del hombre que secuestraba mujeres de otras tribus para violarlas y replicar sus genes. Como dice un amigo, se han quedado en la adolescencia ideológica de las feministas de los 60 y 70. Y al hacerlo, se han convertido en las peores represoras de la mujer, en las mayores agresoras y violadoras de la libertad sexual de cada una de nosotras…

El comisariado político que nos adoctrina se pierde grandes satisfacciones.

Víctimas sin derechos

El caso de De Juana Chaos es un ejemplo perfecto de cómo la justicia pública es sólo un instrumento en manos de los políticos para satisfacer su propia agenda de conservación del poder. El PSOE ha desairado las legítimas exigencias de las víctimas de De Juana para santificar un proceso que, hoy sí, es una declaración de rendición en toda regla. Un cheque en blanco expedido para contentar el voraz apetito etarra y girado contra fondos ajenos.

Mucho se ha escrito sobre si la condena a De Juana era acorde a derecho, sobre si el Gobierno habría podido seguir con el anterior régimen penitenciario, sobre si el PP excarceló a más o menos presos. Todas estas argumentaciones resultan en mi opinión completamente desenfocadas, en tanto no apuntan al auténtico ultraje cometido por ZP y sus cómplices: han violado los derechos de las víctimas.

No, no me refiero a los derechos que nuestro sistema político les reconoce actualmente, es decir, virtualmente ninguno. Con dificultad hallaremos coherencia y rectitud alguna en millones de legajos aprobados por 350 iluminados cuya única lealtad es hacia ellos mismos y hacia el mismo Estado, que alimenta a sus familias y a sus amistades. Creer que norma estatal equivalente a norma justa, o que sólo podemos reivindicar los derechos que interesadamente nos reconocen nuestros carceleros, sería caer en la trampa del positivismo y del relativismo; en la negación de los principios éticos, que trascienden la arrogancia y la ceguera del Estado.

En este sentido, toda víctima, y también toda víctima del terrorismo, tiene derecho a que el agresor le repare por el daño que le ha causado, esto es, a que la devuelva a una situación lo más precido posible a la previa a la agresión. Dado que la iniciación de la violencia era ilegítima, el agresor queda obligado frente al agredido.

La restitución no tiene necesariamente que ver con el encarcelamiento, y menos con el encarcelamiento actual, consistente en que las víctimas paguen con sus impuestos el mantenimiento de los agresores. La víctima puede escoger, de entre todas las condenas proporcionales, la que más la aproxime a la situación previa al daño. Y ello incluye compensaciones pecuniarias, servicios laborales para la víctima o castigos físicos.

Nuestro sistema penal recurre a una mezcla de las tres cosas: multas, trabajo social y prisión. La diferencia esencial es que la condena, en lugar de beneficiar y restituir a la víctima, ha sido nacionalizada por el Estado. Las multas engrosan el erario público; los trabajos sociales se prestan para la comunidad; el encarcelamiento tiene lugar en prisiones públicas, costeadas con nuestros impuestos.

La víctima se ha visto privada de la capacidad de elección sobre la condena pertinente y sobre los beneficios compensatorios que ésta le proporcionaría. Esta potestad de la víctima ha sido expropiada por un sistema judicial monopolístico y compulsivo, cuyo funcionamiento no atiende a sus intereses, sino a complacer las necesidades de políticos y burócratas.

Por consiguiente, recordemos una idea que no por sencilla está lo suficientemente clara: Zapatero carece de cualquier legitimidad para decidir sobre la condena a De Juana. Y esto por una sola razón: Zapatero no es víctima de De Juana, no ha sufrido ningún daño por el que pueda exigirle reparación.

Los únicos que tienen derecho a decidir sobre el futuro de De Juana son sus víctimas; ni la sociedad, ni el Estado, ni siquiera las víctimas de otros terroristas tienen poder alguno sobre De Juana –y mucho menos sobre los derechos de restitución que ostentan las víctimas de De Juana.

La condena a 21 años de cárcel para De Juana fue decidida de manera unilateral por un sistema judicial que carecía de justo título para ello; un sistema judicial que suplantó a las víctimas y que desatendió su derecho de restitución.

El nuevo régimen penitenciario de De Juana ha sido decidido de manera unilateral por un Gobierno que carece de justo título para ello. Nada ha habido más degradante en todo este asunto que la prepotencia de Rubalcaba, cuando dijo que se ha tratado de "una decisión personal". Pero, oiga, ¿qué legitimidad tiene usted para decidir sobre la condena a De Juana? ¿Acaso es una de sus víctimas? ¿Acaso las víctimas le han delegado su potestad?

Su única legitimidad es y será la del Ejército: el respaldo del poder militar como garantía ejecutiva de sus resoluciones. Pero al proteger a un terrorista con sus "decisiones personales", sustentadas únicamente en su poder coactivo, Rubalcaba no ha actuado de manera distinta a como haría un mafioso que rescatara a alguno de sus compinches de la cárcel.

Y no nos engañemos. Una perversidad de este calibre, un atentado tan flagrante contra la justicia, no es el "precio" necesario para que la sociedad funcione. Una sociedad no puede asentarse sobre la violación sistemática de los derechos ajenos. El coste de la civilización no puede ser el salvajismo.

Las víctimas de De Juana tienen perfecto derecho a que el terrorista permanezca en la cárcel hasta el fin de sus días, incluso a alimentarlo coactivamente y a prolongar la reclusión forzosa. Las sentencias de una pandilla de funcionarios con toga o las decisiones políticas de un Gobierno autócrata no eliminan de ningún modo la validez de ese derecho. Pero sí sirven para mostrarnos el enfoque totalitario hacia el que está orientado el régimen que padecemos.

Los políticos deberían ser conscientes de que la violación alevosa que han perpetrado durante estos días contra los derechos de las víctimas los convierte en agresores y por tanto en responsables.

Guapas, tramposas y lloronas

Según Marian, "si es verdad eso de que el cuerpo se deforma tanto después de ser madre, ¿cómo se explica que se presentaran 20 chicas y ganara yo? Son normas que sólo se explican por el machismo. ¿Qué pasa, que querían chicas solteras y sin niños para poder manipularlas mejor, o es que tenían algún interés escondido, les estorbaba algo?". Construye un hombre de paja y ataca resentida a los organizadores de aquel concurso imputándoles motivaciones perversas que no puede demostrar y razones que no son las más relevantes, y no tiene la honradez o la capacidad intelectual de ver que son posibles otras explicaciones aparte del manoseado topicazo del machismo: tal vez tenga que ver con la apretada agenda de una miss, difícilmente compatible con una maternidad responsable.

Parece que es habitual que las candidatas oculten o maquillen datos, o sea, que hagan trampa. Y encima se indignan cuando las descubren, y se quejan de que sufren mucho estrés por la persecución y la injusticia. Pobrecitas, tal vez deberían estar agradecidas porque no las denuncian por falsificar datos. El Gobierno ha pedido a la empresa que organiza el certamen de Miss España que se le devuelva el título a la afectada. Es un asunto de interés nacional, aunque quizás se olvida a la ganadora sustituta que sí cumplió con las normas. Múltiples necios han corrido en su apoyo con argumentos intelectualmente patéticos y liberticidas.

Según Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer, "éste es un caso claro de discriminación directa"; parece que la ley de igualdad hará que cláusulas como la que ha permitido desposeer a Miss Cantabria de su título sean nulas de pleno derecho. "Hay una clara concepción machista en nuestra sociedad de que la maternidad es una tara. Pero no existe la misma percepción con la paternidad."

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, insistió en que constituye un caso "clarísimo de discriminación directa" y agregó que así "vamos a hacérselo saber a la entidad que lo ha proclamado". Se van a enterar. Añadió que "ante la ley no se puede justificar" que la maternidad se discrimine "como si fuera un déficit para el funcionamiento profesional de una mujer". Murillo puntualizó que actos de este tipo "muestran que todavía somos tratadas de diferente forma, y no hay ninguna justificación". Tiene un curioso concepto de la justicia, y tal vez es parte interesada al ser mujer (aunque seguramente no se presente a concursos de belleza). Murillo considera que "ninguna entidad privada está exenta de cumplir la ley". Pero tal vez hay leyes ilegítimas (¿no fue legal la esclavitud?) redactadas por ignorantes indeseables.

Según Murillo, al excluir del certamen a una mujer por ser madre se produce la doble discriminación de dejar fuera a una persona porque se da por hecho que su cuerpo nunca podrá volver a ser el mismo después de la gestación y al establecer que sólo la mujer puede encargarse del cuidado de un hijo; subrayó la responsabilidad que tienen los concursos de belleza cuando tratan de forma diferente a las mujeres, porque eso redunda de forma negativa en la imagen social y en la inseguridad de la mujer. Tanta maldad e irresponsabilidad junta es intolerable.

Según el Instituto de la Mujer, "la maternidad no supone ninguna limitación física, intelectual o laboral para las mujeres, por tanto, cualquier concepción de la misma como un problema es discriminatorio"; tal vez no han sido madres, pero como seguro que han sido hijas al menos podrían pedirles a sus madres que les explicaran si la maternidad no implica ninguna limitación ni ningún problema. Tal vez no sea tan cierto el tópico políticamente correcto de que "una madre puede trabajar perfectamente en cualquier ámbito".

Laura López, la Miss Ceuta descalificada el año pasado por ser hermana de la jefa de la delegación de La Coruña, afirma que "todos somos humanos y somos iguales". Qué profundo e informativo. Por cierto, también se presentó a Miss Palencia en una edición anterior; la organización a veces hace la vista gorda. Enriqueta Chicano, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, denunció que estos problemas tienen su origen en "reductos" que implican que "una no puede ser madre y guapa, pero sí padre y cualquier otra cosa".

Hay otros concursos con requisitos distintos y quien quiere puede presentarse a esos otros certámenes, ignorarlos, criticarlos, o incluso organizar nuevos concursos con otra mentalidad. ¿Tal vez estas chicas buscan ser famosas a cualquier precio montando un escándalo? ¿Venden luego sus apariciones televisivas, o sus desnudos? ¿Son realmente víctimas cándidas e inocentes? ¿Tienen la formación intelectual necesaria para realizar argumentaciones éticas? Después de oír a las políticas, están más o menos al mismo nivel: cercano a cero.

El valor supremo de ZP

La demencial decisión del Gobierno está auspiciando una verdadera rebelión cívica –a la que el Partido Popular ha anunciado que se sumará como participante activo– de tales proporciones que el ZP se ha visto obligado a explicarse al final de su discurso ante el Comité Federal del Partido Socialista.

En palabras del todavía presidente de España el argumento para tal despropósito consiste en que "nosotros creemos en el valor supremo de la vida y en el objetivo de que no haya más muertes por el terrorismo". Dudo que, a excepción de los terroristas y quienes sacan partido político de sus atentados, nadie desee más asesinatos por terrorismo. La cuestión reside en cómo conseguirlo, porque no creo que haya alguien tan ciego como para subordinar todos los demás valores a ese fin. La primera parte de la frase, en cambio, sí trata de dar una cobertura más directa al atropello del Gobierno. Y es que la vida resulta ser el valor supremo de quienes gobiernan este país. Así que es de esperar que todos los demás valores y derechos sean subordinados a la vida en las acciones legalmente lleve a cabo el Gobierno.

Sin embargo, resulta interesante constatar la contradictoria postura del gobierno en esta materia según se trate de una persona que desea incurrir en eutanasia y una persona que deja de alimentarse voluntariamente. Si los primeros deberían tener derecho a decidir cuándo acaban con su vida, ¿por qué no iban a tenerlo los carniceros? La única explicación coherente sería que al asesino no se le puede dejar morir porque tiene que restituir a las víctimas. Pero como la justicia descafeinada que padecemos ha olvidado a las víctimas y sólo se preocupa de reinsertar a los criminales o, como mucho, de defender un vago concepto de interés social, la explicación de ZP no cuadra.

Es más, aunque fuese cierto que ese sea el principio rector del gobierno, que ya vemos que no lo es, ¿de verdad alguien piensa que cualquier vida está por delante de otros valores como la justicia o la libertad de las personas? ¿Y qué pasa cuando una vida amenaza la vida de otra persona? Por ejemplo, ¿debemos considerar un valor supremo la vida de una persona que ha entrado en nuestra casa y está agrediendo a nuestra familia?

Además, si ordenáramos los valores de acuerdo con Zapatero, cualquier persona podría conseguir burlar la justicia amenazando con suicidarse y eso es, por cierto, lo que el sanguinario De Juana ha hecho. La ofensa a unas víctimas que no tienen otro derecho que ver como los criminales cumplen condenas de cárcel es mayúscula. Lo cierto es que la teoría ética de ZP tienes importantes complicaciones. En primer lugar, impide una efectiva defensa personal de –¿lo adivinan?– la vida de una persona inocente. En segundo lugar, condiciona la posibilidad de contar con una ética universal y de ejercer la justicia como la diosa romana Justitia hubiera hecho: con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. El Gobierno le ha retirado a Justitia la balanza y la espada, y le ha hecho un agujero en la venda por el que se privilegia a compañeros de viaje como De Juana.

Una nueva revolución china

La china sigue siendo una dictadura brutal, aunque por suerte no sea más que una sombra, aún sangrienta, de lo que fue: un Estado matarife como pocos en la Historia. Pero la apertura económica está arrancando a centenares de millones de personas de la pobreza y creando una clase media cada vez más amplia, que crece en riqueza como lo hace en aspiraciones; y con ellas, aumenta el conflicto con el régimen. China albergará antes de que concluya la segunda década de este siglo una de las revoluciones de mayor calado de nuestra era, cuyo resultado marcará en gran medida el carácter del XXI, como las de Francia y Estados Unidos marcaron el rumbo del XIX y la Rusa el del XX.

El presidente Hu ha endurecido la represión; la música de las propuestas de reforma para los próximos cinco años, ya veremos si la letra, suena a vieja tonada socialista. Pero, como cuando se abre una grieta en una presa ya vieja o mal diseñada, la apertura económica libera unas fuerzas que son menos controlables a cada minuto que pasa. La predicción del primer ministro Wen Jiabao de que la dictadura comunista todavía durará cien años me recuerda a François Miterrand diciendo, el 8 de noviembre de 1989, que el muro de Berlín seguiría por muchos años y que tendríamos que aprender a convivir con el bloque soviético.

Además de la presión interna, la dictadura tiene en las relaciones internacionales otro condicionamiento muy importante. China quiere ejercer de nueva superpotencia y ganar un peso que supere al de la Unión Europea e iguale el de los Estados Unidos, y sabe que una vuelta atrás en el respeto a los derechos individuales le restaría capacidad de influencia. Siempre está el camino del rearme, y en 2007 aumentará el presupuesto militar en un 17,8 por ciento, hasta superar los 45.000 millones de dólares. Pero esa carrera sólo la puede mantener si se lo permite la economía, y ésta respondería muy negativamente a una resocialización. Incluso un parón en las reformas podría ser fatal.

El modelo de cerrazón política y apertura económica ha permitido sobrevivir a la maquinaria dictatorial, e incluso la ha fortalecido. Pero tiene en su esencia una enorme contradicción que se resolverá más pronto que tarde. Bien podría ser una nueva victoria para la libertad.

La seguridad armada no es ningún crimen

La respuesta la dio, en nombre de Saura, su jefe de Gabinete, Xavier Riu Sala, dejando claro que nosotros, los ciudadanos, no tenemos derecho alguno a defendernos y abogando por la omnipotencia estatal.

Es evidente que el Gobierno es incapaz de protegernos a todos, y no sólo eso, sino que no tiene interés alguno en tomarse el tema en serio. Sólo hace falta darse una vuelta por Cataluña para ver dónde está la policía. Sí que vigilan, pero no a los delincuentes, sino las carreteras para que los coches no pasen el límite de velocidad. También vigilan los lugares turísticos para poner multas express o fiscalizan a los peligrosos e incívicos top manta. A los clientes también los multan. Al Gobierno no le importa más que recaudar.

Pero ahora Saura ha tenido un nuevo plan para luchar contra la inseguridad. Ha cogido a 250 mossos d´esquadra que estaban en oficinas y los quiere poner a patrullar. La seguridad de Cataluña dependiendo de oficinistas. Clásica solución del Estado. Improvisar y poner en marcha el plan más ineficiente, costoso, absurdo y cortoplacista. Lo que no se entiende entonces, después de esta medida, son las declaraciones del president, José Montilla, dos días después, afirmando que no hay inseguridad alguna en Cataluña y que toda la culpa la tiene la prensa. Si no hay problema de seguridad ¿por qué hacen patrullar a oficinistas o carceleros teniendo que contratar después seguridad privada para vigilar las cárceles? Sólo le hace falta movilizar a los jardineros de Parcs i Jardins para que patrullen con su azadón. Luego contratarán a una empresa privada de jardinería para que haga el trabajo de los nuevos "polis" improvisados.

¿De verdad confía más en estos políticos y sus métodos chapuceros que en usted mismo? Los criminales siempre van armados; las leyes contra las armas sólo desarman a la gente honrada, a los que cumplen la ley. A modo de ejemplo, fíjese en una noticia de esta misma semana. La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada al tráfico de armas a través de Internet. ¿Cree que sus clientes eran padres de familia responsables? No, probablemente todos ellos fuesen delincuentes en activo que no hacen caso alguno ni al reglamento de armas ni al código penal. Un arma de fuego le mantiene a usted y a su familia las 24 horas del día protegido sin depender de las alucinaciones de ningún burócrata con aires de Dios de la humanidad.

Saura también cayó en otra contradicción con sus declaraciones a favor de las drogas. En esta ocasión dijo una gran verdad: "legalizar las drogas no quiere decir estar a favor de que la gente las consuma, sino que comporta un conjunto de medidas para tratar de acabar con el narcotráfico y las enfermedades". Cuando en los Estados Unidos de los años 20 el Estado impuso la Ley Seca, se produjeron medio millón de detenciones, dos mil muertos por choques entre bandas, 35.000 muertos por intoxicación etílica y Nueva York pasó de tener 15.000 bares legales a 32.000 tugurios clandestinos. Volvió la legalización del alcohol y todo volvió por donde solía. Posiblemente si legalizaran y liberalizaran las drogas pasaría lo mismo, y si desregularan la tenencia de armas, evidentemente, el crimen disminuiría.

Los criminales siempre acuden a las sociedades indefensas (vienen de la otra punta de Europa a robar aquí), no a aquellas donde la gente tiene la capacidad de defenderse con sus propios medios. Comparemos por ejemplo Estados Unidos con su vecino Canadá y con el Reino Unido, al que se asemejan en cultura. Según John Lott, reconocido estudioso de la seguridad, en Estados Unidos los asaltos a las casas con propietarios dentro (de noche generalmente) representan el 13% del crimen total. Los asaltantes saben que un alto porcentaje de la gente está armada en casa y no se atreven a entrar por el riesgo que les comporta, cuando lo hacen, se aseguran que no haya nadie. En Canadá y Reino Unido, países con un fuerte control de armas, este porcentaje se dispara hasta el 50%. En España lo estamos viviendo ahora. Sabiendo el celo que mantiene el gobierno por el desarme civil, los ladrones esperan a que los propietarios estén todos dentro para asaltarlos, darles una paliza y obligarles a que les digan la combinación de la caja fuerte y lo que se les antoje en ese momento. ¿Es esta la seguridad que quiere Saura?

La posición de Saura y compañía se basa en prejuicios, dogmatismo e ideas trasnochadas que sólo incentivan el crimen. Es muy triste que un gobernante apoye esto. Parece que prefieran ver a una mujer degollada en su casa o violada brutalmente antes que verla empuñado un arma contra su agresor para defenderse. Evidentemente, la "solución" políticamente correcta no es el remedio. Hemos de ser nosotros quienes tengamos la opción de elegir cómo defendernos, y el Gobierno la obligación de permitirnos esta legítima opción desregulando y liberalizando la tenencia de armas. Así trabajarían de verdad contra los criminales.