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Etiqueta: Proceso político: tª estado elección pública y democracia

Urbanismo decente a la socialista

Si se trata de operaciones de tráfico mercantil no hay mayor dificultad para documentar las entregas. El problema es cuando el dinero procede de comisiones ilegales.

Pero este es un problema sólo para alcaldes y concejales de urbanismo con escrúpulos. En Ciempozuelos las cosas se hacen con orden y todo se registra de forma meticulosa a través de los correspondientes contratos. De esta forma, cuando el banquero andorrano pidió informes sobre la procedencia del capitalazo que los dos ex alcaldes socialistas, Tejeiro y Torrejón, pretendían ingresar en su entidad, no tuvieron el menor reparo en exhibir el documento por el que se aseguraban la percepción de cincuenta y ocho millones de euros –que traducido a "pellones", recuerden, la unidad monetaria para estos casos durante el felipismo, debe ser una burrada– en concepto de comisión por la recalificación de unos terrenos de la localidad.

Hombre, es un paso hacia delante. Si se impone este nuevo modelo de "urbanismo decente", en lugar de depositar las mordidas en bolsas del carrefour o en mochilas de deportes, las inmobiliarias podrán pagar los sobornos de forma convencional, con factura desglosada, y de paso deducirse el IVA en la declaración trimestral, con lo que también las arcas públicas saldrán beneficiadas.

Por supuesto, la corrupción urbanística no es cosa de un solo partido. Por el contrario, es una práctica interiorizada en todas las siglas como una segunda naturaleza. De ahí que en la confección de las listas electorales haya navajazos, no por la Alcaldía, sino por la concejalía de urbanismo Y ello hasta en el municipio más diminuto de la provincia más pequeña.

Por eso sorprende que haya dirigentes políticos, como Simancas, capaces de dar cursillos acelerados de moral pública mientras los maletines vuelan por los pasillos en todas las direcciones. Pero es que los socialistas son muy osados. Como son de izquierdas y se preocupan mucho por los pobres, reclaman que todo les sea perdonado, incluido el expolio a los que, precisamente, tanto afirman defender. La cuestión es que, en efecto, todo se les perdona. En el llamado "cinturón rojo" de Madrid, por ejemplo, no bajan ni un solo voto, así caigan tamayazos de punta. Una prueba más de lo acertado del refranero popular. Ya saben, "palos con gusto…"

Pagamos demasiados impuestos

¿Cree que la gasolina está cara? El principal culpable es el gobierno, que no para de subir el impuesto de hidrocarburos y que este año ingresará por este concepto más de 6.300 millones de euros (más de un billón de las antiguas pesetas). ¿Y cómo usará este montante ZP? ¿En hospitales, escuelas…? Tal vez lo use para un destino no tan social como asumir la impresionante deuda de RTVE, como ya ha anunciado. Pero RTVE aún sale barata comparada con otras televisiones públicas. La más cara de toda España por ciudadano es BTV (Barcelona Televisió), también de los socialistas, que puede llegar a costar a los barceloneses 15 millones de euros el próximo año. Eso sí, los programas son de tanta calidad y elitistas que llegan a emitir informativos en japonés, árabe, chino, ruso, mandinga (idioma del entrañable Kunta Kinte) o amázic, entre otros. Evidentemente, sin subtítulo alguno.

Una de las excusas para que exista un gobierno es la seguridad. Los ejércitos son caros y más si ZP los va enviando por todo el mundo a ocupar países como Haití, Líbano, Afganistán, etc. Si lo miramos detalladamente, el Estado puede asumir esta factura en un momento: con los impuestos al tabaco y alcohol el gobierno puede pagar de sobra el presupuesto asignado al ejército de tierra, aire y armada. Si piensa que esto es la mitad del gasto presupuestario está muy equivocado: las tres partidas son muy inferiores al 2%.

Otra razón para pagar impuestos es la solidaridad. El Estado se ha mostrado siempre especialmente solidario con el dinero de los demás. Así cualquiera. Tal vez usted jamás donaría su dinero a una organización de transexuales, pues el Estado sí. De una mirada rápida, y sólo este verano, el gobierno de ZP ha donado casi 40.000 euros a este tipo de organizaciones. Seguro que sus vacaciones veraniegas no le han costado tanto, siempre y cuando no sea un político. Por otra parte, tal vez usted sí que habría donado dinero a ese colectivo pero jamás lo habría hecho a alguna organización de tipo religioso, pro-judía, pro-palestina, militarista, etc. Evidentemente el Estado sí que lo ha hecho, pero no con el sueldo de ZP, sino con el nuestro. Sería mejor abolir este tipo de "ayudas" forzosas y dejar que fuera la sociedad civil quien donase su dinero libremente a las organizaciones más afines con su moral y sus ideas en lugar de hacer que sean los detractores de éstas quienes las financien.

Si cubrir los mínimos es tan "barato", ¿en qué se gasta nuestro dinero ZP? En enviar dinero a países de dudoso carácter democrático; en controlarnos –la partida para el CNI ha aumentado casi un 15%–, en tapar errores como los despilfarros de años anteriores (deuda), en esas pensiones que si usted tiene menos de 40 años no cobrará, en subvenciones para películas que nadie ve, en cursos de formación que jamás se celebran, en campañas de lavado de cerebro, en subvenciones a organizaciones políticas, en campañas de información sobre el derecho de asilo en España (casi 5 millones de euros para el programa de esta partida), en el Defensor del Pueblo, que va a recibir casi 15 millones de euros, sin haber resultao jamás un problema real, y así un largo etcétera. ¿No cree que nos están tomando el pelo y el dinero?

En la vía equivocada

La inquietud es lógica habida cuenta de que los 6 muertos de Villalba llegan pocos meses después de los 41 muertos del metro de Valencia y si pensamos que los alemanes todavía guardaban en sus retinas las imágenes del tren de alta velocidad de Eschede con sus 98 muertos cuando se han visto conmocionados por los restos del tren más avanzado del mundo encerrando 27 cadáveres. Parece que nadie se plantea que, sea cual sea la causa del problema, acabar con el monopolio público de las compañías ferroviarias podría ayudar a mitigar los accidentes.

Resulta interesante observar que si alguno de estos accidentes hubiese tenido lugar en el Reino Unido, los medios de comunicación de todo el mundo nos estarían bombardeando con aquello de que la privatización de los trenes ingleses ha provocado un nuevo accidente mortal y no habría discusión más de moda que aquella que trata de la correlación entre inseguridad y libre mercado en el sector ferroviario. Los voceros del intervencionismo exigirían nacionalizar los trenes como solución. No en vano, todo el mundo cree “saber” que desde que los trenes ingleses fueron privatizados en 1996 la siniestralidad no ha dejado de aumentar. Los liberales nos defenderíamos explicando que el riesgo cero no existe, que su reducción tiene un coste y que el nivel de inversión en seguridad debe de ser aquel que elija el consumidor.

Sin embargo, la difundida asociación entre la privatización de British Railways y el aumento del número de accidentes mortales no es cierta. Es una gigantesca falacia que se ha extendido como una locomotora. La realidad es que desde que se privatizaron los trenes en Inglaterra se producen menos accidentes. En concreto, las muertes en accidentes de tren se han reducido a menos de la mitad. Es más, el ritmo al que se ha incrementado la seguridad de los trenes en Inglaterra una vez privatizados ha sido superior al que se venía produciendo durante los últimos años del ferrocarril público británico.

La comparación entre la siniestralidad del sistema ferroviario privado británico y de monopolios públicos como el español, no dejan lugar a la duda. En Inglaterra, el ratio de siniestralidad ha bajado de manera continuada hasta situarse en 0,1 siniestros graves por millón de kilómetros recorridos mientras que en nuestro país esta cifra se multiplica por cuatro. Como en otros casos la privatización de los trenes sustituye coacción por voluntariedad y mejora la eficiencia del servicio. Además, salva vidas.

Más allá de los cargos políticos

En política siempre vemos algo que contrasta con el funcionamiento del libre mercado. Me explico, en el libre mercado se recompensa a aquel gestor que sabe dar al consumidor aquello que más urgentemente necesita, y si lo hace mal, otro le tomará el puesto. Si el directivo de una gran empresa no se alinea con el consumidor o el accionista no durará mucho en su lugar de trabajo. En pocas palabras, en el libre mercado todos hemos de ser buenos gestores y dar a nuestro cliente aquello que aprecia.

En cambio, la política parece funcionar al revés. Cuanto más inepto es un alto funcionario y más pelele se muestra ante la corriente primaria del partido, mayores logros consigue. Joan Clos es un caso ejemplar. Como gestor público ha demostrado ser un auténtico desastre y, como recompensa, le ascienden.

El problema es que tanta gente aún crea que los gestores públicos pueden hacer frente a los colosales proyectos que el gobierno les encomienda en su función de planificadores sociales. Hay cosas que el gobierno no puede ni debe controlar por el bien de todos. Da igual que pongan al frente a Clos, Montilla o cualquier otro político del partido que sea, todos van a dar problemas. Si realmente los políticos quieren servir los intereses de la gente en lugar de los suyos lo que han de hacer es dejar de colocar trabas a los procesos naturales y libres del mercado, y para tal tarea sólo hay una sola alternativa, liberalizar sectores y dejar de intervenir.

Por más buen gestor que sea un político siempre estará atado a los intereses de sus jefes, grupos de presión y compromisos particulares, y aun si existe alguno que logra desvincularse de todas estas cadenas burocráticas y favoritistas –y es capaz de durar más de una semana en el cargo–, después vendrá otro que no será más que un simple mensajero de los designios de su jefe supremo. Eso significa que millones de accionistas, consumidores, proveedores, acreedores, etc. acabarán dependiendo en última instancia de los antojos de una sola persona en lugar de hacerlo de sus propios intereses como afectados.

Si hemos de extraer una conclusión del caso Clos, es que la economía es demasiado importante como para que el gobierno pueda hacer y deshacer con tanta facilidad aspectos de nuestra vida. Una vez que el Ministerio de Industria no tenga fuerza para imponer precios a la electricidad, influir sobre las telecomunicaciones, las decisiones empresariales, sobre el turismo o repartir empresas entre sus amigos, y en líneas generales, sus designios no afecten continuamente a nuestras vidas de forma irrevocable, entonces ya nos podremos despreocupar por quien asuma tal ministerio.

El gobierno puede, por su propia esencia y en el mejor de los casos, solucionar pequeñísimos problemas muy elementales, y aún así creará injusticias, pero para la gestión de las cosas difíciles ya está el libre mercado, que en definitiva somos todos, y tenemos que ser nosotros mediante las inexorables leyes de la oferta y la demanda quienes determinemos el precio de todo lo que consideramos básico, no ningún enchufao que no sabe ni con lo que trata.

Pero, ¿hay un voto útil?

Con frecuencia los defensores de ideas liberales nos encontramos ante la disyuntiva democrática de a quién confiar nuestro voto. Cuando todo el mundo es más o menos de izquierdas, los partidos políticos acomodan su mensaje a ese sector del espectro político, cada vez más amplio, de ahí que resulte un tanto absurdo –quizás opere aquí un cierto autoengaño– buscar entre la oferta política un producto que, de antemano, sabemos ya adulterado.

La mayoría de liberales españoles depositan su confianza en el Partido Popular, no porque defienda nítidamente un ideario compartido por sus electores, sino por la razón de que es menos socialista que los partidos de izquierda y el único con posibilidades de obtener una mayoría suficiente para gobernar. Pero la esencia del voto en democracia no es castigar a la opción enemiga, sino confiar la elección individual a aquel partido que defiende nuestros principios. Se da la paradoja, por tanto, de que cuanta mayor es la participación en elecciones especialmente reñidas –y todas las siguientes hasta las próximas generales lo van a ser–, más se desvirtúa el mecanismo democrático a efectos de representatividad. Si una porción notable de votantes del Partido Popular no se siente representada por sus políticos en temas tan sensibles como la educación, el aborto, el estado del bienestar, las subvenciones a la cultura, etc., con su insistencia electoral no hacen sino confirmar a los políticos de ese partido en su rumbo socialdemócrata.

En caso de que no aparezca un partido liberal-conservador, que defienda nítidamente la libertad civil frente al estatismo en todos sus ámbitos, lo único presentable en términos intelectuales es practicar la abstención. Se trata de enviar a los políticos sedicentemente liberales el mensaje de que hay una bolsa de posibles votantes que no acepta su doble juego. La abstención se convierte, así, en una forma de participación activa en el proceso democrático.

En realidad no hay nada más liberal que negarse a legitimar con el voto a una clase política que ha hecho de la socialdemocracia –una simple ideología, organizada con materiales de derribo del marxismo–, un régimen en el cual ninguno de los actores está dispuesto a salirse del papel previamente establecido.

La abstención es una forma de voto, y en las circunstancias actuales el más útil. Por lo demás, resulta mucho más productivo y a la vez gratificante, emplear el propio esfuerzo en difundir nuestras ideas entre la sociedad que intentar cambiar la mentalidad de los políticos, cuyos intereses y horizonte temporal son diametralmente distintos a los nuestros. Por otra parte, ¿no sería precioso poder ver a Gallardón pegándose de una vez el batacazo del siglo?

Rascacielos no impuestos

La Torre Eiffel es el Empire State Building después de impuestos.
Anónimo

Subir al piso 86 del Empire State Building no es solo subir al cielo de la Ciudad de Nueva York. Elevarse hasta semejante altura no es solo poder contemplar como nadie la espectacularidad del poder financiero de Manhattan, de sus inmensos edificios, del vacío presente de aquellas Torres Gemelas; no es solamente poder seguir con la mirada el cauce del río Hudson, del East River o del propio océano atlántico inundándolo todo en el horizonte con el beneplácito de la Estatua de la Libertad. Subir al Observatorio de ese majestuoso edificio es poder contemplar la capacidad casi ilimitada del ser humano de superar las dificultades de su mera existencia e incluso hacerlo con grandeza.

Y ante tales vistas, ¿cabe pensar que es necesario el Estado para construir carreteras? ¿Escuelas? Parece a simple vista que no sea necesario un órgano de coacción para construir o producir bienes de primera necesidad, cuando personas como aquellas que levantaron y levantan ciudades como Nueva York, son capaces de eso y más.

Sin embargo, como escribiera Schumpeter, "el Estado ha ido viviendo de los ingresos que fueron producidos en la esfera privada, para propósitos privados y que han sido desviados de esos propósitos por la fuerza política". Y es que el Estado continúa asentándose en la fuerza física, su ideología, la propaganda y demás tretas para apropiarse de dinero que involuntariamente los ciudadanos se ven obligados a entregarle.

Una de las consecuencias económicas y quizá no siempre la más evidente de los impuestos es que, cual ladrón, cuando el Estado expropia la renta y la propiedad de los ciudadanos lo que está haciendo es redirigir capacidad económica de un sujeto a otro, desviando el curso natural de las relaciones económicas y extrayendo recursos productivos del mercado que se hubieran empleado para otros fines efectivamente queridos.

Aun así, siempre se esgrime la cantinela según la cual "la sociedad" voluntariamente paga impuestos. No obstante, si es algo que voluntariamente se paga es porque es querido, pero si es querido y demandado, ¿por qué debe ser impuesto?

Y precisamente por no ser una acción voluntaria, la prestación de servicios o la producción de bienes "públicos" peca de la ceguera propia de toda acción gubernamental. Al tratarse de una relación hegemónica, desigual, no se conoce la verdadera voluntad de los sujetos implicados (el "contribuyente" o sujeto pasivo), ya que no ha habido una transacción libre que revele la utilidad que las partes otorgan a los bienes y servicios en cuestión.

Al no haber un mercado libre en el que florezcan las verdaderas necesidades y los precios lo "muestren", no se sabe qué era lo que realmente quería esa inmensa masa de personas que forman la sociedad ni cómo lo querían. No podemos medir ni comparar lo que nos estamos gastando y lo que estamos obteniendo porque los impuestos no son un precio fijado libremente y resultan incapaces de revelar el grado de beneficio que el "contribuyente" obtiene de los productos y servicios prestados por el Estado.

Y resulta curioso, además, esa extraña "relación" que se establece entre la Administración y el "administrado": una de las partes se ve obligada a regalar una porción de su esfuerzo sin que la otra parte esté igualmente obligada a darle a cambio una serie de servicios definidos de algún modo. Simplemente, se está a la espera de "algo" indeterminado, que de algún modo apacigüe las ganas de revolución del pueblo, pero que no se sabe qué será, cuándo se ofrecerá ni por quién.

Y tal vez por eso sea todavía más injusto el sistema imperante, porque lo que se persigue en este tipo de "juego" es que se colectivicen las satisfacciones de algunas necesidades para que se participe en el coste económico en el que voluntariamente no se habría participado. De este modo se crea todo un entramado burocrático que permite que unos puedan vivir de los impuestos pagados por otros, y que esa partida llamada Gasto Público no sea más que Consumo (a nuestra costa) de los políticos según sus preferencias.

Edificios como el Empire State Building, o como mejor ejemplo, el Edificio Rockefeller, son una muestra de que tales obras pueden ser llevadas a cabo a pesar del intento del Estado por dejar tales edificaciones en simples esqueletos de pobre metal.

Cuba libre

Si Jared Diamond recurre a factores ecológicos para explicarse los colapsos sociales, Castro ha sido capaz de conseguirlo en una isla en la que la naturaleza es la única que mantiene, impertérrita, su exhuberancia.

Mientras el régimen y su creador se debaten entre la vida y la muerte, podemos plantearnos qué sería de una Cuba ganada para la democracia y la libertad. Eso de pasar del socialismo a la economía de mercado ya se ha hecho en otras partes del mundo, por lo que tenemos algunas pistas de por dónde pueden ir las cosas cuando, quiera Dios que sea pronto, los cubanos recuperen la libertad.

Amartya Sen ha explicado que las hambrunas desaparecen con la democracia. El hambre, que ciertos regímenes totalitarios han utilizado como instrumento de control social, se convierte en una ignominia insoportable para cualquier dirigente elegido por sufragio popular. No volveremos a ver al Gobierno recomendar ciertas flores para la dieta.

Súmese a ello el efecto en apariencia milagroso que tiene el reconocimiento de los derechos de propiedad y de la los acuerdos a precios libremente acordados. Cuando se produce para "el común" y el fruto del trabajo de uno se reparte entre todos, mientras que el esfuerzo es entero para el que lo realiza, lo lógico es la ley del mínimo esfuerzo y la máxima exigencia a los demás. Cuando todo lo que hagamos de más recae en nuestro beneficio, el trabajo y el ingenio, y con ellos la productividad, se multiplican.

Centenares de miles de cubanos que viven y crean riqueza en los Estados Unidos realizarían numerosas inversiones privadas en su añorada tierra, a lo que habría que sumar la atención de muchas empresas que se quieren beneficiar de su cercanía geográfica a la primera potencia mundial, la efectiva dolarización de la economía cubana, los restos de la muy rica tradición cultural cubana y las previsibles ayudas del Gobierno de los Estados Unidos a una Cuba democrática. Varias empresas españolas tienen ya presencia en el país, y estarán al tanto de las renovadas oportunidades que se crearán entonces.

Lo mejor que tendría esta nueva Cuba es que sus dirigentes saldrán de la actual disidencia democrática, y saben demasiado bien de los males de una economía del yo mando y tú obedeces. Cabe esperar que darán lugar a un sistema político que respete los derechos individuales, el único que conozcamos en que se pueden realizar inversiones y crear riqueza con cierta seguridad.

Es cierto que, quitando unos años durante los 70’, el régimen no ha invertido en infraestructuras, por lo que prácticamente mantiene las del 59. También lo es que la clase dirigente actual no va a dejarse desplazar fácilmente. Cuentan con el precedente ruso para decidir repartirse las migajas antes de que se conviertan, en una economía libre, en un suculento botín. No podemos dejar de lado que 50 años de dictadura corrompen cualquier sociedad. Pero por esta vez podemos ser optimistas.

La imagen de ZP

Aún así el presidente del gobierno resultará molesto para el bolsillo de los españoles. Según se dice, este año viajará con un equipo de cocina de quince personas. Es posible que finalmente no sean tantos los miembros de la cocina de Moncloa que vuelen a Lanzarote porque este tipo de desembarcos choca frontalmente con la imagen de hombre sencillo que con tanto empeño cuida el presidente.

Las posibilidades de que sea sencilla una persona que ha calentado sillón parlamentario durante años y hecho campaña electoral para hacerse con el puesto de máximo poder político del país son casi nulas. A cualquier persona que piense unos minutos cómo puede ser de sencilla una persona que cree que la práctica totalidad de los problemas sociales se solucionan desde el intervencionismo y la coacción estatal le asaltará un gran escepticismo sobre la sencillez de este y otros presidentes. La sencillez y el poder político se repelen mutuamente. Por eso ZP le da tanta importancia al uso del marketing para cubrir su fatal arrogancia en bondadosa sencillez. Pero como dice el dicho, por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda.

El verano pasado, el cultivo de su imagen de hombre del pueblo le llevó a renunciar al uso de un yate de lujo que estuvo a su disposición y la de su familia durante toda su estancia en la isla. Pero, según dicen, la defensa de esa idea no habría evitado que con el dinero del contribuyente se pagara el alquiler del exclusivo yate que permaneció atracado a la espera de un paseo marítimo que la imagen de ZP impidió. Dicen los lugareños que el capricho inutilizado por las exigencias del marketing costó entre 8 y 10 millones de las antiguas pesetas. Tampoco se escatimaron recursos a la hora de custodiar el barco por si Zapatero decidía cambiar de opinión. Sean ciertos o no, este rumor y el de la legión de cocineros describen a la perfección la relación que existe entre la ostentosa omnipotencia gubernamental y la mercadotecnia presidencial.

Estamos en la era de las apariencias. A los políticos no les importa un comino gastarse un dineral arrancado a los individuos productivos sino evitar parecer ostentosos. Son las cosas del poder. Sobre todo cuando uno se empeña en convencer a toda la sociedad que ser el entrometido número uno del país y vivir del dinero ajeno no impide ser un ciudadano más.

John Calhoun y la teoría de la anulación

Hay dos tradiciones centrales en la historia política de los Estados Unidos. La de Jefferson, liberal y defensora de los derechos de los Estados, y la de Hamilton-Henry Clay-Lincoln, intervencionista y mercantilista, partidaria de un poder federal (central) fuerte. Esta última se tuvo que construir sobre mitos históricos, ya que no representaba la intención de los padres fundadores: los poderes implícitos y la "mentira espectacular" de que primero fue el poder federal y luego los Estados.

La primera dice que el Gobierno Federal tiene no sólo los poderes expresamente citados en la Constitución, sino aquellos que implícitamente son necesarios para conseguir los objetivos reconocidos por ésta. La segunda se cae con sólo leer cualquier historia de ese país, incluso las hamiltonianas. Fue creada por Daniel Webster con el objetivo de justificar la unión frente a la teoría de la anulación (nullification).

Esta última fue formulada expresamente por John Calhoun, pero está basada en sólidos precedentes históricos. La teoría constitucional de la anulación dice que cualquier Estado tiene el derecho de declarar nula cualquier ley creada por el Congreso, si la considera inaceptable e inconstitucional. Su origen no está en Carolina del Sur, sino en Massachussets, que ha alegado al derecho de los Estados a la secesión en cuatro ocasiones: al comienzo de la República cuando se discutían los ajustes de las deudas de guerra, con la compra de Luisiana por Jefferson, durante la guerra de 1812 y tras la anexión de Tejas. En la Convención de Hartford, en 1814, se planteó la secesión por la guerra contra Inglaterra. Plantearon una reforma de la Constitución que daría más poder a los Estados. Por otro lado, Madison y Jefferson habían reconocido el derecho de los Estados a la secesión en las resoluciones de Virginia y Kentucky, en 1798.

La cuestión volvió a revivir cuando se aprobó el arancel de las abominaciones de 1828. En su contra, el entonces vicepresidente John Calhoun escribió su South Carolina Exposition and Protest, un documento liberal que recogía la tradición jeffersoniana y lockeana de la primacía de los derechos individuales frente al poder central, y la del Estado de Derecho y la Constitución frente a cualquiera otra consideración. Los aranceles, junto con la venta de tierras, eran los principales ingresos del gobierno federal. Pero el de 1828 no tenía afán recaudatorio, sino proteccionista. Limitaría la competencia de las manufacturas foráneas, lo que beneficiaba al industrial norte y perjudicaba gravemente al sur, que necesitaba hacer esas compras para desarrollarse.

Calhoun expuso claramente este hecho, al destacar que con el arancel de las abominaciones se había abusado del poder de imponer aranceles con fines recaudatorios para "convertirlo en un instrumento para favorecer la industria de una sección del país y arruinar a otra". Más adelante recalca que "el gobierno constitucional y el gobierno de la mayoría son mutuamente incompatibles, si el único propósito de una Constitución es imponer las limitaciones y contrapesos sobre la mayoría". Calhoun apela a "restituir la Constitución en su original puridad" para llamar a "su sagrado deber de imponer su veto" al arancel.

En 1932, la legislatura de Carolina del Sur declaró la anulación (nullification) de las aduanas de 1828 y 1832 y acordó negarse a recoger los pagos del arancel a partir del primero de febrero de 1833. El presidente Andrew Jackson, del que se ha dicho que fue un defensor de los derechos de los Estados, declaró que la anulación es incompatible con la unión, y que no era sino un acto de traición. Destacó a varias fuerzas en Charleston bajo el mando del general Scott e hizo aprobar la Ley de la Fuerza (Force Act) en enero de ese año. Esta ley permitía al Gobierno Federal enviar fuerzas federales para recoger los pagos en la aduana.

La Unión se había salvado, pero lo hizo por una combinación de fuerza y buen sentido. Una generación más tarde, el conflicto entre norte y sur llevó a una guerra civil que sería la más sangrienta de la historia hasta entonces. Ahora nos podemos plantear qué hubiera sido de los Estados Unidos de haber triunfado la teoría de la anulación. Resulta muy difícil, pero numerosas leyes que atentan directamente contra la Constitución hubieran resultado impracticables.

Zapatero a tus zapatos

Por el contrario, si usted decide debatir con sus amigos un problema tan cercano y preocupante como qué puede hacer usted y su familia para llegar a fin de mes holgadamente, nadie le dirá nada y la conversación morirá en el mismo momento de haberla empezado.

En política ocurre lo mismo. ¿Cree que los burócratas son más inteligentes y cultivados que sus amigos de sobremesa? Ni mucho menos, al revés. A la política se dedica lo peor de cada familia, aquellos que han sido incapaces de salir adelante en el mundo real. Ante conflictos internacionales como el actual, los políticos de todos los países se vuelcan definiendo sus posiciones para distraer la atención de los problemas reales del país.

Zapatero y Bush son casos paradigmáticos. En estos días hemos visto como ZP condena la ofensiva israelí, aboga por enviar militares a Oriente Medio, promociona manifestaciones contra Israel, se coloca un pañuelo palestino en señal de proximidad a la ideológica anti–israelí y, de paso, da crédito a grupos tan poco inofensivos como Hezbolá y Hamas. Bush hace lo mismo pero con el otro bando. Pan y (mucho) circo. Lo que sea para distraernos de nuestros problemas.

Si ZP es incapaz de solucionar los problemas de los españoles, ¿qué hace metiéndose en casa de otro? ¿En qué se basa su presunto pacifismo? Si presiona a la ONU para que envíe soldados armados a Oriente Medio, mantiene tropas de ocupación en Afganistán y Haití, vende armas a Chávez, crea una fuerza militar a las órdenes de él mismo al más estilo dictatorial, e incluso ha reconocido que una flota española realizó en 2005 funciones de "apoyo aéreo y marítimo" a las tropas americanas en Irak, es que este hombre está mintiendo. ¿Cómo aplica Alfredo Pérez Rubalcaba a su gobierno lo que recriminaba al PP, aquello de que "los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad"? Decididamente necesitamos menos gobierno, menos burócratas, menos intervencionismo económico y militar, y más autonomía y libertad para nosotros.

Lo que acabo de apuntar no está reñido con las tendencias que usted tenga en este asunto. Si usted se ve fuertemente comprometido con la causa israelí, palestina o libanesa, no tiene porque exigir al gobierno que financie con dinero arrebatado mediante impuestos de todos los españoles la matanza de personas. Hay un sinfín de organizaciones pro–israelitas, musulmanas, libanesas… que aceptarán encantadas sus donaciones; incluso puede enviar pizzas al ejército israelí.

No intentemos arreglar la vida de los demás a costa de las vidas y dinero de los propios españoles. La crisis de Oriente Medio es un problema entre israelíes y musulmanes en el que ningún estado extranjero tiene derecho alguno a entrometerse. Si dedicáramos nuestros esfuerzos a arreglar nuestras dificultades y no la vida de los demás, encontraríamos soluciones a nuestros problemas más cercanos en lugar de crear mayores injusticias. La crisis de Oriente Próximo no es una excepción.